* Califica de montaje espectacular la presentación de pertrechos que hizo la UEDO en la ciudad de México

 El Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) negó que pertenezcan a sus filas los seis campesinos de Ayutla y Tecoanapa detenidos el 21 de mayo por policías de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), y acusados por la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO), de secuestro, terrorismo y asaltos.

En el comunicado número 5 del Comité Estatal de Guerrero, el ERPI señala que el gobierno federal incurre en falsedades al intentar culpar a los costachiquenses de pertenecer al grupo guerrillero, “al que intentan criminalizar”, y que “es muy probable que todos los detenidos sean chivos expiatorios”.

Sostiene que al pretender fabricar culpables, torturar y criminalizar a luchadores sociales y trabajadores campesinos, el Estado crea un clima de zozobra. Y advierte que con estas acciones “se prepara el terreno para una escalada represiva en el estado de Guerrero. Ya varias organizaciones sociales –que no tienen relación alguna con el ERPI– han denunciado un recrudecimiento de violencia policiaca y militar en la región. Ante la intensificación de la represión, llamamos a la sociedad civil a organizarse y denunciar cualquier atropello que sufran por parte del gobierno”.

José Guadalupe Hernández Arizmendi, Eudocio Suástegui García, Bardomanio Ríos, Doroteo Marín, Inés Jiménez Silva y Concepción Ramírez Ramírez, fueron detenidos por la UEDO en cateos ocurridos el miércoles de la semana pasada, y hasta este lunes fueron presentados en la ciudad de México como “presuntos activistas del ERPI”.

La dirección estatal de los rebeldes considera que “las presuntas declaraciones hechas por los detenidos, vinculándolos a nuestra organización y al secuestro, evidentemente fueron arrancadas bajo la siempre presente práctica de la tortura”.

Y pregunta: “¿Cómo es posible que los centros de inteligencia piensen que ancianos de 70 y 80 años se dediquen al secuestro?”.

Asimismo, cuestiona la veracidad de las evidencias que presenta la PGR, en referencia a la copia de un supuesto comunicado del EPRI de 1999 y a una Biblia que fue encontrada en una de las casas, que supuestamente daban a leer a los secuestrados y que quedó marcada “con características especiales” por una de las víctimas. Responde que estudiar la Biblia, “cosa que no hacemos como organización”, y leer nuestros documentos públicos (comunicados) que son disponibles a todo mundo, ¿es delito?”.

Agrega que “es imposible” que hayan sido encontrados uniformes guerrilleros a los detenidos “ya que no guardamos nuestros uniformes militares en casas. Por tanto, lo más probable es que todas estas evidencias hayan sido sembradas”.

Denuncia que los recientes cateos, incursiones y detenciones ilegales ocurridos en Tecoanapa, La Unión, Chacalapa y Ayutla de Los Libres, “con el pretexto de investigar secuestros, muestran el criminal modus operandi de las fuerzas policiacas”, pues “causan zozobra, incursionando violentamente y con dispositivos aparatosos en comunidades campesinas”.

Señala que la UEDO detuvo “a estas seis personas sin órdenes de aprehensión”, y que fueron mantenidos “incomunicados y escondidos por más de tres días”. Indica que “no satisfechos con estas graves violaciones a los derechos humanos, elementos de la AFI y otras fuerzas policiacas proceden a golpear inhumanamente a los detenidos, quienes en diversas imágenes publicadas presentan irrefutables huellas de tortura”.

El ERPI asegura que las armas decomisadas tampoco les pertenecen, lo que fue confirmado por sus unidades guerrilleras. Por ejemplo, dice, “nosotros no usamos el fusil Galil. Es más, parece ser que esta presentación espectacular de petrechos de guerra es un montaje. Según varios compañeros, buena parte de ese armamento ya fue presentada después del hallazgo de armas en el Cerro de Guajolote en 1997”.

Denuncia también “el continuo intento de las autoridades de criminalizar a nuestra organización” y dice que el ERPI “es una organización político-militar, seria, disciplinada, combativa pero también humanista y popular; luchamos, junto con otras fuerzas insurgentes por la transformación de nuestra sociedad, construyendo y defendiendo el poder popular desde abajo y hasta las últimas consecuencias. No nos consideramos delincuentes por participar aquí. Más bien, los represores de las fuerzas policiacas y sus jefes necesitan verse en el espejo”.

Repudia la práctica de la tortura y la desaparición forzada por tratarse de delitos de lesa humanidad, que el gobierno “todavía practica”.

En las fotos de los detenidos que se vieron en los noticieros de televisión, añade, “estos campesinos aparecen con el rostro hinchado, señal de que fueron brutalmente torturados”.

Finalmente alerta de que “de nueva cuenta se están realizando operaciones e investigaciones extremadamente irregulares (cateos ilegales, detenciones ilegales, tortura física y psicológica, intimidaciones), propias de un Estado policiaco, a lo largo de la Costa Chica”.

“Hasta hoy, la impunidad y los crímenes de lesa humanidad prevalecen y son prácticas comunes del foxismo. Pero tarde o temprano, se hará justicia y habrá un pleno respeto por los derechos humanos”, concluye.

 El Frente Popular Revolucionario (FPR) en Ayutla de los Libres demandó la libertad de los seis campesinos detenidos por policías de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en Ayutla y Tecoanapa, en cateos cometidos el 21 de marzo, y denunció que fueron violados los derechos humanos de dichas personas, que son acusados por la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO) de pertenecer al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).

En un boletín de prensa, el Comité Municipal del FPR en Ayutla de los Libres djo que el gobierno federal y estatal es responsable del daño físico y psicológico que pudieran sufrir los detenidos y sus familiares.

En el boletín enviado ayer a los medios de comunicación, el FPR en Ayutla (que se constituyó en diciembre de 2002, a partir de la disolución de la Organización de Pueblos Indígenas para el Desarrollo Autónomo, OPIDA), califica de secuestro las detenciones de seis ciudadanos realizadas por policías de la AFI en Ayutla y Tacoanapa.

Se manifiesta “en contra de la persecución y acoso de los cuerpos policiacos y militares de dirigentes y luchadores populares, método que el gobierno de los ricos ha asumido para frenar la organizacióny la lucha de los oprimidos”.

Llama a las organizaciones sociales “a cerrar filas en contra de la represión”.

Por su parte, ante la versión de que podrían seguir los cateos y las detenciones de la AFI en Ayutla y Tecoanapa, como parte de la investigación de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO), contra una supuesta célula del Ejército Revolucionario del Pueblos Insurgente (ERPI), hay imcertidumbre y zozobra entre miembros de las organizaciones sociales.

El presidente de la Organización de Pueblos Indígenas Me’phaa, Cuauhtémoc Ramírez, dijo que en la ciudad de Ayutla circulan versiones de que sus dirigentes podrían ser detenidos, lo que se cree que es probable porque el fin de semana, supuestos agentes de la AFI fueron a buscar a la dirigente Otilia Eugenio Manuel.

Dijo que los primeros días de esta semana no regresaron los supuestos agentes federales a preguntar por la dirigente, pero sigue el peligro de que sea detenida ilegalmente y acusada de cualquier delito fabricado.

Señaló también que con base en versiones supuestamente difundidas por los mismos agentes de la AFI, se temía el cateo de la oficina de la Organización Independiente de Puelos Mixtecos Tlapanecos, en Ayutla, pero no ha ocurrido.

Por otra parte el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan dio a conocer que de acuerdo con reportes que llegaron a esa organización no gubernamental, este lunes 26 de mayo siguieron los cateos de agentes de la AFI en la misma región.

A las 6 de la mañana del lunes, catearon casas en El Limón, municipio de Tecoanapa, donde buscaban a una persona que ya falleció asesinada y a un fotógrafo que no encontraron.

Según el reporte, en un domicilio los habitantes informaron a los agentes de la AFI que la persona que buscaban había sido asesinada hace como un año, pero los agentes no creyeron, y de todas maneras se metieron a catear la casa.

Además, exigieron ver el lugar donde había sido enterrado, primero en una fosa clandestina por las personas que lo asesinaron y después en el panteón.

En otra casa en El Limón, de acuerdo con el reporte, buscaban a un fotógrafo, que no se encontraba, pero aun así los agentes de la AFI se metieron al domicilio, tiraron el maíz que la familia tenía almacenado, y le tomaron fotos a un menor de edad que estaba en la casa.

De acuerdo con información procedente de los familiares, los seis detenidos que se encuentran arraigados por la UEDO en la ciudad de México.

Asimismo, se esperan más cateos en la región, con base en la ley federal contra la delincuencia organizada, que de acuerdo con la posición del Centro de Derechos Humanos de La Montala Tlachinollan viola las garantías individuales establecidas en el artículo 16 de la Constitución.

 * Ofrenda de organizaciones sociales en el panteón

 Francisco Magaña, corresponsal, Atoyac * Conmemoran organizaciones sociales de este municipio el sexto aniversario de la muerte de los dos guerrilleros del Ejército Popular Revolucionario (EPR), en combate con tropas del Ejército en El Guanábano, en la parte media de la sierra de Atoyac.

De manera muy discreta, las organizaciones sociales Consejo Cívico Comunitario Lucio Cabañas Barrientos y Frente Ciudadano Atoyaquense, recordaron la muerte de los dos guerrilleros que yacen sepultados en una tumba en el panteón de esta ciudad, después de que el padre Máximo Gómez Muñoz reclamó los cuerpos de los dos jóvenes, que murieron el 27 de mayo de 1997, en una curva de la carretera que va a El Quemado, donde una columna guerrillera se enfrentó a un convoy del Ejército federal, donde iba el jefe de la 27 Zona Militar, general Alfredo Oropeza Garnica.

El lugar de los hechos donde se libró un combate durante casi cinco horas hace seis años, se observa solo sin nada que recuerde lo que paso el 27 de mayo.

En la localidad de Cacalutla, de manera coincidente con la fecha, se instaló ayer un retén de la Base de Operaciones Mixta (BOM), que coordinan efectivos militares. 

La tumba que organizaciones sociales distinguieron con una placa en el año 2001, amaneció este martes con dos mantas y una estrella formada por guirnaldas de flores de bugammbilias, así como dos veladoras, que organizaciones sociales depositaron en memoria de los jóvenes que permanecen de manera anónima.

Las mantas son dos trozos de tela pequeñas color blanco, que distinguen lo modesto de la ceremonia.

En las mantas se lee: “Vivan los caídos de hoy siempre, 27 de mayo no se olvida”, y piden por la libertad de los presos políticos y presentación con vida de los desaparecidos.

La otra manifiesta en letras de molde: “La sangre derramada de los jóvenes que lucharon por una sociedad sin clases, es el ejemplo para las nuevas generaciones”.

 * Presentan ante funcionarios y dirigentes sociales la Ley General Forestal que entró en vigor

 Zacarías  Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Los titulares de la Delegación de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Octavio Klimek Alcaraz, y de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), José Luis López Uriza, presentaron ayer a funcionarios del gobierno federal y estatal, así como a dirigentes de organizaciones, la nueva Ley General Forestal que entró en vigor este lunes 26.

En el acto hubo críticas, denuncias y quejas de los asistentes que fueron citados a un desayuno en el restaurante Los Cedros para conocer el contenido de dicha ley.

Entre los asistentes estuvieron el secretario de Desarrollo Rural del gobierno del estado, Héctor Manuel Popoca Boone; el director de Fortalecimiento Municipal, Amín Zarur Ménez; y representantes de instituciones de educación como la Universidad Autónoma de Guerrero y la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria (DGTA); el encargado de la Secretaría de Asuntos Indígenas, Pablo Zapién García; el dirigente del Consejo Regional de la Sierra de Guerrero (Cresig), Lázaro Sandoval y un representante del Consejo Supremo de Pueblos del Filo Mayor, Humberto Nava Reyna.

En sus comentarios sobre la nueva ley forestal, el titular de la Conafor López Uriza expresó que la actual “no se parece en nada a la ley forestal anterior; es una ley eminentemente federalista, en su articulado prevé la participación de estados y municipios en la problemática forestal”.

Indicó que con ello se da un paso para que en breve se elabore una primera versión de la ley forestal estatal que tiene que estar acorde a la ley federal “pero adaptada a las condiciones particulares del estado de Guerrero, porque no se trata de hacer una copia”.

Explicó que en la ley se incluye la elaboración de reglamentos forestales para los municipios, “lo que implica que no nada más se van a transferir obligaciones y responsabilidades a estados y municipios, sino que también se van a entregar recursos para que cumplan con esas responsabilidades”.

También se dijo que en la ley se establecen incentivos fiscales para quienes inviertan en obras de infraestructura forestal, asimismo se establecen mecanismo para los dueños de las zonas forestales para que aprovechen los suelos no maderables.

En la recepción de las opiniones de los asistentes, el titular de Fortalecimiento Municipal, Amín Zarur Ménez, dijo que “la ley se acerca al federalismo que vienen demandando las entidades del país”, pero que se debe establecer cuál es el papel que debe jugar el estado.

Por su parte, el encargado de despacho de la Secretaría de Asuntos Indígenas dijo que lo ideal sería que en las normas que se establecerán para los municipios se vuelva al sistema de usos y costumbres de los municipios en donde es el comisario quien autoriza el permiso para la quema de de los tlacololes a condición de que el campesino realice su guardarraya “y si el fuego se pasa de ella el campesino es sancionado”, dijo.

También propuso que en la nueva ley estatal se deben establecer controles para los ganaderos puesto que dijo que son éstos quienes en la mayoría de los casos a propósito queman los campos para el pastoreo de su ganado.

Por su parte el secretario de Desarrollo Rural, Popoca Boone dijo que es bienvenida la ley forestal “porque con la anterior habíamos pasado a un libertinaje y a la explotación no sustentable de la madera y la nueva ley acota todo ello, porque incluye las normas para el establecimiento de los aserraderos”.

Sin embargo agregó que para avanzar más se debe presentar ya una propuesta al Congreso local para establecer una ley de esta naturaleza en el ámbito estatal.

Señaló que está bien que el gobierno federal por medio de estas leyes mande atribuciones y responsabilidades “pero también debe transferirnos recursos; que nos mande primero el trapito por delante, si no mejor que ni nos mande”.

El dirigente del Consejo Regional de la Sierra de Guerrero, Lázaro Sandoval, opinó que las sanciones que se establecen en la nueva ley para quienes provoquen incendios no se podría aplicar de manera general porque en algunas partes de la sierra muy frecuentemente quienes provocan los incendios no son para los tlacololes para sembrar maíz, sino para sembrar mariguana “y ahí ya son otras autoridades las que deben de intervenir”.

Por su parte el dirigente del Consejo Supremo de Pueblos del Filo Mayor, Humberto Nava Reyna, opinó que la ley forestal no funcionará, cuando menos en la sierra, si antes no se resuelven los conflictos agrarios.

 Maricela Santos, corresponsal, Zihuatanejo * Inversionistas del desarrollo turístico Palmar Pantla, de la comunidad de Buenavista de Zihuatanejo, y del Club Intra West, en La Ropa, han rellenado con escombros y tierra esteros de este puerto, según constataron ayer inspectores federales de medio ambiente, así como personal de CNA, de Desarrollo Urbano y de Ecología municipal.

En la inspección, hecha en zonas de desarrollo turístico, se encontró en playa La Ropa un relleno reciente al estero desde un lote del director de Actividades Comerciales, Industriales y Espectáculos Públicos del municipio, Noé Nogueda Alba, quien se ha escudado en que el vertimiento se hace sin su consentimiento.

Asimismo, en Buenavista, en el desarrollo Palmar Pantla se encontraron evidencias de tala de mangle, y la alteración del cauce del estero para la apertura de una calle.

El inspector federal de la Profepa, Benjamín Castillo, alertó que el manglar de la playa La Ropa podría desaparecer porque hay planos de lotificación de esta zona federal del Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo (Fibazi). De concretarse –advirtió– se alteraría todo el ecosistema, porque no sólo obstaculizan afluentes naturales, sino que se altera el habitat natural de la población de cocodrilos de la zona.

Algunos lugareños informaron que los vertimientos más recientes han sido hechos por camiones que extraen la tierra y material inservible del Club Intrawest, en proceso de construcción, mientras que la dirección de Desarrollo Urbano confirmó que la empresa no ha rendido una notificación de ello.

En Palmar Pantla, por la comunidad de Buenavista, se encontró un relleno del estero y la tala de mangle en esta área cercana a la casa del pintor José Luis Cuevas, actual aspirante a una diputación federal por el partido Fuerza Ciudadana.

Dicha zona de relleno es comercializada por el ejidatario de Pantla, Florentino Valencia González y por Miguel Bash Bush, y en ella tienen lotes prominentes figuras del espectáculo el arte y hasta la política.

Ese relleno es para la apertura de un camino de esta zona residencial, pero obstruye las corrientes naturales del estero de Buenavista. Ahí mismo hallaron evidencias de tala de mangle y de extracción de esta especie natural protegida, de lo cual dio fe la regidora perredista de la comisión de Ecología municipal, Leticia Rodríguez Rodríguez.

Asimismo, inspectores de la Profepa; el director de Ecología municipal, Rogelio Torres Bustos; representantes de Desarrollo Urbano, la Semarnat y CNA hicieron un recorrido para comenzar el proceso de delimitación del arroyo El Limón.

Este anunció provocó la reacción temerosa de los vecinos, quienes pensaron que podrían ser desalojados, según se acercaron a decir los señores Ciro Reyes Martínez y Martha Monson Millán, quienes –de paso– insistieron que consideran peligrosos los árboles del cauce porque podrían caer sobre sus viviendas en la próxima temporada de lluvias.

En un brazo del arroyo El Limón se encontró que hay unas 12 casas sobre el cauce, pero los moradores manifestaron su disposición a ser reubicados.

Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * Trabajadores del Hospital Básico Comunitario de Acatepec informaron ayer que al cumplir su segundo día de paro laboral, en demanda de equipo, medicinas y un nuevo rol de trabajo para enfermeras, siguen sin recibir una respuesta de la secretaria de Salud, Verónica Muñoz Parra, quien –dijeron– sólo envió a un funcionario a dialogar pero no resolvió nada.

El médico Santiago Morales Salmerón indicó, vía telefónica desde Acatepec, que también se sumaron a la inconformidad el médico Tomás Loaeza Ramírez y las enfermeras Bélvica Martínez, Elizabeth Arellano y María de Lourdes Beltrán.

Explicó que en el Hospital Básico Comunitario el paro comenzó desde el pasado lunes a las 10 de la mañana, y continúa hasta el momento, para exigir que equipe el nosocomio y se abastezca de medicamentos.

Otras peticiones son el cumplimiento de la minuta firmada el pasado 7 de abril con el director del hospital, Luis Armando Pastrana Beltrán, y la jefa de enfermeras, Norma Ponce Méndez, para establecer un nuevo rol de trabajo más equitativo para éstas.

Morales salmerón dijo que no ha habido respuesta del director y de la jefa de enfermeras, y que han asumido una actitud de prepotencia y represión hacia los trabajadores, y por ello ahora exigen su destitución.

Con el paro, de acuerdo con las cifras de Santiago Salmerón, por ser una zona marginada se afecta a unos 25 mil habitantes del municipio, quienes son beneficiados con el servicio médico, y que las autoridades de la Secretaría de Salud no los atienden.

Agregó que el pasado martes al mediodía llegó al Hospital el coordinador de Enlace de la Coordinación 04 en La Montaña, Armando Bibiano García, quien sólo escuchó el planteamiento de los trabajadores y no resolvió nada, unicamente dijo que lo comentaría con la titular de la Salud, Verónica Muñoz Parra, y que se fue sin decir cuándo daría respuesta.Mientras que las autoridades responden a las peticiones, los trabajadores decidieron continuar con por tiempo indefinido.

 De la corresponsalía, Chilpancingo * Una tromba que cayó este lunes por la tarde en la comunidad de Las Margaritas, del municipio de Heliodoro Castillo (Tlacotepec), ocasionó la muerte de una señora y su pequeña hija que fueron arrastradas por la corriente de las aguas de una barranca, informó la Unidad Estatal de Protección Civil.

En el informe que entregó a las autoridades del gobierno del estado, el director de Protección Civil del ayuntamiento de Tlacotepec, señala que la lluvia acompañada por una granizada originó la muerte de la señora Evarista Barragán Dávalos y de su hija de 3 años, Aleyda Estrada Barragán.

La señora y su hija se encontraban en su casa y cuando se dieron cuenta que la barranca crecía se aventuraron a cruzar la barranca, pero fueron arrastradas por las aguas.

Protección Civil informó que la tromba arrasó con 40 viviendas de bajareque y madera, y que inicialmente dos personas habían sido reportadas como desaparecidas pero este martes se les encontró en la comunidad.

Desde este martes, el alcalde del municipio Severo Oyorzábal Díaz y el secretario de Desarrollo Social del gobierno del estado, Heriberto Huicochea Vázquez, se trasladaron al lugar para prestar ayuda a las familias damnificadas.

“Nos trajeron pacas de lámina de cartón, despensas y colchonetas y nos dijeron que nos salgamos de la barranca, pero a dónde nos vamos a ir a vivir si no tenemos dónde”, señaló un damnificado entrevistado vía telefónica.

Por otro lado, autoridades de comunidades del municipio de Ahuacuotzingo, en la región de La Montaña informaron que la lluvia que cayó este lunes en la noche en esa región dejó incomunicados a más de 8 mil habitantes, pues los caminos quedaron intransitables.

Pedro Nava Rodríguez, dirigente de la Organización de Pueblos y Colonias de Guerrero (OPCG) señaló que desde hace tres años el gobernador René Juárez Cisneros prometió la construcción de un puente de Mitlacingo que comunicaría a 34 comunidades de ese municipio.

Sin embargo, señaló que hasta estos momentos la promesa del gobernador René Juárez Cisneros no se ha cumplido.

“Nosotros estamos demandando que el gobernador y sus funcionarios cumplan con lo que nos dijeron porque de lo contrario en los próximos días vamos a tomar varios ayuntamientos”, advirtió Pedro Nava quien dio la conferencia de prensa junto con varios comisarios municipales de poblados del municipio de Ahuacuotzingo.

Indicó que el 12 de marzo, el gobernador René Juárez tuvo con ellos una reunión y nuevamente les prometió la construcción del puente, rehabilitación de carreteras, entrega de fertilizante y la indemnización a campesinos que perdieron sus cosechas de maíz el año pasado por la sequía.

 De la corresponsalía, Chilpancingo * La Procuraduría General de Justicia del Estado notificó a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum) que solicitó al juez que proceda penalmente en contra de cinco ex comandantes y tres ex agentes de la Policía Judicial del Estado, probables responsables de la desaparición de los ciudadanos Alvaro Acevedo Parra y su hijo Oscar Acevedo Mendoza.

Sin embargo, en el mismo documento, el agente del Ministerio Público Especial, Atenógenes Rodríguez Tepec, deslinda de toda responsabilidad penal sobre este caso al ex director de la PJE, Jaime Figueroa Velázquez, al comandante regional en la Costa Grande y ex guardaespaldas del ex secretario general de Gobierno, Marcelino Miranda Añorve, Federico Peredo Jiménez, así como a los agentes Jesús Estrada Soto y Manuel Arenas.

El informe dice que al ex director de la PJE y a los ex agentes se les exonera del delito de secuestro en contra de Alvaro Acevedo y Oscar Acevedo Mendoza, pero establece que se les seguirá investigando para ver si no son responsables de otro delito.

En conferencia de prensa que dio el ex agente de la PJE y testigo protegido de la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO) Francisco Cortés Pastenes, señaló que con ese deslinde que hace la Procuraduría de Justicia de Guerrero, trata de proteger al ex director de la Judicial, Jaime Figueroa Velázquez, porque es concuño del secretario general de Gobierno, Luis León Aponte.

Y señaló que la PGR tiene otra versión del caso de Alvaro Acevedo Parra y Oscar Acevedo Mendoza ya que en declaraciones que ante la UEDO ha hecho el ex agente judicial de Guerrero, Gabriel Cortés Ramírez aporta pruebas de la responsabilidad de la desaparición de los ciudadanos Alvaro Acevedo y Oscar Acevedo Mendoza.

En la declaración que hizo el ex agente judicial del estado, señala a Peredo Jiménez y al ex director de la PJE, Jaime Figueroa Velázquez de que los tuvieron en los separos de la Judicial del Estado y posteriormente los desaparecieron.

El ex agente judicial Cortés Pastenes, que es testigo protegido de la PGR y de la Codehum, recordó que en marzo del 2002 la Codehum emitió una recomendación donde pide que se investigue y en su caso se solicite a un juez el arraigo domiciliario de los ex directores de la PJE, Jaime Figueroa Velázquez y Filiberto Ramírez Solís y a una veintena de comandantes, jefes de grupo y agentes judiciales por su presunta responsabilidad en la desaparición de nueve ciudadanos guerrerenses.

A más de una año de que este organismo envió a la Procuraduría la recomendación 19/2002, varios comandantes y ex agentes judiciales, entre ellos Jaime Nicolás Cabañas y Fidel Morales Vargas, se encuentran bajo proceso judicial por su presunta responsabilidad en la desaparición del ciudadano Faustino Jiménez Alvarez.

El caso de Jiménez Alvarez ya está en manos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Cortés Pastenes exigió al gobierno estatal que no obstaculice las investigaciones que realiza la PGR en contra de los dos ex directores de la PJE y varios ex comandantes y ex agentes judiciales.

 * Temporada más crítica que en 2002, afirma

 Brenda Escobar, corresponsal, Zihuatanejo * El regidor de Agricultura y Ganadería de la comuna azuetense, Antonio Véjar Espinoza, dio a conocer que debido a la temporada de estiaje, poco más de 5 mil campesinos y ganaderos en este municipio están seriamente afectados por la falta de agua y pastura.

En entrevista, señaló que la presente temporada de secas es más crítica que la del año pasado, y dijo que hay reportes de que a varios ganaderos se les han muerto animales porque “no tienen qué darles de comer y el agua está muy escasa”.

Dijo que las comunidades que más padecen por falta de agua y pasto son Pantla, Arroyo Seco, Las Ollas, El Arenosito y El Calabazal.

El edil de extracción perredista agregó que aunado a las altas temperaturas que provocan la escasez del agua, “estamos en plena temporada de quema de tlacololes y muchas veces por descuido, el fuego se pasa a otros potreros quemando la poca pastura que hay”.

Indicó que hay habitantes de algunas comunidades que tienen que caminar grandes distancias para conseguir agua para su ganado y para el consumo doméstico.

Apuntó que el proyecto de la construcción de la presa de Zumatlán “es muy ambicioso”, pero vendría a resolver en mucho los padecimientos de la gente en época de secas.

 * Problema de tierras con miembros de La Luz del Mundo

 Alfredo Mondragón * Un campesino fue asesinado y quemado por tres presuntos integrantes de la secta religiosa La Luz del Mundo, en la comunidad de El Aguacate, ubicado a un kilómetro adentro del poblado del Cerrito de Oro, jurisdicción del municipio de Coyuca de Benítez.

Víctor Samuel Garzón López, de 60 años de edad, originario de Oaxaca y radicado en esta entidad desde hace 10 años, fue encontrado ayer a las 11 horas dentro de una parcela, totalmente calcinado.

José Trinidad Zamora Rojo, comandante de la Policía Judicial del Estado, informó que al campesino lo mataron en la madrugada, le prendieron fuego con leña y ramas secas, aunque de momento –precisó– no se le observaron lesiones o impactos de bala.

El comandante dijo que la esposa de la víctima, Francisca Villar Espínola, otorgó a las autoridades los nombres de tres probables responsables, los cuales corresponden a presuntos integrantes de la secta La Luz del Mundo.

La viuda dijo a las autoridades que hace tres meses había comprado un terreno en El Aguacate, y que su esposo tuvo problemas con los presuntos asesinos porque éstos le destruyeron una cerca de madera de un pozo de agua.

El cuerpo del campesino calcinado llegó a las 2 de la tarde al Servicio Médico Forense, y la Agencia del Ministerio Público del municipio de Coyuca de Benítez comenzó la averiguación Tab/Coy/01/170/03.