REGISTRO DE CONTRIBUYENTES
La injuria
Tenemos más de cien palabras, más de cien motivos para no cortarse de un tajo las venas, más de cien pupilas donde vernos vivos más de cien mentiras que valen la pena.
Joaquín Sabina
Un plan de gobierno federal, estatal o municipal, tiene efectos legales en tanto que sus enunciados significan el compromiso asumido por el gobernante que lo signa. De tal forma que cuando las líneas de acción que se mencionan no se ejecutan, el Poder Legislativo y los ciudadanos tenemos la autoridad para demandar su aplicación o en su caso exigir una justificación por la omisión que satisfaga el sentido común, ese otro sentido que a veces se ignora.
El titular del Poder Ejecutivo estatal, René Juárez Cisneros, presentó en septiembre del ya lejano 1999 el Plan Estatal de Desarrollo 1999-2005, y en sus primeras líneas se dice que “ha sido elaborado en observancia de lo previsto por nuestras leyes: recoge el sentir de la sociedad expresado en los foros de consulta popular y marca el rumbo hacia una realidad más equitativa y democrática; con mayores oportunidades de bienestar y progreso para todas y todos los que habitamos estas tierras del Sur.”
En el Plan se enuncian las buenas intenciones, la carta de navegación del actual gobierno estatal, por lo que es un buen referente no para evaluar, no se vayan a ofender, pero sí para tener al menos referentes para saber si la conducción, ejecución y determinación han sido acertadas.
En el aspecto cultural, se habla de tres estrategias y catorce líneas de acción. De éstas se han omitido once y se ha cumplido medianamente con tres, por no decir escasamente.
Esto quiere decir en la frialdad de los números que se ha cumplido apenas, cuando han transcurrido dos terceras partes del periodo gubernamental, con el 21por ciento, estando pendiente el abrumador 89 por ciento.
Se habla de “ampliar la infraestructura física para el desarrollo cultural: museos, bibliotecas, casas de la cultura, teatros, galerías, escuelas de arte y talleres, entre otros”.
En este punto algo se podría argumentar, porque el compromiso tampoco es preciso; sin embargo, los resultados no han sido un buen ejemplo de eficacia, ya no digamos contundentes.
“Fortalecer, descentralizar y otorgar autonomía al Instituto Guerrerense de la Cultura”, es otra línea de acción que se ha cumplido en cuanto a que se descentralizó y otorgó autonomía jurídica al IGC, queda pendiente su fortalecimiento.
“Establecer programas de formación, capacitación y actualización para las y los promotores culturales de la entidad”. Ese punto pudiera quedar cubierto con el diplomado recientemente concluido que estuvo dirigido a promotores culturales y que impartió el CONACULTA, aunque no sé si se cubrió todo el estado.
Sin embargo, el Plan contempla los siguientes compromisos, que cito en comillas:
“Consolidar los principales eventos culturales del estado: Jornadas Alarconianas, Semana Altamiranista, Fandango Guerrerense y la Enciclopedia de Guerrero –que no es un evento cultural sino un proyecto que en su primera versión resultó evidentemente fallido-, entre otros”. Creo que los eventos culturales lejos de consolidarse han consumido recursos considerables que no tienen impacto social ni trascendencia a nivel local y mucho menos nacional.
“Organizar las Jornadas de Expresión Cultural de los Pueblos Indígenas del Estado de Guerrero, en las principales ciudades de la entidad y en la capital del país”. Estas jornadas no se han realizado en los cuatro años de gobierno.
“Constituir una línea editorial de contenido histórico, social y cultural destinada a difundir las investigaciones y planteamientos en la materia”. Si algo falta en Guerrero, al día, es precisamente la publicación de los trabajos que generan nuestros investigadores, quienes en algunos casos tienen que financiar sus propias ediciones.
“Iniciar, de manera interinstitucional y por municipio, el registro del patrimonio arqueológico, artesanal y artístico”. Una buena intención plasmada sin empacho y punto.
“Elaborar un diagnóstico de necesidades en las áreas cultural y artística de cada una de las regiones de la entidad”. Aunque este debe ser el principio de todo, un buen paso, se ha omitido.
“Diseñar y ejecutar un programa estatal de formación superior en artes y cultura”. Otra buena intención que no fue justipreciada por quienes participaron en la redacción del Plan.
“Crear becas de estímulo para la comunidad artística y cultural de la entidad”. Ni se han creado ni se han otorgado las que existían anteriormente, lo que supone una grave falta a lo comprometido.
“Actualizar la Ley de Fomento a la Cultura”. A pesar de que se redactó un texto, en ningún momento significó una actualización, antes bien, constituyó un retraso y evidenció el profundo desconocimiento de su redactor –jurista radicado en el puerto, ya entrado en años y sin otra utilidad que narrar las supuestas virtudes y destrezas de su consorte– de lo relacionado con el arte y la cultura.
“Conformar el Sistema y el Consejo Estatal de Cultura y Arte”. Se lee bastante bien el asunto pero tampoco se ha cristalizado.
Y por último, la perla, “Fortalecer y normar la vinculación del Sistema Estatal de Cultura y Arte con el Sistema Educativo Estatal y con la estructura de medios masivos de comunicación existentes en la entidad”. Al no concretarse el Sistema, tampoco se ha vinculado con el sistema educativo estatal y con los medios de comunicación. Hace algunos meses surgió una iniciativa en la SEG para constituirlo, aunque la torpeza, el egocentrismo y el folclorismo de sus redactores puso en evidencia que se trataba más de una búsqueda de reflectores, espacio de poder y recursos, pues concebían en el proyecto un organismo paralelo al IGC, con una visión más bien vetusta de lo que es la política cultural pública. Los medios de comunicación no han recibido al momento ninguna invitación para sumarse a la labor que realiza el IGC, y no creo que acepten que la tal vinculación sea normada, como se establece en el Plan.
¿Y si se crea una Fiscalía Especial para esclarecer por qué no se ha cumplido con este rosario de buenas intenciones? Después de todo los responsables se han manifestado, para utilizar un término jurídico, incompetentes.
