Revisar el TLCAN

El viernes y sábado de la semana pasada, se llevó a cabo una asamblea más de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario del país (AMSDA), en Culiacán, Sinaloa. El debate que ahí se suscitó fue intenso e interesante. Se trataba de fijar la posición de la AMSDA sobre la renegociación del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN).

Algunos secretarios estábamos por la renegociación, otros por la negativa, otros más estaban a la expectativa. Entramos de lleno al debate nacional sobre el agro mexicano. Parecía que no íbamos a arribar a consenso Se esgrimieron razones, fundamentos y estadísticas por ambos bandos. Todos valiosos y enriquecedores. La posición se fijaría por mayoría por medio de una votación. Al final de las cuentas optamos, por unanimidad, una posición intermedia: la revisión del TLCAN para dilucidar mejor y con mayores elementos qué es lo más conveniente: la solicitud de la renegociación ante las instancias correspondientes o la utilización de mecanismos y procedimientos ya establecidos en el TLCAN para salvaguardar la agricultura mexicana.

Cuando me tocó intervenir a favor de la renegociación, esgrimí los siguientes razonamientos:

El TLCAN a diferencia del TLC de la Unión Europea no contempla programas compensatorios para las naciones menos favorecidas. Gracias a ello, los países menos desarrollados, como Portugal, España y Grecia no fueron avasallados por los países fuertes como Francia o Alemania.

Al firmar el TLCAN existían ya, fuertes asimetrías entre las agriculturas de EUA y Canadá respecto a la mexicana; mismas que se agravaron más por los fuertes subsidios que el gobierno federal de EUA ha otorgado a sus empresas agropecuarias y granjeros; y que recién los ha legalizado y garantizado por 10 años más.

Los EU han violado sistemáticamente lo estipulado en el TLCAN al cerrar sus fronteras a los productos agropecuarios mexicanos cuando afectan económicamente a sus granjeros y empresas; pretextando cualquier anomalía real o ficticia en materia de sanidad, calidad e inocuidad vegetal o animal.

En los años que a operado el TLCAN, los productores rurales mexicanos han perdido más del 40 por ciento del poder adquisitivo de sus ingresos anuales.

La tasa media de crecimiento (TMC) de la producción nacional de granos básicos ha estado por debajo de la TMC de la población.

La TMC de las importaciones es mayor que la TMC de las exportaciones agroalimentarias; por lo que, año con año, somos más dependientes del exterior en este aspecto.

Las exportaciones agroalimentarias mexicanas están concentradas en unas cuantas unidades productivas agropecuarias. El resto, la inmensa mayoría, están en condiciones de sobrevivencia o de abandono pleno. En México, los favorecidos con el TLCAN son miles y los desfavorecidos son millones en el sector rural.

Durante la vigencia del TLCAN, lejos de generarse empleos, se han perdido muchos en el sector y se ha disparado la migración del campo a la ciudad y al país vecino del norte.

No hemos podido resolver el problema de la desnutrición nacional, por el contrario, esta se ha agravado.

La estabilidad relativa de las variables macroeconómicas del sector no se ha traducido en una estabilidad decorosa en los ingresos en los bolsillos de los campesinos mexicanos que han sufrido una depauperización continua y recurrente. Lejos de abatirse, hay más pobreza en el medio rural.

El minifundio, que es lo predominante en la tenencia de la tierra nacional, no ha tenido opción de progreso como la tiene el minifundio europeo.

No únicamente debíamos de revisar el TLCAN, sino toda la política agropecuaria nacional porque mientras este inmersa en el modelo neoliberal de crecimiento económico difícilmente la llevaremos a la consecución de mejores estadios de prosperidad, progreso y bienestar para la mayoría de los hombres y mujeres del campo.

Por todas las razones anteriores y otras más, me pronuncié por la renegociación del apartado agropecuario del TLCAN. Otros colegas contra argumentaron de que todo dependía desde la perspectiva en que se analizan las cosas; en otras palabras, de cómo le va a cada cual en la feria. Efectivamente no ha tenido el mismo impacto negativo en la agricultura comercial del centro-norte del país que en la agricultura campesina del sur-sureste. En esta última ha sido mayor. Algunos ven el vaso medio lleno de agua, otros lo ven medio vacío, me decían. Pero en este caso también importa mucho saber quiénes se están tomando el líquido.

PD1.–Entre el mundo del dinero y la guerra representado en Davos, Suiza; y el mundo de la pobreza y la esperanza representado en Porto Alegre, Brasil, me quedo con este último.

PD2.–En verdad les digo que por razones de poder, los federalistas entusiastas de ayer, son los centralistas recalcitrantes de hoy y viceversa.

Señor director:

Muy atentamente, me permito solicitar a usted publicar en su prestigiado medio de comunicación, en el espacio destinado a correspondencia de los lectores, la siguiente carta aclaratoria a las declaraciones del C. Francisco Rodríguez Otero, dirigente estatal del Partido Acción Nacional, el pasado 27 de enero, en la nota del periodista Zacarías Cervantes bajo el encabezado “Se promueven René y López Rosas con recursos federales”.

El dirigente panista afirma que “en la entrega de 4.5 millones de pesos a organizaciones de mujeres, la semana pasada en Casa Guerrero”, el gobernador “nunca dijo que se trataba de recursos del gobierno federal, dijo que los entregaba su gobierno a las organizaciones de mujeres”.

Al respecto, queremos respetuosamente hacerle las siguientes precisiones al C. Rodríguez Otero:

Primero: nuestra organización le solicitó al C. gobernador y a funcionarios federales y estatales, que fueran testigos de la entrega de microcréditos que nuestra organización ha operado desde 1999 a la fecha, con el propósito de sumar voluntades de los diferentes niveles de gobierno para fortalecer este proceso que ha existido en el estado.

Segundo: el C. gobernador del estado nunca mencionó, ni afirmó en su intervención que eran recursos de su gobierno, por el contrario, reconoció los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil por su capacidad de gestión y concertación con el gobierno federal.

Tercero: si el C. dirigente panista tuviera alguna duda, le hacemos de su conocimiento que como invitados de nuestra organización, asistieron directivos nacionales de la Secretaría de Economía y el delegado en el estado y la Presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer del H. Congreso del Estado entre otros funcionarios.

Cuarto: rechazamos cualquier intento de politizar y tergiversar el esfuerzo de más de 8 mil mujeres beneficiadas a través del Fondo de Microfinanciamiento para mujeres rurales en el estado, en donde la Secretaría de Economía es la entidad coordinadora, le sugerimos al C. Rodríguez Otero que antes de realizar aseveraciones, se allegue de mayor información que le dé sustento a las mismas, en el ánimo de no confundir a la opinión pública. Para mayor información, nos ponemos a sus órdenes con los teléfonos: (01747) 47 2 99 33 y             1 40 39.

 Muy atentamente
Lic. Rosaura Rodríguez Carrillo
Presidenta del Comité Directivo de la Unión de Organizaciones Económicas
y Mujeres Productoras de Guerrero, AC

* Ya turnó oficio al Registro Público de la Propiedad y a Servicios Periciales del MP para valuar, informa Gerardo Orozco * No es un acto alevoso ni hubo tráfico de influencias, replica al alcalde * La paramunicipal puede promover un amparo, recuerda

Nelly Bello * De acuerdo con el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) Abad Orozco Rojas, si en el término de tres meses la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) no paga o accede al pago del laudo que ganaron cuatro ex empleados, el organismo laboral procederá a la audiencia de remate del inmueble para el cobro de los 2 millones 200 mil pesos.

Orozco Rojas informó que la demanda –de quienes, según la CAPAMA, eran aviadores en el periodo de Fermín Gerardo Alvarado Arroyo– fue por despido injustificado y salarios caídos. Y para continuar el procedimiento legal y administrativo ya turnó oficio al Registro Público de la Propiedad y a Servicios Periciales del MP para el avalúo del edificio.

Explicó que el procedimiento que deberá seguir la paramunicipal –que agotó por la vía legal todas las instancias– es el arreglo de pago, pues de lo contrario se arriesga al remate; pero “no creo que CAPAMA llegue al remate, va a pagar porque es un laudo ganado por los trabajadores y debe cumplirse. La obligación del patrón es pagar”.

Sobre la declaración del alcalde Alberto López Rosas, que calificó de alevoso e injusto el laudo de la Junta que derivó en el embargo a la CAPAMA, Orozco Rojas dijo que se trata de una opinión del presidente municipal “para darle una salida” al problema, porque “sabe perfectamente como abogado que el laudo causó ejecutoria, la demandada se defendió, tuvo la oportunidad y lo hizo, pero perdió, por lo que no puede ser un acto alevoso”.

Respondió que en el proceso jurídico no hubo tráfico de influencias y pidió al primer edil que explique entre quién o de quién era el tráfico de influencias, pues “yo ni conozco a los trabajadores, el trámite fue a través de sus apoderados legales”.

Insistió en que las resoluciones de la Junta no son definitivas, por lo que si alguna de las partes considera que no se ajusta a derecho puede promuever un amparo ante la justicia federal, y ésta revisa y “si observa que hay violaciones le conceden el amparo, pero el laudo se dictó conforme a derecho”.

Recordó que originalmente los empleados Elizabeth Ortiz Ramírez, Esteban Parra Suástegui, María Elena Salmerón Mendoza y Eutimio Rodríguez Maganda presentaron el 28 de noviembre de 1997 la demanda por despido injustificado ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en Chilpancingo. Un año después de procedimientos, el Tribunal se declaró incompetente, pero según el propio Orozco Rojas los empleados presentaron la denuncia contra CAPAMA ante la Junta hasta el año 2000.

Dos años después del laudo, y luego de la búsqueda del amparo federal, el 14 de octubre del 2002 la Junta procedió al cobro de un millón 994 mil pesos por el despido injustificado y más de 200 mil pesos por salarios caídos.

Un día después de conocer el fallo, el entonces alcalde Zeferino Torreblanca Galindo culpó a políticos del PRI –sin especificar nombres– por manejar la demanda “desde las oficinas de la paramunicipal”, pues uno de los asesores jurídicos era Alvarado Arroyo. De acuerdo con un medio informativo local, el político priísta fue quien recomendó a los demandantes para ingresar a CAPAMA en su momento.

El mismo López Rosas, como alcalde electo, calificó de inmoral la actuación de los administradores priístas.

Luego de conocer el fallo y al no pagar la paramunicipal, los trabajadores pidieron a la Junta que el actuario se constituyera en la fuente de trabajo para insistir en el pago del adeudo, pero el organismo “no lo hizo”; luego el actuario pidió un listado de los inmuebles propiedad de CAPAMA, que tampoco presentó, por lo que los trabajadores señalaron para embargo al inmueble y se constituyó el procedimiento.

Orozco Rojas dijo que después del remate, si la propiedad tiene un remanente económico, lo obtendrá el organismo como propietario, pues sólo se tomará el pago para los empleados.

Reveló que otras cuatro denuncias contra la CAPAMA por despido injustificado están en trámite ante la Junta Local, pero todavía no hay fecha de resolución.

Escuchará el alcalde la estrategia del consejo de administración

Aurelio Peláez n El presidente municipal Alberto López Rosas se reunió anoche con el director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), Gerardo Sierra Ulloa, para informarse del laudo dictado por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que determinó embargar propiedades de esa paramunicipal, para garantizar el pago de 2 millones de pesos a cuatro ex trabajadores.

Entrevistado ayer por la tarde, López Rosas dijo que ya conocía detalles del caso, “pero vamos a escuchar qué estrategia tendrá el consejo de administración de CAPAMA para pagar ese débito, o si se tomará alguna otra decisión”.

El alcalde consideró que la resolución de la Junta de Conciliación de ninguna manera implica un riesgo de pérdida del edificio de la comisión de agua. “No hay algún remate o una adjudicación, no hay ninguna fecha fatal, de ninguna manera se ha perdido el inmueble”, explicó.

Un día antes el alcalde había señalado que en el laudo dictado contra la CAPAMA por cuatro ex trabajadores hubo tráfico de influencias y deslealtad contra la dependencia.

Ayer defendió la contratación de despachos jurídicos externos para la atención de casos de relevancia, al comentársele que en la defensa de la CAPAMA en ese juicio laboral, intervino su despacho.

El alcalde se deslindó de cualquier tráfico de influencia en el contrato jurídico externo con CAPAMA, y recordó que cuando ese contrato se tomó, él ya no era diputado federal, además de que el proceso se retomó “ya iniciado”.

Dijo que contratar despachos jurídicos externos no implica sustituir al área jurídica del ayuntamiento, “sino simplemente asignarles casos relevantes, a los que le tendrían que poner una atención especial, por ser contratados para ello”.

* Atestigua la construcción de un hospital donde prevén invertir unos 157 millones de pesos

Aurelio Peláez * El alcalde Alberto López Rosas y directivos de la Fundación Anáhuac, recorrieron ayer los trabajos del hospital que se construye en la unidad habitacional Cideco (Plácido Domingo) ubicada en el poblado de La Venta, y en donde se prevé una inversión de unos 157 millones de pesos. Dijo que respaldará el proyecto de la Fundación en sus proyectos de desarrollo.

López Rosas fue acompañado en este recorrido por el director de la Fundación Anáhuac en Guerrero, Francisco Gallart Gallardo, quien recordó que esta unidad habitacional se construyó en apoyo a familias damnificadas por el huracán Paulina, en 1997.

La unidad cuenta actualmente con 290 viviendas y una primaria, además de un centro médico dotado con una unidad de Telemedicina, con la cual los responsables de la clínica del Cideco pueden contactar con médicos especializados en la misma Universidad Anáhuac o con la universidad de Houston, Texas, Estados Unidos, para la atención a pacientes.

La unidad móvil de Telemedicina ha recorrido diversas regiones del municipio para dar atención médica. El vehículo tiene un costo de 2 millones de pesos.

En cuanto al hospital, Gallart Gallardo informó a López Rosas que en cimentación y estructuras se han invertido hasta ahora unos 20 millones de pesos, y anunció que en noviembre de este año se concluirá la primera etapa de la construcción del hospital, el cual contará con tecnología de punta.

Explicó que ese nosocomio contará con 40 camas, y dará servicio a los habitantes de la región, además de que el costo de la atención será honorario, es decir, de acuerdo a las posibilidades económicas del paciente. La primera etapa del hospital concluirá en noviembre, y el proyecto general terminaría en tres años. En entrevista, el directivo de la Fundación Anáhuac explicó que en forma directa el hospital cubriría una población de 5 mil familias, del área aledaña a La Venta, y en forma indirecta a unos 300 mil habitantes, del área de Ciudad Renacimiento y la colonia Emiliano Zapata.

En el proyecto de desarrollo del Centro Integral de Desarrollo Comunitaria (Cideco), está incluida además la construcción de una iglesia, un centro cultural, una tienda de autoservicio y una planta tratadora de aguas negras todo ello con un costo de 380 millones de pesos.

La planta tratadora de aguas negras tendrá capacidad para atender a unos 75 mil habitantes, por medio de tres módulos que se irían agregando conforme la población se conecte al sistema.

En el futuro, también se prevé abrir una preparatoria ligada a la Universidad Anáhuac.

En la clínica de esta unidad, López Rosas sostuvo una plática a distancia con el presidente de la Fundación Anáhuac, Roberto Delgado, y el director de la Escuela de Medicina de la Universidad Anáhuac, Tomás Barrientes, quienes explicaron al alcalde desde la ciudad de México los beneficios que traerá este hospital a la población marginada de Guerrero, ya que además se incluirá el servicio de Telemedicina.

El alcalde ofreció que su gobierno respaldará el proyecto de la Fundación en sus proyectos de desarrollo, sobre todo en el caso de la construcción del hospital.

En el recorrido por la escuela y las casas habitación, López Rosas fue acompañado por el secretario de Finanzas municipal, Fernando Aragón Gómez, el secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología, Jorge Juárez Soto, y por el subsecretario de Vivienda del gobierno estatal, Ramón Sortres Núñez.

Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo * Mujeres de diversos sectores condenaron la instrucción del director de Recursos Humanos del ayuntamiento de Acapulco, Manuel Bringas Reymundo, de no contratar embarazas.

De entrada, la promotora cultural Gela Manzano opinó que las feministas de Guerrero y del país desde hace muchos años han dado la lucha para que precisamente ese requisito se anule; “no  nos parece correcto, porque ese mismo requisito se pedía en el gobierno estatal y hasta donde yo sé se vino abajo”.

Dijo que ahora resulta obsoleto que se plantee nuevamente porque va contra los derechos de la mujer, sobre todo porque es cuando más apoyo requiere y no se puede tomar como una enfermedad, “sino más bien debiera ser un embarazo gozoso y productivo, ni siquiera debiera tomarse como         incapacidad porque no es un enfermedad”.

“Creo que ese funcionario no está enterado y me parece insólito que a principios de este siglo se hagan propuestas propias de principios del siglo pasado, no hay duda que de prosperar iría en contra de las mujeres guerrerenses”, finalizó.

Elizabeth Patrón Osorio, a nombre de la Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero (APEG), consideró que la propuesta de no contratar embarazadas muestra un trato discriminatorio y excluyente hacia la mujer guerrerense.

Pero agregó que sin duda también se puede calificar la propuesta de misógina, porque atenta contra los derechos humanos y laborales de las mujeres y en general de los mexicanos, plasmados en la Constitución mexicana, en la que en uno de sus artículos señala que a ninguna persona podrá impedírsele que se dedique al trabajo lícito.

Dijo que la APEG está contra esa instrucción pues el embarazo no en todos los casos es impedimento para desempeñar un empleo.

A su vez, la ex diputada local del PRT María Luisa Garfias Marín, integrante del Colectivo Nosotras, tajante afirmó que es una medida totalmente anticonstitucional, ya que atenta contra el derecho de la mujer de tener el número de hijos que desee.

Dijo que además violenta el derecho al trabajo, y eso es incongruente en un gobierno emanado del PRD, partido que siempre se ha manifestado en defensa del empleo.

Finalmente Norma Elena Méndez Bahena, también integrante del STTAISUAG, resaltó que la indicación del director de Recursos Humanos del ayuntamiento de Acapulco muestra una visión muy atrasada, machista y misógina, que se pensó que había sido olvidada, “y se debe poner en su lugar al funcionario que hizo esa propuesta descabellada”.

Dijo que la mujer ha luchado muchos años por conquistar sus derechos, y hoy se pueden encontrar en todas los ámbitos de la sociedad; las hay académicas, indigenistas, feministas, ocupando cargos de elección popular, en las fábricas y en el campo; “por eso no me explico por qué una mujer embarazada no puede trabajar en un ayuntamiento como el de Acapulco”.

Aurelio Peláez * Aunque el alcalde Alberto López Rosas dijo haber instruido al director de Recursos Humanos, Manuel Bringas Reymundo, para que ofreciera una aclaración en cuanto al contenido de la circular 010, en donde recomendaba a regidores exigir el acta de no gravidez a las mujeres que aspiraban a ser contratadas por el ayuntamiento, el funcionario municipal no atendió las peticiones para entrevistarse con los medios de información.

Ayer mismo, el propio López Rosas, quien la víspera había desautorizado la posición de su funcionario, afirmó que exigir el acta de no gravidez como requisito para la contratación era “un criterio absurdo, que considero superado y que no comparto”.

Entrevistado ayer durante una gira por el poblado de La Venta, informó que instruyó a Bringas Reymundo a “que aclarara ese oficio”.

Antes, por la mañana, a través de la Dirección de Comunicación Social del ayuntamiento, se solicitó una entrevista con el funcionario para que aclarara el contenido de su oficio, expedido el 15 de enero, y que provocó la molestia de funcionarias de primer nivel de la dependencia, algunas como la coordinadora de Servicios Públicos Municipales, Rosa María Gómez, y la propia secretaria del ayuntamiento, María de la Luz Núñez, con una trayectoria de lucha ambas a favor de los derechos de la mujer.

Sin embargo, este reportero pudo constatar cómo de la oficina de la Dirección de Recursos Humanos tampoco se dio respuesta a los funcionarios de Comunicación Social que gestionaron la entrevista. Hasta las 10 de la noche de ayer no había una respuesta a la petición verbal.

El mismo Manuel Bringas personalmente se había comprometido a asistir ayer a aclarar “el malentendido” del oficio en el noticiero de MVS conducido por Jorge Zamora, de las 2 de la tarde. El locutor, al final del noticiero, a pesar de que había anunciado la entrevista, señaló que el funcionario no había asistido y con ello evadió dar una explicación “por los problemas ocasionados por la circular”.

Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * El pasado viernes 24, el coordinador de regidores de la fracción priísta en el Cabildo de Acapulco, José Guadalupe Perea Pineda, entregó a la secretaria del ayuntamiento, María de la Luz Núñez Ramos, un recurso de reconsideración contra la distribución de presidencias de comisiones de la comuna.

Mientras tanto, en el Congreso del Estado la coordinadora de la fracción parlamentaria del PRD, Adela Román Ocampo, cabildeaba frenar la comparecencia ante diputados del alcalde Alberto López Rosas.

El alcalde de Acapulco tiene 10 días –a partir del pasado viernes– para responder a los priístas si da entrada al recurso, se analiza y se aprueba, o en su caso se rechaza.

De ocurrir el rechazo del recurso, los priístas preparan la promoción de un amparo para obligar al alcalde Alberto López Rosas a dar marcha atrás en la asignación de comisiones municipales, donde se quejan del mayoriteo de los regidores del PRD.

Los priístas alegan que en la sesión del pasado 10 de enero, los ediles perredistas se asignaron comisiones sin respeto a lo dispuesto por el artículo 25 fracción 13 del Reglamento Interno para las Sesiones de Cabildo, de que 50 por ciento son para la primera mayoría, 25 por ciento para la segunda fuerza y el resto para las representaciones restantes.

Así, se asignaron seis comisiones al PRD, dos al PC, una al PVEM y una al PRI.

Pero mientras los regidores del tricolor en Acapulco, con el respaldo de su dirigencia estatal, presentaban el recurso de reconsideración, trascendió que en el Congreso del Estado la coordinadora parlamentaria del PRD, Adela Román Ocampo, cabildeaba frenar el dictamen que la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación elabora para que el alcalde López Rosas comparezca y explique el asunto, comentó off the record un dirigente estatal priísta.

La misma fuente dijo que la dirigencia del PRI considera este cabildeo de la diputada Adela Román –quien forma parte del grupo político de López Rosas– como un mensaje del alcalde acapulqueño, de que estaría dispuesto a reconsiderar la asignación de presidencias de comisión.

Desde ayer y hasta el 2 de febrero se llevará a cabo en Madrid, España, la 23 Feria Internacional de Turismo (Fitur) en la que participa la secretaria de Turismo federal, Leticia Navarro Ochoa, y la directora del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), María Elena Mancha.

También viajó el gobernador René Juárez Cisneros y la secretaria de Fomento Turístico Guadalupe Gómez Maganda, y según un boletín que distribuyó Comunicación Social del estado a algunos reporteros, el gobernador tenía permiso previo del Congreso del Estado y quedó a cargo el secretario de Gobierno, Marcelino Miranda Añorve.

De acuerdo con información del portal de internet de la Fitur, la feria es considerada como la segunda de importancia en el Continente Europeo, con una captación de más de 42 mil agentes de viajes y tour operadores de turismo.

En la inauguración al mediodía en el Auditorio del Centro de Convenciones Norte del Parque Ferial Juan Carlos I, participó con la bienvenida el rey de España Juan Carlos I.

México participó en la edición 23 del Festival Folclórico de los Pueblos del Mundo. (Nelly Bello).

* Los desalojados tienen locales en Tepito, asegura el director de Vía Pública t Quedan las banquetas resguardadas con vallas metálicas

Karina Contreras * El director de Vía Pública, Uriel Leal Ramírez, informó que 40 comerciantes semifijos seguidores de Dalia Serna, Antonio Valdés e incluso del PRD fueron retirados de la calle Tadeo Arredondo.

El funcionario municipal señaló de los semifijos retirados de esa calle tienen locales en Tepito, pero que por costumbre se ponían en la calle.

Dijo que los ambulantes ya tenían conocimiento de que a partir de ayer no podrían ponerse más en la avenida, ya que estaban de manera provisional y como no tienen permiso no hay seguro.

En el lugar desalojado sólo quedaron los taqueros a los que al funcionario se le preguntó por qué se les tolera y respondió: “Tienen giros distintos” pero su situación se platicará con el alcalde Alberto López Rosas y la secretaria general, María de la Luz Núñez Ramos.

El funcionario insistió que no hay favoritismos para nadie en ese gobierno, esto al cuestionarlo que esa calle en los últimos días había sido señalada que estaba siendo ocupada por los hermanos del alcalde, entre ellos el diputado local Marco Antonio López. Agregó que son los argumentos que utilizan siempre, pero pueden constatar que están desocupadas las áreas recuperadas.

El desalojo fue alrededor de las 6 de la mañana, hasta donde se sabe no hubo violencia. En el lugar permanecieron más de 15 agentes de la Policía Preventiva e inspectores de Vía Pública, y las banquetas quedaron resguardadas con valles metálicas.

Por su parte, en cuanto al compromiso que tomó el día anterior en reunión con los líderes del comercio ambulante priístas Dalia Serna y Antonio Valdés, de desalojar la calle Tadeo Arredondo, el alcalde Alberto López Rosas dijo en entrevista que ese acuerdo se cumplió ayer por la mañana. “Yo cumplo mi la palabra”, afirmó.

Dalia Serna y Antonio Valdés habían asegurado que el ayuntamiento protege en esa área a comerciantes cercanos al PRD, en perjuicio de los priístas, y exigieron que desalojara a todos, no solamente a éstos.