* Engañan a campesinos migrantes, dice

* Afirma el delegado Jorge Mario Rosas que esos trámites son ilegales

* Están vendiendo a campesinos paquetes hasta en 6 mil pesos, denuncia

El delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Jorge Mario Rosas Pineda informó que han descubierto a dos organizaciones campesinas que promueven la gestión de visas y pasaportes, lo cual muchas veces ocasiona que a los campesinos los engañen porque esos trámites son personales.

En entrevista de ayer, a raíz de que en las oficinas de enlace de la SRE de Zihuatanejo, Ciudad Altamirano, Iguala, Chilpancingo y aquí en la delegación, se pegó un aviso donde se les hace de su conocimiento a la población que la única instancia para tramitar visa a Estados Unidos, es la propia embajada de ese país en México y para el trámite de pasaporte, son las oficinas de la SRE.

En el aviso mismo, les piden a la población que no se deje sorprender por asociaciones que ofrecen tramitar visa y pasaporte por cierta cantidad de dinero.

Ante ello, Rosas Pineda admitió que tienen identificadas a la Asociación Nacional Campesina AC y Fomento Agrícola de La Montaña, como las organizaciones que por medio de trípticos o anuncios les ofrecen a la población, previo el pago de cierta cantidad, el trámite tanto de la visa como el pasaporte.

Aunque Rosas Pineda aclaró que no tienen identificadas a personas que hallan hecho el trámite de pasaporte ante esa instancia, no negó que algunas personas hallan logrado por medio de esas organizaciones el requerimiento de ese documento.

Criticó que esos trámites son ilegales, pues expuso que en la SRE a la población se les dá la información gratuita a excepción del pago de derechos por ese documento.

Hizo énfasis en que esos trámites los tiene que hacer la persona que solicita ese derecho ante esa dependencia o en el caso de la visa, señaló que también tiene que acudir directamente la persona a la embajada de Estado Unidos en el país para solicitarla.

Aseguró que las personas de esas agrupaciones les están vendiendo a gente, principalmente campesinos, paquetes hasta en 6 mil pesos e incluso afirmó que existe la promesa por parte de esa gente de llevarlos a trabajar en el país vecino.

Por ello el funcionario insistió en que la gente tiene que “poner ojo” y no aceptar la gestoría de dichas asociaciones.

Incluso Rosas Pineda manifestó que ya hay un caso de que a la encargada de la oficina de enlace de la SRE en Zihuatanejo, en una llamada telefónica la amenazaron con tomar las oficinas de no quitar el aviso donde se les pide a la población de que se deje sorprender por asociaciones que ofrecen tramitar visa y pasaporte.

Añadió que esta advertencia fue hecha por una persona que dijo ser de la Asociación Nacional Campesina.

Rosas Pineda también abundó que en el caso de la agrupación Frente Agrícola de La Montaña llegó información acerca de que esa organización tiene sus oficinas en carretera México-Chilpancingo, kilómetro 269.5 del bulevar Lázaro Cárdenas, en Chilpancingo, y teléfono 017474947525.

Agregó que presuntamente dicha organización es dirigida por Jesús Montalvo, a quien ya le llamó y le dejó un recado con su secretaria, con el fin de entrevistarse con él y hablar de dicha actividad.

Sin embargo, Rosas Pineda asentó que hasta el momento no le llamado Jesús Montalvo.

Acerca de la posibilidad de demandar a dichas organizaciones, el delegado de la SRE aseguró que la dependencia no tiene esa posibilidad.

Recordó que en el caso de Acapulco, recibieron la llamada de una mujer de quien se reservó el derecho a dar su nombre para no ocasionarle algún problema, donde preguntó si le recomendaban el servicio de una organización para que tramitara ambos documentos, sin embargo aseguró que le aclararon que la SRE no avalaba ese tipo de situaciones.

Rosas Pineda criticó que se abuse de las personas que no tienen estudios y que por medio de esas organizaciones hacen esos trámites que no les genera perdida de su dinero de pago por los derechos, pues cuestionó que pasará con el dinero que pagó alguien a alguna de las asociaciones y que no le hallan logrado tramitar dichos documentos.

Llamó a la población no dejarse sorprender, pues acentuó que en el caso de la SRE, en el caso de no lograr obtener el pasaporte, se les regresa el dinero.

* Presenta iniciativa el senador Héctor Astudillo

 

El senador Héctor Astudillo Flores presentó en tribuna este jueves una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, con el objetivo de establecer la obligatoriedad de que las tareas de difusión de la institución se realicen en lenguas indígenas consideradas dentro de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

En un comunicado de prensa, se informa que el senador planteó que de esta manera los indígenas podrán estar mejor informados acerca de los programas y actividades de la dependencia, así como de sus derechos.

Asimismo, propuso la creación de la Unidad Especializada en Asuntos Indígenas, con el propósito de que sea la instancia que provea de todo lo necesario y vigile el cabal cumplimiento de lo dispuesto en el artículo segundo constitucional.

El priísta Astudillo Flores expresó su preocupación por “la grave problemática actual” que enfrentan los pueblos indígenas en materia de impartición de justicia, situación derivada no sólo de la marginación y pobreza que padecen, “sino principalmente por causas lingüísticas”, lo que a todas luces los margina de recibir una asesoría especializada que los oriente y les permita entender, en su lengua original, la defensa que reciben.

Por ello, se manifestó por generar las condiciones legales, institucionales, administrativas y de comportamiento de la autoridad para hacer respetar y hacer valer la debida protección física y patrimonial de los indígenas mexicanos.

De acuerdo con información de la página de Internet del Senado de la República, esta iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Justicia, de Asuntos Indígenas, y de Estudios Legislativos.

* Ramón Bailón Maya, originario de Ayutla

 

* En 2001 degolló a cuatro personas de Zihuatanejo y Ayutla

* Será puesto a disposición de la PGJE porque sus delitos son del orden común

El multihomicida Ramón Bailón Maya, detenido en Estados Unidos por la policía de Miami Florida, fue entregado a la Procuraduría General de la República (PGR) en Guerrero, por parte de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) de Matamoros, Tamaulipas.

La noche del jueves 24 de abril la AFI de Matamoros puso a disposición de la PGR en Guerrero, al multihomicida Ramón Bailón Maya quien en tan sólo dos meses del 2001 degolló en la entidad a cuatro de personas, dos de ellas originarias de Zihuatanejo y dos más de Ayutla de los Libres de donde es originario..

Bailón Maya quien utiliza también el nombre de Ramón Morales Hernández se encontraba prófugo de la justicia desde hace más de dos años pero ya fue entregado a los agentes de la PGR de Guerrero, Ricardo Camacho Mondragón, Amasio de la Cruz Castro y José Manuel Vázquez –con placas 18373, 30812 y 21033 respectivamente– quienes lo trasladan bajo custodia vía terrestre hacia la entidad donde es buscado por la justicia por su presunta participación en los homicidios de los azuetenses Fortunato Azuara Gómez de 35 años y Obed Alejandro             Padilla Gordillo de 17 años, ambos ocurridos la noche del 26 de enero del 2001. Se estima que llegará al puerto el lunes próximo.

El 14 de abril, Bailón Maya fue detenido en Estados Unidos por la Policía de Miami Florida luego de investigaciones efectuadas por el departamento de Asuntos Internacionales de la PGR. Por su calidad de ilegal se notificó de la aprehensión a la AFI en Matamoros Tamaulipas y esta a su vez turnó el caso a la PGR de Guerrero, que estaría poniendo el caso a disposición de la Policía Judicial del Estado (PJE) porque los delitos que se le imputan son del fuero común.

Ramón Bailón Maya está indiciado, junto con María Navarrete Avelino y Carmelo Hernández, García como probable responsable del delito de homicido en agravio de Fortunato Azuara Gómez de 35 años y Obed Alejandro Padilla Gordillo de 17 años quienes fueron degollados presuntamente por el detenido con un cuchillo, según se desprende de hechos ocurridos en la colonia El Hujal de Zihuatanejo el 26 de enero del 2001 asentados en la averiguación AZUE/03/0051/2001. Por esta indagatoria ya fueron aprehendidos y sentenciados María Navarrete y Carmelo Hernández, quienes además están indiciados junto con Bailón Maya por tentativa de homicido en contra de Anabella Gordillo Romero quien fue la única sobreviviente del incidente donde privaron de la vida a su hijo y su pareja.

En Ayutla de los Libres, Bailón Maya es señalado como presunto responsable del homicidio de Félix García Zambrano de 75 años de edad, ocurrido el 27 de febrero del 2001 según la averiguación ALLE/SC/01/045/2001, así como por el homicido de Ramón Rodríguez Navarrete de 33 años de edad cometido el 17 de marzo del mismo año en la comunidad de Colotepec, es decir 18 días después según la causa penal 30/2001. Todos los homicidios en los que se le involucra fueron cometidos con armas punzocortantes y las víctimas fueron degolladas.

* La Cosigro tampoco se ha definido, dice

 

* Hay un total descontento de todos las organizaciones regionales con el contenido del documento, asegura

El dirigente de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), Rogelio Alquisiras Burgos, dijo ayer que aún no hay una postura definida de la Coordinadora de Organizaciones Sociales e Indígenas de Guerrero (Cosigro) en cuanto a la firma del Acuerdo Nacional por el Campo que será el próximo lunes.

Sin embargo señaló que cuando menos en cuanto respecta a las organizaciones que pertenecen a la UNORCA, hay un total descontento con el contenido del acuerdo y que lo más probable es que no avalen la firma del documento.

Dijo que las organizaciones de la Cosigro no se han reunido para acordar una postura “lo más probable es que cada organización decida de manera independiente”, indicó.

Por ejemplo señaló que los dirigentes de la UNORCA están siendo convocados hasta hoy sábado en la ciudad de México para definir una posición al respecto, pero adelantó que “los dirigentes regionales, todos me han manifestado que están insatisfechos con el Acuerdo Nacional por el Campo”.

Por ejemplo, señaló que en el caso del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) “hay señales contradictorias; el presidente dice que sí se va a poder renegociar pero luego sale su vocero y dice que no es cierto”.

También citó como ejemplo el caso de la reforma al artículo 27 constitucional, “en donde no hay nada de avances, no se llegó a ningún acuerdo para que se pudiera garantizar que la propiedad social no fuera mercantilizada”, como se contempla en la reforma del ex presidente, Carlos Salinas de Gortari”.

Indicó que no hubo avances en el asunto de los pueblos indígenas “no se retomó nada de lo que estaban pidiendo las organizaciones para reformar la Ley de derechos y cultura indígena”, dijo Alquisiras Burgos.

Pero además dijo que el fondo de los mil 800 millones que se plantean como inversión al campo, “es una inversión pírrica; todo mundo dice que eso es la inversión de un día y que no va a resolver de fondo los problemas estructurales de falta de inversión de capitalización del campo mexicano”.

Así pues señaló que las demandas principales de los campesinos no se están atendiendo.

Por ello insistió que es posible que la mayoría de las organizaciones no avalen la firma del documento el próximo lunes y que se sostenga la propuesta de que el Acuerdo Nacional sea sólo “un impass” y que “no haya plazos fatales o finales y que se pueda volver a negociar”.

* Refutan al presidente del TSJ, Raúl Calvo

Cuatro presos políticos recluidos en el penal de Acapulco afirman que en Guerrero sí se da la fabricación de delitos, en respuesta a una declaración del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Raúl Calvo Sánchez, quien negó que en las cárceles del estado se encuentren personas inocentes purgando penas por delitos fabricados.

En una carta enviada a esta redacción, los presos Salomé Aguirre Bahena, Angel Guillermo Martínez González, Bulmaro Estévez Morales y José Morales García reseñan cómo fueron detenidos y acusados ellos mismos, que son pruebas de la fabicación de delitos.

Afirman que el Tribunal Superior de Justicia “coadyuva a sostener las falacias y perversidades urdidas por los policías judiciales y agentes del Ministerio Público”, que avalan los métodos que utilizan los cuerpos represivos del gobierno, como la tortura y la privación ilegal de la libertad y la incomunicación, que muchas veces se ejecutan con el apoyo de miembros del Ejército mexicano.

Del caso de Salomé Aguirre Bahena, miembro de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, señala que está sentenciado a 15 años de prisión, acusado de secuestro y portación de armas prohibidas, a pesar de que el presunto agraviado nunca hizo un señalamiento contra él.

Afirman que esos delitos que le fueron fabricados cuando fue incomunicado, y torturado física y psicológicamente durante más de 14 días, hasta arrancarle por medio de la coacción y la tortura la confesión que deseaban los policías judiciales.

Del caso de Angel Guillermo Martínez, quien estuvo en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, de noviembre de 1999 hasta el mes pasado, en la carta se plantea que fue secuestrado por agentes de la Policía Judicial y elementos del Ejército mexicano, sacado del interior de su domicilio, sin orden de aprehensión, llevado a la zona militar de Chilpancingo, traído después a la zona militar de Acapulco, torturado física y psicológicamente, incomunicado y vendado de los ojos, atado de pies y manos por más de 15 días. Con esto, fue obligado a firmar supuestas declaraciones ministeriales que no tuvo oportunidad de leer.

Finalmente, se refieren al caso más reciente, de Bulmaro Estévez Morales, campesino originario de Yerbasantita, sierra de Coyuca de Benítez, a quien un comandante de la PJE, José Efraín Maldonado Saldaña, lo arrestó sin orden de aprehensión, lo torturó más de seis días, y la fabricó el delito de portación de un arma prohibida, que el detenido nunca antes había visto.

* Fue citado para revelar fuentes informativas

 

El corresponsal de El Financiero y reportero del periódico El Sol de Chilpancingo, Alejandro Mendoza Pastrana, acudió ante el responsable del Programa de Agravios a Periodistas de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum), Adelaido Memije, para interponer una queja contra la Procuraduría de Justicia que lo citó a comparecer para que revele nombres de sus fuentes de información sobre las irregularidades de la obra del encauzamiento del río Huacapa.

Mendoza Pastrana quien es también conductor del noticiero Este Día que trasmite la estación de radio La Explosiva en esta ciudad, pidió a este organisno el apoyo a fin de que se hagan respetar los derechos que le otorga la Constitución General de la República para el desempeño de su actividad periodística.

Pidió a este organismo un pronunciamiento público respecto a la necesidad y el derecho de que el periodista no revele los nombres de sus fuentes informativas en Guerrero.

En el documento, Pastrana dice que el asunto que se aborda en la publicación periodística a la que hace alusión el citatorio de la Procuraduría de Justicia que envió la agente del Ministerio Público del Fuero Común, Elizabeth López Peña, se relaciona con supuestos actos de corrupción y tráfico de influencias en la construcción de la obra pública que el realiza el gobierno del estado.

De manera directa se menciona a la Constructora Torreblanca, al ex secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Juan Farill Herrera, y a la hija del ex gobernador Raymundo Abarca Alarcón, Yolanda Abarca.

* Revive un conflicto ya resuelto, dice un asesor

 

El asesor de los comuneros de Acatepec, Raymundo Castro Aparicio, responsabilizó ayer al alcalde de Zapotitlán , Silvino Mosso Porfirio, de la violencia que llegue a registrarse entre pobladores de ambos municipios porque él es quien está azuzando a sus representados y “revivió un conflicto que ya se había resuelto”.

El abogado señaló que el alcalde panista revivió el conflicto “para legitimarse con los habitantes de la región en conflicto porque no lo apoyaron en las elecciones, pues ellos respaldaban al dirigente de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), Marcial Dircio Ortega, quien actualmente se encuentra preso.

El asesor de los comuneros dijo además que el conflicto por las mil 700 hectáreas de tierras entre comuneros de Acatepec y Zapotitlán Tablas ya se había resuelto con la firma de un convenio entre las autoridades comunales de los dos municipios desde el año 2000.

Informó que el acuerdo fue que a los comuneros de Acatepec correspondían el 40 por ciento de las mil 700 hectáreas y el 60 por ciento a los de Zapotitlán Tablas; explicó que en la reunión estuvieron las autoridades comunales y comuneros de ambas partes, autoridades municipales de Zapotitlán Tablas y Acatepec, autoridades estatales y federales quienes atestiguaron la firma del documento.

Indicó que lo que quedó pendiente por resolver fue la reubicación de dos familias de Zapotitlán Tablas que al realizarse la delimitación quedaron del lado de Acatepec.

Informó que el gobierno estatal se comprometió a reubicar las dos familias e indemnizarlas por los daños que se les ocasionara, indicó que al principio las dos familias estaban de acuerdo y que sólo pidieron que los esperaran a reparar la cosecha de la temporada, pero que después, asesorados por el dirigente de la LARSEZ, Dircio Ortega empezaron a negarse a la reubicación.

Añadió que el conflicto vino a agravarse más al llegar el actual alcalde panista, Mosso Porfirio, quien aprovechándose de la negativa de las dos familias que se negaban a reubicarse pidió que se reabriera el caso ya sancionado por el Tribunal Agrario conforme al convenio firmado en el 2000.

Indicó que el edil está azuzando a los habitantes de Zapotitlán Tablas para que exijan la anulación de los acuerdos que distribuyen en un 60 por ciento de las mil 700 hectáreas para los de Zapotitlán y el 40 por ciento para los de Acatepec y recuperen todas las mil 700 hectáreas de tierras comunales para ellos.

Castro Aparicio agregó que la tensión aumentó a partir del 17 de abril pasado cuando unos 500 ciudadanos de Zapotitlán armados y encabezados por el alcalde, tiraron la cerca que habían levantado los de Acatepec para proteger su 40 por ciento de las mil 700 hectáreas debido a que los de Zapotitlán “no respetaban el acuerdo del 200 y estaban saqueando la madera y quemando los bosques del área ubicada dentro del 40 por ciento que corresponde a los de Acatepec.

Dijo que no sólo tiraron la cerca sino que destruyeron las mojoneras que ya estaban reconocidas por las autoridades comunales para delimitar los terrenos que corresponden a los comuneros de uno y otro municipio.

Dijo que ese mismo día (el 17 de abril) los habitantes de Acatepec ya se estaban organizando para ir a enfrentarse con los de Zapotitlán Tablas, pero que él y las autoridades municipales les convencieron de que esperaran que la solución se resolviera mediante el dialogo y con la intervención de las autoridades estatales.

Indicó que el lunes de la semana pasada subieron el subsecretario de Asuntos Agrarios, Esaú Tapia, el director de Regularización de la Tenencia de la Tierra del gobierno estatal, José Luis Peralta Flores, un representante de la Procuraduría Agraria y de la Secretaría de Asuntos Indígenas, quienes propusieron a los comuneros de Zapotitlán Tablas indemnizar a las familias que serían reubicadas para que se resolviera el conflicto y se respetaran los acuerdos del 2000, pero comuneros y autoridades municipales de Zapotitlán rechazaron la oferta.

Indicó que ahora los de Acatepec, han advertido que en caso de que los de Zapotitlán Tablas desconozcan los acuerdos del 2000 recuperarán “por la vía que sea las mil 700 hectáreas que están en conflicto y no sólo su 40 por ciento”. Señaló que actualmente el ambiente es tenso.

* Toca al Congreso modificar o no la Ley de Amnistía, dice Calvo Sánchez

 

* La ley sólo considera como posibles beneficiarios a presos que hayan cometido delitos como sedición y rebelión, señalan magistrados

* Ratifican a Calvo Sánchez como presidente del TSJ

En una sesión donde se ratificó por segundo año consecutivo al magistrado Raúl Calvo Sánchez como presidente del Tribunal Superior de Justicia, el pleno rechazó por unanimidad de votos el exhorto que les envió el Congreso local en el sentido de que nombre una comisión de magistrados que revise cada uno de los expedientes de las personas que podrían ser consideradas como beneficiarias de la Ley de Amnistía.

En el acuerdo aprobado por el pleno del TSJ, le contesta al Poder Legislativo que el servicio de administrar e impartir justicia no es conforme a las disposiciones para la creación de una comisión de magistrados, para que se avoque a la revisión exhaustiva de cada uno de los expedientes de aquellas personas que las organizaciones sociales consideran presos por motivos políticos, ya que la regulación de los procesos penales está plenamente determinada por las leyes procesales y sustantivas previamente establecidas.

En entrevista con el presidente del TSJ, Raúl Calvo Sánchez, señaló que los jueces que hayan dictado una sentencia contra personas que las organizaciones sociales estén pidiendo que se les beneficie con la Ley de Amnistía, “ejercieron sus atribuciones y actúan con imparcialidad e independencia”.

Y es que en la mayoría de los casos de presos que las organizaciones sociales piden que sean beneficiados con la Ley de Amnistía ya fueron sentenciados o bien enfrentan procesos por delitos graves como el homicidio, secuestro o bien tienen delitos del orden federal como portación de armas para uso exclusivo del Ejército y la Armada de México.

La Ley de Amnistía solamente considera como posibles beneficiarios de esta legislación a presos que, dijo Calvo, han cometido delitos considerados como de “índole político” como sedición y rebelión.

Señaló que ahora le corresponde al Congreso local si modifica o no la Ley de Amnistía en la que se contemple que los beneficiarios por esta legislación puedan estar los que cometieron delitos graves como el homicidio y el secuestro.

En la misma sesión del pleno del TSJ, los magistrados aprobaron por unanimidad la ratificación de Raúl Calvo Sánchez como presidente del Poder Judicial quien en entrevista con los representantes de los medios de comunicación agradeció el apoyo de sus compañeros, y se pronunció porque haya una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial que establezca que el presidente de este órgano dure dos o tres años.

En ese sentido, el pleno del TSJ, aprobó el nombramiento de Rufino Miranda Añorve –hermano del ex secretario General de Gobierno, Marcelino Miranda Añorve- como consejero del Consejo de la Judicatura.

En la lista de aspirantes para ocupar este cargo también se apuntó el magistrado Vicente Rodríguez, quien al ver que la votación para la elección del nuevo consejero de la Judicatura se dividió, declinó en favor del hermano del ex secretario general de Gobierno.

Finalmente, con una abstención del magistrado Edilberto Calderón, el resto de los funcionarios del Poder Judicial votaron por Rufino quien hace tres semanas junto con sus homólogo, Edilberto Calderón Brito y José Luis Bello Muñoz, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) determinó el no ejercicio de la acción penal en su contra por el delito de ejercicio indebido de la función pública.

Los demás puntos de la sesión del pleno del TSJ fueron de puro trámite e incluso luego de que Raúl Calvo Sánchez fue ratificado en el             cargo como presidente por otro año como presidente del Poder Judicial, hubo un momento de relax.

Desde su sillón, Calvo Sánchez bromeaba con sus homólogos, sin embargo su estado de ánimo contrastaba con la seriedad del presidente de la Sala Penal, Luis Camacho Castañón, uno de los más veteranos en el Poder Judicial y que ha protagonizado varios escándalos en las mismas sesiones del pleno.

* Sustituirá a Mariano Alonso Marcos

 

El que fuera secretario de Administración y Finanzas al final de la administración de Zeferino Torreblanca, Enrique Pasta Muñúzuri asumirá el cargo de rector de la Universidad Loyola del Pacífico en sustitución de Mariano I. Alonso Marcos.

En boletín de prensa de esa institución educativa, se informa que Pasta Muñúzuri estará en ese cargo del 30 de mayo próximo al 31 de mayo del 2007.

Se detalla que la toma de protesta será el 30 de mayo, día en que Alonso Marcos rinda su último informe de actividades.

Pasta Muñúzuri es ingeniero civil egresado del Tecnológico de Monterrey, y maestro en ingeniería con especialidad en ingeniería sísmica por la Universidad de California, en Berkeley.

Dentro de su experiencia laboral, Pasta Muñúzuri desempeñó su última actividad como servidor público como secretario de Administración y Finanzas del ayuntamiento en la administración anterior.

El boletín indica que fue presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Guerrero AC, y agrega que desde 1997 Pasta Muñúzuri ha apoyado a esa institución desde el Patronato Enseñanza e Investigación Superior de Acapulco AC.

* Respetar el resolutivo, pide el STTAISUAG

La presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Chilpancingo (JLCA), Yolanda Carbajal Bernabé aseguró que el resolutivo que dio a conocer el juzgado primero de distrito en la entidad por el que desechó el recurso de amparo presentado por el secretario del comité paralelo del Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la Universidad Autónoma de Guerrero (STTAISUAG), Fidencio Pérez López, demostró que el dictamen que emitió a favor de Pedro Salazar Trinidad como dirigente de ese gremio, estuvo apegado a derecho.

El pasado 21 de enero, la JLCA dio a conocer la toma de nota en el que ratificó como nuevo secretario general a Pedro Salazar Trinidad, por haber cubierto todos los requisitos que marca la convocatoria para el cambio de comité ejecutivo central del STTAISUAG.

Aunque la titular de la Junta consideró que los quejosos, en este caso Fidencio Pérez López y sus seguidores, pueden acudir a otro recurso de impugnación, que finalmente hicieron, y entonces todo dependería de la respuesta que la autoridad federal que les pudiera dar.

En entrevista, dijo ayer que con el dictamen dado a conocer por el juzgado primero, suman ya dos determinaciones a favor de Pedro Salazar Trinidad, por lo que recordó que en su momento la Junta analizó las pruebas que ambas fracciones presentaron en las que se reclamaron como legítimos representantes del STTAISUAG.

Carbajal Bernabé señaló que ahora también, según los medios de comunicación, la autoridad federal determinó el mismo criterio que adoptó la JLCA para reconocer a Pedro Salazar Trinidad como secretario general de ese sindicato.

Manifestó que cualquiera de las dos partes está en libertad de crear un nuevo sindicato paralelo –como sucedió en el caso del STAUAG durante el rectorado de Gabino Olea Campos– pero que eso ya dependería de la decisión de la mayoría de los trabajadores afiliados al STTAISUAG.

Indicó que la Junta sólo reconoce al sindicato que cumpla los requisitos que señala la ley y los propios estatutos del gremio, entre ellos la titularidad del contrato colectivo de trabajo “y en ese sentido siempre nos apegaremos a la ley, como ha sido hasta ahora”, concluyó.

Teníamos la razón, dice Salazar

Por su parte, el secretario general del STTAISUAG, Pedro Salazar Trinidad, entrevistado por teléfono dijo que el resolutivo del juzgado primero “vino a ratificar que nosotros teníamos razón y que nos hemos apegado a lo que señalan nuestros estatutos, no fue de gratis”.

Asimismo, hizo un llamado fraterno tanto al rector de la UAG, Nelson Valle López, como a los dirigentes de los dos comités ejecutivos paralelos que encabezan Fidencio Pérez, y el de Isauro Cerón Silverio, para que reconozcan el resolutivo del juzgado: “Ya es justo que después de casi siete meses haya estabilidad en el STTAISUAG”.

El líder sindical indicó que esperan que el próximo lunes el rector cumpla su palabra y reconozca oficialmente al comité ejecutivo central que encabeza. “Nosotros hemos sido pacientes, y hemos actuado apegados a los estatutos y a las leyes universitarias, por lo tanto esperamos que ahora sí se respete el resolutivo del juzgado”.

También hizo un llamado a los trabajadores administrativos y de intendencia a estar atentos y continuar la lucha por el respeto a la decisión que se tomó en las elecciones para el cambio del comité ejecutivo central del STTAISUAG, en el que resultó electo, concluyó.