Padres de familia de la Secundaria Técnica 99, ubicada en la comunidad serrana de Vallecitos de Zaragoza, en este municipio, denunciaron que las autoridades de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) los engañaron y los dejaron en el abandono, por lo que los alumnos que están por egresar, terminarán el ciclo escolar sin recibir una sola clase de inglés.
En diciembre del año pasado, los padres de familia, encabezados por la señora Molina, cerraron el plantel para exigir que la SEG les enviara maestros para cubrir las materias de tecnología, inglés y educación física, así como un trabajador de intendencia.
En febrero de este año, la SEG envió a una maestra para impartir la materia de tecnologías y de acuerdo con los padres de familia, el delegado de la SEG en la región, Marco Luna Reséndiz, hizo el compromiso de enviar lo más pronto posible al maestro de inglés, pero a la fecha no ha cumplido.
Este martes, vía telefónica, la presidenta del comité de padres de familia de ese plantel, Brisa Molina, lamentó la falta de seriedad del delegado Luna Reséndiz, quien tras una primera protesta y denuncia pública realizada por los tutores en diciembre del año pasado, se había comprometido de manera “afirmativa” a visitarlos y resolver la falta del docente.
Sin embargo, reprochó que en febrero de este año, el funcionario estatal mostró su molestia por la difusión del problema en los medios de comunicación y optó por ignorar sus reclamos, “yo digo que se enojó, no sé. Ya no nos quiso responder los mensajes y ya no vino”, sostuvo la representante.
Incluso, relató que al plantearle la posibilidad de que los padres de familia volvieran a tomar las instalaciones de la escuela ante el incumplimiento, la respuesta del delegado fue de total apatía y desdén, argumentando que una nueva protesta no agilizaría los trámites institucionales, “me dijo: ‘pues háganlo, de todas maneras es lo mismo, no les van a responder, la hagan o no la hagan (el cierre de la escuela) van a tardar igual’”.
Molina detalló que ante la cerrazón de las autoridades educativas estatales y de la delegación regional, existe la posibilidad de que el gobierno municipal de Lizette Tapia Castro intente intervenir, para asignar una maestra de manera temporal, aunque precisó que hasta el momento “no hay nada concreto, no es nada que sea real ni que nos dé certidumbre”.
La madre de familia manifestó el sentimiento de desamparo e impotencia que priva entre los padres de familia de esta secundaria, quienes perciben que las autoridades sólo los visitan cuando buscan el voto popular, “nos miran, prometen muchas cosas cuando andan de candidatos y cuando ya quedan, pues no nos cumplen nada. Nada más se burlan de nosotros, que somos como tres acá y que nunca nos van a hacer caso”.
Lamentó que el desdén oficial por parte de las autoridades educativas dejará un grave rezago educativo con el que egresarán los alumnos que concluyen su educación secundaria en Vallecitos, ya que muchos de ellos planean emigrar a la zona urbana de Zihuatanejo para continuar con sus estudios de bachillerato, un tránsito que harán en total desventaja académica, frente a otros estudiantes por venir “en ceros” en el conocimiento del idioma inglés.
“Nuestro llamado es directamente a la gobernadora Evelyn Salgado para que nos regrese a ver, para que nos manden a los maestros de inglés y de educación física, y también al conserje, porque nosotros los padres somos los que desde hace 10 años pagamos de nuestra bolsa el sueldo de la persona que mantiene limpia la escuela”, apuntó. (Brenda Escobar / Zihuatanejo).

La secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Acapulco, María Mélida Campos García fue removida de su cargo, y por el momento hay una encargada de despacho.
Algunos trabajadores y fuentes consultadas de las cámaras de arquitectos e ingenieros, comentaron que el pasado viernes, fue el último que se presentó a laborar la ahora ex secretaria. Como encargada del área está Sonia Arriaga, que venía desempeñando el cargo de directora de Maquinaria Pesada.
Campos Hernández deja sin concluir la actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano, el cual está en proceso de consulta pública para recabar opiniones de los profesionales y de ciudadanos sobre el crecimiento de la ciudad. (Aurora Harrison).

 

Redacción

Una checadora de camiones urbanos y un hombre fueron asesinados a balazos ayer en diferentes hechos.
Un hombre fue asesinado a balazos en la colonia Ciudad Renacimiento, ubicada en la zona suburbana de Acapulco.
El crimen fue reportado en los primeros minutos de este martes entre las calles Zumatlán y Zoyatzingo, cerca de las instalaciones de CAPAMA, informaron policías ministeriales.
El reporte policiaco indica que hombres armados persiguieron a su víctima y al darle alcance le dispararon.
El hecho generó un fuerte despliegue policiaco de los tres órdenes de gobierno, encabezados por fuerzas federales.
Después de las diligencias, el cuerpo en calidad de desconocido fue trasladado a las instalaciones del Semefo.
En otro caso, una checadora fue asesinada a balazos en la terminal de camiones urbanos de la ruta Costera-Hornos, en el fraccionamiento Las Playas, en la zona de la zona Tradicional Caleta-Caletilla, a un cuadra de la avenida Costera, a unos 200 metros del hotel Acamar.
La agresión fue reportada 12:40 de la tarde, en la avenida Circunvalación, frente al mercado de artesanías Santa Lucía, cerca del módulo de policía de la Policía Preventiva, informaron policías ministeriales.
El reporte policiaco indica que hombres armados a bordo de una motocicleta atacaron a balazos a una mujer, checadora de los camiones urbanos.
La herida fue atendida por parámedicos de la Cruz Roja y luego la trasladaron a un hospital cercano.
La herida a balazos en la cara y el glúteo murió en el traslado de la ambulancia hacia el hospital Donato G. Alarcón, ubicado en Ciudad Renacimiento, de acuerdo con fuentes ministeriales.
Se confirmó que era la checadora de camiones urbanos Costera-Hornos, en la zona turística de Acapulco.
Con estos casos suman 13 muertos en lo que va del mes, presuntamente relacionados con el crimen organizado, de acuerdo con el recuento de El Sur.

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El servicio de camionetas de pasajeros de la ruta Cámara-Cruces reanudó el servicio después de una semana suspendido por la violencia.
Durante una semana los usuarios pagaron doble pasaje para trasladarse de la colonia Nueva Revolución, ubicada pasando el río de La Sabana hasta el bulevar Vicente Guerrero, en la plaza Caracol.
Otros vecinos ocuparon sus bicicletas para trasladarse o triciclos, pero la mayoría caminaron ante la falta de transporte.
Ayer tampoco hubo patrullajes, tampoco filtros de seguridad en las calles para llegar a la colonia Nueva Revolución.
Los pasajeros que omitieron sus nombres por temor a represalias, pidieron seguridad para que no suspendan el servicio de las camionetas de pasajeros Cámara-Cruces.
Manifestaron que la falta de transporte afecta la movilidad de los pasajeros para trasladarse a sus trabajos y escuelas.
Añadieron que pagan pasaje doble ante la falta de camionetas de pasajeros, porque es el único transporte que va para la colonia Nueva Revolución.
Las camionetas de pasajeros tienen una tarifa autorizada de 15 pesos. El horario de servicio es de 6 de la mañana a 8 de la
noche.
El trayecto de los vehículos del transporte público comprende de Las Cruces, en el bulevar Vicente Guerrero, dobla en plaza Caracol para incorporarse a la colonia Arroyo Seco y pasa el puente del río de La Sabana hasta llegar a la colonia Nueva Revolución.
El 10 de mayo, un chofer de camioneta de pasajeros de la ruta Cámara-Cruces fue asesinado a balazos en la colonia Arroyo Seco, colindante con Ciudad Renacimiento.
Al otro día, el servicio de camionetas de pasajeros ruta Cámara-Cruces fue suspendido por el asesinato del chofer en la colonia Arroyo Seco. Es la segunda vez en menos de un año.
El 11 de enero, el chofer de una camioneta de pasajeros fue asesinado a balazos en el bulevar Vicente Guerrero y el servicio se suspendió por más de un mes por la inseguridad. (Argenis Salmerón).

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Ayer trabajadores de la Dirección de Vía Pública retiraron y ordenaron puestos semifijos en la banqueta en un tramo del bulevar Vicente Guerrero.
Minutos antes del mediodía, los trabajadores encabezados por el director comenzaron los trabajos.
Las maniobras comenzaron desde la tienda Elektra, a un costado donde era el Acatianguis hasta la clínica 27 del IMSS, aproximadamente tres cuadras.
Los empleados usaron sizallas, pinzas de corte y cutters para desprender la herrería de los puestos semifijos anclada en la banqueta.
A los dueños de los puestos semifijos en uso se les recomendó retirar las estructuras de metálicas y cuando se retiren liberar la vialidad.
La banqueta en el tramo mencionado están totalmente invadido y las personas caminan entre los productos de los vendedores.
Los vendedores ofrecen ventiladores, ropa, comida, aguas frescas, herramientas de trabajo como martillos, desarmadores y cadenas de acero inoxidable.
Los puestos semifijos están construidos de herrería, techo de lámina galvanizada y cubiertos de lonas de plástico.
Los vendedores no reclamaron al funcionario municipal por la operación de reordenamiento en la vía pública.
En declaraciones a reporteros, el director de Vía Pública, Francisco Agama Díaz, afirmó que ayer se llevói a cabo una operación de retiro y ordenamiento de puestos semifijos en un tramo del bulevar Vicente Guerrero.
Añadió que la operación de reordenamiento comprendió de la tienda Elektra hasta la clínica del IMSS de la colonia Emiliano Zapata.
Sostuvo que la operación de reordenamiento en la banqueta no se notificó a los vendedores y fue de manera sorpresiva.
Declaró que se retiraron los puestos semifijos abandonados que invadía la banqueta del bulevar Vicente Guerrero.
Agregó que a los dueños de los puestos activos se les recomendó quitar sus estructuras cada vez que terminen sus actividades.
Indicó que la operación se hizo por denuncias ciudadanas de que invadían la banqueta y que no había lugar para caminar.
El funcionario municipal aseveró que las operaciones son aleatorias y sorpresivas en diferentes lugares de la ciudad para ordenar la vía pública. (Argenis Salmerón).

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Yee Trujillo

El presidente de la Organización Campesina de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, Mariano Antonio de Jesús, señaló que en la comunidad de Apalani la Secretaría del Bienestar está construyendo 17 casas, de las cuales 15 presentan cuarteaduras en el piso y los materiales son de mala calidad.
Vía telefónica, explicó que el apoyo para vivienda salió un programa de la dependencia federal, pero al parecer para la ejecución quedó en manos de su par estatal, que encabeza Pablo André Gordillo Oliveros, y que no se ha querido informar cómo se llama la empresa encargada porque al parecer es de un sobrino o familiares de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
“Le metieron tabicones también de mala calidad, entonces pues todo se está echando a perder el piso porque se está levantando”, afirmó. Lamentó que este problema en las comunidades “nunca se va a controlar porque si manda la misma gobernadora su empresa y lo hace de mala calidad pues nunca va a mejorar”.
Añadió que los encargados de la obra no tienen conocimientos en la materia, que para ellos “todo está bien, que ese piso es normal, dicen”.
Agregó que las casas están en proceso de construcción, a punto de terminarse, que algunas ya están pintadas, que los encargados han tratado de reparar los pisos, pero se vuelven a hacer las grietas.
Pidió que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mande directamente los apoyos a las personas para que construyan sus casas para evitar que pase a manos de la gobernadora, y que si no puede apoyarlos lo diga para que lo pidan al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para tener obras de calidad.
Por otra parte, se quejó de que sigue sin solucionarse el problema –que denunció en estas páginas desde el año pasado– en el puente vehicular entre Las Minas y El Campanario, donde no se construyeron muros a los costados para retener la tierra.
Expuso que diariamente 300 personas pasan por el puente, muchos para ir a trabajar, y que temen que ante las fuertes lluvias y huracanes de esta temporada se colapsen los costados porque solamente se hicieron aplanados y también se usaron materiales de mala calidad.

El Gabinete de Seguridad del gobierno federal y la Fiscalía General del Estado informaron, por separado, que en un cateo en un inmueble de la colonia Icacos se aseguraron dos armas cortas, mil 54 cartuchos útiles de distintos calibres, 46 más percutidos, 10 cargadores para arma larga y corta, equipo táctico y teléfonos celulares.
El Gabinete de Seguridad no precisó el lugar del cateo, a diferencia de la FGE que en un boletín de prensa, afirmó que la operación se hizo luego de una denuncia ciudadana sobre un departamento utilizado para realizar actividades ilícitas, después de diversos actos de investigación y de que la autoridad judicial emitiera la orden de cateo correspondiente.
Añadió que los indicios quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación correspondiente y que el inmueble quedó asegurado por la autoridad ministerial para continuar las investigaciones.
Sin precisar cuándo ocurrió, indicó que en el aseguramiento encabezado por la dependencia participaron las Secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina, de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y Policía Estatal. (Redacción).

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Ramón Gracida Gómez

El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reiteró las recomendaciones al Estado mexicano sobre el caso de desaparición de Jhonatan Guadalupe Romero Gil a manos de policías municipales el 5 de diciembre de 2018 en la playa Tlacopanocha.
En una nota verbal al Estado mexicano fechada el 14 de abril del año en curso por la Acción Urgente número 1824/2024 por la que lo requiere a aplicar diversas recomendaciones y responder a las solicitudes de información, entre ellas la búsqueda del joven acapulqueño y la investigación por desaparición forzada.
Lo más reciente del caso de Jhonatan fue dado a conocer por su madre, la representante de la Colectiva Memoria, Verdad y Justicia, Socorro Gil Guzmán, el 4 de mayo pasado quien informó de indicios en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Acapulco de que algunos restos resguardados en sus instalaciones corresponden a su hijo.
El Comité contra la Desaparición Forzada señala que “no se clarifica si las autoridades han obtenido respuesta tras la solicitud de ingreso de los perfiles genéticos de los padres del Sr. Jhonatan Guadalupe Romero Gil en las bases de datos disponibles, ni los resultados de las confrontas realizadas”.
Fue el 5 de mayo del año pasado que el Comité contra la Desaparición Forzada remitió a Gil Guzmán la nota verbal que esta agencia internacional entregó al Estado mexicano para que investigara la desaparición de Jhonatan Guadalupe, cuyos perpetradores serían 9 policías municipales de la patrulla 388.
En esta nueva nota, el Comité contra la Desaparición Forzada “reitera su preocupación con relación a la dilación de las entrevistas a realizarse a los nueve policías municipales”.
También “está particularmente preocupado porque, según la información proporcionada, no parece que se hayan adoptado medidas para investigar la actuación del Fiscal Sr. David Muñoz García”.
Muñoz García está acusado de alterar las pruebas de la carpeta de investigación de Carlos Ignacio Rojas Montes de Oca, quien desapareció al mismo tiempo que Jhonatan Guadalupe y su cuerpo fue encontrado sin vida un día después.
La agencia de la ONU requiere al Estado mexicano investigar a los empleadores de Carlos Ignacio a quien lo obligaban a vender drogas, y si este hecho está relacionado con su desaparición de él y de su amigo Jhonatan Guadalupe.
El Comité contra la Desaparición Forzada le requiere al Estado mexicano, entre otras recomendaciones, garantizar que la estrategia de búsqueda de la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de Búsqueda “sea periódicamente actualizada en vista de la información disponible y de la evolución de los procesos, y que sea debidamente implementada”.
También recomienda la plena participación de la víctima de desaparición forzada en los procesos de búsqueda y de investigación, y proponerles apoyos sicoemocional y económico.
Asimismo, el Estado mexicano debe proteger a la familia de Jhonatan Guadalupe e informar sobre el estado de la investigación “de las alegaciones relacionadas con las amenazas sufridas”.

 

Agremiados al Sindicato de Trabajadores de Organismos Operadores del Agua del Estado de Guerrero (Stooaeg) denunciaron que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) les paga un salario menor al mínimo y les retiene el Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Ayer trabajadores del sindicato llegaron a las oficinas de la paramunicipal ubicadas en la avenida Adolfo López Mateos de la colonia Centro para tener una reunión con el director, pero debido que no se encontraba en dicho lugar fueron atendidos por funcionarios de la paramunicipal.
Otro de los planteamientos es que hay trabajadores que simpatizan con el sindicato que tiene turnos de 12 horas, y hay instalaciones que están deterioradas, “que ponen en riesgo la integridad de los compañeros y son temas que estamos atendiendo para que haya una solución”,
dijo el secretario general del sindicato, Martín Martínez Luna, quien además declaró que “el reclamo central es que el pago de salario es inferior al mínimo y les hacen retención sobre ese pago del ISR”. Recodó que la ley del ISR establece que el trabajador que perciba menos del salario mínimo está exento de que le hagan retenciones.
“Si le pagan menos del mínimo y le retienen ya son dos abusos que está cometiendo CAPAMA por no decir robo y eso lo vamos a platicar el viernes, vamos a revisar los casos de que aquellos compañeros que ganan un poco menos del mínimo y a los que también les están reteniendo el ISR”, dijo el secretario del sindicato.
Abundó que son 29 trabajadores a los que les pagan menos del mínimo, “les pagan 4 mil 571 pesos, cuando deben de estar ganando, 4 mil 752 y les retienen 52.16. Del otro sindicato son como 400 que están en esa misma situación, pero eso no lo reclamo yo, ellos tienen su sindicato (en referencia a la sección 27 del SUSPEG).
Advirtió en caso de no ser atendidos el viernes para revisar los casos, se van a presentar no nada más con los afectados que están ganando por debajo del mínimo. (Aurora Harrison ).

La colectiva Memoria, Verdad y Justicia pegó ayer fichas de desaparecidos en el Zócalo de Acapulco ante la quita de fichas por el inicio de la Feria Internacional del Libro de Acapulco 2026 organizada por el gobierno municipal.
En declaraciones a reporteros en una pausa de la actividad iniciada ayer a mediodía, la representante de los familiares de desaparecidos, Socorro Gil Guzmán, expuso que las integrantes de la colectiva vieron “que hay un espacio donde las quitaron, pareciera que lavaron bien las paredes y pues decidimos poner las fotografías porque mañana (hoy miércoles) es la inauguración de la Feria Internacional del Libro”.
“Y pues no pueden estarnos quitando las fotografías, ocupando una crisis humanitaria que está viviendo el país, porque no solamente es Guerrero”.
Puntualizó no estar en contra de la feria del libro, “lo que nosotras queremos es que se nos tome en cuenta, debieron darnos un espacio donde las madres pudiéramos visibilizar, hablar del tema, concientizar a la sociedad, a las autoridades, de que no podemos seguir normalizando la crisis, no podemos seguir normalizando la violencia que estamos viviendo en el país”.
La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad que “mata a las familias que estamos viviendo la desaparición de un familiar”.
La madre del detenido-desaparecido por policías municipales, Jhonatan Guadalupe Romero Gil, lamentó que el Estado mexicano “sigue negando las desapariciones, sigue diciendo que es mentira que haya desapariciones forzadas cuando lo estamos viviendo en carne propia las familias, el país completo”.
Indicó que la intención de la actividad de este martes es “visibilizar y sobre todo de buscar, pues por medio de una fotografía las personas pueden darnos información de alguna persona que sepa que está en situación de calle, en fosa común, en las cárceles, muchas veces se encuentran en las cárceles con otros nombres”.
Comentó que no pudo participar en la protesta del lunes de sus compañeras familiares de desaparecidos en Chilpancingo para demandar que la Fiscalía General del Estado (FGE) acelere la identificación de cuerpos, entre otras peticiones y reclamos, por el hecho inminente de quita de fotografías de sus familiares en el Zócalo, donde la Colectiva Memoria, Verdad y Justicia normalmente lleva a cabo a sus actividades.
Reclamó que las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) están llenas “de tantos cuerpos, de tantos restos que se han ido encontrando en fosas y nosotras estamos buscando a los familiares cuando ellos probablemente estén ahí en los Semefo”.
Lamentó que el Centro Temporal de Resguardo Humano en Acapulco no ha iniciado sus actividades y en el Semefo del municipio “nomás nos prestan los libros, vemos libros, pero nadie nos ha enseñado cómo buscar y yo ahorita que encontré el indicio de mi hijo en Semefo, pues me he puesto a pensar que hay que buscar con las compañeras”.
Expuso que la búsqueda de un familiar desaparecido implica un desgaste económico, físico y moral, “creo que se le debe dar prioridad, pero vemos que este gobierno tiene otras prioridades”.
En una publicación en el perfil Justicia para Jhonatan G. Romero Gil en Facebook, sus familiares precisaron que uno de los acuerdos con el Ayuntamiento de una reunión el viernes pasado, es que quitarían las fotos colgantes del kiosco para que pusieran fotos de la feria del libro, y se repusieran las de los desaparecidos el 25 de mayo. (Ramón Gracida Gómez).