La rebatinga en la tradición del poder
TV Azteca se pone a la vanguardia en la creciente desintegración de la vida institucional del país, y de la creciente disolución del respeto a la ley en todos los órdenes y niveles.
Ya huele a una desordenada corrupción que sólo tendrá una salida autoritaria de derecha, fabricada desde el control de los medios televisivos, que son los principales formadores de opinión ante un pueblo que no lee.
Este monopolio televisivo aprendió bien de los linchamientos de delincuentes por la población desalentada del sistema mexicano de seguridad y justicia; linchamientos que son parte de esa desintegración de la vida institucional, cuyo responsable es, desde luego, un Estado corrompido por las ambiciones políticas de quienes luchan en todos los niveles por usufructuar al aparato.
En su caso, la ambición de TV Azteca, de apoderarse y monopolizar el negocio de la información y de la estupidización del pueblo. Lo que hizo con el Canal 40 es una especie de linchamiento, no de ejercer justicia, sino de asaltar un bien, por propia mano, ante toda la opinión pública nacional e internacional, desafiando desde su poder informativo y forjador de imágenes públicas aptas para el negocio electoral, al propio Estado y todas sus instancias.
TV Azteca tomó el papel de la apenas derrotada política presidencialista de cometer su masacre tipo Tlatelolco o 10 de junio, y mantener su impunidad basado en su fuerza forjadora de imagen, obligando a un vergonzoso silencio a todas las instancias del Estado.
Recuerdo las expresiones de Ciro Gómez Leyva ante las manifestaciones de farsa rebelde de los de Salvador Atenco con sus machetes, levantando los hombros y esbozando una sonrisita, como forma de opinar sobre la falta de acción de López Obrador o el propio gobierno federal, y la clara confrontación de Javier Alatorre del 13, a las demandas del movimiento.
Tras este asalto a Canal 40, los de TV Azteca parece que aprendieron una lección, pero tratándose de una causa dudosamente justa, más que Fuenteovejuna invoca a Al Capone.
Cuando los barzonistas y organizaciones populares irrumpieron violentamente en el Palacio Legislativo, los medios cubrieron enteramente la acción, se exhibió ante el país la desesperación de los sectores populares que no son escuchados por vías institucionales, o cuando las instancias gubernamentales se niegan a realizar todo cambio en su política depredadora de la economía nacional. La propia Cámara de Diputados ha intentado sancionar a Virgilio Caballero por permitir la difusión pública de todo el incidente cumpliendo su profesión de informador, porque “deterioró” la imagen de ese organismo, valor supremo en esta democracia convertida en mercado de imagen.
Lo que se decanta en la cultura política, es la forma, es la imagen fabricada desde los medios, que compara estereotipos y homologa hasta los contrarios para anular su esencia, para trivializar la crítica y dejarla en forma, en imagen virtual de una realidad.
La pérdida considerable de credibilidad en poblaciones más politizadas como la de la ciudad de México será un saldo seguro, pero el apoyo de la derecha panista foxiana, está en el resto del país, con algunos islotes.
Por cierto, en la Cámara de Diputados, varios panistas cuestionaron el acto gangsteril y arbitrario de TV Azteca. Nos alienta que en el propio PAN se den voces y votos independientes de sus jefes corporativos. En esas leves voces, que hablan por intereses de la sociedad, antes que por sus partidos, está la pálida esperanza de la democracia, y quizá de la utópica reforma del Estado.
Esta pálida esperanza es indicativa de que en el seno del PAN y el PRD, ahora que alcanzaron mayor espacios de poder, se da una lucha no declarada contra la tradición corporativa de votos a la cargada, de tradición priísta, que privilegia o respalda las negociaciones de las cúpulas y margina y subordina no sólo a “la base” parlamentaria, sino a la sociedad y a la discusión abierta de sus problemas y rompen hasta con el sentido común. Ejemplo de ello es el inexplicable voto unánime del Senado en contra de los acuerdos de San Andrés y su propuesta de ley.
En estos momentos de desintegración acelerada de la institucionalidad del país, por la rebatinga de espacios de poder, la impunidad, la práctica de hacer justicia por propia mano, la toma de alcaldías por perdedores como presión extralegal para reclamar espacios en los negocios municipales que estamos viendo en Guerrero, son ya parte integral de la cultura política predominante y, contrariamente, la mercancía por excelencia para las inversiones en candidaturas electorales es la imagen manejada por los medios.
Al mercado político electoral se lanza quien quiere y puede invertir un dinero recuperable o no en su campaña. Su capital político es haber trabajado su imagen desde algún cargo público. Todo acto de gobierno o institucional de un funcionario lo empieza a contabilizar en términos de imagen vendible a los electores y con eso se pervierte no sólo la política sino la vida social cuyo destino se ata por desgracia a la ingeniería electoral de los partidos.
La transición a la democracia y a un orden constitucional, el acabar con el desorden que implantó el régimen priísta que está muy lejos de ser derrotado en la práctica, no es posible sin un cambio en esa cultura política corporativa de los partidos. No podemos por ejemplo, ejercer en toda su plenitud las relaciones corporativas dentro de la UAG, forjar esa cultura a su interior, mantenerla en el desastroso estado administrativo en que está y lanzar al mercado políticos demócratas del nuevo estilo que se requiere, porque sencillamente no se les forma en otra escuela que no sea la del partido de Estado. La UAG ha llevado su tradición corporativa al PRD y produce ya muchos políticos bajo su escuela. Y lo estamos viendo en la nueva legislatura.
Las leves voces, las pálidas esperanzas perredistas, que han aparecido en esta Legislatura, evidencian la tradición corporativa con que entra el PRD a negociar con los maestros forjadores del sistema que tienen décadas de experiencia y tradición.
Las primeras voces fueron las de Gloria Sierra y Yolanda Villaseñor que se negaron a aprobar el presupuesto gubernamental para 2003, sin haber recibido la información completa. Con la aplanadora priísta esta era la norma, nadie cuestionaba y el Ejecutivo disponía de todo bajo la disciplina de partido. Inaudito resultó para gente con simple sentido común y valor civil, que la Comisión de Gobierno integrada por las cúpulas de partido presentaran esa propuesta unánime. Inaudito resulta para la ciudadanía que necesita estar bien informada que nuestros diputados aprueben todo ya no sin discusión, sino sin la información elemental.
Los diputados del PRI no necesitan eso para levantar el dedo y aprobar lo que acuerdan sus jefes corporativos, pero los ciudadanos exigen que se acabe con eso. Otra de las leves voces fue la de Virginia Navarro que se opuso también a una propuesta ya consensuada entre las cúpulas de la Comisión de Gobierno para varios nombramientos de funcionarios sin que los comités hayan participado y ni siquiera conocido a los candidatos, ya no dijéramos analizado el perfil profesional de los nombrados.
Estas tres mujeres perredistas son quizá las pálidas esperanzas de romper esa nefasta tradición corporativa que pone los arreglos entre partidos políticos por encima o en contra de los intereses de la ciudadanía o la sociedad, como otra mujer diputada federal del PAN que pide someter al Canal 13 al orden legal, contradiciendo la línea de Fox, de proteger la impunidad de quien le trabaja la imagen.
