Adalberto Valle * El próximo domingo 24 de noviembre se llevará a cabo el Décimo Biatlón Playero Acapulco, que organiza la revista Acapulco Club con el aval de la Agrupación de Natación del Estado de Guerrero (ANEG), mismo que consta de mil 200 kilómetros de nado y cinco kilómetros de carrera por la playa, con aproximadamente 16 mil 500 pesos de premios para los ganadores.

El evento iniciará a las 8 horas en la playa Tlacopanocha, desde donde partirán nadando hasta el punto conocido como la Bocana, frente al mercado de artesanías sobre la Vía Rápida. De ahí correrán por la arena hasta la playa Condesa, exactamente en Disco Beach, donde estará ubicada la meta.

La competencia constará de las siguientes categorías: Infantil relevos, para niños de 11 y 12 años. Juvenil en ambas ramas de 13 a 17 años, Categoría Mixta relevos y la Abierta en varonil y femenil, además de la Master, a partir de los 35 años.

Cabe mencionar que en la Infantil y Masters los premios serán en especie. En las demás divisiones el primer lugar tendrá mil 500 pesos, el segundo mil y 800 pesos para quien ocupe la tercera posición.Se tomará en cuenta la edad que tengan los participantes a la fecha de esta competencia.Las inscripciones serán gratuitas y sólo se deberá presentar la afiliación a la Federación Mexicana de Natación y la ANEG, además del certificado médico en donde se indique que pueden participar.

 * Las acciones contra el comercio informal las encabeza el ayuntamiento entrante, conjetura * Protestan también por las acciones de la AFI contra la piratería y por el corte de luz a la Rodríguez Alcaine

 Karina Contreras * Encabezados por el líder Antonio Valdés Andrade, casi 200 comerciantes semifijos bloquearon durante media hora la calle Feliciano Radilla contra lo que llamaron política arbitraria de las autoridades.

En entrevista, Valdés Andrade dijo que la manifestación en esa calle era el “símbolo” de un desalojo de una política violenta que nunca ofreció alternativas a los comerciantes semifijos.

Manifestó que seguramente esa es la misma política arbitraria del alcalde electo, Alberto López Rosas.

Los casi 200 semifijos se colocaron frente al depósito de basura del Mercado Central, y con pancartas pedían opciones de trabajo y que no se les trate como delincuentes. Al lugar llegaron policías preventivos, quienes sólo observaban a los inconformes.

Valdés Andrade también manifestó que las acciones no están encabezadas ya por el alcalde saliente, Torreblanca Galindo, sino por el ayuntamiento entrante.

Luego describió a los directores de Mercados y Vía Pública como personas de la “negociación policiaca”, que están al servicio de unos cuantos para atropellar a la mayoría.

Agregó que ellos no están contra el rescate de la vía pública, sino contra el hecho de que no se dan opciones a los vendedores desalojados.

Cuando se le hizo saber que muchos de los que venden en las calles tienen locales en mercados dijo que: “Si andan en la calle es por alguna razón”. Agregó que una de ellas es que los mercados no están planificados, y no venden.

Valdés Andrade también dijo que esa manifestación era contra las operaciones de decomiso de productos piratas por personal de la AFI, así como contra el corte de energía eléctrica a su colonia, la Rodríguez Alcaine.

El líder señaló que del gobierno los vendedores quieren alternativas, no  represión. Señaló también que todo esto es un ataque frontal contra las organizaciones del PRI, entre las que su colonia es un bastión.

Sobre el corte de energía en la Rodríguez Alcaine insistió en que hay más de 100 colonias que roban la luz y no les hacen nada; así como hoteles y restaurantes de la Costera, pero sólo a la Rodríguez Alcaine se le persigue y reprime.

Luego dijo que el superintendente, Gabriel Pérez Pérez, es un corrupto con sentido antisocial, que no presenta ninguna solución.

Finalmente dijo que todos las “represiones” que han sufrido sus seguidores son una estrategia  del partido gobernante en Acapulco para acabar con los contrapesos, con vista en las próximas elecciones. Al finalizar el acto los comerciantes se dirigieron al Tianguis Campesino, donde sostuvieron una reunión con la líder priísta Magdalana Zarate.

 * Los permisos corresponden a los choferes marginados del padrón de 1997, y se les deben dar en su manos, dicen en conferencia de prensa

Karina Contreras * Taxistas de 78 sitios de la periferia de la ciudad se aliaron contra los “cinco grandes” del transporte en el estado, para exigir que las autoridades no entreguen a éstos 368 permisos de taxi que corresponden a los marginados del padrón de 1997.

En conferencia de prensa, los secretarios generales de esos sitios dijeron que están de acuerdo en que se entreguen los permisos pero a quienes verdaderamente corresponde, y sin que éstos paguen dinero extra por obtener la orden, ya que legalmente les corresponden.

Argumentaron que los “cinco grandes” venden hasta en 80 mil pesos cada permiso, dinero que no tienen los choferes que cumplen todos los requisitos.

Los taxistas efectuaron una conferencia de prensa en el sitio la ORUGAC, donde estuvo el presidente Teodoro Marino, así como el de la Unión de Choferes del Valle de la Sabana, Eleazar Hernández Camacho;  el del Frente Transportista de Rutas Alimentadoras, Vicente López Valle, y de la Confederación de Trabajadores y Campesinos, Pedro Pérez Castro.

Hernández Camacho manifestó que la alianza de la periferia exige que no se entreguen las 368 concesiones a quienes llaman los “cinco grandes”, entre ellos Fortino Rodríguez Cruz, Apolinar Segueda y Gustavo Radilla, quienes –acusan– sólo pretenden venderlas al mejor postor.

Asimismo, Hernández Camacho señaló que ya se enteraron que también los “cinco grandes” pidieron más de 200 concesiones, lo que en total suman 650.

Dijo que si hoy otorgan dichos permisos a los líderes, quienes son los culpables de que 368 choferes hayan quedado marginados, comenzarán bloqueos a partir del lunes. Agregó que exigen que esas concesiones sean entregadas en sus propias manos a los marginados y sin la intervención de esos líderes.

Luego acusó al presidente de la Coalición Mixta, Fortino Rodríguez Cruz, de haber engañado al gobernador, “pues no representa a los taxistas que dice”.Por su parte, el líder de los cetecistas, Pedro Pérez Castro, manifestó que efectivamente Garibaldi es el número uno entre los invasores de rutas.Señaló que Fortino Rodríguez se dice cuñado del gobernador.

 Según versión de empleados operativos de la Secretaría de Protección y Vialidad (SPV), el ex director de la Policía Preventiva, Antonio Valenzuela Valdez, ayer se presentó como próximo nuevo titular de la dependencia en el gobierno de Alberto López Rosas, y comenzó supervisiones de sector.El teniente retirado del Ejército, quien renunció a la dependencia en mayo del año pasado por motivos de salud, y cercano al ex secretario de  Protección y Vialidad, Héctor Paulino Vargas –también militar retirado–, se presentó a las instalaciones de la dependencia a supervisar personal y armas.La versión indica que Valenzuela Valdez, quien encabezó el desalojo de empleados priístas del ayuntamiento que bloqueaban la Costera tres semanas después de la toma de posesión del alcalde Zeferino Torreblanca Galindo, será el nuevo titular de la dependencia, pero no ha sido dada a conocer oficialmente. (Alfredo Mondragón).

Ossiel Pacheco * El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) local, Alejandro Martínez Sidney, dijo que los empresarios locales gastan unos 4 millones de dólares al año en seguridad privada ante el riesgo de ser secuestrados.

En entrevista, el dirigente consideró que estos gastos lesionan al sector empresarial, y aseguró que a la fecha suman 180 empresarios del puerto los que cuentan con dispositivos de seguridad antisecuestros.

En cuanto a las declaraciones vertidas por el procurador Jesús Ramírez Guerrero, quien dijo que los secuestros son casos aislados, Martínez Sidney dijo compartir esa apreciación, pero “nos preocupa la situación, nos preocupan esos hechos aislados”.

Irónico, señaló que con “hechos aislados vamos a continuar con un número de secuestros que nos pone en tercer lugar a nivel nacional”. No obstante, admitió que no hay una cifra exacta de los ilícitos cometidos pues no son denunciados en su mayoría.

Demandó la intervención del Ejército, de la Armada, de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), de la Policía Federal Preventiva (PFP), de la Federal de Caminos (PFC) y de la Policía Judicial del Estado (PJE), de los policías preventivos y auxiliares una estrecha coordinación para terminar con los secuestros en el estado.

El presidente de la Canaco consideró que es un clamor entre los comerciantes organizados el cese de los secuestros en el puerto y en el estado, y planteó que la pena de muerte a los que cometen este ilícito debe ser aprobada por el nuevo Congreso del Estado, para que “se piense hasta tres veces en cometer este delito”.

Señaló que el secuestro asedia a la inversión establecida y ahuyenta a los inversionistas.

Critica “el retraso” del malecón

Ayer por la tarde, Martínez Sidney y cuatro consejeros la Canaco estuvieron en el Malecón para platicar con los prestadores de servicios turísticos sobre la remodelación esta instalación.

En breve entrevista el dirigente lamentó “el retraso” de la obra ante la cercanía de la temporada vacacional decembrina, y aseguró que sólo cuatro empleados trabajaban en ese momento.

Dijo desconocer el proyecto y que no había platicado aún con los encargados del mismo, quienes el martes pasado explicaron a los pescadores y lancheros las etapas de la obra. (Con información de Nelly Bello).

 * El oro recuperado está bajo resguardo de la autoridad judicial, “como cuerpo del delito”, pero los afectados pueden solicitar su devolución, dice el procurador

Nelly Bello * Ante las críticas y protestas de los joyeros de la calle 5 de Mayo, el procurador de Justicia en el estado, Jesús Ramírez Guerrero, advirtió que no se someterá a ningún “ultimátum” de tiempo para el término o avance de las investigación del robo a la joyería Pie Monte.

“La PGJE no se somete a ningún ultimátum, tiene que investigar a fondo este asunto, por lo que les ruego su comprensión; queremos tener éxito, ayúdennos”, dijo en entrevista en el lobby del hotel Princess, donde acompañó al gobernador René Juárez Cisneros en la inauguración de un encuentro del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

Indicó que el ex comandante de la Policía Judicial del Estado Javier Villalobos –involucrado en el asalto a la joyería– está prófugo de la justicia.

Informó que el oro recuperado está bajo resguardo de la autoridad judicial, “como cuerpo del delito”, pero los afectados pueden solicitar su devolución.

Sobre el resto del botín –la mayor parte– aseguró que la Procuraduría también tiene interés en recuperarlo, pero consideró que si los joyeros creen que la participación de grupos especiales de la PGR puede fortalecer la investigación, “adelante”.

“Yo no tengo ningún inconveniente en que lo soliciten; si nos apoya la AFI o la UEDO, adelante, no tenemos inconveniente, no hay incapacidad ni complicidad, lo único que hay es interés de investigar profesionalmente y con honradez este asunto”, dijo.

De la posible investigación de la Procuraduría en la participación del ex comandante de la PJE, Javier Villalobos, Ramírez Guerrero indicó que prefería reservarse la pesquisa que se sigue y pidió a los reporteros no entorpecerla, porque “a veces por algunos datos se interrumpe la investigación. Les ruego su comprensión, las líneas se tienen que agotar con discreción, o de lo contrario no vamos a tener éxito”.

–¿Fue discreto el señalamiento contra Villalobos? –se le preguntó.

–En cuanto a Villalobos hay una total indiscreción, por eso ya se fugó y fue gracias a la indiscreción de todos los que anunciaron.

–¿De los medios de información?

–No, yo respeto a los medios de información y a los joyeros, pero hubo indiscreción y eso no nos conduce a una perfecta investigación.

Aseguró que si la PGJE descubre responsabilidad de algún servidor público actuará “con todo el rigor de la ley”, y dijo que “lo hemos demostrado y lo seguiremos demostrando con hechos”.

 * El dirigente de la Sección 34 pone denuncia por difamación

Nelly Bello * El secretario general de la Sección 34 de la CTM, César Landín, ratificó la demanda Tab/3ª/III/1317/2002 por difamación que comenzó el martes de la semana pasada contra la ex gerente del hotel Castillo Real, Maricela Palacios Uribe.

Esta demanda es en respuesta por la queja que Palacios Uribe presentó los primeros días de noviembre ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, contra el hotel por despido injustificado y contra César Landín, por acoso sexual.

Ayer por la tarde, acompañado por abogados del despacho del licenciado Ricardo Meza, el dirigente sindical se presentó en la Tercera Agencia del Ministerio Público para ratificar la demanda por difamación ante la mesa receptora número dos, que atiende el agente Jorge Chauset.

De acuerdo con la demanda de la ex empleada sindicalizada –quien declaró ante algunos medios de información– su despido fue injustificado, por presiones del líder sindical, molesto porque ella rechazó su acoso sexual.

Ante el MP, César Landín negó la versión y planteó, con un documento firmado por los empleados y con fecha del 29 de octubre, que en realidad los sindicalizados del hotel Castillo Real pidieron la salida de Palacios Uribe por su prepotencia, por aplicarles descuentos salariales injustificados y por no respetar el contrato colectivo.

La semana pasada Palacios Uribe no pudo presentar su demanda laboral ante la JLCA porque, dijo, la encargada de atenderla, Marcela Hidalgo, favoreció al sindicato que representa César Landín y a la empresa.

  Karina Contreras n El nuevo delegado de Transportes en la periferia, Alejandro Ruiz Alonso, informó que a más tardar el 30 de noviembre estará terminado el reemplacamiento de los taxis amarillos, lo que permitirá descubrir vehículos irregulares.

Ruiz Alonso fue nombrado delegado de la periferia hace 12 días por el director de Transportes en el estado, Reynaldo Echeverría Medrano, y entró en sustitución de Emigdio Hernández. El cambio se debió a una rotación de delegado, según la versión de Ruiz Alonso.

Pero en una conferencia, el presidente de las rutas alimentadoras, Vicente  López Valle, dijo que Hernández Cortés pidió su cambio “por una amenaza que le hizo Fortino Rodríguez Cruz”, más conocido en el medio como Garibaldi.

Ruiz Alonso señaló que continúan las operaciones para detener taxis piratas en la zona de la periferia, y que del viernes a la fecha se han encerrado 15 vehículos en el corralón de Paso Limonero.

El delegado dijo que se estima que hay cien vehículos piratas con amparos y placas sobrepuestas.

Confió en que con el reemplacamiento se combata más eficazmente la piratería, además de continuar con su plan de trabajo ya trazado.

Por su parte, en una conferencia de prensa los líderes transportistas hablaron sobre el nombramiento del delegado Alejandro Ruiz. Allí, Vicente López manifestó que “hasta  ahorita está trabajando”, pero advirtió que si solapa la corrupción “se va a tener que ir de la dependencia”.

 * Hay que evitar que continúe el ecocidio, afirman Robin Sidney y Bernardo Salas Roldán

 Los ecologistas Robin Sidney y Bernardo Salas Roldán anunciaron que después de la toma de posesión de los alcaldes electos de Acapulco, Alberto López Rosas, y de Coyuca de Benítez, Rafael Ariza, les presentarán su solicitud de desalojar la colonia Fuerza Aérea, a fin de evitar que continúe el ecocidio en la laguna del municipio vecino.

Entrevistados el martes en la redacción de El Sur, la presidenta del grupo de defensa de la Isla de la Roqueta y el activista de Guerreros Verdes dijeron que se debe acatar la resolución 068/2001, expedida el 27 de agosto de 2001 por Mónica Palomera, del Departamento de Impacto Ambiental de la Profepa, la cual dictamina el desalojo del predio de 27 hectáreas invadido por 850 familias, quienes se asientan a orilla de la laguna.

Aseguraron que el entorno del área sigue deteriorándose por la falta de procuración de justicia, al no ordenar los gobiernos el respeto al área natural.

Aseguraron que continuarán las gestiones federales y locales para la conservación y preservación de la laguna.

Bernardo Salas dijo que los ambientalistas esperan que se desaloje el área, y reiteró que hay confianza en las administraciones perredistas de Acapulco y Coyuca de Benítez para analizar las demandas y cumplir la ley y el estado de derecho, todo con el respaldo de la Ley de Equilibrio Ecológico de Protección al Ambiente.

Para esto, adelantaron que les presentarán a los alcaldes proyectos detonantes para contrarrestar el olvido de esa región, e impulsar el ecoturismo.

Salas Roldán dijo que el área invadida debe ser una reserva ecológica protegida por la Ley de Protección al Ambiente de la Federación, el estado y los municipios.

Señalaron que los invasores, “que se dicen apoyados por sus partidos políticos”, han ocasionado el deterioro del entorno.

Por su parte, Robin Sidney mencionó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debe actuar igual que en la colonia Leonardo Rodríguez Alcaine, lidereada por Antonio Valdés Andrade, al impedir por unos días que se siguieran robando la energía eléctrica.

Reiteró que la justicia no debe ser selectiva y debe aplicarse a quienes atenten contra el patrimonio de la nación.

Bernardo Salas mencionó que el robo del servicio provoca que a otros clientes que sí cumplen con la norma de pagar les carguen las pérdidas económicas, y por eso los recibos de luz llegan caros. (Raquel Santiago Maganda)