Maricela Santos, corresponsal, Zihuatanejo * El coordinador de supervisión nacional de Institutos Tecnológicos, Felipe Calzada Hernández anunció ayer la destitución de los subdirectores administrativos y de planeación del Instituto Tecnológico de la Costa Grande (ITCG) y el comienzo de un proceso de investigación sobre la situación que prevalece en ese plantel.

Ramón Mondragón Ramos fue designado como subdirector administrativo, en sustitución de Felipe Martínez Alvarez, y se nombró a Gelasio Montes Roa, en la subdirección de Planeación, en sustitución de Marco Antonio González Ramírez.

Montes Roa fungía desde el 19 de febrero como enlace con los trabajadores de la delegación sindical D-II-23 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), quienes el 12 de febrero tomaron la dirección del plantel en demanda de la destitución del director y los subdirectores académicos, administrativos y de planeación, hasta que el 19 de febrero fue removido del cargo el entonces director, Eduardo Hesiquio Corona Ramos.

Aunque el representante de la dirección general de Institutos Tecnológicos evadió responder los motivos de este cambio, adelantó que durante toda esta semana se quedará una comisión de la dirección general de Institutos Tecnológicos para hacer una investigación minuciosa de las condiciones en que opera el ITCG que fue una de las solicitudes hechas por Corona Ramos desde antes de su destitución como directivo del plantel.

* Después del secuestro de José (en junio de 2001), “ahora seremos apaleados por los órganos de procuración y administración de justicia”, dice el hermano menor de la familia en una carta

Alfredo Mondragón * El juez primero de lo penal con sede en Chilpancingo, Derly Alderete Cruz, libró orden de aprehensión en contra de los hermanos Raúl y Arturo Valle Alvarez, por el delito de secuestro en agravio de su primo Faustino Jiménez Alvarez, desaparecido presuntamente por agentes de la Policía Judicial del Estado (PJE) desde el 17 de junio del 2001.

La resolución se originó a raíz de una intervención de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y de la recomendación 019 de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum), al gobernador René Juárez Cisneros y al procurador de Justicia de Guerrero, Jesús Ramírez Guerrero.

El juez libró la orden de aprehensión en contra de los hermanos Raúl y Arturo el 3 de febrero de este año, la cual transcribió la agente del Ministerio Público Elvia Ildefonso Nava por el delito de secuestro en agravio de Faustino Jiménez Alvarez, desaparecido dos días después del secuestro del empresario priísta José Valle Alvarez, rescatado con vida por agentes de la PJE el 15 de junio del 2001.

Por la desaparición de Faustino Jiménez se encuentra bajo proceso penal en el penal de Chilpancingo, ante el juez Alderete Cruz, el ex comandante regional de la PJE en Acapulco Fidel Morales Vargas, y el ex agente Jaime Nicolás Cabañas, Alvaro Gallo Clavel, Julio Caballero Bello y Saúl Martínez Mondragón son enjuiciados por la desaparición del empresario de Tixtla José Ramírez Millán.

En su declaración preparatoria Fidel Morales negó las acusaciones y dijo que Faustino Jiménez Alvarez fue detenido por el ex comandante de la PJE de Ciudad Renacimiento Arturo Sánchez de Tagle, quien se encuentra prófugo de la justicia.

El 13 de julio del 2002, la CIDH solicitó al gobierno de Guerrero otorgar medidas cautelares a favor de Faustino Jiménez, quien habría sido detenido violentamente sin orden judicial el 17 de junio de ese año por agentes de la PJE y el estado respondió al organismo que el 26 de noviembre de 2002 ya se había detenido a dos presuntos responsables y que seguían en la búsqueda del desaparecido.

La esposa del desaparecido Enedina González denunció a organismos nacionales e internacionales de derechos humanos que la madrugada del 17 de junio varias decenas de agentes de la PJE, acompañados de Raúl y Arturo Valle, habían sacado de su casa en Tierra Colorada a su esposo a quien trataban de involucrar en el secuestro del empresario José Valle.

Enedina González identificó al ex comandante regional de Acapulco Fidel Morales y el ex comandante de Renacimiento Sánchez de Tagle, como los personajes que detuvieron a su esposo.

Tras una larga búsqueda en separos policiacos y con la renuencia de las autoridades, concluyó que su esposo estaba desaparecido y presentó denuncias ante la misma PGJE y organismos de derechos humanos.

En marzo del 2002, la Codehum emitió la recomendación 019 al gobierno de Guerrero en la que pedía el arraigo y acción penal de dos ex directores de la PJE, Edilberto Solís Ramírez y Jaime Figueroa Velázquez, nueve comandante y 13 agentes, tras encontrarlos responsables de la desaparición forzada de nueve ciudadanos, entre ellos Faustino Jiménez.

El hermano menor de la familia Valle Alvarez, Sergio, solicitó al gobernador René Juárez y al procurador de Justicia, Jesús Ramírez, una audiencia debido a que tras haber sufrido el secuestro de su hermano José Valle, ahora “resulta que seremos apaleados por los órganos de la procuración y administración de justicia debido a las presiones de los organismos que se suponen son garantes de los derechos constitucionales de los ciudadanos”.

Sergio Valle también solicitó al gobernador y al procurador que “no se inicie una cacería en contra de las familias Valle Rodríguez y Valle Salamanca, con el afán de cumplir una orden de aprehensión en contra de mis hermanos a quienes se les pretende privar de su libertad de manera inconstitucional y causar un mayor daño psicológico, físico, económico y social, toda vez que mi familia goza de un prestigio entre los guerrenses porque somos gente de trabajo”.

Sergio Valle criticó al procurador de Justicia, Jesús Ramírez Guerrero, por “carecer de carácter y conocimiento jurídico al aceptar la recomendación para ejercer acción penal en contra de mis hermanos, sin antes haber dado la oportunidad de aportar todas y cada una de las pruebas para demostrar que no tuvieron participación alguna en la investigación de la PGJE, por lo que es inconcebible que ahora se pretenda violentar sus derechos constitucionales, basándose en simples señalamientos sin sustento legal”.

Sergio Valle recordó que la misma PGJE investigó la desaparición o secuestro de su primo e incluso detuvo al ex comandante Fidel Morales, “y declaró ante juez, tengo entendido, que Faustino fue detenido por el ex comandante Sánchez de Tagle, supuestamente porque formaba parte de banda que había secuestrado a mi hermano José”.

En una carta dirigida a El Sur, dijo que la familia Valle Alvarez pregunta “¿Acaso las órdenes de aprehensión de mis hermanos Raúl y Arturo, es un aviso a la sociedad de que quienes sufren un secuestro, después corren el riesgo de que la Procuraduría y Derechos Humanos, los relacionen en hechos presumiblemente violatorios de las garantías?”.

También, que la familia Valle Alvarez “reitera que a la fecha desconoce si las investigaciones realizadas durante y posterior al secuestro de mi hermano José haya tenido participación alguna en ese ilícito el presunto desaparecido Faustino Jiménez”.

Por último, la familia Valle Alvarez exige al procurador que “públicamente informe si Faustino Jiménez participó en alguna forma en el secuestro de José Valle, de acuerdo a la investigación realizada por la PJE”.

* Afirma que en el plagio del propietario de la escuela Jaime Torres Bodet participaron los ex comandantes prófugos Víctor Castro Valente y Fortunato Zamora Paz

Alfredo Mondragón * El ex comandante de la Policía Judicial del Estado (PJE), Francisco Cortés Pastenes, demandó al empresario en educación Raúl Astudillo García por el delito de difamación y lo que resulte, a raíz de las declaraciones que hizo en diferentes medios informativos en el sentido de que es hostigado por ex agentes presos y por Cortés Pastenes.

El ex policía judicial reveló que en el plagio del profesor Astudillo García participaron los ex comandantes de la PJE prófugos, Víctor Castro Valente y Fortunato Zamora Paz, porque “incluso la señora Astudillo hizo público que conoció la camioneta de Zamora como el vehículo que fue a recoger el rescate” y a quienes el ex subprocurador y actual magistrado Miguel Barreto Sedeño “los encubrió todo el tiempo”.

El ex judicial Cortés Pastenes colaboró en las investigaciones de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum) que terminó en la recomendación 019/2002 en la que se pide el arraigo y acción penal en contra de dos ex directores de la PJE, Edilberto Solís y Jaime Figueroa, nueve comandantes y una veintena de agentes judiciales que estaban involucrados en secuestros, ejecuciones extrajudiciales, narcotráfico y robo de vehículos.

En la recomendación, dijo Cortés Pastenes, están los comandantes Víctor Castro, Fortunato Zamora, prófugos y “que las mismas pruebas que existen están en contra del comandante regional de Zihuatanejo, Federico Peredo Jiménez y del comandante regional de Acapulco, Alfredo Camacho Millán, segundo comandante de Zamora Paz”.

En una visita a la redacción de El Sur, comentó que ayer por la mañana al leer los diarios locales, encontró una noticia del profesor Astudillo García –que dio en una conferencia de prensa a la que no fue invitado este diario– en “la que menciona que este servidor y otros ex judiciales presos, desde el penal lo estamos hostigando”.

También porque el profesor Astudillo García, propietario de la escuela superior Jaime Torres Bodet, afirman que “nosotros, denunciamos que esconde al prófugo ex comandante Fortunato Zamora, pero todo es totalmente falso, prueba de ello es que estoy libre y jamás lo he hostigado, nunca he conversado con él ni lo conozco”.

Cortés Pastenes solicitó al titular de la agencia central del Ministerio Público, Enrique Gil Mercado, su intervención e investigación           “para que me compruebe su dicho porque está dañando mi reputación y moralmente a mi familia; no sé quién lo asesoró o mal informó o tal vez quiera hacerle propaganda a su sobrino el senador Héctor Astudillo Flores, pero a mi costa no se vale”.

La denuncia quedó registrada con el número TAB/I/3/271/03 y entregó al MP recortes de las notas publicadas en Novedades Acapulco y El Sol de Acapulco.

Cortés Pastenes dijo: “Yo quiero pedirle que recapacite, si él fue víctima de un secuestro, quiero decirle que soy uno de los primeros en estar pugnando porque sean castigados los verdaderos secuestradores, estoy dispuesto a comparecer, y que no se deje llevar por ninguna mala información”.

Cortés Pastenes informó lo que sabe del secuestro del profesor Astudillo: “Sé que Víctor Castro y Jaime Nicolás Cabañas torturaron a varias personas entre ellos a un comandante de apellido Vargas y su sobrino, José Rodríguez Román, a quien tras el interrogatorio lo mataron, escondieron su cuerpo y que le pidieron a su esposa 200 mil pesos; ella hizo público que conoció la camioneta de Fortunato Zamora, cuando fueron a recoger el dinero (del rescate)”.

Agregó: “Incluso fue a una televisora nacional a publicar esto y que (el ex subprocurador), Miguel Barreto Sedeño, los encubrió todo el tiempo y ese es el magistrado que tenemos, el gobernador debería de tener vergüenza haber puesto a Barreto donde está, tal parece que a los delincuentes se les premia”.

* En la reunión, Juárez Cisneros dijo que será respetuoso de los cambios, informó el dirigente del FODEG, Pedro Nava * Trasladan a Acapulco el preso perredista Angel Guillermo Martínez, que estaba en el penal de máxima seguridad de Puente Grande * El gobernador dio instrucciones para que una comisión de abogados y la Codehum revisen los expedientes de 50 presos políticos, comenzando por los que se pusieron en huelga de hambre

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Diputados del Congreso del Estado accedieron ayer en una reunión con el gobernador René Juárez, familiares de presos políticos y dirigentes de organizaciones sociales, a realizar reformas a la Ley de Amnistía a partir del próximo mes de abril.

Ello, tras una huelga de hambre durante 17 días de cinco presos políticos y nueve días de otro de sus compañeros en el reclusorio de Acapulco y al incorporarse al ayuno a partir de este martes otros tres pesos de Chilpancingo y luego de que durante esta semana integrantes de varias organizaciones sociales protestaron en esta capital.

En Casa Guerrero fueron recibidos ayer por el gobernador René Juárez familiares de los presos políticos que hicieron la huelga de hambre, los dirigentes de las organizaciones sociales del Movimiento Social de Izquierda (MSI), Ranferi Hernández Acevedo; del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG), Bertoldo Martínez Cruz y Pedro Nava Rodríguez; de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Hilario Mesino; el dirigente del Movimiento Azteca de Iguala, Arturo Hernández Cardona, así como el profesor universitario Rafael Aréstegui Ruiz.

Estuvieron asimismo en la reunión el diputado perredista Rómulo Reza, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, y los priístas Cuauhtémoc Salgado, presidente de la Comisión de Justicia, y el presidente de la Comisión de Gobierno, Carlos Sánchez Barrios y Juan José Castro Justo y el del Partido de la Revolución del Sur (PRS), Heriberto Noriega Cantú.

Asistieron como testigos de los acuerdos el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raúl Calvo Sánchez; el presidente de la Comisión de Defensa de de los Derechos Humanos, Juan Alarcón Hernández; el procurador de Justicia, Jesús Ramírez Guerrero, el director general de los centros de Readaptación Social, José Luis Trujillo; el secretario de Seguridad Pública, Luis León Aponte y el subsecretario de Gobierno para Asuntos Jurídicos, Gustavo Morlett Berdejo.

La reunión duró de las 2 a las 3 de la tarde y al salir, el dirigente del FODEG, Pedro Nava Rodríguez, dijo que los diputados locales se comprometieron a que a partir del primero de abril comenzarían a discutir en el Congreso local las reformas a la Ley de Amnistía, mientras que el gobernador se dijo respetuoso de las reformas que se realicen a dicha ley, según informó Nava Rodríguez.

Nava Rodríguez informó que en la misma reunión se dio a conocer un escrito que envió el juez quinto de distrito con sede en Acapulco al secretario de Seguridad Pública federal, Alejandro Gertz Manero, con fecha 21 de febrero, para que fuera trasladado el preso Angel Guillermo Martínez González del penal de Puente Grande, Jalisco, al puerto de Acapulco, disposición que se cumplió ayer por la tarde.

Informó que en la reunión se logró también que el gobernador René Juárez instruyera para que el hijo del dirigente de la OCSS, Hilario Mesino, Miguel Angel Mesino ya no esté segregado en el penal de esta capital y que además se iniciarán los trámites para que sea cambiado al penal de Tecpan en donde debe estar por la cercanía a su domicilio.

Dijo que el gobernador instruyó también, al subsecretario de Asuntos Jurídicos del gobierno estatal, Gustavo Morlett Verdejo, para que integre una comisión de abogados y que se invite como observador al visitador de la Codehum, Hipólito Lugo Cortés, a fin de que inicien la revisión de los expedientes de 50 presos políticos, comenzando por los presos que realizaron la huelga de hambre en el penal de Acapulco y esta capital.

Mientras tanto, tres presos de esta capital: Alfredo Barragán Rentería, Fidel García Ramírez y Miguel Angel Mesino, decidieron ayer continuar con su huelga de hambre que iniciaron a las 12 y media del martes pasado “hasta ver que se está cumpliendo con los acuerdos”, dijo Barragán Rentería, vía telefónica.

Ello porque señaló que en varias ocasiones han sido engañados con acuerdos similares, “siempre se nos dice que se va a hacer esto o aquello pero al final no se cumple nada o se cumple a medias, como la actual Ley de Amnistía que estamos pidiendo que se reforme”, indicó.

Alfredo Mondragón * Unos 25 estudiantes de la Preparatoria 22 de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) de Atoyac de Alvarez, encabezados por el profesor Wilibaldo Rojas Arrellano, visitaron ayer a los presos políticos del penal de Las Cruces, en Acapulco, para manifestar su solidaridad con sus demandas, tras el levantamiento de su huelga de hambre que duró 17 días.

También visitó a los presos el dirigente del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG), Bertoldo Martínez Cruz y ex preso político, quien conminó a todos los diputados locales a agilizar las reformas necesarias a la Ley de Amnistía local.

Martínez Cruz dijo que desde el 22 de enero, su organización entregó el anteproyecto de reforma a la Ley de Amnistía a todas las fracciones parlamentarias, a las comisiones de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos del Congreso y urgió a resolver las demandas de los ex huelguistas.

Martínez Cruz dijo que son necesarias las reformas “para evitar que los compañeros se desesperen y suceda como el caso de Omar Guerrero Solís (ex presidente del Comité de Presos Políticos del penal de Acapulco que se fugó el 28 de noviembre junto con 13 reos) y otros compañeros en huelga de hambre”.

A pesar de que cada preso tiene derecho a recibir la visita de cinco personas al mismo tiempo de acuerdo al reglamento interno el director del penal Daniel Sánchez Mota, al principio negó el paso a los universitarios pero más tarde accedió con la condición que ingresaran en grupos de cinco cada hora.

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Por tercer día consecutivo se mantuvieron ayer en plantón en esta capital integrantes del Movimiento Social de Izquierda (MSI) y ayer bloquearon la avenida Lázaro Cárdenas, frente a las oficinas del DIF estatal.

Los integrantes de la organización analizaban anoche si levantan su movimiento con los acuerdos de ayer en Casa Guerrero, entre ellos el ofrecimiento de que en abril próximo comenzará la discusión de las reformas a la Ley de Amnistía, una de las demandas del MSI.

Encabezados por su dirigente, Ranferi Hernández Acevedo, los integrantes del MSI de los municipios de Chilapa, Zitlala, Ahuacuotzingo, Mártir de Cuilapan, Chilpancingo, Iguala, San Marcos y Leonardo Bravo llegaron el lunes a la capital y demandan también la entrega de 2 mil 100 toneladas de fertilizante.

Piden también 6 millones de pesos del programa Empleo Temporal para los productores de maíz que sufrieron pérdidas por la sequía la temporada pasada.

Después de tres días en plantón no habían sido recibidos por ningún funcionario hasta ayer que Hernández Acevedo estuvo en la reunión con el gobernador René Juárez pero en esta únicamente se trató la demanda común con otras organizaciones que es la reforma a la Ley de Amnistía.

Debido a ello los integrantes del MSI analizarían si levantan o continúan con las protestas en esta capital.

Más de 200 integrantes de la citada organización la mañana de ayer volvieron a bloquear la calle Ignacio Ramírez atrás del Palacio de Gobierno durante dos horas y al medio día se trasladaron a la avenida Lázaro Cárdenas en donde bloquearon cerca frente al DIF estatal.

Alfredo Mondragón * Después de tres años y cuatro meses de haber estado en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, el preso perredista Angel Guillermo Martínez González, acusado de la muerte del hijo del diputado del mismo partido Marco Antonio López García y de presuntos vínculos con el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), fue trasladado de regresó al penal de Acapulco, ayer por la tarde.

Angel Guillermo Martínez fue detenido por agentes de la Policía Judicial del Estado y está bajo proceso penal por el atentado a Marco Antonio López, en el que murió su hijo Marco Antonio López Hernández, ocurrido el 4 de octubre de 1999 y fue sentenciado por acopio de municiones presuntamente propiedad del ERPI.

Martínez González fue parte de un grupo de seis presos políticos que fueron trasladados al penal de Puente Grande Jalisco el 6 de noviembre de 1999 por instrucciones del gobierno del estado bajo el argumento de que estaban planeando un motín de reos con el objetivo de fugarse.

En ese grupo también iba su esposa, Virginia Montes González; los sobrevivientes de la masacre de El Charco también acusados de pertenecer al ERPI, Efrén Cortés Chávez y Ericka Zamora Pardo; el dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, Benigno Guzmán Martínez y el dirigente del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG), Bertoldo Martínez Cruz, todos liberados algunos porque cumplieron sentencias.

Desde el traslado de los seis presos políticos, sus familiares y las organizaciones sociales y políticas a que pertenecen demandaron con insistencia su regreso a Acapulco. desde junio de 2002, del grupo de los seis que fueron trasladados sólo quedaba Angel Guillermo Martínez en el penal de máxima seguridad.

Ayer, Angel Guillermo Martínez llegó al penal de Las Cruces, en Acpulco, ayer a las 16:05 horas a bordo de una camioneta Suburban color blanco, vidrios polarizados custodiada por ocho efectivos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) de la Procuraduría General de la República (PGR).

El dirigente del FODEG, Bertoldo Martínez Cruz, informó que se percató de la llegada de Angel Guillermo Martínez porque ayer acudió a visitar a los seis presos políticos que suspendieron la huelga de hambre y dijo que sólo alcanzó a gritar: “Estamos luchando por tu libertad, no te preocupes te vamos a sacar”.

Bertoldo comentó sobre Martínez González: “Violaron sus derechos humanos, lo torturaron, ellos (con su esposa) fueron trasladados ilegalmente a tres semanas de haber ingresado al penal de Acapulco, aún cuando no estaban sentenciados”.

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Ciudadanos de la localidad indígena mixteca de Tilapa, municipio de Malinaltepec, acusaron al Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena (CG500), de actuar de manera parcial en un conflicto por tierras que existe entre ese pueblo y el de Tierra Colorada del mismo municipio.

En respuesta a una nota publicada en El Sur, el 20 de febrero pasado, en donde autoridades municipales de Tierra Colorada y la dirigencia del CG500, denunciaron la invasión de sus tierras comunales por parte de habitantes de Tilapa, el ciudadano Francisco Espíndola Cantú hizo llegar un escrito ayer al reportero en donde desmiente los señalamientos en contra de los habitantes de su localidad.

El presidente de Bienes Comunales, Luis Cortés Olivera, el presidente del Consejo de Vigilancia, Melquíades Sebastián Oropeza y el tesorero Homobono Martínez de Jesús, denunciaron en esa ocasión que los habitantes de Tilapa no sólo les estaban invadiendo sus tierras sino que en 1989 a consecuencia del conflicto fueron asesinados cuatro comuneros de Tierra Colorada y que el gobierno estatal actualmente estaba autorizando y construyendo obras dentro de las tierras en conflicto.

Pero en el documento de Espíndola Cantú que envió ayer a El Sur, señala que se trata de una serie de “declaraciones falsas, con la intención de confundir a la opinión pública, tratando de evidenciar a la comunidad de Tilapa como un pueblo conflictivo, lo cual es falso”.

“Soy originario de Tilapa y es por ello que me siento agraviado, si bien no radico allá, pero conozco la problemática que tiene mi comunidad, por lo tanto considero injusto lo expuesto por los representantes de la comunidad contraria. Es falso que mi pueblo sea invasor de tierras y conflictivo”, asegura.

Reconoce que el conflicto por tierras con Tierra Colorada sí existe “pero no es como lo tratan de reflejar perversamente las personas que declararon”.

Expone que respecto al enfrentamiento de 1989, cuando hubo cuatro comuneros de Tierra Colorada muertos, se dio porque “fueron a provocar a los de Tilapa en los momentos que estos sacaban la colindancia, no llegaron en plan conciliatorio (los de Tierra Colorada) sino agrediendo y obviamente hubo una reacción (de los de Tilapa) para defenderse. Yo estuve en ese lugar y fui testigo cuando uno de ellos sacó un arma tipo revólver, se la colocó en la frente y jaló del gatillo al representante de Tilapa, Juan Calleja Rojas, sólo que el arma no funcionó”.

Y luego agrega: “respecto a que Tilapa invadió terrenos a Arroyo San Pedro, es falso y un señalamiento perverso y de mala fe, ya que por lógica uno no puede invadir lo que es suyo, tan es así que no mencionaron en la nota que esta última comunidad es anexo de Tilapa”.

Por ello, Espíndola León, demandó que el CG500 y su dirigente (Amador Cortés Robledo), antes de apoyar a un solo grupo, conozcan la postura de las dos partes y acercarse a la verdad de las cosas, “tal vez su intención de apoyar a la otra parte sea buena, sin embargo, también Tilapa tiene derecho de ser escuchado”.

Indicó también que las obras que realiza el gobierno estatal en las tierras en conflicto “es porque son necesarias”.

De la corresponsalía, Chilpancingo * Ganaderos del municipio de Olinalá interpusieron una demanda por el delito de despojo en contra de 400 habitantes de la comunidad de Xitopontla, municipio de Ahuacuotzingo, que en junio del 2002 les invadieron 2 mil hectáreas de tierras y que se encuentran en las cercanías del lugar donde el pasado lunes fueron derribados dos helicópteros de la PGR por presuntos narcotraficantes.

Los ganaderos René Rodríguez Herrejón, Francisco Coronel Navarro y Jesús Salgado, señalaron que donde cayeron los dos helicópteros de la PGR es un lugar donde hay sembradíos de amapola y que dichas tierras pertenecen a gente de la comunidad de Xitopontla.

Manifestaron que la demanda que interpusieron es en contra de Francisco Sebastían Francisco, Cresencio Aurelio Gabriel, Rufino Jacinto de Jesús, presidente, secretario y tesorero, respectivamente del comisariado ejidal.

Según los ganaderos, estas autoridades ejidales de la comunidad de Xitopontla, del municipio de Ahuacuotzingo, fueron los que invadieron sus 2 mil hectáreas de tierras “y seguramente las quieren para sembrar enervantes”.

En la misma denuncia ante la Procuraduría de Justicia, también se mencionan como responsables de esta invasión a Nicolás Francisco Pablo, José           Sebastían Santos, Gregorio de la Cruz Jacinto quienes forman parte del Consejo de Vigilancia de dicha comunidad.

“Ellos –los de la comunidad de Xitopontla– tienen tierras, pero quieren más y por eso nos invadieron ya que son asesorados por el ex diputado local del PRD, Bernardo Ranferi Hernández Acevedo”, manifestó René Rodríguez.

Indicó que los terrenos donde cayeron los helicópteros son propiedad de los habitantes de Xitopontla y allí había sembradíos de estupefacientes.

“Los helicópteros estaban fumigando los sembradíos de estupefacientes cuando fueron agredidos, y seguramente nos quitaron esas 2 mil hectáreas para poder extender sus siembras”, señaló el ganadero Francisco Coronel Navarro.

Dijeron que aunque existe una versión de que hace unos días en las cercanías del lugar donde fueron derribados los dos helicópteros –en el que murieron cinco agentes antinarcóticos de la PGR– se encontró un campo de entrenamiento, no hay la seguridad de que en esa región opera un grupo guerrillero.

Pidieron a la Procuraduría de Justicia del Estado que agilice las investigaciones para que los 400 habitantes de Xitopontla les regresen sus 2 mil hectáreas de tierras, y no descartaron que pueda haber hechos de violencia en el lugar.

“Nosotros somos de Olinalá, y los que nos invadieron nuestras 2 mil hectáreas de tierras son campesinos del municipio de Ahuacuotzingo, por lo que exigimos que se nos haga justicia”, externó.

Los ganaderos priístas de Olinalá dieron una conferencia de prensa en las instalaciones de la delegación XVII del SNRP, esto a dos días de que en las cercanías de Xitopontla fueron derribados dos helicópteros de la PGR.

Eduardo Albarrán, corresponsal, Iguala * A pesar de las denuncias hechas por feligreses católicos ante el obispo Efrén Ramos Salazar, respecto a la actitud negativa del sacerdote Agustín Lorencilla Avila, quien incita a la violencia a los habitantes de la comunidad de Puente Campuzano, el prelado se niega sistemáticamente a intervenir, lo que los hace sospechar que está protegiéndolo.

El sacerdote Lorencilla Avila es el mismo que se apropió ilegalmente del salón de usos múltiples para convertirlo en curato en la iglesia de El Señor de Chalma, en la unidad habitacional del Infonavit de Iguala, y que ante la inconformidad de los vecinos estos se posesionaron del inmueble durante varios meses hasta que lograron que se lo regresaran, no sin antes pasar por una serie de juicios y problemas que se presentaron.

Vecinos de la comunidad de Puente Campuzano denunciaron no estar de acuerdo en que el sacerdote acuda a esas poblaciones a oficiar rituales religiosos y a dividir a la gente, como lo hizo en Iguala, porque está invadiendo otro decanato que no le corresponde.

Entre los inconformes Irene Carmiña Barrera y Rufaldo Villalobos, además de otro grupo que los acompañaron a hacer esta denuncia, manifestaron que desde el año pasado hicieron del conocimiento del obispo la actitud de Lorencilla Avila, pero no ha intervenido para solucionar el problema que puede desencadenar en un enfrentamiento porque se pretende desalojar al titular de la parroquia de la comunidad de Tecalpulco, Palemón Reynoso Arizméndi con el supuesto de que hace cobros elevados por celebrar misas y otros actos litúrgicos.

Irene Carmiña Barrera, manifestó que además del obispo, quien solapa a Lorencilla Avila, es el párroco del templo de San Francisco de Asís de la ciudad de Iguala, Emiliano Pérez.