Ossiel Pacheco * Alumnos y padres de familia que mantienen tomado el Instituto Tecnológico Superior de la Costa Chica (ITSCCH) ubicado en Ometepec marcharon la tarde de ayer por las calles de esta ciudad, donde llevaron a cabo un mitin en el Zócalo, para exigir la destitución del director general Alberto Josafat Rodríguez Vázquez, a quien acusan de saquear y manejar el plantel como un negocio personal.

Durante el mitin, los integrantes del Consejo General de Huelga del ITSCCH exigieron la inmediata intervención del gobernador René Juárez Cisneros para que dé solución a las demandas de los alumnos, que tomaron el plantel desde el pasado jueves 7 de este mes.

Lo anterior lo informó ayer por teléfono el estudiante Gil Lucas López, representante del Consejo General de Huelga, quien dio cuenta que padres de familia y alumnos en apoyo a la huelga marcharon desde las instalaciones del Tecnológico, ubicado en las afueras de la ciudad, al Zócalo de Ometepec, donde llevaron a cabo un mitin.

En la protesta participaron unos 100, entre alumnos y padres de familia, que portaron pancartas y repartieron volantes a los ciudadanos de Ometepec, con el pliego de demandas y de las irregularidades en las que incurre el director Rodríguez Vázquez, a quien acusan de ausentarse por días de labores, de ser prepotente, autoritario y grosero.

El Consejo General de Huelga, demanda la destitución inmediata del director general Rodríguez, el director académico Antonio Guatemala Sevilla y los subdirectores Roberto García Jiménez, de Planeación; Blanca Julia Luna Mejía, de Vinculación e Isidro Solano Cortés, de Administración.

Esto, porque señalan que el ITSCCH ha perdido el rumbo académico y se ha convertido en un negocio del director, pues cobra altas cuotas de inscripción y todo tipo de trámites, y la incompetencia de los directivos, ha derivado en el deterioro de las instalaciones del plantel, entre aulas, biblioteca, y sanitarios.

Y para sustentar sus demandan el Consejo General de Huelga se dio a la tarea de recabar firmas de apoyo para lograr la destitución de los directivos entre los mismos alumnos del plantel que entre los padres de familia, que se han sumado a la protesta y los maestros. Ya llevan poco más de 200 firmas estampadas en su pliego petitorio que dirigen a la opinión pública.

El plantel que tiene una población estudiantil de 700 alumnos, mucho de ellos, indígenas amuzgos y mixtecos, en su mayoría de escasos recursos, pues provienen de los diferentes municipios de la Costa Chica, así como de los distritos de Putla y Jamiltepec, Oaxaca, tiene en su entrada principal la bandera roja y negra, en señal de huelga.

Los inconformes mantienen cerrada la entrada principal con un cerrojo, así como las oficinas y aulas del plantel se encuentran clausuradas con sellos. Ahí pernoctan los alumnos, para lo cual, tiene enseres para cocinar, para ahí dormir. Y para matar el tiempo, observan la televisión que ahí tienen, o tocan guitarra.

Hay figuras del guerrillero bolivariano Che Guevara, como suele ser en este tipo de movimientos, estampadas en las camisas que portan algunos huelguistas. Y extreman sus medidas de seguridad, pues todas las personas que llegan al plantel, para acceder tienen que registrarse al entrar y salir.

Los inconformes advirtieron no van a liberar las instalaciones que hoy llevan 13 días tomadas sí las autoridades educativas no destituyen a los directivos.

El alumno Javier Zúñiga Salas, representante del Consejo General de Huelga, da cuenta que el director Rodríguez, quien es catedrático en el Instituto Tecnológico de Acapulco (ITA), al ser abordado por alumnos para manifestar su inconformidad, sólo atina a responder, “que estudie el que tenga dinero”.

Bajo este lema que tiene, el director –afirma– da un trato inhumano, despótico y arbitrario a los alumnos y docentes del plantel.

Por su parte, el docente Eloy Jiménez Molina demanda que el gobernador Juárez Cisneros “ponga más seriedad en el asunto”, pues han enviado a personas que no tienen capacidad para resolver respecto a las demandas del Consejo General de Huelga, y solo “se han limitado a hacer contacto”.

Esto en alusión a que un día después de empezar la toma del plantel se presentó para conocer el conflicto la jefa del Departamento de Ciencia y Tecnología de la SEG, Rosalva Guevara Hernández. Y el martes pasado el director general de Educación Tecnológica, Leodegario Degante, pero no dieron respuesta alguna.

El maestro informó que mediante la intervención del docente Oscar Leyva Chabelia, se tramita una audiencia en la ciudad de México con el titular de la SEP, Reyes Tamez Guerra, pues la SEG, “hace caso omiso y desoye a los alumnos”. Y da razón de esto, pues “el director se siente protegido. Ha comentado que tiene mucha amistad con (el secretario de Gobierno) Marcelino Miranda Añorve”.

 * Los familiares recurrirán a los tribunales internacionales por medio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exigir justicia, informó el abogado José Enrique González Ruiz

Un juez federal negó el amparo que demandaron familiares de desaparecidos políticos de la época de la guerra sucia en Guerrero para que la investigación y enjuiciamiento a los generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo por esos crímenes sean de conocimiento de la justicia civil y no de la militar.

El abogado de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México, José Enrique González Ruiz, informó que el jueves 14 de noviembre presentó la demanda de amparo, en nombre de los familiares, que conoció el juez quinto de distrito A de amparo en materia penal del DF, Rafael Zamudio Arcos, quien sólo un día después, el viernes 15, lo desechó de plano.

Según la apresurada negativa del juez federal a cobceder amapro, los ofendidos por un delito no pueden reclamar este tipo de resoluciones, y sólo tienen derechos relacionados con la reparación del daño y cuestiones materiales.

El abogado González Ruiz afirmó que esta resolución significa la negación de la justicia a los familiares, que en respuesta demandarán la revisión ante un Tribunal Colegiado, y como es muy probable un fallo en el mismo sentido del juez que desechó de plano el amparo, han resuelto recurrir a los tribunales internacionales para exigir justicia.

Señaló que la apresurada resolución del juez es una prueba de que el problema de los desaparecidos políticos y de la guerra sicia es una cuestión de Estado, y que se pretende someter a un “juicio blando” a Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo, para evitar que en el futuro pueda actuar la justicia civil, bajo el principio legal de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito.

Explicó que el jueves presentó la demanda de amparo con el objeto de que la justicia militar deje de conocer los asuntos de la guerra sucia contra Acosta Chaparro y Quirós, porque con eso se viola el artículo 13 de la Constitución, que establece que el fuero de guerra sólo es para delitos contra la disciplina militar.

En tanto, el Código de Justicia Militar establece que todos los delitos que cometa un militar en servicio son del fuero militar.

Con base en este Código, y en contra de la Constitución, están actuando las autoridades militares en el juicio a los generales responsables de la guerra sucia.

Con el mismo criterio, a finales de octubre fueron juzgados Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo en tribunales castrenses por delitos de narcotráfico, y recibieron una condena de 15 y 16 años, que les permitirá estar libres en dos años.

La Afadem es la organización que en 2000 y 2001 presentó a la Procuraduría General de la República (PGR) las denuncias de cerca de 150 desaparecidos en Guerrero en la época de la guerra sucia, por los que son juzgados, acusados del delito de homicidio, Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo, por el juez tercero militar.

El abogado de la Afadem informó que demandó amparo contra el Congreso de la Unión y el presidente de la República por aprobar y promulgar esa disposición legal contraria a la Constitución (el artículo 57 del Código de Justicia Militar); contra la Procuraduría de Justicia Militar, por hacerse cargo de la investigación y consignarla al juez militar; contra el juez tercero de lo militar, por conocer del caso; y contra la PGR por no reclamar el asunto que le corresponde de acuerdo a la Constitución.

Acerca de la razón que hay para la negativa del amparo, González Ruiz explicó: “Las autoridades militares dicen que Acosta Chaparro y Quirós estaban en servicio dentro del Ejército cuando cometieron los crímenes de la guerra sucia, y nosotros decimos que matar, torturar, desaparecer, no son actos de servicio militar”.

Asimismo, la Afadem demandó a la Fiscalía Especial que reclamara el caso de dichos generales, y la Fiscalía a cargo de Ignacio Carrillo Prieto se negó a hacerlo, y además se niega a entregar esa resolución a la Afadem. Por eso, los familiares por medio de su abogado van a recurrir a un amparo para pedir la constancia de la resolución, con base en el derecho de petición consagrado en el artículo 8 de la Constitución.

El abogado opinó que el juicio militar a Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo, incluidas las filtraciones de información que las autoridades hacen a los medios, son una “catarsis colectiva”, para decir a la sociedad que ya hay justicia en los crímenes de la guerra sucia.

“Los familiares se van a la justicia internacional, porque en México hay denegación de la justicia. Ya agotamos aquí los recursos legales”, dijo González Ruiz, y anució que está preparando un paquete con las demandas y las resoluciones para enviarlas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a Washington.

* El ex comandante Nicolás Cabañas García y el ex agente Alvaro Gallo Clavel se quejaron ante un juez federal de que su detención fue ilegal y arbitraria

De la corresponsalía, Chilpancingo * El juzgado primero de distrito de esta ciudad dio entrada a las demandas de amparo que presentaron ex agentes de la Policía Judicial del Estado que enfrentan procesos como responsables de la desaparición forzada de nueve ciudadanos guerrerenses, de los cuales la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum) emitió la recomendación 19/2002.

Se trata del ex comandante Nicolás Cabañas García y del ex agente Alvaro Gallo Clavel quienes están acusados de la desaparición del empresario ferretero de Tixtla, José Rodríguez Román, quien según el ex agente y testigo protegido de la Unidad Especializada para la Delincuencia Organizada (UEDO), Francisco Cortés Pastenes, falleció porque no resistió las torturas que le infligieron los elementos de esta corporación policiaca.

Los dos elementos de la PJE se quejaron ante la autoridad judicial federal de que su detención fue ilegal y arbitraria.

El juez primero de distrito de esta ciudad dio entrada a la demanda de amparo promovida por los dos ex agentes judiciales, y solicitó al juez de la causa que le rinda un informe sobre la situación jurídica de los dos indiciados, y citó a una adiencia constitucional para ambos en diferentes fechas en el mes de diciembre.

El visitador general de la Codehum, Hipólito Lugo Cortés, manifestó que todavía falta que la Procuraduría General de Justicia del Estado detenga a otros ex comandantes y ex agentes judiciales que se encuentran involucrados en la recomendación 019/2002 por la desaparición de nueve personas.

Entre esos ex elementos de la PJE se encuentran Víctor Manuel Castro Valente y Fortunato Zamora Paz, quienes están involucrados en cinco desapariciones.El ex comandante de la PJE, Fidel Morales Vargas, otro de los detenidos que se encuentra en la prisión de esta ciudad, enfrenta un proceso por la desaparición de Faustino Jiménez Alvarez, y cuyo caso llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Integrantes del Frente de Defensa Popular (FDP) que se encuentran en plantón en la plaza Primer Congreso de Anáhuac desde la semana pasada bloquearon ayer la calle Ignacio Ramírez, atrás del Palacio de Gobierno.

Los integrantes de esta organización demandan al gobierno estatal la liberación de 1 millón y medio del programa de Empleo Temporal para obras sociales y la introducción de servicios públicos a comunidades rurales, la autorización de 8 plazas para maestros, 25 concesiones de transporte público para los agremiados a esta organización en Chilapa, y despensas, catres y cobertores para 10 estudiantes que habitan en las oficinas del FDP.

El contingente del FDP forma parte de otro grupo que el martes de la semana pasada se trasladaron a la ciudad de México junto con integrantes de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) y de la Organización Revolucionaria Emiliano Zapata (OREZ).

Una de los dirigentes del FDP, Clementina Guevara Tejedor, informó que el contingente que salió la semana pasada hacia la Ciudad de México esperaban que por la tarde de ayer fueran recibidos por el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda.

Informó que en términos generales son las mismas demandas que plantearían al gobierno federal, pero sobre todo demandarían la liberación de los recursos del programa Empleo Temporal, debido a que el gobierno estatal no ha entregado el recurso a la mayoría de las organizaciones sociales con el argumento de que el recurso está siendo retenido por el gobierno federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Guevara Tejedor informó que después de 8  días de plantón en esta capital no han sido llamados por ningún funcionario para cuando menos escuchar sus demandas y señaló concretamente al secretario de Gobierno, Marcelino Miranda Añorve y al de Desarrollo Social, Heriberto Huicochea Vázquez a quienes están pidiendo una audiencia.Guevara Tejedor informó que el contingente que se quedó en esta capital va a continuar en plantón hasta que regresen los que están en la Ciudad de México.

* Un perredista le vendió 4 predios y después se los quitó, afirma

Eduardo Albarrán, corresponsal, Iguala * A punto de enfrentarse a golpes estuvieron los fraccionadores de terrenos Apolinar Moreno Salgado y Fernando Soto Domínguez, cuando el primero se presentó a la coloniaVista Hermosa para reclamarle a Soto Domínguez del porqué le había quitado 4 terrenos que le vendió desde abril del 2001, y ahora los estaba vendiendo a otra persona.

Moreno Salgado, quien fue candidato a la presidencia municipal de Iguala por el Partido de la Revolución del Sur (PRS), señaló que desde abril del 2001 Soto Domínguez le ofreció en venta algún terreno, por lo que le aceptó la oferta y le entregó 16 mil pesos por 4 lotes en dicha colonia que se encuentra fuera del Plan de Desarrollo Municipal.

Fernando Soto Domínguez es dirigente de la organización Génesis Democrática, de filiación perredista, misma que se ha dedicado a promover el ambulantaje en el centro de la ciudad, además de promover asentamientos irregulares para supuestas personas de escasos recursos.

Apolinar Moreno se presentó al término de una reunión de los colonos que están lidereados por Soto Domínguez y comentó a los reporteros que Soto Domínguez se está dedicando a quitarle terrenos a gente que no asiste a las reuniones o que no participa en las manifestaciones o mítines que organiza el perredista, y aseveró que se ha dado el caso de una señora a la cual supuestamente le quemaron su casa de cartón y sus pocas pertenencias.

Por su parte, Fernando Soto Domínguez se defendió ante periodistas y colonos y dijo que a Moreno Salgado se le regresará su dinero y aseveró que se le vendieron los 4 lotes “porque nos dijo que estaba rentando y nosotros le creímos”.

Señaló que Moreno Salgado es alguien que nunca se presenta a las reuniones de los colonos además de que “él también está fraccionando terrenos y no vamos a permitir que ese tipo de gente esté en nuestra colonia”.

Apolinar Moreno Salgado mostró y entregó una copia de un recibo por 16 mil pesos, y en la parte posterior del recibo está escrito de puño y letra de Soto Domínguez lo siguiente: “Bueno por $16,000.00 Dies (sic) y ceys (sic) mil pesos cero centavos m.n. Recibí la cantidad mencionada arriba por concepto de la benta (sic) de 4 lotes en la col. Bista (sic) hermosa”, firma Fernando Soto D.

Soto Domínguez sacó un fajo de billetes y dijo a los reporteros y colonos presentes que le entregaría su dinero porque no lo querían en la colonia “que es para gente humilde, que no tiene donde vivir”, a pesar de que es notoria la construcción de casas de material que destacan de las pocas casas de lámina de cartón que ahí están instaladas.

Cuando se mostró el dinero, Apolinar Moreno calificó de criada de Soto Domínguez a una señora, lo que provocó el enojo de varias mujeres que comenzaron a insultarlo y algunas que gritaron “vamos a lincharlo”.“Eso es lo que quiero, que me agredan para ir y levantar una demanda al Ministerio Público”, dijo Moreno Salgado.No pasó a mayores y ambos dirigentes se amenazaron con presentar denuncias ante las autoridades correspondientes.

 * Hasta las 2 y media de la tarde no había pagado

De la corresponsalía, Coyuca de Benítez * Colonos de esta población se manifestaron ayer por la mañana en el Palacio Municipal para verificar si el alcalde sustituto, Joel Lozano, cumplió el acuerdo pactado el pasado martes de que a más tardar ayer cubriría el adeudo que la Junta Local de Agua tiene con la CFE; de no hacerlo la paraestatal hará nuevamente el corte de energía a las bombas que suministran el agua.

Los inconformes son de las colonias Palmitas, Tierra y Libertad, Carranza, Ampliación Carranza, Cerro del Fortín, Cerro de la Campana, CETIS, Primero de Enero, Campesina Norte, Campesina Sur, Astudillo, San Martín Obrera y la Aurelio V. Guinto, y llegaron a las 10:30 de la mañana al ayuntamiento para saber si el municipio ya había pagado la deuda de más de 200 mil pesos.

Una comisión de delegados entró a dialogar con el funcionario Cosme Murga, quien finalmente les informó que el alcalde sustituto se encontraba en Chilpancingo atendiendo el caso. Por lo que hoy les darían una respuesta sobre el pago del adeudo que se tiene con la CFE.

Casi a la una de la tarde, después de conocer la información, los manifestantes se retiraron pero acordaron reunirse nuevamente hoy para conocer la respuesta del ayuntamiento.Por otro lado, la agente comercial de la CFE, Araceli Solís Ozuna, informó que el pasado martes el presidente municipal se comprometió a pagar el adeudo de la Junta Local de Agua Potable en cinco días que se cumplieron ayer.Aclaró que hasta ayer en la tarde el ayuntamiento no había pagado.

 * Protestan en Palacio Municipal contra el alcalde

De la corresponsalía, Coyuca de Benítez * Mas de 20 ex trabajadores del ayuntamiento protestaron en el Palacio Municipal, en demanda del pago de salarios caídos así como también que los tomen en cuenta en la entrega del aguinaldo.

Denunciaron que fueron despedidos injustificadamente por el alcalde sustituto Joel Lozano Balanzar quien les mando ha decir con fuentes cercanas, que “no les pagará el aguinaldo porque primero tiene que arreglar asuntos personales entre priístas”.

Alrededor de las 10 y media de la mañana, con mantas y un equipo de sonido los manifestantes llegaron al palacio municipal, gritando consignas.

“Que el alcalde interino (Joel Lozano), prepotente y esquizofrénico, respete el derecho laboral de los trabajadores” decía la manta instalada por los inconformes frente del Palacio.

Exigen que el alcalde sustituto Joel Lozano les pague las quincenas desde que los despidió y también el aguinaldo.

Los ex trabajadores eran encabezados por el director de Seguridad Pública, Elfego Buenrrostro Zúñiga, quien expuso que a la llegada del alcalde interino Joel Lozano Balanzar, esté lo despidió injustamente ya que casualmente le dio unas vacaciones de tres meses, sin goce de sueldo.

Exigió que los tomen en cuenta para el pago del aguinaldo porque por ley les corresponde “es un salario devengado”. Por otro lado, la regidora Ana María Méndez Pano informó que el alcalde Joel Lozano Balanzar pretende pagar a los trabajadores el día 30 de este mes; para que no le armen un escándalo el día del informe  (que será el próximo 29).Los trabajadores están desconfiados porque temen que no les pague debido a que a partir del primero de diciembre comienza un nuevo gobierno.

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Discapacitados de esta capital que pertenecen a la organización Digna Ochoa y Plácido volvieron a manifestarse ayer frente al Palacio de Gobierno en demanda de locales comerciales en los mercados de zona de esta capital para sus agremiados y un terreno para fundar la colonia del discapacitado.

El medio centenar de discapacitados instalaron un plantón frente al Palacio de Gobierno encabezados por su presidente, Juan Valenzo quien denunció que el presidente municipal, José Luis Peralta Lobato no les cumplió un acuerdo que sostuvieron con él en el sentido de que les otorgaría 50 locales comerciales en los mercados de zona a un igual número de agremiados a esa organización. Explicó que el alcalde les dijo que les entregaría a los discapacitados 10 locales en el mercado de Los Angeles, 10 en el del PRI, 10 más en el mercado nuevo que se encuentra a un costado de la terminal de autobuses, 10 en el Bulevar Vicente Guerrero y 10 más en diferentes partes de la ciudad.

Sin embargo dijo que a partir de que se inauguraron los mercados de zona de la colonia de Los Angeles y la del PRI, el edil Peralta Lobato ni siquiera ha querido recibirlos. Los discapacitados también se inconformaron porque el titular del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero (Invisur), Marco Antonio Castrejón Lobato no les ha resuelto su demanda de un terreno para la fundación de la colonia del discapacitado Digna Ochoa y Plácido con el argumento de que no ha encontrado un terreno adecuado para ese fin.

Juan Valenzo informó que la organización ha hecho varias propuestas de terreno pero que el director del Invisur pone pretextos como que el terreno no es suficiente, que está en litigio, o que el propietario no quiere venderlo.

Ante la negativa a estas dos de sus demandas los discapacitados volvieron ayer a instalarse en plantón frente al Palacio de Gobierno para exigir una audiencia con el alcalde Peralta Lobato y otra directamente con el secretario de Gobierno, Marcelino Miranda Añorve.El presidente de la organización Digna Ochoa y Plácido advirtió que si no recibían respuesta a partir de hoy martes volverían a bloquear las calles del centro de la capital.

 * Pertenecen a los municipios de Metlatónoc, Tlapa y Atlamajalcingo del Monte

Más de 300 de indígenas de 17 comunidades de los municipios de Metlatónoc, Tlapa y Atlamajalcingo del Monte se manifestaron con un plantón en el Zócalo de Tlapa en demanda de energía eléctrica, un hospital, pavimentación de caminos y escuelas.

Entrevistado vía telefónica el representante de la comisión de prensa y propaganda, Cándido Félix Santiago, dijo que las demandas antes mencionadas fueron entregadas hace un mes a las autoridades competentes, pero hasta el momento no han obtenido una respuesta favorable.

Los cientos de indígenas niños, ancianos, mujeres y hombres tlapanecos y nahuas comenzaron su protesta a las 11 de la mañana, y en todo momento buscaron entablar pláticas con el delgado del Gobierno en la región, Ezequiel Campos, pero nunca estuvo, lo que ellos interpretan como que no quiso atenderlos.

Félix Santiago dijo que las demandas son justas, y luego puso como ejemplo que durante un mes no hubo luz pero que han pagado recibos excesivamente caros.

Sobre la demanda de caminos manifestó que durante 10 años no ha habido  mantenimiento a los accesos a las 17 comunidades que están en protesta. Además de que es urgente la construcción de una secundaria y un Hospital Integral en la comunidad de San Juan Puerto Montaña, para que brinden servicio a la región.

Con pancartas en mano comisarios municipales, comisariados de bienes comunales y vecinos de las comunidades de San Juan Puerto Montaña, San Lucas, Francisco I. Madero, Juanacatlán, Colonia de Guadalupe, Yukundú, Tierra Blanca, San Agustín, del Municipio de Metlatónoc, el Rosario del Municipio de Atlamajalcingo del Monte, Santa María Tonaya, Nuevo Amanecer, del Municipio de Tlapa, hasta el cierre de esta edición mantenían su plantón y no eran atendidos por los funcionarios.El vocero dijo que esperan que se inicien mesas de trabajo para buscar solución a las demandas porque de lo contrario se trasladarán a Chilpancingo para solicitar la intervención directa del  gobernador René Juárez Cisneros.

 * Marcial Dircio Ortega está preso desde junio por el delito de portación de armas

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Unos 200 integrantes de la Liga Agraria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ) bloquearon ayer la carretera Chilpancingo–Tlapa en Tlatlauquitepec, municipio de Atlixtac, en demanda del retiro de las Bases de Operaciones Mixtas (BOM) que se encuentra en ese lugar y la liberación del dirigente de esa organización, Marcial Dircio Ortega.

El bloqueo a los dos carriles de la carretera comenzó poco después de las 9 de la mañana y hasta a las 11 había sido de manera permanente, pero posteriormente dejaron libre el paso media hora y a partir de ese momento el bloqueo se realizó una hora por media de paso libre.

El contingente de larsistas fueron encabezados por la esposa de Dircio Ortega y ex candidata del PRI a la alcaldía de Zapotitlán Tablas, Eufemia Contreras Tapia, quien dijo que demandan, asimismo, la cancelación de ordenes de aprehensión que existen en contra de miembros de la Larsez.

En el bloqueo participaban alrededor de 200 integrantes de esa organización y según un automovilista que pudo llegar a esta capital los larsistas estaban armados con palos y piedras.

La principal demanda de los militantes de la Larsez es la liberación de su dirigente Marcial Dircio Ortega quien se encuentra preso desde junio pasado por el delito de portación de armas, cuando era aspirante del PRI a la alcaldía de Zapotitlán Tablas.

Tras su detención no pudo participar en la elección interna del PRI y quien ganó la candidatura fue su esposa Eufemia Contreras Tapia sin embargo en las elecciones constitucionales del 6 de octubre perdió ante el candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Silvino Mosso Porfirio.Contreras Tapia dijo ayer que su esposo es inocente del delito del que lo acusan y que su detención tiene móviles políticos y para coartarle la oportunidad de participar en la elección a alcalde en Zapotitlán Tablas, pero dijo que ahora ya pasó la elección y que espera que cuando menos le den su libertad.