* Después de negociar, dan marcha atrás a la disposición

Maricela Santos, corresponsal, Zihuatanejo * Vendedores ambulantes de las playas de Ixtapa y Zihuatanejo se manifestaron ayer contra la orden que les prohibía entrar a vender en la zona federal, girada por el director de Actividades Comerciales y Espectáculos Públicos (DACIEP), Noé Nogueda Alba.

Con gritos y pancartas, diversas organizaciones de vendedores ambulantes de las playas, trenzadoras y los denominados contactadores turísticos –que llegaron a sumar más de cien–, exigieron su derecho a trabajar y denunciaron que de manera arbitraria les negaron el acceso a las playas, incluso con presencia policiaca para intimidarlos. Inspectores de la DACIEP, acompañados por cinco policías se apersonaron a las playas de Azueta para ordenar que no se ejerciera la venta ambulante lo cual generó la movilización de los vendedores afectados al Palacio Municipal, diciendo que se atentaba contra su derecho constitucional de trabajar.

Masajistas, Ecoguardias de Ixtapa, la Unión de Vendedores de la Isla de Ixtapa, el Sindicato Nacional de Guías de Turistas y similares de la CTM, la Fundación Progresa, Vendedores Unidos de Playa Las Gatas y las uniones de Comerciantes Teniente José Azueta e Ignacio Burgoa, reclamaron el acceso a las playas y acusaron al ayuntamiento de violentar el acuerdo de hacer grupos de concertación entre ambulantes y autoridades para regularizar esta actividad.

En el ayuntamiento fueron atendidos por el síndico Joaquín González Ramírez, el director de Gobernación, Carlos Gutiérrez Farías, los ediles Francisco Mora Luviano, Pedro Sandoval Vázquez, Marina Sánchez y Antonio Vejar Espinoza y el propio Nogueda Alba, quien expuso que la decisión de impedir la entrada fue con la intención de hacer un censo, debido a que muchos ambulantes tienen locales en mercados de artesanías.

El síndico Joaquín González se manifestó porque la administración ordene este fenómeno que afecta al comercio establecido y al sector turístico, aunque reconoció que el método utilizado por Nogueda Alba no fue el adecuado.

Dijo que esto “afectará algunos intereses porque los mismos ambulantes promueven el ambulantaje, y a algunos pseudolíderes que quieren llevar agua a su molino para crearle problemas a la administración”. Conminó a los vendedores a regresar a sus locales. En tanto, los comerciantes expusieron las carencias de infraestructura de los mercados turísticos y acusaron al abogado Gustavo Gurrió de promover el ambulantaje con la promesa de defenderlos con argucias legales.

Se convino dar marcha atrás en la orden y que los vendedores coadyuvarán para levantar un censo de ambulantes, y que regresarán a sus locales, los que cuenten con ellos, además de que este asunto se dirimirá en el comité de concertación de zona federal.

* Lo despojaron de 5 mil 500 pesos y documentos

Alfredo Mondragón * Tres agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP), de las Fuerzas Federales de Apoyo, asaltaron y golpearon a turista José Ricardo Enrique Terrones, originario de Iztapalapa, estado de México, a quien amenazaron para que no diera a conocer el caso a los medios de comunicación.

El turista estuvo retenido desde la noche del lunes en la oficina de la PFP adscrita a la Secretaría de Protección y Vialidad hasta ayer por la tarde, pero en presencia de los policías se negó a comentar el caso porque lo tenían “intimidado”, según dijo después.

Sin embargo, al salir las instalaciones policiacas, cerca de la terminal de autobuses, Enrique Terrones denunció ante varios reporteros que tres agentes federales lo despojaron de cinco mil 500 pesos, su pasaporte y su credencial del IFE, entre otros documentos.

El turista aceptó la entrevista a cambio de que se publicara la noticia tras abordar el autobús que lo llevara a su estado de origen, y con lágrimas dijo que lo golpearon y amenazaron si denunciaba el caso.

Explicó que a las 2:00 horas de ayer, cuando caminaba en la Costera por Caleta, los tres agentes de la PFP, que visten uniformes color gris, con el argumento de una revisión, lo golpearon y despojaron

Dijo que más adelante solicitó auxilio a unos agentes de la Policía Preventiva, quienes arrestaron a los tres federales.

Un coronel de la PFP, de apellido Mojica, trasladó a los tres agentes al cuartel de la policía municipal, pero no fueron puestos a disposición de la agencia del Ministerio Público del fuero común, y en la SPV dijeron desconocer el caso.

Reporteros se dieron cuenta del caso del turista, quien en accedió a la entrevista en la terminal de autobuses, y dijo que sólo le devolvieron el pasaporte y la credencial del IFE.

* Por el momento no preveo un cambio en CAPAMA, dice en respuesta a la petición del PRD de que renuncie Sierra Ulloa en bien de la consulta sobre el organismo

Nelly Bello * El alcalde Alberto López Rosas informó que pediría al director general de la Comisión Nacional del Agua (CNA), Cristóbal Jaime Jáquez, construir una planta tratadora de aguas residuales y recuperar la ventana ecológica en Pie de la Cuesta, e invertir en la limpieza de canales pluviales.

Ayer por la mañana, López Rosas viajó a la ciudad de México para reunirse con Jaime Jáquez, encuentro que se había pospuesto, pues estaba programado para el 4 de marzo. El alcalde presentaría un programa integral que requeriría una inversión de mil 300 millones de pesos.

Antes de la entrevista, López Rosas tomó protesta a la nueva mesa directiva del Consejo directivo de la Cruz Roja Mexicana, que integran Susana Palazuelos, Ricardo Figueroa, Acela Tolechea y Margarita García.

El alcalde detalló que pediría la continuación de la construcción de la planta tratadora de agua negras en Pie de la Cuesta, suspendida por varios años y que requiere de una inversión de 70 millones de pesos; otra petición sería la recuperación de espacios para la ventana ecológica en ese poblado, así como la inversión en canales pluviales “para mantener un control absoluto y evitar que algún marginal tenga escurrimientos y esta agua llegue a la bahía”.

Dijo que en el caso de la ventana ecológica, actualmente las construcciones impiden la visibilidad de la laguna de Pie de la Cuesta, pues “se autorizaron construcciones que tapan esa ventana ecológica, y vamos a presentar un proyecto a CNA para recuperar espacios perdidos”.

Indicó que desconocía si habría alguna reubicación de restaurantes o construcciones, pues se trata de un planteamiento, “y veremos la respuesta”.

Deseó encontrar eco para que CNA destine recursos a las propuestas concretas que presentaría.

Sobre la petición de la dirigencia municipal del PRD para que el director de CAPAMA, Gerardo Sierra Ulloa, renuncie antes de la consulta sobre abrir a la inversión privada el organismo, respondió: “No se le puede exigir mucho a una dependencia que tiene un enorme pasivo de muchos años, no se puede tener capacidad de maniobra cuando se requiere una inversión directa de 2 mil millones de pesos, me parece que el mantener vigente un organismo como CAPAMA lleva un mérito después del estado en que quedó al descubierto luego del huracán Paulina. Por tanto, creo que se hace un esfuerzo y por el momento no preveo un cambio”.

Dijo que su interés es buscar el mejor sistema que garantice el abastecimiento de agua a las colonias y poblados con escasez de agua. “Trabajo en dos vertientes: en optimizar el organismo y prestar el servicio de forma oportuna, o en su caso valorar la posible participación privada hasta un 49 por ciento; no lo autorizaría si no consulto directamente a la sociedad después de que conozcan el diagnóstico de cómo se encuentra el organismo”.

* Acciones con motivo del Día de la Mujer

La Dirección de Asuntos de la Mujer y Grupos Vulnerables en coordinación con la Dirección Municipal de Salud y el Registro Civil, atendieron a personas de escasos recursos en comunidades rurales de Acapulco.

Se ofreció gratuitamente atención médica y medicamentos, con servicio odontológico, y se empezaron trámites de actas de nacimiento, que beneficiaron al menos a 750 personas de La Concepción y Ejido Nuevo, en su mayoría niños y ancianos.

La directora de la Mujer y Grupos Vulnerables, Esmeralda Hernández Gutiérrez, precisó que estas jornadas se efectuaron como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), y se contó con la participación de personalidades y grupos sociales que han luchado por la equidad de género.

“Para el gobierno municipal es de alta prioridad la atención a los más pobres, a las mujeres y grupos de la tercera edad, porque somos un gobierno sensible que reconoce en las mujeres y las personas de la tercera edad, su contribución al desarrollo de la familia y de a sociedad, son los pilares de los cambios sociales que hoy vivimos”, enfatizó la directora.

Consideró además que el Día Internacional de la Mujer fue el momento más propicio para valorar el esfuerzo y las luchas que han emprendido las mujeres; “desde cualquier lugar asumen con dignidad y firmeza su compromiso social y responsabilidades”.

En la plaza Juan Alvarez tuvo lugar el acto principal del Día de la Mujer, el sábado 8 con la participación de la regidora de Participación Social de la Mujer en el municipio de Coyuca de Benítez, Genoveva Correa Quintero; el Grupo GAVIH, el voluntariado del Hospital General de Acapulco, el Club de Leones, Mexfam, el Colegio de Mujeres Médicas, la Profeco y el Grupo RETO.

* Piden la intervención del presidente municipal

Ossiel Pacheco * Vecinos de la unidad habitacional de El Quemado acudieron ayer al Palacio Municipal del parque Papagayo a demandar la intervención del alcalde Alberto López Rosas para solucionar el problema que tienen con el cobro del consumo de energía eléctrica de las bombas proveedoras de agua, que llegan a nombre de la CAPAMA, pero que pagan ellos.

Una comisión formada por Catalina Brito Alvarez, Yudith Rodríguez Romano y Blas Cruz Aquino entregaron la solicitud al coordinador de la agenda del alcalde, Roberto Nieto.

Buscaban entregarla al alcalde López Rosas, quien salió del puerto a la ciudad de México para sostener una reunión con el director general de la CNA, Cristóbal Jaime Jáquez.

Los vecinos inconformes mostraron los dos últimos recibos que la CFE envió a la unidad habitacional, pero a nombre de la CAPAMA, con fecha limite para pagar el 16 de marzo. Uno asciende a 3 mil 886 pesos, mientras que el otro alcanza los 23 mil 484 mil pesos, que no podrán pagar.

Pretenden que el alcalde porteño intervenga, a fin de que la paramunicipal solucione el diferendo, pues se ha negado a intervenir, con el argumento de que la unidad habitacional no está registrada en el municipio, aunque paga el impuesto predial.

Piden que la CAPAMA envíe de manera individual los cobros, para evitar los problemas que se suscitan, y pague a la CFE la energía eléctrica de las bombas de agua, pues en ocasiones se quedan sin el servicio durante 20 días o más.

También piden que personal del organismo limpie los tanques de almacenamiento, pues tienen más de 4 años que no han sido limpiados, y el agua no llega de calidad para uso domestico.

* El proceso de investigación “no es venganza política, es una investigación y se le está dando derecho a defensa”, señala Díaz Sereno

Raquel Santiago Maganda * El coordinador de Asuntos Jurídicos de la UAG, Antonio Díaz Sereno negó que se haya prescrito la fecha para sancionar al ex rector, Hugo Vázquez Mendoza, porque “simplemente existe un proceso de investigación que no ha concluido”.

Por su parte, Hugo Vázquez aseguró antier que al concluir su periodo el 6 de abril de 1999, la facultad sancionadora sólo tuvo vigencia hasta el 6 de abril del año 2000. Vázquez Mendoza es acusado de desvío de recursos públicos durante su periodo como rector.

Al respecto, Antonio Díaz Sereno informó que la cancelación de la sanción universitaria es imposible porque todavía existe una investigación que no se ha concluido, porque no se ha emitido un dictamen.

Explicó que si la Comisión de Honor y Justicia no hubiera dado pie al comienzo de la investigación, entonces el ex rector junto con cuatro funcionarios no hubieran sido obligados a mostrar sus pruebas ante la acusación de desvío de recursos económicos.

Precisó que Hugo Vázquez en acusado de no justificar el gasto de 200 mil pesos, y la cantidad aproximada de 20 millones de pesos tampoco ha sido justificada por cuatro de sus funcionarios a quienes les delegó facultades.

Justificó la declaración de Vázquez Mendoza como parte de su defensa porque “como persona que está siendo sujeta a investigación puede argumentar inocencia mientras que no se le demuestren las acusaciones”.

Adelantó que de haber un dictamen en su contra, el ex rector y los cuatro funcionarios serán sancionados conforme a las leyes de 1999, periodo en el cual concluyó su administración. También aseguró que el proceso de investigación “no es venganza política, es una investigación y se está dando derecho a defensa”.

Por su parte, el profesor universitario, Eloy Cisneros Guillén aseguró que la administración central desde hace tres años encabezada por Florentino Cruz Ramírez, “no actuó porque no quiso”.

Dijo que se alargó el proceso iniciado por la acusación que ahora tiene más de tres años, aunque como integrante de la Comisión de Honor y Justicia insistió permanentemente que se debía discutir y dar el veredicto.

Informó que hasta el momento el rector Nelson Valle y el Consejo Universitario, revisan la información y por eso no ha prescrito ninguna acción dentro de la universidad a pesar de que existen condiciones para ser juzgado.

Sin embargo, lamentó que en la UAG, el Honorable Consejo Universitario, no ha ordenado ninguna sanción por el desvío de recursos de quienes hayan actuado en contra de la universidad, y “es tiempo para que se busquen las sanciones correspondientes, porque en su momento presentamos el dictamen avalado por algunos abogados de renombre en el estado”, indicó.

Manifestó su falta de confianza a la disponibilidad de la administración central para esclarecer esta situación, pero “en esta administración en tres ocasiones buscamos que se diera paso al análisis y hubo evasivas”.

Para Maclovio Sautto Vallejo, coordinador de la Unidad Académica de Matemáticas de la UAG, hasta el momento el ex rector no ha mostrado pruebas contundentes para descartar la acusación de desvío de aproximadamente 20 millones de pesos.

Dijo que no se puede eximir un delito de desvío de recursos públicos, aún más cuando aseguró que existen acusaciones muy concretas que Vázquez Mendoza debe aclarar.

Precisó que el informe incluye situaciones de cobro de cheques sin que el beneficiario haya obtenido el dinero, la compra de butacas en un negocio inexistente, la expedición de facturas de establecimientos inexistentes.

Por eso resumió que existen pruebas de la tergiversación del dinero, y su inocencia “lo debería mostrar con hechos concretos, porque la acusación está sustentada”.

Sugirió que ante la falta de confianza en la administración central para investigar la acusación, debería intervenir la Secodam, al argumentar que es también responsabilidad del Estado de que no queden impune estas acciones.

Aunado a su falta de confianza en las autoridades universitarias y de los gobiernos estatal y municipal porque “todos hablan de transparencia y no se aplica”. Incluso mencionó que la UAG debería acudir a interponer la denuncia de los hechos ante instancias como la Secodam para que sigan el delito de desvío de recursos por oficio.

* Exigen la construcción de un nuevo edificio

Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo * Unos 200 estudiantes y maestros que desde hace 29 días mantienen cerrado el plantel del Centro Regional de Educación Normal (CREN), con sede en Iguala, se marcharon en esta capital para exigir al gobernador René Juárez Cisneros la construcción de un nuevo edificio porque el actual tiene una antigüedad de 44 años.

Los manifestantes recorrieron las principales calles de la capital, y luego se instalaron en plantón atrás del Palacio de Gobierno para demandar 3.5 millones de pesos.

El profesor, Gerardo Quezada Martínez, secretario general de la delegación sindical D-II-684, entrevistado durante la manifestación, indicó que el gobierno estatal se comprometió a entregar una primera etapa del nuevo edificio central y no ha cumplido.

Consideró que “no se puede hablar de excelencia académica, ni de una educación de calidad mientras la vida de los alumnos, los maestros, y los trabajadores esté en peligro, por eso se está llevando a cabo la manifestación”, dijo.

“Nunca nos ha querido recibir el secretario de Educación de Guerrero (SEG), Daniel Pano Cruz, siempre nos manda a funcionarios menores, que no resuelven nada”, afirmó.

Dijo que el único funcionario de primer nivel que los ha recibido en audiencia es el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Esteban Espinosa Peza “pero no hemos tenido la oportunidad ni siquiera de saludar al contador Daniel Pano, y que ojalá hoy ante nuestra presencia se sensibilice y pueda solucionar nuestros problemas”, expuso.

Quezada Martínez explicó que el edificio que ocupan cuenta con 30 aulas, así como oficinas de difusión cultural, investigación educativa, servicios médicos y las prefecturas, “es un inmueble que tiene una estructura muy grande y pesada, y a sus 44 años está seriamente dañada, por eso desde hace 29 días no se utilizan las instalaciones debido al paro de labores”.

Aseguró que la Dirección General de Protección Civil ya les entregó un dictamen en el que se les advirtió que no deberían ocupar las instalaciones del CREN, debido a las condiciones en que se encuentra porque corren peligro sus vidas.

Por su parte, Moisés Moctezuma Gutiérrez, miembro de la Sección 14 del SNTE, manifestó que la dirigencia del sindicato apoya las demandas de los estudiantes y maestros del CREN, porque el inmueble está afectado debido a tantos temblores que ha resistido durante varios años, y por lo tanto es un peligro habitarlo.

Indicó que desde hace más de un mes la SEG se comprometió a entregar los recursos para construir un nuevo edificio para el CREN, y por lo pronto los maestros trabarían en aulas provisionales “porque incluso no hay aulas donde trabajar, y por eso desde hace 29 días están en paro, en donde participan 140 profesores y los casi 600 estudiantes”.

* Todavía no les pagan la afectación por la construcción de la presa La Venta, hace más de 40 años, reclaman en una asamblea

Karina Contreras * Los habitantes de la comunidad de La Palma advirtieron en una reunión al coordinador del proyecto de la hidroeléctrica La Parota, Carlos Pérez Aguirre, que no quieren saber nada de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), si ésta no les paga antes las afectaciones que tuvieron por la construcción de la presa La Venta, a un precio justo.

Cerca de 200 habitantes asistieron a la reunión de este domingo, convocada por el comisario municipal, Eleazar Villasana Reynoso, a instancia de funcionarios de la CFE para dar a conocer el proyecto de La Parota. Allí también estuvo el diputado local perredista Rómulo Reza Hurtado y su suplente, Carlos Arizmendi Contreras.

Durante más de dos horas habitantes de La Palma reclamaron a Pérez Aguirre las acciones de la CFE, en el sentido que desde hace más de 40 años no les han liquidado las afectaciones a sus tierras por la construcción de la presa La Venta; a otras comunidades por la presa El Caracol y por cientos de hectáreas por tendidos de cables de alta tensión, y en los casos en que ha pagado las afectaciones de tierras lo ha hecho a “precios irrisorios”.

Al principio los habitantes se mostraron hoscos con Pérez Aguirre, e incluso le llegaron a manifestar que esa fuera la última vez que acudiera al pueblo, y que de una vez les dijera a los directivos de la CFE que aquí rechazan el proyecto de La Parota.

Durante casi dos horas de la reunión se habló mucho de las indemnizaciones irrisorias que pretende pagar la CFE. En su intervención, el diputado suplente, Carlos Arizmendi Contreras, convocó a los habitantes para que pidan a las autoridades de Omitlán –el único pueblo de esta área al que le han hecho un ofrecimiento específico para el pago de tierras afectadas por La Venta– que no acepten los 4 pesos por metro cuadrado que pretende pagar la CFE por sus tierras afectadas hace muchos años para la construcción de la presa La Venta, y consideró que el caso de Omitlán sería un precedente para que a los campesinos de otros pueblos como La Palma les paguen igual lo que les deben.

Luego hizo referencia a un pago de 16 y 25 pesos por metro cuadrado que hizo la CFE a ejidatarios de La Venta por los tendidos de alta tensión.

Por los antecedentes de la CFE de no pagar las afectaciones por sus trabajos, Arizmendi Contreras les dijo a los asistentes que de aceptar el proyecto La Parota pidan que se les pague por adelantado.

Esta comunidad –ubicada cerca de Omitlán– de realizarse la presa sería afectada parcialmente a diferencia de comunidades como Tlalchocohuitle, Omitlán, La Venta Vieja, Papagayo, colonia Guerrero, Chamizal, Vista Hermosa, Pochotlaxco, La Lima, San José y la comunidad Plan Grande, del municipio de San Marcos que desaparecerían totalmente.

En su intervención Pérez Aguirre insistió que si no hay aceptación social no se realizará la presa La Parota. Pero en la exposición general a los habitantes se les explicó que el país se está quedando sin energía eléctrica y que el proyecto garantizaría durante 100 años el abastecimiento tanto de energía como de agua.

Pérez Aguirre les manifestó que habría aproximadamente 10 mil empleos “durante cinco años de la construcción”. Esto generó la primera intervención de los inconformes quienes le preguntaron al funcionario qué pasaría con ellos después cuando ya no iban a tener tierras en qué trabajar.

La promotora del Programa Oportunidades, Margarita Arizmendi, recordó a los funcionarios de la CFE que la empresa tiene una deuda con La Palma, y que además los habitantes no están de acuerdo en que inunden el pueblo con la hidroeléctrica.

Mientras que otro habitante manifestó que lo que se pretende hacer es un saqueo internacional, ya que el dinero viene del Banco Mundial con el que les pretenden quitar su tierras para siempre. Mientras que otro señaló que si quiere la CFE les rentarán la tierra pero no la venderán.El diputado Rómulo Reza dijo que la CFE debe empezar a mostrar su voluntad y pagar las deudas por afectaciones que hizo hace años.