* Finalizó el conflicto con priístas y perredistas, informa

Aurelio Peláez * Saqueada y sin documentación que respalde que se hizo obra pública, recibió el alcalde de Cuajinicuilapa, Alejandro Marín Mendoza, este 15 de marzo, las oficinas del Palacio de Gobierno, que estuvo tomado por priístas –apoyados después por perredistas– desde el pasado 11 de agosto del 2002.

El periodo que quedó sin archivos fue el del priísta Constantino García Cisneros, actual diputado local, y a quien se acusa de haber tenido en la nómina de ese municipio a 80 aviadores y de quien se dice que está emparentado con el gobernador René Juárez Cisneros.

En conferencia de prensa en las oficinas de la delegación estatal del PAN en Acapulco Marín Mendoza, ex militante del PRI y quien contendió por la alcaldía bajo las siglas del PAN, recibió el Palacio Municipal el sábado pasado, luego de haber llegado a un convenio con quienes lo mantenían ocupado y que forzaron el convenio final bloqueando la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional. Los inconformes ocuparán cuatro puestos directivos en la administración.

El alcalde señaló no obstante que con el grupo que mantuvo ocupado el Palacio, entre ellos el del ex candidato del PRI, Francisco Baños Añorve, “habrá borrón y cuenta nueva”.

De las posibles acciones penales contra los promotores de los bloqueos, afirmó que “lo pasado pasado”, que según interpretó el secetario general panista Carlos Arturo Millán Sánchez, implica propiciar las condiciones para que vuelva la armonía a ese municipio.

En cuanto a la pérdida de documentación que comprobaría la realización de obra pública y el ejercicio de recursos públicos, dijo que esto lo juzgaría el Congreso local, aunque evadió informar si él presentaría alguna demanda.

Y es que, según contó el propio Alejandro Marín, el gobernador y el secretario de Gobierno estatal, Marcelino Miranda Añorve, mediaron para la solución del conflicto, que inició con la toma del Palacio Municipal, por priístas, en demanda de la salida de los aviadores que tenía García Cisneros. Esto, a pesar de que al momento de la toma, el alcalde interino era José Alcocer Damián, quien presentó una demanda penal por los hechos.

La toma permaneció hasta las elecciones locales del 6 de octubre, que ganó el candidato panista en una elección cerrada, y entonces priístas y perredistas se mantuvieron en el edificio alegando fraude electoral, a pesar de que el Tribunal Estatal Electoral ratificó el triunfo de Alejandro Marín.

Finalmente, aunque según el alcalde, priístas y perredistas “ya querían dejar el edificio”, este 15 de marzo se concreto el convenio, en donde insistió en agradecer por su mediación a Juárez Cisneros, Miranda Añorve, y al dirigente estatal panista Francisco Francisco Rodríguez Otero, presente en la conferencia. Se asignaron a los inconformes cuatro direcciones “de nueva creación”, como Salud y Ecología, “y dos más que ahorita no recuerdo”.

Brenda Escobar, corresponsal, Petatlán * El Secretario de Educación, Daniel Pano Cruz, efectuó una gira de trabajo aquí y negó así que sus frecuentes visitas a la región respondían a su aspiración por ser el candidato del PRI a diputado federal por el distrito 03 de la Costa Grande.

“Así como hoy he venido aquí, he trabajado por las diferentes regiones del estado”, dijo el funcionario quien estuvo acompañado por el presidente municipal Javier Rodríguez Aceves y por el diputado federal priísta Celestino Bailón Guerrero.

Pano Cruz visitó 13 escuelas de la cabecera municipal de Petatlán, y como en sus visitas anteriores a planteles de la región, entregó pintura, butacas y material didáctico a primarias y jardines de niños.

En esta ocasión no hubo priístas buscando figurar en las fotografías o hacerse notar ante los ojos del funcionario, de quien se llegó a decir que era el delfín del gobernador René Juárez Cisneros.

Aquí, en entrevista, negó que con la visita de ayer pretenda cambiar la imagen ante la opinión pública de que sus giras anteriores se debían a que tenía una aspiración política.

Dijo estar recorriendo toda la entidad y que su recorrido por escuelas de Petatlán “no es un evento aislado, forma parte de una nueva política de trabajo que impulsamos desde la Secretaría de Educación”. Después enumeró los diferentes sitios que ha visitado en los últimos días antes de estar en Petatlán.

Aunque intentó reservar su opinión, el secretario Pano Cruz manifestó que la candidatura del ex dirigente estatal del SNTE, José Angel Bolívar Galeana en este distrito de la Costa Grande le parece “respetable”, al tiempo que añadió que “el secretario de Educación está abocado al cumplimiento de las políticas educativas en Guerrero, considero que las tareas partidistas y políticas no tienen que ver con el sector educativo y por lo tanto me reservaría cualquier comentario”.

–Pero usted figuró como posible precandidato en el escenario político –se le planteó.

–Escuché en algún momento que mi nombre sonó, pero desde luego que el secretario de Educación no ha perdido ni un solo minuto en la tarea educativa que me ha encomendado el Ejecutivo estatal.

–¿Y por eso regresa ahora?

–No, yo he estado siempre en la región de la Costa Grande como lo estoy permanentemente en el resto de las regiones de la entidad –expresó.

En esta gira, el alcalde Rodríguez Aceves, postulado por el PRD expresó que “para gobernar y hacer llegar beneficios al pueblo, no deben de verse colores ni partidos” y entonces le planteó a Pano Cruz la necesidad en este municipio de una institución educativa en la cual los jóvenes petatlecos puedan cursar una licenciatura.

Pano se mostró interesado en la propuesta, por lo que se pactó el compromiso que para el próximo año fiscal, también con la colaboración del rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Nelson Valle López, se construya un campus universitario de la UAG en Petatlán para así ofertar otras posibilidades de desarrollo profesional a los jóvenes de escasos recursos de toda la región.

Maricela Santos, corresponsal, Zihuatanejo * Profesores afines al dirigente de la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Job Bernache Guzmán, anunciaron la conformación de la Asociación Ciudadana del Magisterio (ACM) en la que pretenden además sumar a padres de familia y organizaciones no gubernamentales con el fin de hacer política.

El vicepresidente de la ACM, Marco Antonio Pineda Obispo convocó a la organización y a los secretarios generales y representantes de los diversos planteles educativos de Zihuatanejo a formar parte de esta organización que, indicó, puede establecer acuerdos con las organizaciones políticas que estén de acuerdo con los principios de la organización.

Pineda Obispo –secretario de Carrera Magisterial de la Sección 14 quien recientemente se enfrascó en un debate sobre los recursos para ese programa con el secretario de Educacióin Daniel Pano– rechazó que se pretenda crear una organización filopriísta puesto que él mismo se identificó como perredista. La ACM que preside Bernache Guzmán ya fue integrada a nivel nacional y estatal y esta por ser conformada a niveles regionales con los profesores a fines a la corriente institucional, que responden a la línea de la secretaria general del CEN del PRI, Elba estheer Gordillo.

El coordinador de Acción Política, Tomás Martínez Rendón dijo que la organización será apartidista y a pregunta expresa negó que su integración tenga que ver con el proceso electoral federal o con el apoyo al aspirante priísta a diputado federal por el tercer distrito, José Ángel Bolívar Galeana ex dirigente del magisterio institucional en Guerrero, y miembro también del grupo de Gordillo.

* Detención arbitraria, lesiones, ejercicio indebido de la función pública, allanamiento de morada, amenazas, irregularidades en la averiguación previa, retención ilegal, tortura, cohecho e incomunicación, entre las quejas más frecuentes * Exige el total cumplimiento de la recomendación contra judiciales acusados de la desaparición de nueve ciudadanos

Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * En materia de derechos humanos “no es fácil alcanzar los objetivos” de su defensa y respeto en un estado como Guerrero, alertó el presidente de la Codehum, Juan Alarcón Hernández, quien concentró en la pobreza y la incultura de los guerrerenses las causas que llevan a la violación de estas garantías.

Alarcón dio lectura a un resumen de su 12 Informe de Trabajo ante diputados del Congreso local, y destacó que el organismo atendió 12 mil 86 personas, cifra superior en 37.83 por ciento a la presentadas en el 2002 y que las quejas más frecuentes fueron: detención arbitraria, lesiones, ejercicio indebido de la función pública, allanamiento de morada, amenazas, irregularidades en la averiguación previa, retención ilegal, tortura, cohecho e incomunicación.

También se refirió al trabajo de capacitación de la dependencia a militares de la 35 Zona, a los integrantes de los Batallones de Infantería 50, 41, 40, 27 y 93 destacamentados en el estado, así como a las “fuerzas especiales” asentadas en Iguala.

Luego propuso al Congreso local crear defensorías municipales de derechos humanos con carácter autónomo y la figura del regidor comisionado de Derechos Humanos.

Pidió asimismo a los diputados que legislen para darle a la Codehum la facultad de presentar iniciativas de ley en materia de derechos humanos.

En su informe hizo énfasis en la recomendación 19/2002 sobre la desaparición involuntaria de personas, de la que se responsabilizó a directivos, comandantes y agentes de la Policía Judicial dependiente de la PGJE, misma que ésta aceptó, tras “una fuerte controversia” con la Codehum.

La recomendación aludida la referida a la desaparición de nueve personas, entre ellas la de Faustino Jiménez Alvarez, a quien se implicó en el secuestro de su primo, el transportista José Valle en Acapulco.

Al respecto, Alarcón recordó que por esta recomendación están siendo procesados cinco jefes y agentes y se han librado las correspondientes órdenes de aprehensión en contra de seis agentes y comandantes de la Policía Judicial del Estado, siguiendo su curso las averiguaciones previas abiertas.

En este sentido advirtió frente al secretario general de Gobierno, Marcelino Miranda Añorve: “Tenemos confianza de que esta recomendación (19/2002) se cumpla totalmente, de lo contrario haremos público el cumplimiento insatisfactorio de dicho documento”.

Enseguida, dio a conocer que de noviembre de 2001 a diciembre de 2002 se emitieron 95 recomendaciones y 413 opiniones y propuestas dirigidas principalmente a los ayuntamientos, la Procuraduría de Justicia del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, la SEG, la Secretaría General de Gobierno, el Poder Judicial, a los Ceresos, al Invisur, a la Defensoría de Oficio, Comisión Técnica del Transporte y Vialidad y al Tribunal de la Contencioso Administrativo.

De estas recomendaciones 53 fueron aceptadas y 25 no han sido contestadas, informó.

Pero reveló que la PGJE sigue teniendo el mayor número de recomendaciones no aceptadas, cuatro del 2001 y seis del 2002, aunque reconoce que la dependencia ha tenido una mejoría en el acatamiento de aquellas.

Ya para culminar su informe dijo que en Guerrero los retos para la vigencia plena de los derechos humanos son “el grado de sinceridad o simulación de quienes gobiernan el país o a los estados o de los funcionarios que no actúan conforme al ejercicio ético de la función pública que tienen a su cargo”.

Agregó que México es un país que ansía forjar los valores de la democracia y los guerrerenses han luchado “con pasión y muchas veces por estos valores que son fundamentales para encontrar la felicidad”, pero añadió que en esta entidad “no es fácil alcanzar estos objetivos”.

Fue entonces que dijo que “pobreza e incultura” son detonantes de “inconformidades sociales y violencia”, argumentando en ese sentido que “por ahora el destino es la democracia y hacia allá se deben orientar las fuerzas sociales para avanzar más en este sistema y perfeccionarlo”.

Para responder el informe, el presidente de la Comisión de Gobierno, Carlos Sánchez Barrios de manera breve dijo que “hay avances en materia de defensa y respeto a los derechos humanos en Guerrero”.

Aunque, acotó, “persisten desigualdades y por eso seguimos luchando porque los derechos humanos no sean vulnerados a través del combate a la impunidad y la corrupción”.

Recordó que en diciembre pasado (en realidad fue en enero), el gobierno del estado promovió reformas constitucionales para que los servidores públicos comparezcan ante el Congreso local a informar por qué no aceptan o no cumplen las recomendaciones de la Codehum.

Luego, Alarcón entregó a los representantes de los tres poderes públicos copias del 12 Informe de Trabajo (no así a los reporteros de la fuente) y luego invitó a los presentes a tomar un vino de honor en la sede de la Codehum.

En el salón de los Próceres del Congreso local estuvieron además los vocales de la Comisión de Gobierno, Heriberto Noriega Cantú, del PRS, y Félix Bautista Matías de Convergencia, (a quien se omitió presentar como presidente de la Comisión Permanente y por ello representante del Poder Legislativo); y por la Comisión de Derechos Humanos estuvo su presidente, el diputado Rómulo Reza Hurtado, del PRD.

Como invitados especiales estuvieron el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raúl Calvo Sánchez; y por el Poder Ejecutivo, el secretario general de Gobierno, Marcelino Miranda Añorve.

El secretario general de Gobierno, Marcelino Miranda Añorve destacó que el gobierno del estado no tiene ninguna recomendación, pero de la CNDH.

En entrevista al término del acto, el funcionario estatal dijo que “el  informe ha sido objetivo, pero el gobernador por causas imputables a su gobierno no ha recibido ninguna recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hubo una en contra del servicio de salud pero no fue en la administración de René Juárez, hubo otra que es un peritaje, que también no es de la administración”.

Luego a modo de justificación dijo que la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad Pública son las dependencias que están más  expuestas “a que algunos servidores públicos, no todos, se excedan en sus funciones”.

Indicó que el gobernador instruyó a todos los servidores públicos estatales que “seamos respetuosos de los derechos humanos, él nos instruyó y constantemente nos está recordando eso”.

Seguridad Pública “ha venido impulsando una serie de cursos de profesionalización, de capacitación al igual que la Procuraduría, se está dando orientación sobre derechos humanos, parte de la Constitución, todo el marco jurídico”.

Y sobre la recomendación 19/2002 dijo que ha habido avances importantes, “pero también hay que entender que cada servidor público a quien se le cuestiona tiene el derecho de defenderse y de interponer las acciones que procedan y respondan a sus intereses y derecho, porque nadie puede ser sancionado sin ser escuchado. (Hugo Pacheco León).

Rómulo Reza Hurtado, del PRD: “Considero que es un informe objetivo, realista, demuestra que se ha estado trabajando en materia de derechos humanos, la prueba está de que se han dado iniciativas a raíz de esta comisión que han incidido en el aspecto educativo con el hecho de que se hayan repartido 35 mil ejemplares de esta guía metodológica para la enseñanza de los derechos humanos en la currícula de la primaria, es importante porque es el primer paso para crear una cultura a favor de los derechos humanos de la cual hemos estado en ayunas aquí en Guerrero”.

Respecto a la recomendación 19/2002 dijo que “hay un comandante, Federico Peredo, que anda evadiendo la acción de la justicia y lejos de proceder en contra de él lo han premiado con una fiscalía especial, entonces esto en lugar de enaltecer la procuración de justicia viene a empañarla. En su momento nos pronunciamos en contra de esta designación, porque no se va a combatir el delito con el delito mismo”.

David Tapia Bravo, del PAN: “Creo que se están haciendo muchos esfuerzos porque en Guerrero se abata la violación de los derechos humanos, desafortunadamente por el mismo nivel de cultura en los organismos gubernamentales se presentan estas violaciones y también influye en la forma en como están operando varios organismos públicos con prácticas del pasado”.

“Hace falta la rendición de cuentas, es decir, que todos los organismos públicos estemos sujetos a la acción de la ley y en caso de no atender una recomendación, debe explicar al Congreso porqué, como dice la ley que ya aprobamos”.

 

Félix Bautista Matías, de Convergencia: “Fue un informe realista, objetivo, creo que la autoridad moral de Juan Alarcón Hernández no deja dudas para llevar a cabo un trabajo eficiente en la Codehum, creo que ha sido también propositivo, exhorta al Congreso que se legisle para que se siga profundizando y desarrollando la defensa de los derechos humanos, es crítico porque señala el incumplimiento de recomendaciones por algunas autoridades.

 

Heriberto Noriega Cantú, del PRS: “Hay avances en cuanto al deseo de fortalecer, consolidar y seguir desarrollando una cultura de prevención y defensa irrestricta de los derechos humanos de los guerrerenses”.

“También hay estancamiento en cuanto a algunas dependencias del aparato del Ejecutivo estatal que no han dado cumplimiento a esas recomendaciones, importantes las propuestas que hace a través de su informe para que se pueda facultar a este organismo a que inicie decretos o leyes en la materia o crear la figura de defensor de los derechos humanos a nivel municipal en coadyuvancia con el regidor de educación”.

“Creo que debe seguir impulsando la capacitación hacia el Ejército Mexicano y las distintas corporaciones policiacas en la entidad, que debe de seguir poniendo el acento en el cumplimiento o incumplimiento por parte de las dependencias estatales, y en materia legislativa continuar modernizando para no rezagarnos y seguir siendo vanguardia en el país de la defensa de los derechos humanos”.

De la corresponsalía, Chilpancingo * Mientras que el secretario general de Gobierno, Marcelino Miranda Añorve declaró que el gobierno de René Juárez Cisneros no tiene “una varita mágica” para detener los secuestros en Guerrero, el coordinador de la bancada del PRI en el Congreso local, Carlos Sánchez Barrios, no descartó reunir dinero entre los diputados para pagar el rescate del hermano de un legislador que fue plagiado el pasado fin de semana.

En los últimos siete días se han registrado tres plagios en el estado, entre ellos el de Roberto Burgos, hermano del diputado priísta por el distrito 19 con cabecera en Taxco de Alarcón, Alvaro Burgos Barrera.

También fueron plagiados, el ganadero de Ometepec, Juan Dimayuga y José Guadalupe Pacheco, éste último fue encontrado muerto el pasado domingo en las cercanías del poblado de Aguas Blancas, del municipio de Coyuca de Benítez.

“Yo hablo de que se están haciendo esfuerzos para abatir la delincuencia, pero claro, no hay una varita mágica para decir ya no habrá más secuestros porque escapa al empeño de cada gobierno y por ejemplo podemos hablar del Distrito Federal que hay una inseguridad terrible”, expresó el funcionario.

Sobre el caso del secuestro del empresario priísta de Taxco de Alarcón, Roberto Burgos, Miranda Añorve dijo que la Procuraduría General de Justicia (PGJE) se mantiene al margen de las investigaciones para que los secuestradores no le hagan daño a su víctima.

El pasado fin de semana, el empresario Roberto Burgos viajaba a bordo de su camioneta en la carretera federal Taxco-Iguala, cuando fue interceptado por un vehículo en el que iba un grupo de individuos armados.

Los delincuentes bajaron del carro al empresario y a su chofer Antonio Legizamo, lo liberaron después de golpearlo y amenazarlo de muerte. Extraoficialmente se sabe que los secuestradores exigieron 3 millones de rescate a los familiares del empresario.

Miranda Añorve no descartó que en Guerrero se constituya un grupo de élite de antisecuestros, sin embargo aseguró que la Procuraduría de Justicia está haciendo su mejor trabajo.

“En la Procuraduría de Justicia hay excelentes agentes de la Policía Judicial que están realizando en forma excelente su trabajo, son muy profesionales en llevar a cabo su trabajo de investigación”, externó el funcionario quien fue entrevistado al término del informe de labores que presentó en el salón de los Próceres del Congreso local, el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), Juan Alarcón Hernández.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Carlos Sánchez Barrios, dijo que si sus compañeros diputados deciden hacer una cooperación económica para aportarla al pago del rescate del hermano del legislador, “no lo vamos a decir públicamente”.

“Esto es un caso muy delicado, y nosotros lamentamos por el trance que está atravesando nuestro compañero diputado”, externó.

–¿Oiga señor a qué atribuye que en los últimos meses han sido secuestrados políticos priístas?

–Eso no lo sé, no he hecho mi recuento, ¿tú lo tienes? –contestó en tono molesto Sánchez Barrios y dio por terminada la entrevista.

Instalan operativo “Montaña III”

Por otra parte, este día, el Ejército Mexicano, la Agencia Federal de Investigaciones(AFI), la Policía Judicial del Estado y la Motorizada iniciaron el operativo “Montaña III” que consiste en la instalación de retenes en los caminos rurales y la carretera federal Chilpancingo-Tlapa para realizar revisiones a los automovilistas.

Se trata, dijo una fuente de la PGR, lograr la detención de personas que cuentan con órdenes de aprehensión por diversos delitos del fuero común y fuero federal.

Y es que, según un informe confidencial, se tiene el registro de que en los 17 municipios de la Montaña se han incrementado los índices de inseguridad pública.

Los grupos de inteligencia militar, la PGR y la PJE, tienen identificadas           a las bandas de delincuentes y a células           del Ejército Popular Revolucionario que vienen operando en esa región.

Según, el informe confidencial, el EPR, fue el que secuestró al priísta, Omar Apreza Salgado, hermano del alcalde de Olinalá.

También, indica el informe, en diciembre del año pasado se encontró un campamento de entrenamiento en la comunidad de Yuvinani, del municipio de Metlatónoc.

* La descubrieron unos campesinos

Brenda Escobar, corresponsal, Zihuatanejo n Ayer miércoles fue encontrada en un potrero, la osamenta de una mujer en la comunidad de La Salitrera, perteneciente al municipio de Azueta.

La agente auxiliar del Ministerio Público del Fuero Común (MPFC), Olivia Salgado Ramírez, informó que a 8 kilómetros del puente de la comunidad de La Salitrera, en el lado oriente, ayer por la tarde, unos campesinos descubrieron la osamenta y dieron parte a las autoridades.

En el lugar de los hechos además del esqueleto humano se encontró un vestido color negro, ropa interior y calzado, presumiéndose que se trata de una persona del sexo femenino.

Luego de hacer las diligencias de rigor, los huesos humanos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo), iniciándose la investigación correspondiente.

De la corresponsalía, Chilpancingo * La Dirección Estatal de Protección Civil no cuenta con un presupuesto para coadyuvar en el combate a los incendios forestales en Guerrero, que es una de las entidades en el país con uno de los mayores índices de siniestros cada año, reconoció el coordinador de este organismo, Gustavo Piña Lagunes.

“Nosotros dependemos de la Secretaría General de Gobierno y el presupuesto de 30 mil pesos que nos dan cada mes es para gasto revolvente”, expresó el funcionario.

“Hacemos esfuerzos para que los 30 mil pesos que nos dan, nos ajuste para los gastos de operación que hacemos en Protección Civil”, manifestó Piña Lagunes.

Entrevistado en sus oficinas de la Dirección Estatal de Protección Civil, el funcionario dijo que siempre los recursos económicos para combatir en forma eficaz los incendios forestales serán insuficientes y que más de dotar de equipo a las brigadas que combaten los siniestros, se necesita intensificar las campañas de concientización entre la población.

“Nosotros apenas contamos con cinco personas que no realizan tareas de combate de incendios, sino que llevan a cabo cursos de capacitación a los grupos de brigadistas de las comunidades”, expresó Piña Lagunes.

“Lo que nos dan, apenas nos alcanza para reparar los vehículos, comprar llantas, algunos viáticos y papelería”, sostuvo.

El funcionario dijo que espera que el gobierno del estado les otorgue un presupuesto para reforzar tareas como la de combatir los incendios forestales en la entidad.

Pero por lo pronto, añadió, el gobierno de René Juárez Cisneros está construyendo un edificio propio para Protección Civil, mismo que estará ubicado a las nuevas instalaciones del Cuerpo de Bomberos.

“Aquí donde estamos, nos pagan la renta, pero ya cuando nos vayamos al nuevo edificio seguramente tendrémos más espacio y a lo mejor un presupuesto”, manifestó.

Piña Lagunes dio a conocer que en los últimos 75 días se han registrado 57 incendios forestales en Guerrero y como consecuencia de ello han resultado afectadas 2 mil 400 hectáreas de pastizales, arbustos y bosques.

Indicó que hasta el momento las brigadas de las comunidades rurales y de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) no han podido sofocar los incendios forestales en los poblados de Iliatenco y Xochipala, el primero de ellos perteneciente al municipio de Malinaltepec, y el segundo a Eduardo Neri.

En el caso de la comunidad de Iliatenco, en la región de La Montaña, han sido afectadas 20 hectáreas de zonas boscosas y en Xochipala, 10 hectáreas de pastizales.

Las regiones más afectadas por los siniestros son la Costa Grande, Costa Chica, el municipio de Acapulco y la zona Centro del estado, indicó.

Francisco Magaña, corresponsal, Atoyac * El secretario de Seguridad Pública de Atoyac, Olimpo Soberanis Méndez señaló que los policías preventivos que se inconformaron antier por los bajos salarios, no tienen fundamentos para tomar el ayuntamiento.

Señaló que la actitud de los preventivos “anónimos” que amenazaron tomar el Palacio Municipal, por presuntas demandas incumplidas, carecen de toda razón .

Dijo que sus demandas de seguro de vida, desde que ingresaron lo tienen, el bono alimenticio, servicios médicos, equipo e incremento salarial, ya están incluidos en el Plan de desarrollo municipal, que fue avalado por el Cabildo.

Incluso, el equipamiento de uniformes y armamento, es un hecho que en breve se les otorgara, pero destacó que la actitud de aquellos preventivos que están en la lista de ser despedidos por no reunir los requisitos aún cuando se les dio un plazo para presentarlos, no serán solapados.

La misma situación, dijo, será para los dos preventivos que resultaron positivos en el examen antidoping, “su salida es un hecho”, anunció.

El responsable de la seguridad en el municipio, señaló no justifica la actitud de los policías “anónimos”, por que sus demandas ya son parte del Plan de desarrollo municipal, pero adelanto que se les dará el bono de 175 pesos para el rubro de alimentación