C. René Juárez Cisneros
Gobernador constitucional del estado
Presente:

Por medio de la presente me permito informar a usted que para hoy miércoles 15 de enero del año en curso, a partir de las 12 horas, más de mil campesinos del ejido de Lomas de Chapultepec, municipio de Acapulco, tomarán posesión de las 982 hectáreas que les fueron expropiadas mediante un decreto de la Presidencia, con fecha 29 de marzo de 1974, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de abril de 1974, a favor del Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad Rural y de la Vivienda Popular.

Lo anterior lo decidieron en virtud de que no se les ha resuelto este conflicto desde hace más de 40 años, a pesar de que se sigue en el Tribunal Unitario Agrario del cuadragésimo primer distrito, el juicio número 0574/01. Los campesinos nunca han estado de acuerdo con ser expropiados de sus parcelas.

Antes de la toma de dichas tierras sostendremos una asamblea general de campesinos en las instalaciones de la comisaría ejidal, en la que participarán 30 presidentes de comisariados municipales de Acapulco.

Lo anterior lo informamos con la finalidad de que intervenga ante las autoridades federales y se busque una mejor solución a este conflicto agrario.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. Unión de Pueblos y Ejidos

 Atentamente
Por el Consejo de la Administración el C Presidente
José Ramón Díaz Tornez.

 

* Pide Klimek “solidaridad” ciudadana para con las medidas a tomar, incluido el uso de la fuerza * Presentará denuncia ante Profepa, adelanta * Los hijos de ejidatarios esperan un amparo, dice su dirigente Genaro Marín

Karina Contreras * El delegado de la Procuraduría Agraria, Efrén Joaquín Balanzar Gasga, declaró que los hijos de ejidatarios de Icacos “no tienen ni un centímetro de tierra” en El Veladero porque hace 50 años sus padres y abuelos la permutaron por predios en Tecpan y San Marcos.

Mientras tanto, el delegado de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Octavio Klimek Alcaraz, informó que la dependencia a su cargo presentará una denuncia ante la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para que se investigue si los llamados hijos de ejidatarios ocupan El Veladero, y si hay delitos ambientales que perseguir.

Por su parte, el presidente de la mesa directiva de hijos de ejidatarios, Genaro Marín Hernández, aseguró vía telefónica que ayer les fue recibida en el juzgado cuarto de distrito la petición de amparo que promueven para no ser desalojados del predio que –aseguran– es parte del ejido de Icacos. Agregó que en cuando se dé la resolución favorable, como esperan, tomarán posesión del predio.

Klimek Alcaraz advirtió que no permitirá que la reserva sea invadida, y que pedirá incluso el apoyo de la fuerza pública.

Entrevistado por los medios de comunicación en su oficina y acompañado por el encargado de Gestión Ambiental de la dependencia, Carlos García Salgado, y el jefe de la Unidad Jurídica, Hildofonsio Cortés Muñoz, Klimek Alcaraz dijo sentirse preocupado por la probable invasión y que se tienen que tomar medidas urgentes.

Una de éstas es precisamente la denuncia ante la Profepa, para que haga una investigación profunda. La denuncia es integrada con información que proporciona la Secretaría de Seguridad Pública del estado, responsable de vigilar los limites del parque.

Klimek Alcaraz dijo que la decisión se tomó luego de que se informó a la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, en la ciudad de México, responsable de los parques nacionales, que recomendó la denuncia en Profepa.

El funcionario federal se mostró en algunos momentos reservado y dijo que se tiene que ser muy cuidadoso y ver en qué se basan los inconformes para decir que son predios de su propiedad, y si no logran demostrarlo fehacientemente en la Profepa se tendrá que dar seguimiento con la Ley de Medio Ambiente.

Esto, abundó Klimek Alcaraz, será dando la encomienda a su órgano descentralizado, la Profepa, de dar seguimiento a la denuncia por el caso.

Agregó que así se verificará si hay no sólo una invasión al área federal –que, a juicio de Klimek, sería sumamente grave–, sino si se da la deforestación en la zona.

Ante esto, el delegado de Semarnat señaló que se tiene que aplicar la ley, porque Acapulco no merece que continúe ese tipo de invasiones a áreas protegidas.

Asimismo, advirtió que no permitirá que en las 3 mil 800 hectáreas del parque nacional El Veladero haya invasiones. Agregó que no es posible que se quiera continuar con el proceso de urbanización irregular en la reserva.

Manifestó que espera toda la solidaridad del gobierno del estado y del municipio para que, por medio del consejo técnico del parque –el cual será convocado a una reunión extraordinaria–, se tomen decisiones sobre la situación.

Pidió también “la solidaridad” de los ciudadanos para las medidas que se tengan que tomar, “así sea el uso de la fuerza pública”.

Por su parte, el jefe jurídico, Hildofonsio Cortés Muñoz, dijo que se practicarán todas las diligencias que sean necesarias para ver si hay el delito de despojo y ambiental.

Advirtió que, de existir, presentará denuncias ante la PGR, en el área de Delitos Ambientales. Seguro, dijo que “lo cierto es que el lugar conocido como Piedra del Chivo es parque nacional, y lógicamente son terrenos propiedad de la nación”.

La permuta

El delegado de la Procuraduría Agraria, Efrén Joaquín Balanzar Gasga, dijo que en 1940 hubo una permuta, y que las tierras del ejido Icacos, desde la Base Naval hasta la Diana, fueron cambiadas por unos cerros en Tecpan y San Marcos, lo cual significa que el ejido de Icacos dentro de esa zona no tiene “ni un centímetro de tierra”.

Agregó que las que tiene están en esos lugares de las costas, que son las que les permutaron. Dijo que los hijos de ejidatarios argumentan que nunca se las entregaron y por eso buscan la anulación de la permuta.

Agregó Balanzar Gasga que los hijos de ejidatarios no tienen posibilidades porque dejaron transcurrir los términos para poder echar abajo el proceso, pues el código agrario vigente cuando ocurrió la permuta daba tres meses para ello.

Cuando se le dijo que los ejidatarios manifestaron que ya fue reconocida por la federación la propiedad de esos predios, pero que el Ejecutivo estatal no quiere respetar la decisión, manifestó: “desconozco, ya que no se tiene la información de que haya un decreto que les haya devuelto las tierras”, e insistió en que éstas no están en la Piedra del Chivo, sino en San Marcos y Tecpan.

Dijo que los hijos de ejidatarios están en su derecho de exigir, pero tienen que demostrar que son los propietarios, y desde su punto de vista es difícil. Está el decreto y hasta ahora no han prosperado los amparos que han promovido, dijo.

* Se entrevistan el ex gobernador y una facción de colonos * Asiste el grupo encabezado por Adolfo Plancarte * No acude el de David Molina, encabezado por Rosario Merlín * Por el gobierno del estado va Efraín Flores

Aurelio Peláez * El ex gobernador Israel Nogueda Otero y un sector de colonos de la Fuerza Aérea acordaron reabrir las negociaciones en torno a los predios ocupados desde hace dos años, y que Nogueda reclama como suyos.

Las negociaciones se habían suspendido hace un mes, luego de que Nogueda Otero mantuviera su posición de no vender a los colonos las 37.5 hectáreas ocupadas, y de que un sector de dirigentes, encabezados por la ex diputada local Rosario Merlín, insistiera en desconocerlo como propietario. La propiedad está valuada, según el ex gobernador, en unos 10 millones de dólares.

El encuentro se efectuó esta vez en las instalaciones del Fideicomiso Acapulco, cuya Dirección sólo prestó unas oficinas, pero no tuvo ningún papel en las negociaciones. La reunión fue a solicitud del gobierno del estado, de acuerdo con el ex gobernador, y a convocatoria del delegado de la Procuraduría Agraria, Efrén Balanzar Gasga, según los colonos.

Además de Israel Nogueda, por el gobierno del estado asistió el subsecretario de Asuntos Políticos, Efraín Flores Maldonado, y por los colonos el presidente del Consejo Estatal del PRD, Adolfo Plancarte Jiménez, y Elías Flores Olea.

En el encuentro no se llegó a ningún acuerdo, salvo el de que la próxima semana se hará otra reunión más formal. En el acto trascendió la posibilidad de buscar un predio para reubicar a los colonos, y la demanda de los dirigentes de que en tanto se den las negociaciones no se hagan efectivas las órdenes de aprehensión que existen contra unos 30 colonos.

No asistió al Fideicomiso el grupo del dirigente David Molina Francisco, quien se encuentra recluido en el penal de Las Cruces desde hace un año. Ese grupo de colonos lo encabezan su esposa Gloria Galeana, y la ex diputada local Rosario Merlín. Ellos demandan que el mediador entre ambas partes sea el gobierno estatal, en forma directa, algo que se dio ayer por primera vez con la asistencia del subsecretario.

Al final del encuentro, el subsecretario Efraín Flores Maldonado dijo que “el gobierno del estado es un amigable conciliador; nuestra intervención es para tratar de que las partes en conflicto encuentren, por la vía del diálogo y la concertación, alguna solución que beneficie a todos”.

Nogueda Otero, por su parte, afirmó que “yo estoy dispuesto a expresar razones. No veo qué otros puntos pudieran aplicarse, puesto que las otras agendas (de negociaciones) las establecieron ellos, y el fondo de las agendas que presentaron fue que se demostrara de mi parte la propiedad del predio; ésta fue demostrada por la autoridad responsable, así que no hay más que demostrar”.

El ex gobernador, quien reitera que los colonos deben desalojar el predio, dijo: “acepto negociar porque respeto la intervención del gobierno del estado; acepto discutir la agenda que ellos presenten, pero le pediría como un favor personal al gobierno del estado que ayudara a destrabar esta situación. No creo que tengamos que hacer demasiadas investigaciones. Estoy dispuesto a discutir la agenda que presenten, pero no puedo dejar de señalar nuevamente cómo es que logre unificar a la gente de la Fuerza Aérea”.

Adolfo Plancarte, por su parte, informó que pidió que cese la represión y el hostigamiento contra los colonos de la Fuerza Aérea, mientras se mantenga la mesa de negociaciones, y que se logren acuerdos por medio del diálogo para resolver el problema.

Nogueda Otero, en tanto, informó que en el encuentro se habló de que “existe una propuesta de un terreno más accesible (para los colonos), una reubicación en otros terrenos, pero yo no quisiera adelantar nada. Desde la agenda pasada (el tema) está pendiente y la semana próxima se discutirá”.

De si habría intereses políticos de los líderes, explicó que “yo no estoy en posición cerrada, sino de diálogo, de buscar una solución. Yo quiero dar un ejemplo de que en Guerrero se pueden resolver las cosas con pláticas, dialogando. Que abramos el entendimiento y expresemos nuestras razones y lleguemos a un acuerdo”.

En cuanto a la posibilidad de vender los predios, como lo planteó el dirigente Elías Flores, explicó que “yo me reservo mis opiniones hasta que no estemos en condiciones de dialogar de frente, con argumentos. La próxima semana se establecerá una agenda para que se discuta cómo se va a resolver la situación de su estancia como invasores en el predio, no estoy vendiendo ni pidiendo dinero”.

* Apoyan la propuesta del PRS: PRD, PAN, CD y PT * El PVEM secunda al tricolor * La petición fue turnada a comisiones

Hugo Pacheco, corresponsal, Chilpancingo * Los diputados locales del PRI se opusieron ayer en la sesión del Congreso a que el director general del Centro de Convenciones, Jorge Cortés Gutiérrez, y el director operativo, Carlos Saavedra Toache, comparezcan         ante las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría General del estado para expliquen sobre la administración y finanzas del Fideicomiso de ese organismo.

No hubo argumentos del PRI para saber por qué se oponen que los directivos del CIA expliquen sobre los ingresos y egresos a ese fideicomiso administrado por el gobierno del estado.

Sólo votaron en contra de que el punto de acuerdo presentado por el diputado del PRS, Heriberto Noriega, se presentara como un asunto de urgente y obvia resolución y someterlo a discusión y aprobación, que sí fue apoyado por PRD, PAN, CD y PT, aunque el diputado del PVEM, Marco Antonio de la Mora, fiel al PRI, se abstuvo.

Entonces el punto de acuerdo fue turnado a comisiones (el presidente de la mesa directiva por el mes de diciembre, Fredy García, del PT, no dijo a cual), para su dictamen.

Y es que el diputado Heriberto Noriega propuso que el director  general del Centro Internacional Acapulco (CIA), Jorge Cortés Gutiérrez, y el director operativo, Carlos Saavedra Toache, comparezcan.

Argumentó que se desconoce el manejo de los ingresos reales generados, la conformación o integración de los mismos, luego de que desde hace cinco años a la fecha se le ha destinado al Fideicomiso un promedio anual de 17 millones de pesos sin que rindan cuentas al Congreso local.

Indicó el diputado que a diferencia de otros organismos descentralizados como el Invisur y el Fibazi, el Fideicomiso del CIA sólo ha reportado por organizar ferias, eventos y convenciones un ingreso de 14.1 millones de pesos y 18.4 millones de pesos en los años 2000 y 2001, respectivamente, lo que le parece inadmisible.

De nada sirvieron esos argumentos, simplemente el PRI no quiso que el asunto se tratara en esta sesión y sus diputados votaron en contra, así que se turnó a comisiones.

* Los trabajadores del hotel Club Med, en ese municipio, pretenden apoderarse de él, denuncia el dirigente de la CTM en Guerrero, José Luis Torreblanca

Maricela Santos, corresponsal, Zihuatanejo * El dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Guerrero, José Luis Torreblanca Gómez, y dirigentes cetemistas de Azueta efectuaron ayer un mitin en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, para exigir la devolución del registro del Sindicato de Trabajadores de la Construcción y Comercio de la Costa Grande (STCCCG), del que presuntamente quieren apoderarse trabajadores del hotel Club Med.

La devolución fue exigida por Torreblanca Gómez, dirigente del sindicato de electricistas Juvencio Valenzo Romero; el de trabajadores de la construcción, Belisario Domínguez Soto; el edil priísta azuetense y dirigente del sindicato de músicos, Alfonso Becerra, así como por comerciantes del mercado Benito Juárez.

En el mitin, que fue atendido por la presidenta de la JLCA, Elizabeth Rangel Pizá, los manifestantes denunciaron que trabajadores del hotel Club Med Ixtapa, encabezados por Victoriano Sánchez Hernández, pretenden apoderarse del registro sindical del STCCCG, que pertenece al cetemista Ricardo Rodríguez Gutiérrez .

Señalaron que el giro del que pretenden apoderase los trabajadores no tiene qué ver con el renglón de gastronómicos al que pertenecen quienes laboran en la hotelería.

Torreblanca Gómez exigió la actuación imparcial de la Junta, y advirtió que en caso contrario presionarán más debido a que se pretende despojar de su sindicato a Rodríguez Gutiérrez .

De acuerdo con lo explicado por el dirigente de los electricistas, Juvencio Valenzo Romero, Rodríguez Gutiérrez prestó, en 2000, el registro del STCCCG para hacer la contratación de los trabajadores del Club Med, debido a que había un emplazamiento a huelga cotizado en dólares, y por el cual los inversionistas franceses de esta hospedería se podían ver obligados al cierre del centro de trabajo.

Rodríguez Gutiérrez prestó el registro del STCCCG luego de que los inversionistas del Club Med “por medio del gobierno de Francia, personificado por el embajador de aquel país en México”, solicitaron la intervención del gobernador René Juárez Cisneros en el conflicto laboral, al considerar que la demanda era exagerada y llevaría al cierre de la hospedería.

La Junta, con la intervención del gobierno estatal, accedió darle paso al STCCCG, a fin de extinguir de esta forma el emplazamiento de la huelga, aunque desde entonces no correspondía el giro del organismo gremial con las labores de la hotelería.

La inconformidad se debe a que en octubre de 2001 se renovó la dirigencia del STCCCG         y rechazaron la intervención de Rodríguez Gutiérrez, quien pide la devolución del sindicato que dice haber prestado de buena fe para proteger el centro de trabajo.

Torreblanca Gómez pidió ayer que se respeten los giros de cada sindicato, y adelantó que solicitarán la intervención en el caso del secretario general de Gobierno, Marcelino Miranda Añorve.

Jorge Nava * Familiares de los dos turistas que murieron al chocar la acuamoto que tripulaban contra un yate, acusaron que entre Capitanía de Puerto y la Cooperativa a la que pertenece la moto se “echan la bolita”, al no agilizar los trámites para que les paguen el seguro de pasajero.

Jesús Paredes Gutiérrez, familiar de Jazmín Paredes Tapia y de Efigenio Rivera Paredes, informó que ayer llegaron al puerto para reunirse con el capitán de Puerto, Antonio Pizá Vela, quien les informó que ya había enviado a la ciudad de México la solicitud para que peritos navales dictaminen sobre el accidente.

El 2 de enero, el turista de 16 años, Efigenio Rivera y su prima Jazmín Paredes, procedentes de la ciudad de México, abordaron una moto acuática en la playa Hornos, pero perdieron el control de la nave y chocaron contra un yate de nombre Wiskaz.

Jesús Paredes se quejó del retraso de los trámites realizados por Pizá Vela, pues al entrevistarse ayer mismo con el presidente de la Cooperativa Condesa del Mar SCL, Félix Tornez Abarca, y el representante legal de esa organización, Salomé Gutiérrez Aguirre, le expusieron que la aseguradora los indemnizará hasta revisar el peritaje que elabore Capitanía de Puerto.

Abundó que es la empresa aseguradora General de Seguros la que respalda a los tripulantes de la moto –de nombre Condesa 17, número de serie Yama-2801C202–, y está dispuesta a pagar 120 mil pesos a sus familiares.

Incluso Jesús Paredes agregó que tanto Tornez Abarca y Gutiérrez Aguirre lo pusieron en contacto, por vía telefónica, con el ajustador de General de Seguros, Guillermo Alarcón Adame, quien les dijo que no podía “determinar un pago inmediato” hasta no revisar el peritaje.

Pero Jesús Paredes se preguntó cómo se realizará el peritaje “si Pizá Vela puso a disposición del Ministerio Público de la Federación (MPF) la moto acuática”, la cual el propio capitán les informó –el jueves 9 por medio de un fax– de la devolución de la moto a los cooperativistas.

Jesús Paredes aseguró que Pizá Vela les sostuvo que no puso a disposición de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común (MPFC) la moto acuática, porque “no era de su competencia”, sino que le correspondía al MPF porque sucedió en la playa.

Respecto a la presunta responsabilidad que recayó en ellos por permitir que el menor condujera la moto, Jesús Paredes describió que sus familiares la rentaron pero no era conducida por el menor, sino por Jazmín Paredes.

Sostuvo que al momento de rentarla, el prestador de servicios únicamente les dio un papel pequeño donde se leía las condiciones de renta de la nave, el cual fue firmado por la mujer.

Aclaró que ahora los cooperativistas presentan una hoja más grande, donde aparecen otras condiciones que no estaban establecidas al momento de rentar la moto.

Incluso manifestó que la supuesta firma de su familiar, plasmada en este documento presentado por los cooperativistas, fue falsificada.

Jesús Paredes era acompañado del padre de Jazmín, Manuel Abel Paredes Hernández; la madre del menor, Artemia Paredes Gutiérrez, y sus hermanos Pedro y el cuñado de Jazmín, Iván Fernández.

Jesús Paredes aseguró que no han sido llamados por el MPFC para informarles del proceso de la averiguación previa Tab/3ª/III/004/2003-4. Aclararon también que Jazmín no estaba embarazada, como se informó en un principio.

* Exigen llamar a comparecer a López Rosas * Los acompañan el presidente estatal del tricolor, Héctor Apreza Patrón, el Comité Directivo Estatal y el Municipal en Acapulco * La queja se presentará al pleno este jueves

Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * Los regidores del PRI y del PVEM de Acapulco, acompañados por la dirigencia municipal y estatal priísta, entregaron ayer al presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado un escrito de denuncia por el “mayoriteo” del PRD en la asignación e integración de las Comisiones del Cabildo y exigieron que se llame a comparecer al alcalde Alberto López Rosas para que explique la “violación” del Reglamento.

Los seis regidores del PRI fueron encabezados por su coordinador, José Guadalupe Perea Pineda, y del PVEM, Alejandro Carabias Icaza, así como el presidente estatal del PRI, Héctor Apreza Patrón, y el pleno del CDE y el CDM en Acapulco, presidido por Jesús Bernal Román.

Los ediles y dirigentes priístas se entrevistaron con el diputado Carlos Sánchez Barrios al culminar la sesión en el Salón de los Próceres del Congreso del Estado. Héctor Apreza indicó que los priístas en Acapulco no han llegado a la “violencia ni a la confrontación”, pero que en respuesta los regidores del PRD “han violado la ley”.

Denunció: “Nuestros regidores fueron avasallados por la mayoría mecánica del PRD, que antes criticaban pero que hoy aplican efectivamente”.

En seguida, el coordinador José Guadalupe Perea dio lectura al documento donde explican que el PRD se adjudicó seis de 10 comisiones, cuando debieron tener cinco, y el PRI “dos y media”, y sólo se les entregó una y al PVEM otra.

Acusan que los regidores del PRD violaron la ley Orgánica del Municipio Libre y el Reglamento del Cabildo al no entregarles dos comisiones, porque no corresponden al porcentaje de votos que obtuvieron como segunda fuerza política en el municipio.

Por eso acusan al alcalde Alberto López Rosas de ejercer un acto “arbitrario y despótico”, y exigen la intervención del Congreso del Estado para que le hagan un llamado al gobierno perredista “para que recapacite y reconsidere su postura” y les asigne las comisiones que les corresponde.

Demandan que hagan comparecer al alcalde perredista “para que explique esta grave violación a la norma que rige la vida interna de las sesiones de cabildo, pero sobre todo que explique el procedimiento legal que tomó en cuenta para formar las comisiones de Trabajo de los regidores del ayuntamiento”.

Por su parte, el diputado Carlos Sánchez Barrios les aseguró que su petición será analizada en las comisiones legislativas correspondientes.

Posteriormente, tanto Héctor Apreza como Carlos Sánchez Barrios descartaron que sea una venganza del PRD en el ayuntamiento de Acapulco ante la postura del PRI en el Congreso del Estado, de adjudicarse el gobierno del Poder Legislativo.

Recordaron que no hubo inconformidad del PRD porque en el gobierno del Congreso y en la integración de las comisiones “hubo consenso con los diputados perredistas, y aprobaron por unanimidad el punto de acuerdo presentado, al respecto”.

La denuncia de los regidores priístas de Acapulco se presentará al pleno en la sesión plenaria de mañana jueves y fue turnada a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, que preside el diputado del PRI, Juan José Castro Justo.

Nelly Bello * Músicos y trovadores que trabajan en las playas se reunieron en el ayuntamiento con funcionarios y el regidor perredista José Luis Morales Torres, para pedir la renovación de las credenciales que obtuvieron por medio de regidores en la pasada administración.

Luego de más de una hora de junta, los músicos acordaron con el edil y la secretaria         María de la Luz Núñez Ramos que esperarán la formación de una comisión integrada por la Dirección de Turismo Municipal, la comisión de Turismo en el Cabildo, y personal de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), para que regule su trabajo en las playas.

Unos 30 músicos esperaron afuera del ayuntamiento mientras llegaban el director de Vía Pública, Uriel Leal, y el subdirector de Turismo, César Hernández Cruz.

Luego pasaron a la sala de cabildo, donde además de éstos estuvieron Núñez Ramos, Morales Torres y el subsecretario Felipe Kuri.

Después de exponer su problema por el vencimiento de las credenciales, pidieron a los funcionarios la expedición de unas nuevas. Pero allí les explicaron que aprovecharían el momento para regularizar la presencia de los músicos en las playas por medio de un reglamento.

El músico de la Unión de Trovadores de las Playas, Emiliano Flores, aseguró que los tríos que trabajan en las playas pagan sus impuestos en Hacienda y ante Semarnat, pero el año pasado enfrentaron un problema con músicos piratas que recibieron credenciales que los amparaban, expedidas por el regidor Abelardo Rivera.