De acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur), Acapulco fue el lugar del Triángulo del Sol más beneficiado por el puente vacacional del 1 al 5 de mayo, pues representa más de 70 por ciento de la derrama económica que generaron los 130 mil 142 visitantes que estuvieron en las playas de Guerrero.

Ayer por la tarde, Sefotur envió la información sobre la temporada.

Para el Triángulo del Sol estimó una ocupación hotelera promedio de 71.3 por ciento, con la llegada de 130 mil 142 personas, quienes generaron 472 millones 824 mil 314 pesos.

La información que la dependencia estatal presenta sobre Acapulco tiene diferencias con la de la Dirección de Turismo Municipal (DTM).

Sefotur informó que la ocupación promedio fue de 72 por ciento, con la llegada de 101 mil 232 personas que estuvieron tres días de los cinco que duró el puente, y generaron 340 millones 141 mil 30 pesos.

Para la DTM la ocupación promedio fue de 0.4 décimas más y también una derrama económica con cerca de 9 millones extras que generaron 3 mil visitantes más.

Para Ixtapa-Zihuatanejo, la Sefotur informó de una ocupación promedio de 72.4 por ciento, con 20 mil 510 turistas que pasaron cuatro días y medio y dejaron una derrama de 119 millones 981 mil 280 pesos. Lo que refleja que a Ixtapa-Zihuatanejo llegaron turistas con mayor poder adquisitivo.

En Taxco la ocupación promedio fue de 61.4 por ciento, con 8 mil 400 turistas que pasaron casi día y medio en la ciudad platera y generaron 12 millones 702 mil 4 pesos.

La titular de Sefotur, Guadalupe Gómez Maganda –al igual que Roger Bergeret, director de Turismo–, aseguró que se cumplieron las expectativas porque se trató de un puente “muy bueno”, que complementó la temporada de Semana Santa. “Fue algo extra porque en lugar de dos semanas tuvimos una semana más”.

Luego de la larga jornada vacacional, las hospederías de Acapulco registraron una ocupación de cuartos de 19.8 y 19.7 por ciento, de acuerdo con cifras de la DTM y Sefotur, respectivamente.Las hospederías de Ixtapa-Zihuatanejo estaban a 22.4 por ciento de su capacidad, y en Taxco a 15.5 por ciento. (Nelly Bello)

 Karina Contreras * El indígena y vendedor ambulante, Juan Andrés Villanueva Guerrero, de 15 años de edad, fue golpeado el viernes pasado por policías turísticos, quienes le provocaron desviación del tabique nasal, así como una herida en la cabeza.

Los hechos ocurrieron en la playa de Caletilla, cuando Villanueva Guerrero, junto con su hermano y un amigo discutían con otros vendedores por los clientes.

Así lo informó en una conferencia de prensa Villanueva Guerrero, quien estaba acompañado por el abogado José Sánchez Sánchez. El niño todavía llevaba las huellas de la agresión.

Juan Andrés Villanueva es originario de Xalitla, y comentó que viene todas las temporadas para vender pulseras y collares a las playas del puerto.

Narró que el viernes pasado estaba con su hermano y un amigo ofreciendo su mercancía  a unos turistas en la playa Caletilla, cuando llegaron otros jóvenes que también venden los mismos productos, pero en el área de la Condesa.

Dijo que los jóvenes le vendieron más barato a los visitantes, lo que provocó la furia de su hermano porque no les compraron nada. Dijo que cuando su hermano les reclamó empezaron los golpes, y en ese momento llegaron los policías turísticos, quienes los detuvieron y esposaron.

Indicó que posteriormente lo empezaron a golpear, pero no pudo precisar con qué instrumento le hicieron la herida en la cabeza “porque estaba mareado”.

El niño indígena señaló que como pudo se escapó, aún esposado, ya que le dio miedo porque también su compañero fue golpeado y estaban siendo amenazados de muerte. Señaló que se escondió entre los turistas.

Por su parte, José Sánchez Sánchez dijo que ya se comenzó la averiguación previa Tab/235/BH/003, por las agresiones contra el policía de apellidos Nava Ozuna, quien –según el abogado– tiene antecedentes de represor y quejas en la Codehum.

Indicó que ya han sido llamados por autoridades de la SPV, pero advirtió que no arreglarán nada hasta que no se repare el daño al vendedor indígena.

Asimismo, pidió que lo dejen de hostigar, “ya que el viernes el menor fue buscado por policías federales preventivos como si fuera un peligroso delincuente”.

Dijo que los representantes indígenas piden la destitución inmediata de los policías agresores, y no descartó que se hagan manifestaciones de la comunidad indígena por la agresión que sufrió el niño.

 * Durante el paso del Paulina nos tuvimos que subir a las azoteas de las viviendas, recuerda una colona * Desconocen si en el lugar hay rutas de evacuación o refugios, dice

 Jorge Nava * Colonos que habitan en la orilla del río El Camarón consideraron que los simulacros de Protección Civil deberían efectuarse antes de la temporada de lluvias, y demandaron que las autoridades atiendan un hoyo en el cauce de concreto que fue construido después del huracán Paulina.

Bernarda Arteaga Juárez, vecina de la calle Acayuca, de la Progreso, indicó que lleva 50 años de vivir allí con su familia, y que su vivienda –de tres pisos– fue afectada durante el paso del Paulina en 1997, al meterse “toda el agua”, por lo que se tuvieron que subirse a la azotea para sobrevivir.

Entrevistada en un recorrido de ayer de El Sur por esa zona afectada por el meteoro, dijo que a ese lugar no ha asistido personal de Protección Civil para hacer simulacros, y que ellos desconocen si hay rutas de evacuación o refugios. “Creo que esa fue una desgracia, no sé qué, pero creo que no va a pasar de nuevo, o mero que dios quiera matarnos de esa forma porque yo creo que eso pasó”.

Arteaga Juárez expuso que la noche del huracán el arroyo pasó por la casa y entró el lodo, incluso recordó que la casa de a lado fue arrastrada completamente, pero que el matrimonio del lugar se salvó al subirse a la azotea.

Describió que: “se oían gritos, ya no me quiero ni acordar porque nos asustamos mucho”.

Detalló que los muebles de dos habitaciones de la vivienda de su hermano fueron arrastradas por el agua, y por ello actualmente están reconstruyendo.

Una de las causas de que el río El Camarón se saliera del cauce –según ella– “es que estaba chiquito el arroyo para que pase el agua”.

Aunque bromeó que se salvaron porque la casa construida por su hermano “es de buenos cimientos”, enfatizó que cada temporada de lluvia temen y por eso salen para ver el nivel del cauce y las noticias.

Por su parte, Geovanni García Alfaro, de 18 años, quien radica en la calle Pachuca, de esa misma demarcación, señaló que su casa, construida con madera, se la llevó el río.

Recordó que esa noche el agua comenzó a brotar por la puerta que daba al río, y que se salió de allí junto con su familia para subirse a la azotea de un templo ubicado al frente, “con la única ropa que traíamos”.

Indicó que en ese año contaba con 12 años de edad.

Narró que a una vecina y a sus dos niños, quienes vivían frente a su domicilio, se los llevó la corriente. De ese caso –dijo– el esposo de la vecina sobrevivió porque se subió al techo del baño de la casa de material.

García Alfaro consideró que Protección Civil debe efectuar los simulacros antes de la temprada de lluvias, “pues por eso pasan las cosas o a veces uno es negligente, le dicen que se salga y no se sale, ahora ya nos pasó una vez y ya sabemos”.

Otra vecina de esa misma zona, Tavita Navarrete Alfaro, recordó que el año pasado acudió antes el personal de Protección Civil a informarles de la ruta de evacuación y del refugio.

Dijo que no estuvo en el lugar la noche en que pasó el huracán Paulina, pero que su familia le contó que “estuvo muy feo”. Explicó que ellos pudieron salir y se refugiaron en la iglesia localizada una casa después de donde ella vive actualmente.

Consideró que ese fenómeno puede volver a suceder.

Aseguró que no tiene confianza de vivir en esa zona, pero que ahora ya tienen conciencia porque “casi no dormimos, y estamos todos alerta cuando llueve”.

Por su parte, Maximina Rosas denunció que cerca de donde ella vive el río hace curva, y que allí hay un hoyo que cada temporada de lluvias se hace más grande.

Observó que la corriente de agua escarba por abajo y que ello puede romper el muro, debilitarlo mucho y ocasionar una desgracia.

Expuso que cada año personal de Protección Civil acude a esa zona para hacer los simulacros, y “nos dicen por dónde podemos salir y dónde están los refugios”.

Indicó que la ruta de evacuación es por la calle Acatlán, en la Baja California, y el refugio está en el Instituto México y otro en el jardín de niños de la calle Baja California.

 * Presentan el Plan Municipal para la temporada de lluvias

 Maricela Santos, corresponsal, Zihuatanejo * El alcalde Amador Campos Aburto lamentó que el Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo (Fibazi) haya tolerado asentamientos humanos en zonas de alto riesgo.

Durante la presentación del Plan Municipal de Protección Civil para la temporada de huracanes, que anunció la inclusión del Instituto Tecnológico de la Costa Grande como refugio temporal para albergar ante cualquier posible contingencia a las familias ubicadas en zonas peligrosas, reconoció que la unidad de Protección Civil municipal carece de infraestructura suficiente para enfrentar contingencias que pudiera generar la próxima temporada de huracanes.

Amador Campos exhortó a hacer esfuerzos para impedir cualquier tragedia en la temporada de huracanes, a trabajar en coordinación y a estar pendientes de las zonas donde hay situaciones de riesgo, como en las colonias donde hay postes en mal estado o casas cerca de cauces de río.

Por su parte, el encargado de la Unidad de Protección Civil, Gabriel González Robles, informó que hay monitoreos en las zonas susceptibles a derrumbes.

Dijo que no se tiene capacidad para hacer revisiones de seguridad estructural y que falta un atlas de riesgo. Por eso pidió el apoyo de las direcciones de Desarrollo Urbano, Servicios Públicos, Jurídico, Salud, Seguridad y Obras Públicas así como de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo, la Cruz Roja, Bomberos, Armada de México, Capitanía de Puertos y el Ejército Mexicano, con el fin de evitar siniestros.

Supervisa la OCVIZ la operación de plantas tratadoras

La Oficina de Convenciones y Visitantes de Ixtapa y Zihuatanejo (OCVIZ) revisó el funcionamiento de las plantas tratadoras de  esa playa para ver los avances que han tenido los programas por el saneamiento de la bahía.

El recorrido fue encabezado por el director ejecutivo de la OCVIZ, José Luis Arriaga Jiménez; la encargada de Relaciones Públicas, Patricia Ochoa, y el subdirector administrativo de la CAPAZ, Francisco Orozco Marroquín, quien mostró la forma en que operan las plantas tratadoras.

José Luis Arriaga observó que las plantas trabajan “con un buen nivel de eficiencia”, pero que “hay detalles que todavía deben avanzarse”, sobre todo en materia de saneamiento de la bahía.

Patricia Ochoa, por su parte, observó que el objetivo fue recabar información respecto a las acciones que se ejecutan, para revertir “el pequeño problema que se ha presentado con la contaminación”.

 Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo * El secretario general del comité democrático de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), en la Sección 14 del SNTE, Víctor Echeverría Valenzuela denunció que debido a la labor de zapa de los dirigentes del Frente de Bases Democráticas (Frebadem) quedaron suspendidas desde el pasado 11 de abril las mesas de gestoría con la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG).

Dijo que “Julio César Aguirre Méndez y Nicolás Chávez Pineda, le están haciendo el juego sucio al gobierno, y lo hacen porque el Frebadem es un esfuerzo que nació muerto, que no tiene base social, pero que le sirve a la SEG, y al gobierno estatal, para crear un cisma que no existe y confundir a los trabajadores cuando se inicia la jornada de lucha”.

Dijo que las mesas de gestoría semanal que se tenían con la SEG se suspendieron por una posición de endurecimiento. “Como resultado de esta confusión entre la CETEG y el Frebadem, se ha provocado la cerrazón de Daniel Pano Cruz, por eso el día 8 de mayo nos vamos a movilizar para reabrir estas mesas de gestoría, por el momento no hay acercamiento ni con el gobierno estatal ni con la SEG a pesar de que entregamos el pliego petitorio el pasado 18 de marzo pasado”.

En conferencia de prensa donde estuvo acompañado por la mayoría de los integrantes del comité democrático, y de los dirigentes de las distintas regiones, el dirigente cetegista desmintió que haya división del magisterio democrático. “Hablaríamos de división si miles de maestros estuviéramos divididos y metidos en un conflicto interno”.

Más bien, expresó se trata de la posición de un grupo de ex seccionales, y de gente de dudosa reputación política de la CETEG “que fueron expulsados, inhabilitados y revocados, que están recibiendo prebendas y canonjías que el gobierno del estado les está otorgando como son los créditos CEBE, y con la instalación de una mesa por parte de la SEG”.

Echeverría Valenzuela afirmó que en las movilizaciones de la CETEG “vamos a ir con  todo tomando en cuenta que están por consumarse las políticas educativas, labores y sociales, que pretenden revertir los derechos de los trabajadores, como es la iniciativa de ley para que el ISSSTE se equipare al mismo esquema de pensiones y prestaciones del IMSS, lo que marcaría la aniquilación del sistema pensionario que plantea el incremento a 35 años de jubilación para todos”.

Justificó el paro de labores que iniciará el próximo 16 de mayo al reconocer que se verán afectados miles de alumnos, pero señaló que la lucha incluye la demanda de equipamiento e infraestructura, de desayunadores, y de condiciones básicas para poder atender la demanda estudiantil.

Responsabilizó al gobierno estatal del paro laboral, “porque si no detenemos esta política de empobrecimiento del propio presupuesto educativo y en pocos años serán miles los niños que no tendrán acceso a la educación por el proceso de privatización de los servicios que se están dando en todo el país, y eso es más importante que cuantificar los días que no habrá clases, pero que la CETEG de todos modos los vamos recuperar”.

Nélida de Marcos Prudente, vocera de la CETEG, dio a conocer el plan de acción que impulsarán en la jornada de lucha que incluye, entre otros puntos, el inicio del paro laboral indefinido a partir del 16 de mayo, una campaña nacional contra el cacicazgo de la dirigente del PRI, Elba Esther Gordillo, exigiendo a la Fiscalía Especial se le investigue por su participación en la guerra sucia contra el magisterio y por convalidar las políticas de derecha del gobierno de Vicente Fox.

También se demandará al gobernador René Juárez Cisneros más recursos de concurrencia estatal para atender a la niñez, y el reordenamiento de zonas escolares de la región norte y sanciones a jefes y supervisores que están ejecutando la reestructuración de zonas de nivel primaria, concluyó.

 * Uno era de profesora de Educación Preescolar y el otro de licenciado en Educación Física

 Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo * La Dirección de Asuntos Jurídicos de la Universidad Autónoma de Guerrero, demandó ante la agencia del Ministerio Público a María Luisa Rodríguez García, y Ramiro García Serna, por presentar título falso y acta de examen profesional apócrifos, informó el director de Información y Publicaciones de la UAG, Rodrigo Carmona Casiano.

En entrevista explicó que el apoderado legal de la UAG, Antonio Díaz Sereno, recibió el pasado 25 de febrero un oficio enviado por José Luis Lobato Espinosa, director de Autorización y Registro Profesional dependiente de la Dirección General de Profesiones de la SEP, en el que solicitó la verificación y autenticidad del título profesional, certificado de estudios profesionales y acta de examen profesional de la profesora de Educación Preescolar, María Luisa Rodríguez García.

Señaló que el Jurídico de la UAG respondió la institución no oferta la carrera de profesora de Educación Preescolar, y que por lo tanto su documentación era apócrifa ya que incluso se falsificaron las firmas del ex rector Gabino Olea Campos, y del ex secretario general Académico, Armando Chavarría Barrera, fechados en julio de 1994.

Agregó que Díaz Sereno también solicitó a la Procuraduría de Justicia que designe a peritos en documentoscospia y grafoscopía debido a que se falsificaron los sellos de la Rectoría, de la Secretaría General Académica, de la Secretaría de la Comisión Coordinadora de Titulación, así como las firmas de los funcionarios y que tampoco se descartaba que tanto el certificado de estudios, como las certificaciones que hizo el entonces secretario General de gobierno, Jesús Ramírez Guerrero, sean apócrifas, lo mismo que el acta del examen profesional.

Carmona Casiano destacó que en el caso de Ramiro García Serna, se recibió también un oficio el uno de abril del presente año, suscrito por el director de Administración Escolar y Certificación de Competencias de la UAG, Francisco Guerrero Flores, en el que señala que al revisar y certificar los documentos encontró que García Serna había presentado una copia de carta de pasante de la carrera de licenciado en Educación Física, pero que dicha carrera no se encuentra ofertada en la UAG.

Indicó que también se encontró que la carta de pasante lleva las firmas apócrifas del ex rector Marcial Rodríguez Saldaña, y del ex secretario general Académico, Gregorio Fitz García, por lo que también se solicitó apoyo de la Procuraduría de Justicia del Estado, para que designen peritos que practiquen el examen pericial en las materias, ya que los sellos tampoco corresponden a los oficiales que se utilizan en la UAG.

Manifestó que a partir del descubrimiento de los documentos apócrifos “el apoderado de la UAG, Antonio Díaz Sereno, solicitó que se consigne la averiguación previa al juez correspondiente, para que ejercite acción penal, y se libre la orden de aprehensión”.

 * En 2001 la agencia del MP de Asuntos Especiales recibió mil 167 denuncias y sólo recuperaron 250 autos * En 2002 se robaron mil 210 vehículos en el puerto * En lo que va del año van 327

 Alfredo Mondragón * Pese a que en el discurso las autoridades dicen que el robo de automóviles ha disminuido, documentos oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal y Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) indican que va en aumento.  

Tan solo en Acapulco en el año 2002, el crimen organizado se robó mil 210 automóviles y en lo que va del 2003, hasta ayer, iban 327 vehículos, es decir, un promedio mensual de 100 carros mensuales y tres al día. 

Por ello, agentes especiales de la Policía Federal Preventiva (PFP), Agencia Federal de Investigaciones (AFI), se encuentran diseñando nuevas estrategias para combatir las bandas de robacoches y prevén arrestos.

Agentes federales están efectuando un estudio en el puerto para ubicar las bandas de robacoches e incluso tienen detectadas algunas agencias de venta de autos usados, que se dedican a la venta de autos robados con documentos falsos.

Los federales tienen, además, ubicados a los judiciales, policías municipales e incluso a 19 periodistas que portan vehículos de dudosa procedencia y prevén un operativo de decomiso y consignación directa a Ministerios Públicos federales y estatales.

Policías municipales que han detenido robacoches, dicen que los detenidos afirman ser protegidos por la Judicial e incluso que las bandas tienen un deshuesadero de carros en alguna parte de la colonia Jardín Mangos y Renacimiento.

Las policías tienen ubicada una banda que radica en Coyuca de Benítez pero que hace sus operaciones en Acapulco y que las unidades se las llevan rumbo a Zihuatanejo y otros hacia el estado de Morelos y Distrito Federal.

La profesora del Colegio América, Cecilia Farfán Martínez ayer presentó la denuncia número 327 del año en la agencia del MP de Asuntos Especiales debido a que le robaron su vehículo marca Nissan, tipo Tsuru, color gris plata, placas GAZ4387, el cual dejó estacionado en la mañana mientras daba clases y al salir aproximadamente a las 2 de la tarde, ya no lo encontró.

El turista proveniente de León Guanajuato, Alberto Ojeda Ornelas, presentó la denuncia número 326 en la agencia del MP de Asuntos Especiales, debido a que en el estacionamiento de Comercial Mexicana Centro, le robaron su camioneta marca Nissan tipo Pick Up, color rojo, placas HB22372, en menos de 15 minutos mientras hacía algunas compras.

Las autoridades ministeriales y policiacas tienen ubicados 14 puntos en los cuales se han registrado un constante robo de automóviles estacionados y el 25 por ciento de robos con violencia, es decir a mano armada.

La Costera, en los alrededores del centro comercial La Gran Plaza y fraccionamiento Magallanes; el estacionamiento de Comercial Mexicana de la colonia Zapata; la avenida Cuauhtémoc, alrededor del Parque Papagayo y el bulevar de Las Naciones.

Avenida Ruiz Cortínes en la zona de hospitales; avenida Constituyentes en las inmediaciones del mercado central; las calles 3, 4 y 5 de la colonia Bella Vista;

La colonia Progreso, principalmente la calle Bernal Díaz del Castillo, la colonia 20 de Noviembre a la altura de la llave de agua; las colonias Santa Cecilia y Santa Cruz.

En la Unidad Habitacional El Coloso (casos con violencia), el bulevar José López Portillo y Diego Hurtado de Mendoza, en las inmediaciones del cine Variedades.

El sub procurador Antonio Nogueda Carvajal declaró a reporteros de Chilpancingo, con el objetivo de destacar que recuperaron 700 automóviles de 900 que se robaron en toda la entidad. Sin embargo, documentos indican lo contrario.

En el 2001, en Acapulco, la agencia del Ministerio Público especializada en robo de vehículos, de la PGJE, inició mil 167 denuncias y las diferentes policías sólo recuperaron 250 de acuerdo al Libro de Gobierno.

De acuerdo a investigadores en robo de autos el promedio diario es de tres unidades hurtadas por día, principalmente de Volkswagen que son empleados como taxis, en segundo lugar el Tsuru y las camionetas Pick Up.

Documentos oficiales indican que en el 2002 se robaron mil 210 vehículos en el puerto y los meses de mayo, julio y abril, fueron los de mayor incidencia con 119, 118 y 112 vehículos en tres meses.

Aunque el documento pretende demostrar que el robo de vehículos va a la baja con relación a mes por mes del año, la suma total en comparación con el 2001 aumentó con 43 vehículos.

 * Dará a conocer resultados cuando termine la operación que comenzó hace más de 10 días, precisa el alcalde de Acapulco

 Ossiel Pacheco * El alcalde de Acapulco, Alberto López Rosas, dijo ayer que la campaña de despitolización que realiza el ayuntamiento por medio de la Secretaría de Protección y Vialidad (SPV) comenzó hace más de 10 días con operaciones conjuntas para decomisar armas de fuego en diversas colonias del puerto.

No obstante, el edil no quiso precisar en qué puntos se está realizando la campaña de despistolización, pues se trata de operaciones sorpresivas y que el número de policías que participan varía de acuerdo a la zona en que se realiza.

“Hay cosas que no podríamos revelar, pero hay una coordinación con otras instancias, el responsable es el secretario de Protección y Vialidad (Antonio Valenzuela Valdez) y sobre él recae la responsabilidad de esta coordinación”, informó.

Interrogado sobre las instancias que participan, sólo respondió que son diversas y participan cuando se les requiere, pues se trata de un programa que realiza el municipio.

Tampoco quiso detallar cuánto armamento ilegal han decomisado en las diversas colonias del puerto a más de 10 días de comenzada la campaña. No obstante adelantó que una vez culminado el trabajo se habrá de informar a detalle de los resultados.

“Es un tema muy delicado y no podría dar detalles de lo que estamos haciendo en ese renglón, una vez que terminemos los operativos con mucho gusto lo informaremos”, finalizó.

Van 90 homicidios este año en Acapulco

Según cifras oficiales de las agencias del Ministerio Público, en lo que va de 2003 se han registrado en Acapulco 90 homicidios, de los cuales el 50 por ciento corresponden a homicidios dolosos cometidos con armas de fuego y punzocortantes.

En Chilpancingo las agencias del MP registran 78 homicidios. (Alfredo Mondragón)

 Jorge Nava * El coordinador regional de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado de Guerrero (Codehum) en Acapulco, y los presidentes del Colegio y la Barra de Abogados, aprueban la campaña de despistolización que anunció el presidente municipal, Alberto López Rosas.

Tanto por la Codehum, Eusebio Moreno Saldaña; Andrés García Bustamante de la Barra de Abogados y  María de la Luz Reyes Ríos del Colegio de Abogados, confían que con esta medida se contribuirá en la disminución de delitos en la ciudad.

Moreno Saldaña considera que además de pretender que disminuyan los índices delictivos, espera que ya no cualquier persona sin tener permiso porte un arma o la gente responsable pueda portar un arma permitida por la Constitución, “lo vemos positivamente”, remarcó.

Expuso que observa que “es una campaña”, una invitación que hace López Rosas a la población para que reflexione y los invita a que todos respeten esa propuesta.

Acerca de las cifras oficiales del índice delictivo en la entidad, Moreno Saldaña indicó que esa situación es preocupante no nada más para la Codehum sino para los ciudadanos, pero aclaró que no es exclusivo de la entidad sino que hay otros estados.

Ejemplificó el caso del estado de México, por ello llamó a que alguna manera las familias contribuyan en la corrección de los jóvenes.

Además planteó que el panorama del estado, donde la marginación y la pobreza, se acentúa, “es lo que ha orillado a esta situación, motiva a mucha gente a delinquir; la situación que impera la clase marginada de recurrir a estos hechos tan reprobables, como robar”.

García Bustamante dijo que percibe que al presidente municipal le preocupa esta situación, pero además de la campaña, sostuvo que la policía debe vigilar más a la sociedad, porque argumentó que aún cuando con esta medida disminuirá el índice delictivo, también depende de las medidas para combatir la delincuencia, como la creación de fuentes de empleo, oportunidades, y combatir la desintegración familiar.

Desde su punto de vista, García Bustamante señaló que la propia Constitución marca que cualquier persona que porte un arma incurre en una falta.

Matizó que esto está considerado en los delitos de materia federal, donde se señala que la portación de un arma sin licencia, puede ser puesto a disposición del Ministerio Público Federal.

Pidió que ojalá tanto la policía municipal, estatal y federal se coordinen para combatir a la delincuencia, porque se debe de “ir a la baja”, puntualizó.

Remarcó que además de esas medidas, el alcalde debería considerar la profesionalización de la policía, instalar casetas en las colonias, y criticó que los agentes de seguridad de la ciudad en lugar de detener a borrachos, se aboquen al combate de este problema, porque enfatizó que es un reclamo social de todos los ciudadanos aún cuando dijo saber que jamás se va exterminar la delincuencia “mientras exista el ser humano”.

Por último Reyes Ríos aceptó la propuesta siempre y cuando la policía no caiga en excesos como otras corporaciones, señaló.

Dejo claro que en el marco legal la Policía Preventiva tiene facultades para detener a las personas que porten armas y después ponerlas a disposición de las autoridades ministeriales correspondiente.

Sobre las cifras oficiales del panorama delictivo en el estado, la abogada asintió que la “encuesta está a la vista”, por ello señaló que se deben emplear todos los medios para combatir el problema.

 * En la sesión, protestan periodistas, la familia del abogado asesinado Norberto Flores Baños y joyeros de Acapulco

 De la corresponsalía, Chilpancingo * Mantas y pancartas extendidas en las graderías por ciudadanos que denunciaron la inseguridad pública, la impunidad en que actúan las corporaciones policiacas y la protección que se les brinda a bandas que han cometido crímenes, fueron parte de las protestas durante la comparecencia ante el pleno del Congreso local del procurador general de Justicia del Estado, Jesús Ramírez Guerrero.

En la sesión, reporteros de la Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero (APEG) exigieron, así lo decían sus pancartas, que la Procuraduría de Justicia deje de citar a trabajadores de los medios de comunicación para que proporcionen los nombres de sus fuentes de información.

“Por favor, les ruego a los señores que no pueden realizar ninguna manifestación aquí en este recinto, les regamos que desalojen la sala”, dijo a los manifestantes el presidente de la mesa directiva del Congreso, Marco Antonio de la Mora, diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Los reporteros de la APEG estuvieron 10 minutos en el recinto –como lo acordaron en su asamblea de este lunes por la noche– y después se salieron en forma pacífica.

Pero arriba, en las graderías seguían las protestas, y Marco Antonio de la Mora declaró un receso de 10 minutos.

Pero los manifestantes siguieron en pie. Desde su curul, el presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Carlos Sánchez Barrios, le hizo una seña al diputado del PVEM dándole entender de que continuara la sesión.

Las protestas

Elizabeth Patrón Osorio y Rogelio Agustín Esteban, corresponsales de CNI Canal 40 y de El Sol de Acapulco, dijeron que recientemente la Procuraduría de Justicia citó al corresponsal de El Financiero, Alejandro Mendoza Pastrana, para informara el nombre de la fuente que le declaró sobre irregularidades financieras de la obra del encauzamiento del río Huacapa en donde presuntamente está involucrado el secretario de Desarrollo Urbano del Estado, Juan Farill Herrera y el gobernador René Juárez Cisneros.

Los dirigentes de la APEG señalaron que el otro caso es el de la reportera de El Sur, Maribel Gutiérrez Moreno, quien también ha sido citada por la Procuraduría para que proporcione los nombres de sus fuentes sobre presuntos responsables del asesinato de la defensora de los derechos humanos Digna Ochoa.

En las mismas graderías, se encontraban la esposa e hijos del académico de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Norberto Flores Baños, quienes exigían al procurador de Justicia, Jesús Ramírez Guerrero, el esclarecimiento de este crimen ocurrido hace ocho años en Chilpancingo perpetrado por agentes de la Policía Judicial del Estado, varios de ellos todavía prófugos de la justicia.

De igual manera, empresarios joyeros de la ciudad de Acapulco protestaron en las graderías para exigir que la Procuraduría de Justicia esclarezca el asalto que individuos armados perpetraron en sus negocios llevándose un botín de 25 millones de pesos en alhajas de oro.

En la sesión de preguntas, el procurador de Justicia contestó, primero sobre el caso del periodista Alejandro Mendoza, y aceptó que el agente del Ministerio Público lo citó para que comparezca a fin de que proporcione algunos nombres de una información que publicó y que se relaciona con una averiguación previa que se inició.

“Nosotros no estamos intimidando a ninguno de los trabajadores de los medios de comunicación, estamos pidiendo que colaboren pero si no quieren comparecer para que aporten datos, ni modo”, le contestó el procurador al diputado perredista, René Lobato Ramírez.

En relación a los casos de los comandantes de la Policía Judicial del Estado asesinados, Walfred Adame Baylón –asesinado hace tres años– y el de Reynaldo Lozano Cruz, ultimado a balazos hace dos semanas en Acapulco, el procurador aseguró que en nada se relacionan.

Del caso de Walfred Adame dijo que ya hay sentenciados por el juez de la causa por su responsabilidad en este crimen. De Reynaldo Lozano Cruz, “estamos perfeccionando la averiguación previa y pronto solicitaremos al juez que nos obsequie varias órdenes de aprehensión”, dijo.

En investigación, 311 funcionarios de la Procuraduría por recomendaciones de derechos humanos

Informó que durante más de un año que lleva al frente de la Procuraduría de Justicia ha recibido 33 recomendaciones de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum) y de la CNDH.

“Producto de esas recomendaciones hemos iniciado 287 procedimientos administrativos en contra de más de 311 funcionarios de la Procuraduría de Justicia que están sujetos a una investigación”, aseguró.

En el documento que leyó Jesús Ramírez Guerrero, reconoció los rezagos en materia de justicia en el estado y dijo que eso se debe a la falta de recursos públicos.

El el año que comprende este informe, dijo el procurador de Justicia, tres comandantes, siete jefes de grupo y 30 agentes de la PJE fueron cesados de sus funciones y sometidos a proceso.

Casi al final de la comparecencia, aparecieron ciudadanos en las graderías y extendieron una manta que decía: “El procurador de Justicia, Jesús Ramírez Guerrero, sí imparte justicia”.