* Reclama la propiedad de las 37 hectáreas, que valen 10 millones de dólares * “Traemos ochocientas órdenes de aprehensión”, dice a los habitantes * Les da hasta las 8 de la mañana de hoy para irse * Tensión en el asentamiento fundado por perredistas, por la presencia de antimotines y judiciales
Aurelio Peláez * El ex gobernador Israel Nogueda Otero se presentó alrededor de la una y media de la tarde a la entrada de la colonia Fuerza Aérea y advirtió al medio centenar de colonos que se encontró: “Vengo a dialogar, a decirles que estas son mis tierras y que las desalojen”.
Desde las 11 de la mañana, un autobús con medio centenar de policías antimotines, y tres camionetas con unos treinta agentes de la Policía Judicial del Estado, se ubicaron cerca del lugar: a la entrada del hotel Parador del Sol, que, se sabe, es propiedad del ex gobernador, por los rumbos de la Barra de Coyuca.
La colonia Fuerza Aérea ocupa 37 hectáreas colindantes con la laguna de Coyuca de Benítez, y ya va para dos años que fue ocupada por unas mil familias. Precisamente el 4 de enero.
Desde esa fecha los presuntos propietarios del predio, el ex gobernador Nogueda Otero y Bancomer, entablaron un litigio con los ocupantes, que ha derivado en 472 demandas penales individuales, de las cuales sólo se ha hecho efectiva la del dirigente perredista David Molina Francisco, quien ya lleva un año en prisión.
El predio tiene un valor de diez millones de dólares, según recordó ayer el mismo Israel Nogueda a los colonos, quienes insisten en negociar y pagarle al banco, no al ex gobernador, a quien acusan de haber despojado al ejido de Las Playas de esta extensión.
Ayer en colonia vecina de la base aérea militar de Pie de la Cuesta se vivió la tensión a lo largo del día por el ultimátum del ex gobernador y por la presencia de los policías estatales:
–Tienen dos horas para pensarlo –advirtió Nogueda Otero a dirigentes del asentamiento, que acudieron desde el centro de la ciudad, donde habían ofrecido una conferencia de prensa.
Por ello fue que los medios de comunicación se enteraron del posible desalojo. Al llegar los reporteros, el ex gobernador se inquietó.
–Denos tiempo hasta mañana –pidió Elías Flores Olea, sucesor de Molina Francisco y quien en las últimas semanas ha padecido del acoso de policías judiciales, quienes incluso lo trataron de involucrar en un crimen cometido hace un mes.
–Tienen hasta mañana a las 8, palabra de hombre –concedió Nogueda Otero.
Para entonces, la decena de accesos a la Fuerza Aérea habían sido cerrados y los vecinos se agrupaban tras ellas. No todos, pues en el fondo hay divisiones y enconos; familias que esperan conocer la opinión de David Molina por medio de su esposa Gloria antes de decidir qué hacer, y por lo menos una tercera parte de otras que no viven en el lugar, que simplemente tienen sitios apartados.
Salen garrotes, varillas y algunos machetes como armas para repeler un posible desalojo. Frente a la colonia, por la vía Pie de la Cuesta-Barra de Coyuca, se pasean las camionetas con policías judiciales. La tarea para un posible desalojo se ve poco posible. Los dirigentes de la colonia creen que ayer se trababa de lograr algunas detenciones, unas 15 o 20, y obligar a los colonos a negociar.
Por la mañana, Elías Flores y otros integrantes de la colonia, acompañados por el presidente del Consejo estatal del PRD, Adolfo Plancarte Jiménez, dieron una conferencia de prensa en la que denunciaron el acoso de la Policía Judicial contra sus dirigentes.
Plancarte esbozó una causa de este hostigamiento: el hecho de que en un par de días habrá gobiernos municipales perredistas en Acapulco y Coyuca de Benítez, los que no apoyarían un desalojo violento contra los precaristas, como el que ayer se amagó.
–Señor ex gobernador –intervino Plancarte Jiménez en el diálogo que tenía Nogueda Otero con los colonos a la entrada de la Fuerza Aérea.
–No soy ningún ex gobernador, soy un ciudadano que viene aquí a defender sus derechos –reclamó enérgico éste.
–Señor Nogueda, hay que negociar.
–Ustedes comprométanse a desalojar y yo me llevo la policía –respondió Nogueda Otero, acompañado de unas cuatro personas, entre ellas su abogado Aquiles Flores–; mañana nos vemos a las 8 de la mañana.
Minutos después, en correspondencia, los antimotines y los agentes de la Policía Judicial se retiraron de la entrada del hotel Parador del Sol, de regreso a sus bases en el centro de la ciudad.
En la amplia colonia, con calles bien trazadas, casas improvisadas con pedazos de materiales diversos, otras ya de materiales de construcción y base de cemento, se organizó luego una reunión.
Una reunión entre caótica y de unidad, decían colonos. De desconfianza y en la que afloraban intereses mezquinos, apuntaban otros.
En la llamada Casa Blanca, el centro de salud armado el año pasado, se prepararan las guardias diurnas y nocturnas para este jueves, ante la latente amenaza de desalojo. Algunos arrastraban el machete sobre el piso, provocando un ruido parecido al que emitieron hace tres meses los campesinos de San Salvador Atenco, en el estado de México, quienes se opusieron a la expropiación de su ejido para que ahí se construyera el aeropuerto de la ciudad de México.
–Aquí todos somos iguales y tenemos derecho a la palabra –se oye en forma repetida en el amplio círculo que rodea a Plancarte Jiménez y a Elías Flores. Bajo la sombra de un árbol, cerca de la laguna. En tanto, vecinos reunidos ya por segunda vez, sin la tensión de dos horas antes, intercambian expresiones:
–Yo tuve miedo por mis hijos.
–Yo fui a la casa por el machete.
–Mi hija corrió para todos lados, se espantó.
–Si entra la policía yo me echo uno, me cae que me hecho uno, por lo menos el cuello le rebano.
–Dónde estabas tú, cabrón; de seguro te metiste a la laguna con popote para respirar.
Efraín Flores, Blanco, como se le conoce en la colonia, tuvo hace 20 días su propia aventura. Con orden de aprehensión por el caso de la colonia Fuerza Aérea, fue interceptado por agentes de la Policía Judicial de la colonia El Jardín en un tramo entre ésta y Mozimba, regresando él de Pie de la Cuesta. En la Fuerza Aérea le habían contado que la policía lo buscaba por un crimen cometido días antes en el lugar, y que lo acusaban de ser autor intelectual. Bloqueado el auto en que viajaba, es abordado por un agente que le apunta con el arma. Manotea, se cae el arma del agente y Blanco aprovecha para correr hacia los acantilados. Le disparan. Baja hasta los arrecifes. Dos horas camina por ahí, vuelve a subir a la carretera, no reconoce el lugar, ve un auto sospechoso y regresa hacia el mar, saltando entre piedras. “Todavía me duelen los pies”, dice.
Ayer en la asamblea, los padres del joven asesinado lo exculpan del crimen, dicen que no tiene nada que ver y que los criminales son otros. Pero a los judiciales no les importa. Como que dice que del auto que dejó le robaron 17 mil pesos que traía de una venta de piezas de automoviles.
De esta incriminación se acusa también a Nogueda Otero y a su abogado Aquiles Flores, quienes ayer se ufanaban ante los colonos: “Traemos ochocientas órdenes de aprehensión”, el doble de las demandas que presentaron ante el Ministerio Público.
Por lo pronto, el ex gobernador emplazó para este jueves a las 8 de la mañana a los colonos a desalojar lo que llama la propiedad de un simple ciudadano que defiende sus derechos, sus 37 hectáreas que valen 10 millones de dólares.
En forma paralela a la demanda de Nogueda Otero, Bancomer mantiene otra. El banco evalúa venderlas en forma directa a los colonos de la Fuerza Aérea, un asentamiento ahora de mil 300 casas.
El ex gobernador necesitaría unos dos mil policías y varios bulldozer para desaparecer el caserío y dar paso a una zona de residencias turísticas, como él quiere.
