A las 8 de la noche de ayer ocurrió un sismo con magnitud de 5.3 grados en la escala de Richter, con epicentro en las costas de Guerrero, informó el Servicio Sismológico Nacional.

La Dirección de Protección Civil municipal no reportó daños.

Personal de Atención a Ciudadanos de dicha dependencia indicó que recién ocurrido el temblor no se recibieron llamadas de auxilio, y explicó que la Dirección de Bomberos ordenó un recorrido en las subestaciones de El Coloso y Centro, pero no encontraron incidentes.

Asimismo, la Dirección de Turismo Municipal contactó al personal de hoteles para saber de algún percance, pero informaron que no había daños.

El temblor se sintió con más intensidad y duración en Acapulco y las dos costas, y con menos intensidad en Chilpancingo.

El SSN reportó tres sismos que ocurrieron el miércoles con epicentro en las costas de Guerrero, entre 1 y 3 de la tarde, con magnitudes de 3.9, 3.5 y 4.2 grados. El último sismo, de más magnitud, fue ayer por la noche, con 5.3 grados.

Jorge Nava * En la Codehum hay quejas de internos del penal de Las Cruces por el “exceso de venta de drogas”.

Una fuente de ese organismo de defensa de derechos humanos –quien pidió el anonimato– informó que en las visitas, que efectúan dos veces por semana en dicha cárcel, el año pasado recibieron dos quejas.

Relató que en una ocasión cinco reclusos, liderados por el preso político prófugo Omar Guerrero Solís, se reunieron con autoridades del organismo y con el entonces director Jesús Torres Quiroz, donde el dirigente de reos acusó a Torres Quiroz de ser el principal distribuidor de la droga.

Abundó que en ese momento Torres Quiroz se limitó a decir a los representantes de la Codehum que la población de internos era extensa y desconocía del hecho, mientras que a Guerrero Solís le prometió que se haría una investigación al respecto.

La fuente incluso afirmó que hay protección para ciertos reclusos, principalmente los que purgan condenas en los dormitorios C y D.

Torres Quiroz enfrenta un juicio por permitir la fuga de 14 presos de ese penal, y después de permanecer en Chilpancingo fue trasladado al penal de Las Cruces, donde autoridades penales desconocen en calidad de qué fue remitido, pero la fuente señaló que el procesado será recluido en el dormitorio C.

Confió también que la venta de drogas provoca enfrentamientos entre internos, ya sea porque algunos denuncian los hechos o por la afección a sus conductas.

* Le fabricaron en el MP delitos por fraude y lesiones, dice Efraín Carrera * La supuesta agraviada ha dado dinero para que procedan las demandas, asegura

Karina Contreras * El dirigente de la colonia Balcones al Mar, Efraín Carrera Guerrero, denunció que por delitos fabricados por dos vecinos lo quieren encarcelar, y acusó al Ministerio Público de recibir dinero para agilizar la orden de aprehensión.

Carrera Guerrero dijo que su vecina Gloria Araujo Arenas ha dado dinero a los agentes de los Ministerios Públicos antes mencionados para que procedan las demandas por delitos fabricados su contra. Dijo que los problemas se generaron porque Araujo Arenas se quiso quedar con un predio en Balcones al Mar, y que él como representante no lo permitió.

El líder comentó que por esto se le integraron tres averiguaciones previas, dos de ellas en la colonia Jardín por los delitos de lesiones y fraude supuestamente cometidos contra Gloria Araujo Arena.

Carrera Guerrero dijo que la que más le preocupa es la que se encuentra en el Juzgado Cuarto por fraude. Señaló que los únicos testigos de Gloria Araujo han sido sus familiares.

Finalmente, Carrera Guerrero pidió justicia a su caso; además pide a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local; al procurador de Justicia, Jesús Ramírez Guerero, y al Tribunal de Justicia –a quienes ya les entregó copias del expediente– que revisen su caso.

* Efectivos militares y agentes de la PGR entraron a las celdas de los inculpados, en el reclusorio de Chilpancingo, les tomaron fotografías y grabaron sus declaraciones * “Los agentes judiciales me golpearon, me metieron agua por la nariz para decir cosas que no debería de haber dicho”, denunció el campesino Baloy Vega Cruz, originario de Coyuca de Catalán igual que el coacusado, Camilo Pérez Hernández

De la corresponsalía, Chilpancingo * En medio de fuertes medidas de seguridad, dos presos señalados como presuntos integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), acusados del secuestro del diputado federal priísta Héctor Pineda Velázquez rindieron su declaración preparatoria en el juzgado primero del ramo penal de esta ciudad y dijeron ser inocentes de los cargos que les imputan la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Unidad Especializada para la Delincuencia Organizada (UEDO), de la Procuraduría General de la República (PGR).

“Somos inocentes, no sabemos por qué estamos aquí”, declaró el campesino Baloy Vega Cruz quien en su primera declaración ante el agente del Ministerio Público del fuero común de Coyuca de Catalán, Esteban Mendoza Palacios, declaró haber participado junto con otras diez personas, entre ellas una mujer, en el secuestro del diputado federal.

“A mí, los agentes judiciales me golpearon, me metieron agua por la nariz para decir cosas que no debería de haber dicho”, aseveró el detenido.

Los dos campesinos originarios del municipio de Coyuca de Catalán que ingresaron este miércoles al reclusorio de esta ciudad, fueron interrogados por agentes de Inteligencia Militar y de la Unidad Especializada para la Delincuencia Organizada (UEDO).

Los efectivos militares vestidos de civil y de la UEDO que ingresaron al penal entraron a las celdas de los presuntos eperristas a quienes les tomaron fotografías y les grabaron sus declaraciones.

Según consta en el expediente que obra en poder del MP, los indiciados dijeron ser miembros del EPR, haber cobrado a los familiares de Pineda Velázquez un millón 55 mil 200 pesos de rescate para dejarlo libre el 5 de septiembre de 2001 luego de mantenerlo en un campamento de la sierra de Coyuca de Catalán durante 35 días.

Dice en la declaración atribuida a los detenidos que el dinero que les entregaron los familiares del diputado federal priísta por el distrito 01 de Coyuca de Catalán, era “para el financiamiento           de la causa revolucionaria”.

Admiten según esa acta que cuando estuvieron en el rancho El Trébol propiedad del diputado federal iban vestidos de verde olivo, encapuchados, armados con rifles AR-15, AK-47 y pistolas calibre .45, y en ese momento se hicieron pasar por elementos de la Policía Judicial Federal.

La abogada de los dos presuntos secuestradores, María Eugenia Rendón Sánchez ya interpuso una queja ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum) donde se relata la detención y tortura que recibieron los dos campesinos por parte de elementos de la Policía Judicial del Estado el domingo 5 de enero en la región de la Tierra Caliente.

“Yo estaba en la camioneta –una Combi de pasajeros de una ruta de Ciudad Altamirano– contando el dinero de lo que había recabado en el día cuando dos tipos armados se me acercaron, me pidieron una identificación, yo les entregué la licencia para manejar, luego la credencial de elector y entonces me dijeron que estaba detenido”, asevera Baloy Vega Cruz.

Vega Cruz, de 52 años, es originario de Terétaro, municipio de Coyuca de Catalán, de ocupación campesino y también se dedica a manejar una camioneta tipo Combi de pasajeros en una de las rutas de Ciudad Altamirano.

Camilo Pérez Hernández, de 42 años de edad, originario de El Coyol, municipio de Coyuca d Catalán, se dedica a la agricultura.

La declaración preparatoria ante el juez de ambos presuntos eperristas comenzó a las 2:00 de la tarde y concluyó a las 5:00 de ayer jueves.

Según el juez penal, Derly Alderete Cruz, luego de que se les leyó el expediente a los dos acusados, éstos negaron haber secuestrado al diputado federal priísta y pertenecer al grupo guerrillero.

A partir de hoy jueves corre el término constitucional para que el juez determine si procede o no dictarles auto de formal prisión.

Ante la UEDO, el diputado no señaló que sus secuestradores sean del EPR

En el expediente aparecen las declaraciones que el diputado federal priísta, Héctor Pineda Velázquez, hizo ante el agente del Ministerio Público federal Dax Herbetz Vidal, donde relata desde el día en que fue secuestrado y de qué manera fue liberado.

En ninguna de las dos declaraciones ministeriales –una ante el MPF y la otra ante el MPdel fuero común– Pineda señala nombres de las personas que lo secuestraron y tampoco hace mención de que sus plagiarios le decían si pertenecían al Ejército Popular Revolucionario.

Tampoco revela el monto del dinero que sus familiares pagaron por el rescate.

El legislador relata que los seis individuos llegaron a su rancho El Trébol a las 9:00 de la mañana del día 31 de julio cuando estaba con un vaquero y su hijo de 17 años de edad, Héctor Pineda Flores, bajando unas vacas de un camión.

Los individuos que iban armados con rifles AK-47 y AR-15 se identificaron como agentes de la Policía Judicial Federal.

“Ah con que bajando vacas, a ver dinos dónde está la droga”, le gritó uno de los encapuchados, refiere en su declaración ante la UEDO el diputado federal.

Menciona que a él y a su hijo los subieron en su camioneta y en el trayecto de la carretera rumbo a Coyuca de Catalán les dijo a los secuestradores que les daría en esos momentos 100 mil pesos para que los dejaran libres, pero ellos le exigieron 4 millones.

No hubo arreglo, solamente los secuestradores aceptaron dejar libre al menor Héctor Pineda Flores, para que, según su padre, se encargara de dar aviso a sus familiares y juntar el dinero para pagar el rescate.

“Me hicieron caminar muchas horas en los cerros, nos cambiamos de campamento y en las noches llegaban personas diferentes, entre ellos una mujer”, refiere.

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Copreros que pertenecen a la Confederación Nacional Campesina (CNC) se desistieron de las acciones de protesta que tenían programadas para mañana sábado, después de que la Secretaría de Economía anunció la aplicación del 45 por ciento del arancel a los derivados del coco que ingresen al país.

El comisario público del Consejo Estatal del Coco (Cecoco) y secretario de Asuntos Copreros de la CNC, Emiliano Guzmán Benítez, recordó que los productores del coco de varios estados del país tenían programadas acciones de protesta en los estados de Veracruz, Colima y Guerrero.

Entre las acciones que habían acordado estaban evitar el desembarco de 60 mil toneladas de aceite de coco importado que afectaría la producción nacional, mientras que en el puerto de Acapulco realizaría “una toma simbólica de la terminal marítima”.

Guzmán Benítez, quien acudió a las oficinas de El Sur en Chilpancingo, informó que después de las reuniones que sostuvieron los dirigentes nacionales de los copreros y de la CNC con los secretarios de Economía, Luis Ernesto Derbez, el secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, así como el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, hubo el compromiso de los funcionarios de aplicar el 45 por ciento del arancel al aceite de coco que se importe de otros países.

Explicó que los funcionarios federales se comprometieron a publicar el incremento del 50 por ciento al arancel a más tardar el próximo martes, “por ello nosotros nos vamos a desistir de realizar las acciones que teníamos programadas para el sábado, porque si existe una promesa, nosotros también tenemos que ser corresponsables”, dijo el dirigente de los copreros.

Informó que según el secretario de Economía, Luis Ernesto Derbez hasta el medio día de ayer sólo faltaba por firmar el acuerdo el secretario de Hacienda, Francisco Gil.

Los copreros realizarían también sus acciones de protesta el sábado por demandas como el cumplimiento con la entrega del presupuesto para el Cecoco, el financiamiento de proyectos como la producción del carbón, embotellamiento de agua de coco y el aprovechamiento de la madera.

Pero Guzmán Benítez señaló que la demanda principal era la aplicación del 45 por ciento del cobro del arancel a la importación del aceite de coco, porque señaló que ello implica un repunte del precio de la copra que actualmente se encuentra en 4 pesos por kilo, cuando hace un año estaba a 6.20 pesos. Informó que con el incremento del arancel los copreros esperan que el precio suba a cuando menos cinco pesos con lo que se beneficiarían 25 mil productores de copra y unas 500 mil familias que se dedican a esa actividad.

Guzmán Benítez indicó que existe también el compromiso de parte del Consejo de Administración de Agroindustrias del Sur de que a más tardar el próximo mes de febrero se incrementará el precio de la copra. El Consejo de Administración de Agroindustrias del Sur está integrado por el secretario de Desarrollo Rural, Héctor Manuel Popoca Boone, de Desarrollo Económico, César Flores Maldonado y el Secretario de Finanzas, Rafael Acevedo Andrade.

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Sin respuestas a sus demandas, activistas de la Organización Revolucionaria Emiliano Zapata (OREZ) levantaron ayer su plantón que mantenían afuera de Casa Guerrero y volvieron a instalarse en el kiosco de la plaza Primer Congreso de Anáhuac, luego de una reunión con el secretario de Gobierno, Marcelino Miranda.

Lo anterior debido a que el funcionario estatal les prometió la tarde del miércoles que la próxima semana serán recibidos por el gobernador Rene Juárez en Casa Guerrero. Les aseguró también que a finales del mes de enero les autorizarán 1 de las 50 plazas para maestros bilingües que piden y otra en el mes de febrero.

Mientras tanto, el secretario de Seguridad Pública, Luis León Aponte, les ofreció a los dirigentes de la OREZ revisar los expedientes de los 35 presos indígenas de quienes piden su libertad y se comprometió que cuando menos uno de ellos podría recobrar su libertad este mes, según informó Celestina Gallardo Antonio, dirigente del movimiento. El funcionario les dijo que el próximo jueves tendrían una respuesta más formal con respecto a esta demanda, después de que se hubieran revisado los casos.

Gallardo Antonio indicó que después de estos ofrecimientos y a petición de los funcionarios con los que se reunieron decidieron levantar el plantón que tenían afuera de la puerta 1 de Casa Guerrero y regresarse al kiosco de la plaza Primer Congreso de Anáhuac en donde mantendrán su plantón.

Advirtió que en caso de que no sean recibidos por el gobernador la semana próxima volverán a la puerta 1 de Casa Guerrero.

Brenda Escobar, corresponsal, Zihuatanejo * Dos policías preventivos de Zihuatanejo fueron destituidos de sus cargos por haber sido sorprendidos comprando cocaína en una colonia de este puerto.

El director de Seguridad Pública municipal, Fernando Barrientos Llanes dio a conocer que el descubrimiento de los preventivos fue resultado de un plan operativo implementado para depurar esta corporación de elementos “nocivos para la sociedad”, por lo que Ventura Gallardo Hernández y Pablo Benítez Argüello fueron dados de baja inmediatamente. Barrientos Llanes explicó que estos dos ex policías fueron sorprendidos en la madrugada del miércoles 8, en una revisión que se les hace a los elementos cuando andan por lugares en que no están comisionados, y que en la colonia Vicente Guerrero de este puerto “una de las más populosas y con mayor índice de delincuencia, habían comprado cocaína para su consumo personal, “aproximadamente un gramo”.

Dijo que además de ser destituidos, fueron boletinados a través del Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública por si acuden a otro municipio o estado a solicitar empleo como policías, “tengan el antecedente de su afición a la cocaína”.

Por último, el responsable de la Seguridad Pública en Azueta señaló que este despido “debe de servir como advertencia a todos los demás integrantes de la policía municipal, para que sepan que esta administración no les tolerará este tipo de irregularidades”, advirtió.

Brenda Escobar, corresponsal, Zihuatanejo * En una acción operativa conjunta con elementos del Ejército Mexicano y la Policía Preventiva de Petatlán, agentes de al Agencia Federal de Investigaciones (AFI) decomisaron ayer 382 kilos de pólvora en artificios pirotécnicos en la comunidad de Palos Blancos de este municipio.

El plan operativo se efectuó a las 2 de la tarde, luego de que el Juez Primero Penal de este distrito liberó una orden de cateo para revisar una vivienda ubicada en Palos Blancos, encontrando en su interior más de 10 cajas de cartón y costales que contenían cohetones, luces de bengala, palometas, cebollitas, buscapiés, cohetes, entre otros artificios.

El comandante de la AFI en Zihuatanejo, Francisco Estrada Valencia no reportó personas detenidas en esta operación policiaca.  La pólvora luego de ser pesada quedó bajo el resguardo del 19 Batallón de Infantería.

Maricela Santos, corresponsal, Zihuatanejo * El Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano del Estado de Guerrero rechazó ayer las estrategias presentadas dentro del proyecto para el Programa de desarrollo del litoral de la Costa Grande debido a que “presentaron un refrito de un estudio de la Costa Maya y de lo estados de Nayarit y Jalisco” de acuerdo a los expresado por el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Seduop) del gobierno estatal, Juan Farill Herrera.

La reunión del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano se realizó ayer en la Universidad Tecnológica de la Costa Grande con integrantes del Colegio de Ingenieros y Arquitectos del Estado de Guerrero así como el alcalde de Petatlán, Javier Rodríguez Aceves, el director del Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo Obdulio Solís Bravo, representantes de la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) federal.

En la sesión presidida por Farill Herrera el funcionario estatal difirió con el arquitecto Rafael Trani Cabrera quien presentó el avance de las estrategias de estudio para el desarrollo del litoral de la Costa Grande que se pretende utilizar para hacer un corredor turístico debido a que los lugares citados en el estudio no coincidían con los que existen en esta región, además de que aparecían alusiones a los estados de Nayarit y Jalisco lo que provocó la molestia de Farill Herrera.

“Nos encontramos con la sorpresa desagradable de que no hay avance en el programa que está haciendo Sedesol a través de una empresa contratada que lejos de cumplir en los tiempos, están posponiendo la presentación del programa de desarrollo del litoral de la Costa Grande que servirá para el establecimiento de un corredor turístico”, dijo Farill.

Agregó que “lo más desagradable es que lo que nos presentaron de avance es un vil refrito de otro estudio en el que se habla de lugares como la Costa Maya, la de Nayarit y la de Jalisco que son lugares que no existen en esta región. Eso es un vil refrito al que cambiaron algunos datos”.

Sentenció que el gobierno estatal y el pleno del Consejo Consultivo para el Desarrollo Urbano del Estado de Guerrero no avalará el estudio presentado por Trani Cabrera “si no se hace de manera correcta” y agregó que “no se permitirá que nos tomen como una burla porque es un producto que servirá para hacer un catálogo de inversiones para los ocho municipios de la Costa Grande de Guerrero”.

En la reunión acordaron levantar un acta que se turnará a Sedesol para que revise lo que sucedió con la empresa contratada para el estudio “porque si no cumple le van a cancelar el contrato y aplicarle las multas correspondientes” debido a que el gobierno estatal gestionó ante la federación desde hace un año los recursos para la realización del estudio “que podría costar cientos de miles de pesos”.

Asimismo convinieron vigilar la culminación de un estudio real que deberá ser presentado en sus estrategias el 22 de enero próximo.

Durante la reunión, personal de Banobras presentó a los representantes enviados de los distintos ayuntamientos de la Costa Grande los programas de financiamientos para la elaboración de planes directores de desarrollo urbano y el espacio fue aprovechado por el alcalde de Petatlán, Javier Rodríguez, para señalar que la administración anterior dejó de antemano su municipio endeudado y sin recursos que lo limitarían a pesar de que están interesados del desarrollo sustentable que pudiera lograrse a través de estos programas.

Gregorio Urieta, corresponsal, Cutzamala * La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) y el gobierno del estado han sido complacientes y excesivamente tolerantes ante la existencia de predios forestales con explotación irregular que dañan esos recursos, aseguró el exdiputado local y expresidente de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable del Congreso del Estado, Esteban Mireles Martínez, quien a la vez denunció que el saqueo y explotación intensiva de los bosques de la sierra se ha ido incrementando paulatuinamente en los últimos días.

Esteban Mireles, quien durante su gestión como diputado local por el PRD constituyó el Comité para la Defensa de Ejidos con Vocación Forestal, en el que participaron organizaciones de ecologistas de la sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán y Zihuatanejo, así como los ayuntamientos de Ajuchitlán, Coyuca y San Miguel Totolapan,  selañó en entrevista que “la forma de aprovechamiento forestal en el estado ha dado como resultado un ecocidio forestal, en donde la responsabilidad de los talamontes, de los gobiernos federal, estatal y municipal ha sido patente: unos por aprovechar irracionalmente el bosque y las autoridades por permitirlo y no atender las necesidades de las comunidades en las zonas forestales”.

El exdiputado perredista que también logró que la Comisión Nacional del Agua y el gobierno del Distrito Federal suspendieran la construcción de la cuarta etapa del Sistema Temascaltepec, que implicaba llevarse cuatro metros cúbicos más de agua por segundo del río Cutzamala al Distrito Federal, manifestó que las discusiones y posturas encontradas de varios núcleos forestales de Acatepec, Ayutla de los Libres, Tecpan de Galeana, Chilpancingo y Tlacotepec, se deben a que “a pesar de que por revisiones y auditorías realizadas por la Semarnat y la Profepa, debieron suspenderse los aprovechamientos forestales en 18 predios cuyos permisos vencieron el año pasado, mientras que en otros 18 se han cometido serias irregularidades” con las que esas dependencias y el gobierno del estado y municipales, “han sido complacientes y han guardado silencio ante las violaciones a la ley de la materia”.

El exdiputado, que como presidente de aquella comisión legislativa participó en varios foros de organización y reuniones para plantear y resolver los conflictos forestales, señala que “las autoridades del ramo han dado muestras de excesiva tolerancia para con algunos de los principales madereros que violentan normas y leyes como en el caso del ejido Cordón Grande, de Tecpan de Galeana, en donde la propia Profepa detectó irregularidades en el cumplimiento y ejecución del programa de manejo forestal, además de que un aprovechamiento maderero está sin autorización; en Jaleaca de Catalán, municipio de Chilpancingo, existen diferencias entre los poseedores del predio; en Tlacotepec las autoridades ejidales no están de acuerdo con el aprovechamiento”, explicó Mireles.