Hugo Pacheco León corresponsal, Chilpancingo * El rector de la UAG, Nelson Valle López rechazó que la esa institución sea o vaya ser coto de poder de un partido, luego del reproche que hicieran en esta ciudad integrantes del Grupo Cuicalli a la presidenta nacional del PRD, Rosario Robles Berlanga en su vista a Guerrero el pasado domingo.

Dijo que sólo se pretende el desarrollo de la academia y la investigación para dotar al estado de educación superior de calidad.

Entrevistado en Rectoría, Nelson Valle negó que en la reunión de la ANUIES realizada del viernes 23 al sábado 24 en Campeche se hayan rechazado el proyecto de distribución de los recursos federales a las universidades presentado por la Comisión de Financiamiento, de la cual forma parte.

Explicó que de enero pasado a la fecha se había acordado que en cada una de las regiones del país se realizarían encuentros entre los diferentes rectores para aportar sus propuestas al nuevo modelo de distribución y que serían incorporadas al proyecto final y que aún eso está pendiente.

Añadió que incluso el subsecretario de Educación, Julio Oca Rubio se comprometió a instalar una mesa de trabajo en la que se dialogará con la SEP sobre la viabilidad y factibilidad del financiamiento a la educación superior y hacer llegar una sola propuesta a la 59 legislatura federal para analizarse en el presupuesto de Egresos del 2004.

Dijo que a propuesta suya la ANUIES acordó solicitar al gobierno federal recursos de los excedentes del alza del petróleo, tal y como se comprometieron con el campo mexicano y la Confederación Nacional de Gobernadores. Y para ello se comisionó al secretario general de la ANUIES, Jorge Luis Ibarra Mendibil.

Asimismo, la ANUEIS se reunió el pasado sábado con un enviado de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) quienes anunciaron que fiscalizarán a las universidades, a lo cual se aceptó, pero pidieron que no se les dé un trato de empresa sino de instituciones de educación pública, porque no tiene como fin el lucro.

Nelson Valle dijo estar de acuerdo que a la UAG también el Congreso local a través de la Auditoría Superior del Estado (ASE) le fiscalice el recurso que entrega el gobierno estatal.

La UAG no es coto de poder de

ningún partido

Luego el rector rechazó que la institución sea o vaya ser coto de poder de un partido, tras el reproche que hicieran integrantes del Grupo Cuicalli a la presidenta nacional del PRD, Rosario Robles Berlanga en su vista a Guerrero el pasado domingo.

Dijo que sólo se pretende el desarrollo de la academia y la investigación para dotar al estado de educación superior de calidad.

Calificó de muy poca inteligencia a los integrantes del Grupo Cuicalli que criticaron que la UAG es coto de poder de un partido, porque dijo que “la universidad no tiene militancia y ni la tendrá”.

Confió que los universitario no permitirán que la institución sea un bastión de un partido político, porque limitaría el debate de la ideas.

Es más dijo que existe pluralidad de pensamiento en la UAG y están a salvo los derechos políticos de todos, porque mal haría en condicionar o acotar la militancia en le partido que deseen.

 * Critica el director de Tlachinollan, Abel Barrera, el manejo de la ley contra la delincuencia organizada, que en este caso vulnera las garantías de los detenidos y no ayuda a la investigación

 Abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Prodh) informaron que la Unidad Especialidada en Delinciencia Organizada (UEDO) pretende culpar de pertenecer al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) a los seis detenidos en los cateos del miércoles en Tecoanapa y Ayutla, y de haber cometido los delitos de secuestro y terrorismo, todo con base en las supuestas declaraciones de un testigo protegido no identificado.

El director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera, informó que el sábado en la tarde el abogado del Prodh, Jorge Fernández, defensor de Concepción Ramírez Ramírez, uno de los detenidos, tuvo acceso a una parte del expediente, en el que comprobó las imputaciones que se hacen a los detenidos.

Dice la UEDO que los detenidos secuestraban y asaltaban para financiar al ERPI

Este lunes, en la ciudad de México, el director de la UEDO, José Luis Santiago Vasconcelos, informó a los medios que agentes de la PGR detuvieron a “seis presuntos activistas del grupo guerrillero Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) acusados de participar en dos secuestros”, y agregó que se investiga su participación en otros seis, todos supuestamente cometidos entre 2002 y 2003.

Según una nota publicada en la página de El Universal en Internet, el funcionario informó que “queda en evidencia la relación del grupo guerrillero con una serie de delitos, principalmente secuestros y asaltos a transportes de carga, como su método principal financiamiento”.

Los seis detenidos son José Guadalupe Hernández, Eudocio Suástegui García, Bardomiano Ríos, Doroteo Marín, Inés Jiménez Silva y Concepción Ramírez Ramírez.

Señaló que la captura de los seis ocurrió en los poblados de Teconapa y Ayutla de los Libres en Guerrero, donde la UEDO y la AFI investigaban una serie de delitos cuyo modus operandi era similar.

Santiago Vasconcelos informó que los detenidos fueron plenamente identificados por dos de las víctimas, a cuyos familiares pidieron rescates de un millón de pesos en conjunto, recursos que en parte fueron entregados a la organización guerrillera que opera en Guerrero.

Dijo que entre las pruebas se encontraron una biblia que fue marcada por una víctima con características especiales, la voz de ellos, fotografías, así como armas y uniformes tipo militar.

Dijo que los detenidos siempre actuaron con el rostro cubierto con pasamontañas y fuertemente armados y disfrazados de militares, lo que hizo que desde principios de este año la PGR atrajera el caso y comenzara a investigar hasta identificar a una parte de esta célula del ERPI que operaba en esta zona de Guerrero.

El director de la UEDO dijo ayer en conferencia de prensa que a los detenidos se les decomisaron 24 armas de fuego, 2 mil 146 cartuchos, 11 cargadores, un teléfono satelital, una Biblia que daban a sus víctimas, un libro sobre guerra de guerrillas, varios uniformes militares, así como un comunicado del ERPI.

Según el funcionario, los detenidos dijeron pertenecer desde hace seis años al ERPI y dedicar una parte de los rescates pagados por la libertad de sus víctimas al financiamiento de las actividades del grupo guerrillero.

El titular de la UEDO dijo que tan sólo por dos secuestros obtuvieron un millón de pesos, y agregó que “hasta este momento es el único caso que tenemos respecto de la participación de elementos de grupos transgresores de la ley (guerrillas) en actividades directas de delincuencia organizada”.

Acusación sorprendente: Tlachinollan

Por su parte, Abel Barrera informó que este fin de semana, la UEDO logró que un juez ordenara el arraigo de los seis, durante 90 días, en un lugar de la ciudad de México, plazo máximo para investigar y determinar si los detenidos son consignados ante un juez.

Abel Barrera dijo que a los familiares y a los defensores de derechos humanos les sorprendió la acusación de que pertenecen a un grupo armado, lo que permite a la PGR enmarcarlos dentro de la delincuencia organizada, y recurrir a una ley de exepción, que se utiliza con el pretexto de investigar delitos, para vulnerar derechos.

“Desde nuestra perspectiva es una ley de excepción, que vulnera las garantías de los detenidos y no ayuda a investigar los delitos. En el caso de los seis, desde que fueron detenidos la mañana del miércoles estuvieron incomunicados, a pesar de que la familia los vio el jueves, pero jurídicamente seguían incomunicados, y la asistencia jurídica sólo se les permitió después de 72 horas, que fue el sábado por la tarde, cuando pudieron hablar con su abogado. Ahí se les dio a conocer que los acusan de secuestro y terrorismo, y de que son parte del ERPI”, manifestó Abel Barrera.

Informó que se supone que los seis detenidos ya están arraigados en algún lugar de la ciudad de México.

El director de Tlachinollan señaló que se supone que estas seis detenciones son parte de una investigación más amplia, y que es probable que sigan las investigaciones, cateos y detenciones en esa región de Ayutla y Tecoanapa, en razón de las declaraciones del testigo protegido que supuestamente conoce la actuación del ERPI.

 Teresa de la Cruz, corresponsal, Chilpancingo * El dirigente de la organización Fuerza Campesina Revolucionaria (FCR), Francisco Javier Morales Maldonado, denunció que policías de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) “lo persiguen”,  porque aparece en una fotografía que decomisaron en casa de uno de los seis detenidos acusados de pertenecer al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), en Tecoanapa y Ayutla de los Libres.

Javier Morales Maldonado, odontólogo de profesión, informó ayer en conferencia de prensa que ya explicó a policías de la AFI, que lo interrogaron, lo ocurrido durante la detención de los seis campesinos en cateos el pasado miércoles, pero dijo que insisten en vincularlo con José Guadalupe Hernández Arizmendi, sólo porque aparece en una fotografía.

El dirigente del FCR explicó que él aparece en esa fotografía junto a Hernández porque “juntos hemos hecho gestiones sociales” y agregó que fuera de eso nada tienen que ver.

Relató Morales Maldonado que el domingo 25, cuando se encontraba atendiendo en uno de sus consultorios en Ayutla, agentes de la AFI irrumpieron en su hogar ubicado en la cabecera municipal de Tecoanapa, donde se encontraba su esposa, a quien asustada por la forma violenta en que se introdujeron la interrogaron y le preguntaron si reconocía a 50 personas que aparecían en una lista que portaban los agentes y que supuestamente van a ser detenidos.

De la lista que le mostraron la esposa de Morales Maldonado reconoció a una persona quien, según el dirigente, “murió desde hace un año”.

Precisó que los agentes de la AFI también se presentaron en la comunidad de El Limón  municipio de Tecoanapa en donde interrogan a los habitantes para ver si reconocían a alguna de las personas que integran la lista.

Señaló que acudió a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), instancia a la que pidió asesoría sobre su caso, y la respuesta fue que no pueden hacer nada si existe orden de aprehensión en su contra.

Morales Maldonado rechazó que él esté involucrado en algún ilícito e insistió en avalar la conducta de los campesinos y comerciantes que fueron detenidos por agentes de la AFI de manera arbitraria y acusados de secuestro y de formar parte del ERPI.

 Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * La señora Arcadia Arismendi Ramírez de la Organización de Campesinos Marginados Cristino Bibiano Nava, presentó ayer ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum) una queja en contra de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), luego de que diez agentes irrumpieron de forma violenta y sin motivo alguno a su domicilio en la comunidad de Chacalapa en el municipio de San Marcos, la tarde del miércoles 21.

Arcadia Arismendi, de 60 años de edad, estaba en su domicilio con sus nietos de 9 y 3 años, cuando a las 16:40 horas del miércoles 21 unos diez agentes de la AFI vestidos de negro y portando armas de grueso calibre ingresaron a su casa sin portar orden judicial, y sin mayor explicación empezaron a hurgar en sus muebles.

Asustados, la señora Arcadia Arismendi con sus dos nietos llorando, pidieron una explicación a los agentes pero nunca les respondieron, sólo después de que buscaron sin encontrar nada, dijeron que la casa estaba “limpia” y se retiraron.

En la madrugada del jueves 22, en un acción parecida, agentes de la AFI irrumpieron en el domicilio del señor Eudosio Suástegui García a quien se llevaron preso sin motivo alguno y hasta el momento se desconoce su paradero, refirió Arcadia Arizmendi.

Acompañó a Arcadia el dirigente del Movimiento Social de Izquierda (MSI) a la que pertenece la Organización de Campesinos Marginados, Ranferi Hernández Acevedo, quien señaló que es una “arbitrariedad” de parte de la AFI “solapada” por la PGR y el gobierno de Vicente Fox.

El hijo de Arcadia Arismendi, Oscar León García, es miembro activo del MSI y el miércoles 21 iba de regreso a San Marcos luego de que por la mañana culminó el plantón en el que participaba, realizado en Chilpancingo, en el que demandaron recursos para proyectos productivos, fertilizante y herbicidas.

Reclaman justicia ante el acto de violación de los derechos humanos y los daños físicos, luego de que la señora padece de diabetes y pone en peligro su vida.

El MSI, dijo Ranferi Hernández Acevedo, reclama un alto al hostigamiento de parte de la AFI y del Ejército mexicano en la región, donde se han perpetrado detenciones sin orden de arresto y se registran personas desaparecidas. Y por eso acudieron a la Codehum para exigir garantías a los derechos humanos en Chacapala.

 * Si la investigación es seria y adversa al alcalde “ni modo”, indica

 Aurelio Peláez * El presidente de la delegación estatal del PAN, Francisco Rodríguez Otero, pidió al procurador de Justicia del estado, Jesús Ramírez Guerrero, un comportamiento imparcial en la investigación del caso Zapotitlán Tablas, y señaló que “si el resultado de la investigación es adverso al presidente municipal (el panista Silvino Mosso), ni modo”.

Rodríguez Otero ofreció ayer una conferencia de prensa, para fijar la postura del blanquiazul en torno a la investigación de los hechos en que resultaron muertos a golpes cinco miembros de la LARSEZ, tras de que policías municipales e integrantes de Antorcha Campesina ocuparon la comisaría de Escalerilla Laguna donde se encontraba el alcalde Mosso, a quien se atribuye la orden de atacar a los larzistas, lo que ha derivado en que la Procuraduría pida su desafuero ante el Congreso local.

El dirigente panista señaló que “en el PAN no estamos de acuerdo en cómo la Procuraduría está manejando ya las cosas; de hecho, desde un principio nosotros dijimos que lamentamos lo que está pasando allá en Zapotitlán, y dijimos que no es la forma de solucionar los problemas que se tienen en los distintos municipios, que la autoridad estatal, la Procuraduría, debe investigar y sancionar al culpable, siempre estuvimos nosotros en esa línea”.

Explicó que “lo que nos ha causado mucha desconfianza y suspicacia, es que el Ministerio Público de Tlapa no nos da acceso a la información. Se presentó el presidente municipal (del PAN) en esa oficina, pero no tienen información y nadie sabe dónde está la averiguación previa de este asunto. Esto ya nos llama mucho la atención y nos dice lo que va a pasar, tal vez quieren hacer algo turbio o tal vez quieren buscar culpables y creemos nosotros que no es lo más adecuado. Por eso le hemos pedido al procurador que sea imparcial en su investigación y que diga las cosas realmente como son”.

Reiteró que el manejo del caso por parte de la Procuraduría que encabeza Jesús Ramírez Guerrero ha sido “un poco parcial, no nada más lo dijo el PAN, lo dijo el Congreso, que la Procuraduría miente. Pedimos que sea imparcial el procurador, que el resultado lo tengan a la brevedad posible, y sí que se sancione al culpable. Y si el resultado de la investigación es adverso al presidente municipal, ni modo, será la autoridad competente la que se encargue de ajustar este acontecimiento en Zapotitlán, pero sí que sea imparcial”.

No obstante, Rodríguez Otero descartó que la actitud de la Procuraduría sea compartida por el gobernador René Juárez o por el secretario general de Gobierno, Luis León Aponte. “Sabemos perfectamente que él (Juárez Cisneros) tiene interés en que se solucione el problema, y que no se estén prefabricando ni fabricando culpables, interesa que se soluciona el problema”, Según Rodríguez Otero, ni el gobernador ni León Aponte tienen “voz de mando para que el procurador haga las cosas contrario a lo que debe ser lainvestigación. No dudamos ni del gobernador ni del secretario de Gobierno, pero le pedimos al procurador que sea imparcial y que le digan a los guerrerenses qué cosa sucedió”.

 De la corresponsalía, Chilpancingo * El subprocurador de Justicia del estado, Antonio Nogueda Carvajal, ratificó ante el Congreso local la demanda de desafuero en contra del alcalde, síndico procurador y un regidor del ayuntamiento de Zapotitlán Tablas, presuntos responsables del enfrentamiento entre campesinos en la comunidad de Escalerilla Laguna, donde hubo cinco muertos y 41 heridos.

“Para que ahora no vayan a decir (los diputados) que no entregamos ninguna petición, y ahora esperamos que a esto le den el trámite legislativo”, expresó el funcionario.

Indicó que el miércoles 21 de mayo él entregó el documento al oficial mayor del Congreso local, Luis Camacho Mancilla, quien posteriormente declaró a los medios de comunicación que no había ninguna solicitud de desafuero.

“Por ley, el Congreso local nos debió de haber enviado una notificación donde nos informaría el plazo de tres días hábiles para ratificar la demanda, pero por razones que desconozco no lo hizo, pero nosotros ya lo hicimos”, manifestó el subprocurador.

En la demanda de juicio de procedencia para el desafuero del alcalde Silvino Mosso Porfirio, el síndico procurador, Jesús Pérez Vargas y el regidor Ernesto Melo Candia, a quienes más de 20 militantes de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ) señalan coo responsables de haber encabezado la masacre contra sus compañeros el pasado 11 de mayo en la comisaría municipal de Escalerilla Laguna, donde estaban detenidos cuatro antorchistas.

Por su parte, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN) David Tapia Bravo dijo estar de acuerdo con lo que plantea el PRD de que no solamente la Procuraduría debe de investigar a los funcionarios panistas de Zapotitlán Tablas sino también a autoridades del gobierno estatal que también tienen parte de responsabilidad.

Dijo Tapia Bravo que en ese municipio los conflictos políticos entre la LARSEZ y Antorcha Campesina son viejos y que lo que ocurrió el 11 de mayo es algo que ya se veía venir.

“Desde hace años el gobierno estatal solapó las acciones ilegales de militantes de ambas organizaciones y nunca hizo nada, y ahora quieren espantarse con el petate del muerto”, manifestó.

Señaló que el PAN seguirá brindando su apoyo jurídico y político al alcalde, al síndico y regidor del ayuntamiento de Zapotitlán Tablas, “porque nos parece que las autoridades no tuvieron culpa y desafortunadamente estuvieron allí en medio de los militantes de las dos organizaciones”.

El subprocurador de Justicia, Antonio Nogueda Carvajal, señaló que ahora quedará en manos del Congreso local en cuánto tiempo analiza la demanda de juicio de procedencia.

Según la Procuraduría de Justicia del Estado, en los hechos del 11 de mayo, aparte de los funcionarios municipales también son señalados 20 personas más, entre militantes de Antorcha Campesina y policías municipales que habrían participado en estos hechos.

 De la corresponsalía, Chilpancingo * Universitarios, colonos y campesinos llevaron a cabo una marcha que partió del Congreso local a la Procuraduría General de Justicia en demanda de que se esclarezca el asesinato del profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAG, Norberto Flores Baños, quien hace ocho años fue ultimado a balazos por agentes de la Policía Judicial del Estado cuando se encontraba laborando en su despacho jurídico.

La movilización que se llevó a cabo ayer en la tarde fue encabezada por la esposa e hijos del trabajador y ex funcionario de la UAG durante el periodo del rector Ramón Reyes Carreto.

La ex regidora perredista, María Luisa Méndez Ríos, esposa de Flores Baños dijo que los verdaderos asesinos de su cónyuge se encuentran libres y uno de ellos es el ex secretario General de Gobierno en el periodo del gobierno de Rubén Figueroa Alcocer, José Rubén Robles Catalán.

“Toda la sociedad de Chilpancingo sabe perfectamente que los que mandaron matar a mi esposo tenían mucho poder y que hoy gozan de impunidad”, expresó María Luisa Méndez.

El grupo de manifestantes fue recibido por el subprocurador de Justicia del Estado, Antonio Nogueda Carvajal, quien les informó que dentro de 15 días serán recibidos por el procurador, Jesús Ramírez Guerrero.

Méndez Ríos le recordó al funcionario que hace un año, Ramírez Guerrero los recibió en audiencia y nunca les dio una respuesta sobre el total esclarecimiento del crimen de su esposo.

Mencionó que en el gobierno de Figueroa se nombró al abogado Javier Fuentes Adame como fiscal especial del caso y que cuando inició la investigación le comentó que todo apuntaba que el autor intelectual era Robles Catalán, sin embargo en su informe final lo exoneró.

“Nosotros queremos que la Procuraduría de Justicia del Estado retome la investigación para que ahora sí se castigue a los responsables del asesinato de mi esposo”, dijo Méndez Ríos.

 Francisco Magaña, corresponsal, Atoyac * El coordinador general del Consejo Estatal del Café (Cecafé), Esteban Castro Sánchez, confirmó que se registró una granizada en la zona de El Paraíso, sierra de Atoyac.

Dijo que el sábado 24 en la noche, se sintió una granizada de casi 20 minutos, principalmente en la población, y señaló que en la zona cafetalera fue sólo una fuerte lluvia.

Indicó que se realizó un recorrido hasta la zona de El Molote, y ratificó que se estima que no afecte la producción de café.

Indicó que por el atraso de la floración de los cafetos la granizada no repercutiría, porque apenas se está en el desarrollo del grano, tal vez en el follaje pero no se han reportado males.

Apuntó que aun con la granizada en la zona cafetalera, las lluvias han sido más benéficas para los cafetales.

Manifestó que en la reunión del presidente del Consejo Mexicano del Café, Roberto Giesseman, con el gobernador René Juárez Cisneros, se informó de los recursos que se aplicaron con el programa de apoyo del Fondo Estabilizador del precio del café que fueron 34 millones de pesos entre 19 mil productores.

Se anunció que se valora que en el próximo mes de junio se pondrá en marcha el nuevo programa de reconversión productiva y mejoramiento de cafetales en la franja cafetalera, en las zonas donde se produce a menos de  600 metros sobre el nivel del mar, para que los productores situados a esa altura tengan otra alternativa de ingresos, y que en la zona óptima del área de café altura se refleje el recurso en el mejoramiento de la producción.

Indicó que la mecánica será que los productores firmen convenios en que se comprometan a que aplicarán el recurso etiquetado para la reconversión productiva o mejoramiento del cafetal.

 * Protestan por el cambio de microbuses a combis, eurovan y urvan, utilizando la misma concesión

 Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Más de 500 concesionarios pararon labores ayer en esta capital donde bloquearon calles y realizaron una marcha de las instalaciones del PRI al centro de la capital y después a Casa Guerrero para protestar por el cambio de microbuses a combis, eurovan y urvan, utilizando la misma concesión.

Por la noche, el secretario de Gobierno Luis León Aponte informó a través de un comunicado de prensa que las organizaciones de comerciantes establecidos exigieron al presidente municipal de esta capital, Saúl Alarcón, su intervención para hacer valer el Estado de derecho lo que originó el inicio de la averiguación previa número BRA/SC/05/824 /2003 en contra de los principales líderes de estas organizaciones, por la comisión de los delitos de ataques a las vías generales de comunicación y a los medios de transporte, delitos contra la seguridad del tránsito de vehículos, y contra la vía pública y sitios de uso común, hechos que fueron ratificados conforme a la ley por el secretario general del ayuntamiento, Raúl Méndez Díaz.

En dicho comunicado, el gobierno del estado ubicó entre los principales líderes de los bloqueos al secretario general de la CTM en el estado, José Luis Torreblanca Gómez, dirigente de la COSTEG. Señala a “transportistas agrupados en la Confederación de Transportistas del Estado de Guerrero (COSTEG) y la Unión de Permisionarios de Chilpancingo (Upech), encabezados por Inocente Mojica Peña, Manuel Adame Reyna y José Luis Torreblanca Gómez”.

Informa que iniciaron un bloqueo primero en los accesos de Casa Guerrero, para posteriormente extender su protesta al primer cuadro de la ciudad, bloqueando sin razón alguna las principales avenidas y calles, impidiendo con ello el libre tránsito de los habitantes y visitantes de Chilpancingo

El dirigente de la Confederación de Organizaciones y Sitios de Transportistas del Estado de Guerrero (COSTEG), Gilberto Bello Espíritu, recordó que el conflicto viene desde hace dos años cuando la organización Transportistas Unidos de la Región Centro (TURCAC), empezó a cambiar sus unidades a pesar de que con ello si viola la ley de transportes.

Los transportistas inconformes incluso recurrieron ya al Tribunal de los Contencioso y Administrativo en donde perdieron el juicio en el mes de febrero pasado.

A raíz de ello iniciaron negociaciones con funcionarios del gobierno estatal, entre ellos con el anterior director de Transportes, Reynaldo Echeverría Medrano y recientemente con el actual René Morales Barrientos, así como con el secretario de Gobierno, Luis León Aponte.

Con este último funcionario se reunieron hace un mes pero les dijo que “quien da las concesiones es el Gobierno del estado y que el decide cómo y en qué condiciones”.

Ello fue lo que molestó a los concesionarios de la COSTEG. Bello Espíritu dijo ayer que si bien es cierto que el gobierno entrega las concesiones “pero eso no indica que las van a entregar a su arbitrio, puesto que hay una ley de transportes y tienen que respetarla”.

Los cerca de 500 concesionarios pararon labores desde las nueve de la mañana, a partir de cuando comenzaron a concentrarse afuera de las instalaciones del PRI, después partieron en marcha hacia el centro de la capital y de ahí se regresaron a Casa Guerrero en donde se instalaron en plantón.

El dirigente de la COSTEG indicó que demandan una audiencia con el gobernador René Juárez Cisneros porque ya no tienen confianza que sus demandas serán resueltas por funcionarios del gabinete estatal con quienes ya se han reunido en varias ocasiones desde que inició el conflicto.

Por la tarde los transportistas continuaban en plantón y amenazaron que si por la noche no recibían respuesta continuarían su movimiento este martes.

En el boletín de prensa de la Secretaría General de Gobierno de la administración estatal, León Aponte afirmó que “ante el bloqueo que  transportistas que realizan en las principales calles de Chilpancingo, el gobierno del estado hace un exhorto a que planteen sus demandas a través del diálogo y la concertación”, advirtiendo que no cederá a chantajes ni presiones de algunos dirigentes.

Señaló que estos dirigentes ya han sido recibidos en varias ocasiones, “habiéndoseles atendido sus demandas en términos de ley, señalándoles la imposibilidad del gobierno del estado para intervenir en conflictos intergremiales, exhortándolos a que las diferencias que pudieran tener con otras agrupaciones las canalicen a través de los órganos jurisdiccionales competentes, evitando con sus acciones la comisión de delitos que pongan en riesgos su propia libertad”.

 Francisco Magaña, corresponsal, Tecpan * Taxistas del sitio Hermenegildo Galeana, de la COSTEG, bloquearon ayer las principales calles de esta ciudad para exigir un alto al pirataje y la destitución del delegado de Gobierno en la Costa Grande, Manuel López Bruno.

Los inconformes encabezados por Benigno Santos Abarca, bloquearon con sus vehículos el Zócalo de la ciudad con lo cual provocaron caos vial, y adelantaron que si no había respuesta inmediata contra el pirataje, habrían más aciones de este tipo y amagaron con tomar la carretera federal.

Hasta ayer en la noche aún permanecían con sus vehículos estacionadas en el Zócalo de la ciudad.

Los taxistas demandan la destitución del delegado de Gobierno en Costa Grande, Manuel López Bruno, al que califican como persona no grata, por apoyar el pirataje de la UTD.

En un documento dirigido al director general de Transporte, Reinaldo Echeverría Medrano, exponen que con fecha 26 de febrero fueron enterados que un grupo de personas pretende dar servicio público bajo el nombre de Organización de Transportistas Democráticos Tecpanecos, A. C., encabezados por el ex regidor perredista Fredy Galeana Sebastián y José Arturo Sánchez Romero, sin contar con una concesión otorgada por las autoridades correspondientes.También piden la destitución del delegado de Transporte en Costa Grande, Jesús Herbey Arredondo Díaz, por no saber desempeñar su cargo.