Karina Contreras * El director de Vía Pública, José Juan Cisneros Radilla, informó que para la celebración de El Grito, este 15 de septiembre, sólo se permitirá la instalación de cien locales en el Zócalo, “pues todos los años se coloca esa cantidad”.El funcionario señaló que el ayuntamiento no cobra por el espacio en ese día; lo único que hace Vía Pública –dijo– es ordenarlos para evitar problemas entre ellos, pues “los comerciantes ya conocen sus lugares”.Cisneros Radilla indicó que esta dependencia, con sus 60 inspectores, vigila desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde las zonas turísticas como Caleta-Caletilla, y la Costera, entre otras, a fin de evitar que los ambulantes molesten a los visitantes.En una evaluación sobre la actuación de esa dependencia en la administración de Zeferino Torreblanca Galindo, Cisneros Radilla dijo: “en las calles se ve la mano de este gobierno que se preocupó por reordenar a los ambulantes”.Explicó que en las calles principales del puerto ya se ha desalojado a ambulantes, como los taqueros, quienes ahora tienen locales. Asimismo, asentó que de la Costera se han retirado unas 70 máquinas de refrescos que obstruían la zona.Agregó que aunque las empresas afectadas ya interpusieron un amparo ante el Tribunal de lo Contencioso y ante el Juzgado de Distrito, esperan que no proceda porque dichas compañías refresqueras no tienen documentos en los que se les autorice estar en la vía pública.

 * Acusan a Leonel Villalobos de inmiscuirse en la vida privada de sus subordinados

 Ossiel Pacheco * Comandantes de la Policía Preventiva acudieron al ayuntamiento del parque Papagayo para respaldar a la comandante María de los Angeles Bello, quien ayer mismo fue suspendida por el encargado de despacho de la Secretaría de Protección y Vialidad, Leonel Villalobos Chávez, quien turnó el caso a la Comisión de Honor y Justicia (CHJ) del Cabildo.

La agente está acusada de extorsión.

Los comandantes pretendían entrevistarse con el alcalde Zeferino Torreblanca Galindo, quien se encontraba en su oficina en una reunión privada con funcionarios, por lo que los inconformes fueron atendidos primero por el coordinador de la agenda del alcalde, Marcos Roberto Nieto, quien a su vez los turnó con el secretario general del ayuntamiento, Guillermo Ramírez Ramos.En la antesala de la oficina del presidente municipal, el comandante Reynaldo Escobar Avila expuso ante Roberto Nieto que acudieron allí para denunciar el hostigamiento que sufren de Villalobos Chávez.Señaló que el encargado de la SPV se inmiscuye en la vida privada de los comandantes de la Policía Preventiva, a quienes les ha dicho que todos los bienes que poseen, entre casas y automóviles, los han obtenido por robar y extorsionar a los ciudadanos.

Se quejó de que el encargado de despacho trata de forma déspota a los comandantes; “a algunos les tiene coraje porque en su momento lo sancionaron por tirar basura en la calle”. Aseguró que la mayoría de los policías están inconformes con su actuación al frente de la dependencia.Asimismo, rechazaron la suspensión de la comandante María de los Angeles Bello, quien fue acusada de extorsión por el mismo Villalobos Chávez, el cual ayer mismo turnó su caso a la CHJ del Cabildo, que preside el síndico Oscar López Vázquez, para su análisis y que emita una resolución al respecto.Escobar Avila señaló que Villalobos Chávez ha propiciado que “se relaje la disciplina de los agentes de esa corporación, pues muchos policías faltistas protegidos por el encargado de despacho les han restado autoridad a su rango que tienen como comandantes”, pues de acuerdo al Bando de Policía y Buen Gobierno estos agentes deberían ser arrestados de manera interna, “pero no han sido sancionados”.Respaldado por 15 comandantes, pidió al funcionario que exija al encargado de la SPV que mantenga una actitud de respeto hacia los comandantes de la Policía Preventivas.Una vez escuchados sus argumentos, Nieto ofreció a los comandantes una reunión no con el alcalde sino con Ramírez Ramos, quien abandonó la reunión del gabinete y los recibió en su oficina.

Una vez que terminó la junta, los comandantes salieron por la puerta trasera de la oficina que da al estacionamiento para evitar a los reporteros, en tanto que Ramírez Ramos, en el pasillo antes de entrar a la oficina de Torreblanca Galindo, evadió responder al respecto y sólo argumentó que tenía que regresar a la reunión del gabinete.En tanto, el síndico procurador López Vázquez, entrevistado en su oficina sobre la suspensión de la comandante de la Policía Preventiva, dijo que aún no tiene la denuncia, pues ninguno de los inconformes acudió a su oficina para entregársela.Se negó a hacer algún comentario hasta contar con elementos para llevar a cabo una valoración, pero admitió que será la CHJ la que determine, “por eso no puedo hacer una crítica a la ligera”.Admitió que la suspensión de la comandante pudiera tratarse de las acciones que lleva a cabo el encargado de despacho para poner orden en esa dependencia, pues se han tenido muchas críticas de ciudadanos sobre la actuación de la Policía Preventiva.

 Karina Contreras * El delegado de Transporte de la zona centro de Acapulco, Arturo Heredia Agatón, reconoció que no se ha podido avanzar en el retiro de los grafitis y dibujos obscenos de los camiones urbanos.Dijo que los dirigentes de los bloques de urbanos han pedido tiempo prudente para retirar los dibujos.Pero al señalarle que nunca o casi nunca los transportistas hacen caso a las autoridades, respondió que: “se han dejado sueltos a los urbaneros y han creado su coto de poder”, esto hace que estén renuentes para alinearse a la ley.

Dijo que en el programa de retiro de grafitis y dibujos pornográficos que empezó el 9 de agosto no se ha podido avanzar como se hubiera querido, esto aunque se han tenido reuniones con las federaciones y representantes de urbaneros, pero se está en “tiempos criticos”, además de que no están acostumbrados al orden.Manifestó el delegado que independientemente de todo hay instrucciones del gobernador René Juárez Cisneros para poner orden, aunque se sabe que no es fácil.Dijo que aunque hay avances y los acuerdos se empiezan a apretar, son los mismos dirigentes los que protestan.Por otro lado, Heredia Agaton dijo que no están haciendo revista a aquellas unidades que no garantizan las condiciones fiables para prestar el servicio.Indicó que hay más de mil 200 unidades, y de éstas el 35 por ciento están en pésimas condiciones.Dijo que por el momento se está obligando al concesionario a firmar un convenio donde se comprometen a reparar su unidad en  60 días, porque de lo contrario transportes las retirará de manera definitiva. “Por el momento se han firmado 68 convenios con el bloque cinco”

 Una de las principales líneas de acción de los proyectos productivos que lleva a cabo el gobierno municipal fue el establecimiento de apiarios, el cual se aplicó en cinco comunidades rurales y tuvieron una inversión de 300 mil pesos, con una aportación de los productores de 75 mil pesos, informó el coordinador de Fomento Económico y Desregulación, Manuel Antonio Zavala.El funcionario dijo que una de las comunidades beneficiadas con este proyecto fue la de Tunzingo, donde 15 productores establecieron apiarios, lo que consiste básicamente en la dotación de equipos de campo, así como insumos para mantenimiento, además de que se les proporciona capacitación y asistencia técnica a los grupos organizados para asegurar el buen desarrollo de las colmenas.Aclaró que por ningún motivo se entrega el recurso en efectivo, sino que se dan herramientas y material necesario para que puedan comenzar los proyectos y con ello mejorar el ingreso económico de los productores y de sus familias.Por lo tanto –dijo Manuel Antonio Zavala– “la meta es producir miel de buena calidad por apiario, además de la aportación al campo con la polonización de los cultivos y huertos frutales”.Zavala Jiménez comentó que además de Tunzingo también se encuentran las comunidades de Metlapil, Dos Arroyos, Altos del Camarón y El Salto, a las que se les aplicó 60 mil pesos a cada una, por lo cual se benefició a 81 productores de manera directa, lo que equivale a un impacto indirecto en 324 habitantes de las localidades mencionadas.El funcionarios explicó que la instalación de proyectos productivos consta de que una vez conformado el grupo, en una asamblea se conforma el comité comunitario, estableciendo las atribuciones de cada parte, y para garantizar la aplicación de los recursos no se hacen de manera efectiva, la entrega es en especie y equivalente al valor del proyecto.

 Maricela Santos, corresponsal, Zihuatanejo * Padres de familia y alumnos del plantel del Colegio de Bachilleres (Cobach) por coorperación de Pantla, junto con habitantes de este lugar, se manifestaron ayer por segunda vez ante el gobernador, René Juárez Cisneros, durante su gira en Zihuatanejo, para solicitar material para la construcción de aulas y pedir la destitución de la directora, Dalia Salgado Rumbo.

Pero sólo la primera de sus demandas fue medianamente satisfecha, porque el gobernador les dijo que les daría láminas de asbesto luego de que la madre de familia Genoveva Chacón Memije le pidiera que les ayudara con el techo de la escuela “porque ahora que están las aguas, llueve más adentro de los salones que afuera”.

Tras recibirles su solicitud de 100 láminas y cemento para el piso de la escuela, Juárez Cisneros le dijo al alcalde de Zihuatanejo, Jorge Allec Galeana, que aportara el cemento para ayudar a la comunidad y que el gobierno del estado daría las láminas de asbesto que solicitaron.

Los padres de familia que conforman el comité pro construcción del Cobach por cooperación de Pantla también abordaron al secretario de Educación, Daniel Pano Cruz, quien fue rodeado por unos 15 alumos que con pancartas expresaban “El Cobach de Pantla también necesita del programa Mano con Mano”, “No tenemos dónde estudiar, ayudenos”, “Hace una semana pedimos cien láminas de adbesto y no nos han favorecido”, así como otras consignas más.

Pano enlistó la petición de material para terminar con la construcción de cuatro aulas, así como de pizarrones y butacas que solicitaron la tesorera del comité pro construcción, Sonia Mandoza Valdovinos, Olivia Reyes Izazaga y el comisario municipal de Pantla, Imer Bustos Espino.

Reyes Izazaga también le expuso a Pano Cruz la inconfomidad que prevalece entre los padres de familia con la directora Delia Salgado Rumbo “porque no cuenta con perfil académico y porque el dinero que han recabado para la contrucción del plantel fue depositado por ella en una casa de materiales de la comunidad sin darles la oportunidad a los padres de familia de comparar precios. Ella dice que está palanca con el gobernador”.

Pano respondió que “Nadie está palanca con el gobernador, incluso nosotros los secretarios debemos de hacer bien las cosas o dejarle el espacio a quien venga a hacer mejor su trabajo”.Luego se comunicó via telefónica al director general de Cobach, David Guzmán Maldonado, con el comisario municipal de Pantla, Imer Bustos Espino quien informó que el funcionario le dijo que concluyan las aulas, que no  les podía enviar más recursos porque ya destinó más de los necesarios a este plantel por cooperación, y que cuando el Comité de Padres de Familia termine las aulas cambiará a la directora, quien fue ratificada en el cargo el 5 de septiembre por el coordinador administrativo del Cobach, Manuel Quevedo.Bustos Espino dijo estar de acuerdo con la solicitud de los padres de familia para exigir la destitución de la directora, Dalia Salgado Rumbo, “porque con su actitud obstaculiza los trabajos que los padres de familia están realizando para construir sus aulas, ella no encabeza las gestorías pero quiere manejar los recursos, por eso estamos inconformes”.

  Corresponsalía, Tecpan de Galeana * Unos 300 maestros cetegistas de los municipios de Atoyac, Tecpan San Jerónimo y la Unión protestaron ayer en la Subcoordinación de Servicios Educativos de la Costa Grande contra las reformas estatutarias del SNTE y para exigir juicio político a Elba Esther Gordillo y su expulsión del SNTE.

El dirigente de la CETEG, Víctor Echevarría Valenzuela dijo que la manifestación es para denunciar en las subcoordinaciones de la SEG, el peligro que representa para la educación publica, derechos sindicales, laborales y la iniciativa de la ley del ISSSTE, las reformas a la ley general de trabajadores de la educación.

Dijo que reforma laboral de Vicente Fox, dará todo el poder a la Secretaría de Educación Pública (SEP), para que promueva ascensos, promociones y exámenes estandarizados para todos los aspirantes. Aseguró que “es la aniquilación en un 90 por ciento del sindicato y llevara a la aniquilación del derecho laboral, es un entreguismo vil”.

Expuso que las nuevas reformas proponen un congreso estatutario con la idea de eliminar los congresos de elección del comité ejecutivo seccional, las asambleas de elección y aplicar lo que llamó el IFE sindical.

Explicó que ahora se votará con una estructura parecida al de las contiendas electorales, pero en copia mal hecha y donde proliferarán las candidaturas.Dijo que las protestas están coordinadas en 23 estados para denunciar y exigir juicio político a Elba Esther Gordillo y un plebiscito nacional para pedir su expulsión del SNTE con una auditoría.Indicó que esa auditoría debe ser para todas las escuelas y subcoordinaciones por la gran cantidad de aviadores que existe.Asimismo, exigió que se resuelvan los problemas de carácter laboral que han ocasionado los diferentes grupos políticos por los cotos de poder que detentan los supervisores, jefes de sector, directores.

  Contribuyen a elevar el nivel del rezago educativo, señala la investigadora * Para atender el problema presentarán dos proyectos al Sibej

 Raquel Santiago Maganda * Uno de los principales factores que propicia el rezago educativo se debe a que muchos de los estudiantes tienen bajo nivel de comprensión de la lectura que los hace analfabetas funcionales, informó la directora del Centro de Investigación y Desarrollo Educativo de Acapulco (CIDEA), Rita del Pilar Zamudio Ochoa.

Explicó que para atender este problema el CIDEA que depende de la SEG, presentará dos proyectos  al Sistema de Investigación Benito Juárez (Sibej), para contrarrestar las deficiencias de aprendizaje aun entre los alumnos que saben leer y escribir.

Entrevistada en su oficina, Zamudio Ochoa dijo que no sólo existe el analfabetismo que, en su versión común, se refiere a las personas que no saben leer ni escribir, sino que también se refleja cuando el alumno realiza esas dos actividades básicas y no logra retener el aprendizaje porque no entiende la enseñanza.

Expuso que en la convocatoria que cierra el 13 de septiembre se presentará el proyecto con el tema Modelo integral de desarrollo humano y su impacto en el rendimiento escolar, con el objetivo de incrementar el rendimiento de los alumnos de educación básica con el desarrollo integral que incluye los aspectos emocionales, de infraestructura y de enseñanza correcta.

Recomendó que los maestros deben modificar la enseñanza tradicionalista, porque se han efectuado investigaciones que demuestran que los alumnos tienen bajo nivel de comprensión lectora, y no responden al aprendizaje porque “en la primaria se les enseña a leer y pocos realmente entienden”.

Precisó que el docente les enseña a memorizar y no a razonar, porque atienden más al niño que a los objetos de enseñanza.

La investigadora agregó que los factores emocional y sicológicos son importantes porque generan el ambiente propicio para que el estudiante pueda sentirse bien y participe en la construcción del aprendizaje.

Otro proyecto complementario es el titulado, Factores socioeconómicos que impiden el rendimiento educativo, en el cual se pretende ubicar a los elementos al exterior de las escuelas para que coadyuve con los planteles para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. El proyecto es coordinado por Orfilda Aguirre Jaimes y Librado Reyes Ojendi.

La investigadora también informó que se abrió la convocatoria para el Diplomado de investigación educativa dirigido a maestros para formarlos como investigadores humanistas en seis meses.

Indicó que la mayor demanda la ha tenido en el nivel medio superior, y la ventaja es que los docentes pueden practicar sus conocimientos en su área de trabajo, aunado a que el diplomado tiene valor escalafonario.

 Maricela Santos, corresponsal, Petatlán * Profesores y padres de familia de la escuela primaria Cristóbal Colón de Petatlán, urgieron ayer a las autoridades educativas para que se agilice la construcción del plantel porque hace un año que los alumnos estudian en salones construidos con los desechos de la institución que fue demolida hace 11 meses.La subdirectora de la escuela, Hildeberta Adame García explicó que debido a que las instalaciones estaban muy deterioradas, se demolió parte del viejo edificio en octubre del año pasado y desde entonces más de 500 niños reciben clases en galeras construidas de madera y pedazos de plafón, en condiciones inseguras.Dijo que desde que se cambiaron los alumnos provisionalmente a un terreno desocupado de la escuela Amado Nervo, la matrícula escolar se redujo, puesto que originalmente llegaron al lugar 300 alumnos en el turno matutino y una cantidad similar en el vespertino, pero ahora hay sólo 270 en el turno matutino y 260 en el vespertino.Adame García entrevistada ayer mientras despachaba en un escritorio que tiene al aire libre, junto a las galeras donde toman clases niños de entre los 6 y 12 años de edad, consideró que es urgente que se termine la construcción del plantel para que los alumnos estudien en condiciones dignas.En el lugar, algunas madres manifestaron su preocupación por las precarias condiciones en las que estudian sus hijos.

* Dos veces desapareció de la agencia del Ministerio Público de Coyuca de Catalán la denuncia del campesino Anatalio Flores, que fue secuestrado nueve horas y encerrado en una casa de El Pozo

Maribel Gutiérrez, Monte Grande * En su intento por fabricar testigos que acusaran a los habitantes de Monte Grande de la emboscada del 14 de diciembre de 1997 en El Pozo, los Montúfar secuestraron a Anatalio Flores Gómez, el 24 de febrero de 1998. Lo tuvieron detenido horas en el campo, en uno de los cerros que rodean el pueblo, y después lo encerraron en un cuarto en su casa, como si fuera una cárcel privada.

Anatalio Flores, uno de los campesinos de más edad de Monte Grande, alto, delgado, de cabello blanco, dice que los Montúfar lo querían obligar a acusar a sus vecinos, y él se negó y dijo: “prefiero morirme”.

En Monte Grande, don Anatalio cuenta que fue dos veces a presentar la denuncia por su secuestro a la agencia del Ministerio Público, y las dos veces desaparecieron las actas del MP de Coyuca de Catalán, a pesar de que había cuatro testigos que fueron a firmar.

–¿Qué declaró usted?

–Dije que me habían agarrado, que me llevaron al campo, al cerro cerca de Monte Grande, me llevaron como a las 3 y media de la tarde y me soltaron como a las 12 y media de la noche.

“Primero me llevaron al cerro y con la noche me bajan del cerro. Me llevan a la casa de los Montúfar, a El Pozo, me encierran y le echan llave al cuarto. Estuve ahí encerrado cinco horas. Un cuidandero que tenían decía que no me iba a pasar nada.

“Eran ocho los que me llevaron. Reconocí a Abel Montúfar y a Ramiro Montúfar y otros seis, todos estaban vestidos de judicial, con armas largas y pistolas”.

En las denuncias que desaparecieron, Anatalio decía que cuando lo secuestraron querían que dijera que los de la emboscada habían sido Aurelio, Delfín, Estanislao y Aureo, y le decían que si no decía que eran ellos, a él lo iban a matar.

“Yo les decía a los que me tenían que no era cierto, que esas personas no eran culpables de nada, y entonces me decían que inventara que ellos habían sido. Yo les dije que no, que mejor me muero, que no digo esas mentiras”.

Cuando se enteraron de que se habían llevado a Anatalio, se reunieron los vecinos de Monte Grande, hombres y mujeres, para buscarlo en los cerros cercanos. Por eso lo liberaron. Cuenta que en el lugar en que lo tenían en el cerro se oía el ruido y las voces de la gente que ya andaba cerca. Entonces lo bajaron del cerro y lo metieron a una de las casas de los Montúfar en El Pozo.

De eso hace ya más de cuatro años, y Anatalio dice que desde entonces no vive tranquilo, que tiene miedo de que cuando va a trabajar a su potrero lo maten, y por eso casi no ha sembrado desde que pasó eso.

 

El origen del poder

 

El miembro más conocido de la familia Montúfar de El Pozo es funcionario del gobierno del estado, Erit Montúfar Mendoza, que ocupó espacios relevantes en los medios de comunicación en 1995, porque a raíz de la masacre de Aguas Blancas fue designado director de la Policía Judicial del Estado, en sustitución de Gustavo Olea Godoy, de quien era secretario particular y tuvo que dejar el cargo por recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Después, Erit Montúfar ha sido funcionario de Transportes del gobierno del estado y actualmente es secretario de seguridad pública del ayuntamiento de Chilpancingo.

Erit Montúfar recibió del gobernador Rubén Figeroa el cargo como director de la PJE, lo que muestra sus nexos con el grupo del poderoso ex gobernador. Este nombramiento fue visto como una maniobra de Figueroa para aparentar un cambio ante las presiones para que cumpliera la recomendación de la CNDH, y quitar formalmente a Olea Godoy pero dejar en su lugar a su empleado más cercano.

Pero no sólo es ese vínculo con Figueroa Alcocer el origen del poder y las influencias de los Montúfar en las fuerzas armadas, Ejército o policías.

Los presos políticos originarios de Monte Grande cuentan que los Montúfar han tenido el apoyo del Ejército desde la masacre de La Papaya, en 1974, localidad a un kilómetro y medio de Monte Grande.

En esa ocasión hubo cinco muertos en un enfrentamiento con el Ejército.

Recuerdan que habitantes de La Papaya estaban acusados de homicidio, y alguien pagó a los soldados para que les cayeran en sus casas, supuestamente para cumplir las órdenes de aprehensión.

Cuando llegaron los soldados, agarraron a tres campesinos que estaban en su casa y los ejecutaron a sangre fría. Pero otros dos se opusieron al Ejército, tomaron sus armas y pelearon contra los militares. Finalmente cayeron muertos en el enfrentamiento desigual.

Se sabe que José Montúfar era amigo de Antonio López Rivera, que era teniente coronel del 59 batallón de infantería, y estuvo al frente de la operación en La Papaya, en la que el mismo Antonio López salió herido, y para salvarle la vida los Montúfar se lo llevaron a su casa en El Pozo.

Después de la masacre de La Papaya a López Rivera lo ascendieron a coronel, y con esto aumentó la influencia y el poder de sus amigos Montúfar.

Desde entonces, y hasta la fecha, los Montúfar de El Pozo tenían muy buena relación con los mandos del Ejército, y desde entonces andaban armados donde querían.

También afirman los presos que desde entonces los Montúfar servían de madrinas y de orejas del gobierno y en particular del Ejército para reportar lo que pasa en esa área. Por eso, desde entonces los identifican como represores de la gente que piensa diferente al gobierno y a los priístas.

Estanislao Gutiérrez, que desde joven ha sido militante de partidos de izquierda, y con ideas políticas de oposición al gobierno desde la prisión, opina sobre los Montúfar: “Estoy seguro que es una banda paramilitar apoyada por el gobierno. Ellos robaban ganado; a pura gente de oposición, del PRD, le robaban ganado”.

Recuerda que a un tío de ellos, que se llama Meregildo Montúfar Ochoa, le pegaron porque votó por el PRD en el ejido de La Iguana, “lo corrieron y era su tío padre, fue por el año 1993. Ahí hacían fraudes, aparecían 150 votos para el PRI cuando son como 10 electores”.

Agrega: “Son el grupo de Rubén Figueroa y reprimen a gente del PRD. Siempre han cargado armas, cuernos de chivo, todos los repudian, los odian”.

Otra denuncia por las actividades represoras de los Montúfar fue hecha por el presidente del Comité de Presos Políticos y de Conciencia del Cereso de Acapulco, Omar Guerrero Solís, que fue detenido el 9 de marzo de 2001 en Riva Palacio, Michoacán, al lado de ciudad Altamirano, en la Tierra Caliente, por judiciales del estado al mando del comandante regional, Guadalupe Herrera Sánchez, acompañados por Abel y Garibaldi Montúfar.

–¿Porqué intervinieron los Montúfar? –se le pregunta.

–Ellos me querían acusar de que yo había participado en la emboscada a sus familiares. Cuando me torturaron, Abel Montúfar me decía que yo había estado en la emboscada, porque decían que yo era de la guerrilla. Además, ellos han actuado siempre al lado de la Policía Judicial del Estado, tienen un cacicazgo impuesto en la Tierra Caliente, que se acentuó cuando Erit Montúfar fue director de la Judicial.

–¿De dónde viene el poder de la familia Montúfar?

–Han estado involucrados en abigeato, en transporte de drogas, principalmente de cocaína y mariguana y se adueñaron de una parte del ejido de Monte Grande. Ellos han actuado como madrinas de la Judicial, y a mí me han relacionado con la guerrilla porque soy de la familia Santana, por parte de mi esposa, Gloria Vida Santana, y a los miembros de la familia Santana los han acusado de ser “encapuchados”, los han relacionado con la guerrilla siempre, desde la época de Lucio Cabañas.

 

Aurelio Díaz: los Montúfar inventaron una vanganza

 

Aurelio Díaz Milián, padre de 12 hijos, lleva más de tres años en la cárcel. Fue el primer acusado por los Montúfar, que a raíz del asesinato de Raymundo Díaz Gutiérrez, el hijo mayor de Aurelio, pensaron que los de Monte Grande les iban a echar la culpa y se iban a vengar, y dijeron que esa venganza fue la emboscada de El Pozo.

Desde la cárcel, cuenta los hechos: “Mi hijo tenía 30 años, el 18 de noviembre de 1997 lo mataron; no supimos quién fue.

“El tenía una camioneta que había traído de Estados Unidos. Una señora, que se llama Rosa Echeverría, fue a pedirle un rait. La trajo al entronque de Paso de Arena. La dejó, pero ya no regresó a la casa, todo el día estuvo perdido. En la noche lo encontraron muerto; lo metieron a un costal de Ixtle y lo tiraron en Patambo.

“A los 15 días, los Montúfar me citaron con el agente del Ministerio Público, que era Ernesto Acevedo, porque ellos decían que yo los iba a matar. Pero no es cierto, yo no tenía conocimiento de quién mató a mi hijo.

–Aquí estoy –dije cuando me llamaron al Ministerio Público.

–Yo sé que tú me vas a matar –conestó José Montúfar.

–No, yo no te voy a matar.

–Tu sabes que éramos amigos.

–¿Desde cuándo ya no somos? –le pregunté, y pedí al Ministerio Público que me dejaran sacar video de esa reunión, pero no me permitieron.

“De esa reunión no se escribió nada, no quedó ni un acta, porque todo lo controlan los Montúfar.

Después, Boni Montúfar dijo en Chilpancingo que yo dije que a mi hijo lo habían matado por narco, pero yo no dije eso, ni es cierto, mi hijo no estaba en el narco, y no teníamos idea de por qué lo mataron, ahora pensamos que fueron los Montúfar.

“El 14 de diciembre de 1997 les ponen una emboscada a ellos, cuando iban en una camioneta en el camino a El Pozo, donde tienen su casa los Montúfar (Mataron en la emboscada a José Montúfar Ochoa, a su hija Diocelina Montúfar Burgos y su nieto, el niño Angel de Jesús Balderas Montúfar).

“Ellos presentaron dos testigos de cargo, pero en realidad no es ni uno. Son Teodoro Sánchez García y Guadalupe Mojica Maldonado. Se supone que esos testigos son de Los Terrones. Al hablar con el comisario de Los Terrones, Ramón Gandarilla, vino mi esposa y mi hermana, y descubren que los testigos son falsos”.

“Cuando la emboscada a los Montúfar en la carretera otros de la familia Montúfar estaban en la casa. Dijeron que se salieron cuando oyeron los balazos y dejaron a un muchacho, Eustolio Santana Gómez, peón de ellos. El vio a los que atacaron, porque entraron a las casas. Los Montúfar le habían dicho que dijera que fuimos nosotros. Pero Eustolio vino a declarar y dijo que eran cinco individuos, que eran prietos, chinos y vestidos de blanco, y que no conocía a nadie, y que ninguno de ellos era de los acusados”.

De la corresponsalía, Chilpancingo * Militantes de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ) se instalaron en huelga de hambre en las oficinas de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) y  en el Congreso local para demandar la liberación de 37 indígenas que están recluidos en cárceles de Guerrero por delitos contra la salud.

Rufino Cruz de Jesús, miembro de la dirigencia estatal dijo que él y sus compañeros llevan diez días aquí en la capital del estado en espera de que el gobernador René Juárez Cisneros les autorice una audiencia para plantearle sus demandas.

“Estamos aquí para que el gobernador nos haga caso pero vemos que esto no ha sido posible y por ello decidimos intensificar nuestras protestas”, aseveró el dirigente de esta organización.

Rufino Cruz Padilla y otros 12 integrantes de la LARSEZ, instalaron su huelga en el primer piso de las oficinas de la Codehum.

Los inconformes esperaban que el presidente de este organismo, Juan Alarcón Hernández los recibiera en sus oficinas, y a quien le pedirían que interviniera ante el mandatario estatal René Juárez Cisneros para que los recibiera en audiencia.

Dijo Cruz de Jesús que en el paquete de demandas que piensan entregar al gobernador René Juárez está la autorización de obras sociales en comunidades de municipios de Acapulco, Atlixtac, Acatepec, Zumpango de Neri, Ometepec y Malinaltepec.

Las exigencias sociales de los integrantes de esta agrupación, son que el gobierno de Juárez Cisneros comience con obras de electrificación, construcción de jardín de niños, una telesecundaria y de pavimentación de caminos.

En el mismo escrito, esta organización exige que el Congreso local apruebe la Ley de Amnistía y la liberación de presos políticos.