Brenda Escobar, corresponsal, Zihuatanejo * Cuatro policías preventivos ingresaron ayer por la tarde al hospital general de este puerto presentando un cuadro severo de intoxicación tras haber comido pastel en mal estado.

Los agentes Esperanza Reyes Aguirre, de 34 años, María Isabel Del Carmen Castañón de 21, Baltasar Ramírez Blanco de 26 y Laura López Zúñiga de 25 años, fueron atendidos de emergencia al presentar vómito, diarrea y cuerpo entumido, luego de que junto con 16 policías más comieron pastel en las instalaciones de Seguridad Pública municipal.

 Maricela Santos, corresponsal, Zihuatanejo * Cinco empresas transportistas coordinadas por Estrella de Oro comenzaron este fin de semana corridas directas diarias hacia el Bajío con conexiones a los estados de Michoacán, Guadalajara, Sinaloa, Sonora, Tijuana, Baja California y San Luis Potosí.

El servicio se dará en primera y segunda clase a través de Transportes y Autobuses del Pacífico con 13 corridas al día, así como Autobuses Galeana, Autobuses La Vía, Autobuses Pa’hikuni y Estrella de Oro.

Las cinco empresas se organizaron para trabajar bajo un acuerdo mutuo con el objetivo de atraer turismo por la vía terrestre todo el año hacia Ixtapa y Zihuatanejo.

El objetivo es captar por lo menos el 10 por ciento de ocupación hotelera en Ixtapa y Zihuatanejo durante todo el año y que de igual forma se visite la zona industrial de Guadalajara.

 Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo * Al aceptar la modificación de las cláusulas de los contratos colectivos de trabajo planteadas por el ISSSTE y por la Secretaría de Educación Pública (SEP), los trabajadores académicos y administrativos de la Universidad Autónoma de Guerrero, resultaron perjudicados debido a que se perdieron varias prestaciones relacionadas con el sistema de seguridad social, sostuvo el ex integrante del comité ejecutivo central del STAUAG, Alfonso Aguario Alvarez.

En entrevista, expresó que poco o nada se pudo hacer durante el pasado Congreso General del STAUAG, ante la embestida del ISSSTE y de las autoridades universitarias, por lo que al final se aceptaron las modificaciones.

Explicó que de las cláusulas centrales que la SEP insistía que se quitaran del contrato colectivo, fueron la número 13, que estará en vigor hasta el 31 de diciembre del presente año, señalaba que los miembros del personal académico jubilados gozarían de los mismos derechos y prestaciones que los trabajadores académicos en servicio.

Indicó que en la UAG como no existía un programa de jubilación, se les liberaba de jornada, y cobraban todos los aumentos y beneficios de los trabajadores en activo, en este caso prima de antigüedad, material didáctico, despensa familiar, ayuda de renta y transporte.

Sin embargo, expresó, dicha cláusula se modificó y señala que “los trabajadores académicos jubilados gozarán de sus derechos y prestaciones que establece la Ley del ISSSTE”, lo que significa que se acabó la posibilidad de que la UAG pague un peso a cualquier jubilado, lo que significa que la universidad se descarga de toda obligación.

Una segunda cláusula que se “quitó” fue la número 15 transitoria, que también estará en vigor hasta el próximo martes, en donde indicaba que la UAG cubriría “al personal académico que cumpliera requisitos de edad o años de servicio para jubilación que establece la Ley del ISSSTE, el salario íntegro incluyendo las prestaciones y serán sujetos a los incrementos otorgados a los trabajadores en servicio, y pensionará al personal que solicite su retiro por edad, incapacidad médica, o inhabilidad”.

Dijo que esta cláusula que se refiere al reconocimiento de la antigüedad quedó de la siguiente manera: “Se establecerán las siguientes etapas, primera, los beneficiarios del monto inicial de 50 millones de pesos aportados para el programa de pensiones y jubilaciones que se ejercerá a través del ISSSTE, incluyen a todos los trabajadores denominados liberados de jornada que se encuentran en las nóminas de las unidades académicas, dependencias y en las conocidas como pensionados de la UAG correspondientes”.

Pero añade que “aquellos trabajadores que al 31 de diciembre del año 2002 cumplan 30 y 28 años de servicio respectivamente, previa solicitud”, en la cláusula se menciona también que a partir del año 2003 serán beneficiados con el programa referido los demás trabajadores que requieren del reconocimiento de la antigüedad laboral real una vez otorgado el financiamiento correspondiente.

Manifestó que en esta cláusula 15 transitoria, se excluyen a los trabajadores que cotizan al ISSSPEG, y al ISSSTE, y quienes ingresaron a la UAG a partir de 1992, en tanto no concluya el programa de pensiones y jubilaciones para el resto de los trabajadores, “la universidad se obliga a otorgar las prestaciones de la seguridad social contemplados en el contrato colectivo de trabajo de los años 2001 y 2002”.

La UAG y el STAUAG acordaron que mientras no se otorguen los recursos para el programa de pensiones y jubilaciones a través del ISSSTE, el cláusulado del contrato colectivo de trabajo 2003-2004, al que se le harán las modificaciones en materia de seguridad social, no entrarán en vigor para los trabajadores a quienes no se les reconozca su antigüedad, por lo tanto los trabajadores que estén en posibilidades de obtener su jubilación podrán solicitar su pensión a dicho instituto.

Señaló que hay otras cláusulas que se modificarán a partir del uno de enero son la número 12, en la que se menciona que la universidad puede a solicitud del trabajador podría solicitar su recontratación una vez que sea pensionado o jubilado “esto ha causado muchos problemas, porque los compañeros que han sido recontratados y metidos a la nómina, de inmediato se les descuenta la cuota del ISSSTE, y les cobra intereses y les deja de pagar su pensión”.

Ahora el ISSSTE planteó que si se van a recontratar a uno o a todos lo jubilados, la UAG tendrá que hacerlo por “pago de honorarios”.

Jorge Nava * La Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) opinó que la Fiscalía Especial para investigar los crímenes del pasado pretende tomar el caso de la masacre de Aguas Blancas para darle “carpetazo”.

Por ello, insiste en que sea la Procuraduría General de la República (PGR) la que investigue el caso, de acuerdo con el compromiso del gobierno mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), además de la desaparición de Gilberto Romero Vázquez, el 24 de mayo de 1995.

Los dirigentes de dicha organización Hilario Mesino y Rocío Mesino, y el dirigente del Movimiento Social de Izquierda, Renferi Hernández Acevedo, señalaron lo anterior al acudir el sábado a la redacción de El Sur, acompañados por la integrante de la sección Novena del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Concepción Báez Medina; la estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Perla Rojas Martínez; y la profesora de Oaxaca, Paola Virgen Martínez, quienes acudieron a esta ciudad para informar de su solidaridad con el preso Gerónimo Hernández Refugio y con la hermanas Mesino, Rocío y Norma.

Informaron que en una reunión reciente, los miembros de la OCSS acordaron realizar una protesta contra Núñez Ramos en el ayuntamiento de Acapulco, donde trabaja, si contiúa en su intento de satanizar a la OCSS.

Los dirigentes señalaron que ya no harán declaraciones sobre el tema, y no entrarán en “dimes y diretes”, pero se movilizarán para defender a la OCSS.

Rocío Mesino explicó que la PGR debe de ser responsable de la investigación de la masacre de Aguas Blancas y diversificar las líneas de investigación hacía algunas cosas que sabía momentos antes de la masacre la ex alcaldesa de Atoyac de Alvarez y ahora secretaria General del ayuntamiento de Acapulco, María de la Luz Núñez Ramos.

Por lo anterior, Rocío Mesino aclaró que con ello “no decimos que María de la Luz Núñez Ramos sea la autora de la masacre, sino que ella, como autoridad que era, tiene que responder sobre la alerta al hospital de Atoyac, el retén en Mexcaltepec y porqué el Palacio Municipal estuvo cerrado desde la mañana del 28 de junio de 1995”.

Dijo que llama la atención el motivo del cierre del Palacio Municipal a las 9:30 de la mañana del 28 de junio.

Por su parte, Hilario Mesino explicó que la OCSS tomó el Palacio Municipal de Atoyac el 18 de mayo de 1995 en respuesta a los compromisos incumplidos de la entonces alcaldesa, que había ofrecido concertar una entrevista con el presidente de la República para plantear el caso de los desaparecidos, y había recibido el pliego que incluía fertilizantes y otras demandas.

Criticó la petición que hizo Núñez Ramos al fiscal especial, Ignacio Carrillo Priero, para que se investigue a dirigentes de la OCSS por esa toma, pues señaló que está muy claro el motivo de la misma, y dijo que es un “intento por satanizar a la Organización Campesina de la Sierra del Sur, para preparar las condiciones para darle carpetazo al caso Aguas Blancas”.

Rocío Mesino aclaró que la OCSS siempre ha pedido que se investigue a Núñez Ramos por la desaparición de Gilberto Romero Vázquez, porque al día siguiente de que la OCSS tomó el Palacio Municipal de Atoyac, el 19 de mayo de 1995, Núñez Ramos lo amenazó, y le dijo al desaparecido: “Tú qué haces aquí; yo a ti te conozco, tú y yo tenemos algo pendiente y pronto lo vamos a arreglar”.

Demandó que no sea la Fiscalía Especial la que investigue la desaparición de Gilberto Romero Vázquez, porque es un caso reciente, como la masacre de Aguas Blancas, que no le corresponde a esa Fiscalía, que además no ha demostrado ningún avance en los casos de le corresponden como los desaparecidos de la guerra sucia y las masacres de Tlatelolco y el 10 de junio de 1971.

Lo anterior en referencia a las peticiones que hizo en ese sentido Núñez Ramos a la Fiscalía Especial en la ciudad de México, al comparecer el miércoles 18 de diciembre, cuando pidió a esa instancia tomar el caso del desaparecido de la OCSS Gilberto Romero Vázquez.

Hilario Mesino, sobre la desconfianza de la OCSS en la Fiscalía Especial, señaló el caso del campesino Lucio Castillo Galeana quien aparece en la lista de los desaparecidos que según la Fiscalía fueron arrojados al mar, sin embargo murió el año pasado en Atoyac.

Insistió en que la PGR debe abocarse a la investigación de ambos casos, de acuerdo con la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Jorge Nava * La Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) opinó que la Fiscalía Especial para investigar los crímenes del pasado pretende tomar el caso de la masacre de Aguas Blancas para darle “carpetazo”.

Por ello, insiste en que sea la Procuraduría General de la República (PGR) la que investigue el caso, de acuerdo con el compromiso del gobierno mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), además de la desaparición de Gilberto Romero Vázquez, el 24 de mayo de 1995.

Los dirigentes de dicha organización Hilario Mesino y Rocío Mesino, y el dirigente del Movimiento Social de Izquierda, Renferi Hernández Acevedo, señalaron lo anterior al acudir el sábado a la redacción de El Sur, acompañados por la integrante de la sección Novena del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Concepción Báez Medina; la estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Perla Rojas Martínez; y la profesora de Oaxaca, Paola Virgen Martínez, quienes acudieron a esta ciudad para informar de su solidaridad con el preso Gerónimo Hernández Refugio y con la hermanas Mesino, Rocío y Norma.

Informaron que en una reunión reciente, los miembros de la OCSS acordaron realizar una protesta contra Núñez Ramos en el ayuntamiento de Acapulco, donde trabaja, si contiúa en su intento de satanizar a la OCSS.

Los dirigentes señalaron que ya no harán declaraciones sobre el tema, y no entrarán en “dimes y diretes”, pero se movilizarán para defender a la OCSS.

Rocío Mesino explicó que la PGR debe de ser responsable de la investigación de la masacre de Aguas Blancas y diversificar las líneas de investigación hacía algunas cosas que sabía momentos antes de la masacre la ex alcaldesa de Atoyac de Alvarez y ahora secretaria General del ayuntamiento de Acapulco, María de la Luz Núñez Ramos.

Por lo anterior, Rocío Mesino aclaró que con ello “no decimos que María de la Luz Núñez Ramos sea la autora de la masacre, sino que ella, como autoridad que era, tiene que responder sobre la alerta al hospital de Atoyac, el retén en Mexcaltepec y porqué el Palacio Municipal estuvo cerrado desde la mañana del 28 de junio de 1995”.

Dijo que llama la atención el motivo del cierre del Palacio Municipal a las 9:30 de la mañana del 28 de junio.

Por su parte, Hilario Mesino explicó que la OCSS tomó el Palacio Municipal de Atoyac el 18 de mayo de 1995 en respuesta a los compromisos incumplidos de la entonces alcaldesa, que había ofrecido concertar una entrevista con el presidente de la República para plantear el caso de los desaparecidos, y había recibido el pliego que incluía fertilizantes y otras demandas.

Criticó la petición que hizo Núñez Ramos al fiscal especial, Ignacio Carrillo Priero, para que se investigue a dirigentes de la OCSS por esa toma, pues señaló que está muy claro el motivo de la misma, y dijo que es un “intento por satanizar a la Organización Campesina de la Sierra del Sur, para preparar las condiciones para darle carpetazo al caso Aguas Blancas”.

Rocío Mesino aclaró que la OCSS siempre ha pedido que se investigue a Núñez Ramos por la desaparición de Gilberto Romero Vázquez, porque al día siguiente de que la OCSS tomó el Palacio Municipal de Atoyac, el 19 de mayo de 1995, Núñez Ramos lo amenazó, y le dijo al desaparecido: “Tú qué haces aquí; yo a ti te conozco, tú y yo tenemos algo pendiente y pronto lo vamos a arreglar”.

Demandó que no sea la Fiscalía Especial la que investigue la desaparición de Gilberto Romero Vázquez, porque es un caso reciente, como la masacre de Aguas Blancas, que no le corresponde a esa Fiscalía, que además no ha demostrado ningún avance en los casos de le corresponden como los desaparecidos de la guerra sucia y las masacres de Tlatelolco y el 10 de junio de 1971.

Lo anterior en referencia a las peticiones que hizo en ese sentido Núñez Ramos a la Fiscalía Especial en la ciudad de México, al comparecer el miércoles 18 de diciembre, cuando pidió a esa instancia tomar el caso del desaparecido de la OCSS Gilberto Romero Vázquez.

Hilario Mesino, sobre la desconfianza de la OCSS en la Fiscalía Especial, señaló el caso del campesino Lucio Castillo Galeana quien aparece en la lista de los desaparecidos que según la Fiscalía fueron arrojados al mar, sin embargo murió el año pasado en Atoyac.

Insistió en que la PGR debe abocarse a la investigación de ambos casos, de acuerdo con la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

 * El presidente estatal del PRD, Martín Mora, culpa de la violencia al gobierno del estado y al PRI * Pide la vigilancia del Ejército y de la PFP  

Brenda Escobar, corresponsal, Zihuatanejo *  Priístas inconformes con los resultados de la elección del 6 de octubre que desde hace más de 41 días tienen tomado el Palacio Municipal de Coahuayutla, ayer por la tarde armados con rifles AK-47 allanaron y balacearon el domicilio del alcalde perredista, Omar Correa Cabrera, para impedirle trabajar, e hirieron al director de Seguridad Pública municipal, Isidro Salamanca Sánchez.

Fuentes cercanas al edil perredista dieron a conocer que ayer domingo, a las 16 horas, Correa Cabrera sostenía una reunión de trabajo con los comisarios municipales y comisariados ejidales con el propósito de organizarse y empezar a trabajar en forma, cuando priístas presuntamente encabezados por el hermano del ex candidato José Correa Huerta, René Correa con 20 personas más, irrumpieron en su casa –declarada sede alterna del Palacio Municipal–, para prohibirle que siguiera sus actividades.

Los informantes señalaron que la mayoría de los agresores llevaba rifles AK-47 y armas de grueso calibre y tras una tirante discusión con los perredistas abrieron fuego contra ellos, hiriendo a Isidro Salamanca Sánchez, de 56 años, quien recibió los primeros auxilios en el hospital integral de la cabecera municipal y debido a la gravedad de su estado fue trasladado al Hospital General de Zihuatanejo.

Recibió dos balazos en el tórax; los médicos reportan su estado de salud como delicado.

Según versiones de las personas que acompañaron a Salamanca Sánchez a esta ciudad, los priístas que se mantienen en el plantón fueron quienes comenzaron la agresión, “y a él le tocó salir al quite”, debido a que presuntamente iban con el propósito de atentar contra la integridad física del alcalde constitucional Omar Correa, quien se mantenía en su domicilio.

Agregaron que tras la balacera, en Coahuayutla “la gente está espantada”, pues los priístas muestran sin ninguna inhibición sus rifles AK-47 y demás armas “y andan con ellas por todo el pueblo y la cosa se está poniendo fea”, a tal grado que existía el temor de que no permitieran la salida del municipio a la ambulancia que trasladó al director de Seguridad Pública a Zihuatanejo y persistía la inquietud de que “quieran venir a rematarlo aquí en el hospital”.

Hasta ayer casi a las 18 horas, ni en la comandancia regional de la Policía Judicial del Estado ubicada en Zihuatanejo, ni en la comandancia de La Unión, tenían conocimiento de lo sucedido y en la agencia del Ministerio Público en La Unión –de la que Coahuayutla forma parte– no había personal que atendiera el teléfono.

El presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, Martín Mora, dijo que por su conducto, el alcalde de Coahuayutla, Omar Correa, pidió la vigilancia del Ejército, pues se temen nuevas agresiones de los priístas y las corporaciones policiacas estatales no son confiables.

Señaló que según información del gobierno municipal, efectivos del Ejército llegaron a Coahuayutla una hora después de la agresión, cuando el Palacio Municipal tomado por los priístas estaba solo y sus ocupantes habían huído, pero de inmediato se retiraron a una comunidad cercana.

Martín Mora declaró que los responsables de los hechos violentos de ayer son el gobierno del estado y el PRI estatal, y recordó que desde que comenzó el conflicto electoral, él advirtió del peligro de violencia, y el gobierno del estado “nada de muertito” y no hace nada.

Reiteró que atrás de la violencia en Coahuayutla está el gobierno del estado, que hace que los priístas de ese municipio de la Costa Grande actúen de esa manera.

El presidente del PRD estatal informó que buscará a la presidenta nacional de su partido, Rosario Robles, para solicitar la intervención de la Policía Federal Preventiva (PFP) en Coahuayutla. Señaló que cuatro horas después de la balacera, cinco priístas armados volvieron a tomar el Palacio Municipal, y se teme que provoquen más violencia.

Perredistas de Zihuatanejo, Petatlán y La Unión, así como el presidente del Consejo Estatal del PRD, Adolfo Plancarte, condenaron los hechos y exigieron al gobierno del estado “que saque las manos y solucione el conflicto”.

El presidente municipal de Petatlán, Javier Rodríguez Aceves rechazó estos actos de violencia y exigió al gobernador René Juárez Cisneros más responsabilidad “porque aquí no se trata de ver colores o partidos políticos, sino de seres humanos que se están matando”.

Asimismo, el presidente del Consejo estatal del PRD, Adolfo Plancarte manifestó que ya era tiempo de que Juárez Cisneros “esté dejando de darle cuerda a sus correligionarios y se solucione de una vez por todas el conflicto pos electoral de Coahuayutla”.

Los líderes del PRD en Petatlán, Zihuatanejo y La Unión, Maximino Pineda Barrientos, Miguel Angel Méndez Villasana y Jesús Guatemala Aguilar, coincidieron en señalar que la violencia no es la mejor manera de destrabar el conflicto en Coahuayutla, “porque de por sí es un municipio marginado social y económicamente y con estos actos se hace más difícil entablar el diálogo y la concertación”.

El ex alcalde de Petatlán y aspirante a la candidatura a la diputación federal, Francisco Chavarría Valdeolívar, reprobó la acción de los priístas de Coahuayutla y dijo que “la violencia jamás será el mejor método para arreglar los problemas, y esto era una situación que se veía venir y lamentablemente vemos que el gobierno del estado no tiene el mínimo interés en arreglar el problema y lejos de ello, parece fomentarlo”.

 * El edil priísta Viliulfo Morales culpa de la violencia al diputado de Convergencia, Félix Bautista * Informa que lo demandó penalmente, al igual que a otros dirigentes de ese partido * La ex candidata de CD que perdió por diez votos anuncia más protestas y una nueva elección “por usos y costumbres”

 De la corresponsalía, Apango * Militantes del partido Convergencia por la Democracia (CD), que armados mantienen tomado el ayuntamiento de este municipio acordaron convocar a elecciones bajo el método “de usos y costumbres” para elegir a sus nuevas autoridades.

La decisión que tomaron los inconformes es luego del enfrentamiento a golpes que tuvieron con simpatizantes del alcalde priísta Viliulfo Morales Iglesias y militantes de CD, tras el que aparecieron hombres armados en la protesta poselectoral.

Luego del enfrentamiento entre ambos grupos, y la posterior aparición de hombres armados en la protesta, ninguna autoridad estatal se ha trasladado a este municipio para dialogar con las partes en conflicto.

Atrincherados en el edificio de la alcaldía, los militantes de CD encabezados por la ex candidata a la presidencia municipal en las elecciones del pasado 6 de octubre, Felícitas Muñiz Gómez, acordaron en una asamblea efectuada ayer domingo convocar a unas elecciones “de usos y costumbres” en la que la población indígena nahua elija a sus nuevas autoridades.

Los inconformes mantienen en su poder cinco camionetas y dos camiones de volteo que son propiedad del ayuntamiento, además mantienen cerrada con candados la alcaldía.

“No vamos a permitir que entre aquí el usurpador Viliulfo Morales Iglesias y mucho menos dejar que gobierne en Apango porque él es resultado del fraude electoral”, señaló Felícitas Muñiz.

En tanto, el alcalde Viliulfo Morales Iglesias, de extracción priísta, y quien el 1 de diciembre tomó protesta a la una de la madrugada en una sede alterna al ayuntamiento, informó que ya solicitó el apoyo del Ejército Mexicano y de las corporaciones policiacas del estado para que entren al ayuntamiento y desarmen a los militantes de CD.

“Yo voy despachar aquí en esta oficina mientras el gobierno y las autoridades federales resuelven este problema, porque yo no quiero enfrentamientos, pero si me buscan me encuentran”, advirtió.

El edil, quien ganó con diez votos de diferencia a su contrincante Felícitas Muñiz Gómez, despacha en una casa que se encuentra a cinco cuadras del Palacio Municipal.

Culpó de la agresión al diputado local de CD, Félix Bautista Matías y al regidor de este mismo partido de la comuna de Chilapa, Roberto Atrisco, de azuzar a los plantonistas para “que nos agredieran y nos quitaran varios vehículos y 100 mil pesos en fectivo”.

Dijo que las 10 armas –rifles M-1y M-2– que tienen en su poder los militantes de CD que mantienen tomado el ayuntamiento, son propiedad de la policía municipal.

“Nosotros ya interpusimos una demanda de carácter penal ante la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común en contra del diputado Félix Bautista, de Felícitas Muñiz, del regidor Roberto Atrisco y otros que participaron en esta agresión”, informó el alcalde Viliulfo Morales Iglesias.

Por su parte, Felícitas Muñiz Gómez declaró que a través del diputado de CD, Félix Bautista Matías ya solicitaron al Congreso del Estado el desafuero del alcalde Viliulfo Morales y que se convoque a elecciones extraordinarias.

“Pero independientemente de lo que decida el Congreso del Estado, nosotros vamos a convocar a elecciones pero a través de usos y costumbres y sea la población nahua la que elija a sus nuevas autoridades”, expresó.

Reiteró que antes y durante las elecciones del pasado 6 de octubre, el priísta Viliulfo Morales “repartió despensas, dinero en efectivo y cobertores a los indígenas para que votaran por él”.

“Fue un descomunal fraude electoral y pese a las pruebas que presentamos ante los tribunales electorales federales y estatales, de todos modos avalaron su triunfo, pero nosotros no vamos a permitir que la voluntad ciudadana se viole”, señaló Felícitas Muñiz quien hasta antes del proceso electoral constitucional era militante del PRI.

Y por lo pronto, agregó, este lunes 30 ella y el grupo de sus seguidores van a realizar nuevas acciones de protesta.“Aquí no habrá descanso navideño ni de fin de año, aquí nos vamos a permanecer en pie de lucha”, expresó.

 * Las irregularidades, en el ejercicio de recursos federales, documentación duplicada, evasión de impuestos, desorden en la ejecución de obras, sobregiro de partidas y trasferencias sin autorización del cabildo * Doce ediles hicieron la excepción, entre ellos Zeferino Torreblanca, dice el documento

 Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * La Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado encontró gastos sin comprobar por mil 45 millones de pesos a la mayoría de los 76 alcaldes que terminaron su administración el pasado 31 de noviembre, según un reporte de esa dependencia del poder legislativo.

Las irregularidades, que en total suman 43, fueron encontradas mediante auditorías que realizó esa instancia a los 76 ex presidentes municipales y entre otras son por gastos de recursos de los ramos 23 y 26 sin aclarar, documentación duplicada, pagos a empleados sin expedir comprobantes y evasión de impuestos. Asimismo, la mayoría de los ex ediles no han entregado sus informes de cuenta pública en los dos últimos años de su mandato.

Hay ex ediles que incurrieron en ejercicio discrecional de los recursos de Fortalecimiento Municipal, desorden en la ejecución de obra pública, sobregiro de partidas y trasferencias sin la autorización de sus cabildos.

Las cantidades que no han comprobado los ex alcaldes van desde los 10 millones de pesos, 50 y, en algunos casos, no han solventado hasta más de 115 millones de pesos como el perredista del municipio de Ayutla de los Libres, Fortino Caballero Villalobos, a quien se le revocó el mandato como alcalde.

En un documento confidencial de más de 150 páginas que fue filtrado a algunos medios de comunicación, la Contaduría Mayor de Hacienda, señala, sin embargo que las fallas financieras de los 61 alcaldes del PRI, 13 del PRD y 2 del PAN que terminaron el 31 de noviembre, son investigadas por el Congreso local y que los diez de ellos, que a mediados de noviembre se les revocó de su mandato, sus expedientes los tiene la Auditoría Superior de la Federación del Congreso de la Unión y se informa que a estos, de los cuales seis son del PRI, tres del PRD y uno del PAN les faltó comprobar 302 millones 535 mil 948 pesos.

En el documento, presumiblemente elaborado por contador mayor de Hacienda, Cuahutémoc Elías Tavarez Juárez y del cual se anexa copia para el oficial mayor del Congreso Local, Luis Camacho Mancilla, se asienta que los 10 ex alcaldes de Alcozauca, Javier Manzano Salazar; Pilcaya, Eustaquio Martínez Martínez; Pedro Ascencio Alquisiras, Rubén Aranda Alvarez, General Canuto Neri, Juan Martínez Félix; Tixtla, Jorge Vargas Alcaraz; Ayutla de los Libres, Fortino Caballero Villalobos; San Luis Acatlán, Abdías Acevedo Rojas; Igualapa, Javier Adrián Aparicio Soto; Tlacoachistlahuaca, Francisco J. Dimas y Coyuca de Benítez, Julio César Diego Galeana, pueden ser investigados por la PGR ya que según el presidente de la Comisión del Congreso, Carlos Sánchez Barrios, pudieron haber cometido delitos del fuero federal.

A pesar de la documentación oficial, a través de la cual se reconoce que la mayoría de los 76 alcaldes tienen “serias irregularidades” en el manejo de los recursos públicos, el Congreso local no los ha investigado.

En el mismo expediente de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado se señala que a excepción de 12 ex alcaldes, entre ellos el de Acapulco, Zeferino Torreblanca Galindo, a quienes no se cumplió la etapa procesal de la investigación, a los 64 restantes si se les aplicaron “sanciones administrativas”.

En el citado documento se señala, por ejemplo, que el ex edil capitalino, José Luis Peralta Lobato no pudo comprobar gastos por casi 30 millones de pesos “porque los documentos de las erogaciones que hizo y que entregó a este órgano fiscalizador del Congreso no coinciden con el giro comercial”.

El ex edil priísta, a quien días antes de que terminara su administración el gobernador Rene Juárez lo elogió al calificar su administración de “limpia y honesta” y le ofreció “nuevas oportunidades” en el gobierno estatal a partir del 1 de enero, recibió multas por comisiones bancarias por un monto de 29 millones 559 mil 460 pesos, además de que dejó deudas por más de 28 millones de pesos, durante sus tres años de gobierno según las auditorias realizadas por el órgano fiscalizador del Congreso, información que también se incluye en el documento confidencial.

Mientras tanto el ex alcalde de Florencio Villarreal y actual diputado presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso Alvis Gallardo Carmona, tiene pendiente por comprobar 30 millones de pesos.

El documento interno de lo que ahora es la Auditoria General del Estado de Guerrero señala que en el rubro de gastos comprobados con recibos de egresos, al ex edil de Florencio Villarreal con cabecera en Cruz Grande, le falta aclarar 62 mil 540 pesos en gastos de representación y 30 mil en deudores diversos.

Al igual que a 64 de los 76 ex alcaldes, a Gallardo Carmona, a quien se ubica como compadre del gobernador Rene Juárez, la Auditoría General del Estado de Guerrero, le instruyó un “procedimiento administrativo de responsabilidades”.

El ex alcalde de Chilapa y actual presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso local, Gustavo Miranda González, tampoco ha podido solventar más de 8 millones de pesos.

El informe financiero señala que los casos “más críticos” son los de Heliodoro Castillo (Tlacotepec) cuya comuna fue presidida por José Concepción Hernández Solano; de San Luis Acatlán por Abdías Acevedo; y Ayutla de los Libres por Fortino Caballero Villalobos, cuyas autoridades no han entregado sus cuentas públicas desde el 2001.

En el documento no se señala sin embargo cuál es el uso que se le dará a la citada información que se detalla incluso hasta con graficas y cuyo contenido viene por regiones.

Por irregularidades financieras como las que se reconocen en el citado documento, durante las administraciones que terminaron el 31 de noviembre pasado fueron tomados los palacios municipales de Tecpan de Galeana, Heliodoro Castillo, Xochistlahuaca, Acatepec, Ayutla, Mártir de Cuilapan, San Luis Acatlán y Cuahuayutla para exigir que los ahora ex alcaldes fueran investigados, sin embargo las protestas nunca tuvieron eco.

Incluso los grupos de ciudadanos inconformes de algunos municipios como de Heliodoro Castillo, Acatepec, Tecpan de Galeana y Xochistlahuaca integraron el Frente Ciudadano Contra la Corrupción y la Impunidad (FCCI) para realizar acciones conjuntas.

Uno de los dirigentes de este frente, Eustolio Pani Barragán, quien participa todavía en la toma del Palacio Municipal de Heliodoro Castillo, expresó su desaliento por la falta de atención de las instancias fiscalizadoras tanto estatales como federales.

Dijo que “nunca se nos ha hecho caso a pesar de que existen evidencias de la corrupción en que incurrió el ex alcalde priísta, José Concepción Hernández Solano, Siempre fue protegido por el gobernador René Juárez Cisneros y el ex presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso y actual dirigente del PRI estatal, Héctor Apreza Patrón”, denunció.

Según el informe de la Contaduría Mayor de Hacienda, al ex edil de Heliodoro Castillo, Hernández Solano, le faltan por comprobar 18 millones 408 mil 588 pesos de recursos públicos que se le entregaron para realizar obras sociales a través de programas estatales y federales.

Asimismo se señala que es el único alcalde que nunca entregó sus informes de cuenta pública al Congreso local, según la información que contiene el documento filtrado a los medios.

Sin embargo durante la anterior legislatura que presidió el actual presidente estatal del PRI, Héctor Apreza Patrón, desechó por improcedentes las demandas de juicio político contra los ahora ex ediles, no sólo de Heliodoro Castillo, sino también de Acatepec, Ayutla, Tecpan de Galeana y Xochistlahuaca, todos ellos del PRI, que presentó el FGCCI.

 * Dos sobrinos de Jorge Allec, el hijo del ex oficial mayor del priísta, y la hija de Armando Federico González, entre los involucrados en el pleito

Maricela Santos, corresponsal, Zihuatanejo n El síndico procurador Joaquín González Ramírez impidió la madrugada del sábado la detención de seis jóvenes –entre ellos sus dos hijos y parientes de los ex alcaldes priístas de este municipio, Jorge Allec Galeana y Armando Federico González– que riñeron con estadunidenses en la discoteca Señor Frogs.

La intervención de síndico provocó que fueran liberados cuando los trasladaban a la Dirección de Seguridad Pública municipal para ponerlos a disposición del Juez Calificador en Turno, Victorio Cisneros Moreno, quien no asentó en su parte informativo los datos particulares de los juniors.

Parte de la riña suscitada en el estacionamiento de la discoteca fue evitada por personal de la Dirección de Actividades Comerciales y Espectáculos Públicos del ayuntamiento, quienes al momento en que inició el conflicto estaban en el lugar en un operativo junto con dos policías preventivos, quienes a su vez solicitaron el apoyo de elementos de la Policía Preventiva Turística para la detención de los seis jóvenes.

En tanto que taxistas intervinieron en defensa del grupo de estadunidenses con los que discutieron los jóvenes, quienes decían que les habían faltado al respeto los turistas. De acuerdo con versiones de quienes presenciaron los hechos, los turistas les decían que no querían pelear y que se tranquilizaran porque no querían problemas.

En los hechos se vieron involucrados Jorge Manuel y Abel Allec Salinas, sobrinos del ex alcalde priísta Jorge Allec Galeana, así como un joven de nombre Héctor Octavio Orozco Meneses, hijo del ex oficial Mayor y ex titular de la Dirección de Espectáculos en el periodo de Allec, Arturo Meneses González. Estos mismos jóvenes en estado de ebriedad respaldados por un grupo de policías turísticos protagonizaron el 26 de marzo de este año una riña con un grupo de meseros del Señor Frogs y el gerente del lugar Mattew Pérez Medellín, a quienes les lanzaron gas lacrimógeno, amenazaron con armas, esposaron y detuvieron en la barandilla municipal en dónde incluso tuvieron que pagar una multa.

La riña del sábado 28 comenzó a las 2:45 de la madrugada dentro de la discoteca en la que convivían dos jóvenes identificados como hijos del actual síndico procurador de nombres Jorge y Graciela González. Con ellos estaba Erika González, hija del subsecretario de Fomento Turístico del gobierno estatal y ex alcalde Armando Federico González Rodríguez, así como Jorge Manuel Allec Salinas y Héctor Octavio Orozco Meneses con un grupo de amigos.

Al interior de la discoteca inició la discusión aparentemente provocada por Allec Salinas contra un grupo de cuatro estadunidenses, percatándose de ello el actual titular de la Dirección de Actividades Comerciales y Espectáculos Públicos, Noé Nogueda Alba quien pidió la salida de los jóvenes del local. En el estacionamiento del mismo reinició la discusión verbal y algunos empellones contra los turistas, por lo que se trasladó al lugar una patrulla de la policía preventiva para arrestar a seis de los jóvenes azuetenses.

Por versiones de quienes estaban en la discoteca al momento de estos hechos, se sabe que Jorge Manuel Allec Salinas y Héctor Manuel Orozco Meneses increparon con palabras altisonantes al funcionario municipal Nogueda Alba y amagaron desde el principio con llamar al síndico procurador. Vía celular pidieron el apoyo del síndico cuando los trasladaban a la guardia de prevención de la Dirección se Seguridad Pública abordo de una patrulla “pero los turistas no fueron localizados para que fueran a dar su declaración correspondiente”.

A los pocos minutos, se presentó el síndico y se dirigió con el juez calificador en turno, Victorio Cisneros Moreno “ordenando la  libertad del grupo de seis jóvenes, ya que uno de ellos era el hijo del síndico procurador municipal de esta ciudad (Joaquín González Ramírez), quedando en libertad inmediata y trasladándose al Señor Frogs para saber cómo habían sido detenidas sus amistades”.

A las 3 de la madrugada del sábado se vio al síndico hablando con una docena de preventivos turísticos en la zona de Ixtapa a la altura de la discoteca, donde habría preguntado el motivo de los hechos, luego de lograr que ni siquiera se incluyeran los nombres y datos personales de los jóvenes que protagonizaron la riña.

Maricela Santos, corresponsal, Zihuatanejo * La ocupación hotelera de Ixtapa y Zihuatanejo repuntó este fin de semana hasta alcanzar arriba de 94.8 por ciento, por lo que los hoteleros esperan que el cierre global de este año aumente cuatro puntos de lo alcanzado en 2001.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur), ayer había en Zihuatanejo una ocupación del 94.2 por ciento, mientras que Ixtapa alcanzaba 94.9 por ciento, lo que hacía un global de 94.8 por ciento.

El dirigente de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Ixtapa y Zihuatanejo (OCVIZ), Philippe Filhol Perondi, señaló que en el caso de los días 23, 24 y 25 de diciembre la ocupación fue baja, “porque en México las familias estilan pasar la Navidad en sus hogares”, aunque –dijo– desde el 15 de diciembre las áreas de reservaciones de cada uno de los hoteles de Ixtapa habían reportado llenos, de acuerdo con una consulta realizada por El Sur vía telefónica en cada hospedería.

Además de que los estimados de integrantes del sector turístico eran alcanzar en promedio 80 por ciento de ocupación desde el 20 de diciembre en adelante, tanto en Ixtapa como en Zihuatanejo (El Sur No. 2037), pero de acuerdo con las expectativas oficiales de la Sefotur se espera 70 por ciento con la llegada de 250 mil turistas, del 15 de diciembre al 7 de enero del 2003 (El Sur No. 2042).

Para Filhol Perondi, el fin de año permitirá repuntar la ocupación hotelera hasta cuatro puntos porcentuales más que el año pasado, independientemente de que en el mes de noviembre hubo una baja de tres puntos con relación a la ocupación registrada en 2001.

Estimó que la derrama económica de esta temporada vacacional de invierno sea similar a la del año pasado, debido a que este lugar de playa no ha crecido en cuartos, aunque observó que en últimas fechas han proliferado los restaurantes y bares.

Aclaró que en el caso de los estimados de ocupación de las áreas de reservaciones de los hoteles, se maneja por lo regular al 100 por ciento como un método para vender más camas, “pero definitivamente sabemos que en Navidad el turismo mexicano se queda en sus casas”.

Abundó que previo al arranque de la temporada hay “mucho bloqueo de agencias de viajes”, el cual suele liberarse cuando mucho cinco días antes de comenzar la temporada.

Filhol Perondi dijo que también es una tendencia normal que del 26 de diciembre en adelante “se llene” este lugar, y que del 31 de diciembre hasta el 5 de enero se alcanzará una ocupación de 100 por ciento.

En un recorrido realizado por El Sur este domingo, se pudo ver que en el centro de Zihuatanejo había muchos camiones con turistas nacionales que buscaban cuartos para hospedarse.

En las áreas de estacionamiento y sobre las calles aledañas a la zona de playa había autobuses descargando pasaje proveniente de Michoacán y el Distrito Federal, lo cual hacia lenta la circulación vehicular al filo del medio día.