Acasocios se manifestaron de acuerdo con la despistolización emprendida por el ayuntamiento, pero desconfiaron del informe del procurador Jesús Ramírez Guerrero, de que los delitos graves van a la baja.

Fueron entrevistados, al finalizar la sesión del grupo ACA de este miércoles, Jesús Jaimes Valenzo y Margarita Nájera.

El martes, ante el Congreso local, el procurador Jesús Ramírez Guerrero afirmó que en 2002, en comparación con el 2001, el secuestro disminuyó 28.2 por ciento; el homicidio doloso descendió 17.5 por ciento; el asalto en carretera, 17.8 por ciento, y el robo de vehículos, 5.5 por ciento.

El secretario general de las Organizaciones Unidas de Autos de Alquiler (OUAA), Jesús Jaimes Valenzo, respaldó el programa municipal, pero dijo que “lamentablemente son programas de temporada”, en los que la policía municipal quita las armas a quienes las portan como defensa personal, y “no a los maleantes”.

Sobre el incremento en el robo de vehículos en Acapulco, dijo que es “un gran problema” porque además del robo de autos particulares o del servicio público, ahora “hasta maquinaria pesada se llevan”.

Reprochó a la PGJE que los delitos se derivan de la impunidad y la corrupción en las corporaciones, y citó como ejemplo que recientemente en televisión alguien decía que de cien delitos 20 se denuncian, y de éstos sólo diez se consignan y cinco son castigados.

Indicó que con esta realidad “es un poquito difícil de creer” que el índice delictivo disminuyó, porque “constantemente vemos en los medios de comunicación asaltos, secuestros, homicidios. La verdad, no se refleja lo que dice el procurador”.

La presidenta de la Asociación de Propietarios de Estacionamientos, Margarita Nájera, dijo que la despistolización sería ideal porque se debe saber quién porta armas, pues “muchas veces se trata de personas que no las saben manejar, y provocan accidentes mortales”.

Sobre el robo de vehículos, dijo que muchas veces han llegado personas a su estacionamiento para preguntar si por casualidad alguien guardó su auto ahí, porque lo dejó en determinada calle y no lo encuentra. “El auto es parte del patrimonio, se debe detener este delito, no estamos al nivel del DF y es grave que te quiten parte de tu patrimonio”, dijo.

Se resistió a creer que el índice delictivo disminuyó, porque “hemos visto en Acapulco que han aparecido muertos de forma tan triste, a lo mejor (a las autoridades) se les pasan varios crímenes, qué bueno sería que bajara, pero veo que el sector empresarial es afectado”.

A diferencia de los acasocios, el presidente del grupo ACA, Xavier Mendieta Bueno, declinó opinar sobre temas policiacos. “La verdad es que no damos ese tipo de opiniones porque no estamos muy interiorizados; lo que leemos en el periódico es lo que decimos, pero no estamos enterados, para mí es sumamente difícil”, explicó.

Dijo que en la vida cotidiana procura platicar poco sobre seguridad en el estado, porque “el aspecto policiaco es un aspecto serio, y dar una opinión es muy difícil. Yo creo lo que dicen las autoridades; si dicen que ha disminuido, les creo”. (Nelly Bello).

 La presidenta del DIF Acapulco, María Eugenia Díaz de López Rosas, se reunió con los integrantes de la asociación de sordomudos del puerto, a quienes obsequió 20 camas en alto con sus respectivos colchones, lo cual –dijo– les permitirá dignificar su vida familiar.

La primera trabajadora social del municipio destacó, durante la entrega de las camas, que es necesario abrir espacios e impulsar nuevas modalidades para ofrecer mayores oportunidades a grupos organizados e instituciones que trabajan a favor de las personas más vulnerables.

Más adelante, la presidenta del DIF municipal dijo que la asociación de sordomudos merece apoyo y reconocimiento de la institución, “ya que  por su lucha cotidiana y por el ejemplo de fuerza, coraje y tesón que cada día nos dan a todos, merecen impulso a las actividades que realizan”.

Bajo esta premisa, dijo que la institución que representa le dará a dicha organización 140 despensas durante tres meses, lo cual les permitirá aumentar el ingreso familiar.

Por su parte, el presidente de la asociación, Raúl García Sánchez, a nombre de sus representados agradeció a María Eugenia Díaz de López Rosas el apoyo, y señaló que muchos de ellos, junto con sus hijos, dejarán de dormir en el suelo.

 El preso político David Molina Francisco, ex presidente de la Asociación Civil Tierra Digna, formada por habitantes de la colonia Fuerza Aérea, denunció que presuntos ejidatarios que se dicen dueños del predio están pidiendo a los colonos mil pesos, supuestamente para pagar el trámite de un juicio agrario, y llamó a sus compañeros a no dejarse engañar ni dar dinero a quienes no sean legítimos dueños.

Además, pidió al gobierno del estado que intervenga para regularizar la posesión de 560 familias necesitadas de vivienda.

Por vía telefónica desde el reclusorio de Acapulco, Molina Francisco explicó que la colonia Fuierza Aérea, localizada en los límites de los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez, es un asentamiento irregular, y hasta ahora hay duda de quién es el propietario.

Recordó que él está preso por denuncias de los presuntos propietrios, el ex gobernador Israel Nogueda Otero y el Banco Santander, pero tampoco éstos han acreditado la propiedad del terreno.

También reclama la propiedad del predio el ejido de la Barra de Coyuca de Benítez, pero tampoco acerdirta la propiedad.

Dijo que los ejidatarios están llevando un juicio contra Israel Nogueda Otero, pero “están engañando a los colonos, pidiendo que deposite cada uno mil pesos, a nombre de Aydé Badillo, en una cuenta del banco Bital, aun cuando esta persona no es parte de la mesa directiva del ejido ni tiene alguna representación”.

Además, para convencer a los colonos, supuestos representantes del ejido, y el señor Enrique Maldonado, tratan de engañarlos, diciendo que David Molina está de acuerdo con depositar ese dinero para que se regularice la colonia. “Me deslindo de cualquier responsabilidad, y llamo a los colonos para que no se dejen sorprender”, expresó.

Molina dijo que no está de acuerdo con estos trámites, y con que se cobre dinero a los colonos, porque nada indica que por esta vía se vaya a regularizar la colonia en favor de las familias que necesitan vivienda.

Planteó que antes de que los colonos paguen algún dinero, tiene que haber un convenio para la regularización de la colonia con quien acredite fehacientemente la propiedad del terreno, localizado a un lado de la base aérea militar de Pie de la Cuesta.

 Alfredo Mondragón * Luego de dos meses y medio de búsqueda en varias ciudades del país, agentes de la Policía Judicial del Estado detuvieron en este puerto a dos defeños por el delito de fraude procesal en agravio del gobierno del Distrito Federal por un monto de 38 millones de pesos, informó el comandante Francisco Javier Cortés Osorio.

El jefe policiaco precisó que la detención se llevó a cabo a las 8:30 horas de ayer en la Costera, dentro del banco Bital ubicado frente al centro comercial Wal Mart, en coordinación con policías del DF, en cumplimiento de una orden de aprehensión dada por el juez sexto de lo penal de esa entidad.

Los detenidos son los comerciantes Fernando Segura Galicia, de 65 años, y su hijo Gustavo Segura Rodríguez, de 36 años, ambos con domicilio en la delegación Cuajimalpa del DF, y quienes en Acapulco se hacían pasar como comerciantes “de todo”.

Gustavo Segura comenzaba a denunciar que la detención “es una venganza” del jefe de Gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador, porque le ganaron un juicio agrario, pero los agentes de la PJDF ya no lo dejaron hablar.

“No hemos cometido ningún fraude, no me lo han demostrado, creo que las cosas se decidirán ante el juez que lleva el caso y saldremos adelante”, dijo el padre.

Los detenidos vendieron al gobierno de López Obrador un terreno ajeno, al parecer propiedad de los ex socios de la desaparecida Ruta 100, en 38 millones de pesos hace dos años, y a finales del 2002 se descubrió el fraude.

 Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo * Padres de familia del jardín de niños Alberto Madrigal Llorente, tomaron las instalaciones del plantel para exigir a la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG), la destitución de la directora Eneyda Juárez Alvarez, y de las profesoras Olinka González Nava, Rocío Barón Venancio y Marisela Castillo Valdez, por cometer “actos de falta probidad y conductas aberrantes”.

La vicepresidenta de la sociedad de padres de familia de ese plantel, Zulema López Salgado manifestó que en diversas reuniones con funcionarios de la SEG, los padres han demostrado que el personal directivo y algunos docentes han asumido actitudes deshonestas, mentirosas y de falta de profesionalismo.

Agregó que a pesar de que los directivos de la SEG se han comprometido a resolver el problema, no lo han hecho, “al contrario le han dado largas y pretenden que se termine el año escolar para que después quede en el olvido, dejando con esto impune la corrupción y la conducta aberrante de las personas antes mencionadas”.

Insistió en la salida inmediata de este personal y su reubicación en otro lugar, y mencionó que el hecho más reciente se suscitó el pasado 29 de abril del presente año, cuando la directora Eneyda Juárez, de manera caprichosa y sin contar con el permiso de la jefa de sector, realizó un viaje a las albercas de Petaquillas, lo que provocó un altercado entre la comisionada de la jefatura de sector y la directora, quien le dijo que “con o sin permiso iban a realizar ese viaje”.

López Salgado pidió a la jefa de sector de la SEG, que nuevamente se designe a la profesora Sandra “N” como comisionada de esa dependencia en el jardín de niños para que “evite cualquier agresión o violencia física o sicológica en contra de nuestros hijos”.

A nombre de los padres de familia solicitó al secretario de Educación, Daniel Pano Cruz, que ordene a la Jefa del Departamento de Preescolar, Noemí Méndez Leyva, a la jefa de sector 01, Esperanza Cuevas Varela, y a la supervisora escolar, Alicia Jorge Dionisio, para que resuelvan el conflicto “si no salen la directora y las maestras antes mencionadas, continuará de manera indefinida nuestro paro”, concluyó.

 Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo * Maestros y trabajadores administrativos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos, exigieron al secretario de Educación, Daniel Pano Cruz, la destitución del director del plantel, Luis Alfonso Vega Millán y del subdirector Magdaleno Carrillo García.

En conferencia de prensa, el secretario de Organización de la delegación sindical de ese plantel, Emilio Encarnación Bello, acompañado de decenas de trabajadores, aseguró que desde septiembre del año pasado, fecha en que llegó el director a la escuela, se han presentado varios problemas.

Aseguró que el director “siempre llega con aliento alcohólico, por eso pedimos a la SEG que lo sustituya, ya que incluso desde enero pasado cuando llegaron nuevos maestros, no se les ha resuelto su basificación a pesar de que presentaron su examen de oposición”.

Indicó que en reiteradas ocasiones han solicitado la intervención del titular de la SEG, Daniel Pano Cruz –la última fue el pasado 4 de marzo– pero en su lugar designó a Esteban Espinosa Peza, subsecretario de Educación Media Superior y Superior: “El nos dijo el pasado 28 de abril que si el director se presentaba con aliento alcohólico es normal porque el cien por ciento de la gente bebía alcohol”.

Por su parte, el profesor Cirilo Nava Damián, también culpó a Esteban Espinosa de traer consigna para agudizar el conflicto. “Le pedimos desde el año pasado que fuera el intermediario con el titular de la SEG, pero no lo quiso hacer, por eso le pedimos al coordinador de asesores, José Luis Peralta Lobato, que interceda pero nos dijo que será hasta mañana viernes cuando nos dé una respuesta”.

Manifestó que hasta el momento los maestros y trabajadores no han decidido si realizarán un paro indefinido de labores. “Lo vamos a discutir en estos días, pero vamos a esperar a ver si el secretario Daniel Pano nos recibe en audiencia”, concluyó.

 * Dicen que si las autoridades no resuelven el problema de las mil 700 hectáreas, por la vía pacífica, habrá enfrentamiento * El delegado de la Procuraduría Agraria, Enrique Landeros, pidió calma

 De la corresponsalía, Acatepec * Campesinos armados con palos y machetes advirtieron ayer a funcionarios federales y estatales que si el conflicto agrario que enfrentan con habitantes del municipio de Zapotitlán Tablas no logran resolverlo por la vía pacífica, van tener que desalojar a sus vecinos que tienen invadidas parte de las mil 700 hectáreas de tierras.

Mientras se llevaba a cabo la reunión en Acatepec entre autoridades municipales y ejidales con enviados de la Procuraduría Agraria, de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), policías del estado resguardaron la zona de conflicto que se encuentra cerca de la comunidad de Ixtlahuazaca.

Y es que, un grupo de campesinos armados con machetes y palos de Zapotitlán Tablas ya se dirigían al lugar donde se encuentran delineadas las mil 700 hectáreas de tierras ya que les habían dicho que sus vecinos de Acatepec y un grupo de ingenieros y funcionarios harían una inspección ocular en la zona invadida.

En la asamblea de Acatepec que se desarrolló en un ambiente de tensión, una comisión interinstitucional encabezada por el subsecretario de asuntos Agrarios de la Secretaría General de Gobierno, Esaú Tapia, comunicaron a los lugareños que en la revisión que se hizo de la resolución ejecutoria de la Procuraduría Agraria se señala que de las mil 788 hectáreas de tierras, a Acatepec le corresponden 715 hectáreas y a los habitantes de Zapotitlán Tablas mil 73.

“Ya estamos hartos de que el gobierno nos siga engañando, ya no vamos a permitir que los de Zapotitlán Tablas nos sigan robando nuestras tierras y vamos a subir a desalojarlos”, les dijo a los funcionarios Juan Pérez, un comunero que relató en dialecto tlapaneco la forma de cómo fue agredido por comuneros de Zapotitlán Tablas.

José Emilio Elid, presidente del comisariado de bienes comunales de Acatepec recordó que el coflicto con los comuneros de Zapotitlán Tablas se remonta desde hace más de cien años, y que en 1955 se registró un primer enfrentamiento con un saldo de 17 muertos.

Indica que los habitantes de Zapotitlán Tablas reclaman el cien por ciento de las más de mil 700 hectáreas de tierras porque tienen en su poder “títulos de propiedad virreinal, pero nosotros también las tenemos”.

En noviembre de 1998, autoridades comunales de ambos municipios firmaron un convenio que en enero del 2000 la Procuraduría Agraria la volvió como una resolución ejecutoria y definitiva.

En esta resolución establece que el 60 por ciento de las tierras les pertenece a los habitantes de Zapotitlán Tablas y el 40 por ciento a los de Acatepec.

Sin embargo, el conflicto no ha terminado ya que cada temporada de “secas” los habitantes de Zapotitlán Tablas, según dice el presidente del Comisariado Ejidal de Acatepec, se aprovechan para “invadir más hectáreas de nuestras tierras”.

Y señaló el caso de la familia Trujillo que prácticamente estableció una colonia en las tierras que pertenecen a los comuneros de Acatepec y que dicha acción fue solapada por el alcalde panista de Zapotitlán Tablas, Silvino Moso.

Por ello, en la asamblea de los comuneros con las autoridades federales y estatales aceptaron que una comisión integrada por gente de Acatepec y Zapotitlán Tablas, acompañados por un grupo de ingenieros topógrafos lleven a cabo una inspección ocular en la limitación de las más de mil 700 hectáreas de tierras para que se ratifique la ejecutoria de la resolución del 2000 de la Procuraduría Agraria.

Pero a cambio de ese acuerdo, los comisarios municipales y habitantes de Acatepec pusieron como condición de que la familia Trujillo que tiene invadidas partes de sus tierras, sea desalojada de manera pacífica.

“Nosotros les cedimos ese 60 por ciento de tierras, pero ellos pretenden quedarse con todo y ante ello vamos a decidir no darles  nada y quedarnos con el cien por ciento”, afirmó uno de los campesinos que habló durante la reunión.

Enrique Landeros Barba, delegado estatal de la Procuraduría Agraria, pidió calma a los habitantes de Acatepec, ya que si este conflicto no se resuelve de la manera pácífica, “esto puede desembocar en nuevos enfrentamientos como los ya ocurridos”.

Por ello, pidió que en esa inspección ocular que se hará en los límites de tierras en conflicto acudan tanto comuneros de Acatepec y de Zapotitlán.

El subdirector de Atención Social de la Secretaría de Gobernación, Alfonso Zermeño, señaló que el gobierno federal va a resolver este conflicto agrario, “porque no queremos que haya derramamiento de sangre entre hermanos”.

Finalmente comuneros y autoridades firmaron una minuta de acuerdos, aunque todavía queda pendiente una reunión con los habitantes de Zapotitlán Tablas.

“Allí va estar lo duro, porque seguramente los de Zapotitlán Tablas no van aceptar esta minuta de acuerdos porque ellos quieren todas las tierras”, expresó uno de los comuneros.

La reunión de ayer en Acatepec que por momentos vivió momentos de tensión, en nada se pareció a la que se llevó a cabo el pasado 30 de abril ya que los comuneros amenazaron con secuestrar a los funcionarios e incluso al director de Gobernación del estado, Rey Hilario Serrano le rompieron su cámara fotográfica luego de que éste tomó fotografías de la asamblea. Por eso, ayer el funcionario estatal no estuvo en la reunión.

En la asamblea, participó el ex alcalde priísta de este municipio, Jerónimo Godoy Avilez, quien les recordó a los funcionarios que durante toda su gestión administrativa siempre exigió que se diera solución al conflicto agrario.

“Ya estamos cansados de que se permita más agresiones a los habitantes de Acatepec y por eso exigimos que se nos dé respuesta porque de lo contrario nosotros procederémos de otra forma”, dijo.

Por cierto entre la comisión negociadora de Acatepec para resolver el conflicto agrario está Daniel Nestor Sánchez, quien es asesor del ayuntamiento municipal.

 * Responde a denuncias del Consejo Supremo de Pueblos de Filo Mayor y del alcalde de Tlacotepec

 Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * En respuesta a las reiteradas denuncias en contra de la Procuraduría General de la República (PGR) por la destrucción de cultivos lícitos, la contaminación del agua y la generación de enfermedades por la fumigación de enervantes, el delegado en Guerrero, José Alberto Rodríguez Calderón, aseguró anoche que esa dependencia está trabajando “segura y legalmente”.

En una conferencia de prensa, Rodríguez Calderón señaló que el personal técnico aeronáutico que participa en las acciones de erradicación de cultivos ilícitos cuenta con la suficiente experiencia para identificar plenamente plantíos de amapola y mariguana en cualquier etapa de su ciclo vegetativo.

La conferencia de prensa fue ofrecida luego de las denuncias del Consejo Supremo de Pueblos del Filo Mayor y más recientemente del alcalde de Heliodoro Castillo, Severo Oyorzábal, en el sentido de que por la fumigación para la destrucción de plantíos de enervantes se provocan daños ambientales.

“De ninguna forma, no se ha dañado ni el medio ambiente, ni la salud de las personas”, dijo el delegado, quien en un boletín explica que la PGR tiene utilizando 27 años el herbicida Paraquat, autorizado por la comisión intersecretarial para el control del proceso y uso de plaguicidas, fertilizantes y sustancias toxicas.

El funcionario aseguró que los riesgos que pudiera provocar este herbicida son mínimos, “como una simple irritación en la piel” y aseguró que hasta la fecha no se ha reportado que el contacto con esta sustancia produzca enfermedades.

Rodríguez Calderón dijo desconocer los intereses que pudieran tener quienes han denunciado la destrucción de cultivos lícitos o la contaminación del ambiente y señaló que estos deberían presentar la denuncia ante la misma PGR para que se realicen las investigaciones pero que hasta ahora no ha ocurrido así.

Sigue la búsqueda de Pedro Pablo Urióstegui

En otro tema informó que la dependencia sigue participando en una operación coordinada con corporaciones estatales para lograr la detención del dirigente priísta de Teloloapan Pedro Pablo Urióstegui Salgado y sus seguidores que han incurrido en el delito de ataques a las vías de comunicación.

Dijo que por este delito el ex alcalde de Teloloapan tiene cuatro averiguaciones previas.

El delegado de la dependencia federal no quiso hablar sobre otros temas argumentando que no tenía los datos a la mano “pero será en otra conferencia de prensa posterior”, ofreció.

 * Autoridades sanitarias informarán qué hacer ante un caso sospechoso

 Alfredo Mondragón * Todos los hospitales públicos de los tres niveles de gobierno y privados, incluidas las clínicas y consultorios privados del puerto, se encuentran en alerta ante la posible llegada del mortal Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SRAS), mejor conocida como neumonía atípica, que ha causado cientos de muertes en Asia,

Por ello, ante el incremento de muertos y pacientes infectados por la neumonía asiática, la Secretaría de Salud federal y estatal (Ssa) comenzó reuniones de trabajo con gerentes de hoteles y médicos de hospederías, médicos privados, autoridades aeroportuarias y marítimas para que conozcan qué hacer ante un caso “sospechoso”.

Y es que la nueva enfermedad del siglo en China ha dejado 219 muertos, en Hong Kong 204, Singapur 27, Taiwan 11, Filipinas 2, Canadá 22 y en Estados Unidos 65 infectados pero sin decesos, pero miles de pacientes han sido “recuperados” de acuerdo al reporte epidemiológico emitido ayer por la OMS, instancia que recomienda no viajar al continente asiático.  

La tarde del martes se registró una fuerte movilización en el Hospital General de Acapulco debido a que ingresaría una paciente norteamericana esposa de un asiático con los síntomas SRAS, incluso el área de Urgencias del nosocomio fue cerrado y los pacientes acapulqueños fueron evacuados.

El director del Hospital General, Marco Antonio Adame Aguilera explicó que la tarde del martes, la Jurisdicción Sanitaria 07 recibió la alerta de un médico privado debido a que iba a canalizar a la norteamericana Terry Hunt, originaria de San Clemente California, quien se hospedaba en el hotel Mayan Palace. 

Por ello, personal del Hospital General evacuó Urgencias y aislaron un cuarto especial para esta contingencia y “todos los médicos inmediatamente nos colocamos cubrebocas, con tanques de oxigeno, gogles, guantes y batas especiales que cubren todo el cuerpo, pero la paciente no llegó”

Adame Aguilera indicó que todos los hospitales se encuentran en alerta desde el pasado 11 de marzo cuando por vez primera la Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana, dieron a conocer la aparición de casos extraños de una forma atípica de neumonía, enfermedad mortal que aún no tiene cura.  

Por su parte, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 07, Silvio Chavelas Cortés, explicó que epidemiólogos de la Ssa acudieron al consultorio a diagnosticar a la paciente pero todo resultó “una falsa alarma porque la paciente presentaba una infección respiratoria aguda y no SARS”.

Por ello, agregó Silvio Chavelas la paciente no ingresó al Hospital General pero fue trasladada al Hospital Magallanes y se descartó el caso porque no tenía el cuadro real del SRAS y a pesar de ser esposa de un asiático, ambos no tenían antecedentes de haber viajado a sus países de origen en cinco años”.

Estas reuniones de trabajo servirán para informar a los gerentes de hoteles, médicos privados,  personal de aeropuertos y terminales marítimas de cuáles son los síntomas del SARS para detectar a turistas infectados y cuál es el procedimiento que debe efectuar, informó el director de Epidemiología, Rufino Silva Domínguez.

Las reuniones se harán en Acapulco, Zihuatanejo, Taxco y Chilpancingo en donde el personal de las jurisdicciones sanitarias posee la bibliografía y características del cuadro clínico del SRAS.

 * Piden la intervención del secretario de la  Reforma Agraria, Florencio Salazar

 Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Comuneros de Teloloapan han sido amenazados con ser desalojados por parte de un grupo de caciques de ese lugar, quienes pretenden despojarlos de 6 hectáreas de tierras comunales en la colonia Emiliano Zapata.

Encabezados por la presidenta del Comité de Bienes Comunales, Margarita Corrales Arrieta y el presidente del Consejo de Vigilancia, Marcos Herrera de Gante, un grupo de los comuneros se reunieron ayer con el director de la Tenencia de la Tierra de la Subsecretaría para Asuntos Agrarios del gobierno estatal, José Luis Peralta Flores, pero el funcionario les dijo que “nada se puede hacer porque existe ya una sentencia emitida por el Tribunal Unitario Agrario, misma que establece que ninguna de las dos partes acreditó la propiedad del predio”.

Corrales Arrieta denunció que, sin embargo, la sentencia que fue emitida desde octubre del año pasado no es definitiva, pero que de ella se está aprovechando un grupo de pequeños propietarios encabezados por los hermanos Ismael y Jorge Quezada Salgado, y este último ha amenazado a familias que ya están habitando 17 de los 150 lotes en que fueron fraccionadas las 6 hectáreas por los comuneros para fundar la colonia Emiliano Zapata.

La representante de los comuneros informó que la resolución presidencial por medio de la cual dotan de esas tierras a los comuneros de Teloloapan fue emitida en el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines pero que Ismael Quezada Salgado, en los años 60, aprovechándose que era presidente municipal, gestionó la elaboración de unas escrituras de manera irregular y que hoy las exhibe para acreditar que las 6 hectáreas de tierras son pequeña propiedad.

“Los que nos quieren despojar de nuestras tierras son caciques que están por encima de cualquier autoridad por eso es que les han hecho caso para proceder en nuestra contra”, dijo.

Sin embargo advirtió que los comuneros están dispuestos a defender sus tierras como sea y a costa de lo que sea.

Corrales Arrieta demandó por ello la intervención del gobierno estatal y del secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame para resolver este conflicto antes de que se llegue a la violencia.

Recordó que por este conflicto ya ha habido derramamiento de sangre puesto que en 1970 fue asesinado el presidente de Bienes Comunales, Porfirio Bravo Quezada por el mismo grupo que hoy pretende apropiarse de esos terrenos.