La defensa y los defensores de derechos humanos.
Una visión desde La Montaña de Guerrero

 (Segunda Parte)

    En lo que se refiere a derechos políticos y culturales de los pueblos, el Estado mexicano ha firmado convenios internacionales donde se compromete a su respeto y promoción, sin embargo la visión reduccionista de la ley y el no adecuar la Constitución Mexicana para que estos convenios puedan tener plena vigencia ha ocasionado que los proyectos indígenas no encuentren un marco legal adecuado que les garantice su funcionamiento. Tal es el caso de 60 comunidades indígenas de La Montaña y Costa Chica de Guerrero que desde hace 7 años han desarrollado un proyecto de procuración de justicia conocida como Policía Comunitaria que, aunque en sus inicios contó con el visto bueno, del en ese entonces gobernador Aguirre Rivero, la falta de una legislación ha ocasionado que el proyecto sea criminalizado al grado de que se han ejercido acciones penales contra sus dirigentes.

Las comunidades que integran la Policía Comunitaria administran justicia de acuerdo a sus costumbres amparadas por el Convenio 169 de la Organización Internacional el Trabajo (OIT), y aunque el proyecto ha demostrado gran efectividad en el combate a la delincuencia, el 26 de febrero de 2002 los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, de la Procuraduría General de Justicia del Estado y los comandantes de la Novena Región Militar y de la 35 Zona Militar dieron un ultimátum a la Policía Comunitaria para que se desintegre y entregue las armas, amenazándolos con ejecutar las órdenes de aprehensión que se tienen en su contra.

A diez días de esta acción el presidente Vicente Fox declaraba en Nayarit durante la presentación del Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2001-2006  que “…es esencial recomponer las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas […] Respetando su forma de vida, su propia diversidad cultural, las indígenas y los indígenas deben alcanzar el desarrollo que cada mexicana y mexicano merece […] El México incluyente, democrático, plural que todos queremos sólo lo podemos construir con ustedes”.

Es lamentable que las autoridades mexicanas se apeguen de una manera legalista al derecho para negar cualquier posibilidad al cumplimiento de los acuerdos: tal es el caso del análisis jurídico mediante el cual un magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero declaraba inconstitucional y sin base jurídica a la Policía Comunitaria, pues el artículo 9 del Convenio 169 de la OIT establece: “Los pueblos indígenas podrán reprimir los delitos en la medida en que sean compatibles con el sistema judicial nacional y los derechos humanos” y aunque no está en discusión que las sentencias de la Policía Comunitaria respeta los derechos humanos, sus acciones violan el artículo 21 de la Constitución que establece que “La imposición de penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial…” y este es precisamente el problema, que las leyes han sido realizadas sin tomar en cuenta las identidad cultural y jurídica de los pueblos indígenas y no existe la voluntad del Poder Legislativo de sentarse a dialogar con los pueblos para que respetando el espíritu de los acuerdos internacionales se reconozcan, legislen y reglamenten las acciones de instituciones como ésta.

La violación de los derechos culturales de los pueblos y las salidas legalistas adoptadas por el gobierno como el fallo de la Suprema Corte de Justicia respecto a las controversias constitucionales promovidas por municipios indígenas contra la ley indígena tensa la relación entre los pueblos indígenas y el Estado.

Mientras que frente a la comunidad internacional el gobierno mexicano reconoce los derechos de autodeterminación de los pueblos firmando convenios, los pueblos indígenas están siendo orillados a optar por la vía de los hechos, ya que se les ha demostrado que no tienen cabida en la ley, lo que genera inestabilidad social, y pone en riesgo a los defensores de derechos humanos que trabajan en el rubro de los derechos políticos y culturales pues siempre está latente un posible enfrentamiento con las fuerzas del Estado.

Este doble discurso gubernamental no es sólo con los pueblos indígenas, esta situación también es sufrida por los campesinos, obreros, organizaciones sociales y civiles. Mientras que el discurso oficial pone a las organizaciones civiles, sindicatos independientes y organizaciones sociales hombro a hombro en la lucha por el cambio en México, las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia tratan de criminalizar a los integrantes de estos grupos obligándolos a firmar declaraciones incriminatorias, previa tortura, por delitos como narcotráfico, secuestro o sedición.

El 2 de noviembre de 2002 varias organizaciones civiles y sociales del estado de Guerrero entregaron al Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias un informe donde documentan medio centenar de casos en los que las fuerzas armadas o la Policía Judicial han detenido de manera arbitraria e ilegal a ciudadanos que en su mayoría pertenecen a organizaciones sociales que luchan por mejorar las condiciones de vida de sus comunidades.

La criminalización de los defensores y activistas es la estrategia más utilizada por el gobierno para contrarrestar el trabajo de grupos que albergan personas de pocos recursos económicos, con bajo nivel académico o que son desconocidos en el ámbito internacional; cuando el hostigamiento va dirigido a defensores conocidos internacionalmente y que de alguna manera han logrado un prestigio regional o nacional, se recurre a las amenazas anónimas ya sea telefónica o escrita. Una vez que el defensor denuncia el hostigamiento, las autoridades ofrecen públicamente todo su apoyo e invitan a los defensores a tomar acciones legales.

No hay forma de comprobar que las amenazas a los defensores provengan de entidades gubernamentales, ya sean  locales o federales; sin embargo es claro que las acciones emprendidas por las autoridades después de que se denuncia el hecho se orientan más a investigar la vida personal del defendido que los posibles autores de las amenazas, y se utilizan medios de comunicación de clara tendencia oficialista para desacreditar y minimizar las amenazas recibidas por el defensor.

En un columna del periódico Vértice de Chilpancingo, se publicó en un tono sarcástico que Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan había solicitado al gobierno estatal la protección de una escolta personal, una camioneta Suburban nueva y una chequera para lo que se pudiera ofrecer, esto sólo unos días después de que Barrera declaró públicamente que había recibido una amenaza de muerte.

El descrédito a la actitud de los defensores no es únicamente en los medios de comunicación. Por recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la Procuraduría General de la República comisionó a cuatro agentes para garantizar la vida de Abel Barrera, sin embargo estos agentes no cuentan con vehículo y viáticos, aún sabiendo que Abel Barrera debido a su trabajo debe viajar constantemente a la ciudad de Chilpancingo, a México o por las comunidades de La Montaña de Guerrero, lo que ha ocasionado que en la mayoría de sus viajes se vea obligado a ir sin seguridad pues no hay lugar para la escolta en el vehículo.

En la evaluación de las medidas cautelares, Tlachinollan denunció estas anomalías a la CIDH a lo que el gobierno mexicano contestó que era imposible cumplir sus demandas pues Abel Barrera  exigía una camioneta Suburban para desplazarse y el gobierno mexicano no estaba en condiciones de cumplirlo, cuando la única petición del defensor era que la escolta tuviera su propio vehículo para que lo pudieran acompañar en sus viajes.

En el tiempo que duran las medidas cautelares el gobierno mexicano se dedica a investigar la vida privada y familiar del protegido, cuantifica los bienes personales y familiares, e investiga a quienes están a su alrededor. Mientras las investigaciones de la vida personal de los defensores de derechos humanos avanzan día con día, las investigaciones por las denuncias interpuestas ante el Ministerio Público son, en su mayoría, archivadas. Esta situación es desgastante para el defensor y la organización a la que pertenece y ante estos hechos, por lo general optan por suspender su petición de medidas cautelares, situación que le permite al gobierno federal desvincularse de cualquier responsabilidad en caso de un atentado contra el defensor argumentando que se hizo todo lo que estuvo en sus manos, pero el defensor decidió prescindir de la escolta o bien “esclareciendo” el homicidio o atentado vinculándolo con hechos relacionados con su vida personal totalmente ajenos a su actividad como defensor de los derechos humanos.

* El autor es coordinador del Area de Comunicación del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan A.C., desde agosto de 2001. Egresado de la carrera de Comunicación en la Universidad Iberoamericana León (2001).Con este artículo ganó el I Concurso de Artículo Periodístico convocado por esa universidad.

 Señor director:

 La reportera Raquel Santiago Maganda persiste en hacer creer a la sociedad que los terrenos que doné a la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) para la construcción del edificio de la Facultad de Odontología, son ilegales, aún cuando el pasado 24 de noviembre envié a su diario un documento con copias de recibos de pagos oficiales y de otros documentos para demostrar que los predios del fraccionamiento Chorrillo Mozimba pertenecen a la Fraccionadora Mozimba, de la que soy la apoderada legal, como lo acredité ante abogados del Departamento Jurídico de la máxima casa de estudios.

En la nota publicada en la página diez de la edición del lunes 9, cabeceada Sentencia definitiva declara legal (sic) el predio donado por Odontología, la reportera señala que el predio “es ilegal porque no pertenece a Clemencia Figueroa Cisneros, según sentencia definitiva que anula las escrituras que aseguraban que la donante es propietaria de tres millones 158 mil 680 metros cuadrados”.

En el quinto párrafo dice: “Con esto la empresa pudo comprobar la pertenencia legal de un predio de 38 mil 998 metros cuadrados ubicado en el fraccionamiento Balcones al Mar en los lotes 56 y 57…”

Si la reportera conoce muy bien Acapulco, ha de saber la distancia aproximada que existe del fraccionamiento Balcones al Mar al fraccionamiento Mozimba, que es donde están ubicados los terrenos que doné en un acto oficial celebrado el 13 de agosto pasado y a donde ella acudió, por lo que quiero aclararle, para que no la sigan sorprendiendo gentes como el seudo abogado Reynol Gómez Escalera que podría estarle entregando documentos falsos y confundiéndola para desacreditarme al no poder ganarme por la vía legal, toda vez que, como ella también ha de saber, una sentencia en primer instancia (o sea en un juzgado) no puede ser “definitiva”, porque existen otros recursos legales como la apelación, el amparo y el recurso de revisión, por lo que una vez agotados todos los recursos entonces podría hablarse de una cosa juzgada.

Si señalo al seudo abogado Reynol Gómez Escalera de estar detrás de esas notas periodísticas es porque en enero pasado recuperé la posesión de los terrenos del fraccionamiento Chorrillo Mozimba que el citado sujeto con el prófugo Saúl Guerrero Castillo me habían despojado en forma violenta para después venderlos con documentos falsos.

¿Acaso no es del dominio entre la vieja guardia del periodismo la forma ilegal en que Reynol Gómez Escalera se hizo del periódico La Verdad? ¿Acaso un periódico deja para que su propietario se haga de tierras en diferentes puntos del municipio y otras partes del estado? Porque no hay que olvidar que Reynol Gómez también reclama terrenos en el ejido de El Podrido.

Si bien es cierto que en la Quinta Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos de Despojo existen algunas averiguaciones previas en las que se me acusa por el delito de despojo en el fraccionamiento Mozimba-Chorrillo, también lo es que he demostrado ante ese organo investigador que tengo la legítima propiedad, que yo no vendí nada a mis acusadores y que en este caso a quienes deben de denunciar por fraude son a los que les vendieron con documentos falsos, como son Reynol Gómez y Saúl Guerrero Castillo, en contra de quien existen dos órdenes de aprehensión, una de fecha 18 de febrero de 1993 y la otra del 22 de diciembre de ese mismo año, que los jueces Noveno y Octavo de Primer Instancia del Ramo Penal le libraron por el delito de fraude, en mi agravio.

Para demostrar que mis tierras no tienen ningún problema legal, me permito anexar:

1.- Copias fotostáticas de documentos de fecha 18 de abril del año en curso, del delegado Regional del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, Casimiro Vega Galeana, que señala que la propietaria del Registro 129 sección Primera a Fojas 38 y 39 del año de 1942, se encuentra a nombre de Fraccionadora Mozimba de Acapulco, SA ( no a Clauserg SA de CV), ubicada en el terreno denominado El Chorrillo o Mozimba.

2.- Dos meses después de la firma del convenio de donación con el rector Nelson Valle, y toda vez que el Departamento Jurídico de la UAG me pedía los recibos de pagos del predial del área de terreno donado, los días 8 y 9 de octubre pagué al ayuntamiento cerca de 15 mil pesos para ponerme al corriente en esa contribución, como lo compruebo con los recibos de pago de predial números 1031081, 1031082 y 019066.

3.- Anexo copia fotostática del Certificado de no Adeudo de la dirección de Catastro e Impuesto Predial, expedido el diez de octubre pasado, que dice que “Figueroa Cisneros Clemencia… se encuentra al corriente en sus pagos hasta el 6º Bimestre del 2002, con una base gravable de $10,305.00 como predio BALDIO…”

4.- Agrego copia del recibo de pago para que el Registro de  la Propiedad y el Comercio expidiera el certificado de libertad de gravamen del área donada a la UAG.

5.- Otra copia fotostática que anexo es del recibo de pago número A-2182436, de la Administración Fiscal Estatal número Uno, a nombre de la Universidad Autónoma de Guerrero, para las anotaciones marginales del área donada, con lo que demuestro que los terrenos donados no tienen ningún problema legal y que siempre he actuado de buena fe, porque nunca le he pedido al rector nada a cambio.

Por último sólo me resta decir que no soy activista de ningún partido político, como tampoco soy líder de colonos y mucho menos invasora de terrenos, porque poseo documentos oficiales para reclamar ante cualquier autoridad lo que individuos sin escrúpulos y defraudadores me han despojado de manera violenta para lucrar con la necesidad de quienes caen en sus manos en busca de un espacio para fincar su propio patrimonio.

 Atentamente
Clemencia Figueroa Cisneros.
(Carta resumida)

Respuesta de la reportera

Señor director:

En primer término quiero precisar a los asesores de la señora Clemencia Figueroa Cisneros que la labor del periodismo implica también investigación y no sólo declaraciones, por lo tanto no soy yo quien de manera personal “persiste en hacer creer a la sociedad que los terrenos donados a la UAG son ilegales”, porque mi información está basada en pruebas documentales.

No conozco a Reynol Gómez Escalera ni a Saúl Guerrero Castillo, y por lo tanto no soy su instrumento. Como reportera mi trabajo es informar a los lectores de la controversia de esos terrenos, por lo tanto reitero que ninguno de esos dos personajes está detrás del trabajo periodístico que les ha llegado a incomodar.

El propio rector de la UAG, Nelson Valle López confirmó hace dos semanas que el predio del cual dice ser dueña es ilegal y por lo tanto no construirán el plantel porque la entrega formal no se puede notariar.

Esto después de que por medio de un boletín firmado Clemencia Figueroa se retractara de la donación del terreno por considerar dolosa una declaración previa del rector.

En su extensa carta, los asesores no responden ni mencionan pruebas para contrarrestar la sentencia a favor de la empresa Clauserg SA de CV. Hubiera sido más informativo el que me hicieran llegar las copias de las escrituras cuestionadas y número de folios, así como reiterar la instancia en donde se encuentran registradas.

 Gracias por la atención
Raquel Santiago Maganda

 Señor director:

Por medio de la presente, los integrantes del Consejo Directivo de la FEUG aclaramos la publicación de la nota de la reportera Raquel Santiago Maganda, con fecha 13 de diciembre Piden a la FEUG aclare el destino de 45 mil pesos del comedor universitario, que el morador de la Casa Ometepequense llegó momentos antes de concluir la reunión que sostuvimos con los representantes de cinco casas de estudiantes, y precisamos que:

1.- Del recurso que entregó el gobierno del estado para el comedor universitario (75 mil pesos ), fueron entregados 40 mil pesos a la Coordinadora de Casas de Estudiantes y 35 mil pesos fueron depositados en una cuenta bancaria por integrantes del Consejo Directivo, para abrir una convocatoria donde habrá becarios de las distintas unidades académicas de la UAG. y que no son de alguna casa de estudiantes.

2.- En la reunión ningún integrante del Consejo Directivo recriminó a los representantes de casas el que no nos consultaran sobre la toma de la Coordinación, por el contrario los exhortamos para que de esa forma se manifestaran por el pago de las becas de Sedesol que el gobierno del estado adeuda y que asciende a 24 millones de pesos y no 2 millones como informan los moradores de casas. Por lo que ellos son autónomos al decidir las formas en las que van a defender sus intereses.

3.- Con respecto a la entrega de becas de Sedesol, y compensatorias, se les informó a los representantes de las casas que por el momento no hay convocatorias abiertas para la asiganción de las mismas, ya que ellos planteaban la entrega directa y aclaramos que si reunían los requisitos se les asignarían en el momento de que se abriera alguna convocatoria.

Y por último es absolutamente falso que los representantes hayan apelado por que los estudiantes que fueron expulsados de la casa Flores Magón, regresaran a la misma, por el contrario nos enfrascamos en una discusion donde nosotros como Consejo Directivo y el Coordinador de la Zona Sur pedimos respeto para los derechos de nuestros compañeros y que no por situaciones políticas se tenga que expulsar a nadie, puesto que los coordinadores de las casas son dueños de la voluntad de la mayoría a los que se supone representan.

 Atentamente
Carlos Pacheco Reducindo, Tomas Pérez Domínguez, Jaime Alberto Soria
Villa y Nancy García Cuevas, integrantes del Consejo Directivo de la FEUG

 Señor director:

A raíz de la agresión que sufrieron los trabajadores del subsistema de Educación Media Superior del Estado, misma que fue fielmente registrada por los reporteros de nuestro diario que usted atinadamente dirige, solicitamos nos permita en nombre de los Institutos Tecnológicos exponer públicamente lo siguiente:

Los funcionarios del gobierno del estado, en sus intensas calenturas electoreras ofrecieron el pago de 90 días de aguinaldo a los trabajadores de la educación en Guerrero, prestación de la que ya goza la gran mayoría de los trabajadores de este sector, en ese marco, los compañeros que fueron cobarde y abusivamente golpeados exigían, como trabajadores del sector educativo, el cumplimiento de la palabra empeñada, la respuesta del gobierno al carecer de funcionarios con capacidad de diálogo fue el garrote y el gas lacrimógeno.

Ante esto los trabajadores de los Institutos Tecnológicos del Estado manifestamos nuestro más absoluto repudio a la brutal represión de que fueron objeto los compañeros arriba citados, por parte de las fuerzas represivas del estado, cuando al haber agotado lo cauces legales sin tener respuesta por los funcionarios responsables de ello, decidieron hacer pública su demanda.

Lamentamos que el gobierno del estado en su imposibilidad de concertar haya apostado por la razón de la fuerza en vez de privilegiar la fuerza de la razón; opción que resultó para ellos más fácil pero que en el Guerrero de nuestros días será sin duda condenada y repudiada por la sociedad.

Por tanto, exigimos el desagravio a este importantísimo sector del sistema educativo estatal y la solución positiva a sus peticiones que se ciñen estrictamente a la razón en búsqueda de la equidad y de la justicia social.

 Por su atención mil gracias
Respetuosamente.
Eleazar F. Valencia Díaz, secretario general de la Delegación Sindical del Instituto Tecnológico de Chilpancingo

 * Semibloqueo de 12 horas; bloqueo total de media hora * El ayuntamiento se compromete a impedir que los azules presten servicio colectivo, y a permitir a los amarillos usar la ruta del Hospital para servicios especiales * Harán el recorrido hacia el Centro por la nueva ruta, y regresarán por la avenida turística

 Ossiel Pacheco * Taxistas de servicio colectivo bloquearon con sus vehículos la Costera frente al Centro de Convenciones en oposición a la decisión del ayuntamiento de obligarlos a transitar por la vía alterna para descongestionar la avenida turística durante la temporada de fin de año.

La movilización comenzó a las 9 de la mañana –cuando agentes de Tránsito empezaban a aplicar el programa de rescate de la Costera– y concluyó a las 9 de la noche, luego de que los dirigentes firmaron con el alcalde Alberto López Rosas los siguientes compromisos, los colectivos transitarán por la Costera Vieja; Tránsito municipal será estricta para impedir que los “azules” presten servicio colectivo, y se permitirá a los amarillos transitar en la ruta del Hospital para servicios especiales.

Por la mañana, sin embargo, los taxistas –que prestan el servicio del Centro a El Coloso, Puerto Marqués, Colosio, Llano Largo y Barra Vieja– interrumpieron el tráfico vial en tres carriles de ambos sentidos de esa vialidad, aunque hubo un lapso de 30 minutos en que cerraron los cuatro carriles, parando totalmente el tráfico vial.

En el transcurso de la protesta ocurrió un accidente con el resultado de una persona golpeada. Erik Suástegui Avila –ex regidor del PT en la administración de Rogelio de la O–, conductor del colectivo con placas 8546SSA se negó a detenerse en un retén formado con trabajadores del voltante inconformes, quienes le exigían sumarse a la protesta. Pero dio el  arrancón justo cuando la pasajera María Teresa Rivera López descendía del vehículo. Ella cayó al pavimento y él fue detenido por la policía.

Por la tarde, una comisión de los inconformes se reunió con el alcalde Alberto López Rosas en sus oficinas del Palacio Municipal.

Al lugar llegaron el titular de la Secretaría de Protección y Vialidad, Antonio Valenzuela Valdez; el síndico procurador, Fernando Donoso Pérez; el director de Tránsito, Miguel Rodríguez Bocanegra, y Juan Manuel Martínez Utrilla, como representante del secretario general de Gobierno, Marcelino Miranda Añorve, quienes intentaron destrabar la protesta.

Ahí, de manera improvisada, poco antes del mediodía firmaron una minuta de acuerdos manuscrita, donde asentaban que se reuniría una comisión y que se suspendería la aplicación del programa de rescate de la Costera, hasta no alcanzar un acuerdo en la mesa de negociaciones. Y los taxistas empezaron a desbloquear la vía y a transitar por ella.

Entonces, una comisión encabezada por el presidente de la Alianza de Transportistas de la Zona Conurbada, Eleazar Hernández Camacho, y el vicepresidente y el secretario de Trabajo de la Coalición Mixta de Transporte en el Estado, Ramiro Fabián Soto y Miguel Angel Piña, se trasladó al restaurante Del Lago, en el parque Papagayo, donde dialogarían con las autoridades.

Pero la mesa de trabajo fracasó, pues agentes de Tránsito detuvieron tres taxis colectivos en el tramo prohibido, informó Hernández Camacho, quien culpó al síndico Donoso de reventar el diálogo al afirmar que la operación no se suspendería, aun cuando firmó el acuerdo.

El dirigente argumentó que la medida aplicada por el ayuntamiento perjudica a los usuarios, por lo general trabajadores de hoteles ubicados en la franja turística, y a los taxistas, porque sus clientes buscarán otro medio de transporte.

El bloqueo de los taxistas se reanudó a las 13 horas en un solo sentido vial. Hernández Camacho advirtió que no levantarían la protesta hasta que llegaran a un arreglo con el alcalde Alberto López Rosas, con quien se reunieron más tarde.

Por la protesta, llegaron al lugar, patrullas de la Policía Preventiva y agentes de Tránsito, aunque además hubo presencia de agentes del programa de emergencia 066.

Por la tarde, una comisión formada por Hernández Camacho, Fabián Soto, Miguel Angel Piña, Javier Vargas Salinas, presidente de la Coalición Zona Conurbana; Teodoro Marino Moreno, presidente de la ORUGAC; Rosendo Gatica, de los colectivos la Colosio, y Andres Madero, de taxistas de Barra Vieja, se reunió con López Rosas, Donoso Pérez, la secretaria general María de la Luz Núñez Ramos, Valenzuela Valdés, y el delegado de Transportes en la periferia, Alejandro Ruiz.

El programa de rescate de la Costera, además de desviar los taxis colectivos por la calle María Bonita, paralela al Centro de Convenciones, hasta llegar a la avenida Farallón, y de ahí por Universidad hasta llegar a la Cuauhtémoc, prohibe el estacionar los vehículos en el tramo de La Diana a la Base.

No obstante que ayer empezó a aplicarse esta medida, mediante una operación de Tránsito en este tramo, hubo vehículos estacionados, sobre todo a orilla del mercado de artesanías de La Diana, en la Condesa y frente a las hospederías. Hubo tolerancia de los agentes con los automovilistas que desacataron la disposición, pues se trataba del primer día, justificó un agente, quien proporcionó su nombre e informó que no se aplicaron sanciones.

Con excepción de ello, hubo amplios tramos de la Costera en ambos sentidos que lucieron despejados de vehículos, y libres a la circulación vial. Fue notoria la presencia de agentes de Tránsito en varios cruceros y sobre la acera de la Costera en el tramo que va de La Diana a la Base.

En el crucero del Centro de Convenciones, agentes desviaban por la calle María Bonita, a los colectivos. No obstante la protesta, algunos de ellos, acataron sin resistencia la medida.

  * Fonatur está dispuesto a recibir descargas de aproximadamente 50 litros por segundo de las aguas negras de la zona urbana, para darles tratamiento en sus plantas que se ubican en Ixtapa, informa Amador Campos

Maricela Santos, corresponsal, Zihuatanejo * El alcalde de Zihuatanejo, Amador Campos Aburto, encabezó una campaña de limpieza en Playa Principal y en la laguna de Las Salinas, de Zihuatanejo, junto con grupos ambientalistas locales, comerciantes, pescadores y prestadores de servicios turísticos.

En la actividad, el alcalde pidió a los participantes su solidaridad para contribuir con la limpieza del lugar, ante la falta de infraestructura que encontró en la Dirección de Servicios Públicos Municipales.

Campos Aburto, al dar inicio a la campaña, manifestó su interés por pugnar por el saneamiento de la bahía, e informó que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) está dispuesto a recibir descargas de aproximadamente 50 litros por segundo de las aguas negras de la zona urbana, para darles tratamiento en sus plantas que se ubican en Ixtapa.

Esta actividad se lleva a cabo a dos días de comenzar el puente vacacional conocido como Guadalupe-Reyes.

Otros colaboradores fueron trabajadores de la Promotora y Administradora de los Servicios de Playa de la Zona Federal Marítimo Terrestre, que encabeza el priísta Miguel Morán Camarillo.

Durante la actividad, el alcalde de Zihuatanejo hizo un llamado a la población a colaborar con el saneamiento de la bahía, que “se encuentra en un estado agónico”, y convocó a revertir el deterioro ambiental en la laguna de Las Salinas, donde se encontró un área con tiraderos de basura a cielo abierto y talleres de reparación de lanchas a la orilla.

Campos Aburto explicó que no cuenta con infraestructura para atender la demanda de limpieza de la población, por lo que apeló a la conciencia de la población y luego explicó a detalle que sólo encontraron un carro de volteo y un compactador para recoger la basura de toda la ciudad.

En la playa Principal se sumaron a la limpieza y descacharrización del área pescadores, así como personal de Baja y Mantenimiento (BMO), que es filial de Fonatur.

En el lugar donde comenzó la campaña se señaló un viejo edificio que la anterior administración habilitó como un punto de concentración de basura, donde se encontró a algunos jóvenes que –de acuerdo al director de Seguridad Pública–  se especula que consumen drogas o alcohol.