* El ilícito, en 1999 en el almacén de El Ocotito, asegura el encargado de la tienda rural, José Cádiz Molina * Lo secundan sus vecinos en la acusación
Nelly Bello * Por pedir el esclarecimiento en el desvío de 2 millones 300 mil pesos en el almacen de El Ocotito, de Diconsa –que ya es investigado por el juzgado primero–, la empresa cerró la tienda rural de Kilómetro 30, que beneficiaba a unas 500 familias, dijo el encargado del establecimiento, José de Cádiz Molina Ubaldo.
En asamblea comunitaria, el encargado de la tienda recordó que en el periodo de los faltantes en el almacén, Guerrero estaba en pleno proceso electoral para definir al gobernador, y mencionó que parte de los recursos se utilizaron para promover la candidatura del hoy mandatario, René Juárez Cisneros, por lo que “no creo que se haga, justicia porque los recursos fueron para su campaña”.
Otra parte se utilizó para armar las despensas que repartió el PRI en los procesos electorales de 1999, dijo.
En contraparte, el coordinador del departamento jurídico de Diconsa, Héctor Vielma Camacho, aseguró que el cierre de la tienda en el Treinta es porque contraviene el reglamento, pues solicita menos productos de los que debería y hay acusaciones documentadas del personal por mal trato del encargado de la tienda en ese poblado.
Sin embargo, el cierre de la tienda coincide con una discusión que Molina Ubaldo tuvo con la supervisora de Diconsa Noemí Adame Marcial el 9 de enero, según el encargado de la tienda por la denuncia pública del desvío de recursos.
Ayer por la tarde, medio centenar de pobladores del Treinta, asistieron a la asamblea comunitaria, convocada por el comité rural de abasto, junto con cinco funcionarios de Diconsa, el regidor Francisco Ramírez Ramírez y el representante del diputado local perredista Rómulo Reza, Ricardo Cotzin Jiménez.
Se trató de una asamblea ríspida y tensa. El personal de Diconsa presentó una postura inamovible, no volver a tener trato con Molina Ubaldo; en el mismo sentido, los vecinos del Treinta no permitirían que removieran al encargado de la tienda, al que reconocieron como defensor social.
El moderador y comisario municipal, Salvador Carmona, leyó el orden del día que firmaron y sellaron de recibido los funcionarios de Diconsa; sin embargo todo el documento era para hablar sobre el bloqueo a la tienda del Treinta por la postura crítica de su encargado.
Luego de escuchar los argumentos, el jefe de almacén en El Ocotito, Raúl Salgado Rodríguez, desestimó la importancia del tema y dijo que si no hablarían de los problemas con la tienda se retiraría, pero los pobladores asumieron el acuerdo para que todos permanecieran en el lugar hasta que se agotaran los puntos, pues Molina Ubaldo insistía en que el bloqueo fue producto de las denuncias que quería abordar en la reunión.
Con la anuencia de los vecinos, el encargado de la tienda comenzó el recuento de irregularidades que conoció por ser parte de la comisión evaluadora nombrada en una asamblea de consejos comunitarios de abasto, y que tiene como fin descubrir el paradero de los 2 millones 300 mil pesos.
Mencionó que los recursos quedaron en manos de Asunción Ramírez Torres, ex contralor de Secodam; Miguel Oliveros Nájera, jefe de almacén de El Ocotito; Cecilia Nogueda Soles, administrativa, y de Manuel Molina Montes, jefe del departamento de Ventas.
Reprochó que aunque existe una denuncia, los implicados en el delito, antes de renunciar, fueron cambiados de área para posteriormente ser liquidados a 100 por ciento.
Luego acusó al subjefe de unidad operativa, Juan Ocampo Moreno, y al coordinador de operaciones zona Costas, Santiago Sánchez Hernández, de encubrir la información y bloquear la investigación, además jinetear los créditos de Diconsa.
Aseguró que la verdad sobre el bloqueo a su administración en la tienda Diconsa era producto de las denuncias, porque “la asamblea comunitaria es la autorizada para pedir el cambio del encargado de tienda, y no la empresa, porque somos empleados de la comunidad”. Negó la agresión física y verbal contra la supervisora y dijo que en la discusión ambos alzaron la voz para defender sus posturas sobre las denuncias.
En su momento, Vielma Camacho pidió a Molina Ubaldo presentar las denuncias de jineteo por escrito para proceder, pues no podía actuar por testimonios simples. Sin embargo, no apoyó la decisión de los pobladores para reabrir la tienda, aunque el cierre se dio por la denuncia de la supervisora de Diconsa –que admitió en breve entrevista que no presentó denuncia de hechos– por la supuesta agresión del encargado de tienda.
Adame Marcial agregó que no presentó la denuncia porque pidió al comisario Salvador Carmona “un pase”, del que no explicó a que se refería.
Salgado Rodríguez respondió que el cierre de la tienda fue porque había notado desinterés de la población en las asambleas comunitarias, y que trasladarían la sede de la tienda a otro poblado, donde más personas se beneficiaran e interesaran.
Dijo que de las 102 tiendas a las que surte el almacén de El Ocotito, la del Treinta era la única que representaba problemas para ellos, pero aseguró que era por la actitud grosera del encargado. Visiblemente molesto reconoció que si Molina Ubaldo seguía con esa actitud, “cuando no esté de humor, podríamos llegar hasta los golpes”.
Dijo que de los 208 productos que tiene Diconsa, el encargado sólo pedía cinco o seis, por lo que determinaron que no era necesaria la presencia de la tienda; también lo acusó de cerrar el establecimiento a la una media de la tarde. Pero minutos después personalizó el problema y dijo que “es Cádiz, por eso ni vengo… Si se cree revoluvionario, que lo sea, pero no tengo por qué soportarlo”.
“La tienda no la voy a surtir, si quieren que ponga otra en el Treinta la pongo, garantizo su apertura, pero la tienda de Cádiz está cerrada para Diconsa, está cerrada documentalmente, y pronto le cobrarán el capital de inversión”.
En un escrito que envió al comisario, acusó a Molina Ubaldo de alterar los precios en los productos que compra a Diconsa, así como de surtir la tienda con productos de almacenes comerciales. Ejemplificó con el kilo de azúcar que debería venderse en 6 pesos y en la tienda del Treinta estaba a 6 pesos con 50 centavos.
Sin embargo los vecinos aseguraron con testimonios que el azúcar si era vendido a 6 pesos. Sobre el horario Molina Ubaldo dijo que por acuerdo de asamblea establecieron las 2 de la tarde como horario máximo para su apertura.
En la reunión de casi tres horas, los pobladores también quisieron clarificar que en la discusión del 9 de enero entre la supervisora y el encargado de tienda no hubo enfrentamiento físico. Una de las vecinas a la tienda aseguró que la supervisora salió molesta del inmueble, pero sin golpes.
Como opción Salgado Rodríguez planteó el envío de una camioneta de Diconsa, pero los vecinos defendieron al encargado de la tienda, asegurando que no permitirían que lo excluyeran por las denuncias.
Entrevistado antes de la reunión comunitaria, Vielma Camacho aclaró que la convocatoria al encuentro era por iniciativa de la empresa “de acuerdo con las políticas de operación para proponer entre la empresa y comunidad las posibles soluciones para que la tienda opere normalmente”.
Admitió que el faltante que se detectó en 1999 es investigado en el juzgado primero y que incluso había órdenes de aprehensión para los responsables y aunque no quiso dar los nombre dijo que “eran personas que administraron en su momento el almacén”.
Y aunque declaró que la comunidad estaba facultada para decidir sobre el abasto de la tienda y todos los acuerdos debían salir de manera conjunta empresa y comunidad, dijo después que la remoción del encargado de la tienda era facultad de los operativos de Diconsa.
