El director de Salud municipal, Henry Durán Dangod, descartó que la atención brindada este domingo en Caletilla a una niña que no podía abrir los ojos por ardor, se deba a lo que llamó “la presunta contaminación” de la playa.

El médico indicó que en el reporte recibido por el módulo de salud de Caletilla, se indica que no se trató de un asunto de gravedad, y que incluso no fue necesario que la menor de 10 años fuera atendida por un médico, sino por los paramédicos.

Explicó que de haberse tratado de un efecto por contaminación de playa, la paciente habría presentado un cuadro de conjuntivitis que no fue el caso. Esta –admitió– es la inflamación de la conjuntiva por gérmenes bacterianos o virales, pero su proceso es largo y dura horas o hasta días.

La niña atendida –manifestó el funcionario municipal– no tuvo lagaña en abundancia o lagrimeo, y los paramédicos reportaron que fue un exceso de bronceador”.

Indicó que “desde mi punto de vista médico no se concibe que un contacto con el agua dé una manifestación de infección, si es que dicen que puede estar contaminada. No puede haber ninguna relación lo que ocurrió con una presunta contaminación”.

Durán Dangod insistió en que “queda descartado por completo” que sea una infección “por la evolución misma”.Y añadió: “Nosotros pensamos que no hay ninguna relación con la hipótesis de la contaminación. No tenemos informe de ningún paciente reportado por conjuntivitis en esa zona ni en ninguna otra playa”.

Finalmente, informó que hubo un total de 412 atenciones médicas en toda la franja turística. Por diarrea fueron 14 atenciones, 48 por enfermedades respiratorias, 36 por golpes, 78 por heridas o raspones, 4 por crisis convulsivas, 12 por enfermedades ácido pépticas, 19 consultas a pacientes sanos, 7 por inmersión y 4 fallecimientos. Asimismo indicó que hubo otro tipo de atenciones menos frecuentes.

Explicó que en Caletilla y Caleta hubo un promedio de nueve consultas diarias, por lo que habría entre 40 y 50 durante la Semana Santa. En ese lugar –añadió– hubo una ambulancia del ISSSTE y un médico del DIF de manera permanente.

En ninguna playa –subrayó Durán Dangod– se prestaron atenciones médicas por algún problema dermatológico.

 * Ha golpeado a campesinos, hace disparos al aire y corta el suministro de agua a los que están en su contra t Por segunda ocasión piden la intervención de la Codehum

 Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Un grupo de ciudadanos de Jalapa, municipio de Eduardo Neri, solicitaron ayer, por segunda ocasión, la intervención de la Comisión Estatal de Defensa de Derechos Humanos (Codehum) para lograr la destitución de su delegado municipal, Tomás Marino Organista, a quien acusan de múltiples atropellos en los cinco meses que lleva en el cargo.

La comisión de campesinos inconformes que acudió ayer a la Codehum, denunció que el citado delegado fue impuesto en diciembre pasado por el alcalde de Eduardo Neri, con cabecera en Zumpango del Río, Bertín Sánchez Reyna y que es protegido por el primo de éste, el presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Carlos Sánchez Barrios.

Esta es la segunda vez que el grupo de inconformes acude a la Codehum para denunciar a Marino Organista y hace dos meses el organismo envió una recomendación al alcalde Sánchez Reyna pidiendo la revisión de las denuncias y, en su caso, una nueva elección para delegado, sin embargo el presidente municipal ha desdeñado la recomendación, según informó uno de los inconformes, Emiliano Marino Arcos.

Los atropellos

Cuando apenas tenía un mes de haber asumido la delegación municipal, Marino Organista golpeó, sin motivo aparente, al campesino Florencio Santiago Vázquez, la agresión ocurrió el 20 de enero pasado en la misma comunidad.

Asimismo el pasado 1 de abril, el delegado viajaba a bordo de su camioneta acompañado de sus hermanos Odilón y Cirilo Marino Organista cuando atropellaron al niño de 3 años de edad, Javier Martínez Hernández, que resultó lesionado de un brazo.

Sin embargo, en vez de asumir su responsabilidad y cubrir los gastos médicos a los padres del niño, Silvino Martínez Hilario y Avelina Hernández García, presentó una denuncia ante la agencia del Ministerio Público de Chilpancingo por daños en contra de Sidronio Martínez Castro, Felícitas Peña Rivera, Carmela Hilario Sánchez, Herlinda Tinoco de Jesús y en contra de la madre del niño, quienes fueron a auxiliar al menor atropellado.

Marino Arcos explicó que el delegado municipal denunció que este grupo de personas ocasionaron daños a su camioneta, “pero eso es sólo para evadir su responsabilidad”.

El delegado municipal también ha ordenado el corte del suministro de agua a la familia de Sidronio Martínez Castro y en noviembre del año pasado, antes de que fuera impuesto como delegado municipal, destruyó la cerca de la parcela del campesino Emiliano Marino Arcos y ahora, ya como delegado, ha amenazado con cortar el agua y la energía eléctrica a todos los que están en su contra en ese pueblo, según la queja del grupo de ciudadanos inconformes.

Asimismo, “para imponer el orden y el temor” hacia él entre los habitantes, por las noches, acompañado de los policías hace disparos al aire.

“Estamos realmente sufriendo los atropellos de ese señor a quien no elegimos nosotros, por eso no sólo pedimos la intervención de la Comisión de Derechos Humanos, a quien no le hacen caso, sino del gobernador René Juárez porque es un asunto que de verdad ya no aguantamos”, dijo Emiliano Marino, quien encabezó a unos diez inconformes.

Y es que insistieron que el delegado no sólo goza de la protección del presidente municipal Sánchez Reyna, sino también del presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Carlos Sánchez Barrios.

Explicaron que al principio no lo creían, “porque era él quien lo decía a todo el mundo”, sin embargo comenzaron a creerlo cuando Sánchez Barrios visitó al delegado en la comunidad el 15 de febrero y al día siguiente el delegado y sus hermanos así como algunos de su gente comenzaron a destruir las cercas de los lotes de 10 de los disidentes.

Otros indicios de que la familia Sánchez Barrios está apoyando al delegado es el hecho de que no prosperen las denuncias que han presentado en su contra ante la agencia del Ministerio Público, una de ellas la Bra/Sc/1966/2002 que presentó por daños Emiliano Marino Arcos.

Asimismo insisten en que el delegado goza de impunidad debido a que el alcalde Sánchez Reyna no ha acatado la recomendación 040 que hace dos meses envió la Codehum para que revise las denuncias y que se proceda con una nueva elección de delegado.

Los inconformes denunciaron que el actual delegado “es un cacique” porque desde hace 20 años la delegación ha estado encabezada por su familia. Antes de él, han sido delegados su padre Vicente Marino Campos, y sus hermanos.

Dijeron que aunque el periodo para los delegados es de un año, “ellos tardan el tiempo que quieren y luego se la van pasando entre ellos”.

 * El jefe policiaco al que suple estuvo involucrado en atropellos contra ciudadanos de Zacapuato

 Gregorio Urieta, corresponsal, Ciudad Altamirano * El comandante regional de la Policía Judicial del estado (PJE), Humberto Velázquez Delgado, fue sustituido por Salvador Sánchez Loza, quien ya en otra ocasión ha desempeñado esa función en la región de Tierra Caliente. El comandante Velásquez fue cambiado a Acapulco, en los acostumbrados cambios que efectúa la Procuraduría de Justicia a pesar del cuestionado desempeño de los funcionarios judiciales.

No se informó de las razones del cambio de Humberto Velázquez Delgado, sin embargo, a principios de este mes hubo una fuerte protesta de 46 comisarios municipales de Cutzamala de Pinzón, los que apoyados por el alcalde Isidro Duarte Cabrera, presentaron ante el nuevo delegado regional de la PGJE, Jesús Alemán del Carmen, sus quejas sobre el desempeño de los judiciales destacamentados en Cutzamala.

Y es que, dijeron en aquella ocasión los comisarios municipales, el grupo destacamentado en Cutzamala había cometido diversos atropellos en las comunidades de ese municipio. Lo que colmó la paciencia de los comisarios, fue un grupo  de seis judiciales, que en estado de ebriedad, a fines de marzo se presentaron en un billar de Zacapuato. Según la denuncia expuesta, los judiciales pistola en mano formaron a los parroquianos y los esculcaron, llevándose dinero y pertenencias personales. En un humilde puesto de cena, consumieron lo que quisieron y no pagaron nada. Esa misma noche, el mismo grupo de ebrios policías se dirigió a la comunidad de El Tule, en donde se introdujeron a una cantina y al dueño le quitaron todo el producto de la venta.

Dos días después de esos acontecimientos, los comisarios de esos lugares se apersonaron ante el alcalde Isidro Duarte Cabrera, quien solicitó hablar con el comandante regional Humberto Velásquez Delgado. Este, después de escuchar la queja del alcalde, salió de la oficina de este azotando al puerta. Finalmente, se dio el cambio del comandante regional, pero no se sabe de algún castigo a los judiciales de Cutzamala que suelen trabajar con un sujeto que funge como madrina y que es originario de la cabecera municipal.

 * El ex escolta del ex procurador Javier Vega Memije fue liberado casi de inmediato

 Francisco Magaña, corresponsal, Atoyac * En el último día de la Feria del Café, preventivos detuvieron al agente de la AFI, Tomás Salas Bello, ex escolta del ex procurador de Justicia, Javier Vega Memije, quien protagonizó una balacera en una carpa.

El gobierno municipal de Atoyac manejó con hermetismo la detención y liberación casi inmediata del policía federal.

Según informes de los testigos, los hechos se registraron en el interior de la carpa de la cervecería Sol, a las 12 de la noche del domingo, minutos antes de la clausura de la Feria del Café y el Comercio, y cuando el alcalde German Adame Bautista se congratulaba de anunciar un saldo blanco en estas festividades.

Dicen que el judicial federal disparó varios tiros al aire con una pistola Pietro Beretta de 15 cartuchos de .9 milímetros, sin importarte que en  el lugar se hallaran cientos de parroquianos, quienes salieron corriendo al temer que se suscitaba una balacera en el interior del lugar.

Salas Bellos charoleo al personal de Seguridad Pública que acudió a investigar el motivo de los balazos, y que les señalaba que no podían detenerlo, porque era judicial federal, corporación que se sabe ya desapareció y opera actualmente como Agencia Federal de Investigaciones (AFI). 

El ex escolta del ex procurador del estado, Javier Vega Memije fue remitido a la barandilla donde según informes extraoficiales, salió casi después de las 3 de la madrugada.

La situación del judicial federal no se reporto en el parte de novedades, que cada día se presenta a  los integrantes de Cabildo e incluso personal de Seguridad Pública desconocía que se haya mantenido ahí al policía.

El síndico municipal Juan Méndez Mejia reconoció ante la prensa que efectivamente el sujeto fue detenido pero argumentó que se le disparó el arma por accidente y que él no podía detener a una persona ni ponerlo a disposición por que era de fuero federal.

Así mismo, personal de Seguridad Pública,  evidenció que policías judiciales del estado, entraron por la fuerza y sin pagar al palenque, pues se amagaron con los preventivos que vigilaban el lugar.

 * Detiene el Ejército a Carlos Valdovinos Rodríguez por portar una pistola .380 con 27 cartuchos

 Maricela Santos, corresponsal, Zihuatanejo * Decenas de militares se encuentran patrullando desde el fin de semana la comunidad de Petacalco, de La Unión, luego de que el Ejército Mexicano detuvo a Carlos Valdovinos Rodríguez por la portación de un arma .380 super con 27 cartuchos útiles y de que trascendiera que la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) cateó, a petición del Ejército, una casa donde decomisaron 66 cartuchos de armas de diferentes calibres.

Fuentes del 19 Batallón de Infantería confirmaron que se procedió a efectuar esta operación debido a que desde una casa cercana a la termoeléctrica de Petacalco se emitieron disparos, por lo que posteriormente el mismo Ejército pidió la intervención de la AFI.

El síndico de La Unión, Tobías Barragán Farías originario de Petacalco, confirmó que el 19 y 20 de abril, varios grupos de militares patrullaron las calles de la comunidad de Petacalco, cerca de la termoeléctrica y colocaron dos retenes de revisión, cuando regularmente el Ejército sólo coloca uno. El secretario general de ese municipio, Eusebio Pérez Almonte, subrayó que la Policía Preventiva municipal fue ajena a estas acciones que son prácticas periódicas de rutina del Ejército.

Durante el dispositivo, la noche del sábado 19 el Ejército detuvo en posesión de una escuadra .38 super con 27 cartuchos útiles a Carlos Valdovinos Rodríguez, alías El Pelón, quien fue puesto a disposición de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), con sede en Zihuatanejo, de donde fue liberado ayer por la mañana tras el pago de una fianza de aproximadamente 3 mil pesos según se confirmó en la comandancia de la dependencia.

A 10 casas de donde el Ejército encontró a la persona con arma de fuego y por petición de la corporación castrense, la AFI hizo un cateo en el que trascendió que no hubo detenidos y que se decomisaron 66 cartuchos sin percutir de armas de diferentes calibres, según fuentes extraoficiales. Las mismas fuentes precisaron que durante el cateo se decomisaron seis cartuchos de AK 47, siete cartuchos de una FAL, 48 cartuchos de una .38 y cinco cartuchos de una pistola calibre 22 pero en este operativo no intervino el comandante de la AFI, Francisco Ingrán Sánchez del Villar, quien estuvo fuera de la ciudad.

El decomiso fue en una casa que presuntamente es propiedad de Carlos Rosales Mendoza, dueño del rancho El Capíre, de la comunidad de Los Naranjos de La Unión puesto que hubo versiones dadas al Ejército en el sentido de que se había disparado desde ahí en contra de la termoeléctrica.

Las autoridades policíacas de La Unión declinaron informar al respecto debido a que no intervinieron en la operación, e incluso no se logró localizar al comandante de la Judicial destacamentado en ese municipio, José Manuel Ortiz Pizá, ni al jefe de grupo José Guadalupe Ortiz Pizá quienes –de acuerdo a información de personal de la dependencia– están fuera de la ciudad desde la semana pasada, presuntamente en la capital del estado.

 De la corresponsalía, Chilpancingo * La Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), consignó ante los jueces penales de Taxco y Tlapa a tres presuntos secuestradores que pertenecían a distintas bandas de plagiarios que operaban en Guerrero y en Morelos.

Se trata de Eduardo García Hernández y Macario Fernando Vences, quienes fueron detenidos el pasado 18 de marzo en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, luego de que supuestamente secuestraron a Guadalupe Fernández y a sus dos hijos, Noe y María Fernández Martínez.

Los dos plagiarios quienes efectuaron el secuestro y el cobro del mismo a los familiares de las víctimas, estuvieron bajo arraigo en el hotel Plaza de Chilpancingo durante 30 días y luego de que el juez penal de Taxco giró la orden de aprehensión en su contra, fueron trasladados al reclusorio de esa ciudad.

Según el subprocurador de Justicia del estado, Antonio Nogueda Carbajal los dos individuos pertenecen a una banda de secuestradores que opera en Guerrero y en Morelos y que ambos se encuentran involucrados en dos plagios que habrían cometido en la capital del estado.

Por cierto, en la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) existe una queja que interpuso la señora Leticia León, esposa del presunto secuestrador Eduardo García Hernández, quien, según la queja, habría sido detenido por agentes judiciales de Guerrero y Morelos desde el 18 de marzo cuando salía del centro comercial La Luna, en Cuernavaca, Morelos y dos días después fue presentado en la Procuraduría de Justicia de esta entidad.

En la queja, dice la cónyuge de García Hernández, que éste fue torturado e incomunicado en una casa de seguridad, y exige que a los agentes judiciales de Guerrero y Morelos se les investigue.

Nogueda Carbajal informó que también ya fue consignado el presunto secuestrador y homicida Rafael Vega Arroyo, “lugarteniente” del ex alcalde priísta de Tlapa, Julio César Guerrero Zurita quien encabezaba una banda de secuestradores que operaba en la región de La Montaña.

En la averiguación previa, se señala que Vega Arroyo y el ex presidente municipal de Tlapa, actualmente preso en el penal de esta ciudad, habrían planeado el secuestro y asesinato del empresario maderero, Enrique Martínez Tapia en 1999.

Casi a finales de 1999, Guerrero Zurita fue detenido por agentes de la Judicial del estado en el crucero de la carretera Tlapa-Olinalá y en el interior del vehículo en que viajaba se le encontró varias bolsas de cocaína, armas de grueso calibre. Ese mismo día de su detención, el Congreso local aprobó su desafuero.

Rafael Vega Arroyo está acusado por los delitos de secuestro, homicidio y asociación delictuosa.

“Ya consignamos a los tres presuntos secuestradores y esperamos detener a más personas que podrían estar relacionadas con estas bandas”, aseveró el funcionario de la Procuraduría.

Nogueda dijo que en lo que va de este año se han registrado 7 secuestros y que la mayoría de estos se han cometido en la región de la Costa Grande.

 Maricela Santos, corresponsal, Zihuatanejo * Tres reclutas del Ejército Mexicano fueron detenidos por policías preventivos de Petatlán presuntamente por robo a vehículos en las afueras de la feria del poblado,

específicamente en agravio de Jorge Estrada Guillén quien hasta ayer no se presentaba a ratificar la denuncia pese a que uno de los reclutas fue remitido ayer al albergue tutelar.

Los reclutas Manuel Chirinos Salmeron de 17 años de edad, originario de El Tamarindo en Arcelia; Antonio Hernández Estrada de 19 años, originario de El Papayo, de Coyuca de Benítez y Juan Javier Rayo Mojica de 20 años, originario de La Escondida, municipio de Arcelia; negaron la versión pero aún así el Ministerio Público del Fuero Común (MPFC) con sede en Zihuatanejo, remitió al tutelar de menores a Chirinos Salmeron pese a que no se ratificaba la denuncia por parte de Estrada Guillén quien es propietario de una camioneta Nissan roja con placas de circulación GY35583, por el robo de un estéreo, espejos, casettes y discos compactos.

El trío de reclutas vino del 40 Batallón de Infantería con sede en Ciudad Altamirano a recibir un curso de adiestramiento en el 27 Batallón, con sede en Petatlán y aprovechando el sábado 19 como día “franco” acudieron a la feria de Petatlán donde fueron detenidos por la Policía Preventiva por faltas a la moral debido a que estaban orinando en la vía pública.

El encargado del estacionamiento de la feria, Eloy Abarca Organés había denunciado momentos antes al comandante de la Policía Preventiva, Carlos García Avila que tres hombres estaban robando estéreos, cassettes, discos compactos, espejos y objetos de valor a los vehículos a su resguardo, y justo cerca del lugar donde detuvieron a los reclutas se encontraron presuntamente los artículos hurtados según la declaración de los reclusos rendida ayer por la tarde ante el MPFC donde insistieron en negar su responsabilidad respecto al robo.

El alcalde de Petatlán Javier Rodríguez Aceves informó al respecto que autoridades del 27 Batallón de Infantería del Ejército desconocieron a los aspirantes a ingresar al Ejército.

 Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo * Con el compromiso de que la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG), investigará las denuncias de presuntos abusos sexuales en contra de alumnos de la Secundaria Técnica 20, con sede en Quechultenango, los padres de familia entregaron ayer las instalaciones de ese plantel.

Antes de comenzar el periodo vacacional de Semana Santa, la sociedad de padres de familia y algunos profesores, tomaron el plantel de la secundaria para exigir a la SEG que atendiera las denuncias de presuntos actos de abuso sexual cometidos por maestros y trabajadores en contra de los alumnos.

El miembro de la asociación de padres de familia de esa secundaria, Miguel Campos Ramírez, entrevistado ayer luego de una reunión de trabajo con la directora de Asuntos Jurídicos de la SEG, Dominga Chávez Pineda, y con el director de Educación Secundaria, Narno Leyva Hernández, informó que su protesta surtió efecto porque el próximo lunes las autoridades de la SEG comenzarán a investigar las denuncias.

Campos Ramírez reconoció que la funcionaria de la SEG, Dominga Chávez, se mostró receptiva a sus planteamientos y “se dará continuidad de manera legal a las denuncias presentadas por los alumnos, y nosotros acordamos que se reinicien las labores”.

Desmintió que sean los padres de familia los que estén detrás de estas denuncias. “No somos nosotros, sino los propios alumnos, por ahí nos han tratado de meter miedo de que podríamos parar en la cárcel, pero nosotros no tenemos miedo, pero el lunes próximo estaremos con nuestros hijos para reiniciar clases, y también vamos a esperar a las autoridades de la SEG”.

Por su lado, la presidenta de la asociación de padres de familia, Briselda Morales Morales indicó que las personas que presuntamente estarían implicadas en las denuncias de abusos deshonestos son el profesor Nicandro Silva Tapia, y el intendente, Moisés Ramírez.

“No hay ningún problema con ellos porque habrá respuesta a todo lo sucedido, en realidad no es nada personal, ni del comité de padres de familia, sino que son inquietudes de los alumnos que denunciaron algunos hechos, pero por el momento no hay ningún problema judicial o penal, sólo pedimos que se ubiquen y que el lunes se presenten a clases”.

Que la denuncia se haga de manera oficial

Por su parte, el director de Educación Secundaria de la SEG, Narno Leyva señaló que el acuerdo tomado ayer con los padres de familia fue que si hubiera alguna denuncia o señalamiento de lo que se ha dado a conocer de manera pública, entonces se haga de manera oficial a través de un documento.

“Cosa que se comprometieron a presentarlo el lunes próximo para que el día miércoles de la misma semana se pueda notificar a las partes que estén acusando y se pueda iniciar alguna investigación”.

También, añadió, se llegó al compromiso de que el lunes de la semana que entre se puedan iniciar las clases de manera normal en esa secundaria, y si hubiera alguna situación entonces “nosotros como autoridades educativas estaremos a las diez de la mañana ese mismo día, para tener un acercamiento y así poder dialogar con los padres de familia”.

Aseguró que la protesta no afectó las labores en ese plantel educativo porque “se presentó el penúltimo día de clases, ya que incluso ese día la directora de la escuela convocó a una asamblea con los padres de familia, y por lo tanto los padres propusieron que como muestra de que no tienen tomadas las instalaciones que funcionarios de la SEG se presenten para que se compruebe que no están tomadas”.

Manipulan a padres, dice directora

Sin embargo, la directora de la Secundaria Técnica 20, María Esthela Delgado Terán, acompañada por maestros y padres de familia, también se presentó a las oficinas de la Dirección de Asuntos Jurídicos, y antes de reunirse con los funcionarios de la SEG, indicó: “Vengo a ver a la licenciada Dominga Chávez, respecto a las especulaciones que se han denunciado sobre presuntos actos de acoso sexual”.

Asimismo, ratificó que la escuela había sido tomada por un grupo de maestros y de padres de familia “por eso se encuentra cerrada, y por lo tanto nosotros estamos pidiendo la intervención de las autoridades educativas y del sindicato, para que tomen cartas en el asunto, porque ya no es del ámbito educativo, en todo caso el problema está en otros matices que seguramente la opinión pública ya conoce”.

Insistió que algunos padres de familia y un grupo de maestros desde el pasado 9 de abril se posesionarse de la escuela “y lo hicieron bajo la conducción de la profesora Briselda Morales Molina, y por lo tanto tienen bajo custodia la situación de la institución, incluso yo tengo una acta ministerial, el desahogo del dictamen criminalístico”.

Mencionó que se enteró a través de los medios de comunicación “que estoy en la situación de acoso sexual, que más bien tiene que ver con el interés personal del profesor Justino Ayala Acevedo, y de su esposa María Rodolfina Espejo de la Cruz, quien también funge como prefecta en la escuela, y que se ha dedicado a manipular a los padres de familia y a los estudiantes, por lo que demandamos la intervención de las autoridades de la SEG”.

Señaló que Justino Ayala pretende ascender a un puesto directivo a través de un ascenso escalafonario “por lo pronto ya tengo en mi poder un dictamen del perito y del agente del Ministerio Público en el que se menciona quienes tienen tomadas las instalaciones, y cuáles son los sellos que ostenta la escuela tomando en cuenta que es un plantel de corte agropecuario y hay aspectos productivos que se tienen que atender en las vacaciones”.

Delgado Terán indicó que el objetivo de su visita a las oficinas de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la SEG, era para “darle a conocer la parte oficial, ya que todavía no he sido atendida por ella, y creo que la SEG está formada por la parte oficial, y yo como directivo soy la autoridad competente para dar el informe respectivo”.

 * Los señalamientos de desvío de recursos también obedecen a conflictos intersindicales, acusa Genaro Juárez

 Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * El jefe de la Jurisdicción Sanitaria de la Secretaría de Salud (Ssa) en la región de La Montaña, Genaro Juárez Silva, quien ha sido acusado por un grupo de trabajadores por desvío de recursos de la dependencia, dijo ayer aquí que las acusaciones en su contra son falsas y que tienen tintes políticos, asimismo, que obedecen a conflictos intersindicales.

Entrevistado ayer en el Congreso local a donde acudió a la comparecencia del secretario de Gobierno, Luis León Aponte, dijo sin embargo que es la titular de la Secretaría de Salud, Verónica Muñoz Parra, quien decidirá si debe dejar el cargo luego de que un dictamen de la Contraloría Interna de la Ssa encontró irregularidades administrativas.

Sin embargo, Juárez Silva dijo que estas irregularidades no son por desvíos de recursos o mal uso de estos, sino que son “irregularidades de procedimiento administrativo” y que será competencia de la Contraloría analizarlas. “Yo confío plenamente en mi equipo de trabajo y creo que faltas en el procedimiento existen en cualquier dependencia, lo grave sería la desviación de algún recurso o algún fraude. Sin embargo cualquier dependencia enfrenta faltas de procedimiento”.

Juárez Silva ha sido acusado por un grupo de trabajadores de desviar recursos de la dependencia a través de trabajadores fantasmas que se presentan a cobrar sus salarios sin trabajar o de viáticos a trabajadores que en realidad no desempeñan ninguna función.

Sin embargo, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria aseguró que los señalamientos en su contra son falsos y que empezaron a generarse a partir de una confrontación que existe entre dos corrientes sindicales.

Pero además dijo que “es resultado de la situación política que está viviendo la región de La Montaña por las elecciones para diputados federales y en las que el PRD está buscando algunos espacios dentro de la administración pública. Se vale de estas infiltraciones para hacer acusaciones y lograr algunos espacios en la administración pública del actual gobernador”, denunció el funcionario impugnado.

Explicó que la corriente de trabajadores que lo está impugnando es precisamente la del PRD que encabezan el médico Enrique Herrera Gálvez y Elidio Manzano, “ellos fueron priistas, después se afiliaron al PRD y actualmente son militantes activos de ese partido”, indicó.

La otra corriente de trabajadores es la que encabeza la secretaria de la Sub sección sindical número 11, Jacqueline Balbuena Ramírez.

Juárez Silva explicó que esta corriente sindical le ganó en las elecciones por la secretaría sindical al grupo del PRD “y ahora están enfilando sus denuncias en mi contra  con la creencia de que si le tiran al jefe ellos ganan terreno”, dijo.

 Francisco Magaña, corresponsal, Atoyac * Un joven fue hallado asesinado cerca de donde militares instalaron un retén de vigilancia en Semana Santa.

El cuerpo, que permanece en calidad de desconocido, fue encontrado el medio día de este lunes después de dos días, porque al parecer fue asesinado la madrugada del sábado, después de que estuvo en el baile popular de Los Yonic’s.

Los hechos se registraron en la orilla del río Atoyac, sobre la carretera Atoyac–Y, en la entrada de la ciudad donde se efectuó el baile popular, el pasado Viernes Santo.

El muerto de aproximadamente 35 años, fue al parecer sacado del baile y golpeado salvajemente en todo el cuerpo y rematado con una piedra en la cabeza.

Según los rastros, fue arrastrado a la orilla del río Atoyac, a escasos cien metros de donde ha permanecido un retén de la Base de Operaciones Mixtas que controlan  efectivos militares.

El joven, al parecer, es de la zona serrana, ya que en la cabecera municipal no se ha reportado la desaparición de ninguna persona. Vestía pantalón de mezclilla azul, camisa azul con estampados, estilo sport, manga larga, con cuello café, cinturón piteado y botas Piletas negras.

No se le encontró ninguna identificación así como alhajas.

El cuerpo fue levantado por el auxiliar del Ministerio Público, Domingo Olea y por él médico legista Fernando de la O, quienes dieron fe de los hechos.