Brenda Escobar, corresponsal, Zihuatanejo * El titular de la agencia central del Ministerio Público del fuero común, Alberto Ortiz Miranda, dio a conocer que el recientemente liberado industrial de la masa y la tortilla de la comunidad de Pantla, Salud Valencia Valencia, se negó a rendir su declaración por recomendaciones de sus propios familiares, debido a que no estaba anímicamente dispuesto.

Dijo también que no fue un millón de pesos lo que se pagó como rescate, sino 585 mil pesos.

En entrevista, Ortiz Miranda dijo que el miércoles 29 se trasladó al domicilio particular del también ganadero Salud Valencia, quien fue secuestrado por tres desconocidos el viernes 24 en la mañana y que fue liberado en el cerro de La Piedrera seis días después, para que rindiera su declaración y asentarla en la averiguación previa AZUE/03/0040/2003.

Abundó que tanto el secuestrado, de 67 años de edad, como sus familiares, acordaron no decir nada hasta en tanto no se encontrara moralmente dispuesto, por lo que posiblemente será hasta la semana próxima cuando acuda a esa representación social a dar su versión de los hechos.

El fiscal de la PGJE dijo que el médico legista diera fe del estado físico del señor Valencia, quien presenta únicamente escoriaciones en el tobillo derecho, producidas por la cadena a la que lo mantuvieron sujeto los secuestradores, “de ahí en fuera, está bien, salvo porque el señor padece del corazón y es diabético”.

También dijo que no hubo ningún detenido por este ilícito, aunque sostuvo, que se continuará con las investigaciones hasta dar con los responsables.

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Organizaciones políticas integraron ayer la Coordinadora por la Libertad de los Presos Políticos y uno de sus objetivos a corto plazo es exigir al Congreso del Estado la reforma a la Ley de Amnistía.

Las organizaciones que integran la Coordinadora son las que pertenecen al Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG), así como el Movimiento Urbano Popular de Iguala, las dos fracciones de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) y estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero.

Uno de los integrantes de la Coordinadora, el dirigente del FODEG, Bertoldo Martínez Cruz, informó ayer que el principal objetivo es impulsar reformas a la Ley de Amnistía para impedir que salgan libres con esa ley “gentes que nunca lucharon por esa ley”.

Entre ellos citó el caso del recientemente liberado Napoleón Campos Astudillo, quien se encontraba preso por la venta de plazas y la semana pasada recobró su libertad beneficiado por la Ley de Amnistía.

La constitución de la Coordinadora por la Libertad de los Presos Políticos se dio a conocer ayer en una conferencia de prensa por Martínez Cruz, el ex preso político Efrén Cortés Chávez, el también dirigente del FODEG Víctor Flores, así como Virgilia Galeana y la líder de la Organización Democrática de Mujeres, Virginia Patricia Mendoza.

Martínez Cruz indicó que una de las primeras acciones será una marcha el 2 de febrero que partirá a las 11 de la mañana de la Alameda Granados Maldonado al Congreso del Estado.

Jorge Nava * De 2001 a 2002 la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum) recibió 26 quejas contra agentes de la Procuraduría General de la República (PGR), mismas que no son de competencia local y fueron remitidas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Lo anterior lo informó el secretario ejecutivo del organismo de defensa en el estado, Ramón Navarrete Magdaleno, quien detalló que en la Coordinación Regional de la Codehum en la Zona Norte el organismo recibió cinco, en Tierra Caliente seis, en Acapulco cinco, en la Costa Grande ocho y la Visitaduría General levantó dos.

Aclaró que por incompetencia las 26 quejas fueron remitidas a la CNDH, sin que a la fecha conozca los términos en que concluyeron esos caso o su estado.

En la relación dada a conocer por el funcionario a El Sur aparecen las quejas recibidas en la Zona Norte: CRZN/021/2001, CRZN029/2001, CRZN/AC/086/2001, la CRZ/033/2002 y la CRZN/070/2002.

Mientras que en la Tierra Caliente fueron presentadas la CRTC/019/2001-I, la CRTC/035/2001-II, CRTC/068/2001-II, CRTC/071/2001-II y CRTC/023/2002-II.

En Acapulco fueron presentadas la CRA/198/2001-IV, CRA/054/2002-I, CRA/062/2002-IV, Cra/145/2002-II y CRA/170/2002.

En la Costa Grande se presentaron CRCG/062/2001-I, CRCG/008/2002-III, CRCG/015/2002-III, CRCG/027/2002, CRCG/033/2002, CRCG/042/2002, CRCG/066/2002-I y la CRCG/070/2002-I.

Mientras que la Vistaduría General inició la VG/110/2002-II y la VG/197/2002-II.

Navarrete Magdaleno preciso que las quejas presentadas giran contra agentes del Ministerio Público Federal y agentes de la Policía Judicial Federal –hoy Agencia Federal de Investigaciones–.

Según Navarrete Magdaleno los quejosos son Reyna Ocampo Bahena, Gonzalo González Ballesteros, León Benítez Vázquez, María de Jesús Segura Díaz, Guillermo Gómez Espinoza, Roberto Serrano García, Eloy Amaro Quintero, Rosa Escalera Orozco, Julio Moreno Fernández, Luis Pérez Manzanares, José Gómez Ríos, Manuel Salvador Galeana, Homero Valente Zambrano, Carlos A. de la Peña Ruiz, Carolina Garduño Sandoval.

También Fracisco Martínez Muñoz, Cristino Campos Laureano, Víctor Arturo Urzúa Hernández, Palemón Méndez Ayala, Faustino Olguín Mayoral, César Márquez Carranza, Rocío Mesino Mesino, Rodolfo Maldonado Marino, Daniel Ruiz Hernández, Jacinto Coria Castillo y José Luis Solorio Ruiz.

Raquel Santiago Maganda * Tras cinco días de padecer el dengue hemorrágico la niña Yeimi Cristal Santos ayer fue dada de alta del Hospital del Pacífico después de que fue atendida de la enfermedad, que al principio fue minimizada por un médico de Atoyac de Alvarez.

El padre de familia Vicente Santos García informó que ayer a mediodía la niña de un año de edad ya podía dejar el hospital por orden de su médico Daniel Chávez.

La familia de la niña sólo esperaba ayer que un trabajador de la Secretaría de Salud Estatal (Ssa) acudiera al lugar para tomar una muestra a la menor, como parte del seguimiento que realizan las autoridades de salud por la enfermedad.

Los padres comentaron que Yeimi Cristal presentó los síntomas del dengue el sábado pasado y al llevarla con un médico local, éste minimizó la fiebre situación que no fue aceptada por los familiares que la internaron el lunes en el hospital privado.

La salud de la niña mejoró gracias a que su madre comenzó a darle líquidos y evitó la deshidratación y el sangrado que caracteriza el dengue hemorrágico, como se los explicó el médico Daniel Chávez.

De esta manera, el miércoles Yeimi Cristal se encontraba recuperada y ayer junto con sus padres regresó a su casa en Atoyac de Alvarez. Vicente Santos consideró que la enfermedad transmitida por el mosquito no se ha podido controlar por parte de la Ssa, e incluso la madre dijo que en Atoyac “la situación es delicada” porque en noviembre falleció una persona por este tipo de dengue.

De la corresponsalía, Chilpancingo * Habitantes de la comunidad de Tierra Blanca del municipio de Metlatónoc obligaron a los maestros a suspender las clases en la escuela primaria debido a que 12 personas adultas de ese lugar adquirieron una infección de triconomía urogenital y tienen el temor de que sus hijos sean contagiados, informaron las autoridades de la Secretaría de Salud.

“Es un problema de salud que ya estamos atendiendo ya que fueron dos brigadas médicas y luego de realizar una revisión a la gente se determinó que 9 mujeres y 3 hombres padecen una triconomía urogenital, enfermedad que produce flujo y comezón en las partes nobles”, señaló el director de Epidemiología y Medicina Preventiva de la Secretaría de Salud, Rufino Silva Domínguez.

Por su parte, el alcalde de ese municipio, Saúl Rivera Mercenario, señaló que este problema de salud fue “medianamente”atendido por la Secretaría de Salud luego de que la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum) envió un oficio a estas autoridades para que enviaran una brigada médica a la comunidad.

Añadió que esta epidemia “que se soltó” desde el pasado 20 de enero causó temor entre los padres de familia que decidieron no enviar a sus hijos a la escuela para evitar que fueran contangiados.

Dijo que este miércoles por la tarde, un grupo de médicos y enfermeras se presentaron al poblado y revisaron a las personas infectadas, “pero luego se burlaron de ellas diciéndoles que eso les pasaba por andar de arrechas”.

Indicó que en una asamblea efectuada este fin de semana se les ordenó a los profesores de la escuela primaria que se trasladaran a Tlapa para solicitar a las autoridades de Salud que enviaran una brigada médica a la comunidad.

“Fueron al pueblo los médicos y enfermeras pero no dejaron medicamentos y solamente se llevaron a dos personas al Hospital de Tlapa para que les realizaran exámenes médicos, pero hasta el momento no nos han entregado los resultados”, aseveró el alcalde.

Manifestó que en la reunión que se celebró en la comunidad de Tierra Blanca también estuvieron el secretario general del ayuntamiento, Francisco Ortega Vicente, y el regidor de salud, Javier González.

“A nosotros nos dijeron que ese problema de salud que se presentó en la comunidad fue por la falta de higiene, pero tenemos el temor de que esta enfermedad se extienda en los niños”, aseveró.

Sin embargo, Rufino Silva Domínguez dice que todo está bajo control y que “la enfermedad que contrajeron por falta de higiene los 12 indígenas no pone en riesgo su vida”.

“Estaremos al pendiente de lo que suceda en la comunidad y en unas horas más daremos los resultados de los exámenes que se les practicó a las dos personas infectadas que se encuentran en el hospital de Tlapa”, aseveró.

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Habitantes de la sierra de Guerrero de los municipios de San Miguel Totolapan y Ajuchitlán del Progreso, que demandan la apertura de caminos y el financiamiento de proyectos productivos, denunciaron ayer que desde hace tres años vienen siendo desdeñados y marginados por el gobierno estatal por lo que advirtieron que a partir de febrero se movilizarán en esta capital.

Los inconformes pertenecen a la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), y demandan la autorización de 12 millones de pesos para un proyecto integral de desarrollo de la zona, que implica la rehabilitación de la carretera que comunica la región de Tierra Caliente con la sierra del Filo Mayor, así como el financiamiento de proyectos productivos.

El dirigente de la CIOAC, Miguel Rojas Bernardino, y Tomás Rojas, otro de los miembros de la organización, denunciaron ayer en esta capital que el proyecto lo vienen presentando al gobierno del estado desde hace tres años, sin embargo dijeron que ni siquiera los han recibido el gobernador René Juárez y el secretario de Gobierno, Marcelino Miranda Añorve.

Rojas Bernardino dijo que el camino que piden que sea rehabilitado es de 150 kilómetros y que se beneficiarían unas 20 comunidades de los municipios de San Miguel Totolapan y Ajuchitlán del Progreso.

Dijo también que en los 12 millones de pesos están incluidos los proyectos productivos que son fundamentalmente de huertos frutales como durazno, aguacate, así como de floricultura y piscicultura.

Otra demanda de la CIOAC es la electrificación de las comunidades de La Cañita, Los Horcones, La Lajita, El Balcón, Fresnos de Puerto Rico, Los Fresnitos, Chilacayote, Cuatro Cruces y Cordón Grande, de los municipios de Ajuchitlán del Progreso y de Tecpan de Galeana.

Asimismo denunciaron que la Secretaría de Desarrollo Rural ha incumplido con la realización de una reunión con organizaciones sociales para formar el Consejo Regional de Desarrollo Rural de la Sierra para la distribución de 3 millones de pesos para proyectos productivos.

Rojas Bernardino indicó que la reunión está pendiente desde agosto del 2002 y que a la fecha aún desconocen cuándo se llevará a cabo y que los recursos siguen retenidos.

El dirigente de la CIOAC dijo que es necesario que el gobierno estatal voltee los ojos hacia la sierra, porque señaló que con el pretexto de lograr el desarrollo en la zona se está utilizando el recurso forestal para este fin, cuando le corresponde destinar recursos a los gobiernos estatal y federal.

Más de 22 mil hogares guerrerenses fueron beneficiados en el 2002 con el programa de ahorro de energía que llevó a cabo la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mediante la venta de lámparas ahorradoras las cuales permiten reducir el gasto hasta 30 por ciento por bimestre.

En un boletín de prensa, el jefe de comunicación social de la región centro-sur, Raúl Gómez Cárdenas, informa lo anterior y agrega que la paraestatal vendió 82 mil 337 lámparas ahorradoras en el estado en sus cinco módulos de distribución ubicados en Chilpancingo, Iguala, Altamirano, Zihuatanejo y Acapulco.

Gómez Cárdenas señala en el boletín que las ventas de lámparas ahorradoras y los diagnósticos energéticos a domicilio fueron actividades que la paraestatal realizó a fin de consolidar la cultura del ahorro de energía entre los usuarios. Añade que el programa de venta de lámparas ahorradoras comenzó a partir de un crédito del Banco Internacional de Desarrollo a la CFE para desarrollar acciones que indujeran al usuario a racionalizar la energía.

Agrega que los beneficios de las lámparas ahorradoras aumentaron a partir de la modificación de las tarifas.

Finalmente Gómez Cárdenas invita a los usuarios del servicio a adquirir las lámparas que se venden a precio de costo y a pagar en ocho meses. (Karina Contreras)

Francisco Magaña, corresponsal, Atoyac * Seguridad e incorporación al desarrollo con proyecto, demandan al gobierno municipal habitantes de El Cucuyachi.

El alcalde Germán Adame Bautista se comprometió durante una gira de trabajo por esta localidad de la parte media de la sierra a restablecer la seguridad e impulsar proyectos productivos, informó el ex comisario de El Cucuyachi, Cornelio Barrientos Cortés.

Dijo que el edil se compromete a cambiar la imagen de un pueblo endurecido por los actos violentos, donde murieron familiares de los Barrientos (del PRD) y de los Peñaloza (del PRI).

La situación de inseguridad que prevaleció por casi cuatro años en la zona motivó que la población quedara casi fantasma ante el emigración de las dos familias.

Destacó que se trató en particular el asunto de la seguridad, en la cual el alcalde se compromete a que ésta se garantice entre los pobladores no sólo de El Cucuyachi sino también de El Achotal.

Manifestó que propusieron al edil la creación de una Comisión de Derechos Humanos en el Cabildo, para que dé atención a todas las demandas y denuncias de las violaciones a los derechos humanos en el municipio.

De manera independiente dijo que se están organizando en la comunidad para conformar un Comité Ciudadano de Defensa de los Derechos Humanos, asesorado por la vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Afadem), Tita Radilla, y se dé así atención a los casos de hostigamiento que han sufrido integrantes de la familia Barrientos como en su caso que estuvo preso por una difamación y fue acosado por la Agencia Federal de Investigaciones de la Procuraduría General de la República (AFI) y está pendiente la resolución de otra denuncia orquestada por los Peñaloza.

El secretario ejecutivo de la Afadem, Julio Mata Montiel, informó que no se descarta el acompañamiento de las Brigadas Internacionales de Paz para Cornelio Barrientos Cortés.

En su gira de trabajo por El Cicuyachi, el alcalde entregó despensas y recogió de los ciudadanos solicitudes de proyectos productivos, como cría de aves, ganado porcino y cultivos.

De la corresponsalía, Chilpancingo * Las organizaciones de periodistas de esta ciudad, el Sindicato Unico de Trabajadoras de los Medios de Comunicación del Estado de Guerrero (Sutmeceg) y la Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero (APEG) apoyaron la propuesta del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, de enviar al Senado de la República una iniciativa de protección a los periodistas.

Aracely García Zamora, secretaria general del Sutmeceg, dijo que para los periodistas de Guerrero sería benéfico que el Congreso de la Unión legislara una iniciativa en esa materia ya que “aquí es uno de los estados donde hay más obstáculos para la labor de los trabajadores de los medios de comunicación ya que aparte de que se nos niega la información a veces sufrimos represalias por parte del gobierno”.

“Yo creo que en Guerrero es en donde hay más limitantes para el ejercicio periodístico y una prueba de ello es de que el gobierno del estado pone muchas trabas para que puedas obtener información”, añadió García Zamora.

La vocera de la APEG, Elizabeth Patrón Osorio, dijo que esta organización coincide y apoya el planteamiento del ombudsman, José Luis Soberanes, de enviar al Senado un proyecto de iniciativa de ley que proteja a los periodistas y evitar que sean citados por la autoridad con el fin de revelar sus fuentes de información.

La APEG y el Sutmeceg se manifestaron porque la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum) elabore una propuesta similar a la que hizo Soberanes Fernández.

Patrón Osorio dijo que ojalá y el presidente de la Codehum, Juan Alarcón Hernández, envíe un proyecto de iniciativa de ley al Congreso local, que garantice el secreto profesional de los trabajadores de los medios de comunicación del estado.

De igual manera, Patrón Osorio y García Zamora, exigieron que en Guerrero se legisle el derecho a la información ya que esto no es solamente una garantía que beneficia al gremio periodístico sino a la ciudadanía en su conjunto.

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * El secretario general de Gobierno, Marcelino Miranda Añorve, aseguró ayer que el enfrentamiento entre transportistas de la Costa Chica, la noche del lunes, fue por conflictos internos de las organizaciones, “que ya se están resolviendo con la intervención del gobierno”.

Dijo que en el enfrentamiento entre trabajadores del volante del municipio de Marquelia y San Luis Acatlán sólo hubo “un lastimado” y rechazó que haya desaparecidos, como se publicó ayer en diversos medios.

Los taxistas de ambos municipios se enfrentaron luego de una reunión en Marquelia en donde trataban de llegar a acuerdos con respecto a conflictos por la ruta.

Los transportistas de Marquelia exigen llegar hasta San Luis Acatlán con el servicio, mientras que los de San Luis Acatlán se oponen porque consideran que se trata de una competencia para ellos.

No llegaron a un acuerdo y se dio el enfrentamiento entre los trabajadores del volante de ambos sitios.

Aunque según informes preliminares el resultado fue de dos personas lesionadas y al menos nueve desaparecidos, el secretario de Gobierno rechazó ayer esa versión y dijo que únicamente hubo “un lastimado”.

Además informó que la mañana de ayer sostuvieron una reunión entre las dos organizaciones de transportistas, en la que estuvieron los dos dirigentes, Armando García que representa a los trabajadores del volante de Marquelia y Rogelio Hernández dirigente a los de San Luis Acatlán.

“Lamentablemente hubo un enfrentamiento, pero comprobamos que es por las diferencias que hay en el sector transporte”, dijo Miranda Añorve, y luego señaló que seguramente en el transcurso de la mañana “llegaremos a acuerdos para conciliar los intereses que permitan la armonía entre los transportistas”, indicó.

Mientras tanto el dirigente de la Unión de Transportistas Democráticos (UTD), Apolinar Seguada Dorantes, señaló que las reformas a la ley de transportes por el Congreso local están provocando “una actitud irregular y conflictos sociales”.

Señaló que la reciente reforma a la ley de transportes que tipifica como delito “una actividad irregular” como llamó           así al pirataje, demuestra que no está dando los resultados que se previeron.

El dirigente de la UTD señaló que en el caso de su organización siempre estuvo en contra de que se tipificara como delito el pirataje, “porque no se trata de un delito sino se trata de una actividad irregular, a consecuencia de la falta de empleo en el estado y mucho mejor la prestación del servicio de transporte de esta manera que andar en otras actividades ilícitas”, dijo Segueda Dorantes.

Indicó que el problema del transporte no se va a resolver con leyes como la prohibición del pirataje, sino con medidas en contra de la corrupción que se da entre los funcionarios de transporte para la venta de las concesiones y entre los mismos dirigentes de las organizaciones quienes venden a personas que no pertenecen al gremio las concesiones.