* Un joven asesinado, persecución, cateos y retenes del Ejército y la Policía Judicial del Estado, ocupación del pueblo por efectivos militares, tres presos y dos que están huyendo
Maribel Gutiérrez, Monte Grande * Desde hace cinco años, esta comunidad del municipio de Coyuca de Catalán ha sido afectada por la violencia y la represión, a raíz de un conflicto de la familia más poderosa de esta región, los Montúfar, del poblado vecino de El Pozo.
En noviembre de 1997 comenzó la violencia que hasta ahora tiene atemorizados y en la incertidumbre a la mayoría de los vecinos de Monte Grande.
Primero, un joven fue asesinado y nunca se investigó este crimen, después vino la persecución tras una emboscada a los Montúfar en El Pozo en la que murieron tres dos adultos y un niño. Con esto se desató la persecución contra vecinos de Monte Grande y como consecuencia tres padres de familia están en la cárcel, dos están huyendo, muchos se han ido al norte a buscar trabajo y para escapar de la violencia, y los que se quedaron viven más pobres que antes, con la pena de ver a sus familiares en la cárcel o lejos de su comunidad y a sus hijos desamparados, y con miedo de que la cadena de violencia continúe.
En este pueblo de Tierra Caliente localizado entre lomas y al pie de unos cerros, todos, hasta los que no son familiares de los presos y perseguidos, viven intranquilos, y sus actividades se han alterado. Ya ningún campesino puede salir normalmente a trabajar, como en cualquier lugar, con un salón, rifle de los que se acostumbran en el campo en cualquier parte del país, por miedo de que pase la Policía Judicial y se lo quiten y hasta se lleven a alguna persona detenida.
El 18 de noviembre de 1997 mataron a un joven de este pueblo, Raymundo Díaz Gutiérrez, de 30 años, que había regresado de Estados Unidos con una camioneta Blazer. Las autoridades no han investigado este crimen, y su familia no tenía idea de algún posible culpable. Pero a los pocos días, el 3 de diciembre, José Montúfar llamó ante el agente del Ministerio Público en Coyuca de Catalán al padre del joven asesinado, Aurelio Díaz Milián, para decirle que sabía que él lo quería matar.
El 14 de diciembre mataron a José Montúfar Ochoa, de 54 años, a su hija Diocelina Montúfar Burgos, de 28 años y a su nieto, Angel de Jesús Balderas Montúfar, de 2 años, en una emboscada en la carretera a El Pozo, y después, los mismos agresores entraron a la comunidad y atacaron la casa de los Montúfar.
De ahí se desató en Monte Grande la persecución, en la que intervinieron efectivos de la Policía Judicial del Estado y tropas del Ejército, y los mismos integrantes de la familia Montúfar. Cuatro campesinos fueron acusados de la emboscada, dos de ellos están presos, y está también en la cárcel un vecino, de 76 años, que no tenía orden de aprehensión y nadie lo había señalado como participante en la emboscada, pero fue inculpado después de que declaró que los cuatro acusados no son responsables.
Las familias de los presos y otros vecinos identifican a los Montúfar como los culpables de la incertidumbre en que viven. Dicen que la poderosa familia de El Pozo tenía muchos problemas, y por eso los emboscaron. Entre los problemas señalan que hay rumores de que ellos habían matado a Marcos Villa y a su esposa que estaba embarazada, Elena Montúfar Arroyo, sobrina de los Montúfar de El Pozo. También dicen que se dedicaban al robo de ganado, que llevaban autos robados a uno de sus ranchos.
Aseguran que los de Monte Grande no tienen ninguna culpa, y que los presos fueron sometidos a juicios amañados, en los que intervienen policías, agentes del Ministerio Público y jueces que se han puesto al servicio de los Montúfar de El Pozo.
Por ese conflicto, en los últimos cinco años, los habitantes de Monte Grande han sufrido varias veces la ocupación del pueblo por tropas del Ejército y policías judiciales, retenes, tres cateos con policías y el juez, y las operaciones militares y policiacas en que fueron arrestados primero Custodio Gómez Salvador, de 76 años, y Estanislao Gutiérrez González, de 52, y después Aurelio Díaz Milián, de 59 años.
Como tienen orden de aprehensión por los mismos cargos, tuvieron que abandonar su pueblo y a su familia Aureo Ochoa Avilés, de 40 años, y Delfín Díaz Milián, de 65 años.
Cuando comenzó la persecución en Monte Grande, la comunidad y las familias directamente afectadas recurrieron a los medios de comunicación y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum), para denunciar los actos intimidatirios de la familia Montúfar de El Pozo, así como del Ejército y la Policía Judicial del Estado contra ellos. Por medio de cartas públicas, documentos y conferencias de prensa, informaban que eran víctimas del poder de la familia Montúfar, que los acusaba de la emboscada de diciembre de 1997. Afirmaban que no tenían relación con esa emboscada, y que los acusados estaban dispuestos a presentarse ante las autoridades para que se investigaran los hechos, a condición de que el gobierno les garantizara la imparcialidad de la justicia, pero veían que eso no era posible porque todo estaba controlado por los Montúfar.
Por su parte, los Montúfar decían en una carta pública, con fecha 4 de marzo de 1998, que los de Monte Grande habían participado en la emboscada, y atribuían el ataque a una venganza por el asesinato de Raymundo Díaz Gutiérrez. Decían que “En tan artero crimen participaron más de 20 individuos pertrechados con armas de grueso calibre como las AK-47, AR-15 y escopetas e iban vestidos con ropas, calzado e implementos de tipo militar, algunos embozados y otros con el rostro descubierto”.
En la misma carta pública dicen que al escuchar los disparos de la emboscada, varios miembros de la familia Montúfar acudieron al lugar, y se toparon con los agresores que les dispararon; después, los atacantes entraron a las casas de El Pozo, y ahí hurgaron, revolvieron, robaron y quemaron, según la denuncia.
Señalan que “varios miembros de las familias Montúfar pudieron identificar plenamente a parte de los sujetos que intervinieron en la comisión de estos homicidios”, y mencionan a cuatro: Estanislao Gutiérrez González, Aureo Ochoa Avilés, Delfín Díaz Milián y Aurelio Díaz Milián.
Esta misma versión fue repetida por los Montúfar como testigos en el juzgado, y se tomó como la única verdad para encarcelar, enjuiciar y condenar a tres campesinos de Monte Grande, actualmente recluidos en el Centro de Readaptación Social de Coyuca de Catalán.
Tres veces Monte Grande ocupado por militares y policías
En Monte Grande, comunidad de unas 150 casas, las imágenes de la violencia están frescas en la memoria. Los habitantes hablan de tres cateos al pueblo como momentos de incertidumbre y terror.
Dicen que en los cateos venían revueltos, los militares, los policías judiciales y los Montúfar.
Vinieron tres veces a buscar a los cuatro hombres que tenían orden de aprehensión: el 24 de enero, el 25 de febrero y el 25 de junio de 1998.
En el segundo cateo golpearon a la joven Alma Yuridia Díaz Gutiérrez, de 16 años, que estaba grabando con una cámara de video, y la jalaron de la correa de la cámara y con la misma la arrastraron.
El 25 de junio, después de la ocupación militar del pueblo, se llevaron a Estanislao Gutiérrez y a Custodio Gómez.
Ese día, los militares detuvieron a todos los campesinos que andaban trabajando en el campo; se los llevaron a la fuerza de sus parcelas y potreros y los concentraron en la escuela.
Había más de 300 policías y militares, todo el pueblo estaba lleno de gobierno, era de la 35 Zona Militar, de Chilpancingo, recuerdan las esposas de los presos.
Todos los hombres de Monte Grande estaban en manos de los militares y los policías, y las mujeres y los niños estaban aterrorizados y con temor de que se llevaran arrestado a cualquiera.
Recuerdan las mujeres que los militares dijeron que aquí había un grupo de gente armada y que los iban a acabar, que los Montúfar les dijeron que aquí había encapuchados (como llaman comúnmente en Guerrero a los grupos guerrilleros)
