Karina Contreras * La Procuraduría General de la República (PGR) decomisó 15 kilos de explosivos en un plan operativo sorpresa efectuado en varios mercados, informó el titular de la agencia del Ministerio Público federal, Fernando Bueno Díaz.

En el decomiso participaron policías preventivos, antimotines del estado y 10 agentes de la Agencia de Federal de Investigación (AFI). Como siempre que ocurre en estas acciones policiacas aparatosas, se asustó a los ciudadanos quienes sólo observaban el trabajo de los policías que recorrían las calles con sus poderosas armas.

Bueno Díaz declaró que en en mercados como Tepito, Central, El Parazal, Durango, Cerrada de Vallarta y Velázquez de León, entre otras, se decomisaron 15 kilogramos de explosivos.

Dijo que las operaciones policiacas son sorpresivas y se hacen con base en denuncias anónimas sobre la existencia de cohetes en calles, y que resultan peligrosos.

A pregunta expresa si tienen detectadas algunas bodegas que pudieran ocasionar una tragedia como en Veracruz, donde el último día del año explotaron dos bodegas clandestinas de cohetes respondió que: “Se dice, pero no se tiene ubicada ninguna”. Pidió a la sociedad que denuncie. El poco cohete que se decomisó se debe, según versiones de los presentes, a la terminación de la época decembrina.

* Dalia Serna y Antonio Valdés encabezan a ambulantes de las calles Feliciano Radilla, Parián, Mina y Belisario Dominguez * Dice Toño que el programa de reordenamiento se hace con tintes políticos * Niega Marco Antonio López que lideree ambulantes

Karina Contreras * Ambulantes agremiados a la Federación de Comerciantes en Pequeño (Fecope) se instalaron en un plantón afuera del ayuntamiento en demanda de soluciones definitivas que “les permitan trabajar”.

Encabezados por su dirigente Dalia Serna, casi 300 fecopistas que fueron desalojados de calles como Feliciano Radilla, Parián, Mina y Belisario Domínguez, empezaron una marcha de sus oficinas –ubicadas en Cuauhtémoc– hasta el ayuntamiento pasada la 1 de la tarde.

Al frente, los inconformes llevaban una manta donde se leía: “Un presidente represivo que usa la ley del garrote, pero para los priístas”. Mientras que otra señalaba “Sr. Presidente ¿por qué nos desalojó? Si usted nos puso en esos lugares”. Y con pancartas insistían en que querían soluciones, no paliativos.

Los fecopistas acondicionaron lo que será “su vivienda” hasta que encuentren una respuesta a sus demandas. Para cubrirse del sol tendieron lonas, y se preparaban con petates.

Al lugar también llegó el líder del Acatianguis, Antonio Valdés Andrade, quien por megáfono insistía que las decisiones se toman con tintes partidistas. Luego reclamó a la dirigencia de su partido, a los diputados y regidores priístas “¿dónde están cuando los comerciantes fecopistas los necesitan?” Exigió que se comporten como una digna oposición.

Insistía también en que el programa del reordenamiento se hace con tintes políticos, y que los promocionales donde se anuncian los avances son una “vil mentira”.

Antonio Valdés reclamó que el alcalde que tenga policías por todo Acapulco, “como si se estuviera en un estado de sitio”. Y luego manifestó que el plantón es pacífico sin el afán de enfrentarse con la fuerza pública. Agregó que se lucha por la aplicación de programas sin distinción de partidos políticos.

Finalmente, Valdés Andrade dijo que “en nombre de la ley no se pueden pisotear los derechos de los semifijos”.

Por su parte, Dalia Serna acusó al presidente Alberto López Rosas de garrotearlos sin darles alternativas. Le recordó al edil que su misma administración los puso en la calle Parián.

La líder se refirió a que el 20 de diciembre, luego de un enfrentamiento entre ambulantes y preventivos en la calle Mina, y donde salió herido un comerciante, fueron colocados en la calle Parián, por el subdirector de Gobernación, Joel Castillo Gómez.

Dalia Serna manifestó que continuarán en el diálogo como siempre lo han hecho, aunque nunca han obtenido una respuesta favorable.

Negó sentirse sola porque hasta el momento no ha recibido el respaldo de su partido, ya que espera que ahora sí la apoye.

Por su parte, el diputado local perredista, Marco Antonio López señaló que no tiene ninguna preocupación por las declaraciones de ambos líderes, ya que es “una cuestión política de esas personas”.

Dijo que él no tiene ambulantes, porque no es el rey de las banquetas. Agregó que sólo se ha enterado por medio de la prensa         sobre los problemas de los ambulantes, y de la ocupación de las calles.

El diputado local señaló que él es un servidor público que atiende a la gente que va a verlo por algún problema, independientemente del partido al que pertenezcan.

Añadió que las acusaciones de los priístas en el sentido de que mandó a golpear a Magdalena Zárate, y de que su hermano, el edil Alberto López Rosas, le da privilegios con sus agremiados de las calles, contestó: “esas acusaciones no son nuevas”, ya que han sido sistemáticas.

El legislador añadió que Serna y Valdés siempre que les pasa algo lo responsabilizan, ya que no les gusta nadie más. Irónico dijo que “lo único que falta es que digan que Antonio Valdés está panzón por mi culpa”. Finalmente dijo que no se siente el hermano “incómodo” del edil y que las acusaciones son cuestiones políticas de los líderes priístas.

Los comerciantes serán recibidos hoy a la 1 de la tarde por la secretaria María de la Luz Núñez Ramos, pues éstos se negaron a que fuera ayer por la noche porque argumentaban que no estarían presentes los regidores priístas ni líderes cetemistas.

Ossiel Pacheco * El alcalde Alberto López Rosas dijo estar dispuesto al diálogo con los ambulantes de la Federación de Comerciantes en Pequeño (Fecope) que ayer se instalaron en plantón indefinido afuera del Palacio Municipal del parque Papagayo. “Si hay condiciones de diálogo, escucharé sus planteamientos, pero no voy a impedir que se manifiesten”, indicó.

En cuanto al plantón que los líderes de ambulantes Dalia Serna y Antonio Valdés instalaron afuera del ayuntamiento, reiteró que mientras se trate de manifestaciones pacíficas, el ayuntamiento respetará las acciones que lleven a cabo; “si la señora quiere manifestarse, está en su derecho”.

Aseguró que trata de mantener protegidas las áreas desalojadas por el gobierno anterior, y que atenderá las ya ocupadas una vez que empiece el programa de reordenamiento del comercio ambulante.

“No estoy favoreciendo a nadie ni tengo por qué hacerlo, no conozco las tendencias partidistas de nadie, y por tanto las actuaciones son de manera general en beneficio de la ciudad”, asentó entrevistado la mañana de ayer al término de la reunión que sostuvo con taxistas de la Organizaciones Unidas de Autos de Alquiler (OUAA) en un salón del hotel Fiesta Americana.

En cuanto a las acusaciones de Dalia Serna en el sentido de que el ayuntamiento protege a la gente del diputado local Marco Antonio López García, el edil respondió: “No quiero entrar en polémica con la señora, no quiero seguirle el juego; estoy trabajando, estoy actuando; no me he metido en el Tianguis Campesino, donde hay una confrontación de grupos, no respondo a más interés que el de Acapulco; yo no voy a caer en el juego de la señora”.

–¿La desmiente?

–No la desmiento, simplemente continuo con mi trabajo.

Se cumplieron las expectativas del presupuesto de 2002

Por otro lado, López Rosas, acerca de la versión que circula sobre los bonos de productividad que se dieron a funcionarios al final de la administración zeferinista, consideró que tiene la intención “de hacer escándalo”, pero que en dado caso tiene que ser el Congreso del Estado el órgano que dé esa información.

Dijo que en el Presupuesto de Egresos de 2002 se cumplieron totalmente las expectativas, según el órgano fiscalizador del Congreso del Estado, que ha supervisado los gastos, las operaciones y ejecuciones de los gobiernos municipales.

“Están en manos de ellos las investigaciones que se den. Si el presupuesto de 2002 contempló los bonos de productividad, yo no tengo ninguna acción que determinar al respecto. La Contaduría Mayor del Congreso del Estado supervisó y fiscalizó durante todo el trienio que concluyó”, argumentó.

–¿Tiene conocimiento del bono de productividad que se otorgó el director de Ingresos Juan José Garay Vinalay por casi 100 mil pesos?

–Los directores no tienen facultades para otorgarse o autorizarse bonos. Esa fue una decisión de política general, y probablemente se haya visto beneficiado con ella, pero ningún director tiene facultades para autoaplicarse ningún bono de ninguna naturaleza.

El alcalde informó que su administración no ha terminado aún la revisión de lo recibido, y precisó que de encontrarse irregularidades, “nosotros lo haríamos público; hasta el momento no hemos encontrado nada, hemos afrontado algunas deudas que quedaron, propias de un cierre de ejercicio”, aclaró.

Aurelio Peláez * La presidenta del PRD en el municipio, Beatriz González Hurtado, calificó de “provocaciones” contra el gobierno municipal, las movilizaciones que anunciaron los líderes priístas Dalia Serna y Antonio Valdez Andrade, en contra del programa del ayuntamiento para reordenar el comercio ambulante en la ciudad.

La dirigente del PRD rechazó además las acusaciones que ambos líderes hicieron, quienes señalan que desde la presidencia municipal se está favoreciendo a grupos del comercio ambulantes ligados al diputado local perredista Marco Antonio López García, hermano del alcalde Alberto López Rosas.

“No creo yo que (López García) pueda tener un interés en estar haciendo contra labor a las posiciones de gobierno de Alberto López Rosas, y ellos no tienen por qué estar opinando sin pruebas; ellos como grupo deben buscar acuerdos y pláticas con el gobierno municipal, y cuando vean que hay favoritismo en esos momentos que señalen”.

Afirmó que con sus movilizaciones y protestas, Dalia Serna y Antonio Valdez buscar desgastar al gobierno municipal, y particularmente a la secretaría general María de la Luz Núñez Ramos.

Calificó de adecuada la medida tomada por el gobierno municipal para reordenar la venta del Día de Reyes en días pasados, que derivó en impedir que los comerciantes ocuparan las calles del centro de la ciudad para la vendimia, y a cambio ofrecerles un espacio amplio en un estacionamiento sobre la avenida Costera.

“Esa (el cambio de sitio para la venta) fue una propuesta viable. Quién puede desdeñar un espacio en plena Costera para ventas, eso es absurdo. Se menciona que fue una medida apresurada, pero es que este gobierno va empezando. De todos modos fue una excelente propuesta. Aquí ya esto es nomás decir no y no (por parte de los líderes) y de desgastar al gobierno municipal con este tipo de conflictos”.

Karina Contreras * Luego de permanecer un mes en la calle 2 de Agosto, 19 comerciantes semifijos, adheridos a la Asociación Civil de Tianguis Independientes, la desocuparon este lunes de forma voluntaria, con lo que cumplieron el compromiso de que permanecerían allí sólo hasta el 7 de enero.

Los puestos que durante un mes ofrecieron todos los accesorios para el nacimiento fueron retirados la noche del lunes, de manera pacífica. Pero en un recorrido de El Sur se observó que la calle 2 de Agosto         sigue invadida por los agremiados del priísta Eloy Polanco Salinas.

La integrante del comité de la asociación, Elizabeth Sandoval Herrera, dijo que se retiraron de manera pacífica para respetar el acuerdo al que llegaron con el ayuntamiento.

Dijo que ahora nada más esperan las propuestas que les haga el alcalde para ver dónde serán reubicados.

Manifestó que en la asociación son en total 35 comerciantes semifijos.

Dijo que aunque ya acudieron a dialogar con el nuevo director de Mercados, Alberto Gil, quien les dijo que no podía prometer nada y que las operaciones continuarían. Sandoval Herrera indicó que buscarán al subsecretario general, Felipe de Jesús Kuri, para ver las propuestas que hay para ellos.

Dijo que por el momento los semifijos rentarán un espacio, aunque pagan de 700 a 900 pesos y les queda muy poco para cubrir las necesidades de sus familias.

* Se sabe que Transportes pretende distribuir 600 permisos más, afirma el síndico Fernando Donoso Pérez

Ossiel Pacheco * El síndico Marcial Rodríguez Saldaña anticipó que en el acuerdo del Cabildo que entregarán al gobernador René Juárez Cisneros, el próximo viernes, además de pedir que ya no se entreguen más concesiones de transporte público, plantearán su municipalización.

Entrevistado ayer en su oficina, Rodríguez Saldaña adelantó que la comisión que se designó para entregar el pronunciamiento, aprobado en la sesión de Cabildo, se reunirá además con el diputado presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado, para hacerlo extensivo.

La comisión es encabezada por el alcalde Alberto López Rosas, y la integran los dos síndicos Rodríguez Saldaña y Fernando Donoso Pérez, así como los regidores Norberto Refugio Chamú, del PRD; Alejandro Carabias Icaza, de la alianza PRI-PVEM; Mario Ramos del Carmen, del PCD, y Guido Rentería Rojas, del PAN.

Aunque aún no hay lugar ni hora fijada para el encuentro, el síndico precisó que la reunión será el próximo viernes, y que el principal planteamiento será que se suspenda la entrega de concesiones porque las unidades que ya circulan son muchas. Esto fue aprobado por el Cabildo el pasado 27 de diciembre.

Dijo que aun cuando no cuentan con un estudio sobre la situación en que se encuentra el transporte, dado que la información la tiene la Delegación de Transportes, el ordenamiento fue una de las mayores demandas durante la campaña electoral.

En tanto que el síndico Fernando Donoso Pérez informó que de manera extraoficial conoce que Transportes pretende entregar 600 concesiones más, a pesar de que hay unas 13 mil unidades que circulan en el puerto, entre taxis, microbuses, camiones urbanos, combis, entre otras.

Sobre el documento que entregarán al Ejecutivo estatal, dijo que el Cabildo solicitará la municipalización gradual de las facultades en materia de transporte, a fin de evitar el caos, y pues tal como lo plantea la misma ley el municipio debe ser libre de manejar el transporte público.

Comentó que los mismos transportistas están interesados en este proyecto, pues se requiere de ordenar este rubro.

Rodríguez Saldaña adelantó que un equipo integrado por los secretarios María de la Luz Núñez Ramos, y el de Protección y Vialidad, Antonio Valenzuela Valdez, así como el director de Tránsito, Roberto Abizaid Gracián, preparan un plan de reordenamiento del transporte no sólo para los taxis amarillos sino en general, para lo cual escuchan las propuestas de los sectores que conforman ese ramo.

Adiciones al reglamento de Cabildo serán discutidas en la próxima sesión

Uno de los puntos de acuerdo que se discutirán en la próxima sesión de Cabildo del viernes 10 será el proyecto de adición del reglamento de la comuna con miras a instituir la conformación de las fracciones y representaciones de los ediles de los diferentes partidos políticos.

Esto de acuerdo al punto de acuerdo que presentó el síndico Marcial Rodríguez Saldaña, quien aseguró que de aprobarse, los ediles podrán planear mejor la agenda legislativa municipal y tomar acuerdos, pues mejorará el desarrollo de las sesiones.

Argumentó que las fracciones no están legalizadas, aún cuando los ediles son como diputados municipales y la actual reglamentación resulta inoperante para tomar acuerdos.

El punto de acuerdo se sustenta en las recientes reformas al artículo 115 de la Constitución Política, donde se asienta que el ayuntamiento dejó de ser solo administrador de bienes y servicios municipales para convertirse en un ente de gobierno municipal.

Y que una de las facultades y obligaciones del ayuntamiento es la de reglamentar su actividad tanto al interior del Cabildo como las relacionadas con los gobernados.

Considera además que con ello se agilizará y eficientizará el desarrollo de los trabajos del Cabildo, así como también permitirá una mejor funcionalidad para este órgano de gobierno, que es la de representación popular y de órgano legislativo.

De acuerdo a la propuesta, las fracciones de ediles se constituirán con un mínimo de tres ediles que manifiesten su voluntad de pertenecer a la fracción. Y cuando se trate de uno o dos ediles que militen en un mismo partido se integrará una representación de partido.

Otro de los puntos fija que las relaciones de comunicación entre el presidente municipal, la secretaria general para el procesamiento de puntos de acuerdo generales se harán mediante los coordinadores de fracción de ediles y representantes de partido.

En esto último, explica Rodríguez Saldaña, los coordinadores de las fracciones podrán avalar los acuerdos que se alcancen, con el propósito de agilizar el desarrollo del Cabildo.

Nelly Bello * Dentro de la política de “flexibilidad” del nuevo gobierno municipal, el secretario de Administración y Finanzas, Fernando Aragón Gómez aceptó negociar con restauranteros la eliminación de “requerimientos fiscales” que tenían iniciados algunos establecimientos con venta de bebidas alcohólicas por no estar al corriente en el pago de sus licencias de funcionamiento.

Entrevistado el lunes en su oficina, Aragón Gómez dijo que revisó y aclaró “en todos sus términos” los casos de contribuyentes morosos de este impuesto que representaban 20 por ciento del padrón total.

La revisión determinó que lo que detenía la regulación de los empresarios era el requerimiento fiscal que comenzó la anterior administración, por lo que “vimos la intención de pago y se eliminó el requerimiento fiscal para que no tuvieran mayor coerción en ese sentido, desatamos un procedimiento administrativo que facilita el pago a los contribuyentes”, dijo.

La mitad del 20 por ciento que adeudaba, atendió sus adeudos y regularizó su establecimiento, señaló.

Aunque el funcionario se negó a aceptar que dio descuentos de hasta un 80 por ciento a representados de la Canirac, como informó su presidente, Alfonso Salcedo Cobos, aceptó que detuvo el procedimiento administrativo de cobranza.

De acuerdo con el Código Fiscal cuando un empresario incumple, la Dirección de Ingresos a través de la Dirección de Fiscalización envía una notificación de pago, que especifica la multa y los recargos que generó la falta. Si el restaurantero omite la respuesta a la notificación por escrito, Fiscalización envía un notificador que insiste en el pago al ayuntamiento, la participación de esta persona ya genera gastos de ejecución.

Aragón Gómez no aclaró si la detención del procedimiento fiscal, significó también la omisión del pago de multas y recargos pues al preguntarle dijo que “lo importante es que estando al corriente, en las condiciones que estuvieran, pagando la totalidad del adeudo o no, se goza del descuento para el 2003 y eso es importante”.

–¿Hubo o no descuentos?

–No hubo ningún descuento. Lo que sí hubo fue una consideración en el procedimiento administrativo, cuando un contribuyente no paga se le requiere fiscalmente generando nuevas contribuciones, en ese sentido lo que hicimos fue detener ese procedimiento.

–¿Equivocó Alfonso Salcedo el beneficio que le daba el ayuntamiento, al que llamó canonjía?

–Alfonso Salcedo no tuvo ningún tratamiento especial, como líder de la Cámara tuvo que cumplir con sus obligaciones y usted lo puede comprobar.

El Código Fiscal vigente establece que el secretario de Finanzas puede, como autoridad fiscal, cancelar multas y gastos de ejecución, pero solo el presidente municipal puede rescindir los recargos que generó el incumplimiento de pago. El único resquicio legal, que tendría Aragón Gómez es un acuerdo delegatorio que tenga la firma del alcalde y la del secretario general, así como la aprobación del bildo.

El alcalde Alberto López Rosas, entrevistado el pasado 27 de diciembre, aseguró que las decisiones de su administración estaban basadas en disposiciones normadas por la administración que encabezó Zeferino Torreblanca Galindo.

Pero de acuerdo con empleados de Fiscalización que pidieron omitir sus nombres para evitar represalias, dijeron que los acuerdos delegatorios de la pasada administración tenían vigencia hasta el 30 de noviembre del 2002 y el único documento con el que se podía regir la nueva administración durante diciembre era la Ley de Ingresos, que no establece descuentos en recargos y multas.

Cambios en la Ley de Ingresos del 2003

Por reproches de restauranteros, el secretario de Administración y Finanzas modificó algunos aspectos en el cobro de licencias de funcionamiento de la Ley de Ingresos “para evitar su inconstitucionalidad”.

El año pasado, empresarios afiliados a la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) se ampararon, alegando que la Ley de Ingresos 2002 incluía cobros inconstitucionales, pues al igual que la Secretaría de Hacienda federal, pretendía cobrar la licencia con base en el número de empleados y el tamaño del establecimiento. Sin embargo, el fallo fue contrario a los restauranteros y a favor del ayuntamiento.

Entrevistado el lunes en su oficina, Aragón Gómez explicó que el factor que eliminaron del cobro fue el número de empleados porque “parecía confuso y elevaba un poco las cantidades”, pero en la comparación de cobranzas de este año con el pasado, la disminución es por el descuento que aprobó el Congreso del Estado.

De acuerdo con el funcionario municipal, este año una licencia para restaurante con venta de bebidas alcohólicas pagará 9 mil 600 en promedio y en el 2002 pagó la misma cantidad, pero insistió en las cuentas alegres para los empresarios por el descuento.

En la nueva Ley de Ingresos, el ayuntamiento cobra por el tamaño de los negocios y la zona económica de ubicación, que los empleados multiplican por un determinado número de salarios mínimos y refleja la cantidad a cobrar.

Aragón Gómez aseguró que algunos rangos para misceláneas tendrían 0 por ciento en pago de licencia y las discotecas y centros nocturnos tendrían un costo de hasta 39 mil pesos anuales “que es un pago económico todavía”, dijo.

Jorge Nava * Joyeros de la calle 5 de Mayo exigieron que con la llegada del comandante de la Policía Judicial del Estado (PJE), Silvino Rafael Salinas Orbe, las investigaciones del robo se aboquen a localizar las alhajas robadas.

Con el regreso de Salinas Orbe al frente de la plaza de comandante del sector Central de la PJE, los joyeros esperan que se dé a la tarea de capturar a las personas involucradas que hacen falta, porque “ya la investigación está dada y no hay más que hacer”, dijo el comerciante Arturo Flores Mercado.

Planteó que de ahí los agentes encargados de la investigación tomen como objetivo la localización las prendas de oro, robadas el pasado 8 de octubre a la joyería Pie Monte, “para que se sepa dónde quedaron y que se devuelvan”.

En conferencia de prensa, donde estuvo el joyero afectado, Juan Manuel Guillén Peñuelas, y el representante legal Antonio Castillo Nava, Flores Mercado habló de las declaraciones del ex comandante regional de la PJE, Teodomiro Lara González, en el sentido de que el funcionario advirtió que levantará una denuncia por los señalamientos en su contra.

Dichas declaraciones Flores Mercado las tomó como “represalias”, pero argumentó que los señalamientos contra agentes y comandantes de la PJE están apegados a las declaraciones de los detenidos.

De sucederles algo, el joyero responsabilizó al comandante, porque –aseguró– no tienen ningún enemigo.

Añadió que además de que les robaron “todavía hay amenazas, pero no nos vamos a dejar”.

Flores Mercado explicó que esta es la primera vez que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) muestra interés en un caso, porque a otros robos cometidos en agravio de su familia les dio carpetazo.

Aún así, dijo que espera la noticia del encuentro de alguna parte de las joyas robadas, porque a la fecha sólo hallaron 80 gramos en poder del procesado Andrés Esquivel Quiroz, El Guapo o El Arnold.

“Todos los detenidos hablan de que el comandante Jesús Villalobos Martínez, antes de ser detenidos, les quitó la mercancía, y lo dice la misma averiguación”, puntualizó.

Flores Mercado expuso que en la joyería Pie Monte hay tres propietarios: él, Marina Roque Vázquez y Juan Manuel Guillén Peñuelas, y a los tres los despojaron de un millón 200 mil pesos.

Indicó que su familia ha sido víctima de varios robos realizados por Moisés Zenif Adame, La Vaca, por ello no duda que en este último robo haya participado el hijo de Martha Ruth Adame Téllez, hermana de la ex regidora priísta Magda Adame Téllez.

* Argumenta que corresponde a la segunda sindicatura presentar el ordenamiento, porque el vigente es obsoleto t Advierte que no se hará a capricho de ninguna oficina; será consensuado con la sociedad

Ossiel Pacheco * El síndico procurador Fernando Donoso Pérez dijo desconocer lo relacionado al reglamento de Tránsito que preparan en la primera sindicatura de Marcial Rodríguez Saldaña, pero que a su vez, personal a su cargo trabaja la elaboración de otro reglamento, moderno y profesional, que incluye el aspecto ecológico.

En contrapartida al que anunció Rodríguez Saldaña, Donoso Pérez argumentó que corresponde a la segunda sindicatura presentar el proyecto para el nuevo reglamento, porque el vigente es obsoleto.

Adelantó que para el nuevo reglamento de Tránsito, la sindicatura a su cargo prepara foros ciudadanos, los cuales, están previstos en la propuesta de presupuesto que envió a la Coordinación de Planeación del ayuntamiento que preside Ernesto Mastache.

Indicó que será un reglamento moderno y profesional que vendrá a dar respuesta a las necesidades actuales de la ciudad, que incorpora aspectos ecológicos, como sanciones para los vehículos contaminantes y ruidosos.

Aunque además prevé sanciones severas a quien conduzcan sin placas y con vidrios polarizados. Y dá preferencia al peatón, pero sobre todo, a las personas con capacidades diferentes.

Donoso Pérez dijo que el reglamento no se hará a capricho de una oficina, pues será un reglamento consensado con la ciudadanía, aunque aún no hay fecha para que sea presentado al Cabildo para su análisis, discusión y aprobación debido al retraso burocrático.

Aduce que primero deberá integrarse la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, cuya discusión se ha retrasado y se prevé que en la próxima sesión de Cabildo sea cuando se discuta al respecto, así también se requiere de integrar la Comisión de Honor y Justicia.

Dio a conocer que en su proyecto de presupuesto, solicitó al coordinador de Planeación, Ernesto Mastache alrededor de 1 millón 400 mil pesos para gastos de operación de la sindicatura para el 2003, y que espera sean integrados al presupuesto de egresos de este año del ayuntamiento de Acapulco.

* El domingo 5 el campesino Ignacio Venegas Catalán mató en una balacera a Andrés Núñez Almazán cuando ambos discutían sus diferencias políticas * Permanecen en la comunidad unos 50 judiciales y motorizados “porque existe el riesgo de que haya nuevos enfrentamientos”, dijo el subprocurador de Justicia, Antonio Nogueda Carvajal

De la corresponsalía, Chilpancingo * A 24 horas de que en la comunidad de Jaleaca de Catalán del municipio de Chilpancingo murió un campesino en un enfrentamiento entre dos grupos de comuneros que se disputan la explotación de los recursos madereros y la comisaría municipal, más de 50 efectivos de la Policías Judicial del Estado, la Motorizada y la Preventiva resguardan esta comunidad para evitar nuevos hechos de violencia.

“Vamos a permanecer allí en la comunidad de Jaleaca hasta que la situación se normalice porque existe el riesgo de que haya nuevos enfrentamientos”, expresó el subprocurador de Justicia del estado, Antonio Nogueda Carvajal.

Y es que el pasado domingo 5, el campesino Ignacio Venegas Catalán asesinó a tiros a Andrés Núñez Almazán cuando ambos discutían sus diferencias políticas.

Este lunes por la tarde, familiares de Núñez Almazán incendiaron el potrero que es propiedad del presunto homicida Venegas Catalán quien se encuentra prófugo de la justicia.

Por ello, ante la eventualidad de que se registren más hechos de violencia entre ambos grupos de comneros que se disputan los recursos madereros y la comisaría municipal de Jaleaca de Catalán, elementos de la Policía Judicial del Estado, Preventiva y de la Motorizada se trasladaron a esa comunidad serrrana en donde realizan recorridos.

La disputa entre los comuneros no es solamente por la explotación de los recursos madereros sino también por la comisaría municipal.

En junio del 2002 hubo elecciones que ganó el perredista Félix Adame Peralta, sin embargo las autoridades municipales, dice el regidor de la comuna de Chilpancingo, José Isabel Arcos Arcos, no reconoció el triunfo de éste e impuso en el cargo al priísta Régulo Arcos Arcos quien desde esa fecha junto a un grupo de seguidores mantiene tomada la comisaría municipal.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) suspendió en julio del año pasado el permiso de aprovechamiento forestal en Jaleaca de Catalán, y eso ha creado mayor confrontación entre ambos grupos de comuneros.

El argumento que esgrimió esta dependencia es que en esa comunidad no había condiciones para que el permiso siguiera vigente porque los grupos que explotan los recursos forestales se encuentran en una etapa irreconciliable y pueden llegar a un enfrentamiento de graves consecuencias.

“Nosotros los cuartro regidores del PRD ya planteamos que el cabildo de Chilpancingo reconozca al comisario Félix Adame quien fue el que ganó las elecciones”, dijo el regidor perredista.

“Nosotros vamos a estar al pendiente de que no ocurran nuevos hechos de violencia, y por ello desde este lunes se encuentran 12 elementos de la Judicial del Estado, pero además sabemos que en este operativo también participan otros 50 elementos de la Policía Motorizada y de la Preventiva”, aseveró el subprocurador.