Licencia del Congreso al diputado local que contenderá para diputado federal

* Autoriza a Lázaro Mazón un viaje a Miami

 Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * El pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad la licencia por tiempo indefinido al diputado local, Alvaro Burgos Barrera que es el candidato del PRI a diputado federal en el distrito 02 con sede en Taxco, y también concedió permiso al alcalde perredista de Iguala, Lázaro Mazón Alonso para un viaje a Miami, Florida, Estados Unidos.

Un tercer dictamen aprobado fue la solicitud de licencia de la regidora Wilfrida Sánchez Tejeda en el municipio de Chilapa, por problemas personales.

El diputado priísta cercano al figueroísmo Alvaro Burgos, fue designado candidato por el CEN luego de que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI declaró inelegible al aguirrista Manuel Saidi Pratt por considerar que no contaba con una conducta adecuada para ser el candidato a diputado federal, luego de haber sido procesado penalmente por homicidio.

Saidi había ganado la elección interna del PRI el pasado 23 de marzo y el aspirante perdedor, el figueroísta Enrique Martiní Castillo lo impugnó bajo el argumento de que no era apto para gobernar y filtró a los medios los expedientes penales exigiendo la inelegibilidad.

Y en el caso del municipio de Iguala, por unanimidad el pleno le otorgó permiso al alcalde, Lázaro Mazón Alonso para ausentarse del cargo del 28 de abril al 4 de mayo.El alcalde viajará a Miami, Florida, para tomar un curso en la universidad estatal sobre marketing político.

Firman Fox y líderes del medio rural el Acuerdo Nacional para el Campo

 * Anuncia programas asistenciales en salud, vivienda, pensiones y reducción del cobro de energía * Dijo que con los mecanismos vigentes, defenderá a los productores mexicanos de maíz blanco y frijol * Ya nadie tendrá pretexto para recurrir a la violencia como solución a los conflictos agrarios del país: Creel

 Ricardo Castillo Díaz, enviado, ciudad de México, * El presidente Vicente Fox Quesada encabezó este lunes la firma del Acuerdo Nacional para el Campo, con la participación de representantes de organizaciones campesinas del país, en un acto al que no asistieron los principales dirigentes de estas agrupaciones en Guerrero.

Los únicos guerrerenses que se presentaron fueron el gobernador René Juárez Cisneros, su secretario de Desarrollo Rural, Héctor Manuel Popoca y el dirigente estatal de la priísta CNC, Moisés Carbajal Millán, quien asistió más bien como parte de la comitiva que llevó el líder nacional de esa central campesina del PRI, Heladio Ramírez López.

También fue visto durante la ceremonia, que se llevó a cabo en el patio central del Palacio Nacional, el dirigente de la Unión de Ejidos y Comunidades Luz de la Montaña, Erasto Cano, informó el secretario Popoca.

Además de Juárez Cisneros, estuvieron gobernadores de todos los partidos, quienes finalmente se adhirieron al Acuerdo signado por Fox, por frentes y organizaciones como El Campo no Aguanta Más, El Barzón, el Congreso Agrario Permanente, la CNC, el Consejo Nacional Agropecuario, la Confederación Nacional Ganadera y la Confederación Nacional de Productores Rurales.

En su turno, al fijar su postura, representantes de campesinos y productores señalaron que el Acuerdo apenas es el comienzo de un compromiso del gobierno federal, y que no representa la solución a los problemas del campo mexicano.

Hubo quienes reprocharon que no es el acuerdo que esperaban, pues no incluye sus principales demandas, como la revisión al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el cese a la persecución de campesinos y la liberación inmediata de decenas de dirigentes, y la modificación al artículo 27 de la Constitución.

Mientras transcurrió el acto se escucharon los gritos de la consigna “Zapata vive, la lucha sigue”, y abucheos durante casi todo el discurso del secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, y silbidos cuando fue mencionado el secretario de la Reforma Agraria, el guerrerense Florencio Salazar Adame.

Asistieron también los presidentes nacionales del PRD, Rosario Robles Berlanga, y del PAN, Luis Felipe Bravo Mena. No estuvo el del PRI, Roberto Madrazo Pintado, aunque envió en su representación a la secretaria general de ese partido, Elba Esther Gordillo. Como “testigos de honor” firmaron el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el panista Armando Salinas Torre, y el de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, el priísta Enrique Jackson. En el público hubo legisladores perredistas, como el coordinador del grupo parlamentario del PRD en el Senado, Jesús Ortega.

Fox Quesada prometió defender dentro y fuera del país al campo mexicano y a sus organizaciones, por lo que reiteró que su gobierno asignará para ello recursos extraordinarios por 2 mil 800 millones de pesos para programas que insistió en decir que representan “una nueva visión”.

“Vamos a aplicar todos los mecanismos de defensa establecidos en las leyes correspondientes, para reducir el efecto de las asimetrías que causan los apoyos y subsidios en el exterior sobre nuestros productos y productores agrícolas, en particular, atenderemos de manera prioritaria los cultivos de maíz blanco y frijol”, dijo el presidente.

Anunció que de esos recursos, 400 millones se destinarán a incrementar y mejorar los servicios de salud, y que “en particular se va a impulsar el seguro popular en el campo”, que explicó, “implica ofrecer mayor atención médica a la población rural, asegurar sin costo medicinas, hospitalización e intervenciones quirúrgicas que se requieran, así como el compromiso de la federación y los estados de construir centros de salud regionales de alta especialidad”.

También dio a conocer que los adultos mayores que viven en el campo recibirán un apoyo especial, para lo cual se han destinado 500 millones de pesos para este año, mientras que los proyectos productivos para mujeres recibirán también 100 millones adicionales.

En materia de vivienda ofreció “un programa de vivienda rural que inicia su operación por 260 millones de pesos”.

El presidente adelantó que “en fecha próxima, también se implantará una tarifa eléctrica nocturna para el campo en las actividades agrícolas que tendrán un costo de 50 por ciento menor que las tarifas vigentes”.

Antes, hablaron dirigentes de las organizaciones. De última hora, fue Carlos Ramos Alba quien lo hizo en nombre de El Campo no Aguanta Más, pues en el programa oficial se tenía considerado que representara a este frente el diputado federal y dirigente nacional del PT, José Narro Céspedes, quien sin embargo, sí ocupó un lugar en el amplio presídium para unas 50 personalidades, entre éstas los gobernadores.

Ramos Alba reclamó que El Campo no Aguanta Más había llegado a la firma de un acuerdo que no es el que se esperaba, porque no fueron incluidas las exigencias centrales de los campesinos.

Rafael Galindo, del Consejo Agrario Permanente, exigió que el presidente Fox no partidice el Acuerdo, pues no debe verse como “una concesión graciosa del gobierno”.

Asimismo advirtió que la administración foxista no debe festejar ni echar las campanas al vuelo, porque con esto no terminará la lucha campesina debido a que todavía no han sido resueltas las demandas centrales del movimiento nacional por el campo.

El dirigente de El Barzón, Alfonso Ramírez Cuéllar, llamó a Fox para que cuanto antes solicite a los gobiernos de Estados Unidos y Canadá la revisión del capítulo agropecuario del TLCAN, para lograr su renegociación y con ello retirar al maíz y al frijol de la desgravación.

Rechazo a la violencia y el tema electoral en el mensaje de Creel

Primer orador de la ceremonia, el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, celebró la firma del Acuerdo, al que definió como una siembra de la democracia, aunque admitió que para lograrse hubo desencuentros que consideró, son “con miras a las elecciones” federales del 6 de julio.

El responsable de la política interna del país y de las negociaciones para la firma de este acuerdo manifestó su rechazo a la violencia e hizo un llamado a la legalidad.

Con la firma de este pacto, dijo, ya nadie tendrá pretexto, nadie tendrá razón para recurrir a la violencia como solución a los conflictos agrarios del país.

Después de las intervenciones de los dirigentes de organizaciones, habló el secretario Usabiaga, en medio de abucheos cuando comenzó y de rechiflas que pedían que terminara con su discurso.

El secretario de Agricultura aseguró que hay disposición y voluntad política en el presidente Fox para resolver los problemas del campo. Sostuvo que con la firma de este acuerdo se demuestra que este es un asunto de alta prioridad para el gobierno federal.

La ingobernabilidad comenzaría por el campo: Sánchez Anaya

En nombre de los gobernadores, el de Tlaxcala, Alfonso Sánchez Anaya, dijo primero que, porque así se lo encomendaron sus colegas, saludaba el diálogo, la firma del Acuerdo “y el esfuerzo del gobierno federal y de las organizaciones campesinas”.

Pero más adelante advirtió que de no atender a fondo el problema del campo se llevará al país a un “suicidio económico y a un riesgo político”.

En este tema, explicó, está una parte del riesgo de la ingobernabilidad.

Criticó la “sexenalidad” de los programas del campo y exigió que éstos sean ajenos a los calendarios electorales. Y como si respondiera al secretario Creel, Sánchez Anaya expresó que no se puede hablar de un México plenamente democrático si un sector determinante como el campo sigue marginado. Y destacó que en los últimos años los gobiernos estatales han aportado más recursos al campo, que el gobierno federal.

Pide la CNC un pacto estatal similar

 Ricardo Castillo Díaz, enviado, ciudad de México El dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en Guerrero, Moisés Carbajal Millán, pidió que el gobernador René Juárez Cisneros convoque a la firma de un pacto estatal, similar al Acuerdo Nacional para el Campo.

En breve entrevista mientras esperaba saludar a su dirigente nacional, Heladio Ramírez López, el dirigente de la CNC oficial consideró que en Guerrero “es urgente” debido a la situación por la que atraviesan los productores de café y copra, principalmente.

Informó que ya se prepara un documento para fijar una postura al respecto, mismo que harán llegar a Juárez Cisneros. “Esperamos que atienda nuestro llamado, porque la situación es crítica”, indicó.

Advirtió que de no encontrar soluciones pronto, los campesinos de Guerrero “tampoco aguantan más”, pues dijo, “varios ya me han dicho que están dispuestos a recurrir al camino de la violencia”.

Carbajal Millán adelantó que en breve convocará a los medios locales para dar más detalles de esta propuesta para la firma de un pacto estatal como el Acuerdo Nacional para el Campo, que insistió, debe se convocado por el gobernador René Juárez.

Busca Pensión Guerrero apoyar campañas del PRI: Beatriz González

   Aurelio Peláez * El Comité Municipal del PRD en Acapulco manifestó su respaldo al alcalde Alberto López Rosas, en la demanda de controversia que interpuso contra el gobierno del estado, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el manejo del programa Pensión Guerrero.

La presidenta de este partido en el puerto, Beatriz González Hurtado, sostuvo que en la forma como se está manejando, Pensión Guerrero tiene un fin electoral, de apoyo a las campañas del PRI en Guerrero.

En conferencia de prensa, en donde estuvo acompañada del secretario general, Serafín González Terrazas, la dirigente perredista dijo que su partido no está de acuerdo en el manejo electoral del programa, y dijo que la Pensión Guerrero debe ser compartida por los gobiernos estatal y municipal, como lo demanda el ayuntamiento de Acapulco.

González Hurtado apuntó que el programa de pensiones a personas de la tercera edad, es una creación del gobierno perredista del Distrito Federal, de Andrés Manuel López Obrador, aunque en aquella ciudad se le da un manejo apartidista.

Asimismo, la dirigente perredista criticó el hecho de que las fracciones parlamentarias en el Congreso local, incluida la del PRD, hayan aprobado la partida para la Pensión Guerrero, que le asigna 120 millones de pesos al gobierno del estado para tal programa. Afirmó que al no reglamentar su manejo, el gobernador René Juárez los ha usado a su conveniencia, ligando sus beneficios a la actividad del PRI.

La dirigente perredista contó que incluso, la secretaria general del Comité estatal del PRI, Silvia Romero, ha reconocido que el PRI participa en la difusión de este programa de pensiones, y que se sabe que hay publicidad de Pensión Guerrero con el logotipo priísta, lo que evidencia el tinte partidista del mismo.

En tanto, el senador del PRI Héctor Vicario afirmó que el PRD y el presidente municipal, Alberto López Rosas, asumen con “doble moral” los programas de pensiones a adultos mayores, pues en tanto partidizan el que realiza el gobierno de Guerrero, no reconocen que en el Distrito Federal el jefe de gobierno perredista, Andrés Manuel López Obrador “no deja ni ver siquiera la programación o el esquema de organización a las delegaciones que tiene el Partido Acción Nacional”.

En una llamada a esta redacción, el senador priísta, coordinador de la campaña electoral de ese partido en Acapulco, insistió que la controversia constitucional interpuesta por el ayuntamiento porteño afectará a los adultos mayores que ya reciben esta pensión, pues aseguró que López Rosas “busca suspenderla”.

Medicinas, orientar el gasto y servicio eficiente, piden diputados a la Ssa

 * Demanda el PRD la destitución de Muñoz Parra

 Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * Al final de la comparecencia en el Congreso del Estado de la secretaria de Salud, Verónica Muñoz Parra, los partidos coincidieron que en los hospitales de Guerrero urgen acciones para cubrir el desabasto de medicinas, reorientar el gasto y eficientar el servicio médico.

El PRD, por conducto de la diputada, Yolanda Villaseñor Landa, exigió su destitución, por las “deficiencias” en la Secretaría de Salud.

Yolanda Villaseñor, acusó a la secretaria de “prepotencia y autoritarismo” por la forma en que se dirigió a los diputados con sus respuestas, “en una muestra de que las comparecencias son puras pasarelas políticas” donde “se informa sin informar nada”, le recriminó.

Agregó que la Secretaría de Salud “es una muestra clara de la descomposición que ha permeado en las esferas gubernamentales durante varias administraciones y refleja en sí la pérdida de valores más elementales como la honestidad y el sentido humano que debe ser eje rector de la dependencia”.

La perredista le señaló a Verónica Muñoz que carece de “calidad y calidez” y le exigió mostrar honestidad para manejar el recurso.

También dio a conocer las carencias en hospitales y el trato “despótico” que dan, señalando que en Acapulco el director “que presume que es medio hermano del gobernador René Juárez Cisneros y tiene denuncias por negligencia y corrupción”.

En términos generales dijo que en materia de salud, hay un “tráfico  de influencias, nepotismo, desabasto de medicamentos en hospitales infuncionales, denuncias penales por negligencias médicas, denuncias por desvío de recursos, trabajadores que se quejan de sus condiciones laborales”.

Demandó al gobernador la destitución de Verónica Muñoz Parra por su “incapacidad” en conducir la dependencia y anunció que pedirán una auditoria externa.

Por el PRI, Reyes Betancourt Linares pidió no convertir el recinto en una arena política, y luego demandó civilidad.

Propuso que la salud no se preste a “presiones o caprichos” y sí responder “a una política para el bien colectivo”.

Las denuncias sin propuestas no contribuyen en nada a resolver problemas, la provocación es recurso de algunos partidos, en el PRI hay propuestas.

Sugirió buscar nuevo modelo de atención en salud, reestructurar administrativamente la Secretaría, informar a la Comisión de Salud el estado  que guarda el seguro popular y su impacto social, establecer coordinación con la Secretaria de Educación para impartir la materia educación para la salud, informar a la sociedad sobre las enfermedades más frecuentes.

También, coadyuvar para que los presupuestos a los institutos de Cancerología y Oftalmológico se ejerzan de manera total, dotar de recursos para que se construya el hospital del Niño y la Mujer en Chilpancingo. Y reconoció el trabajo de la secretaria.

López Rosas, dispuesto a dialogar con René Juárez sobre Pensión Guerrero

 Ossiel Pacheco El alcalde de Acapulco, Alberto López Rosas, sobre el llamado que hizo el arzobispo Felipe Aguirre Franco a resolver mediante el diálogo el diferendo que hay entre el gobierno del estado y el municipio por el programa Pensión Guerrero, dijo estar en la mejor disposición de dialogar con el Ejecutivo estatal, aunque insistió en que el caso está planteado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y va a esperar una resolución.

No obstante, López Rosas entrevistado al término del acto de colocación de la primera piedra de la primera etapa de la planta tratadora de aguas residuales de la Miramar dijo que si hay “voluntad” del gobernador René Juárez Cisneros para retomar “el asunto, estoy en la mejor disposición hacerlo”.

Negó que exista un trasfondo “electoral” de la controversia interpuesta ante la SCJN, sino que atrás de ésta, “hay principios, es dignidad, es participación democrática, ese es el trasfondo para mi, si para la otra instancia el trasfondo es electoral y por ello no quiera que intervengan los ayuntamientos, ellos deberían contestar”.

Ratificó su postura de que los ayuntamientos no deben quedar marginados en la aplicación de los programas sociales, por ello, justificó el juicio de controversia que interpuso el ayuntamiento ante la SCJN, pues no se puede aplicar el criterio que aplica el gobierno del estado, “porque no puede haber tres esfuerzos en materia de salud, de educación, o para el campo”.

Consideró que de aplicarse este criterio traería como consecuencia el fracaso y más retrasos, “toda inversión de gasto social tiene que ser coordinada por las tres instancias de gobierno, así lo hace la federación con el estado y así lo debe de hacer el estado con los municipios”.

 No obstante, asentó que el Ejecutivo del estado le merece respeto, aun cuando entre ambos niveles “tengamos controversias, diferendos en cuanto a puntos de vista en relación a Pensión Guerrero, porque este programa tiene que llegar sin condición alguna a hombres y mujeres mayores de 65 años de edad”.

López Rosas reiteró que el gobierno del estado no tiene porque entregar por sí solo la pensión a los ancianos aceptados de los cinco municipios (Acapulco, Iguala, Chilpancingo, Taxco y Zihuatanejo) previstos dentro del programa, sino que lo tienen que hacer en participación con el gobierno municipal.

“Prácticamente ignoraron al municipio, cuando casi todos los ingresos que percibe el gobierno del estado se perciben en el municipio, quiero recordar también que dentro de la coordinación de las instancias administrativas se tiene que tomar en cuenta a los ayuntamientos por ser el espacio en que recae un beneficio o un prejuicio”, ratificó.

Descartó que mientras no se coordinen trabajos con el gobierno estatal no pondrá en marcha el programa de adultos mayores que ofreció durante su campaña, pues no se pueden duplicar funciones, “no es sano ni conveniente y por tanto vamos a seguir buscando a través de la vía legal el procedimiento para unificar criterios”.

–¿Se enfría la relación con el gobernador del estado?

–Espero que no, estoy siguiendo un trámite legal, no estoy irrumpiendo en marchas ni alterando ningún principio. Simplemente estoy haciendo un planteamiento ante la SCJN y que sea esta instancia la que resuelva.

–¿Ya habló con el gobernador al respecto?

–Después de esto no hemos tenido reunión alguna, espero que haya condiciones para dialogar de este asunto. Estaré dispuesto a tener estos acercamientos con él por el bien de los adultos mayores de Acapulco.

Anticipó que procurará que la SCJN acelere el procedimiento dentro de los términos que establece la ley, pero se sujetará a los tiempos de esta instancia para que resuelva conforme a derecho.

Zeferino Torreblanca fue un buen presidente municipal

Por otro lado, el alcalde dijo que Zeferino Torreblanca Galindo fue “un buen presidente municipal” de Acapulco, y respondió así al halago de su antecesor quien le dio la bienvenida al grupo de los probables candidatos a gobernador del PRD para la contienda del 2005, la cual, dijo el actual edil porteño, “no es algo que me quite el sueño”.

Entrevistado respecto a las declaraciones del ex alcalde de Acapulco y candidato a diputado plurinominal del PRD, Torreblanca Galindo, en el sentido de que sería “un excelente candidato si él lo decide”, López Rosas respondió: “Yo le agradezco, le tengo un gran respeto al contador Zeferino Torreblanca, porque fue un buen presidente en Acapulco” que ahora hace un esfuerzo a favor del PRD, mediante su campaña a diputado federal.

Sobre su posible aspiración a candidato a gobernador, después de que la semana anterior lo propuso un grupo político identificado con él en una conferencia de prensa en Chilpancingo, López Rosas dijo: “No es algo que me quite el sueño, yo ya definí mi postura, no quiero profundizar en esto porque estoy ocupado en otra responsabilidad”.

–El ex alcalde porteño dijo que sería un excelente candidato a la gubernatura.

–Yo le agradezco su opinión, yo le tengo mucho respeto, y reitero que no tengo ninguna inquietud, ni me quita el sueño, yo estoy trabajando en otros aspectos que merecen mi atención.

En cuanto a si se sumará a las campañas de las candidatas del PRD a diputadas federales en los dos distritos de Acapulco, Irma Figueroa Romero, por el 10, y Rosario Herrera Ascencio por el 09, el alcalde respondió que no lo haría pues tiene una responsabilidad, “más importante en este momento, que sería sacar adelante los problemas del municipio”.

“Tengo mis simpatías, tengo tomada mi decisión y en su oportunidad habré de verterla. Algunos domingos si me invitaran las candidatas, los candidatos, con mucho gusto lo haré con mucho gusto, porque soy un militante de mi partido, el PRD”, dijo.

–¿Incluso fuera de Acapulco?

–Incluso fuera de Acapulco, lo haré si tengo alguna invitación, si no se contrapone mi responsabilidad de alcalde bien podría aceptar alguna invitación.

Apoyan regidores y síndicos de Acapulco a Irma Figueroa y Rosario Herrera

Aurelio Peláez En conferencia de prensa, los regidores y síndicos del PRD dieron ayer su respaldo a las candidatas de ese partido a diputadas federales por los distritos 09, Rosario Herrera Ascencio, y del 10, Irma Figueroa Romero. No obstante, la conferencia pareció más bien convocada para mostrar el apoyo a la segunda, la suplente del presidente municipal Alberto López Rosas.

Irma Figueroa tuvo una breve intervención de agradecimiento a los ediles de la fracción perredista. Con voz titubeante dijo ser “un producto de la sociedad civil, comulgo con los principios del PRD, voy a defender en el Congreso de la Unión los principios de este partido, porque este es un partido que tiene proyecto de Nación”.

Explicó, delante de periodistas y regidores, que “el Congreso es la instancia máxima, donde vamos a legislar las mujeres con perspectiva de género; en el Congreso vamos a alzar la voz por Acapulco, pero no quiero ser una representante sólo de Acapulco, sino de la nación. Es tiempo de la esperanza, es tiempo del PRD”.

Al concluir su intervención, que fue la última, el secretario general del partido, Serafín González Terrazas, el moderador, dio un “a todos los medios por su presencia muchas gracias”, y cortó la conferencia, sin la acostumbrada ronda de preguntas y respuestas. Marcial Rodríguez y Fernando Donoso se levantaron inmediatamente, quedando sentados regidores y reporteros en la espera del complemento de la conferencia. En corto, trascendió que el acto se dio así dado que la empresaria y química Irma Figueroa no se acostumbra al contacto con la prensa.

En las intervenciones la precedieron los síndicos Marcial Rodríguez Saldaña y Fernando Donoso Pérez, y la presidenta del Comité Municipal perredista, Beatriz González Hurtado. Estuvieron presentes la mayoría de los regidores: los lopezrrosistas Juana Esteban Arroyo y Alfredo Campos Tabárez; Juan Calixto López, a quien se conoce cercano a Eloy Cisneros, ex precandidato que presentó una queja ante el IFE en contra del proceso de elección de candidato en el distrito 09; Germán Farías Silvestre, cercano al ex regidor Fernando Terrazas, y Ninfa Luna Rodríguez, del grupo de la ex regidora Avelina López.

También, Jacinto Ortiz Luviano, del grupo del diputado federal David Sotelo; Rubén Padilla Fierro, del Frente Cívico de Acapulco; Wulfrano Salgado Romero, felixista del M-27: María de Lourdes Ramírez Terán, del grupo del amalio Serafín González, y Juan Francisco Ramírez Ramírez, cercano a la ex regidora María Félix Ramírez.

También la cívica Alejandrina Javier Santiago, del grupo de Beatriz González, y el amalio Norberto Refugio Chamú.

No estuvieron Nicasio Prudencio Elacio, quien respaldó en la precampaña a Eloy Cisneros, ni José Luis Morales Torres, del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG), quien se mantiene enemistado políticamente con Rosario Herrera, a quien le reprocha el apoyo incondicional que dio al ex alcalde Zeferino Torreblanca, cuando fue presidenta del Comité Municipal, en los conflictos del ayuntamiento con su organización.

Agradece FCA espacio del

PRD a la sociedad civil

El síndico Fernando Donoso –quien llegó a la conferencia en una camioneta del ayuntamiento de Acapulco, asignado a la sindicatura– señaló, al referirse a Irma Figueroa, que “la sociedad civil debe estar orgullosa de contar con un nuevo espacio en el PRD, nuestro agradecimiento al PRD por ese apoyo irrestricto a la sociedad civil”.

De la empresaria Irma Figueroa, explicó que “desde que la conozco, siempre está presta a cualquier petición de ayuda que le presentáramos desde el PRD, o a cualquier ciudadano con necesidad”, y añadió que “siempre ha estado ayudando a quien lo necesita”.

De Rosario Herrera, el también ex presidente del Frente Cívico de Acapulco destacó su labor como presidenta del Comité Municipal, y su actividad como coordinadora de las Brigadas del Sol, y adelantó que seguirá la alianza PRD-FCA.

Rosario Herreral en tanto, adelantó que de ganar la diputación federal, “vamos a amarrar las manos de quienes han hecho uso partidista de los recursos federales”, como es el caso del Empleo Temporal  y los programas de apoyo a los pescadores.

La candidata a diputada en el distrito 09 apuntó en cuanto al programa de pensiones sociales, que promoverá su revisión, dado que en tanto no alcanzan a beneficiar a la mayor parte de las personas de la tercera edad, por otra se otorga a quienes ya cuentan con alguna pensión del IMSS o del ISSSTE.

Ahí, informó también que el ex precandidato a diputado, Regino Díaz, se integrará en breve a su campaña.

El síndico Marcial Rodríguez, coordinador de la fracción de regidores perredistas, abrió la conferencia informando del apoyo de los ediles a las candidatas, y manifestó su confianza en que el PRD ganará las dos diputaciones federales de Acapulco.

Por errores del anterior gobierno, auditan al ayuntamiento de Azueta

 Maricela Santos, corresponsal, Zihuatanejo * La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) realizó a la administración perredista de Zihuatanejo una auditoría debido a que la administración anterior, del priísta Jorge Allec Galeana, enfrentaba un proceso desde el 2000 por un mal cálculo en el impuesto sobre el trabajo que no se corrigió y que derivó en el requerimiento de pago de la diferencia que asciende aproximadamente a un millón de pesos.

Aunado a este conflicto, ayer se dio a conocer de manera oficial que el ex alcalde priísta de Zihuatanejo, Eric Fernández Gómez, ha intentado cobrar al actual gobierno alrededor de 600 mil pesos con contrarecibos de la administración que encabezó por concepto de rentas diversas de aparatos sonido y que tampoco fueron cubiertas por la anterior administración priísta que encabezó Jorge Allec Galeana.

El alcalde azuetense, Amador Campos Aburto, reveló que Fernández Gómez le planteó que tenía contra recibos de alrededor de los 600 mil pesos por cobrar de cuentas públicas de octubre, noviembre y diciembre de 1999 por rentas de sonido de parte de Julio César Villa Franco, que no había podido cobrar por lo que se remitió el caso a la sindicatura municipal.

La tesorera municipal, Gilda Soberanis Gamiño abundó que esta deuda no fue notificada durante el proceso de entrega recepción por parte de la anterior administración, y de la cual dio a conocer que ya se pagaron más de 900 mil pesos de un crédito a Banobras, al hospital general, la CFE, una gasolinera local e impuestos sobre el producto del trabajo y sobre los ingresos.

Dijo que no se cuenta con partidas para cubrir una deuda que institucionalmente no existe y que presuntamente data de 1999 cuando era presidente el propio Eric Fernández y que carecen de las firmas de los tesoreros según los expedientes dejados por el ex alcalde.

Tras conocer el caso, personal de tesorería encontró unas cajas de archivo –que tampoco le fueron entregadas de manera oficial– en donde encontraron copias de contrarecibos y de otras deudas de 1999 que ascenderían a 11 millones de pesos de la cuales ya se han presentado a cobrar diversos conceptos y cantidades, entre ellas 3 millones de pesos que se exigen mediante una demanda interpuesta por el arquitecto Miguel Angel Radilla García así como 40 mil pesos por hospedaje del hotel Zihua-Inn. Gamiño enfatizó que estas deudas no se reconocen porque no le fueron entregadas de forma institucional y que en el caso de las deudas de la administración de Allec Galeana no se habrán de cubrir las que se han presentado a reclamar sin contrarecibos de parte de algunos proveedores puesto que además no ha recibido el estado financiero de la tesorería anterior.

Aunado al problema, en las últimas dos semanas se han realizado por lo menos tres auditorías a la tesorería de Zihuatanejo dos de las cuales fueron del estado y de las que salió “bien librado”. La otra la realizó SCHP con base en un requerimiento que se hizo al gobierno de Allec y del cual no se notificó a la actual administración de extracción perredista.

Ediles de Azueta solicitan dinero para obras

El alcalde Amador Campos Aburto informó también que algunos regidores han requerido la asignación de recursos para hacer obras, y como contrapropuesta ha sugerido que sea Obras Públicas quien ejecute las acciones para evitar designar partidas de dinero a los ediles.

Campos Aburto aprovechó para referirse al programa Pensión Guerrero porque aunque el secretario de Desarrollo Social del estado, Heriberto Huicochea, aseguró que no sería electorero, “lo que vemos es que lo sacan en estos días de elecciones”.

Desatención del anterior gobierno

afecta al ayuntamiento de Iguala

Eduardo Albarrán Orozco, Iguala n El problema de los diez trabajadores despedidos del Lienzo Charro, por cuya causa el ayuntamiento de Iguala sufrió un descuento de 2 millones de pesos en su presupuesto para indemnizarlos, pudo haberse solucionado con tan sólo 100 mil pesos, si la pasada administración municipal hubiera hecho caso a la propuesta del abogado defensor de los empleados, Heriberto Salgado Balderrama.

Según un documento que fue encontrado en el archivo del departamento jurídico el 30 de marzo del 2001, el apoderado legal de los trabajadores despedidos le pidió al entonces presidente municipal Juan Muñoz Caballero que interviniera en la solución de este caso que se presentó desde el año 2000, cuando los trabajadores fueron despedidos.

En el documento, Salgado Balderrama especifica que buscaban el acercamiento con el entonces alcalde, con base en el conocimiento que tenían sobre su “alto espíritu de servicio en bien de la clase trabajadora a la cual siempre ha apoyado en las causas justas, además de conocer su trayectoria y política, al ostentar diversos cargos de la función pública”.

Por ello el objetivo era buscar alternativas de solución a la demanda promovida en contra del ayuntamiento de Iguala y del Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia (DIF) municipal, por haber despedido de su empleo a los diez trabajadores que laboraban en el lienzo charro Rubén Figueroa Figueroa, la cual fue radicada en la segunda secretaría del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado en la ciudad de Chilpancingo.

En el mismo documento se le aclaraba a la primera autoridad que dentro del término legal concedido al ayuntamiento este órgano de gobierno no contestó la demanda correspondiente y el DIF lo hizo pero en forma extemporánea, pero además negó la relación laboral, entre el organismo y los diez trabajadores despedidos.

Aún más se le informaba que pudiera dictarse “laudo condenatorio” en contra del ayuntamiento luego de que se hicieron efectivas las notificaciones y “apercibimientos de tener por contestada la demanda afirmativamente y perdido su derecho para ofrecer pruebas”.

Sin embargo todavía los afectados ofrecían mayores facilidades porque no querían “juzgar o prejuzgar la situación jurídica” y buscaban alternativas prácticas de solución, para evitar el desgaste principalmente económico y proponían que a cada trabajador se le otorgara la cantidad de 10 mil pesos, que daría como total cien mil pesos.

Sin embargo, el ayuntamiento anterior nunca hizo caso de este asunto y el resultado fue que la actual administración recibió por parte de la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado un descuento de 2 millones de pesos de su presupuesto para indemnizar a los diez trabajadores.

Pide Presidencia de la República al estado atender demanda de 200 agentes del MP

 * También los MP solicitan a la Secodam abra una investigación por la inadecuada administración de los recursos federales por funcionarios de la PGJE

 De la corresponsalía; Chilpancingo * Mediante un oficio, la Presidencia de la República requiere al gobierno de René Juárez Cisneros que atienda una demanda de más de 200 agentes del Ministerio Público que desde el año 2000 han estado pidiendo incremento salarial y que funcionarios de la Procuraduría General de Justicia (PGJE) dejen de alterar las cantidades originales de las dotaciones complementarias que la federación envía al gobierno local cada trimestre.

Así también, los Ministerios Públicos solicitan a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) comience una investigación por la inadecuada administración de los recursos federales por funcionarios de la PGJE.

Los representantes sociales dicen en su escrito que enviaron a la Presidencia de la República, que el salario que perciben –en el caso de los titulares de las agencias– es de 2 mil 519 pesos, y los auxiliares mil 880 pesos cada quincena.

Mientras que en otros estados, que al igual que Guerrero son considerados los más pobres del país como Oaxaca, Chiapas y Tabasco, los agentes del Ministerio Público perciben salarios mensuales de 10 mil pesos.

En otro documento firmado por la coordinadora de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, Laura Carrera Lugo da a conocer al gobierno estatal la queja que por escrito enviaron los agentes del Ministerio Público del Fuero Común donde denuncian una serie de irregularidades que prevalecen en la PGJE, la cual está al mando de Jesús Ramírez Guerrero.

“El presidente Vicente Fox recibió la carta en la que solicitan apoyo del gobierno del estado de Guerrero, a fin de que se les homologuen sus salarios como agentes del Ministerio Público, con sus similares de otras entidades federativas”, señala el escrito que envió la Presidencia de la República al gobierno de Juárez Cisneros.

Y en la misma carta, la coordinadora hace de su conocimiento a las autoridades locales que los agentes del MPFC –titulares y auxiliares- han solicitado a la federación que se vigile la entrega trimestral de las dotaciones complementarias establecidas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En el escrito con fecha 15 de noviembre del 2002, los agentes del Ministerio Público del Fuero Común, le piden al presidente Vicente Fox que su gobierno vigile que las dotaciones complementarias que son asignadas a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se les entregue con las cantidades originales fijadas.

Dicen que las cantidades de las dotaciones complementarias son alteradas y manejadas a criterio de los funcionarios de la Procuraduría de Justicia y que se les entrega cada año cuando el Programa establece que se les debe hacer llegar cada tres meses.

En su escrito, los representantes sociales señalan que con los salarios tan raquíticos que perciben contribuyen en gran parte a fomentar la corrupción y que ese es el principal problema que interfiere en un mejor resultado de impartición y administración de justicia.

Indican que llevan casi 4 años solicitando al gobierno local solución a su demanda salarial, pero no han encontrado ninguna eco a su petición.

En respuesta al escrito que envió la oficina de la Presidencia de la República, la secretaria particular del gobernador René Juárez, Dina Villanueva Ríos, le contesta que la demanda de los agentes del Ministerio Público será turnada para su revisión a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

La respuesta de Villanueva Ríos a la Presidencia de la República es con fecha 5 de marzo de este año cuando todavía era titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, el mayor retirado, Luis León Aponte,actual secretario General de Gobierno, aunque se habla que desde su despacho del segundo piso de Palacio de Gobierno, también dirige la dependencia que dejó en manos como encargado de despacho a Arturo Lima quien es uno de sus incondicionales.

El documento que firmaron los agentes del Ministerio Público del Fuero Común, tambián va dirigido al secretario de Seguridad Pública Nacional, Alejandro Gertz Manero y al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanis.

Al ombusdman nacional le piden que se mantegan en alerta porque existen indicios de que una vez que el gobierno federal tome cartas en el asunto contra el gobierno de René Juárez, la PGJE que está a cargo de Jesús Ramírez Guerrero, podría tomar represalias en contra de los que firmaron el documento de protesta.

Ponen a disposición del juez al multihomicida detenido en Miami

 Maricela Santos, corresponsal, Zihuatanejo * El presunto multihomicida Ramón Morales Hernández o Ramón Bailón Mayo fue puesto a disposición del juez primero de lo penal de Zihuatanejo, José Jacobo Gorrostieta Pérez, luego de su llegada al puerto y su traslado a la entidad por parte de la comandancia de la Policía Judicial del Estado.

El inculpado fue detenido el 14 de abril en Estados Unidos por la policía de Miami, Florida por su condición de ilegal, pero fue retenido por las investigaciones que seguía del caso el Departamento de Asuntos Internacionales de la PGR.

Tras la detención del inculpado fue remitido por la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) de Tamaulipas a la Procuraduría General de la República (PGR) en Guerrero aproximadamente a las 20 horas del jueves 24 de abril pasado.

Los agentes de la PGR Ricardo Camacho Mondragón, Amasio de la Cruz Castro y José Manuel Vázquez –con placas 18373,  30812 y 21033 respectivamente– lo trasladaron bajo custodia vía terrestre para ponerlo a disposición de la comandancia regional de la Policía Judicial del Estado a las 12:30 horas del sábado 26 de este mes.

La comandancia de la PJE puso al inculpado a disposición del juez primero penal de primera instancia, José Jacobo Gorrostrieta Pérez a las 1 y media del sábado 26 de abril, siendo entonces remitido al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Zihuatanejo.

El secretario de acuerdos del juzgado primero de lo penal de Zihuatanejo, Francisco Carbajal Jiménez excarceló al inculpado para que rindiera declaración pero en las rejillas se negó a hacerlo bajo el argumento de que fue trasladado a la entidad con engaños porque presuntamente sus padres estaban enfermos por lo que pidió la presencia de sus abogados. La secretaria de Acuerdos precisó que la comparecencia se habrá de tomar a más tardar a la 1 y  media de este lunes cuando vence el término constitucional.

Los familiares de las víctimas azuetenses de Ramón Morales Hernández o Ramón Bailón Mayo se mantuvieron en guardia la tarde del sábado y la mañana del domingo en las afueras del Juzgado Primero de lo penal en espera de que le fuera tomada la declaración debido a que tenían temor de que en el interior del Cereso pudiera tener contacto con los otros dos detenidos implicados en el caso, y en base a ello, modificar sus declaraciones.

Ramón Bailón Mayo o Ramón Morales Hernández es buscado porque en dos meses del 2001 degolló en la entidad a dos personas en Zihuatanejo y otras dos en Ayutla de los Libres de donde es originario.

Estaba prófugo de la justicia desde hace más de dos años por su presunta participación en los homicidios de los azuetenses Fortunato Azuara Gómez de 35 años y Obed Alejandro Padilla Gordillo de 17 años, ambos ocurridos la noche del 26 de enero del 2001 así como por el intento de homicido en agravio de Anabella  Gordillo Romero pareja y madre de las dos personas ultimadas en la colonia infonavit El Hujal.

Bailón Mayo es inculpado junto con María Navarrete Avelino, Carmelo Hernández García y Feliciano Venegas Tornés como probable responsable del delito de homicido en agravio de Fortunato Azuara Gómez y Obed Alejandro  Padilla Gordillo, quienes fueron degollados con un cuchillo según hechos ocurridos en la colonia El Hujal de Zihuatanejo el 26 de enero del 2001 asentados en la causa penal 21/001-2  iniciada el 6 de febrero del mismo año tras la consignación de la averiguación previa AZUE/03/0051/2001. Por esta indagatoria ya fue aprehendida como presunta autora intelectual del crimen María Navarrete y se sentenció en Zihuatanejo a Carmelo Hernández y en Ayutla a Feliciano Venegas Tornés, todos ellos indiciados junto con Bailón Mayo por tentativa de homicido en contra de Anabella Gordillo Romero quien fue la única sobreviviente del incidente donde un grupo de individuos armados con chacos y armas punzocortantes privaron de la vida a su hijo y su pareja.

En Ayutla de los Libres Bailón Mayo es señalado como presunto responsable del homicidio de Félix García Zambrano de 75 años de edad ocurrido el 27 de febrero del 2001 según la averiguación ALLE/SC/01/045/2001, así como por el homicido de Ramón Rodríguez Navarrete de 35 años de edad cometido 18 días después, el 17 de marzo, en la comunidad de Colotepec, según la causa penal 30/2001.