Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * Trabajadores de la Secretaría de Salud pidieron ayer a la Comisión de Salud del Congreso del Estado que intervenga para frenar la represión en su contra que viene ejerciendo el jefe de la Jurisdicción 04 con sede en la región de La Montaña, Genaro Juárez Silva.

Como lo hicieron con al secretaria de Salud, Verónica Muñoz Parra, el pasado miércoles 26 aquí en esta ciudad, la tarde de este lunes se entrevistaron con el presidente de la Comisión Salud, el diputado priísta Reyes Betancourt Linares.

Al diputado priísta le entregaron el escrito en el que piden que sea investigado el jefe de la Jurisdicción 04 con sede en La Montaña, Genaro Juárez Silva, por las irregularidades cometidas en el sector en Tlapa, como corrupción, hostigamiento y represión.

Los trabajadores fueron encabezados por el doctor Enrique Herrera Gálvez y Elidio Manzano Flores, quienes antes dijeron a El Sur que la secretaria de Salud, Verónica Muñoz Parra, en la reunión que sostuvieron el pasado 26 de febrero, instruyó al subcoordinador sectorial, Javier Mota Sánchez, que atendiera el problema.

En lugar de eso, la supervisora médica, Xóchitl Figueroa Flores (quien es una de las denunciantes de las irregularidades), dijo que por presiones del jefe jurisdiccional, Genaro Juárez, le fue fincada una averiguación por cargos de prepotencia y hostigamiento, como represalia.

Otro caso es el de la delegada sindical, Jacqueline Balbuena Ramírez, quien dio a su hija Jacqueline Cabrera Ramírez una plaza con el código 402036, como auxiliar de enfermería basificada en la comunidad de Xochitepec del municipio de Acatepec, pero sin presentarse a trabajar, donde el centro de salud se encuentra en obra negra.

El mismo Genaro Juárez Silva, autoriza viáticos por concepto de vacunación a cuatro de los contadores que laboran en dicha institución, sin que realicen esas labores y otorgó cargos a personas que no cuentan con el perfil, como es el caso de Abel Román Ruiz y a Pedro Sevilla Montalvo.

El diputado Reyes Betancourt Linares solo recibió la demanda y dijo que lo analizarían en la Comisión de Salud y luego darían a conocer su resultado, sin comprometerse a más.

* Señalan alcaldes, síndicos y regidores que agentes de la PJE cometen arbitrariedades en los rondines e intimidan a los pobladores * Piden también la aplicación del antidoping a choferes de microbuses

Brenda Escobar, corresponsal, Zihuatanejo * El comandante regional de la Policía Judicial del Estado (PJE), Federico Peredo Jiménez, recibió varias quejas y reclamos por parte de alcaldes, síndicos procuradores y regidores de seguridad pública, durante el desarrollo de la Segunda Reunión de Consejos Intermunicipales de Seguridad Pública de la Costa Grande, que se llevó a cabo en Petatlán.

La reunión tuvo como objetivo conocer el informe sobre la licencia colectiva 110 de parte de la Comisión de Directores de Seguridad Pública de la región Costa Grande y estuvo invitado el comandante regional de la PJE, Federico Peredo Jiménez, a quien primeramente el síndico procurador de Coyuca de Benítez, Jorge Luis Salas Pérez le cuestionó sobre el quehacer de esa corporación ante el clima de inseguridad que se vive en aquél municipio.

Primero, el director de Seguridad Pública de Petatlán, César Augusto Zetina Bonilla, dio un informe completo sobre la gestión hecha para actualizar la licencia colectiva 110, para todos los municipios de la Costa Grande.

Zetina Bonilla informó las bases para conseguir la licencia colectiva 110 a fin de evitar incurrir en infracciones a este permiso, por lo que todos los municipios de esta región entre otras, deberán observar ciertas disposiciones.

Indicó que los municipios deberán de contar con los depósitos de armamento y municiones que sean necesarios, los cuales deben conservarse en buen estado de uso y remitir las condiciones de seguridad y control que se estimen adecuadas para evitar extravíos, robos y accidentes; además de nombrar a un encargado como responsable del depósito para que diariamente entregue y recoja las armas a los usuarios en tanto esté vigente la licencia. Sostuvo que queda estrictamente prohibido la utilización de armamento en actividades ajenas a los servicios de seguridad en lugares no autorizados,

en cuyo caso, independientemente de las acciones penales que se ejerzan por

la autoridad competente se procederá a la cancelación de la licencia. Las corporaciones policiacas municipales tendrán la obligación de expedir credenciales con fotografía a color del personal portando uniforme, la especificación de la licencia oficial colectiva y servicio que se proporciona para que en caso de que el personal sea requerido por alguna autoridad superior pueda justificar la portación del arma y al mismo tiempo esté consciente del ilícito y de su actuación.

Más adelante, y sobre este tenor, hizo uso de la palabra el síndico procurador de Coyuca de Benítez, Jorge Luis Salas Pérez, quien cuestionó la ineficacia de las corporaciones policiacas estatales y federales para combatir la delincuencia, pues aseguró, tan sólo en el mes de febrero, en su municipio, se registraron 5 homicidios y en lo que va de este mes, una persona asesinada con balas de rifle AK-47 en la comunidad de Tepetixtla. Luego, en la participación de asuntos generales, el alcalde de Petatlán, Javier Rodríguez Aceves expuso un problema común que se tiene con el municipio de Azueta, “los continuos accidentes automovilísticos provocados por los microbuses de las empresas las Dos Costas y la Triple A”, por lo que propuso que se le practique un antidoping y un examen psicométrico a los conductores de estas unidades.

Los demás representantes de los municipios de Tecpan de Galeana, la síndica procuradora Juana Guerrero Vargas; de Benito Juárez, el alcalde Jaime Torreblanca García; Atoyac de Alvarez, el síndico Juan Méndez Mejía; de Coyuca de Benítez, Jorge Luis Salas Pérez y de Coahuayutla, el alcalde Omar Correa Cabrera; propusieron que se le practiquen esas dos pruebas a todos los conductores de transporte colectivo que circulen en las zonas urbanas, suburbanas y en carretera federal.

Más adelante, en su participación, el síndico de Atoyac, Juan Méndez Mejía propuso la creación de una agencia del Ministerio Público Federal cerca de los municipios de Tecpan de Galeana, Atoyac y Benito Juárez “porque las que hay, están en Zihuatanejo y en Acapulco y muchas veces los delincuentes del orden federal son entregados en el Fuero Común y de inmediato salen libres”. El director de Seguridad Pública de Azueta, Fernando Barrientos propuso que el Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública promueva la creación de un centro de rehabilitación para drogadictos, un centro de apoyo a indigentes, un consejo tutelar para menores infractores y un juzgado de distrito en esta región.

Por su parte, al hacer uso de la palabra en esta reunión, el comandante regional de la PJE, Federico Peredo Jiménez, aseguró que junto con sus elementos “traemos una mística de trabajo que nos ha inculcado nuestro procurador de Justicia, Jesús Ramírez Guerrero”, al tiempo que aseveró que no permitirá ninguna violación a la ley por parte de sus subordinados y se puso a las órdenes de las autoridades municipales ahí reunidas para trabajar “coordinadamente”, y ofreció dos elementos para que capaciten a las policías preventivas.

Después hizo uso de la palabra el alcalde de Coahuayutla, Omar Correa Cabrera, quien dio a conocer que la situación en su municipio en cuestión de seguridad pública es grave, porque además de que no están dentro de la licencia colectiva 110, no tienen armamento, mientras que hay varios ciudadanos que andan sembrando el terror en aquél municipio con sus armas de grueso calibre.

Pidió la asignación de una Comandancia de la PJE y un destacamento del Ejército mexicano. Al concluir la participación del alcalde Correa Cabrera, tomó la palabra el aspirante perredista Francisco Chavarría Valdeolívar, quien denunció públicamente “la humillación que elementos de la Policía Judicial del Estado hicieron pasar al alcalde de Coahuayutla y a su guardia personal al desarmarlos de la única pistola que traían para su resguardo delante de la gente, en una avenida céntrica de Zihuatanejo”.

Se unió a los reclamos el regidor de Seguridad Pública de Atoyac, Víctor Manuel Mesino Radilla, quien le espetó al comandante Federico Peredo “las arbitrariedades que hacen los elementos en Atoyac cuando salen a hacer rondines sin su comandante de esa plaza”, dijo que entre otras cosas, “intimidan a la gente sin identificarse como policías judiciales”.

También la síndica de Tecpan de Galeana, Juana Guerrero, le sugirió al comandante que al momento de detener a alguna persona “de inmediato la pongan a disposición de quien deba de ser, pero que además, los judiciales se identiquen porque cuando se llevan a un detenido, los familiares no saben dónde buscarlo porque muchas veces se los niegan y uno no sabe en dónde buscarlo, no sabemos si lo están torturando o de plano ya lo mataron”. Peredo Jiménez se defendió de estos reclamos y dijo estar a disposición “de ustedes para atenderlos”.

Brenda Escobar, corresponsal, Zihuatanejo * Agentes de la Policía Judicial del Estado (PJE), sin identificarse, desarmaron a la escolta personal del presidente municipal de Coahuayutla, Omar Correa Cabrera, mientras éste efectuaba unos trámites ayer en un banco del centro de Zihuatanejo.

El equipo de seguridad personal del edil perredista Correa Cabrera, conformado por cuatro personas, alrededor de las 10 y media de la mañana, se encontraban cuidando la camioneta tipo Ford Lobo, propiedad del ayuntamiento de Coahuayutla, afuera del banco BBVA-Bancomer, ubicado en la avenida Benito Juárez, en este puerto, mientras el alcalde hacía unas operaciones bancarias.

El guardia personal Juan Trujillo Salamanca narró que en eso, se les acercaron dos individuos vestidos de civil y sin identificación alguna empezaron a cuestionarlos en tono intimidatorio respecto a si portaban o no armas, mientras otros dos individuos esperaban a bordo de un Tsuru color blanco.

Aunque ellos sí se identificaron como empleados del ayuntamiento de Coahuayutla y les explicaron que forman parte de la escolta personal del alcalde Omar Correa, “seguían preguntándonos si traímos pistolas y ellos no se identificaron como policías judiciales, bueno, supimos que eran judiciales porque traían sus pistolas fajadas a la cintura y de fuera”.           Luego, a Trujillo Salamanca le quitaron su pistola calibre .380 y lo remitieron a la comandancia de la PJE, “no quisieron esperar a que saliera el presidente municipal del banco”.

Una vez en la comandancia, el alcalde Omar Correa habló vía telefónica con el comandante regional Federico Peredo Jiménez, quien dio instrucciones de dejar en libertad a Juan Trujillo, “pero que de la pistola iban a hablar despúes, en la reunión de presidentes municipales en Petatlán”.

De la corresponsalía, Chilpancingo * Mientras que la Procuraduría de Justicia del Estado dio a conocer que en el 2002 se registraron en Guerrero 260 denuncias por prostitución infantil, la Dirección de Gobernación del municipio de Chilpancingo informó que en los próximos días actuará junto con policías de la Agencia Federal de Investigaciones en centros nocturnos para detener a menores prostituyéndose.

El director de Gobernación del ayuntamiento de Chilpancingo, Francisco Jahve Jorge, dijo que en los bares y cantinas de esta ciudad se descubrió que tres menores de edad que tenían licencia de salud se dedicaban a la prostitución.

“Esas licencias que tenían las menores nosotros no se las dimos sino que fue en la anterior administración municipal la que se las otorgó, pero ya se las cancelamos”, externó el funcionario municipal.

Señaló que ante esa grave situación de irregularidades que prevalecen en los centros nocturnos y bares de esta ciudad, en coordinación con elementos de la AFI, agentes de Gobernación realizarán operaciones en las negociaciones de giros rojos.

El cabildo ya analiza un proyecto de instalar una zona de tolerancia aquí en la capital del estado con el propósito de que haya una permanente vigilancia no tan sólo en lo que se refiere a la seguridad pública sino de salud.

“El proyecto ya estaba desde la administración municipal anterior pero se canceló debido a que los terrenos donde se pensaba reubicar a los centros nocturnos estaban muy caros y los dueños de las negociaciones argumentaron no tener recursos para pagar el predio”, señaló el director de Gobernación.

Mencionó que en estos momentos en la Dirección de Gobernación no existe un padrón real del número de negocios de giros rojos que hay en la capital del estado.

En tanto, en un informe de la Procuraduría General de Justicia del Estado se señala que en el 2002, hubo un registro de 260 denuncias de prostitución infantil, en sus diferentes modalidades, como abusos deshonestos y abuso sexual.

 

 

 

 

* No hay ningún cochupo y sí una relación “cordial, respetuosa y de mucha dignidad” con René Juárez, contesta a su correligionario Félix Salgado * No tiene porqué publicitar sus encuentros con el Ejecutivo, señala

Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * No hay ningún cochupo con el gobernador y sí una relación “cordial, respetuosa y de mucha dignidad”, dijo la coordinadora parlamentaria del PRD, Adela Román Ocampo en respuesta al diputado federal de su partido, Félix Salgado Macedonio.

Tampoco hay nada ilegal en el acuerdo por el cual los 17 diputados perredistas recibirán 17 millones de pesos para obras que gestionen, porque se trata de recursos aprobados en el Congreso en el rubro de Desarrollo Social del Presupuesto de Egresos de este año, siguió en su réplica la diputada local.

Y defendió que tiene ”todo el derecho” de entrevistarse cuantas veces crea necesario con el gobernador, porque por eso recibió la “confianza” de sus compañeros de fracción al hacerla su coordinadora, y que no está “obligada a publicitar” esas reuniones.

Luego lamentó que su compañero Félix Salgado anteayer haya declarado en contra, sin antes llamarla para preguntarle sobre los 17 millones que les fueron asignados para obra.

Entrevistada en su cubículo del Congreso del Estado, la diputada Román Ocampo afirmó que por haber tomado acuerdos con el gobernador “no la están comprando, porque no está dando dinero sino sólo orientando 17 millones de pesos para la gestión de obras”.

Argumentó que la ley les permite ser gestores y por eso acudió a entrevistarse con el gobernador, y precisó que ello ocurrió el 13 de febrero, y no el jueves pasado como desinformó la Dirección de Comunicación Social del gobierno del estado, que distribuyó a los medios una fotografía pagada en la que aparece con el Ejecutivo del estado. Reiteró que en esa reunión acordó con Juárez Cisneros orientar recursos para la gestión de los diputados perredistas, que contarán para ello con un millón de pesos cada uno.

Agregó que eso tampoco quiere decir que el gobernador “nos pondrá de rodillas o que debamos aprobarle todo lo que indique René Juárez Cisneros, sino lo que favorezca a los guerrerenses”.

También agradeció al gobernador que en el acto del pasado viernes en el municipio de Eduardo Neri, haya aclarado que no dio ningún dinero a los diputados del PRD, porque sólo se trata de gestionar obras, declaración que no apareció en El Sur pues se mantiene el bloqueo informativo del gobernador en contra de nuestro periódico.

A pregunta expresa sobre de qué partida sacará el gobernador los 17 millones de pesos para las obras gestionadas por los diputados perredistas, explicó que en diciembre pasado cuando aprobaron el Presupuesto de Egresos asignaron mayores recursos al rubro de Desarrollo Social y que es de allí de dónde se les destinará el recurso.

A pesar de que esos recursos vienen etiquetados, dijo que utilizarlos para obras gestionadas por diputados “no quiere decir que se tipifique como un delito o sea una conducta ilícita”.

Luego confió que la petición de esos recursos al gobernador fue un acuerdo de consenso de sus compañeros diputados y eso ocurrió en noviembre, cuando recién tomaron protesta como integrantes de la 57 Legislatura del Congreso del Estado.

Finalmente destacó que su reunión con el gobernador fue “cordial, respetuosa y de mucha dignidad, quedó abierta la puerta (de Casa Guerrero) para muchas entrevistas, como la del pasado 13 de diciembre”.

* Insiste en que pedirá al gobernador que informe de qué partida saldrán esos recursos y a Adela Román un desglose de cómo los gastará la bancada perredista

Aurelio Peláez * El coordinador de los diputados del PAN en el Congreso local, Max Tejeda Martínez, reiteró que pedirá al gobernador René Juárez Cisneros que aclare de qué partidas tomará los 17 millones de pesos que se darían a los 17 diputados del PRD para obras gestionadas por ellos.

En conferencia de prensa en el comité estatal del PAN en este puerto, Tejeda señaló que “si es que se va dar el dinero, que nos diga de dónde lo sacó, y le exigimos también a la coordinadora del PRD (Adela Román Ocampo) que nos desglose en qué se lo va a gastar. Estaremos al pendiente de cómo se maneja ese recurso” conseguido por la perredista en una “acción temeraria”.

El coordinador panista negó que su partido esté a favor de que el Ejecutivo autorice a los diputados recursos para gestoría de obras y mencionó que según el presupuesto de egresos de 2003, no está justificado ese gasto. “Desconocemos la negociación que realizó la diputada Adela Román con el gobernador René Juárez Cisneros para que se le brinde los 17 millones de pesos en obras, como lo afirmó ella con anterioridad”, insistió.

Como lo dijo en un boletín de prensa del viernes pasado, Tejeda reiteró que si algún día realiza alguna gestión ante el gobierno del estado o cualquiera otra instancia gubernamental, será de manera transparente, “pensando siempre en el beneficio de los guerrerenses, ya que la función de los diputados es legislar y velar por el pueblo de Guerrero”.

Añadió: “Nosotros no hemos recibido ni un solo centavo del gobernador, es mentira y me extraña mucho que la diputada Adela Román haya informado que se comprometió a dárselos a los diputados. De dónde los va a sacar. En diciembre del año pasado llegamos a un acuerdo (en el presupuesto de egresos), ahí no se contempla un millón para cada uno de los diputados”.

Afirmó que “yo creo que el PAN no se negaría a que el gobierno estatal le hiciera obras a los municipios pobres, pero ese es un recurso que no manejaría la diputación. Nosotros pondremos una atención muy específica a nuestra tarea que es legislar, y en ciertos casos hacer gestoría, pero únicamente para los municipios del PAN”.

Informó que el PAN “está elaborando un proyecto de ley de transparencia. Esperamos que sea presentado próximamente, para que el gobernador y todos los servidores públicos estén obligados a decirnos cuánto ganan, porque por el momento no sabemos cuánto gana el gobernador”.

Para el PRS es “altamente sospechoso” que el PRD y demás diputados “hayan aceptado que el gobernador les diera dinero para obras, porque aunque la Constitución local dice que el legislador también es un gestor, no quiere decir que se le tiene que asignar un recurso para obras, porque se pervierte su función fiscalizadora”, dijo el presidente estatal de ese partido, Demetrio Saldivar Gómez.

El también ex diputado local informó que se le dijo a su diputado Heriberto Noriga Cantú que no le parecía “ético” que recibiera el millón de pesos que la diputada del PRD, Adela Román Ocampo, dijo que recibirán todos los diputados del gobernador René Juárez Cisneros para la gestión de obras.

Precisó que en una reunión el sábado pasado sábado también le pidieron que si aceptaba el recurso que lo dijera públicamente e informara para qué lo utilizaría, además de que debería sujetarse a comprobación. Asimismo, que el PRS la consideraría como una gestión personal en su carácter de diputado, y no en nombre del PRS que tiene definido que las gestiones se hacen ante las dependencias estatales y federales, y no son resultado de cochupos con el gobernador.

* Se reúne con priístas de Acapulco y trasciende que se conocieron allí resultados de una encuesta

Aurelio Peláez * El coordinador político del PRI para Acapulco y la Costa Grande, Héctor Vicario Castrejón, descartó que en la selección de los candidatos de su partido a las diputaciones federales haya imposiciones, como advirtieron los diputados federales Manuel Añorve Baños y Efrén Leyva Acevedo, y el ex coordinador del Congreso local, Zótico García Pastrana.

El también senador de la República añadió que “precisamente la consulta” es para evitar que se presenten imposiciones de candidatos, “porque ahora cualquier militante tiene el derecho a participar en la contienda interna”, que de acuerdo con la convocatoria nacional del PRI, se dirimirá en una elección abierta el 23 de marzo.

Vicario convocó ayer a un desayuno de trabajo a priístas de Acapulco en el restaurante del hotel El Mirador. Ahí estuvieron el ex gobernador Israel Nogueda Otero; el ex diputado federal Fernando Navarrete Magdaleno; el ex titular de la secretaría de Educación, Miguel Mayrén Domínguez, y el magistrado Fermín Alvarado Arroyo. Asimismo, asistieron el presidente del PRI municipal, Oscar Hernández Salgado; la secretaria general, Alma Clarisa Rico; el líder del sector popular en el puerto, Julio César Bello Vargas, y el ex presidente del PRI porteño, Antonio Arredondo Aburto.

Este sábado, en conferencia de prensa en Zihuatanejo, Añorve, Leyva y Zótico García anunciaron la integración de un bloque contra la imposición de candidatos, y Leyva señaló que los cacicazgos en la entidad pretenden repartirse la entidad como un botín.

Según Vicario Castrejón, las elecciones del PRI serán procesos “limpios, claros y transparentes”, y negó tener interés en promover candidatos.

El que fue subsecretario de Finanzas del gobierno de Rubén Figueroa Alcocer, abordado luego de platicar con los políticos priístas, dijo que “la función de Héctor Vicario será coordinar los esfuerzos de los priístas y que éstos decidan”, y señaló que según la convocatoria, los aspirantes deberán sujetarse a un escrutinio público.

De la reunión de ayer dijo que fue para conocer la opinión de los asistentes en cuanto al proceso interno del PRI, aunque negó que haya sido un primer encuentro con precandidatos, pues los nombres de algunos han sido manejados como aspirantes.

El ex gobernador Nogueda Otero, quien en 1998 fue el encargado de la elección interna del candidato priísta a gobernador, coincidió con Vicario en que mediante la consulta se deja atrás el dedazo, el amiguismo y el compadrazgo para definir las candidaturas, y dijo confiar en que la elección del 23 de marzo será transparente.

Presentan encuesta a priístas

Aunque en la entrevista Vicario Castrejón negó que en el desayuno de la mañana se haya hablado de precandidaturas, o de promover a algunos de ellos que aceptaran participar en la contienda, luego de que se reconoció en corto que la de julio será una elección “difícil para el PRI”, en la reunión se informó de una encuesta ordenada por la dirigencia estatal en torno a las preferencias electorales de algunos aspirantes.

Entre las diversas intervenciones de los políticos, se habló de que es una “prioridad acortar la brecha” en Acapulco, con respecto al PRD. Se aceptó que hay “números rojos”, y también se habló de la posibilidad de invitar a personajes de “la sociedad civil” a participar en la contienda.

Luego se habló de la existencia de encuestas sobre preferencias electorales en el distrito 09. En este distrito, se contó incluso de una mayor preferencia para el ex secretario de Educación, Miguel Mayrén Domínguez, por sobre otros aspirantes, como Cecilia Avila, Rosa María Aguilar, Margarita Nava, Juan Salgado, Oscar Rangel, Manlio Favio Pano y Luis Miguel Terrazas, quienes habrían sido considerados en el sondeo.

En la del distrito 10 se habló de que se había considerado en el sondeo a Irma Ferrusca, Carlos de la Peña, Jorge Campos, Fermín Alvarado, Armando Ruvalcaba y Julio César Hernández Bello. No se precisó quien de los considerados en el sondeo tendría mayor preferencia.

En el caso de Mayrén, ex precandidato a alcalde por el PRI, se supo que dijo ahí que no tenía intenciones de participar en la contienda.

Vicario dejó abierta la posibilidad de tener un secundo encuentro con este grupo, con el fin de evaluar si algunos de ellos participarán en la consulta interna.

Maricela Santos, corresponsal, Zihuatanejo * El ayuntamiento perredista de Zihuatanejo recaudó en el primer bimestre del 2003 27 millones 751 mil 788 pesos por el pago del impuesto predial, lo cual representa el 28.82 por ciento más en relación a lo captado por la anterior administración priísta durante el mismo periodo.

El director de Catastro, Sergio Legorreta Soberanis, informó ayer en conferencia de prensa que los ingresos del impuesto predial del ayuntamiento recaudados de enero a febrero son de ocho millones de pesos más en relación a lo captado en el mismo bimestre del año pasado.

Precisó que el 70 por ciento de la recaudación municipal ha sido del grueso de la población azuetense y que sólo el 30 por ciento de los ingresos captados hasta la fecha corresponden a impuestos pagados por la hotelería y el sector turístico “lo que revela que no son los hoteleros los que contribuyen con el mayor número de impuestos”.

Legorreta Soberanis señaló que pese al acuerdo establecido con los 15 miembros de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Ixtapa, sólo 8 de ellos acudieron a pagar de contado antes del 28 de febrero pero resaltó que en la actual administración no se amparó ninguna empresa hotelera contra el pago del impuesto predial como sucedió en anteriores administraciones.

Dijo que los ingresos del predial representan el 74 por ciento del grueso de la recaudación municipal y que se están superando las metas debido al manejo honesto y transparente en los recursos.

Señaló que los contribuyentes que pagaron a tiempo sus impuestos se ahorraron en total 3 millones 272 mil 323 pesos, debido al descuento del 12 por ciento de descuento que se otorga por ley.

Dijo que los más de 27 millones de pesos representan el 60 por ciento de recaudación del padrón de 22 mil contribuyentes que hay en el municipio de Azueta y que se han logrado actualizar y quienes pese a que arrastraban rezagos de años anteriores acudieron a pagar sus impuestos de predial.

En otro orden de ideas, el alcalde de Zihuatanejo Amador Campos Aburto –presente en la conferencia– informó que no rendirá informe de cien días como se estilaba por otros partidos pues dijo que su administración se evalúa constantemente.

Asimismo informó que en el caso de la seguridad pública se cuidará que los policías municipales no cometan atropellos y dio a conocer que entre los programas que se manejarán dentro de este rubro, está la asignación de los módulos de seguridad a los presidentes de colonias para reportar cualquier irregularidad, además de que se está elaborando un programa de mejoramiento vial para evitar que el transporte público no haga terminal de sitio en el centro de la ciudad.

* Son las bases las que van a decidir, dice

De la corresponsalía, Chilpancingo * El ex alcalde de Taxco de Alarcón y precandidato a diputado federal del PRI, Enrique Martiní Castillo se presentó como el candidato “de las bases” y no del gobernador René Juárez Cisneros, o del ex mandatario estatal, Rubén Figueroa Alcocer o de los senadores Héctor Astudillo y Héctor Vicario.

En entrevista en esta ciudad, quien también dirigió el Comité Directivo Estatal del PRI durante el gobierno del extinto gobernador José Francisco Ruiz Massieu, dijo que ignora si en el tricolor hay caciques.

“Yo con todos me llevo muy bien, con el ex gobernador Rubén Figueroa, con el actual mandatario René Juárez, con todo mundo y si hay algunas discrepancias de opiniones de algunos priístas eso es natural ya que los tiempos son otros”, externó.

Indicó que en los dos actos públicos que ha encabezado Figueroa Alcocer en Taxco como coordinador del PRI en las zonas Norte y Tierra Caliente, ha sido muy claro en el sentido de que apoya a los que han manifestado su aspiración por la candidatura, como son los casos de Manuel Saidi, Abel Eloy Velasco, Alfredo Román, Jerónimo Aguilar, Antonio Miranda y el ex alcalde de Taxco, Isaac Ocampo.

Y ante lo que manifestaron en Zihuatanejo los diputados federales, Manuel Añorve Baños y Efrén Leyva Acevedo así como el ex coordinador del Congreso local Zótico García Pastrana de que van a estar muy atentos y vigilar el proceso interno, dijo que es sano que así ocurra.

“Porque efectivamente en este proceso de elección interna los únicos que deben de opinar quien o quiénes serán los candidatos, son las bases”, externó Martiní.