Alfredo Mondragón * La Secretaría de Salud del estado (Ssa), en coordinación con la federal, el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEGI) y los ayuntamientos elaborarán un análisis en la entidad de la mortandad infantil y materna con el objetivo de diseñar estrategias para dar una mejor atención a la población y evitar el sub registro.

El director de Información y Evaluación del INEGI, Rafael Lozano Ascencio, dijo que el subregistro de la mortandad es un problema que preocupa a las autoridades de salud y por ello, es necesaria la coordinación entre las autoridades sanitarias, municipales, registro civil y dicho instituto debido a que permitirá mejorar el proceso de certificación y diseñar acciones.    

Por otra parte, la secretaria de Salud, Verónica Muñoz Parra, entregó medallas, diplomas y estímulos económicos desde 4 mil a 10 mil pesos a 365 trabajadores de la dependencia por su buen desempeño y antigüedad laboral de 20 a 50 años, en cumplimiento de las normas oficiales de estímulo de los servidores de la dependencia. 

Muñoz Parra también otorgó a 32 trabajadores otro estímulo económico entre 6 y 7 mil pesos de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), gestionados por el gobernador René Juárez Cisneros.

La funcionaria estatal entregó a 126 trabajadores la medalla Galo Soberón, un diploma y 4 mil pesos por 20 años de servicio; la medalla Alfonso Brunelas a 47 trabajadores con 25 años de trabajo y un estímulo de 5 mil; la medalla Maximiliano Ruiz a 139 servidores con 30 años de labores y un estímulo de 6 mil pesos.

Además, entregó la medalla Gustavo Prada a 28 trabajadores por 35 años de servicio y un estímulo de 7 mil; la medalla Manuel Martínez a 19 empleados por 40 años de antigüedad y un estímulo de 8 mil pesos; la medalla Ignacio Chávez a 5 trabajadores por 45 años de servicio y la medalla Miguel Bustamante a un trabajador por 50 años de servicio permanente.

En el evento Muñoz Parra exhortó a los médicos y personal técnico de la dependencia a mantener y mejorar la coordinación entre las autoridades municipales a fin de establecer estrategias de acción y elaborar las estadísticas de registro de defunciones tanto maternas como infantiles.

 * Aducen ex candidatos irregularidades en la elección

 Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Por irregularidades en la elección del secretario general de la sección 36 del Sindicato de la Secretaría de Salud se suspendió la toma de protesta del nuevo dirigente sindical, mientras que trabajadores disidentes denunciaron hostigamiento y persecución en su contra por parte de funcionarios de la dependencia.

Las elecciones se efectuaron el 3 de diciembre y obtuvo el triunfo el representante de la planilla Roja Felipe Becerril Sotelo, sin embargo la toma de protesta se ha ido aplazando debido a las inconformidades de trabajadores después de la elección, según dijo ayer Noé Jiménez, ex candidato de la planilla Amarilla e integrante de la Coordinadora de Trabajadores de la Secretaría de Salud, la fracción democrática de los trabajadores de esa dependencia.

También denunció que durante la elección se cometieron diversas irregularidades no sólo los candidatos, sino de “los caciques” sindicales y hasta de los funcionarios de esa Secretaría para apoyar a sus respectivos candidatos.

Por ello criticó que algunos de los seguidores de los candidatos que perdieron “estén ahora denunciando irregularidades cuando sus candidatos también incurrieron en ellas ” y dijo por eso a pesar de que no avala el triunfo de Becerril Sotelo tampoco lo impugna pero que sí está en contra de quienes lo están desconociendo.

Noe Jiménez dijo que los trabajadores de la Coordinadora aún cuando no ganaron la secretaría general del sindicato, continuarán luchando por basificación para los trabajadores de más de 10 años de servicio, aumento a los trabajadores de la rama administrativa, bolsa de trabajo para los hijos de los trabajadores y 90 días de aguinaldo.

También denunció que existe hostigamiento hacia los trabajadores de esta coordinadora, y que en su caso se inició en días pasados una campaña de desprestigio cuando fue acusasdo de que cometió fraude en la autorización del pago de viáticos por 28 mil pesos a los trabajadores.

Señaló que ello fue una de las contracampañas en su contra “porque donde quiera que nos parábamos los compañeros trabajadores nos criticaban eso; que estábamos involucrados en el fraude a través de la gestoría de los viáticos cuando somos nosotros los que estamos pidiendo que se investigue a fondo eso”, dijo.

 Francisco Magaña, corresponsal, Atoyac * Mientras efectivos de la 27 zona militar realizan labor social en la parte baja del municipio, en El Cucuyachi pobladores piden que soldados que se ubican en esa zona no cometan detenciones arbitrarias.

Tras 15 días de vigilancia constante en las poblaciones de El Cucuyachi, El Achotal y El Chiflón, en la parte media de la sierra de Atoyac, por efectivos militares de la 27 Zona Militar, pobladores de esa zona piden que los soldados se conduzcan con respeto a los campesinos que diariamente salen a trabajar en sus potreros y sus huertas.

Los campesinos de esas poblaciones aprueban la presencia de las tropas porque dicen que garantiza seguridad ante los asaltos y los delincuentes comunes. Pero piden que no se escuden en esa acción para detener o desaparecer a algún campesino, como lo han hecho en años anteriores cuando han acusado a campesinos de tener vínculos con presuntos grupos guerrilleros.

Los militares tienen 15 días patrullando esa zona, en las tres poblaciones, y se quedan a dormir sobre el camino en la localidad de El Cucuyachi, adonde casi diariamente llegan dos camiones con militares.

Los patrullajes se realizan entre las huertas y potreros aledaños a las tres poblaciones, señalan los campesinos.

Por otra parte, en la parte baja del municipio y rn El Quemado en la parte media de la sierra, comenzó este lunes una campaña de labor social, que comprenden actividades de efectivos de la 27 Zona Militar con sede en El Ticuí en este municipio y de la 13 Compañía de Infantería No Encuadrada (CINE).

La labor social de los soldados, según un anuncio difundido en la radio local, comprende las poblaciones de El Quemado, Ixtla, Zuzuca, Los Organos y El Humo, comunidades que se caracterizan por ser de las más marginadas del municipio.

Las actividades de labor social del Ejército son consultas médicas, odontología, carpintería, reparación de aparatos electrodomésticos y viviendas.

 Un grupo de 25 ejidatarios de Barrio Nuevo de Zihuatanejo realizó ayer un bloqueo de cuatro pozos del sistema de agua potable del municipio que están dentro de este ejido, en reclamo al pago del adeudo de 136 mil pesos por la extracción de agua por parte de la CAPAZ.

El grupo encabezado por el ejidatario Miguel Valencia Bracamontes exigió la destitución del recién designado director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo (CAPAZ), el panista José Luis Alvarez Salgado, así como de los funcionarios Jaime Martínez, subdirector administrativo y  ex aspirante del PRI a la candidatura por la alcaldía azuetense y Rubén Sotelo Rosas, jefe de comercialización de la nueva administración de este organismo.

Valencia Bracamontes está dentro de la lista de cheques en tránsito que se entregó en el área de CAPAZ, con un monto de 136 mil pesos, girado el 18 de noviembre pasado y con el número de cheque 5789 que es de los que al parecer aún no se han cobrado.

Al lugar se trasladó a las 6 de la tarde el alcalde Amador Campos Aburto quien platicó con ellos para pedirles que permitieran funcionar estos pozos porque se podría afectar la dotación de agua en Zihuatanejo.

Acordó reunir al consejo de CAPAZ mañana para que se analice el caso y se logre que se continúen usando estos pozos de agua.

Sin embargo los ejidatarios continuaban bloqueando el acceso a los pozos de agua que iniciaron desde las 9 horas de ayer y se prolongó ayer todavía a las 20 horas cuando, llegaron representantes de la Comisión Nacional del Agua (CNA) para tratar de intervenir en el caso.

Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * En el Consejo local del IFE se concluyó que hubo guerrerenses que no pudieron votar en las elecciones del 6 de octubre por falta de capacitación a los funcionarios de casilla.

En un informe del presidente del Registro Federal de Electores (RFE), Alfredo Contreras Arzeta dio a conocer que a petición del PRD, solicitó al Consejo Estatal Electoral información de las listas que se elaboraron con los datos de los guerrerenses que no pudieron sufragar en la elección del pasado 6 de octubre y conocer los motivos.

El funcionario electoral dio a conocer que la respuesta del presidente del Consejo Estatal Electoral, Ceferino Cruz Lagunas fue que no tienen ninguna lista en ese sentido “por hechos no imputables” a ese órgano electoral, sino a los propios electores.

En intervenciones de los representantes del PRD, PAN, CD, PSN y la consejera Lillian Rivas Santillán, se explicó que el problema fue originado, en parte porque no se capacitó a los funcionarios de casilla el pasado 6 de octubre.

Y por otro lado se coincidió en la necesidad de capacitar a los funcionarios de casilla para que para la elección federal del próximo 6 de julio, para que anoten en la lista los que teniendo credencial no puedan sufragar.

Además se dio a conocer la designación de Manuel Valdez Vinalay como consejero  propietario en el distrito 08 de Ometepec, y de suplentes de consejeros en los 10 distritos, ante la inconformidad de los representantes del PRI y el PLM porque no conocieron las propuestas ni sus perfiles.

También se informó de la designación como suplentes de consejeros en el distrito 02 con sede en Taxco, a Joel Alejandro Juárez Pineda y a Héctor Albavera Rivera; en el distrito 03 con sede en Zihuatanejo, a Rosalía Salgado Salgado, Nelson Sernas Romero, María Félix Hernández Cervantes y Gabriel González Robles.

En el distrito 04 con sede en Iguala, a Raquel Adelina Flores Muñoz y Dolores Montes de Oca Tapia; en el distrito 06 con sede en Chilapa, como Antonio Lima Alonso y a Alvaro Guerrero Venegas; en el distrito 07 con sede en Chilpancingo, a Silvia Ceballos Martínez.

En el distrito 08 con sede en Ometepec, a Alberta Mayo Cruz, Eloy Jiménez Molina y a Isidro Zolano Cortés; en el distrito 09 con sede en Acapulco, a Blanca Guzmán Iturbe, Milca Abigail Sánchez Bravo, Martha Vega Torres y Silvia Patricia Flores Ruano. Y en el distrito 10 del Acapulco urbano, a Rocío Bustos Ayala y al responsable de los boletines de prensa de la última y fallida campaña local del PRI en Acapulco, Oscar Basave Hernández.

En este punto del orden del día, los representantes del PRI y PLM coincidieron en reclamar al presidente del Consejo Local la lista de las propuestas de suplentes de consejeros y del consejero propietario de Ometepec que fueron aprobados, porque no les fue presentado con oportunidad.

El presidente de la Junta Local del IFE, Dagoberto Santos Trigo les dijo que tenían la lista de los consejeros suplentes y que se los daría a conocer con oportunidad.

 * La Suprema Corte señaló a Figueroa y a Robles Catalán, recuerda la secretaria del ayuntamiento de Acapulco

Aurelio Peláez * La ex alcaldesa de Atoyac María de la Luz Núñez Ramos, informó que atenderá la cita que le hizo la Fiscalía Especial para crímenes políticos del pasado, luego de que esa oficina creada en este sexenio, reabrió la investigación de la masacre de Aguas Blancas.

Entrevistada en sus oficinas de la Secretaría General del ayuntamiento de Acapulco, Núñez Ramos recordó que ese citatorio es resultado de que el pasado 11 de julio acudió a esta Fiscalía, a la ciudad de México, a realizar una nueva declaración en torno al caso. Pidió entonces al fiscal Ignacio Carrillo Prieto retomar las conclusiones de la comisión de magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que en un informe rendido en abril de 1996 al entonces presidente Ernesto Zedillo plantearon que debía investigarse por la masacre al ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer, a su secretario general de Gobierno, Rubén Robles Catalán, al entonces procurador Antonio Alcocer Salazar y al que era director de la policía Judicial Gustavo Olea Godoy, pero no resultó ninguna acción penal.

El 28 de junio de 1995 en el vado de Aguas Blancas, Coyuca de Benítez, integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), fueron atacados a balazos en un retén de policías estatales, muriendo 17 de ellos.

La ex alcaldesa de Atoyac, a cuyo ayuntamiento se dirigía la comitiva de la OCSS, contó que el 11 de julio acudió a hacer una ratificación y a llevar algunas pruebas sobre la matanza, como el video de 18 minutos, los teléfonos de algunos funcionarios del anterior ayuntamiento de Atoyac y algunos recortes periodísticos.

“Son pruebas que yo tengo que aportar, yo le he pedido al presidente (municipal, Alberto López Rosas) su opinión y él cree conveniente que yo asista de manera personal porque yo quería enviar todo esto por escrito”.

Dijo que espera de esta nueva etapa del caso Aguas Blancas “que sigan avanzando en esas investigaciones y que sigan citando a toda la gente que sea necesario. Precisamente acaba de entrar ahorita (a su oficina, minutos antes) un grupo de representantes de las viudas de Aguas Blancas, en donde me acaban de traer un documento en donde además de darme una felicitación por el papel que yo he desempeñado en esta denuncia, ellos quieren ir a denunciar allá también, pero quieren que sea en coincidencia con lo que nosotros hemos presentado”.

Reiteró que “yo espero justicia, espero que no haya impunidad, porque mientras haya injusticia y haya impunidad de los sucesos violentos de parte del gobierno, que violen los derechos humanos, pues se seguirán repitiendo. No queremos que vuelva a haber masacres en nuestro estado”.

Se le señaló que uno de los representantes jurídicos de la OCSS, el ex rector de la UAG José Enrique González Ruiz, ha manifestado su recelo al trabajo de la fiscalía porque no ha sido eficiente en la investigación de los crímenes del pasado. Para Núñez Ramos, “él está en su derecho de creer lo que crea conveniente. Yo tengo derecho a creer en la justicia mexicana”.

Confió en que la investigación de la Fiscalía pueda llegar hasta el procesamiento penal de Rubén Figueroa y Robles Catalán. “El proceso está abierto, judicialmente no está cerrado, el proceso está abierto, entonces yo creo que para allá van, para allá van, para sentar en el banquillo de los acusados a Rubén Robles Catalán, a Rubén Figueroa y a todos los que resulten responsables. Tengo esperanzas. Parece un sueño pero a veces se realiza”.

De Figueroa Alcocer, explicó que “la fuerza que él tiene no la vamos a negar. El es un hombre muy fuerte, política, económicamente muy fuerte y entonces para eso fue creado este organismo. Yo sí creo en la justicia mexicana, sobre todo si ellos retoman la recomendación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde finalmente ellos encuentran culpable a Rubén Figueroa Alcocer. Lo que pasa es que la PGR no le dio seguimiento, la PGR sabe por qué no le dio seguimiento a esto, pero el resultado de la SCJN es que sí lo encuentran culpable”.

Del papel del fiscal, Ignacio Carrillo Prieto, señaló: “Está trabajando con mucha intensidad y está poniendo todo de su parte. Lo que sucede a veces es que las partes no colaboran. Qué caso tiene que vayamos todos nosotros a declarar si no va a la otra parte. Así no se va a llegar a una clarificación de los hechos. Entonces es importante que él escuche y conozca de manera bilateral las opiniones”.

 Maricela Santos, corresponsal, Zihuatanejo * El cabildo azuetense aprobó un aumento a los salarios de los ediles de este municipio, así como para los trabajadores administrativos de base como secretarias y auxiliares.

El cabildo azuetense convino incrementar a 22 mil pesos mensuales el salario de los regidores y a la par se autorizó el pago adicional de asesores para los regidores que lo soliciten y su sueldo correrá a cargo del erario municipal, aunque no se fijó el monto para este gasto y de que esta figura no existía en la anterior administración priísta que encabezó Jorge Allec Galeana.

Los salarios de los regidores con este aumento subieron de 16 mil pesos mensuales que ganaban los ediles de la anterior administración, con lo que el aumento en promedio es de 72 por ciento en este caso.

Para el regidor panista de Azueta, Rafael Guzmán Eloisa la autorización de asesores por edil que lo solicite servirá “para que uno se fije bien qué es lo que se va a firmar y para atender mejor a la gente que nos venga a ver” en las oficinas del ayuntamiento.

El asunto de los salarios que se aprobaron en cabildo fue dado a conocer por el alcalde Amador Campos Aburto, quien denunció la aparente inequidad respecto a los sueldos que había en la anterior administración priísta de Jorge Allec Galeana: “Resulta que nos encontramos que el presidente municipal ganaba 20 mil pesos mensuales y el síndico 23 mil pesos mensuales. Yo no sé si esto realmente sería cierto, pero así están los documentos, nosotros propusimos y vamos a empezar de arriba hacia abajo”.

Dijo que al tocarse este tema en cabildo la propuesta inicial que hizo como tope para el salario mensual en su calidad de presidente municipal sería de 25 mil pesos “y de ahí en adelante se propuso que el síndico, Joaquín González Ramírez tuviera un salario mensual de 23 mil pesos, con lo cual el salario del responsable de los bienes muebles e inmuebles del municipio se conservó como tradicionalmente se venía pagando en la anterior administración.

En el caso de los directores se aprobaron también aumentos salariales. El de Seguridad Pública y Tránsito, Fernando Barrientos Llanes, por ejemplo, será de 25 mil pesos, que es el mismo sueldo que ganará el alcalde mensualmente.

En el resto de las áreas los aumentos son proporcionales “de acuerdo con la responsabilidad de cada uno y el trabajo que realizan”, según justificó el primer edil Amador Campos Abuerto al dar a conocer este acuerdo de cabildo que incrementa en un promedio del 25 por ciento el salario nominal en Azueta.

El salario que se encontró “en libros” que cobraban los anteriores funcionarios municipales en el periodo anterior inmediato era de 13 mil 600 pesos, pero en sesión de cabildo se aprobó en esta administración 2002-2005 un pago de 20 mil pesos mensuales al secretario del ayuntamiento, Gonzalo Castro Reyes, igual que a la titular de la Tesorería municipal, Gilda Soberanis Garmiño.

En el resto de las direcciones municipales los titulares ganarán 15 mil pesos mensuales y se convino que los jefes de área ganarán mensualmente 7 mil 200 pesos mientras que a las secretarias y el resto del personal de oficina el incremento será del 20 por ciento a lo que ganaban en la anterior administración. Los trabajadores de Seguridad Pública, que tienen el salario más bajo de los que se pagan en la Costa Grande por el mismo trabajo, no recibirán por ahora ningún aumento.

 Sobrevivientes de Aguas Blancas dijeron temer alguna venganza del ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer y ex colaboradores suyos involucrados en la masacre de los 17 campesinos, luego de que la Fiscalía Especial para crímenes políticos del pasado reabriera el caso, con la posibilidad de enjuiciar a los ex funcionarios.

En una carta enviada ayer a la ex alcaldesa de Atoyac, María de la Luz Núñez Ramos, a quien felicitan por haber promovido la reapertura del caso en la Fiscalía, advierten no obstante de “la muy posible persecución e intimidación o algún atentado por parte de sicarios o escuadrones de la muerte del gobierno del estado y del figueroísmo a los suscritos, a nuestro defensor ( el abogado José Sánchez) y a usted”.

Por ello, consideran “de suma importancia que hagamos un frente común con las ONG, CNDH, la Fiscalía Especial y los gobiernos perredistas de la ciudad de México, Acapulco y Coyuca de Benítez, para el efecto de solicitar apoyos y garantías a nuestra vida, familia, posesiones y nuestra libertad e inclusive al gobierno federal de Vicente Fox”.

Afirman que si la Fiscalía investigara conforme a derecho y consignara la averiguación previa a algún juez de distrito y éste liberara las correspondientes órdenes de aprehensión y captura a los autores intelectuales y materiales, “dichos personajes no descansarán hasta buscar venganza y atentar contra nuestras vidas”

El documento está suscrito por Abimael Hernández Rodríguez y Próspero Hernández Lozano, en representación de 43 sobrevivientes de Aguas Blancas. Estos la entregaron ayer mismo a Núñez Ramos, en su oficina de la Secretaría General del ayuntamiento de Acapulco.

En la carta, sostienen que el citatorio del Fiscal Ignacio Carrillo Prieto a Núñez Ramos para ampliar sus declaraciones sobre la masacre del 28 de junio de 1995, es una manera de constatar la responsabilidad intelectual del entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer.

Sostienen que si la Fiscalía especial empieza a indagar sobre estos hechos, a través de una correcta investigación “se llegará a la verdad histórica y esperemos que se castigue a los autores intelectuales señalados y algunos otros que resulten como materiales, lo que sería un parteaguas en la historia de nuestro país y sólo así podríamos tener credibilidad un poco en el Estado de derecho, el cual hasta la fecha no existe y lo que sí existe es la impunidad y continuidad de la guerra sucia de los setentas”.

Señalan que en el caso Aguas Blancas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación “demostró la responsabilidad de Rubén Figueroa Alcocer”, y demandó al fiscal Carrillo Prieto practicar todas y cada una de las diligencias que le confieren las leyes (Aurelio Peláez).

Guerrillas, razones y sinrazones

 Ante la reaparición de grupos del ERPI en la sierra de Guerrero, se han dado diversas posiciones ante el hecho genérico de la guerrilla en nuestra región y en nuestro país. Desde luego, se han manifestado posiciones antagónicas que justifican o descalifican a la guerrilla en este momento de la vida política del país, cuando las condiciones son tan distintas a las de hace tres décadas en que Lucio Cabañas y Genaro Vázquez protagonizaron con fuerte impacto social y político sendos movimientos armados. Llama la atención una posición que descalifica, sin más, esta expresión armada en el desarrollo de la vida pública. En pocas palabras, señalan que están abiertas las puertas para una participación legal, tanto para manifestar inconformidades como para organizar propuestas por las vías legalmente reconocidas. Una opción armada no tiene razones que sustenten su legitimidad.

Creo que el fenómeno de la guerrilla es complejo pues convergen una serie de factores, principalmente económicos, ideológicos y políticos en su constitución. Siempre se sostienen sobre un entramado doctrinal o ideología que determina la estrategia armada como necesaria, por lo cual la formación ideológica es un fundamento ineludible y decisivo para el surgimiento de movimientos de este tipo. Llama la atención que en tiempos en que las ideologías, particularmente en los partidos políticos, se han volatilizado en la organización y en la lucha política, que cada vez se somete más al juego del pragmatismo y se aleja de principios y concepciones doctrinales, haya grupos como el ERPI y otros que se edifican sobre concepciones doctrinales sostenidas contra viento y marea. En grupos disidentes y radicales el factor ideológico es y tiene que ser de extrema necesidad para sostener la “moral” y el proyecto político que se busca. El factor político o las nuevas condiciones políticas no bastan para explicar un movimiento guerrillero que, de ordinario, tiene un “cultivo” ideológico muy fuerte.

Pero hay otro factor que es aún más decisivo: el económico. Desde el gobierno se han oído diversas voces en el sentido de que ya no hay razones para que las guerrillas, incluyendo al EZLN puedan legitimarse en la vida pública. Así lo ven ellos. Pero si fijamos la atención en la situación económica, veremos que desde el mundo de la miseria pareciera que sobran razones para tomar las armas. Sabemos bien que la miseria extrema es el mejor caldo de cultivo de los movimientos armados y que si bien la cabeza ayuda, es desde el estómago donde estallan las inconformidades mayúsculas. El hambre de pan y el hambre de justicia se juntan y generan dolor, rabia e indignación que podemos encontrar en cada rincón de nuestras ciudades y de nuestros campos con sólo abrir los ojos. Es completamente explicable el que haya quienes optan por la guerrilla desde el mundo de la miseria.

Algunas veces he comentado a algunos que si yo hubiera nacido y crecido en el medio indígena con tan estrechos horizontes  y arrinconado por la miseria, la enfermedad y el hambre no habría descartado la opción armada. Para mi fortuna, he vivido con horizontes de mejores posibilidades que me hacen capaz de percibir otras opciones de lucha por la justicia. Yo no creo en la violencia ni en la eficacia política y social ni humana del uso de las armas; creo, más bien, en las vastas posibilidades de las luchas no-violentas que implican una inmensa disciplina espiritual y política, al modo de Mahatma Gandhi y de Marthin Luther King, capaces de generar esperanzas ciertas y de construir el futuro de los pueblos.

La manera apropiada de objetar los movimientos guerrilleros está en el empeño decidido por suprimir el hambre, que calienta la cabeza hasta aceptar ideologías y proyectos que levantan la bandera de la justicia conseguida por el camino de las armas. La desactivación de las guerrillas se dará cuando las toneladas de inconformidad que hay en los pueblos tengan una justa salida al facilitar “casa, vestido y sustento” para todos. Con anatemas y descalificaciones no se avanza, pues sólo se maldice a la oscuridad y no se enciende la luz necesaria para vislumbrar un futuro mejor para todos.