* Desde dos helicópteros rociaron con herbicidas las huertas y a las personas que se encontraban trabajando el 22 de diciembre, informó un campesino afectado * Presentan demanda en la PGR, la Sedesol y la Codehum * Causaron daños materiales y económicos y pusieron en riesgo la salud de los campesinos de la comunidad de Los Morros

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Agentes de la Delegación de la Procuraduría General de la República (PGR), a bordo de dos helicópteros provocaron daños en huertos frutales y de hortalizas cuando presuntamente fumigaban plantíos de enervantes para destruirlos y con ello, además arriesgaron la salud de campesinos de la localidad de Los Morros, municipio de Leonardo Bravo, de cabecera en Chichihualco.

Los hechos fueron denunciados ayer ante la Delegación de la propia PGR, de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum) por la dirigencia del Consejo Supremo de Pueblos del Filo Mayor, (CSPFM) en nombre de los campesinos afectados.

Uno de los campesinos afectados, Bernardo Guzmán Ramírez, denunció que los hechos ocurrieron el 22 de diciembre pasado. Explicó que ese día se encontraba con su trabajador, Félix Hernández, en las inmediaciones de sus huertos de durazno y aguacate, en donde también tiene sembradíos de chile, cuando alrededor de las 10 de la mañana sobrevolaron la zona dos helicópteros con las siglas de la PGR.

“Comenzaron a fumigar mis huertos de durazno y de aguacate, así como mi sembradío de chile, lo hicieron en repetidas ocasiones, inclusive yo y mi trabajador también fuimos roceados por el líquido que utilizaron dichos elementos de su corporación policiaca, sufriendo desmayos a consecuencia de dicha fumigación”, dice en su escrito de denuncia el agricultor Guzmán Ramírez.

Explicó que el plantío de chile fue financiado por un proyecto productivo por parte de la Sedesol “y a consecuencia de la fumigación se encuentra en su totalidad dañado, lo que ocasiona grave perjuicio a mi patrimonio familia, así como a los recursos aplicados al mismo”.

Guzmán Ramírez incluso anexó a su denuncia ante la PGR copias del proyecto financiado por la Sedesol, así como el diagnóstico de gastos realizados y pérdidas económicas “a consecuencia de dicha acción policiaca”, dice en su escrito de denuncia y de la cual ayer entregó copia a los medios de comunicación.

Informó que los agricultores que se vieron afectados con los daños provocados a los cultivos son Sotero Guzmán Ramírez, Leonor Nieto Jacobo y Bernardo Guzmán Ramírez, quienes forman parte del grupo productivo que se encontraba cerca del plantío de árboles y chile que fueron fumigados”.

Los campesinos piden ahora que personal de la PGR acuda a la zona para que realice la inspección ocular “y verifique que dentro de los huertos y el plantío de chile no existe sembradío de enervantes”.

Según estimaciones de los campesinos afectados, los daños ocasionados al cultivo ascienden a más de 33 mil pesos y que la cosecha que pudo haberse obtenido es de 4 mil kilogramos “y considerando que el precio de mercado es de 12 pesos por kilo, se obtendrían beneficios por 48 mil pesos”.

La denuncia fue presentada por los abogados del CSPFM María Guadalupe Navarrete Bernal, Juan Bernabé Chamú y Gladis Balanzar Gutiérrez, quienes fueron acompañados por el presidente de la organización, Ceferino Cortés Díaz.

Los campesinos pidieron también la intervención de la Coddehum para que turne la queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que se investiguen estos hechos y de ser posible que emita la recomendación correspondiente.

Los hechos fueron puestos del conocimiento del delegado de la Sedesol, José Ignacio Ortiz Ureña, debido a que el proyecto productivo que fue afectado fue financiado con recursos de la dependencia federal.

De la corresponsalía, Chilpancingo * Dos pelotones del Ejército mexicano llegaron al poblado de Jaleaca de Catalán, del municipio de Chilpancingo, para resguardar el lugar y evitar más enfrentamientos entre comuneros que se disputan los recursos forestales, lo ocasionó el asesinato a balazos de un campesino el pasado fin de semana.

El comisario municipal de la comunidad, Félix Adame, calificó de “positiva” la presencia del Ejército mexicano en el poblado ya que el grupo de priístas armados que encabeza Rogelio Arcos Arcos y que tienen tomada la comisaría municipal y el aserradero, “en cualquier momento nos podrían agredir”.

La autoridad municipal responsabilizó de lo que pasa en Jaleaca al presidente municipal de Chilpancingo, Saúl Alarcón Abarca, y al senador priísta Héctor Astudillo Flores quienes están apoyando al grupo de priístas que le impiden que ingrese a la comisaría municipal.

Afirmó que el conflicto se agravó luego de que en junio del año pasado ganó las elecciones para comisario municipal con una ventaja de 108 votos y sus opositores encabezados por el ex candidato Rogelio Arcos tomaron la comisaría y el aserradero donde hay almacenados cientos de metros cúbicos de madera cortada y lista para venderse.

Indicó que en estos momentos la situación política puede complicarse luego de que el pasado domingo el campesino Andrés Núñez Almazán fue asesinado a tiros por Ignacio Venegas Catalán luego de haber discutido acaloradamente en estado de ebriedad.

Otro problema que el gobierno no ha querido resolver es que se reanude el permiso de la explotación de los recursos forestales que en julio del año pasado suspendió la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en forma indebida.

“Nosotros estamos en espera de que las autoridades resuelvan estos dos asuntos para evitar más conflictos entre los comuneros”, externó el comisario municipal entrevistado en el ayuntamiento.

El regidor perredista José Isabel Arcos dijo que en una sesión de cabildo se acordó dar todo el respaldo a Félix Adame como comisario municipal de Jaleaca, sin embargo, “ahora las autoridades están dando marcha atrás en esta decisión y se ve que apoyan al grupo priísta que mantiene tomada la comisaría y el aserradero”.

Indicó que luego del asesinato del campesino Andrés Núñez unos 50 efectivos de la Policía Judicial, Preventiva del Estado y de la Policía Municipal se acantonaron en Jaleaca, sin embargo debido a que la población no confía en los cuerpos policiacos estatales se solicitó la presencia del Ejército mexicano para resguardar el lugar.

“Nosotros confiamos más en en Ejército mexicano que en las corporaciones policiacas ya que estas últimas se han dedicado a asaltar y agredir a la gente”, manifestó.

* Acusan al director de la primaria Francisco Villa, en Mezcaltepec, municipio de Acatepec, de acosar a hijos de testigos de Jehová

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Indígenas de la comunidad de Mezcaltepec, municipio de Acatepec, denunciaron ayer en la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), que el director de la escuela primaria, Francisco Villa, pretende expulsar a sus hijos por su negativa a saludar la bandera durante los homenajes, según la costumbre de su religión.

El caso fue expuesto por un grupo de indígenas encabezados por Sixto Felipe Morales, quien calificó de “arbitraria” la actitud del director de la escuela Francisco Villa, Isaac Cantú Ambrosio.

Los indígenas pertenecen a la congregación de los testigos de Jehová y por considerar que sus hijos “tienen una integridad y una conciencia limpia”, según dijo Felipe Morales, se niegan a hacer el saludo a la bandera durante los homenajes de la citada escuela.

El indígena denunció que debido a ello, el director Cantú Ambrosio, lo mandó llamar antes de salir de vacaciones, el pasado mes de diciembre, y le dijo que su hija, Dora Felipe Morales, se niega a saludar a la bandera por lo que le pidió su apoyo.

Sin embargo, señaló que como apoyó a su hija en su decisión, el director de la escuela le advirtió que para el próximo año escolar ya no van a inscribirla y que debe buscar otra institución donde la reciban.

“Nosotros estamos en contra de eso porque el gobierno creó a las escuelas para todos, no para unos sí y para otros no”, dijo el indígena.

Informó que otra niña que pretende ser expulsada es Magali Felipe Román y su caso también fue denunciado ante la Codehum. Felipe Morales informó que existen cuando menos cinco casos parecidos.

Los indígenas indicaron que también acudirán a presentar su queja a la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG), donde pedirían información con respecto a cuales son las instrucciones de la dependencia en casos como estos.

* Sus labores se limitarán a apoyar a otras corporaciones y reportar los delitos, pero no perseguirlos, dicen al alcalde

Maricela Santos, corresponsal, Zihuatanejo * La Asociación Ganadera de Zihuatanejo y promotores de la conformación de la Policía Rural Ganadera presentaron ayer un proyecto por medio del cual solicitan la incorporación de esta agrupación a la Dirección de Seguridad Pública municipal, pero limitando las labores de este grupo a la de reportar los delitos pero no perseguirlos.

El proyecto propone vincular a la Policía Rural Ganadera con la Dirección de Seguridad Pública de Zihuatanejo, a la que los promotores de esta organización se incluirían.

De acuerdo a lo expresado por el alcalde Amador Campos Aburto el proyecto presentado por los promotores de la Policía Rural Ganadera será analizado para posiblemente ponerlo a consideración del Cabildo azuetense de considerarse que es viable jurídicamente.

El proyecto que fue presentado ayer a las 10:30 horas al alcalde Amador Campos Aburto por parte del dirigente de la Asociación Ganadera Local,   Ramiro Sánchez Maciel y del promotor Armando Espinoza Pastrana.

El proyecto señala que el armamento deberá estar registrado dentro de la licencia colectiva 110 y que sólo se actuará “en apoyo” de otras corporaciones porque se plantea la posibilidad de aprovechar el conocimiento y la experiencia que tienen de sus localidades los ganaderos y campesinos afines a la corporación.

Plantea la posibilidad de que se incorporen los promotores de la Policía Rural Ganadera al cuerpo de seguridad pública municipal, de que se designe un comisario o coordinador general que pueda estar recibiendo reportes en la Dirección de Seguridad Pública y que se coloquen bases de radiocomunicación en las comunidades.

Propone que la corporación se limite a reportar los delitos por medio de las bases de radiocomunicación hacia la Dirección de Seguridad Pública, a fin de que el grupo “no sea quien persiga directamente el delito” para evitar invadir funciones de otras dependencias.

Plantean la entrega de uniformes que serían usados en caso de participar en operativos de apoyo a otras agrupaciones así como salarios “simbólicos”.

El proyecto que se presentó al alcalde para la posibilidad de incorporar la policía ganadera a la Dirección de Seguridad Pública se fundamentó en el artículo 115 constitucional y apela a la autonomía de los municipios para analizar este tipo de proyectos.

De la corresponsalía, Chilpancingo * Elementos de la Policía Preventiva y Bomberos sofocaron este viernes los dos primeros incendios que se registraron en los primeros días de este año en dos cerros ubicados en las cercanías de colonias populares.

Según el reporte del director de la Policía Preventiva, Erit Montúfar Mendoza, en el primer incendio que se registró en un cerro cerca de la colonia El Tomatal, resultaron siniestradas cuatro hectáreas de pastizales.

En tanto que en el cerro llamado El Culebreado, en las cercanías de la colonia Rosario Ibarra, se siniestraron 6 hectáreas de bosques.

En las tareas de sofocación de los dos siniestros participaron elementos de la Policía Municipal de Chilpancingo y los Bomberos.

En tanto, el Cabildo de Chilpancingo, aprobó un punto de acuerdo para poner en marcha un programa especial para combate a los incendios forestales, y además acordaron enviar un documento al Congreso local en el que solicitan la aprobación de un decreto en el que se suspenda por un periodo de diez años la explotación de los recursos forestales en la sierra.

“Vamos a poner un hasta aquí a la explotación forestal, porque de seguir esta situación ya no vamos a tener agua en Chilpancingo y eso nos va ocasionar muchos problemas sociales”, aseveró en entrevista el alcalde Saúl Alarcón Abarca. Y reiteró que una de sus metas de su gobierno es sembrar “1 millón de árboles en el municipio”.

* El organismo es encabezado por el alcalde Amador Campos Aburto

Maricela Santos, corresponsal, Zihuatanejo * Organizaciones ambientalistas de Zihuatanejo integraron parcialmente ayer la Comisión Consultiva de Ecología Municipal en Zihuatanejo luego de que consideraran que debe ampliarse la participación de las organizaciones en el organigrama del mismo con derecho a voz y voto.

La comisión será encabezada por el alcalde Amador Campos Aburto quien desde el inicio de la reunión pidió a los ambientalistas ser aliados para defender el medio ambiente en José Azueta y le planteó que esta organización servirá para evitar que se dividan las luchas ambientales.

En la secretaría de Organización estará el panista y actual director de Ecología, Rogelio Torres Bustos, mientras que en el Comité Ejecutivo estará el jefe de la oficina regional de Semarnat, Antonio Valdivia Zúñiga y tendrá como suplente al comandante del Apostadero Naval, Víctor Manuel Aguilar Hurtado.

En el sector social se acordó designar al presidente de la Federación de Pescadores Zihuatlán, Florentino Zavala Clímaco pero se acordó analizar su designación debido a que es también asesor de proyectos de Ecología municipal y en su suplencia estará Rafael Lobato y en las vocalías Juan Barnar Avila.

Por el sector público designaron al Capitán de Puerto, Rafael Jácome Oropeza y Pablo González Villalba de la oficina de pesca de la Sagarpa en la región.

Por las organizaciones ecologistas participarán Obdulia Balderas de Eco Ixtapa; Enrique Rodríguez del colectivo Costa Libre, mientras que por los colegios estará el doctor Julio Vazquez y el arquitecto Fernando Vélez. Por las instituciones públicas se incorporó al rector del Instituto Tecnológico, Eziquio Corona Ramos y al coordinador de la Facultad de Turismo de la UAG, el panista Salvador Jaimes.

En el encuentro hubo inconformidades porque no se integraba en la estructura a representantes de los diversos sectores, por lo que se propuso ampliar las vocalías aunque se precisó que esto no quiere decir que estén exentas las organizaciones de participar en las sesiones con voz para hacer las denuncias que consideren pertinentes.

Maricela Santos, corresponsal, Zihuatanejo * La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo (CAPAZ) se enfrenta a ocho demandas laborales por despido injustificado de 40 trabajadores.

El secretario de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Ricardo Quiñonez Orozco, dijo que en el 2002 se presentaron varias demandas laborales contra la paramunicipal entre ellas la 469/2002 presentada por 26 trabajadores que debió conciliarse el 12 de noviembre, antes de que saliera la administración priísta de Jorge Allec Galeana, pero que se difirió para el 13 de febrero por lo que tendrá que atenderla la nueva administración.

Otra de las demandas es la 485/2002, por seis empleados, que argumentaban despidos arbitrarios durante la administración de Jorge Allec Galeana, igual que los primeros, así como otras seis demandas de 8 trabajadores que           suman 40 quejosos que reclaman indemnizaciones, pagos de antigüedad, vacaciones, salarios caídos y aguinaldo.

El asunto fue abordado al seno del Consejo de Administración de CAPAZ porque se corría el riesgo de que se embargaran propiedades de la paramunicipal en caso de que no se logre conciliar con los trabajadores, pero el director del organismo, el panista José Luis Alvarez Salgado, dijo este mes podría llegarse a un arreglo con los inconformes y entrar a una etapa de negociación.

* Atender el hostigamiento y persecución a priístas, pide Carbajal a René Juárez * Insiste el alcalde Germán Adame en considerar posibles motivos políticos en el crimen * No dejar fuera de las líneas de investigación a la guerrilla y hasta lo pasional, plantea

Francisco Magaña, corresponsal, Cacalutla * Mas de dos mil personas –entre ellos los alcaldes de Atoyac y San Jerónimo, el priísta Germán Adame Bautista y el perredista Jaime Torreblanca García– asistieron ayer por la tarde al sepelio del presidente del PRI de Atoyac, Salvador Pino Morales, en el que el PRI estatal y la CNC se manifestaron por detener la violencia en esta localidad.

Antes, en una misa oficiada en la casa del priísta asesinado el párroco de Zacualpan oró porque termine la violencia y expresó que es un valor moral denunciar los actos delictivos que se observen. Pidó por los familiares de Pino Morales y porque se encuentre “la paz y el perdón” para sus agresores. Asimismo destaco la fe y el catolicismo que vivió líder del PRl de Atoyac.

El cuerpo fue despedido de la iglesia y se le dio un ultimo pase de lista en el CBTA 66 donde se desempeñaba como subdirector administrativo.

El secretario general de la CNC en el estado, Moisés Carbajal Millán, exigió al gobierno de Rene Juárez Cisneros que termine con el hostigamiento y persecución a priístas.

Dijo que en todo el estado los dirigentes campesinos priístas –el presidente del PRI atoyaquense era también dirigente de la CNC– están siendo atacados y el gobierno de René Juárez Cisneros no ha hecho nada al respecto.

Carbajal Millán dijo que el gobierno del estado y el federal no entienden que los campesinos están en un estado de desesperación que han manifestado en reiteradas ocasiones. Apuntó que, sin embargo, se les está dejando caer en un estado de violencia, porque el gobierno no interviene ni investiga.

Recordó que en Atoyac antes ya fue asesinado el líder cenecista Sabás Peralta Juárez, y ahora Salvador Pino Morales , quienes dijo, han muerto en crímenes arteros y tal parece que los gobiernos no actúan con la responsabilidad que les corresponde.

Pidió que la Procuraduría General de Justicia del Estado actué con capacidad y eficiencia para resolver los crímenes ocurridos en este lugar, y dijo que con el presidente estatal del PRI está solicitando al procurador Jesús Ramírez Guerrero que haya mayor seguridad en el campo, porque “los campesinos han puesto los muertos”.

Agregó que hay otros dos dirigentes priístas heridos, uno en Copanatoyac y el otro de Coahuayutla, además del asesinado en Atoyac y el gobierno no ha hecho nada. Exigió que el gobernador René Juárez Cisneros ponga orden en el estado a través de las instancias y autoridades correspondientes.

Tras un “ya basta”, el presidente estatal del PRI, Héctor Apreza Patrón señaló por su parte que “existe rabia e indignación en el priísmo porque de manera artera y criminal” fue asesinado Pino Morales, a quien recordó como una persona pacífica, noble y amorosa con su familia.

“Es tiempo de decir ya basta, por que en Atoyac ha sufrido constantemente el PRI agresiones que han privado de la vida a muchas personas”, expresó Apreza e hizo un llamado para que vuelva la tranquilidad y la paz.

Exhortó a la Procuraduría del estado para que profundice sus investigaciones y se esclarezca este artero crímen. Dijo que los priístas confían en que el procurador Jesús Ramírez Guerrero ponga todo su esfuerzo en ello.

El senador priísta Héctor Vicario Castrejon, consideró que la PGJE debe dar seguridad a los ciudadanos de esta región, al recordar que en este lugar son ya varios los asesinatos registrados desde 1997. Asimismo pidió que las autoridades federales coadyuven en las investigaciones y en el restablecimiento de la tranquilidad en el municipio.

Dijo que en el priísmo existe pesar por este crimen y exigió que las investigaciones lleguen pronto con castigo para quienes resulten responsables de los asesinatos que afectan a toda la Costa Grande.

Al velorio del presidente del PRI de Atoyac acudió el alcalde priísta de Tecpan, Jesús Orbe, el diputado local por este distrito Elías Salomón Radilla, también del PRI, y el secretario de Educación del estado Daniel Pano Cruz, a quien se le menciona como aspirante a la candidatura de ese partido a diputado federal por el distrito 03, de la Costa Grande.

Lamenta el alcalde que ningún asesinato sea aclarado

En entrevista, el alcalde de Atoyac Germán Adame lamentó que existan todavía “personas en el municipio que le siguen apostando a la violencia y a la división”. Informó que “por acuerdo unánime del cabildo” se ha solicitado al procurador Ramírez Guerrero mayor vigilancia que garantice la seguridad en el municipio, para lo cual dijo que existe voluntad por parte del gobierno del estado.

Agregó que solicitó al gobierno del estado que se reinstalen los módulos de seguridad en Cacalutla –que fue retirado sin explicación alguna a la población de ese lugar– y en San Andrés de la Cruz, esta última en la sierra de Atoyac, donde recientemente han ocurrido asaltos.

Reconoció que no basta incrementar el número de agentes en las policías, y opinó que se deben buscar alternativas de trabajo e impulsar áreas recreativas para los jóvenes, para terminar con la mala imagen de Atoyac.

Apuntó que no se debe dejar fuera ninguna línea de investigación del asesinato del priísta, entre ellas los motivos políticos, la guerrilla, e incluso un posible móvil pasional.

Consideró que no hay necesidad de que el gobierno municipal esté tocando las puertas del Ministerio Público para conocer cómo van las investigaciones de los crímenes. Lamentó que no se ha esclarecido ninguno y urgió a dar resultados.

Por separado, al ser buscado por El Sur, el presidente del comité municipal del PRD de Atoyac, Diego Martínez Torres, rechazó la violencia “venga de donde venga”, y lamento el asesinato del líder priísta, porque dijo, es un hecho que mancha la imagen del municipio.

Asimismo pidió que se abran todas las líneas de investigación. Señaló que las investigaciones deberán ser “serias” y con resultados, porque también has sido ejecutados militantes del PRD en ese mismo lugar.

Por su parte el regidor y fundador del PAN en Atoyac, Juan López Castro, descartó que el móvil del asesinato sea político, porque dijo que el PAN y el PRD actualmente trabajan “en armonía” con el gobierno municipal y aseguró que “los conflictos ya pasaron, quedaron atrás”.

Afirmó que “todos estamos en zozobra, cualquiera está en peligro en este momento, todos estamos con la congoja de quién seguirá”.

* El perredista y el dirigente de CD de Atoyac, Elí Olea, sostuvieron reuniones por separado con el alcalde de Zihuatanejo Amador Campos

Maricela Santos, corresponsal, Zihuatanejo * Los ex candidatos a alcalde de Atoyac, del el PRD y de Convergencia por la Democracia, Octaviano Santiago Dionisio y Elí Olea Urioste respectivamente, consideraron que el asesinato del presidente del PRI de Atoyac, Salvador Pino Morales enrarece el clima político en ese municipio de la Costa Grande.

Ambos fueron entrevistados ayer al respecto luego de sostener reuniones privadas por separado con el presidente municipal perredista Amador Campos Aburto en Zihuatanejo.

Santiago Dionisio opinó que “el asesinato del presidente del PRI en Atoyac es un hecho reprobable por donde quiera que lo miremos. Y la policía y el gobierno están obligados a dar con los responsables de este hecho sangriento”.

Dijo que el crimen del dirigente priísta atoyaquense “no ayuda en nada a la Costa Grande que tiene el primer lugar como región en delincuencia y desde luego este tipo de crímenes preocupan porque sabemos que pueden generarse cadenas de mayores consecuencias”.

En referencia a las elecciones federales de julio de este año, el ex diputado local perredista advirtió que “cuando hay delincuencia los procesos electorales tienden a cimbrarse” y rechazó que el asesinato pudiese estar relacionado con los problemas poselectorales que enfrentó Atoyac. “Yo no quiero pensar eso, no comparto eso”, añadió.

Abundó en cambio, que la comunidad de Cacalutla –donde fue asesinado a balazos Pino Morales– “ha sido un punto de hechos criminales desde hace un buen tiempo y lo grave es que ninguno de los crímenes ha sido aclarado”.

Denunció que la serie de asesinatos no esclarecidos que han ocurrido en Cacalutla desde 1997 “van generado la impunidad que nosotros hemos venido reprobando cada vez que podemos hacerlo. Nos preocupa mucho lo que sucedió”.

Santiago Dionisio se reunió con Campos Aburto durante una hora con 20 minutos, pero descartó que este encuentro haya sido para buscar el apoyo del edil para contender por la candidatura del PRD a diputado federal por el distrito 03.

El ex diputado local y ex candidato del PRD a alcalde de Atoyac dijo que sólo hizo una visita de cortesía y descartó que el acercamiento con Amador Campos tuviera relación con los asuntos internos de su partido. “Los alcaldes tienen sus actividades muy propias y se despojan finalmente de las corrientes para convertirse en representantes institucionales con poderes que están al margen de cualquier corriente”.

Dijo que tampoco hablaron de las diferencias que mantiene el alcalde Campos Aburto con su síndico Joaquín González Ramírez, afín al grupo de los cívicos al que pertenece Santiago Dionisio. Este aseguró que la reunión fue “para sencillamente ponerme a disposición como militante del PRD como miembro de la militancia de la Costa Grande para hacer nuestros mejores esfuerzos para que este ayuntamiento le cumpla a la población los compromisos que se hicieron”.

El dirigente de Convergencia por la Democracia de Atoyac, Elí Olea Urioste también se entrevistó con el alcalde Campos Aburto y en entrevista con El Sur lamentó los hechos y dijo que la situación “enrarece el clima político y tiene repercusiones”.

Señaló que aunque se acerca un proceso electoral, esto no debe ser motivo para mancharlo “dado que la autoridad competente debe investigarlo debidamente para saber cuál fue el móvil de este asesinato”.

* Es un “plan criminal” contra el PRI para desestabilizar el proceso electoral federal que viene, dice la Fundación Madrazo

El senador de la República Héctor Vicario Castrejón, demandó a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) una investigación pronta para esclarecer el crimen del presidente del PRI de Atoyac de Alvarez, Salvador Pino.

En entrevista telefónica, después de haber asistido al sepelio del dirigente priísta en el poblado de Cacalutla, Vicario dijo que su presencia en ese acto luctuoso fue para ser “solidarios con los compañeros del partido”.

Asimismo, reiteró que “hacemos una condena pública por la serie de crímenes cometidos en el municipio, y un llamado enérgico al procurador para que se aboquen a hacer una investigación que permita restablecer la seguridad pública en la comunidad”.

El senador priísta añadió que ese llamado al procurador Jesús Ramírez Guerrero es con el fin “de que se hagan las investigaciones y se puedan sancionar conforme a las leyes a los responsables de ese asesinato”, y recordó que desde 1997 se han registrado en Cacalutla “asesinatos de priístas de manera sistemática”.

Afirmó que entre los ciudadanos de ese municipio “hay consternación e indignación”, y por eso el llamado que se restablezca la justicia.

No obstante, Vicario Castrejón dijo no tener elementos para considerar que en esos asesinatos hubiera una causa política. “Sería muy aventurado dar una opinión en ese sentido. En un asunto de esa delicadeza debe de haber responsabilidad. Creo que hay que tenerle confianza a la Procuraduría de Justicia, de que se haga una investigación y sean llevados ante el juez los responsables.. Sería aventurado decir que tiene tintes políticos”.

De los crímenes anteriores, contó que “estamos en la misma circunstancia. No hay resultados que arrojen que se deban a motivos políticos. Hay que actuar con responsabilidad y dejar que sea la Procuraduría la que haga la investigación. Lo que si pedimos es que haya prontos resultados. Eso no puede esperar más”.

En tanto, a través de un comunicado de prensa, la Fundación Carlos A. Madrazo manifestó su “gran preocupación” por “las agresiones y homicidios de que han sido objeto algunos miembros de nuestro partido”.

En el comunicado firmado por José de la Cruz Mayagoitia, presidente de la Fundación, se añade, sin dar nombres de los casos, que “consideramos que esas acciones pudieran considerarse más allá de la coincidencia, y por el contrario calificarse como parte de la incidencia de un plan criminal en contra de los priístas para desestabilizar el próximo proceso electoral federal”.

Por ello, demandaron la investigación de estos crímenes y “reclamamos la presencia del estado de derecho y la aplicación de leyes”.

Resolver con rapidez el asesinato y los conflictos poselectorales, exige el PAN

Luego de condenar el asesinato del presidente del PRI de Atoyac, Salvador Pino Morales, el delegado estatal del PAN Francisco Rodríguez Otero exigió a la PGJE resolver “con rapidez” los conflictos poselectorales en Apango y Coahuayutla.

A través de un boletín de prensa, Rodríguez Otero ubicó en esos dos municipios brotes de violencia, por lo que insistió en la importancia de que la PGJE actúe de forma inmediata “para que no se cree un clima de intimidación constante en el estado”.

Recordó que el asesinato del líder priísta atoyaquense “se suma a los atentados contra ex candidatos de ese partido”, además de otro que mencionó contra un dirigente de Convergencia por la Democracia en La Montaña”, por lo que pidió a Ramírez Guerrero esclarecer los hechos “no importando quién sea el culpable y castigándolo con todo el peso de la ley”.

Dijo que confía en el trabajo de la PGJE y añadió: “no dudamos que el asesinato del dirigente del PRI se resuelva, así como ya se han solucionado anteriormente varios casos con eficacia por parte de la Procuraduría del Estado, por lo que confiamos que este asesinato no será la excepción y que se agotarán todas las instancias para que el crimen no quede impune”.

Sin embargo, en el siguiente párrafo Rodríguez Otero insistió que la dependencia estatal debería solucionar “no sólo crímenes de personas que ostentan un cargo público, sino también los secuestros que se han dado en Guerrero a políticos, ganaderos, comerciantes y sociedad en general, así como los asesinatos y robos a los guerrerenses”. (Redacción de Aurelio Peláez y Nelly Bello).