* A cabildo, la protección a jóvenes influyentes  
Maricela Santos, corresponsal, Zihuatanejo n El regidor azuetense de la comisión de Seguridad Pública, el perredista Mauricio Cansino González, llevó al cabildo la inconformidad que generó la intervención del síndico, Joaquín González Ramírez, a favor de seis jóvenes de conotadas familias de Zihuatanejo, entre ellos uno de sus hijos, que riñeron con turistas estadunidenses la madrugada del sábado.
Por su parte, el alcalde de Zihuatanejo, Amador Campos Aburto, consideró que la actuación del síndico en defensa de los jóvenes fue incorrecta y una muestra de prepotencia “que deja muy mal parada a toda la administración municipal” porque en ningún gobierno deben avalarse estas situaciones.
El alcalde fue entrevistado ayer respecto a la riña de la madrugada del sábado 28 de diciembre en el estacionamiento de la discoteca Señor Frogs en la cual se vieron involucrados los sobrinos del ex alcalde priísta Jorge Allec Galeana: Jorge Manuel y Abel Allec Salinas, un hijo del síndico y Héctor Octavio Orozco Moreno sobrino del ex oficial mayor del ayuntamiento Arturo Meneses González, de quienes se ordenó la liberación inmediata por parte del síndico municipal ese mismo día sin que siquiera los pusieran a disposición del juez calificador en turno de la Dirección de Seguridad Pública y se omitieron los nombres y datos particulares de los seis detenidos.
Campos Aburto lamentó la situación  y consideró que no deben repetirse acciones como éstas en ningún gobierno pues dijo que de acuerdo a las versiones que le hicieron llegar de manera oficial respecto a los hechos “el síndico actuó con prepotencia cuando regresó al lugar de la riña y discutió con los taxistas cuando éstos señalaron a los jóvenes de haber actuado con prepotencia”.
Se manifestó a favor de que esta situación se dialogue “con el síndico, el director de seguridad y con el personal que estuvo al mando de este operativo porque de ninguna manera se debe volver a hacer lo que hizo el representante social”.
Señaló que “de por sí dicen que  hay prepotencia de él (Joaquín González Ramírez) como síndico dentro de la administración municipal, y con esto, definitivamente no dejó muy bien parada a la administración municipal en general. Pero esperamos que esto no vuelva a ocurrir porque no está bien”
Anoche, en la sesión de cabildo se analizaba el punto a propuesta del regidor Cansino pues algunas fuentes informaron que la intención era aclarar la relación de respeto entre directores municipales y las autoridades que conforman el cuerpo edilicio.

* Purgó tres meses de sentencia con trabajo

* Se le encontró culpable de secuestro y presunta violación de una menor de 15 años
Aurelio Peláez, enviado, Yoloxóchitl, San Luis Acatlán * Chuchín es el acusado.Chuchín es Jesús Huerta Mendoza, quien fue alcalde de San Luis Acatlán hace una década (1989-1991) y fue enjuiciado por la asamblea comunitaria indígena por secuestro y presunta violación de una menor de 15 años hace tres meses.
Fue liberado hace una semana por la comisión formada por los comisarios de la Coordinadora Regional Comunitaria, la cual lo encontró responsable de la violación.
Esto, luego de que durante tres meses, como sentencia para rehabilitarlo, realizó trabajos para la comunidad en los diversos pueblos indígenas de San Luis Acatlán.
Le vieron en Buenavista cargando piedras, trabajando a pala.
Pidió perdón a la familia agraviada, reclamó reparar el daño, si lo hubiere, y se le liberó de los trabajos hace una semana.
Luego, presto, salió de San Luis Acatlán.
Este domingo la asamblea de la Coordinadora Regional Comunitaria pedía cuentas a una comisión de comisarios asignada para dar un veredicto sobre el caso y en público les reclamó por haber tomado la decisión de dejar libre al ex alcalde, ya que esta correspondía a la asamblea.
Los comisarios se defendieron, pero en el fondo la idea fue que “los compañeros descompusieron el asunto”.
El ex ganadero y la joven indígena
El caso de Chuchín fue motivo de pleito político entre la Policía Comunitaria y el gobierno del estado y la Procuraduría General de la República. La familia del ex presidente municipal acudió a las autoridades estatales y federales para acusar a la Policía Comunitaria de tener secuestrado a Huerta Mendoza, cuya vida de rico ganadero ha ido decayendo en los últimos años.
Chuchín fue detenido por la comunitaria como responsable del secuestro de la menor Esther, de origen tlapaneco pero radicada en San Luis. De acuerdo a lo declarado por la muchacha y a lo investigado por esta policía. El rapto se dio en una de las propiedades del ex presidente municipal. También según las investigaciones de la comisión de la asamblea comunitaria, hubo un intento de violación no consumado. Esto según el examen realizado por un médico, cuya conclusión fue puesta en duda en la reunión de este domingo en Yoloxóchitl, una comunidad mixteca.
Luego de escapar del baño en donde estuvo retenida, Esther caminó por dos días hasta regresar a su casa. Para ello, ya era buscada por la Policía Comunitaria, después de que sus padres denunciaran que habría sido víctima de un secuestro. La posibilidad de un plagio en la zona en donde opera esta policía provocó alarma, sobre todo por que la incidencia de este delito ha bajado –lo mismo que los asaltos en las carreteras– y movilizó a la comunitaria de toda la región.
Con las primera declaraciones de la menor, se ubicó al presunto plagiario y se le detuvo. En una asamblea comunitaria se le enjuició, y se condenó a realizar trabajos para la comunidad.
La familia de Huerta Mendoza se movilizó y acusó a la Policía Comunitaria de secuestro. Esta explicó que sólo aplicaba la justicia indígena. Entonces, la familia presentó demandas ante la Procuraduría de Justicia del Estado, y la Procuraduría General de la República en contra de la policía. Por plagio y portación de armas. Desde el gobierno estatal hubo la advertencia a los comunitarios para que liberaran al ex alcalde e incluso hubo amagos de intervención directa en este incidente desarmando a este cuerpo de seguridad. También lo hubo por parte del Ejército.
Los meses de octubre y noviembre fueron de tensión. La aplicación de esta justicia indígena y la existencia de la Policía Comunitaria, se aseguraba desde las instancias estatales, estaba al margen de la ley y la constitución estatal y federal.
Solo a partir de diciembre, con el triunfo de candidatos perredistas de San Luis Acatlán, Metlatónoc y Malinaltepec, que hicieron pública su decisión de dar un reconocimiento oficial a la Policía Comunitaria, la tensión cedió.
En ese contexto se dio la asamblea comunitaria de este domingo. La reunión de la Coordinadora Regional Comunitaria contó esta vez con el aval de los alcaldes de Copanatoyac, Pánfilo Solano, de Malinaltepec,  Apolonio Cruz, y de San Luis Acatlán, Genaro Vázquez Solís, quienes estuvieron presentes. Asimismo, por el cabildo de Metlatónoc. Las autoridades municipales reconocieron la labor de la Policía Comunitaria y manifestaron que desde que ésta se conformó han bajado los delitos en la región.
El debate en la asamblea
La asamblea de la Coordinadora Regional Comunitaria se realiza bajo unas lonas a un costado de la comisaría. Se instaló una mesa para las autoridades, donde se ubicó a los alcaldes, y frente a ellos se sentó los representantes de los pueblos indígenas de la región.
El caso que ocupa por más de tres horas la atención de la asamblea es el de Chuchín. Se pide una explicación a los comisionados de la asamblea para la revisión del caso, y sobre todo hay molestia de que se le haya liberado sin el consentimiento de la asamblea.
Que hubo reparación del daño, se argumenta por los comisionados.
Que no, que fue una reparación el dinero que dio la familia del ex alcalde a la de Esther, porque fue lo que ha erogado desde que se le denunció como secuestrada, hasta los costos del juicio, incluso uno penal que también intentó por el delito de secuestro.
Que Chuchín ha pedido perdón hasta de rodillas al padre de Esther.
Que no basta, porque no hay un convenio de arreglo ante la asamblea comunitaria.
Se dice que ya había un convenio previo, que implicaba el perdón de los padres al agraviador, pero que de última hora la familia de la joven no lo aceptó “porque llegó este señor de rayado, el que está allá y que se enteró al último”, dice un comisario de la comisión.
El de rayado defiende a la muchacha, que el dictamen del médico podría no ser confiable, que la comisión decidió por sobre la asamblea, que qué hay del daño sicológico a la menor.
La familia de Huerta Mendoza, enfrente de la madre de Esther, dice que si hay necesidad de atender ese daño sicológico que ellos también apoyarían.
Defienden otros que si la justicia de los que estudiaron se equivoca, también se puede equivocar la de los de la comisión. Y es que en el informe leído, la comisión de comisarios que participó en la investigación no encuentra justificada con solidez las acusaciones de violación y plagio, y por ello liberan a Jesús Huerta Mendoza.
Ya no es tanto que vuelva a aplicar la justicia al ex alcalde, sino que este es un caso que deja una sensación de discordia, tanto porque se piensa que no se aplicó la justicia, como de que la huida de Chuchín no resuelve el conflicto. Apolonio Cruz, el alcalde de Malinaltepec que preside la reunión, y que fue policía comunitario, urge a que la asamblea dé fin al caso, sobre todo porque “Chuchín debe regresar a vivir y a trabajar aquí”.
Genaro Vázquez interviene y señala que “debemos de resolver este conflicto, porque de él no debe quedar ni una demanda penal del fuero común o federal. Debemos resolverlo aquí”.
Hay quienes insisten en que se cree una revisión que reinicie la investigación. Unos más, en que revisen el caso. Muchos intervienen. Un policía comunitario demanda un caso justo, pues dice, a ellos les toca hacer rondines por 24 horas.
Gana la propuesta de revisar sólo la investigación, y se reconoce que la comisión de comisarios cometió errores. También se habla de buscar la concordia entre las familias. Los Huerta Mendoza, afirman que ya retiraron las demandas penales a la Policía Comunitaria ante la PGR y la PGJE y se comprometieron a firmar ahí un documento que dé fe de ello. Lo mismo la mamá de Esther en el caso de una del fuero común por el delito de secuestro.
Antes, Cirino Plácido, también dirigente de la organización 500 años de Resistencia Indígena, demandó a la asamblea que aunque ese era un caso importante, no todos los asuntos de pleitos de vecinos se llevaran a la asamblea por que la distraía de otras funciones.
La comisión nombrada tendrá la tarea de revisar la investigación, y en su caso lograr un convenio entre las familias, para dar fin a este incidente.
Los alcaldes de San Luis Acatlán y Malinaltepec entregaron al final uniformes, equipos de radio y dos camionetas a la Policía Comunitaria. Florencio García Dolores, presidente municipal suplente de San Luis, exhortó ahí a los integrantes de este cuerpo comunitario a responder con honestidad al encargo que le dieron los pueblos indígenas, a que dieran buen uso a las camionetas, “levanten a los que encuentren en la calle”, y sobre todo, a no tomar alcohol en horas de servicio, “porque con el consumo del alcohol se presentan los problemas”.

* Envían regidores escrito al Congreso local
 
* El alcalde Maclovio Ariza Acevedo “se anda escondiendo”, aseguran  Podrían pedir su desafuero, señalan nueve de 12 regidores
Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Nueve de 12 regidores de la comuna de Chilapa pidieron al gobernador René Juárez y al presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Carlos Sánchez Barrios, que intervengan para que retorne la gobernabilidad en ese municipio, luego que la noche del pasado viernes un grupo de comerciantes destruyeron más de 60 locales del mercado del centro de esa localidad.
Asimismo exigen que el alcalde perredista Maclovio Ariza Acevedo, de quien dijeron que tras esos hechos “se anda escondiendo”. Piden que asuma su responsabilidad y el gobierno de ese municipio, de lo contrario pedirán su desafuero.
Los regidores Roberto Atrisco, de Convergencia por la Democracia (CD); del PRI, Fidel Ramírez, Tita Alcocer, Wilfrida Sánchez; Oscar Silva Abarca del PAN; Rosa Isela Cortés Silva, Rey David Vázquez, Francisco Benítez Domínguez y María Rodríguez del PRD, ofrecieron ayer una conferencia de prensa en esta capital donde expresaron su preocupación por los hechos de violencia del viernes y criticaron la indiferencia del alcalde Ariza Acevedo al no intervenir en la solución del conflicto.
“Al ver la indiferencia del presidente municipal (los regidores) hemos decidido acudir a las instancias estatales, al Congreso del estado y a la Procuraduría de Justicia para que se aplique la ley, no es posible que estemos en el abandono por culpa del alcalde”, dijo el regidor del PAN, Oscar Silva, quien denunció además que el edil constantemente viola los acuerdos del cabildo.
Dijo que ante los hechos del viernes, cuando los comerciantes del nuevo mercado encabezados por su dirigente Santos Ariza destruyeron con picos y marros y hasta con un trascabo los locales del antiguo mercado del centro de la localidad, “el presidente municipal ha escondido la cabeza, lo que ha suscitado más desgobierno en Chilapa porque él no ha aparecido para nada”.
El alcalde que llegó a la alcaldía a través de una alianza entre el Partido del Trabajo (PT) y el PRD, Maclovio Ariza Acevedo, es hermano del dirigente de los comerciantes del nuevo mercado, Santos Ariza, y del presidente de la mesa directiva del mercado viejo, Víctor Ariza.
Santos y Víctor Ariza están rivalizando porque mientras el primero exige que unos 70 comerciantes del antiguo mercado ubicado en el centro de la localidad se trasladen a las instalaciones del nuevo centro de abastos, el segundo y su gente se niegan a abandonar los locales del centro.
La falta de acuerdo entre los tres hermanos; el alcalde y los dirigentes de las dos organizaciones de comerciantes en pugna, ocasionó que la noche del viernes los comerciantes del nuevo centro de abastos destruyeran los locales del mercado viejo.
“Los regidores del PRD, PAN, CD y PRI, estamos en la misma situación de exigirle al presidente que asuma su función o que se vaya, si no sirve para esto”, dijo el panista Oscar Silva.
Señaló que el edil Maclovio Ariza no interviene en el caso por dos cosas: “Por temor a actuar porque es una persona sin carácter y por complicidad con su hermano Santos porque le financió gran parte de su campaña electoral”, aseguró.
Dijo que el edil “le tiene terror a su hermano”, a tal grado que ha permitido que lo haya sitiado en el ayuntamiento “donde estamos bloqueados por montones de tierra en todas las calles que llegan al ayuntamiento, y eso los regidores no vamos a permitirlo”, advirtió.
Los nueve regidores enviaron ayer un documento al gobernador René Juárez y al presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Carlos Sánchez Barrios a quienes demandan su intervención urgente en ese municipio para que retorne la gobernabilidad.
En sendos escritos firmados por los nueve regidores informan a Juárez Cisneros y a Sánchez Barrios de los hechos que ocurrieron el viernes de la semana pasada.
“Se vivieron acontecimientos sin precedentes, de carácter vandálico en los que un grupo de 300 gentes encabezados por Santos Ariza, hermano del presidente municipal, en un acto de barbarie destrozaron establecimientos propiedad del municipio, bienes muebles y mercancías de aproximadamente 62 comerciantes que tienen más de 50 años de antigüedad, utilizando palas, picos, varillas y una máquina retroexcavadora. Hechos que se consumaron en presencia del presidente municipal Maclovio Ariza”, señalan e el escrito.
Asimismo, los regidores se deslindan “de cualquier omisión en virtud de que con anterioridad el cabildo le sugirió al presidente municipal que solicitara el respaldo al gobierno del estado en cuanto a seguridad pública se refiere”.
“Nos sorprende a los firmantes el desinterés que ha mostrado el presidente municipal para actuar conforme a derecho ante estos acontecimientos, permitiendo con ello la ingobernabilidad que a escasos 28 días de gobierno se sigue incrementando”, exponen.

Lamenta que Amador Campos no pueda autorizarla

 

Brenda Escobar, corresponsal, Zihuatanejo * El presidente de la Asociación Ganadera de Zihuatanejo, Ramiro Sánchez Maciel dijo que la creación de la Policía Rural Ganadera en este municipio “no es por gusto, es una necesidad debido al clima de inseguridad que existe”; y lamentó que el alcalde, Amador Campos Aburto, no tenga las facultades legales para autorizar su constitución.
Luego de conocer el resultado de la reunión que los promotores de la Policía Rural Ganadera, Armando Espinoza Pastrana y Jesús Sánchez Maciel, así como el regidor de Agricultura y Ganadería, Antonio Vejar Espinoza sostuvieron con el alcalde Amador Campos Aburto el 23 de diciembre, donde el edil se declaró sin las facultades legales para la constitución de esta organización policiaca, el líder ganadero manifestó que el área rural también requiere de seguridad policiaca.
Indicó que la Policía Rural Ganadera estuvo operando en este municipio hace 12 años con el apoyo de los gobernadores José Francisco Ruiz Massieu y Rubén Figueroa Alcocer, quienes en su momento, les tomaron la protesta como guardianes del área rural del municipio azuetense, “porque años atrás, era una gran ola de abigeatos, asaltos y secuestros que se vivían seguido”, planteó.
Indicó que cuando la policía rural funcionó, “logramos mucho para el bienestar de nuestro municipio y se frenó el clima de inseguridad que se vivía”.
Sánchez Maciel hizo hincapié en que “no es nada grato traer un arma fajada, es una gran responsabilidad, pero como campesinos, estuvimos a punto de abandonar nuestras parcelas porque era riesgoso salir a trabajar con el temor de que quizá uno no iba a volver, ya sea por un secuestro o que nos mataran en el campo y por eso decidimos organizarnos y se creó la Policía Rural Ganadera”.
“No es por gusto que se esté insistiendo en su conformación de nueva cuenta, es una necesidad debido al clima de inseguridad que persiste en las comunidades rurales, nosotros los campesinos y ganaderos conocemos las veredas y los caminos y conocemos también a los malandrines que no trabajan, que todo el día están en sus casas sin hacer nada y de noche anda en los montes y los caminos”.
Agregó que aunque la situación por la que atraviesan los hombres del campo honestos, es preocupante, “a la fuerza no podemos presionar al gobierno municipal para que autorice la conformación de la Policía Rural, pero creo que sí requerimos de vigilancia en el campo y que nos tomen en cuenta y si la ley dice que la ciudadanía no puede participar de esa manera, tendremos que buscar otras estrategias para que haya más seguridad pública, porque estamos convencidos de que no nada más se debe de atender la zona urbana, también en la zona rural”, expuso.

Señor general:
La situación por este rumbo se ha puesto difícil con motivo del reparto de tierras pues entre los pacíficos sembradores hay un descontento general por haberles quitado, si no todo si una parte del terreno que reconocían para sembrar para dárselos a otra persona. Usted conoce este rumbo y sabe más o menos que hay personas competentes para sembrar un terreno de más o menos extensión donde levantan una cosecha bastante para su familia y les sobra suficiente maíz; hoy a estos sembradores les han reducido en su siembra al grado que apenas cosechan lo que se come su familia por lo que se ha calculado que las cosechas de este año no serán suficientes motivo a que el terreno sembrado es el mismo del año anterior y lo que ha aumentado en gran número son los sembradores que muchos de ello se comerán en elotes lo que van a sembrar. Por otra parte el maíz por acá ha alcanzado un precio muy alto y va subiendo más de día en día, quizá habrá cooperado para esto el que los jefes han exigido cada quien en su localidad cantidades considerables relativas a las existencias que había de dicha semilla redundando este procedimiento en agravar más la situación pues en muchos puntos de esta región tan productiva en semillas tiene Ud. que o se encuentra nada de maíz y los habitantes tienen que emigrar en su busca a los centros donde con dificultad se les vende a un precio sumamente elevado.
Todo esto Sr. General creo a no dudarlo que con su venida se remediaría en parte esta crisis y se convencería de la veracidad de mis informes que como un deber se los manifiesto.
Aclaración de María de la Luz Núñez Ramos
Señor director:
Ruego una breve aclaración sobre el contenido del discurso del 21 de diciembre en el homenaje a Juan R. Escudero.
Les agradezco las aportaciones que hacen de redacción pero una de ellas modifica el contenido del texto.
Dije: “Solicito al gobernador del estado, licenciado René Juárez Cisneros ordenar lo que el gobierno del estado ha desordenado”. Nunca dije ordenar lo que su gobierno ha desordenado. El desorden en transportes y comercio ambulante, es obra colectiva de los gobernadores principalmente desde don Rubén Figueroa Figueroa, acentuado por los siguientes, con el breve paréntesis de don Alejandro Cervantes Delgado. Por ello distingo entre gobernador del estado y gobierno del estado. Cuestión de matiz. Gracias por la atención.
Aprovecho esta breve carta para expresarles a todos, a ti, a Maribel, al equipo de El Sur y a los lectores mis mejores deseos con motivo del año nuevo.
María de la Luz Núñez Ramos

Jorge Nava * Dos testigos de descargo acudieron ayer a declarar al Juzgado Segundo de Distrito a favor del dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), de Coyuca de Benítez, Gerónimo Hernández Refugio.
Los testigos fueron Eduardo Flores Guzmán y Rodolfo Carranza Pastrana, quienes ofrecidos por el defensor de Hernández Refugio, José Sánchez, acudieron a declarar. Un tercer testigo, María Quirinos, no se presentó a dar su testimonio a favor del dirigente enjuiciado por portación de arma de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
El primero en declarar fue Flores Guzmán, quien expresó ante el secretario de acuerdos adscrito al Juzgado, Jorge Galván Martínez, que el 19 de octubre quedó con María Quirinos para pasar su cumpleaños con ella.
Narró que al otro día llegó con ella a las 9:30 horas porque se iban a bañar al río.
Señaló que pasaron por el lugar llamado El Nanchal, por donde están los cables de alta tensión, y que en una huerta encontraron a un señor de nombre Domingo, cuando vieron que pasó Gerónimo y después oyeron balazos.
Agregó que vieron que Gerónimo después bajó de una palma, mientras a lo lejos vieron a agentes de la Policía Motorizada que bajaron por donde está una casa, por el arroyo.
Añadió que hubo mucho movimiento y se regresó con María a la carretera.
El defensor José Sánchez le preguntó si su defendido portaba un arma, a lo cual el testigo señaló que no.
Por su parte, Carranza Pastrana dijo que esperaba a Hernández Refugio para que se le informara sobre un foro nacional en la ciudad de México, donde se abordaría el tema de los sobrevieintes de la masacre de Aguas Blancas, que lo esperaba en la casa de Epimenia, y más tarde se enteró que lo detuvieron.
Enfatizó que al procesado lo conoce como una persona que no usa armas porque es un luchador social.
Se negó declarar sobre cómo se detuvo a Hernández Refugio porque no le consta.
Renuncia el abogado José Sánchez a la defensa del dirigente de la OCSS
El abogado José Sánchez, defensor del dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Gerónimo Hernández Refugio, informó que renuncia a su defensa después de que su defendido envió una carta a este diario donde desmiente otra que envió la semana pasada.
En esta redacción, José Sánchez aclaró que defendió a Hernández Refugio porque la esposa de éste, Victorina Valente Ventura, se lo pidió el domingo 21 de octubre.
Detalló que ese día Hernández Refugio declaró ante el agente del Ministerio Público de Coyuca de Benítez, luego de que fue puesto a su disposición como presunto responsable del delito de secuestro en grado de tentativa, robo, lesiones y lo que resulte en agravio del celebrador católico José Píndaro Mendoza Bello.
Sostuvo que también lo asistió como su defensor como ser humano y no como miembro de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS).
Sobre la carta enviada a esta redacción el 12 de este mes y publicada en este diario, entregada por José Sánchez, Hernández Refugio asegura que fue “utilizado y engañado” por Sánchez para dar una posición sobre la OCSS.
Consideró que hay personas que están detrás de la crítica que le hace Hernández Refugio, a quien calificó como una persona que tiene problemas de conducta.

 

* Dos sobrinos de Jorge Allec, el hijo del ex oficial mayor del priísta, y la hija de Armando Federico González, entre los involucrados en el pleito

Maricela Santos, corresponsal, Zihuatanejo n El síndico procurador Joaquín González Ramírez impidió la madrugada del sábado la detención de seis jóvenes –entre ellos sus dos hijos y parientes de los ex alcaldes priístas de este municipio, Jorge Allec Galeana y Armando Federico González– que riñeron con estadunidenses en la discoteca Señor Frogs.

La intervención de síndico provocó que fueran liberados cuando los trasladaban a la Dirección de Seguridad Pública municipal para ponerlos a disposición del Juez Calificador en Turno, Victorio Cisneros Moreno, quien no asentó en su parte informativo los datos particulares de los juniors.

Parte de la riña suscitada en el estacionamiento de la discoteca fue evitada por personal de la Dirección de Actividades Comerciales y Espectáculos Públicos del ayuntamiento, quienes al momento en que inició el conflicto estaban en el lugar en un operativo junto con dos policías preventivos, quienes a su vez solicitaron el apoyo de elementos de la Policía Preventiva Turística para la detención de los seis jóvenes.

En tanto que taxistas intervinieron en defensa del grupo de estadunidenses con los que discutieron los jóvenes, quienes decían que les habían faltado al respeto los turistas. De acuerdo con versiones de quienes presenciaron los hechos, los turistas les decían que no querían pelear y que se tranquilizaran porque no querían problemas.

En los hechos se vieron involucrados Jorge Manuel y Abel Allec Salinas, sobrinos del ex alcalde priísta Jorge Allec Galeana, así como un joven de nombre Héctor Octavio Orozco Meneses, hijo del ex oficial Mayor y ex titular de la Dirección de Espectáculos en el periodo de Allec, Arturo Meneses González. Estos mismos jóvenes en estado de ebriedad respaldados por un grupo de policías turísticos protagonizaron el 26 de marzo de este año una riña con un grupo de meseros del Señor Frogs y el gerente del lugar Mattew Pérez Medellín, a quienes les lanzaron gas lacrimógeno, amenazaron con armas, esposaron y detuvieron en la barandilla municipal en dónde incluso tuvieron que pagar una multa.

La riña del sábado 28 comenzó a las 2:45 de la madrugada dentro de la discoteca en la que convivían dos jóvenes identificados como hijos del actual síndico procurador de nombres Jorge y Graciela González. Con ellos estaba Erika González, hija del subsecretario de Fomento Turístico del gobierno estatal y ex alcalde Armando Federico González Rodríguez, así como Jorge Manuel Allec Salinas y Héctor Octavio Orozco Meneses con un grupo de amigos.

Al interior de la discoteca inició la discusión aparentemente provocada por Allec Salinas contra un grupo de cuatro estadunidenses, percatándose de ello el actual titular de la Dirección de Actividades Comerciales y Espectáculos Públicos, Noé Nogueda Alba quien pidió la salida de los jóvenes del local. En el estacionamiento del mismo reinició la discusión verbal y algunos empellones contra los turistas, por lo que se trasladó al lugar una patrulla de la policía preventiva para arrestar a seis de los jóvenes azuetenses.

Por versiones de quienes estaban en la discoteca al momento de estos hechos, se sabe que Jorge Manuel Allec Salinas y Héctor Manuel Orozco Meneses increparon con palabras altisonantes al funcionario municipal Nogueda Alba y amagaron desde el principio con llamar al síndico procurador. Vía celular pidieron el apoyo del síndico cuando los trasladaban a la guardia de prevención de la Dirección se Seguridad Pública abordo de una patrulla “pero los turistas no fueron localizados para que fueran a dar su declaración correspondiente”.

A los pocos minutos, se presentó el síndico y se dirigió con el juez calificador en turno, Victorio Cisneros Moreno “ordenando la       libertad del grupo de seis jóvenes, ya que uno de ellos era el hijo del síndico procurador municipal de esta ciudad (Joaquín González Ramírez), quedando en libertad inmediata y trasladándose al Señor Frogs para saber cómo habían sido detenidas sus amistades”.

A las 3 de la madrugada del sábado se vio al síndico hablando con una docena de preventivos turísticos en la zona de Ixtapa a la altura de la discoteca, donde habría preguntado el motivo de los hechos, luego de lograr que ni siquiera se incluyeran los nombres y datos personales de los jóvenes que protagonizaron la riña.

 

David Molina, una vida de lucha junto al pueblo

 Está por terminar un año más de nuestro ciclo de vida en los tiempos actuales. Año, como medida del tiempo, inventada por los ancestros de todas las culturas del mundo, a la que interpretaban hoy con atavismos y premoniciones fatalistas, y mañana con buenos augurios, dependiendo de la posición de las estrellas, los soles y los planetas, simbología que supieron interpretar y que les 0dio desde su génesis cultural una cosmovisión.

Concepción del universo de la que carecemos hoy los actuales pobladores de la tierra, los de la era de la modernidad, de la llevada y traída globalización o más contundentemente, de la era del capitalismo en su máxima expresión con sus modernos gobiernos imperiales denominados también neoliberales.

Pero, no me propongo por ahora, discutir acerca de estos rimbombantes conceptos. Quiero hoy, que está por finalizar el 2002, en el marco de las celebraciones universales de navidad y año nuevo, compartir esta reflexión en torno a la vida de David Molina Francisco, amigo entrañable, compañero de luchas y utopías, víctima en la actualidad de la opresión de Estado.

Por decisión del gobierno de Guerrero y su pandilla de caciques que lo mal gobiernan, Molina se encuentra por cuarta vez en su vida privado de su libertad. Dos veces ha estado en calidad de preso por motivos políticos y dos más secuestrado.

El primer tormento sufrido en el mal llamado Centro de Readaptación Social de Acapulco (Que más bien es la mejor escuela del crimen organizado en todo el país), fue durante octubre de 1988 al calor de las luchas postelectorales del pueblo de Coyuca de Benítez, derivadas de la insurrección cívica encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas; y la que padece actualmente desde el 16 de agosto de 2001, con motivo de sus luchas por conseguir tierra y techo para los excluidos de ese derecho social, siendo uno de sus férreos detractores nada más y nada menos que Israel Nogueda Otero, aquel ex gobernador sustituto que se hizo célebre por haber sido destituido del cargo en 1975 acusado de lucrar con terrenos ejidales precisamente en Acapulco.

Fue víctima del primer secuestro siendo dirigente del PRD en Coyuca de Benítez, durante las elecciones municipales de 1989, producto de la ola represiva desatada por el extinto ex gobernador José Francisco Ruiz Massieu en contra de los ayuntamientos populares instalados por el PRD a raíz del fraude electoral. El segundo, en abril de 2000 como medida de amedrentamiento para desalentar su participación en la lucha social de la actualidad.

Pero la trayectoria de David Molina no es sólo en el terreno de la lucha social y política, también ha sobresalido en el aspecto académico. Cursó la licenciatura en derecho en la Escuela Superior de Ciencias Sociales de Acapulco; realizó estudios de maestría en Ciencias Sociales y es miembro activo del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG), desde hace más de 20 años cuando ingresó como profesor universitario.

Precedido de una trayectoria de líder universitario desde sus años como estudiante preparatoriano, destacando como dirigente de la Federación Estudiantil Universitaria Guerrerense (FEUG); miembro y dirigente de organizaciones estudiantiles de los años 70, militante y dirigente político desde siempre al lado de los forjadores de organizaciones políticas como el MLR, MIRE, y ACNR (nuevos cívicos) que sentaron junto a otras vertientes políticas los cimientos de lo que hoy es el poderoso Partido de la Revolución Democrática (PRD). En la actualidad prominente miembro y dirigente del Movimiento Democrático del Sur (MDS), y líder indiscutible del movimiento social urbano-popular de Acapulco y Coyuca de Benítez.

David Molina no es un delincuente como lo quieren hacer aparecer los voceros gubernamentales, su historia de vida nos dice que es un reconocido catedrático universitario, un destacado dirigente político, que ha coadyuvado al nacimiento de nuevas organizaciones sociales que han fortalecido la lucha de la sociedad civil por conseguir mejores condiciones de vida a través de la protesta y la resistencia civil organizada.

Los delincuentes están del lado del gobierno que hoy lo mantiene injustamente en la cárcel. Allí están los patéticos casos de los verdaderos culpables de delitos que agravian a la sociedad entera como Rubén Figueroa Alcocer responsable de la matanza de Aguas Blancas quien se pasea por las calles impunemente, o el caso de Rubén Robles Catalán cómplice de Figueroa y presunto autor intelectual del asesinato del licenciado Norberto Flores Baños. Ya no se diga del mencionado ex gobernador Israel Nogueda Otero, quien no tiene autoridad moral para reclamar los terrenos en litigio con colonos por el rumbo de Pie de la Cuesta y que es el principal motivo por el que David Molina está en prisión, ya que él fue destituido como gobernador del estado por acusaciones relacionadas con apropiaciones indebidas de terrenos propiedad de la nación.

¿Quién garantiza en Guerrero la legitima propiedad? ¿No es acaso la misma clase política que hoy está en crisis por los atropellos que han cometido con el pueblo de Guerrero durante décadas?

Delincuentes organizados son Antonio Valdez Andrade y Fortino Rodríguez Cruz (Garibaldi), ambos protegidos por el PRI y el gobierno del estado, sobre quienes pesan sendas órdenes de aprehensión que nunca se han aplicado. Estos tipos invaden calles se roban la luz eléctrica, bloquean las calles y andan libres gozando del fuero que el gobierno del estado les concede. Mientras a la oposición se le aplica con rigurosidad la ley, a los militantes del partido oficial se les solapa y protege. ¿No es esto una clara violación del Estado de derecho por los mismos que lo representan?

El gobierno de René Juárez Cisneros no tiene razón alguna, política, jurídica o moral para mantener en prisión a David Molina Francisco. Difícil es que la problemática que enfrenta Israel Nogueda Otero y el gobierno del estado con el caso de la colonia Campo de Aviación se resuelva si Molina permanece en la cárcel. Ya bastantes maniobras han hecho aprovechando la ausencia de Molina para tratar de dividir a los colonos y desalojarlos y no lo han logrado. Tampoco han prosperado los amagos de desalojo con la fuerza pública. El único camino señores, deben entenderlo es una negociación justa y digna para las partes. Entre más tiempo pase Molina en la cárcel, la deuda  del gobierno y de Nogueda Otero con Molina se acrecienta. Su estancia en prisión no es gratis señores.

Transportes público

Debido al nocivo centralismo que ejercen el gobierno federal y los estados por igual, en prácticamente todas las actividades desde la política hasta las decisiones del campo pasando por toda la agenda social, el sano desarrollo de pueblos y municipios seguirá impidiéndose o afectándose gravemente. Nuestra entidad junto con Oaxaca y Chiapas, son ejemplo palpable de este subdesarrollo que nos mantiene en los últimos lugares del progreso social.

Desde el centro de país y del estado, son manejados astutamente, rubros relevantes que deberían ser operados y decididos en forma y fondo por pueblos y municipios, es decir, de la periferia al centro, si existiera el tan cacareado federalismo, así salud, educación, justicia, transporte, desarrollo rural, ecología, pesca, ganadería, y muchos más, incluso hasta desayunos escolares y aquellos que se servirán en Cendis y otras dependencias, aduciendo incapacidad, torpeza e ineficiencia de las autoridades locales y destreza, pericia y visión de aquellos en el gobierno federal o estatal, sentados tras un escritorio, deciden las políticas  que en esos relevantes temas deben ejercerse.

En nuestro estado, todo el transporte público se maneja desde el gobierno estatal, transporte liviano y pesado, camiones, camionetas y más, los permisos, las concesiones, las relaciones con sitios, terminales. Es del conocimiento público que permisos y concesiones oficialmente no tienen costo, pero que en la práctica siempre ha existido y el mismo, depende del funcionario que los expide, el que los comercializa, hacia quien o quienes se conceden, cual es el motivo de su expedición, de si es o no momento electoral y muchos otros factores más.

Pero, no todo queda ahí, gracias a estas prácticas, conocidas por las autoridades en general y por las de transporte en particular, también se sabe de los números dobles, de los piratas, de los tolerados, de las alimentadoras, y de las relaciones entre los departamentos de tránsito y los concesionarios, de aquellos y los choferes, de las mordidas permanentes, de las mochadas de los de a pie hasta los jefes, de abajo hacia arriba. Del gran negocio, diario, semanal, mensual, anual.

El problema existe en todo el territorio estatal, todos los municipios tienen exceso de concesiones para operar vehículos de transporte público sobre todo vehículos livianos, una buena cantidad de concesionarios son ajenos al medio y los verdaderos trabajadores del volante son los últimos en beneficiarse, gran cantidad de ellos carece de los recursos económicos para comprar, reparar, y mantener unidades motoras propias, son trabajadores independientes que no reciben ninguna prestación y cuyos ingresos son variables, contrario a lo que sucede al propietario que recibe puntualmente lo convenido.

Sólo en Acapulco existen 10 mil vehículos de transporte público sin contar las intermunicipales, una gran proporción de los mismos en manos de ex diputados, ex funcionarios o funcionarios actuales, que utilizan prestanombres para ocultar todo rastro de posesión, un alto porcentaje de esas unidades requieren permisos semanales cuyo costo es variable y discrecional, la suma supera las seis cifras y se ignora a cuanto asciende, pero se sabe que alcanza para enriquecer y corromper a diferentes niveles de funcionarios públicos, cuya corroboración solo es posible a través de las mismas autoridades.

En todo esto, juegan papel importante las uniones, los líderes, los directamente beneficiados, aquellos que manipulan a los conductores para hacer bloqueos y cierre de vialidades, sin importar el daño que le ocasionan a nuestra ciudad, al turismo, a la ciudadanía en general, a quienes deben llegar a sus trabajos, a los enfermos cuya vida se pone en riesgo a bordo de vehículos o ambulancias, a turistas y residentes que pierden vuelos o corridas terrestres, las contaminación ambiental por residuos del excesivo gasto de combustible generado por la lentitud del tránsito entre otros.

Para estas personas los intereses de la ciudad y de la población pasan a segundo término, son los propios lo único que cuenta, provocar el caos es parte de su estrategia, sobre todo sabiéndose acompañados de funcionarios o ex funcionarios, y a pesar de la existencia y exhibición de órdenes de aprehensión en su contra, siguen protegidos por quienes deben ejercer la ley y la justicia.

Con este panorama en el transporte público, todo el esfuerzo que la ciudad haga por atraer turismo, por dar otra cara, para ofrecer seguridad, tranquilidad, paz y orden se va por la borda, en tanto el gobierno estatal no deje de ofertar concesiones para el pago de promesas de campaña y satisfacer a personas y organizaciones, no exista un reglamento que regule el tránsito en beneficio de la población, no haya castigo para los que violan leyes y bandos federales, estatales y municipales, seguiremos siendo rehenes de delincuentes protegidos.