El sábado, a las 19:30 horas, en el bulevar Lázaro Cárdenas, en Las Cruces, murió al ser atropellado Adolfo Serna Olea, de 38 años, por un tráiler marca Famsa, colores azul y rojo, placas 708CH4, conducido por Alberto Rivera Ortiz, originario del Distrito Federal, quien al pretender huir chocó contra el taxi marca Volkswagen color rojo, placas 2813FFB, número 1066, conducido por Gildardo Morales Torres, quien resultó ileso. El responsable fue detenido por un agente de Tránsito.

A las 21:00, sobre la carretera nacional Acapulco-México, en el poblado Lomas de San Juan, fue atropellado Ulises Alejo Pérez, de 18 años, por un vehículo no identificado –pues el conductor huyó en él–, y resultó con fracturas en el brazo izquierdo y la pierna derecha, luego de lo cual fue trasladado al hospital Vicente Guerrero del IMSS por paramédicos de la Cruz Roja.

A las 22:55 horas, en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, en el poblado San Isidro, fue atropellado Benjamín de Jesús Riqueño, de 38 años, con domicilio en la calle Catetos de la colonia Jardín Palmas, por un vehículo no identificado –debido a que el conductor huyó en él–, y resultó con golpes en varias partes del cuerpo, siendo atendido en el lugar de los hechos por paramédicos de la Cruz Roja a bordo de la ambulancia 023, pues no requirió hospitalización.

A las 23:00 horas, sobre la calle principal de la colonia Apolonio Castillo fue atropellado el vecino Abel Sánchez Juárez, de 18 años, por el taxi marca Volkswagen, colores azul y blanco, número 2805, placas 380FFC, conducido por Pedro López Ojeda, de 26 años, con domicilio en la calle Barranca de la colonia La Laja. El herido fue trasladado por paramédicos de la Cruz Roja al hospital general de la colonia Renacimiento, y el conductor fue detenido por agentes de Tránsito.

La Federación de Trabajadores y Campesinos del Estado de Guerrero propuso al alcalde Alberto López Rosas un proyecto para organizar a los jóvenes auxiliares del transporte –conocidos como chalanes–, obligándolos a tomar cursos de orientación, capacitación y buenos modales.

El proyecto propone establecer las siguientes reglas: no usar gorras, ni sombreros, no usar collares ni aretes, no usar cabello largo, no usar armas ni llevar drogas, no usar pantalón corto ni short ni camiseta, no usar huaraches, no viajar colgados en la puerta de acceso.

También plantea no decir palabras soeces, presentarse a laborar limpios y rasurados, usar uniforme y portar su gafete, dirigirse con respeto a los usuarios, cuidar el camión y conservarlo y presentar firma de consentimiento de sus padres. La Federación de Trabajadores y Campesinos es encabezada por el transportista Sergio Valle Alvarez. (Ossiel Pacheco).

Los tres ex agentes de la Policía Judicial del Estado (PJE) adscritos al sector Zapata, acusados por abuso de autoridad, robo y extorsión al pretender arrestar a un matrimonio presuntamente por vender mariguana, al rendir declaración ante el juez séptimo de lo penal, Margarito Avila Serrano, dijeron ser inocentes.

El sábado, los ex judiciales David Bravo Mota, Enrique Aramburu Estrada y Miguel Rojas Acosta rindieron declaración preparatoria en la Segunda Secretaría ante el juez Avila Serrano y se limitaron a ratificar su declaración ministerial.

Los ex agentes aseguran que acudieron al domicilio de los agraviados Francisco Angelito Cortés y Beatriz López Secundino, ubicado en la colonia La Mica, el pasado 18 de enero, debido a una llamada de auxilio de una mujer de nombre Angeles, que denunció problemas de inseguridad en el área.

Por último, sus abogados Rubén de Jesús Suástegui y Jesús Rendón Barrientos, solicitaron al juez duplicar la ampliación del término constitucional de 72 a 144 horas para entregar pruebas de su inocencia, entre ellas el testimonio de la mujer que solicitó el auxilio. (Alfredo Mondragón).

Investiga el MP presunto abuso autoridad

y robo cometido por policías preventivos

El agente determinador de la Primera Agencia del Ministerio Público (MP) del sector central pidió el viernes a la Secretaría de Protección y Vialidad (SPV) que informe del presunto abuso de autoridad y robo de policías en agravio de un carnicero.

El agente determinador, Francisco Gil Díaz informó de lo anterior en entrevista telefónica y agregó que también ya envió el oficio de investigación de los hechos a la Policía Judicial del Estado (PJE), para corroborar la denuncia del carnicero Toribio Martínez Ramírez, de 26 años de edad.

En la averiguación previa Tab/I/145/2003-5, el presunto agraviado denuncia que agentes de la Policía Preventiva del módulo del Mercado Central, lo abordaron cuando se encontraba en el interior de su camioneta la noche del jueves y que lo despojaron de 4 mil 500 pesos de la guantera de la unidad.

Describe que un policía lo encaró al preguntarle por qué miraba con dirección al módulo y fue que lo detuvieron, pero luego fue dejado en libertad. (Jorge Nava)

Periodistas, ciudadanos y servidores públicos del ayuntamiento encabezados por el presidente municipal Alberto López Rosas participaron este domingo en el convivio Por la defensa de nuestro mar.

En la playa Tamarindos, el alcalde fue el primero en echarse un clavado en las aguas de la bahía de Santa Lucía –llamada así desde el 13 de diciembre de 1521–, porque sus aguas no representan un riesgo para la salud humana, y prueba de ello es que nadie se ha enfermado por bañarse ellas.

En el masivo chapuzón nadaron juntos los síndicos Marcial Rodríguez Saldaña y Fernando Donoso; el coordinador de asesores, Ramiro Solorio; el regidor Rubén Padilla Fierro; el director de Comunicación Social, Roberto Camps, y el comisario de Pie de la Cuesta, Francisco Ramos Villanueva.

Más tarde, Roberto Velasco Delgado, inspector de la Semarnat, llegó para sumarse como autoridad del gobierno federal a la convivencia playera, y con un clavado sobre las olas, en compañía del presidente acapulqueño, ratificó que la bahía está limpia.

Gente de barrios y colonias acudió al llamado del alcalde, quien, luego de la fresca zambullida, fue abordado por los reporteros, a quienes reiteró que, de acuerdo con los estudios especializados, “las playas del puerto son altamente saludables”.

No podían faltar las cascaritas de futbol. Con camiseta gris del Juventus Acapulco, en su calidad de futbolista Alberto López Rosas salió a la cancha con parte de su gabinete para enfrentar a la escuadra combinada de Ecología, Obras Públicas y Protección Civil.

A los cinco segundos del primer tiempo, el coordinador de asesores, Ramiro Solorio Almazán, mandó un cañonazo a la cabaña ecologista, que le dio el triunfo al equipo del alcalde, donde el director de Comunicación Social, Roberto Camps Cortés, atajaba goles.

En la escuadra del alcalde jugaron los periodistas Jorge Zamora Téllez, de MVS; Enrique Silva, conductor de noticias de Radiorama; el columnista de El Sur Edgar Neri, y el director de Opción, Teodoro Yopán Fajardo, así como el subdirector de Comunicación Social, Ignacio Hernández Meneses.

Fue un ambiente familiar, las esposas y los hijos de los servidores públicos participaron en este convivio donde se demostró que nuestras playas ha sido, son y serán saludables para todos.

Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo * Con bloqueos a las principales carreteras de la entidad, comienza hoy el plan de acción acordado por la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), para demandar a la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG), la solución a las minutas pactadas desde mayo del año pasado.

Al respecto, Nélida de Marcos Prudente, secretaria de Prensa del comité democrático de la CETEG en la sección 14 del SNTE, expresó que el plan de acción acordado empezará en punto de las 9 de la mañana de este lunes, fecha en que el titular de la SEG se comprometió a recibir a la comisión negociadora estatal “pero si no cumple entonces en todas las regiones de la entidad empezarán las movilizaciones”.

Señaló que las principales demandas que plantea el magisterio disidente a la SEG, son la solución a las minutas de acuerdo firmadas entre las partes hasta la signada. luego del rompimiento de las pláticas la semana pasada; se exige también el otorgamiento de 354 recursos faltantes, así como el rechazo a la reestructuración de zonas escolares, principalmente en la zona Norte.

Respecto a las movilizaciones para las diversas regiones por parte de la CETEG, explicó que en cada región se hicieron asambleas en donde los trabajadores del magisterio acordaron sus propias acciones, por ejemplo, agregó, en la región de La Montaña se instalará un bloqueo en el cruce de la carretera que va de Chilpancingo a Tlapa a la altura de Tlatlauquitepec, y la salida de la que va de Tlapa a Puebla “el cierre de las carreteras fue un acuerdo tomado por el pleno regional”.

En el caso de la Costa Chica, la concentración del magisterio afiliado a la CETEG, se hará en Cruz Grande, en donde se harán bloqueos intermitentes en la carretera que va a Ometepec–Acapulco; para la zona Norte, particularmente en Iguala, se bloquearán las carreteras federales que van a Teloloapan, Taxco y la ciudad de México.

De Marcos Prudente destacó que por lo que se refiere a la zona Centro, en este caso Chilpancingo, el acuerdo es que el magisterio democrático se concentre en todos los edificios pertenecientes a la SEG, iniciando con el cierre de las instalaciones del ex Ineban y otras acciones más, y el mismo planteamiento es para la zona de Acapulco “aunque ahí habrá bloqueos en las principales avenidas”.

Para la región de la Costa Grande, la concentración será en la Subcoordina-ción Regional, con sede en Tecpan, y en el caso de la zona de Tierra Caliente, los trabajadores del magisterio de los distintos municipios llegarán desde temprano a Ciudad Altamirano, y ahí se definirá el plan de acción a seguir.

Finalmente, la dirigente cetegista insistió en denunciar que el gobernador René Juárez Cisneros ha faltado a su palabra de resolver las demandas del magisterio, por lo que demandó al secretario Daniel Pano, que atienda a la comisión negociadora estatal y se reinicien las negociaciones rotas desde la semana pasada.

Maricela Santos, corresponsal, Zihuatanejo * Los trabajadores administrativos y académicos del Instituto Tecnológico de la Costa Grande (ITCG), que mantienen tomada la dirección del plantel por tiempo indefinido en demanda de que se desconozca al director actual, Eduardo Heziquio Corona Ramos, acusaron que por la parte oficial se intentó obligar a los trabajadores estatales a firmar un oficio de respaldo al director.

El dirigente de la delegación sindical D-II-23 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Angel Custodio Navarrete Ramírez, informó que la dirección del plantel está tomada desde el 12 de febrero pasado porque hasta la fecha la Dirección General de Institutos Tecnológicos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), no ha respondido a su petición de la sustitución de Corona Ramos.

Desde la toma de la dirección del plantel, Corona Ramos despacha en su domicilio junto con los subdirectores académicos, administrativos y de planeación a los cuáles también ha desconocido la parte sindical.

Navarrete Custodio dijo que extraoficialmente se les informó que hoy llegaría una comisión de la Dirección de Operación de los Institutos Tecnológicos del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del SNTE, que encabeza Carlos Méndez Chaparro “posiblemente con una respuesta oficial y un nuevo nombramiento”.

Asimismo, informó que el viernes 14 “se circuló” en el plantel un oficio –presuntamente inducido por el director Corona Ramos–, que se pidió que lo firmaran los trabajadores del estado que laboran en el ITCG con el fin de manifestar que la administración del director está exenta de irregularidades.

La parte sindical tomó las instalaciones para pedir que no se ratifique en el cargo a Corona Ramos de quien su nombramiento al frente del instituto, presuntamente se venció en noviembre del 2002, por lo que desde el 21 de ese mes la delegación sindical levantó un plebiscito en el que el 85 por ciento de los trabajadores se pronunciaron contra la ratificación de Corona Ramos.

* La Fiscalía Especial sobre desaparecidos busca quebrantar el espíritu de los familiares, afirma el ex diputado

Sergio Ocampo y Maribel Gutiérrez (segunda parte) * La imagen desgastada de la Fiscalía Especial para asuntos de pasado reciente se ilustra en la visión de Octaviano Santiago Dionicio, uno de los denunciantes, ex militante del Partido de los Pobres, ex preso político, ex presidente estatal del PRD y ex diputado por ese partido:

“El fiscal se ha perdido en los últimos meses, antes nos buscaba, hoy nos huye. Esto es indicativo, esto es parte del viraje que ha venido dándose desde su nacimiento, desde su presentación, y siento que es un mensaje que habla muy claro del desligamiento de sus compromisos originales”.

Octaviano Santiago Dionicio critica también que la Fiscalía, en lugar de concentrarse en los asuntos con los que se comprometió en un principio, se extienda a otros, como las denuncias de los asesinatos de los maestros democráticos contra los líderes charros Elba Esther Gordillo y Carlos Jongitud y el caso Aguas Blancas, sin tener los recursos necesarios y la capacidad para asumir esas investigaciones.

Cuestiona también porqué en lugares de la sierra de Atoyac ha llevado proyectos productivos a los familiares de los desaparecidos, lo que corresponde a otras instancias del gobierno. El dirigente perredista plantea que con este apoyo material, la Fiscalía Especial busca quebrantar el espíritu de la exigencia de los familiares.

Octaviano Santiago Dionicio, de 51 años, explica en entrevista cómo se relacionó con la Fiscalía Especial, a pesar de que nunca confió en esa instancia. En este relato se ve que el fiscal especial, Ignacio Carrillo Prieto, buscó el acercamiento con familiares que rechazaban a la Fiscalía.

Por su parte, la profesora universitaria Alejandra Cárdenas Santana, que estuvo desaparecida en 1978, señala que la Fiscalía Especial, a más de un año de creada, no ha hecho prácticamente nada respecto a la localización de los desaparecidos, y se ha centrado en castigar a los culpables. Plantea: “Sí está bien que castiguen a los culpables”, pero “lo que nos interesa es saber es dónde están, qué pasó con ellos y en esa línea de investigación se ha hecho prácticamente nada”.

Alejandra Cárdenas apareció en una lista difundida a finales de octubre de 2002 por la Procuraduría General de Justicia Militar de 143 desaparecidos de la guerra sucia que declaró como muertos.

Según esa versión, los 143 desaparecidos fueron arrojados al mar, desde helicópteros militares que salían de la base aérea de Pie de la Cuesta en Acapulco, según la declaración del ex policía judicial de Guerrero Gustavo Tarín, utilizada para la consignación por homicidio ante un tribunal militar de los generales Mario Arturo Acosta Chaparro, Francisco Quirós Hermosillo y el mayor Francisco Javier Barquín Alonso, los tres detenidos actualmente en una prisión del Campo Militar Número Uno.

Alejandra Cárdenas es una de las dos personas vivas que aparecen en esa lista, con el número 142, con Antonio Hernández Fernández, que aparece en el último sitio.

Fue a la Fiscalía porque algo es algo

En entrevista en Chilpancingo, el 22 de enero, Alejandra Cárdenas deja ver el deterioro de la credibilidad de la Fiscalía Especial.

–¿Cómo ha visto usted el trabajo de la Fiscalía?

–Como tu sabes los familiares de los desaparecidos por motivos políticos habían hecho la propuesta de que se conformara una Comisión de la Verdad aprovechando los aires de cambio           políticos que había en el país, creo que fue una iniciativa importante.

“De ahí partió la iniciativa del Ejecutivo de crear esta Fiscalía Especial, que de entrada no era lo que se esperaba, pero algo es algo y la gente mantuvo una actitud de dar información, de proporcionarle los medios que tuviéramos a nuestro alcance para que esta Fiscalía pudiera hace su trabajo.

“Vino Carrillo Prieto a Chilpancingo, nos reunió a todos, nos pidió           colaboración, dijo que Fox tenía mucho interés en que este asunto de los desaparecidos se resolviera pero, al parecer no había tal voluntad política de que realmente se diera una solución al problema de los desaparecidos, y           una de las pruebas de que las cosas no marchan bien fue una de las declaraciones que hizo (el presidente Vicente) Fox en Inglaterra, en el sentido de que Quirós Hermosillo y Acosta Chaparro seguramente iban a salir exculpados de todo este proceso porque los delitos de los que se les estaba acusando ya había prescrito”.

–¿Qué expectativas tiene usted de la Fiscalía Especial?

–Me preocupa el hecho de que hace unos días doña Salustia Alcocer fue visitada por unos integrantes de la Fiscalía, que le fueron a pedir información, ella es la mamá de Carlos Benavides Alcocer, que está también en la lista de los desaparecidos, él fue un estudiante que terminó la preparatoria en la UAG y fue detenido y desaparecido en Cuernavaca.

“Yo estuve presente por invitación de ella. Cuando estas personas se presentan me percato que son puros militares; para empezar no solamente por el pelo corto, sino por el hecho de que incluso se presentan con sus grados militares y yo digo ¿de qué se trata?, ¿de que mandes a la zorra a cuidar a las gallinas?

“El hecho de que vinieran los militares a preguntar a doña Salustia Alcocer sobre su hijo, y el tipo de preguntas que me hicieron eran muy curiosas. Me preguntaron sobre la Liga Comunista 23 de Septiembre, y le dije: pues usted leyó mi denuncia y usted sabe que yo no pertenecía a la Liga, que yo era del Partido de los Pobres, entonces no viene al caso que usted me pregunte de eso, es más, porque Guerrero no viene al ámbito en el que la Liga se moviera, aparte ustedes me llamaron aquí para preguntarme sobre Carlos Benavides, y quisiera que ustedes se limitaran a preguntarme sobre Carlos. Y ese hecho, el tipo de interrogatorio, la apariencia, los grados militares que ellos ostentan, es lo que me da cierta desconfianza”.

Alejandra Cárdenas cuestiona también: “Cuando se comete un delito las autoridades tienen dos obligaciones, por una parte encontrar al culpable, pero por otro lado defender a la víctima, en este caso las víctimas son los desaparecidos. Y no se ha hecho prácticamente nada respecto a la localización de los desaparecidos, se han centrado en castigar a los culpables; sí está bien que castiguen a los culpables, pero a los familiares, amigos y a los compañeros de los desaparecidos lo que nos interesa es saber en dónde están, qué paso con ellos y en esa línea de investigación se ha hecho prácticamente nada, están limitándose al castigo de los culpables y pareciera que de lo que se tata es de resolver pugnas internas, de pasarles la cuenta, y eso no es el interés fundamental de los familiares. Sí es importante que ellos reciban el castigo que se merecen pero lo básico, lo fundamental, es saber qué pasó”.

El acercamiento a un crítico de la Fiscalía

Octaviano Santiago Dionicio presentó ante la Procuraduría General de la República, a finales del 2000, las denuncias de la desparición de su ex compañera María Concepción Jiménez Rendón, y de Eusebio Peñaloza Silva, Fredy Radilla Silva y Pablo Santana López. Cuando surgió la Fiscalía, a finales de 2001, Santiago Dionicio no ratificó en esa instancia la denuncia, y en declaraciones públicas cuestionaba su validez. En entrevista, se refiere a los contactos que ha tenido con el fiscal Carrillo Prieto.

–¿Has hablado con el fiscal?

–Sí, tres o cuato ocasiones. Yo fui de los críticos de la Fiscalía, a partir de esa posición me invitó a platicar por medio de un amigo en México, le di mis razones por las cuales yo tenía mis dudas de un buen desempeño de esta institución, él ahí ratificó que tenía buenas intenciones, yo le insistí que en Guerrero había material de sobra para demostrar la buena voluntad y que podía empezar y terminar en Guerrero la vida de esta institución, y me dijo que estaba en la mejor disposición.

–¿Porqué te buscó?

–Me parece que él fue compañero de Ramón Sosamontes (miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PRD) en la Legislatura federal, y Ramón Sosamontes guarda conmigo un amistad de muchos años, y cuando vieron en el periódico Reforma una siere de señalamientos nuestros, a través de esa relación me llamaron. Me dijo Ramón que si estaba dispuesto a platicar, me explicó, sentí que no había problema y me fui a platicar con ellos y ahí me reiteró lo que te digo, y lamentablemente las cosas están ahí.

“Después, un grupo de amigos fuimos convocados a una serie de pláticas con el fiscal en Chilpancingo, y después ya de instaladas las oficinas del fiscal en Acapulco fuimos convocados de nueva cuenta, y en una de las últimas reuniones dijo que en octubre iba a dar un informe sobre las indagatorias, y ya estamos avanzando en el primer tercio de 2003 y no hay ninguna información.

“Nos parece que la Fiscalía está fallando a quienes han depositado una catidad de esperanza, siento que se comienza a jugar           otra vez con el sentimiento de los familiares de los desaparecidos, siento que se está generando un nuevo engaño que no genera confianza. Pareciera que se están acumulando de trabajo para justificar la ineficiencia, siento que se está cometiendo un fraude en la confianza de los que han depositado cierta fe en esta investigación”.

Abarca mucho, resuelve poco,

la estrategia

–Esta Fiscalía se creó para los desaparecidos de la guerra sucia, y la matanza de Tlatelolco del 10 de junio, y de ahí ha tomado otros casos, ¿qué opinas?

–El titular de la Fiscalía está actaundo a partir de una estrategia que ellos diseñaron: abarca mucho y resuelve poco, o nada. Porque este es un elemento que está utilizando, que hay muchos problemas, que no se da abasto. Pues sí, y si sigue por esa vía solos se van a nulificar y parece que es la pretensión.

“Yo creo que es una estategia dilatoria premeditada, y desde luego va a dar al tarste con todos los buenos propósitos que le presentaron a la sociedad, una Fiscalía que no sólo se ensancha en la multitud de demandas de investigación que hay sino que se quiere convertir en una especie de fundación de apoyo a familiares.

“Yo tengo referencias de que muchas familias viven en la miseria, en el desempelo, en el mundo de necesidades y que la Fiscalía va a darles apoyo, este apoyo lleva dos filos, por un lado quebrantar el espíritu rebelde de la exigencia, comprando el silencio, y por otro lado aparecer como una institución benevolente que es sensible a las exigencias de los familiares y dejar de ser blanco de las denuncias de los propios familiares.

–¿Tú sabes que están dando dinero?

–Se habla de proyectos productivos, específicamente se presentaron en El Quemado (en la sierra de Atoyac) y en otras partes a nivel muy en corto. Esto lleva no el elemento humano, no el elemento del apoyo desinteresado, sino el filo de neutralizar la lucha de los familiares, de por sí es una lucha que ha venido languideciendo, y con este tipo de acciones que la Fiscalía está impulsando, se pervierte más su desempeño.

“Nosotros vemos que está atendiendo cosas que corresponden a otros órganos de poder los gobiernos municipales, estatal, fedeeral, ahí es donde debiera involucrarse el aparato del poder, no a través de una Fiscalía que se dice incompetente para cumplir sus funciones pero a la vez está ofertando proyectos productivos, no sé si tiene recursos aparte, ¿pero porqué no los mandan a Sedesol, y no mezclar la investigación con este tipo de acciones que aparentan ser de apoyo desinteresado?”

Santiago Dionicio, en entrevista, opinaba de la Fiscalía: “El fiscal se ha perdido en los últimos meses, antes nos buscaba, hoy nos huye. Esto es indicativo, esto es parte del viraje que ha venido dándose desde su nacimiento, desde su presentación, y siento que es un mensaje que habla muy claro del desligamiento de sus compromisos originales”. Al salir de la reunión del sábado 15 de febrero con familiares, en la que el fiscal presentó un informe de labores, la opinión de Santiago Dionicio era la misma: No hay ningún avance, “este señor no ha tomado las cosas con seriedad”.

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * El alcalde de Tlapa, Rufino Vázquez Sierra, aseguró ayer que su administración “está en contra de atentados contra de la población”, como el desalojo violento de comerciantes por parte de un grupo de priístas encabezado por el precandidato a la diputación por el distrito 05, Odilón Rosas Torres.

Entrevistado ayer aquí después del evento del PRI en el que tomó protesta Héctor Astudillo Flores como coordinador de ese partido en la zona Centro y La Montaña, Vázquez Sierra informó que hoy lunes sesionará el Cabildo para decidir si procede o no la destitución del director de Reglamentos, Rosendo Larios Rosas, como lo están demandando los comerciantes que fueron desalojados de manera violenta a las 2 de la tarde del viernes pasado por priístas, familiares y simpatizantes de Rosas Torres.

De acuerdo a la versión de los dirigentes del Frente de Organizaciones de Comerciantes, Amado Parra Zurita y del vocero Felipe Ortiz Montealegre, en los hechos resultaron lesionados los comerciantes, Crescencio Vázquez, Pablo Méndez y Marisol Franco, por parte de los priístas que llevaban machetes, palos e incluso denunciaron que algunos portaban pistolas.

Los comerciantes se encontraban en plantón en los pasillos del Palacio Municipal en demanda de la destitución del jefe de Reglamentos Rosendo Larios Rosas, a quien acusan de entregar de manera irregular permisos a comerciantes que vienen del estado de Puebla y para la venta de productos en lugares no permitidos.

Lo acusan, también, de ser “un títere y representante de los intereses caciquiles y porriles de su tío Rosas Torres, ya que dicho funcionario ha evidenciado el favoritismo a sus amigos y familiares en perjuicio de la gran mayoría de comerciantes fijos, semifijos y ambulantes”.

El desalojo fue encabezado por el aspirante a diputado federal Rosas Torres, por su hermana, la regidora Dominga Rosas, el propio jefe de Reglamentos, Rosendo Larios, sobrino del aspirante a la diputación priísta.

Los comerciantes señalan que el alcalde, el teniente retirado del Ejército, Rufino Vázquez Sierra “ha demostrado poco interés por solucionar el problema”, a pesar de que antes de que tomara posesión, prometió que pondría a prueba tres meses a su personal y funcionarios y que el que no funcionara lo despediría.

Entrevistado ayer en esta capital, el alcalde aseguró que el conflicto “es político y como tal lo estamos resolviendo”. Aseguró que ha hablado con los dos grupos y que el conflicto se ha solucionado aunque se abstuvo de informar de cuales son los acuerdos a que se han llegado.

“Ya llegamos a un buen arreglo con la parte que tomó el ayuntamiento, ya les dimos una solución positiva”, se concretó a decir y luego agregó: “estamos en contra de este tipo de atentados en contra de la población, pero también somos responsables y estamos atendiendo a tiempo los problemas del municipio”.

–Los comerciantes inconformes demandan la destitución del director de Reglamentos, ¿va a ser destituido?. –se le preguntó.

–Se va a llevar a sesión de Cabildo, yo no puedo decidir así, inmediatamente. Mañana tenemos una sesión de Cabildo y ahí vamos a decidir si se aprueba o no la destitución.

Y luego con respecto a los hechos opinó que ese “es un problema político y como político ya le estamos dando solución, ya se platicó con ambos grupos, lo mejor es que ya nos entregaron el Palacio Municipal. Nos reunimos con los dos grupos por separado, informó.

Francisco Magaña, corresponsal, Atoyac * Familiares de víctimas de la masacre de Aguas Blancas y sobrevivientes dividen sus posiciones ante la Fiscalía Especial para crímenes del pasado reciente. Por una parte, el grupo encabezado por el abogado José Sánchez, insiste en que actúe esa Fiscalía, mientras que el grupo de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) encabezado por Rocío Mesino, pidió que la Fiscalía se abstenga y que la investigación se lleve en la Procuraduría General de la República (PGR).

Los sobrevivientes liderados por el abogado José Sánchez Sánchez, presentaron al fiscal Ignacio Carrillo Prieto, un documento en el que solicitan que se les tome la declaración sobre los hechos que vieron el 28 de junio de 1995, y se dé a conocer la verdad histórica, y se castigue a Rubén Figueroa Alcocer y funcionarios de alto nivel que gozan de la impunidad.

Piden que se retome el caso por esta Fiscalía y se practique una reconstrucción de los hechos y se les reciban todo tipo de pruebas y evidencias y se le dé importancia a la recomendación del 26 de abril de 1996 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Informan en un documento, que firmó de recibido el fiscal Carrillo Prieto, que desde la masacre de Aguas Blancas han sido asesinados 16 dirigentes y líderes de la OCSS a manos de grupos paramilitares, Ejército y policías judiciales.

Piden al funcionario federal sea conducto para solicitar una entrevista con el procurador general de la República Rafael Macedo de la Concha, con el presidente Vicente Fox y su esposa Marta Sahagún para plantear las demandas política sociales y económicas de los deudos de los masacrados en Aguas Blancas.

En contraparte, la dirigente de otra fracción de la OCSS, Rocío Mesino Mesino, señaló que son valores entendidos que el caso lo atraiga la Fiscalía Especial y considera que detrás de todo está la ex alcaldesa de Atoyac, María de la Luz Núñez Ramos, a quien señala como responsable de lo que originó la masacre de Aguas Blancas, que fue la desaparición del campesino Gilberto Romero Vázquez.

Señaló que no es casual que fue Núñez Ramos quien en un inicio pudió la intervención de la Fiscalía en este asunto.

Mesino demandó que el caso lo investigue la PGR.

Opinó que es interés de Núñez Ramos que la Fiscalía Especial dé carpetazo al caso Aguas Blancas, por que no se le va investigar por la desaparición de Gilberto Romero Vázquez cuando era alcaldesa de Atoyac, ni al ex gobernador Rubén Figueroa, ni al senador Héctor Vicario Castrejón que va ya para candidato para la gubernatura, señaló

Brenda Escobar, corresponsal, Zihuatanejo * Dos empleados del Departamento de Bomberos de Zihuatanejo, fueron agredidos durante la madrugada de ayer domingo por un jefe de grupo de la Policía Judicial del Estado (PJE), cuando a éste le negaron la entrada a un conocido cantabar de este puerto.

Los bomberos Adalid Sánchez Valdovinos, de 21 años de edad, y Gabino Hernández Ibarra, de 19, acudieron al lugar conocido como Tequilas, y cuando salían, estaba entrando una persona del sexo masculino, a quien no le permitieron el acceso.

El desconocido, que después fue identificado por el propietario del lugar como un jefe de grupo de la PJE, visiblemente molesto empezó a abofetear al policía bancario que se encontraba custodiando el cantabar, por lo que los dos bomberos intentaron calmar la situación, recibiendo uno de ellos, Hernández Ibarra, golpes por parte del judicial.

Luego, de entre sus ropas sacó su pistola y con intenciones de asesinar a los dos jóvenes, disparó su arma, alcanzando a rozarle la sien izquierda a Sánchez Valdovinos, quien fue trasladado de emergencia al hospital general de este puerto, reportándose después fuera de peligro. Al respecto, el director de Seguridad Pública municipal, Fernando Barrientos Llanes, dio a conocer que intentó comunicarse a la Comandancia de la PJE en esta ciudad, para reportar lo sucedido, “puesto que identificaron al agresor como presunto jefe de grupo de la Policía Judicial”, donde no tomaron en cuenta su llamada, “pero cuando todas las patrullas de la Preventiva anduvieron buscando al individuo, los judiciales también andaban detrás de nosotros”.

Los dos bomberos agredidos se presentaron ayer en la Agencia Central del Ministerio Público, para interponer una denuncia de hechos y dejar un precedente, ante el temor que posteriormente intenten agredirlos otra vez.

Hallan en un andador a una mujer con ocho puñaladas

La madrugada del sábado fue descubierto el cadáver de una joven sexo servidora, en un andador sin nombre de la colonia 20 de noviembre, en este puerto.

La joven se llamaba Guadalupe González González, originaria de Atoyac de Alvarez y laboraba en el bar Noa-Noa en esta ciudad, siendo identificada en el lugar de los hechos por el encargado de dicho negocio, Fernando Chávez Meza.

La víctima presentaba ocho puñaladas en la parte del tórax, propinadas con arma blanca, y al momento de la autopsia, se descubrió que contaba con aproximadamente tres meses de embarazo.