* Cuestiona que la fiscalía que investiga el caso cite a los campesinos para preguntarles lo que ya declararon * Insiste en que ganaderos y talamontes tenían nexos con militares

Brenda Escobar, corresponsal, Petatlán * El secretario de la Organización de Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, Felipe Arriaga Sánchez, fue interrogado ayer por agentes de la Procuraduría General de Justicia del DF que investigan el asesinato de la abogada Digna Ochoa, y afirmó que entre 1996 y 1999 sí había nexos entre ganaderos y talamontes con efectivos del Ejército que hostigaban a los campesinos ambientalistas.

Los agentes de la Fiscalía Especial del DF tomaron muestras de saliva del campesino, como lo hicieron el miércoles con el ganadero Rogaciano Alba Alvarez.

Felipe Arriaga, quien llevó en su moto a Digna Ochoa a cuatro comunidades de la sierra de Petatlán el 1 y 2 de octubre de 2001, dos semanas antes del asesinato en la ciudad de México, dijo que ya ha declarado varias veces. lo mismo, y que esta vez, lo único nuevo fue “que me pidieron saliva, de ahí en fuera, ya he declarado más de cuatro veces lo mismo”.

Preguntó a los agentes para qué tomaban las muestras de saliva, y le dijeron que a todos los que anduvieron más de cerca con la licenciada Digna se les va tomar la muestra.

Este jueves estaban citados a declarar ante los agentes de la Fiscalía que investigan el caso Digna Ochoa varios campesinos, pero sólo se presentaron los ecologistas Dominga Mendoza Martínez y Felipe Arriaga Sánchez.

Durante tres horas y media, Felipe Arriaga respondió a 34 preguntas que le hizo el agente de la PGJDF, Benjamín Morales Barrera.

Al concluir su comparecencia, el campesino ecologista manifestó que entre las preguntas que le hicieron de nueva cuenta, está que cuándo conoció a Digna Ochoa y si antes de su visita a la sierra habían tenido alguna relación de amistad.

Felipe Arriaga dijo que respondió que conoció a la abogada el 21 de septiembre del 2001, cuando invitado por la entonces secretaria de la Organización de Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, Eva Alarcón Ortiz, y su esposo, Pedro Rojas Félix, fue a recibir a Digna Ochoa a la central de autobuses en esta ciudad.

Dijo que el motivo de esa visita fue porque “la licenciada Digna quería conocer más sobre la persecución de campesinos por parte de militares”.

Refirió que después de que la conoció, subió con ella a la sierra el 1 y 2 de octubre.

También le preguntaron sobre la fundación de la Organización Ecologista de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, y le si era hostigado por alguna persona. Felipe Arriaga espondió que Bernardino Bautista Valle, quien lo hostigó en su momento y acusaba a los campesinos ecologistas con los militares.

Luego, a la pregunta sobre “en qué sentido sabe usted y le consta que el Ejército brinda protección a sujetos que son conocidos en la región como ganaderos y talamontes”, el campesino contestó que le consta que “el señor Bernardo Bautista Valle era talamontes en el ejido de El Mameyal y veía en su casa a este señor en convivencias en donde llevaba a elementos militares, allá por 1996 a 1999. Agregó que desde esa fecha no he vuelto a ver al ganadero Bernardino Bautista, quien salió de la sierra y no se sabe de su paradero.

En entrevista, Felipe Arriaga dijo que no se ve claridad en las investigaciones del asesinato de la abogada y opinó que “se va a quedar impune”.

Además, criticó que la Fiscalía hace bajar a los campesinos de la sierra de Petatlán, y no se van “a donde está la hebra para que la desenvuelvan”.

Reveló que sus compañeros de las comunidades de la sierra que han sido citados por la Fiscalía se han quejado con él porque “ya han declarado otras veces y ahora otra vez los están haciendo que hagan un viaje tan largo y gastando el dinero que no tienen para bajar a declarar, (pero) lo que nos preguntan ahora ya lo hemos dicho, y nos preguntamos porqué quieren que digamos lo mismo”.

Agregó que los campesinos ecologistas no saben del crimen: “Con nosotros (los campesinos) no es, ¿qué nos sacan a nosotros si nomás la conocimos?, que se vayan a donde está la raíz del problema”.

Consideró que la fiscalía quiere sacar más información de Petatlán por el viaje que ella hizo a la sierra pocos días antes del crimen, y porque gobiernos y organismos de otros países están presionando para que se haga justicia.

Afirmó: “Pienso que allá con nosotros no hay más información que la que hemos dado y está muy claro en las declaraciones que ya hemos dado.

“Ellos dicen que ella quizá haya estado más tiempo involucrada con nosotros, que la hayamos conocido, que haya estado interesada en los ecologistas, y sí dije que lo que yo sabía es que ella fue defensora de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera (los ecologistas que estuvieron presos en Iguala)”, explicó.

Ayer también se presentó la señora Dominga Mendoza Martínez, de la comunidad de La Pasión, donde estuvo Digna Ochoa el 1 de octubre de 2001, y al igual que en declaraciones anteriores reiteró que lo único que les comentó la abogada “fue que iba a tocar puertas para ver cuál de todas se abría para apoyarnos porque estamos viviendo en la marginación”. Estaban citadas las señoras Socorro Bueno y Francisca Pérez, pero no acudieron.

Nelly Bello * De aprobar la Cámara de Diputados federal la adición del artículo 128 bis y la reforma al artículo 206 del Código Federal de Procedimientos Penales, los agentes del Ministerio Público (MP) deberán solicitar la presencia de un representante de derechos humanos y videograbará la actuación de los agentes de la Policía Judicial en las detenciones para presentación de sospechosos.

Asimismo el juez que investigue algún delito deberá tomar en cuenta los avances tecnológicos como pruebas de ADN, etcétera.

Ayer el diputado federal perredista David Augusto Sotelo Rosas presentó dicha iniciativa de adición y modificación al Código ante el pleno de la Cámara y lo turnaron a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para su análisis.

El legislador perredista estimó que este martes podría quedar aprobado en la comisión y dos días después, el jueves ante el pleno de la Cámara de Diputados.

En entrevista vía telefónica, Sotelo Rosas explicó que la iniciativa de adición del artículo 128 bis surge de los reclamos de ciudadanos por la violación de garantías y derechos humanos de la Policía Judicial en las etapas del proceso penal. “Las quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos versan sobre tortura y violencia física o moral y de lesiones a los indiciados o inculpados”.

En el caso del artículo 206 es porque en la valoración de pruebas no incluye las que provienen de los nuevos avances y descubrimientos de la ciencia y la tecnología. “En el mejor de los casos, deja a la interpretación y criterio del juez o del tribunal, lo que da como resultado un juicio injusto, inequitativo y deficiente en perjuicio del ciudadano indiciado o inculpado, así como de la sociedad en general; pues lo que ella exige es el esclarecimiento pleno de los hechos que la agravian con la comisión de los delitos”.

Indicó que la intención además es que el gobierno federal capacite a los agentes policíacos tanto en materia de garantías y derechos humanos, como en técnicas y procedimientos de investigación para frenar conductas que violan y transgreden el orden jurídico, por lo que “no podrá haber culpable sin las pruebas correspondientes, se cambiaría la práctica de detener para investigar, como actualmente se hace”.

* Pagan 650 mil pesos de rescate, trasciende

Francisco Magaña, corresponsal, Atoyac * Regresa sano y salvo el empresario que estuvo secuestrado 21 días, Francisco Bolívar Barrientos, después que se pagó rescate a sus secuestradores.

Francisco Bolívar Barrientos, que se dedica al negocio de tortillerías en el municipio, regresó ayer a las 8:00 de la mañana a su domicilio en la localidad de El Ciruelar, en la parte baja del municipio.

En círculos policíacos se informó que el empresario fue liberado la tarde de ayer, en la carretera que conduce a la sierra de El Paraíso entre las poblaciones de San Andrés de la Cruz y El Rincón de las Parotas.

El secuestrado caminó toda la noche del miércoles y llegó a su casa después de abordar una Combi en la ciudad de Atoyac hacia El Ciruelar.

Informes extraoficiales indican que los raptores pactaron recibir 650 mil pesos por la libertad del empresario de 58 años quien padece de diabetes, después de que exigían un millón de pesos.

El secuestrado fue revisado por un médico particular y se mantiene con suero porque llego débil.

Los familiares se han negado a dar informes, incluso a la Policía Judicial, que se mantuvo al margen del caso a petición de los familiares.

Karina Contreras * En el segundo Foro Estatal Ordinario de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), denominado “Por un nuevo sindicalismo en Guerrero”, se acordó como principal punto no permitir las agresiones del “gobierno imperialista” contra los sindicatos así como luchar contra la reforma a la Ley Federal del Trabajo que propone el secretario del Trabajo, Carlos Abascal Peniche.

Se acordó también respaldar la exigencia de los trabajadores del DIF por su sindicalización; exigir el reconocimiento del Comité Ejecutivo del STTAISUAG legalmente constituido por la Junta de Conciliación. Los sindicalistas también se manifestaron por la paz y un alto a la guerra.

Al foro en el recinto del Sindicato de los Telefonistas acudieron unos 200 sindicalizados pertenecientes al Sindicato de los Trabajadores del DIF,           del Sindicato de Trabajadores Técnicos Administrarivos y de Intendencia al Servicio de la Universidad Autónoma de Guerrero (STTAISUAG), del Cecytec-Guerrero, la sección 28 del Suspeg, así como los dirigentes del Barzón, entre otros.

Luego de cuatro horas, los sindicalizados acordaron exigir una mejor pensión para los jubilados; continuar con el impulso a la reforma laboral y productiva; promover que se reforme la ley de los derechos humanos y se integre la laboral; no a la privatización de PEMEX y la industria eléctrica, así como instrumentación legal del TLCAN para proteger al sector agroalimentario, entre otras.

En sus ponencias los participantes señalaron que las reformas que pretende hacer Abascal Peniche no son favorables para los trabajadores.

En la introducción al foro, la integrante del Sindicato de los Telefonistas, Yolanda Román Larque, dijo que las promesas del presidente de la República,           Vicente Fox, de un futuro mejor para los trabajadores, son todo lo contrario. Agregó que de llevarse a cabo la regorma laboral que propone Abascal Peniche sería un fuerte golpe para la economía.

En una breve conferencia de prensa en una sala alterna –antes de iniciar las ponencias– los representantes sindicales dieron las primeras impresiones de lo que se esperaba del foro.

El primero en hablar fue el representante de la sección 21 de telefonistas, Salvador Estrada, quien dijo que era para explicar las consecuencias de llegar aplicar ciertas reformas como son la reforma a la Ley del Trabajo y la de Telecomunicaciones, ya que en la primera se pretenden quitar beneficios a los trabajadores.

Asimismo, para los sindicalizados hay claros inicios de querer privatizar la educación. Sin duda se quiere aplastar y aniquilar las universidades privadas, coincidieron.

Por su parte, el líder de El Barzón, JavierTaja Mestre, en su intervención, señaló que la unidad logra que se haga caso a las demandas. Y puso como ejemplo que la Comisión Permanente del Congreso del Estado haya aceptado enviar al presidente Vicente Fox, la petición de que en Guerrero se aplique la tarifa eléctrica 1F con el fin de que se reduzcan los cobros a los usuarios.

Para el sindicalizado telefonista Silvestre Morales, ya se van viendo las afectaciones económicas por la guerra, por lo que dijo que se tiene que empezar a proponer alternativas.

Los sindicalizado adheridos a la UNT se mostraron complacidos por la firma que se llevó a cabo en la ciudad de México con organizaciones campesinas para hacer un solo frente.

En el acto se nombró al Comité Estatal de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) que está integrado por los presidentes colegiados estatales Salvador Mundo Estrada, Rogelio Villanueva Camarena y Martín Barragán Solís.

De la corresponsalía, Chilpancingo * La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum) inició una investigación a efectivos de las policías judiciales de Guerrero y de Morelos que son acusados de haber detenido y torturado a uno de dos presuntos secuestradores que se encuentran arraigados en un hotel de esta ciudad acusados de haber plagiado a una señora y dos de sus hijas.

El visitador general de la Codehum, Hipólito Lugo Cortés, señaló que la señora Leticia León Granada presentó una queja ante este organismo en contra de efectivos judiciales de Guerrero y de Morelos quienes en forma ilegal detuvieron a su esposo, Eduardo García Díaz, el martes 18 afuera del centro comercial La Luna, en la ciudad de Cuernavaca.

Aquí en Chilpancingo, según la Procuraduría de Justicia del Estado, Eduardo García Díaz y Macario Fernando Vences Carmona, son presuntos responsables del secuestro de la señora Rubí Guadalupe Fernando Martínez y de sus pequeños hijos Noé y María Fernández Martínez quienes residen en Cuernavaca.

La madre y sus dos hijos fueron plagiados en el estado de Morelos y el pago del rescate se entregó a los secuestradores en la ciudad de Taxco de Alarcón, y ello originó que la Procuraduría de Justicia de Guerrero a petición de su homóloga de Morelos iniciara la investigación culminando con la captura de los dos presuntos delincuentes.

Los acusados permanecen arraigados en dos habitaciones del Hotel Plaza de esta ciudad donde son vigilados por un grupo de la Policía Judicial del Estado.

Lugo Cortés dijo que en su denuncia, la esposa del presunto secuestrador, Eduardo García Díaz, señala que se enteró de que hasta el jueves 20 su cónyuge fue presentado aquí en Chilpancingo por las autoridades cuando dos días antes había sido detenido y torturado por los judiciales en Cuernavaca.

La señora Leticia León dice que su cónyuge estuvo incomunicado dos días lapso en que sufrió golpes por parte de los elementos de la judicial de Guerrero y de Morelos.

El visitador general de la Codehum, Hipólito Lugo Cortés, informó que ya envió el desglose del expediente de esta queja a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Morelos para que allá también realicen la investigación ya que hay señalamientos contra agentes judiciales de esa entidad.

Por su parte la Procuraduría General de Justicia del Estado inició la averiguación previa DGAP019/2003 por el delito de secuestro.

Aquí en Guerrero, el Código de Procedimientos Penales del Estado, establece la pena máxima de 50 años de prisión a los secuestradores.

El arraigo de los dos presuntos secuestradores vence el 20 de abril y el juez tercero penal de esta ciudad determinará la situación de los arraigados. En esa fecha, los dos arraigados sabrán si se les deja en libertad o se les dicta una orden de aprehensión en su contra.

De la corresponsalía, Chilpancingo * Autoridades de la Procuraduría de Justicia del Estado dijeron que César Cristopher Otero Caballero, detenido por efectivos de la PFP en Ciudad Juárez Chihuahua con 10 kilos de cocaína y presentado como policía judicial de Guerrero, “no se encuentra en el padrón de las filas de la Policía Judicial del Estado”, dijo el vocero de esta dependencia, Arturo Buendía.

En una nota publicada ayer en el diario La Jornada, César Cristopher Otero Caballero al momento de ser detenido se identificó como agente de la Policía Judicial de Guerrero.

Además, dice la misma información, el presunto agente judicial de Guerrero iba a bordo de un vehículo que estaba reportado como robado.

“Nosotros no tenemos en el padrón de la Policía Judicial del Estado una persona con ese nombre”, señaló Buendía entrevistado vía telefónica.

No es la primera vez que en el ámbito nacional se hace mención de los escándalos que realizan los agentes de la Judicial de Guerrero.

El año pasado, en la ciudad de Querétaro, varios agentes de esta corporación policiaca fueron detenidos por la Policía Preventiva de ese lugar luego de que éstos chocaron el vehículo en que viajaban y sacaron sus armas. Los agentes judiciales son guardaespaldas de uno de los hijos del gobernador René Juárez Cisneros.

* Habrá un segundo cónclave el próximo lunes * El Ejecutivo estatal les reclamó que dijeran en los medios que no los apoyaba * “No venimos a implorarle, simplemente… queremos que atienda nuestras demandas”, le respondió Modesto Brito

Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * Luego de diversos reclamos públicos y de un amago de movilización en demanda de audiencia, ayer los alcaldes del PRD tuvieron una reunión de trabajo en la residencia oficial Casa Guerrero, pero dijeron que no alcanzaron ningún acuerdo y que se emplazaron a un segundo encuentro, el próximo lunes 31.

Mientras, el secretario de Desarrollo Rural, Héctor Manuel Popoca Boone y el coordinador estatal de Fortalecimiento Municipal, Amín Zarur Ménes dijeron que el gobierno del estado apoyará en la compra de fertilizante y que será intermediario para negociar las deudas de ayuntamientos perredistas con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La reunión comenzó a las diez de la mañana en Casa Guerrero a donde se presentaron los alcaldes perredistas encabezados por el presidente municipal de Teloloapan, Modesto Brito González, quien encabeza la Coordinadora Estatal de Autoridades Municipales (CEAM); el presidente estatal del PRD, Martín Mora Aguirre; y los diputados locales encabezados por su coordinadora Adela Román Ocampo.

Por el gobierno del estado estuvo media hora el gobernador René Juárez Cisneros, a quien acompañaron además de Popoca y Zarur, el secretario de general de Gobierno, Marcelino Miranda Añorve y el de Desarrollo Social, Heriberto Huicochea Vázquez.

Según versiones de alcaldes asistentes, la reunión empezó con el reclamo del gobernador quien molesto dijo: “No se vale que anden denunciando en los medios que no les doy recursos y que los discrimino, este es un gobierno para todos, por eso les pido más respeto, pera que los pueda atender”.

El alcalde de Teloloapan Modesto Brito González dijo al salir de la reunión que él mismo respondió al gobernador: “No venimos a implorarle, simplemente venimos legitimados por la fuerza que el pueblo de Guerrero nos dio el pasado 6 de octubre y queremos que atienda nuestras demandas”, le dijo.

Luego Modesto Brito le expuso la situación problemática que encontraron en varios ayuntamientos que gobernaba el PRI, donde incluso no se concretó el proceso de entrega-recepción. Explicó que las administraciones priístas heredaron deudas con la CFE, con proveedores diversos y hasta de fertilizante, sueldos y aguinaldos de trabajadores, todo lo cual repercute negativamente en el presupuesto del 2003.

Aquí el gobernador les dijo que si tenían pruebas que hicieran las denuncias de desvío de recursos, y que les garantizaba que no habría impunidad hacia ningún alcalde.

Brito le señaló que quisieran creer esa aseveración, porque se ha demostrado lo contrario y recordó el caso de la ex alcaldesa de Tecpan de Galeana, Sandra Belkis Ocampo, quien tiene una averiguación en su contra por corrupción y es ahora la titular de la Secretaría de la Mujer.

O el mismo caso del ex alcalde de Chilapa, Gustavo Miranda González quien ahora es diputado local por el PRI, y que también es esñalado por desvío de recursos para fines personales.

Ya en los reclamos, el alcalde de Coahuayutla, Omar Correa le recordó al gobernador que no ha cumplido su palabra de que se pavimentaría la carretera desde La Unión, que fue un compromiso para destrabar el conflicto poselectoral que tuvo episodios de violencia.

Otro punto que le plantearon fue el del fertilizante, punto en el cual los alcaldes perredistas piden que el gobierno del estado absorba el incremento al precio del fertilizante luego del alza al petróleo por causa de la guerra contra Irak.

Entonces el gobernador les señaló que no hay recursos para atender esa demanda porque el Congreso del Estado ya etiquetó los programas y los diputados “no pensaron” en el problema del fertilizante. “No hay presupuesto”, atajó el gobernador los reclamos perredistas.

Por su parte, el diputado Ramiro Alonso de Jesús le entregó al gobernador el punto de acuerdo que aprobó el Congreso del Estado, un día antes, para que coadyuve en las negociaciones con el presidente Vicente Fox y la CFE para cambiar el cobro de la energía eléctrica y se establezca la tarifa 1F.

Pero el gobernador no les dijo nada y se fue porque argumentó que tenía programada una gira a Tlapa y San Luis Acatlán. El alcalde de este municipio, el perredista Genaro Vázquez Solís poco después abandonó Casa Guerrero para volver a su municipio, sin que el gobernador lo invitara a viajar con él en su helicóptero del gobierno del estado.

Juárez Cisneros dejó a sus funcionarios en mesa de trabajo con los alcaldes.

La versión de los funcionarios

Era mediodía cuando de Casa Guerrero, primero salió el secretario de Desarrollo Rural, Héctor Manuel Popoca Boone quien dijo a El Sur que había acordado con los alcaldes que el gobierno del estado absorbería la deuda de las administraciones pasadas del programa de fertilizante que ahora repercutía en los presupuestos del 2003.

Además que apoyarían a los alcaldes perredistas entregando el presupuesto asignado en el 2002 para la compra de fertilizante, y discutían si el gobierno del estado asumiría el pago del 50 por ciento del incremento de la tonelada de fertilizante.

Popoca Boone reiteró que al gobierno del estado le significa un problema financiero el tener que dar recursos para fertilizante porque el Congreso local etiquetó los programas y no pueden hacer desvío de recursos.

Mientras que el coordinador estatal de Fortalecimiento Municipal, Amín Zarur dijo que le tocó tratar el asunto de la CFE con los alcaldes, y que les informó que el gobierno del estado logró reducir la deuda de 35 millones de pesos del 2002 a 16 millones, de los cuales entre 7 y 9 millones corresponden a las administraciones pasadas de municipios gobernados por el PRD, aunque no quiso dar detalles.

Respecto a la deuda de los ayuntamientos morosos, Zarur dijo que existe la posibilidad de negociar convenios con la CFE para reducir la deuda y el resto lo tienen que pagar las actuales administraciones “porque son deudas institucionales”.

Popoca salió a las 12: 30 y Zarur una hora después y ambos dijeron que dejaron la reunión para atender “otros asuntos pendientes”, luego de que se había declarado un receso.

“No llegamos a ningún acuerdo”: alcaldes

Al salir de Casa Guerrero, el alcalde de Teloloapan Modesto Brito González dijo que no hubo acuerdos, y que la reunión “sólo fue de intercambios de los problemas que teníamos con el gobernador (quien) tuvo poco tiempo para atendernos”.

Negó que ya fuera un acuerdo que el gobierno del estado absorbería el pago del adeudo del fertilizante que heredaron de las administraciones pasadas, “porque ese recurso el propio gobernador se comprometió a pagar a través de los convenios que se firmaron con los ayuntamientos, lo que pasa es que no lo hicieron y ahora sólo tiene que dar ese dinero que no entregaron”.

Y de la propuesta de que el gobierno estatal absorba el 50 por ciento del incremento al precio del fertilizante dijo que se analizará en la reunión del próximo lunes.

Sobre la oferta de Zarur de buscar un convenio con la CFE, Modesto Brito dijo: “En este aspecto no necesitamos de ellos, cada presidente puede hacerlo por su cuenta porque al fin pagaremos nosotros, sí ayudaría que dijera que el gobierno del estado ayudará a pagar esos adeudos, pero eso no lo dicen”.

Modesto Brito dijo que las demandas de los ayuntamientos perredistas siguen firmes y eso se lo dijeron al gobernador, quien les respondió: “Para qué requieren recursos del gobierno estatal si ustedes (los alcaldes perredistas) manejan el 53 por ciento del presupuesto del estado”.

El mismo Modesto Brito le dijo al gobernador, “por eso mismo, manejamos el 53 por ciento del presupuesto, porque somos la primera fuerza política y electoral en el estado y qué bueno que lo reconozca, por eso cumplimos con nuestra obligación de exigir recursos para nuestros pueblos”.

La historia de los alcaldes con el gobierno del estado seguirá el próximo lunes 31, donde se conocerán si el gobernador accede a apoyar con recursos la compra del fertilizante, que es el problema urgente antes de que se convierta en un arma electoral. Al respecto, los perredistas proponen que se haga un solo padrón y que sean los ayuntamientos los que lo entreguen oficialmente.

Aurelio Peláez * El presidente del Frente Cívico de Acapulco (FCA), Julio Ortega Meza, afirmó que esta organización apoya la decisión del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, de levantar una segunda encuesta en el distrito10 para definir al candidato a diputado federal en ese distrito, y que respaldarán a cualquiera que sea el candidato.

En entrevista ayer por la mañana, el dirigente de la agrupación fundada por el ex alcalde Zeferino Torreblanca Galindo afirmó que el CEN “debe de tener elementos” para desconocer la primera encuesta “y nosotros apoyamos totalmente la decisión”.

Julio Ortega dijo no ver en esta nueva encuesta una segunda intención, como la de beneficiar a la empresaria Irma Figueroa, a partir de la decisión del CEN de definir tres candidaturas de mujeres en ocho distritos donde hay candidatos. “No lo vemos así porque finalmente este es un estatuto al que debe apegarse el PRD y además es un requisito de ley por parte del IFE. Nosotros estamos de acuerdo en que el 30 por ciento de las candidaturas correspondan a mujeres y Guerrero debe aportar esa cuota de género . Nosotros estaríamos dispuestos a apoyar a quien fuera. Si fuera una mujer por supuesto que la apoyaríamos, independiente de quien sea”.

Afirmó que si entre algunos precandidatos la participación de Irma Figueroa resultó incómoda, fue porque la también suplente del alcalde Alberto López Rosas no se integró a las mesas de negociación de los precandidatos desde un principio, “y debió darse una mejor comunicación. En lo particular el FCA no tiene ningún elemento para señalar que haya alguna influencia del presidente municipal en esta candidatura, porque finalmente es una decisión que tomará el CEN”.

El pasado martes, en conferencia de prensa con los demás aspirantes, el precandidato por el FCA, Carlos Alvarez Reyes, había dicho que esta organización evaluaría apoyar a un candidato del PRD por el distrito 10 que fuera resultado de una encuesta “dudosa”.

No obstante, Julio Ortega afirmó ayer que en una reunión en la que estuvo presente el mismo Alvarez, al mismo tiempo que acordaron mantener la precandidatura de éste también se refrendó la alianza con el PRD, poartido con el cual “estamos decididos a seguir participando, además que de esta manera estamos agradeciendo la posibilidad que nos brinda el PRD para participar con nuestro candidato de manera externa”, en referencia a Torreblanca Galindo que fue ubicado en el número uno de la lista de candidatos plurinominales de la quinta circunscripción.

El dirigente del Frente Cívico rechazó que en la postura de los precandidatos –fijada en conferencia de prensa el pasado martes, en la que no participó la empresaria Irma Figueroa– haya un intento de chantaje al PRD, como insinuó el secretario de Organización de ese partido en el estado, Guillermo Sánchez Nava. “Yo entiendo que entre precandidatos hay mucho interés de saber quién es el que finalmente va a llevar la candidatura y en saber los resultados. En ese sentido se debe cuidar mucho el procedimiento, sobre todo para mantener la unidad entre los mismos precandidatos”.

Añadió que en el reclamo de los aspirantes al CEN por no haber dado el resultado de la encuesta concluida diez días antes, y que finalmente fue desconocida, “no considero que eso sea una situación de chantaje, creo que más bien ha faltado definir los mecanismos de comunicación”.

Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * Sebastián de la Rosa Peláez exigió ayer al CEN del PRD que el distrito 07 con sede en este municipio, no lo reserve para la cuota a las mujeres pues, aseguró, tiene amplias posibilidades de triunfo frente al PRI y PAN.

Asimismo, el ex diputado local dio a conocer la culminación de su precampaña electoral, luego de que el CEN así lo instruyó, para que se aplique la encuesta y se defina el candidato.

De la Rosa Peláez ofreció un desayuno a reporteros para agradecerles la cobertura a su precampaña por la candidatura a diputado federal. Además para dar a conocer que el pasado martes participó en la ciudad de México en la reunión con el gabinete electoral del CEN del PRD que encabezan el secretario de Asuntos Electorales, Juan Guerra y el de Relaciones Políticas y Alianzas, Ramón Sosamontes, donde les dijeron que en Guerrero de los ocho distritos en disputa, tres serán reservados para mujeres.

En el caso del 07, donde contiende dijo que la mujer que participa, Olivia Hidalgo, tiene pocas posibilidades de triunfo.

En cambio, agregó que su candidatura tiene fuertes posibilidades de ganar la elección frente al candidato del PRI, Mario Moreno Arcos. Esto porque considera que el candidato del PAN, Florencio Salazar Adame en este distrito 07, le restará fuerza al priísmo que le favorecerá.

* Filtran documentos a la prensa local para desprestigiar a Manuel Saidi

Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * El Organo Auxiliar Estatal de la Comisión Nacional de Procesos Internos       del PRI, encabezado por Héctor Pineda Velázquez y Mario TzinTzun Rascón informaron que en el distritos 02 con sede en Taxco, el aspirante Enrique Martiní Castillo impugnó el triunfo de Manuel Saidi Pratt.

Mientras que en el distrito 05 con sede en Iguala, el profesor del SNTE Moisés Solano Cano impugnó también el triunfo del cenecista, Javier Jiménez, lo que eleva a tres los distritos en los que se han presentado impugnaciones, luego de la presentada por cuatro aspirantes del distrito 01 con sede en Coyuca de Catalán, contra el triunfo de Abel Echeverría Pineda.

Por otro lado, el también diputado federal Héctor Pineda aceptó que la votación total de la consulta interna fue “baja”, pero que no repercutirá en las elecciones federales del próximo 6 de julio, donde espera más participación de los priístas. Hasta ahora el CNPI no ha dado a conocer las cifras totales de la votación en la consulta del domingo pasado.

Luego Pineda rechazó que esa instancia organizadora del proceso electoral haya sido sorprendida por el aspirante del distrito 02, Manuel Saidi Pratt que ganó la elección, luego de que anteayer periódicos de esta ciudad publicaron documentos filtrados según los cuales el ex delegado de Turismo en la Zona Norte tiene problemas mentales y fue acusado del homicidio de su padre.

Pineda indicó que cuando aceptaron la documentación de Saidi lo hicieron de buena fe, sin comprobar que lo plasmado en la carta de buena conducta que firmó cada aspirante, sea verdadero, y que la CNPI dictaminará si se anulan o no las elecciones y se convoca a otras o simplemente se designa al candidato.

También rechazó que en el distrito 02 se esté dando un enfrentamiento entre el figueroísmo que perdió con Martiní frente al aguirrismo representado por Saidi.

Los dictámenes de las impugnaciones se darán a conocer la próxima semana.