Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo * Decenas de profesores de Educación Física de la Región Acapulco-Coyuca se plantaron en la puerta tres de Casa Guerrero, para exigir al gobernador René Juárez Cisneros ordene al secretario de Educación de Guerrero (SEG), Daniel Pano Cruz que solucione sus demandas planteadas desde hace seis meses.

Antes marcharon por las principales calles de esta capital rumbo a Casa Guerrero, donde repartieron propaganda a los transeúntes con una leyenda dirigida al gobernador René Juárez que decía: “Mantener a funcionarios ineptos y deshonestos en la SEG, es un mal ejemplo”.

El secretario general de la delegación D-III-(6)-9 de Acapulco, Eric Bucio Urzúa explicó en entrevista afuera de Casa Guerrero que dentro de las demandas planteadas a la SEG desde el año pasado están el pago inmediato de las horas de incremento que les otorgaron en septiembre con retroactividad al 19 de agosto a la fecha.

Denunció que el titular de la SEG, Daniel Pano, los ha engañando “porque se comprometió a otorgarnos estas horas, nos dio el papel pero el pago no; nos dijeron que en el mes de noviembre, Alfredo Hernández Bravo, coordinador de Administración y Finanzas de la SEG, nos pagaría los recursos”.

Dijo que este funcionario los citó en diciembre, pero se negó a pagarles, “luego nos prometió que nos pagaría el 30 de enero, pero ya pasó la fecha y nada, por eso en varias ocasiones hemos venido a buscarlo pero no ha querido dar la cara y se escuda saliéndose por su escondite secreto”.

El dirigente sindical manifestó que en esta movilización participan más de 250 profesores de educación física de Acapulco, y señaló que las dos delegaciones sindicales se coordinaron para esta protesta, y que la otra delegación D-III-(6)-10, tomó las oficinas de la SEG en el puerto, y la otra se trasladó a esta capital. “ Desde ayer inició nuestro movimiento con un plantón de tres horas, y no nos vamos a ir hasta que Daniel Pano nos resuelva nuestras demandas”, señaló.

Bucio Urzúa dijo que si el gobernador René Juárez no los recibía en audiencia como se había comprometido, permanecerían afuera de Casa Guerrero “porque no sólo se trata del pago de las horas de incremento, sino también del cumplimiento de acuerdos de recategorizaciones y retabulaciones”, concluyó.

Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo * Trabajadoras despedidas del Conafe pidieron al delegado federal, José Enrique Pérez Franco, que respete el laudo de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), en el que se ordena su reinstalación, “aunque nosotras sólo queremos que nos liquiden”, informó Elena López Valle.

En entrevista explicó que las trabajadoras fueron despedidas desde hace dos años, y presentaron su denuncia contra el Conafe en la Junta Local, pero que a partir de su denuncia se presentaron varios acontecimientos que perjudicaron a los despedidos, y aunque se lograron amparos, de todos modos se había alargado el proceso.

Aseguró que en un principio la Junta Local dictó un laudo en el que las despedidas no tenían derecho a ninguna prestación y a ningún pago, además de que absuelve al Conafe para que no pague nada. “Nosotras nos amparamos, y nos lo concedieron y se planteó que se debe revisar el dictamen de la Junta Local para que se emita un nuevo laudo que es la sentencia a favor de las despedidas”.

Agregó que finalmente se dictó un nuevo laudo a su favor y le ordenaron al Conafe pagar a las trabajadoras despedidas. Dijo que el dictamen “se dio el 12 de julio del año pasado, pero hasta la fecha no se ha tenido ninguna respuesta por cuestiones de tipo jurídico”.

Indicó que las causas de los despidos fueron enre otras cosas por vencimiento de contrato, aunque alegaban que no tenían derecho a ninguna prestación ya que había cláusulas que lo estipulaban así, pero ahora se está en espera de que cumplan con lo que señaló el dictamen.

López Valle reconoció que no han tenido ningún tipo de diálogo con el delegado de Conafe, Pérez Franco, “más bien las negociaciones se han dado con sus abogados, aunque el miércoles hubo un primer acercamiento con los representantes del Consejo, pero hasta ahí, lamentablemente los abogados de esa institución se portaron muy groseros y prepotentes”, señaló.

Por su parte, Rocío Mejía Chavelas, otra trabajadora despedida, denunció también que en el Conafe se aplica una política antilaboral porque cada seis meses cuando se terminan los contratos, “es una corredera impresionante de trabajadores porque a los allegados del delegado federal que no le simpatice un empleado de inmediato los corre, con nosotros corrieron a otras 15 personas, pero en nuestro caso decidimos demandarlo”.

Señaló que hay muchas irregularidades en esa institución, y sobre todo mucho desvío de recursos, por lo que pidió a las autoridades educativas que intervengan para seguir evitando los abusos que se presentan en esa institución: “Creo que a nivel nacional somos las primeras trabajadoras que demandamos al Conafe por despido injustificado”.

Por último, acusaron a Antonio Elio Martínez Aguilar, presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en Acapulco, de estar metiendo las manos con la finalidad de que no se ejecute la sentencia que se emitió a su favor.

* Nelson Valle podría incurrir en el delito de usurpación de funciones, advierte Pedro Salazar

Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo * El recién designado secretario general del comité paralelo del Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la Universidad Autónoma de la Universidad Autónoma de Guerrero (STTAISUAG), Isauro Cerón Silverio anunció que el próximo 27 de febrero tomará posesión del cargo y que a partir de esa fecha, el rector Nelson Valle López, se comprometió a entregar los recursos de la Caja de Ahorro.

El rector de la UAG, en reiteradas ocasiones señaló que no reconocería a ninguno de los comités ejecutivos del STTAISUAG hasta que no se conociera el dictamen final a cargo del Tribunal Colegiado, ni tampoco entregaría los recursos de las cuotas sindicales ni el dinero de la Caja de Ahorro, lo que significaba que   ni el comité que encabeza Pedro Salazar Trinidad, ni el que representa a Fidencio Pérez López, recibirían dichas prestaciones.

Sin embargo, sí se entregarán a Isauro Cerón a partir de la semana entrante, según lo informó el ex dirigente sindical luego de una reunión efectuada ayer en la sala de los gobernadores de la Rectoría.

En la reunión efectuado ayer al mediodía estuvieron presentes, además del rector, el coordinador de asesores, Saúl López Sollano, el asesor del sindicato paralelo, Javier Vázquez García, quien se había deslindado de dicho comité apenas el lunes pasado, el dirigente del sindicato interino, Fidencio Pérez López, Josafat Alcaraz, Alejandro Morales Palma, entre otros.

Cerón Silverio dijo que durante la reunión con Nelson Valle le notificaron que continuarán buscando su legitimidad, y anunció que el próximo 27 de febrero será la toma de posesión como nuevo dirigente del STTAISUAG.

“Quedamos con el rector de que todo será apegado a la legitimidad porque obtuvimos una votación, y ahora falta que el Congreso, que es el máximo órgano del STTAISUAG, asuma su papel”.

Cerón Silverio reiteró que el rector va a esperar la toma de posesión, “pero sí se comprometió a entregarnos los recursos de la Caja de Ahorro, porque las compañeras encargadas de esa comisión cuentan con más 750 firmas, donde están solicitando a la administración que ese dinero sea entregado para que sea prestado a los trabajadores y además se generen los intereses necesarios”.

Con relación a las cuotas, informó que no hubo acuerdo, pero después que tome posesión el próximo jueves cuando se legitime el proceso. “El rector sólo se comprometió a entregarnos los recursos de la Caja de Ahorro”.

No se le concedió amparo a los paralelos

El secretario general del STTAISUAG, Pedro Salazar Trinidad exigió al rector que respete la vida institucional del sindicato y que no intervenga en los asuntos internos, porque ya están designados los miembros de la Comisión Autónoma de Caja Ahorros que encabeza Orlando Vázquez Soriano, y que aparecen en la toma de nota que expidió la JLCA.

Responsabilizó a Nelson Valle de cualquier desvío de los recursos de la Caja de Ahorros y le exigió que se abstenga de entregarlos a las personas no autorizadas porque de lo contrario incurriría en el delito de usurpación de funciones.

Aseveró que es falso que el juzgado de distrito con sede en esta capital, haya concedido el amparo al supuesto comité interino que encabeza Fidencio Pérez López, lo que sucedió es fue esa instancia se limitó a admitir la demanda de garantías que de manera incorrecta presentó Fidencio ante el Tribunal Colegiado de Circuito, asesorado por el despacho del magistrado del Tribunal Estatal Electoral, Javier Vázquez García.

Indicó que luego de que el juzgado concedió la suspensión provisional del acto reclamado habrá que esperar al juzgado de distrito a que emita su resolución, por lo que las cosas deberán permanecer tal y como están, lo que no se traduce de ninguna manera como un triunfo legal para el comité paralelo interino.

Por último, llamó a una concentración para el próximo martes en la explanada de la Rectoría de la UAG para exigir a Nelson Valle que resuelva las demandas pendientes como son guardias, lentes, indemnizaciones, diferencias de salarios, y la recontratación de los trabajadores, así como la reincorporación en la nómina del personal que fue retirado.

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * El secretario de Desarrollo Rural del gobierno del estado, Héctor Popoca Boone, dijo ayer que fueron las organizaciones que integran la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Guerrero (Cocigro) las que excluyeron al gobierno del estado de la convocatoria para los foros que están organizando, porque no les satisfizo la cantidad de recursos que ofreció para los actos.

“La desavenencia estuvo en el presupuesto que la Secretaría de Desarrollo Rural les comunicó que podría autorizarse, por un monto de 120 mil pesos, la mitad para los foros regionales y la mitad para el foro estatal”, informó Popoca en un boletín de prensa ayer en respuesta al señalamiento que hicieron dirigentes de la Cocigro quienes el miércoles denunciaron en conferencia de prensa que el gobierno del estado, la Delegación de la Sagarpa y el Congreso local rechazaron participar como convocantes en estos foros para revisar la problemática del campo guerrerense.

Reconoció que diversas organizaciones campesinas entre ellas la UNORCA, la CNC, el Cresig, el Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena y la CCI, “nos solicitaron que volviéramos a hacer un foro estatal, acorde al foro nacional campesino que se está llevando a cabo en el Distrito Federal; porque en el primero que realizamos en el auditorio del DIF estatal, ellos no participaron”.

El funcionario aseguró que “estuvimos de acuerdo en volver a realizarlo con convocatoria pública conjunta. Acordamos hacer seis foros regionales y uno estatal, este último en el Centro de Convenciones de Acapulco”.

Sin embargo dijo que las organizaciones campesinas solicitaron mayor presupuesto al ofrecido por la Secretaría de Desarrollo Rural que fue de 120 mil pesos “a fin de trasladar a los foros en autobuses a sus agremiados”.

Indicó que “al no estar de acuerdo con el presupuesto público para la realización de los foros, optaron por convocar ellos únicamente y sufragarlos con sus propios recursos”.

Entrevistado por teléfono a su oficina en Casa Guerrero, Popoca informó que los dirigentes de las organizaciones de la Cocigro no dijeron cuánto necesitaban, “nada más decían pónganle un poco más y después pedían mínimamente lo doble”.

–¿No va a participar el gobierno del estado en estos foros entonces?

–De hecho ya no nos pusieron como convocantes, originalmente habíamos acordado que íbamos a convocar el gobierno estatal, el gobierno federal, los ayuntamientos, estas organizaciones (los de la Cocigro) y otras más que no están en este grupo.

“Pero el problema fue cuando preguntaron: ¿Cuánto van a poner de recursos económicos para esto?

Yo les dije que dentro de las posibilidades que tiene la Secretaría podríamos poner 10 mil pesos por foro regional, fundamentalmente para la alimentación, y que nos reservaríamos 70 mil pesos para el alquiler del local para el foro estatal pero ellos dijeron que mínimamente necesitaban lo doble para el traslado de la gente”.

–¿No van a participar ni como asistentes a los foros?

–Ellos optaron por convocar solos. Si nos invitan vamos, pero no acostumbramos ir donde no nos invitan.

–Cuál es su opinión de estos foros a los que están convocando estas organizaciones?

–Todo foro en donde los actores podamos analizar la problemática del campo son saludables. Por supuesto que los vamos a escuchar, ellos representan una parte del campo guerrerense, yo se los dije que no representan a todos los campesinos, porque hay otros campesinos organizados de otra forma, estoy hablando del Consejo Estatal del Cocotero, el Consejo Estatal del Café, el Consejo Estatal del Mango, también hay organizaciones por rama de producción.

“Yo les dije que reconocieran que no son la única voz del campo, aún cuando estén las organizaciones más activas, pero hay que oír a todos. Estamos dispuestos a escucharlos cuando ellos dispongan presentarnos sus propuestas, vamos a incorporarlas, analizarlas y llevarlas al programa de gobierno”, aseguró Popoca.

Opinó: “Quizás a lo mejor sea bueno esto de que no estemos nosotros presentes para que puedan tener una mayor libertad de juicios. Yo lo veo bueno y conveniente de que ellos mismos se reúnan por sí mismos y con sus propios recursos, que no estén servidores públicos para que no se sientan coartados y ya después, cuando ellos lo dispongan nos presenten sus resolutivos”.

Karina Contreras * El Comité Nacional de Campaña Continental comenzó en el puerto una consulta para pedir la opinión de la ciudadanía sobre el nuevo acuerdo del Area           de Libre Comercio de América (ALCA), que impulsa el gobierno de Estados Unidos, esto con la finalidad de que los resultados sean entregados a los poderes Ejecutivo y Legislativo, y se conozca el sentir de los mexicanos.

Según los organizadores pretenden obtener unos 3 millones de votos a nivel nacional.

El Comité Nacional de Campaña Continental instaló tres urnas en el Zócalo del puerto, además de una manta donde pedía “Sí a la paz, no a la guerra”. Según los organizadores, esta consulta sobre el ALCA se hará extensiva el lunes 24 para integrarse a la jornada nacional.

El cuestionario que entregaban a los ciudadanos consistía en cinco preguntas con tres respuestas como opción. Una de ellas decía ¿Está usted de acuerdo con que México continúe bajo el TLC con Estados Unidos y Canadá?, la otra era ¿Ha sido usted informado y consultado por el gobierno sobre las negociaciones para crear un área de libre comercio de las américas?, ¿Está usted de acuerdo con que el gobierno suscriba el ALCA?, entre otras.

El coordinador nacional de los electricistas, Lamberto Flores Zaragoza, entrevistado unos minutos después de iniciada la consulta dijo que esperan ser la punta de lanza contra el ALCA, con la que el gobierno de Estados Unidos pretende asegurar que la mercancía y los servicios circulen libremente conforme a las reglas que imponen las grandes empresas.

Abundó que el ALCA no es otra cosa, que la extensión del TLCAN a todo el continente americano que ni siquiera ha logrado un crecimiento de la economía ni mucho menos un avance social.

Manifestó que esta consulta será llevada a todas las organizaciones sociales el 24 de febrero y concluirá el 18 de marzo, y la votación será contada por el comité nacional.

Mientras que el integrante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), Rodolfo Chávez Galindo, manifestó que el ALCA está siendo negociado para dejar sin defensas a los países. Es un tratado de leyes que impide que las transnacionales tengan obstáculos para que se desarrollen únicamente los capitalistas.

Dijo que lo peor es que este tratado lo están haciendo en secreto, y que ni siquiera los legisladores conocen a detalle las negociaciones. La sociedad ha sido excluida y sólo participan los “poderosos gobernantes y empresarios”.

Chávez Galindo manifestó que en Guerrero en la consulta popular esperan recibir unos 10 mil votos.

En un tríptico entregado a los ciudadanos se enumeran 10 razones para decir no al ALCA entre las que destacan que se profundizará la crisis del campo mexicano, se agudizarán las desigualdades entre hombres y mujeres, deteriorará aún más los derechos laborales y las condiciones de trabajo, llevará a la quiebra a las pequeñas y medianas empresas, entre otras.

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Comuneros de la localidad de Jaleaca de Catalán, municipio de Chilpancingo, exigieron ayer al Congreso del estado, respuesta a su petición para que se resuelva el conflicto entre dos grupos de esa localidad que se disputan la explotación de la madera.

En un escrito que llegó a El Sur, en Chilpancingo, firmado por la representante de Bienes Comunales de esa localidad, Catalina Arcos Catalán, recuerdan que hace más de un mes pidieron la intervención del Congreso del estado para que atendiera el conflicto pero ayer el grupo que representa Arcos Catalán denunció que “no existen visos de solución como lo exigimos las autoridades y municipales de la localidad”.

El documento agrega: “los ciudadanos de Jaleaca, confiando plenamente en la autoridad moral de esta soberanía acudimos para encontrar en el marco de la ley una solución definitiva al problema, que vive nuestra comunidad, situación que desafortunadamente se ve entorpecida por diversos intereses de las propias autoridades”.

Los ciudadanos de Jaleaca, a través de sus representantes comunales agregan que “lamentablemente encontramos que en el propio Congreso no existe la disposición institucional, ni el compromiso de ninguno de los intereses de la comisión para la integración del correspondiente dictamen, los cuales han tenido un pobre desempeño, ya que la mayoría de ellos no conocen ni se interesan por el rumbo de las investigaciones”.

Los comuneros de esa localidad se refieren al conflicto que existe con otro grupo de comuneros que desde marzo del año pasado se han opuesto a la venta de la madera de esa comunidad e incluso, han impedido que se venda la madera que ya se encuentra cortada y aserrada pero que está retenida por el grupo contrario en Jaleaca.

En el documento, el grupo que quiere la explotación de los recursos maderables de esa comunidad señala que “es tan informal el trabajo del Congreso del estado que hasta el momento no se nos ha entregado copias de las minutas de las reuniones hasta ahora celebradas, por lo que los avances que pudieran existir no tienen seguimiento”.

El documento agrega: “en razón de ello es que exigimos que de manera inmediata se emita el dictamen que era el compromiso de la citada comisión para entregarse desde el 13 de febrero del presente año”.

Sin embargo, los comuneros señalan que “hoy existe desencanto porque era el Congreso nuestra esperanza para lograr la pacificación y la armonía en nuestra localidad, pero lo que han estado logrando es alentar los viejos rencores y la impunidad, que lleva el riesgo de confrontarnos con nuestros propios vecinos”.

Por ello dicen en su documento que la última esperanza es la intervención del gobernador Rene Juárez, a quien demandaron “que ponga atención al problema social que vivimos en Jaleaca”.

 Maribel Gutiérrez y Sergio Ocampo (Sexta parte) *Mario Arturo Acosta Chaparro es el nombre más frecuente en las denuncias que familiares de los desaparecidos de la guerra sucia presentaron ante la Fiscalía Especial. Testimonios de los afectados lo sitúan antes y después de que ocupara el cargo de jefe de la Policía Judicial del Estado como cabeza de un grupo de militares dedicados a la contrainsurgencia en Guerrero, que en realidad estaba por encima de las corporaciones policiacas oficialmente reconocidas.

Acosta Chaparro tiene acusaciones directas de desapariciones, detenciones ilegales, torturas y homicidios.

Antes del gobierno de Figueroa

El ex preso político Arturo Gallegos Nájera, ex integrante de la organización Fuerzas Armadas Revolucionarias, fundada por Carmelo Cortés Castro, y quien presentó ante la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado la denuncia por la desaparición forzada de seis de sus familiares: Petronilo Castro Hernández, Guadalupe Castro Molina, Fabiola Castro Molina, Eleazar Castro Molina, Daniel Martínez García, Humberto Brito Nájera.

–¿Conociste a Acosta Chaparro ahí?

–Sí, yo lo conocí momentos antes de mi detención, el 20 de septiembre de 1974, en la colonia Progreso, en la calle de Perote, en Acapulco. De momento me vendaron los ojos pero cuando llegó el grupo de policías, entre ellos Wilfrido Castro Contreras, estaba entre esas caras Acosta Chaparro. Después, me llevaron a una cárcel clandestina en la Base Aérea Militar de Pie de la Cuesta, y estuve ahí cuatro días desaparecido. Durante ese tiempo me sacaban a torturar, a una casa que tenían en la avenida Insurgentes, y Acosta Chaparro era el que iba a interrogarme, y cuando yo no quería decir algo él era el que ordenaba que me golpearan.

–¿Qué te preguntaba?

–Me preguntaba dónde están los demás, dónde está Carmelo (Cortés, el dirigente de las FAR), dónde están las armas, dónde está el dinero.

–¿El mismo te golpeaba?

–No, él ordenaba que me golpearan, decía: ahí te lo dejo, hazlo hablar, pártele su madre. Esas eran sus palabras, Me volvían a vendar, maniatado hacia atrás, y atado de los pies me tiraban con golpes o con la corriente eléctrica, y tirado me pateaban y me golpeaban sobre todo en los riñones.

–¿Cuándo supiste que él era Acosta Chaparro?

–Eso ya lo supe después, porque hasta ese momento él era parte del grupo de inteligencia militar, estaba comisionado por la Sedena, al grupo de investigaciones sobre movimientos subversivos en Guerrero, así lo entiendo yo. Pero en ese año, 1974, él no era una persona pública, más bien era el poder tras bambalinas, porque quien aparecía oficialmente era Wilfrido Castro Contreras.

“Acosta Chaparro y otros elementos como (Francisco Javier) Barquín (Alonso), el capitán (Alberto) Aguirre (Quintanar), (Francisco) Quirós Hermosillo, y otros, formaban parte de una estructura clandestina, que nosotros dimos en llamar el grupo de inteligencia militar.

“Y yo supe después que era Acosta Chaparro cuando apareció primero como comandante de la Policía Judicial de Acapulco y las dos costas y después como jefe de la Policía Judicial del Estado.

“Con el gobierno de Rubén Figueroa Alcocer, en 1975, nació como policía a la luz pública, pero ya estaba aquí desde 1972, porque según palabas de él, él fue de los que interrogaron a mi cuñada Guadalupe Castro Molina, cuando fue detenida el 23 de abril de 1972.

“En ese tiempo, la Policía Judicial trabajaba en conjunto con ese grupo, es más, la Policía Judicial de Acapulco estaba bajo las órdenes de ese grupo de inteligencia militar, por eso Acosta Chaparro estuvo en mi detención. Las corporaciones policiacas estaban bajo la tutela de ese grupo clandestino, aunque para cualquier cuestión legal apareciía Wilfrido Castro”.

En una cárcel clandestina en la ciudad de México

El ex preso político, ex diputado y dirigente perredista Juan García Costilla fue detenido ya durante el gobierno de Rubén Figueroa Alcocer, aunque señala que la persecución contra él comenzó en el gobierno de Israel Nogueda Otero. Afirma que después de su detención, Acosta Chaparro lo fue a ver a una cárcel donde lo tenían desaparecido en la ciudad de México.

En su testimonio aparece Acosta Chaparo: “Cuando a mí me detuvieron en Morelia, (en 1975) me llevaron a México, me tuvieron ahí como 8 días, posteriormente me trajeron a Acapulco y me presentaron a los 14 días con el juez. Entonces en México me fue a ver Acosta Chaparro, a una cárcel cladestina no sé dónde exactamente. Cuando llegué yo a Acapulco el que me llevó al Ministerio Público fue Acosta Chaparro.

“Uno de los que me torturaron a mí fue un capitán del Ejércto que se llamó Aguirre Quintanar, era un hombre muy cruel, él golpeaba a uno en el pecho, no en otra parte, sólo en el pecho. Que por ciento, posterioremente lo trajeron detenido en una camioneta acusado de narcotráfico, pero lo pusieron en libertad casi inmediata. Luego lo mataron.

Pruebas de 1978

La profesora de la UAG Alejandra Cárdenas también señala a Acosta Chaparro en la denuncia de su detención, desaparición forzada y torturas, en 1978.

–¿Usted qué denuncia presentó?

–Yo soy de las personas que están acusando a Acosta Chaparro de desaparición forzada de personas, que es un delito de lesa humanidad. Acosta Chaparro, junto con otros militares, son los que me llevan a la cárcel pública, el documento con el que se me entrega a la cárcel pública está firmado por Acosta Chaparro como responsable de mi entrega y los testigos son todos militares, entonces, yo no tengo ninguna duda, hay pruebas fehacientes de que este señor participó en mi tortura, mi detención, desaparición y después fue la persona que me llevó a la cárcel pública

–¿Cuánto tiempo estuvo desaparecida?

–Tres semanas.

–¿Nunca supo en donde?

–Estuve en una cárcel clandestina del Distrito Federal, y estuve en dos cárceles clandestinas en Acapulco; en el caso de Acapulco, una es en lo que hoy alberga las instalaciones de la Judicial, atrás de la Coca Cola y la otra puede ser Las Quintas Papagayo o la calle de El Tigre, incluso hice un mapa que se le presentó a (Carlos Ulises) Acosta Viques en aquel tiempo, que era el procurador en Guerrero, el dijo que yo estaba loca, y llevé a familiares de desaparecidos, porque yo además vi con vida en esos lugares a varias personas desaparecidas, algunos de los que tenían incluso dados por muertos, pero yo en la cárcel clandestina los vi con vida entonces.

–¿Quiénes estaban allí de los que recuerda?

– Allí vi con vida a Concepción Jiménez que fue la pareja de Octaviano Santiago Dionicio; vi con vida a Jaime López Sollano, hablé con él; vi también a Luis Armando Cabañas que también aparece después en la lista de los muertos; una persona que dijo llamarse Fredi Radilla, y otras personas de las que no sé sus nombres.

Francisco Magaña, corresponsal, Atoyac * La Procuraduría General de Justicia Militar cerró de manera inesperada la oficina que se instaló en esta ciudad, para recibir denuncias de familiares de desaparecidos de la guerra sucia contra los generales presos Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo y el mayor Francisco Javier Barquín Alonso, acusado por la justicia castrense de homicidio de 143 personas en Guerrero, incluidas en las listas de desaparecidos.

La oficina cerró después de 15 días y sin éxito alguno, por el rechazo de los familiares a las investigaciones de autoridades militares en las desapariciones forzadas.

La oficina de la Procuraduría Militar que se instaló en la cabecera municipal de Atoyac, en la que fue una oficina de casa de campaña priísta, en la avenida principal Juan Alvarez, se cerró este martes sin explicación alguna.

Según vecinos de la oficina militar, a la cual –dicen– se acercaron muy pocos familiares que fueron citados, la oficina se cerró el martes 18, y fue el Día del Ejército, el 19 de febrero, cuando militares activos fueron a desocupar la oficina y se llevaron el poco mobiliario del lugar en unidades oficiales del Ejército.

Tres agentes del Ministerio Público Militar y dos secretarios que tenían la encomienda de integrar casi 200 averiguaciones que corresponden a este municipio contra Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo como responsables de las desapariciones forzadas, se dejaron de presentar desde el martes. Nunca hicieron amistad con los vecinos, eran muy serios, comentan.

La Procuraduría Militar citaba a los familiares de los desaparecidos, con oficios redactados y fechados en la 27 Zona Militar destacamentada en El Ticuí, en este mismo municipio. En los citatorios se alude al delito de homicidio calificado, nunca de desaparición forzada.

Las organizaciones defensoras de los derechos humanos como la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Afadem), habían anunciado protestas para que el Ejército dejara de intimidarlos.

Según una nota publicada en el diario El Universal, a esa oficina sólo acudieron 10 personas, de 30 citatorios que se habían girado.

De la corresponsalía, Chilpancingo * Policías auxiliares del Distrito Federal interpusieron una queja en la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum) contra el director de la Policía Preventiva de Chilpancingo, Erit Montúfar Mendoza, a quien acusan de detención arbitraria y abuso de autoridad.

El visitador general de este organismo, Hipólito Lugo Cortés, dijo que los uniformados de la 79 agrupación de la Ciudad de México fueron detenidos el 10 de febrero en la Autopista del Sol cerca de la caseta de Palo Blanco.

Según la denuncia, los policías Aurelio Michel Buendía y Mauricio Eduardo Jaimes Hernández fueron aprehendidos por elementos de la Policía Municipal de Chilpancingo cuando se encontraban en un taller mecánico donde habían acudido a recoger un automóvil que estaba reparación.

Pese a que los policías auxiliares del Distrito Federal le dijeron al director de la Policía Preventiva de esta capital, Erit Montúfar Mendoza, que tenían oficio de comisión y que podían portar armas de fuego, éste los trasladó a la Agencia del Ministerio Público Federal para que fueran consignados por el delito de portación de armas de fuego.

Sin embargo, el Ministerio Público Federal dejó en libertad a los policías auxiliares del Distrito Federal, quienes acudieron a la Codehum para quejarse contra el jefe policiaco.

Los policías señalan que Montúfar los detuvo más de 13 horas ilegalmente en la cárcel municipal.

“Nosotros estamos investigando esta queja contra el director de la Policía Municipal”, expresó Lugo Cortés.

Aurelio Peláez * El ex preso político Arturo Gallegos Nájera afirmó que la Fiscalía Especial para la atención a los delitos del pasado debe aceptar el ofrecimiento del ex gobernador Israel Nogueda Otero, quien declaró estar dispuesto a comparecer ante esa instancia por el caso de los desaparecidos políticos en los años setentas, y que su gobierno (1971-1975) nada tuvo que ver en esos hechos.

En entrevista en la redacción de El Sur, Gallegos afirmó que Nogueda Otero sí estuvo al tanto de las detenciones de políticos opositores en Guerrero –algunas de las cuales derivaron en ejecuciones o desapariciones–, pues fue enterado de ello por las autoridades militares que estuvieron al frente de esa guerra sucia. En particular, precisó, podría estar enterado de al menos tres casos.

“Israel Nogueda, como gobernador del estado que asumió en 1971, tuvo mucho que ver en la cuestión de los desaparecidos. Como cabeza del gobierno del estado él es responsable de la desaparición de Teresa Estrada Ramírez y del asesinato de Moisés Perea Cipriano, que estuvo detenido conmigo en la cárcel clandestina de Pie de la Cuesta”.

Recordó que Perea Cipriano (miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias) fue detenido el 12 de septiembre de 1974 en Plan de Lima, cerca de Tierra Colorada. “Estaba herido, así fue conducido a la cárcel. Cuando me detienen, el 20 de septiembre, me encuentro con él, y cuando me sacan a declarar el 24 de septiembre, él aparece en los periódicos locales como muerto en un enfrentamiento con la policía en El Rincón, adelante de El Ocotito”.

Afirmó que con la declaración de Nogueda Otero se podría aclarar exactamente lo que pasó. “Yo hice mi denuncia ante la Fiscalía, lo relacionado con el asesinato de Moisés, y reseño que él estuvo conmigo. Les doy el número de mi expediente, porque en mi expediente hay una foto de Moisés ya muerto en la cancha. Lo que tiene que hacer la Fiscalía es investigar en mi expediente si consta esa fotografía donde está muerto, porque evidentemente a él lo asesinaron”.

Reiteró que en las detenciones hay responsabilidad de Nogueda Otero, y de quien en ese tiempo era el procurador de Justicia, Francisco Román, quien también tiene que comparecer, “porque estaban siendo informados de lo que pasaba, yo escuché cuando estaba detenido que tenían comunicación con el gobernador. Yo le oí incluso hablar por teléfono con él: Señor gobernador, tenemos a otro detenido que dice llamarse Jorge Gómez Salas, alias Juan Manuel –los sobrenombres de Arturo Gallegos– seguiremos informando a ver qué información nos da”.

Recordó que en el periodo de Nogueda Otero “el jefe de la Policía Judicial de Acapulco era Wilfrido Castro Contreras. Este mismo policía fue el que detuvo a mi suegro (Petronilo Castro Hernández) en su domicilio el 25 de abril de 1972, y tengo entendido que fue su policía la que detuvo a mi cuñada Guadalupe Castro Molina dos días antes, de tal manera que él tendría que dar cuenta no sólo del caso de Moisés, sino también de Teresa Estrada Ramírez, Petronilo Castro Hernández y Guadalupe Castro Molina”. Los dos últimos permanecen como desaparecidos.