Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo * El director de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Guerrero, Rodrigo Carmona Casiano, informó que aunque hubo avances considerables en las pláticas con los sindicatos universitarios este fin de semana, sigue pendiente por ambos la firma de cláusulas en las cuales los trabajadores renunciarían a algunas prestaciones a cambio de que se reconozca su antigüedad real por parte del ISSSTE y se aplique así el programa de pensiones y jubilaciones.

Como se recordará, el STAUAG, y el STTAIUSUAG tienen emplazada a huelga a la UAG, para el próximo 29, después de dos prórrogas.

Al respecto, Carmona Casiano informó que la comisión de Rectoría y las representaciones de los sindicatos universitarios continuaron las pláticas con “importantes avances”, aunque reconoció que en el caso del STAUAG aún no se firmaban 18 cláusulas para modificar el contrato colectivo de trabajo que tienen que ver con el reconocimiento de la antigüedad real, y en el caso del STTAISUAG se trata de 12 cláusulas en el mismo sentido de renunciar a diversas prestaciones.

Sin embargo, el funcionario aseguró que con ambos sindicatos hay acuerdos en cuanto al incremento salarial que es del 4.3 por ciento, y el 1.5 por ciento en prestaciones, el mismo porcentaje que se otorgó a todos los sindicatos universitarios del país durante la pasada revisión.

Además confirmó que el lunes pasado el rector Nelson Valle López, junto con 44 rectores de las universidades públicas del país firmaron con el presidente Vicente Fox el reconocimiento a la antigüedad real de los trabajadores por parte del ISSSTE y de la SEP, por lo que destacó que ahora falta que los sindicatos de la UAG firmen las cláusulas del contrato colectivo de trabajo que se modificarán para que la institución reciba los 50 millones de pesos que se prometieron para un primer pago de un total de más de 250 millones de pesos.

Por otra parte, Rodrigo Carmona recordó que el próximo 4 de diciembre se efectuarán elecciones simultáneas extraordinarias para directores de unidad, consejeros universitarios maestros y estudiantes, además de consejeros de unidad, catedráticos y estudiantes.

Dijo que el plazo para el registro de los aspirantes que reúnan los requisitos de la convocatoria concluye el próximo 28, fecha en que también se dará a conocer los nombres de los universitarios que van a participar en el proceso.

También explicó que por esta ocasión únicamente en siete unidades académicas se hará la elección de directores de unidad, y en las 48 unidades académicas restantes se nombrarán consejeros de unidad y universitarios tanto de maestros como de estudiantes, tomando en cuenta que en el proceso pasado no se pudo llevar a cabo la elección en estas unidades de nivel medio superior y superior, debido a que los aspirantes no reunieron los requisitos establecidos en el Estatuto y la nueva Ley de la UAG, concluyó.

 * La prioridad del gobierno es el Ejército, critica la consejera de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Blanca Estela Oseguera * Piden castigar a Elba Esther Gordillo por la represión contra los maestros

Raquel Santiago Maganda * La Asamblea Nacional Estudiantil, que aglutina a estudiantes de universidades públicas de cuatro estados, acordó exigir que el presupuesto destinado al rubro de la educación sea de 8 por ciento del PIB, y no de 6.6 por ciento que anunció el presidente Vicente Fox Quesada.

En el espacio deportivo de la Facultad de Turismo de la UAG, unos 200 jóvenes originarios de las universidades pública de Michoacán, Nacional Autónoma de México, Sinaloa y Guerrero llevaron a cabo en dos días mesas de trabajo para constituirse como Asamblea Nacional Estudiantil.

Allí la consejera universitaria de la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Blanca Estela Oseguera Torres, informó que la demanda principal de su constitución es que se destine a educación 8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), como lo marcan los estándares internacionales.

El sábado el presidente Vicente Fox informó que por primera vez en este año se destinó 6.6 por ciento.

Oseguera Torres también mencionó que como parte de la estrategia se formarán comisiones para que en el aspecto local efectúen un trabajo de organización política y análisis de la situación de educación de sus estados.

Criticó que el gobierno “no da prioridad a la educación, sino al Ejército”, y aseguró que la mayoría de los jóvenes provienen de comunidades indígenas, donde las carencias se perciben más.

Dijo que se pretende que la Asamblea Nacional Estudiantil se vincule con otras organizaciones para fortalecer su lucha por mejorar la educación.

La nueva organización se manifestó a favor de castigar a la dirigente magisterial Elba Esther Gordillo, por la represión contra los maestros. También exige la libertad de los presos políticos del país.

Por su parte, el universitario Flaviano Ojendiz Aley, de la casa de estudiantes 2 de Octubre, se dijo preocupado porque en los últimos años las carreras giran en torno a la actividad capitalista y no a la educación humanista.Las mesas de trabajo concluyeron ayer, y se informó que la próxima será los días 8 y 9 de marzo de 2003 en Morelia, Michoacán.

Raquel Santiago Maganda  * La administración de la Facultad de Odontología de la UAG aseguraron que no están informados de la decisión de Clemencia Figueroa Cisneros de cancelar la donación de una hectárea para la construcción del plantel originado por la información del rector Nelson Valle López quien dijo que el predio no se podía regularizar notarialmente.

Por medio de un boletín informativo Clemencia Figueroa informó que instruyó a sus abogados a cancelar la donación de una hectárea de terrenos del fraccionamiento Mozimba, en donde se iba a construir el plantel de Odontología.

Mencionó que el 13 de agosto el rector firmó el convenio de donación del terreno que representa desde 1942 por una sucesión testamentaria. Dijo que allí el rector “reconoció que tengo la facultad legal para vender o donar terrenos”.

El terreno que menciona Clemencia Figueroa se encuentra frente al fraccionamiento Marbella y se dice propietaria de un millón 856 metros cuadrados de predios, que comprende desde el área ubicada frente al Fraccionamiento Marbella hasta cerca de la colonia Jardín.

Hasta el momento los lotes se encuentran a la venta sin que aún haya construcción de viviendas. Además existen denuncias registradas en las averiguaciones previas TAB/V/0072002, TAB/V/067/2002, TAB/V/113/2002 por parte de diez personas que argumentan que Clemencia Figueroa no les permite la posesión de sus terrenos que fueron comprados a Saúl Guerrero en la sociedad anónima conocida como Fraccionadora Mozimba.

En un desayuno el 14 de noviembre el rector informó de la posibilidad de que la escuela se construyera en un terreno a un costado de la Preparatoria 2 porque la donación aún no se legitimizaba al no estar registrada notarialmente.

La información provocó molestia en Figueroa Cisneros que especula al mencionar que la donación fue recibida “para que fueran liberados los recursos federales para la construcción de la Facultad” y segundo “tal vez decidió trasladar esa obra a una colonia del PRD, que podrían ser una zona invadida en pago a algún compromiso político con algún grupo que le ayudó a ganar la Rectoría”.

Después menciona una serie de documentos con los cuales dice probar ser dueña del terreno y de algunos trámites que inició la UAG para la escrituración del terreno donado.

Por su parte, al buscar información con el  responsable del departamento jurídico de la UAG, Alejandro Bernabé González, mencionó que el caso lo lleva el abogado Antonio Díaz Sereno que supuestamente en el boletín de la donante se menciona como uno de los universitarios defraudados al comprarle un lote a Saúl Guerrero que supuestamente “me despojaron con documentos apócrifos” y ahora el predio asegura que lo recuperó. En tanto el profesor Jorge Hernández Bermúdez aseguró que los trámites para escriturar el predio continuaban y el lunes según la información de los abogados universitarios iban a continuar los trámites. Aunque reconoció que el predio de la Preparatoria 2 era otra de las posibilidades.

Raquel Santiago Maganda * El paro indefinido de labores de 160 trabajadores agremiados en el Sucecyteg, representado por Margarito Godínez de Dios, continúa a pesar de que el grupo sindical de la Sección 46, dirigido por Fidel Carachure, emprendió la tarea de boicotear el movimiento por considerar que los docentes “perjudican la actividad académica”.

El paro comenzó el jueves pasado para exigir la salida del director general del Cecyteg, José Villanueva Manzanares, a quien los inconformes acusan de hacer designaciones administrativas irregulares. Demandan además el pago de adeudos, como 10 días de aguinaldo y 124 mil 900 pesos con 12 centavos que corresponden al estímulo, ambos del año 2001.

Piden también la creación de una comisión mixta para la basificación de los trabajadores de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, la firma del contrato colectivo y cubrir las aportaciones al ISSSTE, al SAR y al Fovissste, y que, aseguran, ascienden a cerca de 3 millones 500 mil pesos.

La suspensión de labores dividió opiniones en la plantilla del subsistema. El secretario general del Sucecyteg informó que 160 trabajadores agremiados a su organización podrían obtener respuesta el próximo martes, cuando una comisión se reúna con el titular de la SEG, Daniel Pano Cruz; el secretario de Finanzas, Rafael Acevedo Andrade, y el secretario de Gobierno, Marcelino Miranda Añorve.

Ese mismo día también otra comisión se trasladará al Congreso federal en la ciudad de México a buscar una entrevista con la Comisión de Educación para solicitar que los diputados “pongan candados a los desvíos de recursos” de ese rubro.

Dicen tener pruebas de que los recursos que ahora exigen fueron aportados por el gobierno federal, y que el gobierno del estado no los ha liberado. Precisó que el director general del subsistema, José Villanueva Manzanares, primero negó que hayan llegado las partidas y después lo reconoció al mencionar que “están en cuenta congelada”.

Margarito Godínez recordó que el Cecyteg recibe 50 por ciento de las aportaciones del gobierno federal y el resto del estatal.

Después se quejó de que el secretario general de la Sección 46 de ese subsistema, Fidel Carachure Giles, intenta persuadir a los padres de familia y “bloquear la lucha” al emprender un recorrido por los cinco planteles. Reiteró que este grupo sindical “está a servicio” del director general.

Al respecto, Fidel Carachure reiteró que los 80 trabajadores están en desacuerdo con los paros de labores porque el nivel educativo del estado se encuentra en rezago, y por eso ellos no participan en la suspensión.

Consideró que el paro es una acción “radical” porque en el plantel de Chilapa los maestros de su organización que pretendían laborar tuvieron que suspender para evitar enfrentamientos verbales y físicos con el resto de sus compañeros. Allí, dijo, “los padres ya estaban trabajados para apoyar la suspensión”.

Carachure Giles informó que las demandas del grupo sindical que representa siguen su trámite y dijo estar consciente de que la dirección del Cecyteg no les dará respuesta, sino el gobierno del estado, que “tiene que ser cauteloso” en la distribución de los recursos. Opinó que existe disposición de diálogo en las autoridades educativas. El representante informó que el martes una comisión se reunirá con los diputados priístas Carlos Sánchez Barrios y Reyes Betancourt Linares para presentar sus demandas de mejoras laborales.

Nelly Bello * Guillermo de la Rosa Fuentes desaparecido el 15 de agosto de 1977 por la Policía Judicial en Acapulco; Ignacio Zamora Román, de Tecpan, llevado por el Ejército el 17 de agosto del 74; Rosalío Castrejón Vázquez, joven campesino de Atoyac de Alvarez detenido por el Ejército…

Fotografías y breves historias fueron exhibidas el sábado en el Zócalo de Acapulco. La presidenta del Comité Eureka, Rosario Ibarra de Piedra, estuvo en el lugar, acompañada de otras madres de jóvenes desaparecidos de todo el país en la década de los 70’s.

Los acapulqueños y turistas que ese día transitaron por el lugar se detenían a observar las fotografías –algunas de ellas originales a blanco y negro–. Además estaban expuestos fragmentos de cartas y documentos enviados al gobierno para exigir la presentación con vida de los desaparecidos. Esta exposición ya visitó los estados de Monterrey y Puebla.

Cerca del lugar donde el grupo de madres se protegía del sol, colocaron un desplegado con la fotografía reciente del juicio militar a los generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo. Ibarra de Piedra reprochó que la intención del gobierno de Vicente Fox en caso de lograr un juicio civil es juzgarlos por el delito de asesinato cuando prescribe a los cinco años después de cometido, propuso en cambio que sean enjuiciados por delitos de lesa humanidad “porque no prescriben”.

Insistió en la consigna “vivos se los llevaron, vivos los queremos” y recordó que a 25 años de fundado el Comité Eureka han reaparecido vivas 148 personas.

La madre de Jesús Piedra Ibarra, estudiante de Medicina, desaparecido en 1975, aseguró que la lista que maneja la Fiscalía Especial que creó el gobierno foxista con fines “propagandistícos” es falsa pues contiene nombres de personas que eran activistas de los 70’s y fueron detenidas pero actualmente no están desaparecidas y mencionó el caso de Alejandra Cárdenas, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAG.Las fotografías fueron retiradas por la noche y durante su exposición fueron recabados recursos y obsequiados botones con la fotografía de Rosario Ibarra.

Nelly Bello * Entre las conclusiones de la sesión del Consejo Consultivo Nacional de Desarrollo Sustentable, los integrantes aprobaron recomendar y apoyar las gestiones de Acapulco y Zihuatanejo para el saneamiento de sus bahías y que sus playas califiquen en la certificación internacional Bandera Azul.

Además de buscar un convenio entre los tres órdenes de gobierno para el manejo integral de las cuencas de los ríos Mezcala o Balsas y el Papagayo; respaldar la solicitud de tránsito de la administración de la zona federal de Acapulco al ayuntamiento; y el saneamiento de las lagunas de Tres Palos y Coyuca.

El sábado por la noche terminó la asamblea de consejeros nacionales. El encargado de clausurar los trabajos fue el secretario de Desarrollo Rural del gobierno de Guerrero, Héctor Manuel Popoca Boone.

Los consejeros asumieron compromisos y observaron la presentación de la página web del Consejo Consultivo Nacional. El representante guerrerense Arturo Martínez Nateras logró la aprobación por mayoría de su propuesta Café de calidad, medio ambiente y desarrollo sustentable donde aceptaron la colocación de la información en las páginas web de Semarnat y los consejos.

Dijo que entre la información a publicitar está la explicación en el sentido de que de todas las actividades agrícolas y productivas en la selva tropical, la caficultura bajo sombra es “la más benéfica y armónica con el frágil ecosistema de la selva húmeda”.

Sugirió que el gobierno federal, estatal y municipal debería crear un sistema de adquisiciones que prefiera lo producido en México con alta calidad “para pactar un mercado justo”; incluir en los desayunos escolares al café pues “internacionalmente está demostrado que su consumo moderado contribuye al mejor aprendizaje”.

 * Lo sacaron de su casa dos mujeres que se presenaron como promotoras de Progresa * “Le echaron un bote de chiles en vinagre por la nariz, le dieron toques eléctricos en sus partes, golpes en los oídos que casi lo dejaron sordo y lo golpearon en la espalda. Por los chiles, siente que los pulmones le van a reventar”, informa su hermana

 Gregorio Urieta, corresponsal, Coyuca de Catalán * A Matías Díaz Olivares, campesino de la sierra de Coyuca de Catalán detenido bajo los cargos de secuestro del médico altamiranense Rodrigo Borja García, lo sacaron de su casa dos mujeres, una que decía venir de Chilpancingo y otra que decía venir de Morelia promoviendo el Progresa o Programa Oportunidades. Le ofrecieron apoyo para arreglar su casa y llegaron a su domicilio en San Pedro, municipio de Coyuca de Catalán, junto al río Cuirio. De allí lo llevaron al DIF de Pungarabato, en Altamirano, en donde incluso firmaron los documentos de inscripción al Programa Oportunidades, y después lo detuvieron.

Después de dos días de tortura, según informó a sus familiares, fue llevado a la sierra, hacia El Cacahuananche y Palo Grande, en donde preguntaron por varios campesinos a los que acusan de pertenecer a la guerrilla.

Lo anterior lo cuenta su hermana, María Díaz Olivares, entrevistada en el mercado de Coyuca de Catalán, en donde tiene un humilde puesto de verduras.

María Díaz señala que el día de la detención llegaron dos mujeres, las que se identificaron ante la madre de Matías como Rosario y Claudia Hernández, dijeron ir de parte del Programa Progresa. Le plantearon que si no le interesaría inscribirse al programa para arreglar su casa, le preguntaron con quién vivía, a lo que la señora Olivares contestó que con su hijo. Le pidieron llamarlo para que les firmara unos papeles, pero tenía que firmarlos en Altamirano, en el DIF. Allá se lo llevaron en un automóvil Tsuru, color “como verde”, dice la informante. Después de firmar fue detenido y llevado ante el Agente del Ministerio Público auxiliar, en esa misma ciudad. Después, Matías desapareció durante dos días.

De acuerdo con la versión de su familiar, en ese lapso Matías estuvo siendo torturado para que se confesara culpable del delito de secuestro y fue obligado a firmar su confesión en la que involucraba a Ublester Vergara Santana y a Silvino Santana Bahena, a los que las autoridades señalan como integrantes de la guerrilla. “Le echaron un bote de chiles en vinagre por la nariz y eso lo hace desvariar, le dieron toques eléctricos en sus partes, golpes en los oídos que casi lo dejaron sordo y lo golpearon en la espalda. Por los chiles, siente que los pulmones le van a reventar”, dice María Díaz, quien pide que a su hermano lo revise un médico.

“Ublester y Silvino están muertos desde hace más de cinco años, si quieren les traigo las fotos de sus tumbas”, asegura María Díaz Olivares, quien exige que se investigue lo que sea de su hermano, pues él tiene más de ocho años trabajando en la Purificadora Acuirium, de San Pedro, y como comprobante tiene los recibos de sus salarios.

Por su parte, Gloria Vida Santana, esposa del presidente del Comité de Presos Políticos de Acapulco, Omar Guerrero Solís, detenido bajo el cargo de pertenecer al ERPI, señala que el gobierno siempre ha acusado a los Santana de pertenecer a grupos armados.

“Se ha valido de los hermanos Isabel, Venancio y Natividad Santoyo, paramilitares a los que de acuerdo con varias versiones, el gobierno arma y ellos llegan a las comunidades a detener y matar a varios campesinos. Así sucedió con Jesús y Ricardo Santana”, señaló.

Dos días después de que Matías fue detenido, un grupo de 150 policías motorizados, judiciales y “gobierno verde” (militares), subieron a Cacahuananche y Palo Grande. En el paso por La Quesería, una sobrina de Matías lo vio cuando lo llevaban en el convoy y dio aviso a sus familiares en Coyuca de Catalán.

Ese día la llamada BOM (Base de Operaciones Mixtas, en las que actúan de manera conjunta policías estatales, judiciales del estado, judiciales federales y efectivos del Ejército), subió a la sierra.

De acuerdo con la versión de María Díaz, obtenida de su hermano Matías, al llegar rodearon la ranchería de Palo Grande, de cinco casas, las revisaron por todos lados y preguntaban por varios hombres que no estaban allí.

Preguntaban por Juan, Pantaleón, por Pascuala Santana –suegra de Matías– por Cayetano Alvarado, Antonio Díaz Bahena, Germán Medina Vida, Jesús El Comino, El Sebo Bahena, por Omar, Rogelio, Luis, El Lobo y El Palomo y muchos más con apodos de animales, dice la informante, quien asegura que le han dicho que allá la gente anda huyendo y ha abandonado sus casas ante la embestida de las autoridades.

Este sábado 23 de noviembre, asistió al reclusorio de Coyuca de Catalán una visitadora de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum), Sofía Olivia Lozano, la que ingresó al Centro y platicó con Matías.

De acuerdo con la versión de Gloria Vida, sólo le hizo algunas preguntas y salió momentos después diciendo que iba en busca de un médico. Al parecer ya no regresó y al preso lo atendió un médico que llevó el alcaide; el médico sólo le habría revisado la presión al detenido, según la afirmación de María Díaz.

 Alfredo Mondragón * Con el objetivo de disminuir las incidencias de las enfermedades crónico degenerativas y discapacidades de los adultos mayores, la Secretaría de Salud Guerrero (Ssa) lleva a cabo la Primera Semana de Salud para la Gente Grande. En esta semana de salud, que comenzó el pasado sábado 23 y termina el 29 de noviembre; la Ssa dará información para la salud, orientación, atención y detección de diabétes, hipertensión arterial, obesidad, tuberculósis, cáncer cérvico uterino, mamario, prostático y la aplicación de la vacuna Toxoide Tetánico Diftérico (Td) y promover la caminata en las personas mayores de 60 años. La Ssa informó que debido a la disminución de las tasas de natalidad, mortalidad y aumento en la población adulta hacia el envejecimiento, realizará acciones para la promoción de hábitos y estilos de vida saludable, conservar la salud física y mental, interacción familiar, entre otras actividades. En esta semana participarán el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el ISSSTE, los hospitales y clínicas del sistema estatal de salud, tanto federal, estatal y municipal, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la Secretaría de Marina y el Instituto Nacional Indigenista (INI).

 * Los despidieron el viernes y el sábado los policías hicieron protestas exigiendo el pago del salario y el aguinaldo * Ayer en una reunión les regresaron las armas y les prometieron el pago de prestaciones

Brenda Escobar y Maricela Santos, corresponsales, Petatlán * En represalia por el paro de labores que hizo la Policía Preventiva y Turística de Petatlán para exigir garantías en el pago de aguinaldo y salario hasta el último día de la actual administración, el síndico José Salas Rivera y el alcalde Jorge Ramírez Espino, ordenaron el desarme por lo que el municipio estuvo sin seguridad por dos días.

Ocho policías motorizados se encargaron de resguardar provisionalmente los módulos de seguridad pública y el Palacio Municipal junto con cuatro policías preventivos que no se incorporaron al paro laboral, pero tras una reunión este domingo les regresaron las armas a los preventivos y a los policías turísticos con la promesa del pago oportuno de sus prestaciones, por lo que se reincorporaron a laborar.

En la reunión, se aclaró que los policías no estaban despedidos y el ayuntamiento declinó a presentar la denuncia por sedición y motín contra los policías, quienes por su parte renunciaron a interponer su denuncia por el desarme y despido injustificado que verbalmente ocurrió la tarde del viernes durante el desarme que protagonizó Salas Rivera.

El viernes 22 a las 10 horas “cuando el alcalde rendía al Cabildo y en privado, su último informe de gobierno”, los policías iniciaron un paro laboral en demanda de que se les garantice el pago oportuno de sus prestaciones laborales antes de que se dé el cambio de administración el próximo 1 de diciembre. En su protesta cerraron el acceso principal al palacio municipal y obstaculizaron con dos patrullas la salida de tres camionetas tipo Suburban del año propiedad del primer edil de Petatlán, de su esposa y del síndico. Al filo de las 17 horas, el síndico José Salas regresó al ayuntamiento y tras romper el cristal izquierdo de la patrulla 0001 de la Policía Turística logró liberar los vehículos.

De acuerdo a la versión de los efectivos municipales, el síndico con aliento alcohólico, se apersonó después a los módulos de la Policía Turística para quitarles 50 armas asignadas a esta corporación. Horas después acudió el Ejército a verificar lo que ocurría con el armamento de la Policía Preventiva que continuaba en paro en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública.

El comandante de la Policía Preventiva, Eladio Rivera informó que los militares no les recogieron el armamento, sino que verificaron que estuviera depuesto en el banco de la Dirección de Seguridad Pública, que es donde los preventivos dejaron el armamento para iniciar el paro laboral.

Dos preventivos asignados por sus mismos compañeros estuvieron a cargo de resguardar el banco de armas. Los policías solicitaron de esta forma que se les garantice el pago de sus salarios y del aguinaldo antes de que deje la administración Ramírez Espino “porque trabajamos para poder mantener a nuestras familias, para darle de comer a nuestros hijos, porque es una necesidad para ganar dinero. No trabajamos por amor al arte y eso tienen que entenderlo las autoridades que tenemos que garantizar el alimento para nuestras familias por si la próxima administración quiere meter a su gente a trabajar. Tienen que entender que peleamos por lo que consideramos que son nuestros derechos”, expresaron.

El sábado, los policías preventivos iniciaron un voceo a las 18 horas en el centro de Petatlán para informarle a la población la situación que prevalece luego del ríspido desencuentro que tuvieron con el alcalde Jorge Ramírez Espino tras su informe de gobierno, el paro laboral y la exigencia de que se les garantice el pago del aguinaldo y de su salario. Recomendaron tomar medidas preventivas porque la seguridad pública no estaba garantizada en ese momento.

Ese mismo día el gobierno petatleco intentó interponer una denuncia de hechos por los delitos de sedición y motín contra los preventivos, mientras que un grupo de policías turísticos acudió al Ministerio Público a intentar interponer una denuncia por el desarme que no procedió pues les sugirieron dialogar primero con la administración municipal. El domingo al medio día, los policías se reunieron con el síndico José Salas Rivera quien asegura que no los desarmó sino que “ellos dejaron solos sus armas en la Comandancia porque hicieron un paro laboral”.

Les aclaró que no estaban despedidos “ni se piensa despedir a nadie en esta administración”. Asimismo puntualizó que no se había interpuesto la denuncia penal contra ellos por sedición y motín.

Volvió a explicar que se les garantizará el pago de su aguinaldo y de su quincena que están devengando en tiempo y forma e insistió en que es en diciembre cuando se entrega la prestación “pero nosotros lo vamos a dejar pagado antes de irnos. Que no se nos adelanten”.

En la reunión se aclaró lo que consideraron “un mal entendido” y se entregaron las armas al comandante Eladio Ramírez, posteriormente los efectivos de seguridad pública se regresaron a trabajar normal, según el propio Salas Rivera. Los policías  regresaron a su central y entregaron el resguardo del Palacio Municipal y de los módulos.