* Exigen estudiantes y maestros la destitución del director

Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo * Estudiantes y maestros tomaron las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de la Costa Chica para demandar a la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG), la destitución del director, Alberto Josafat Rodríguez Vázquez, a quien acusan de déspota y prepotente.

El dirigente del Consejo General Estudiantil, Fredy Parra Luna informó que desde el 7 de noviembre, más de 250 estudiantes de un total de 700 que conforman la planta estudiantil, apoyados por los maestros del plantel, tomaron las instalaciones en protesta por las actitudes del director.

Denunció que el director ha demostrado su incompetencia en el ejercicio de la administración, porque es un funcionario golondrino, que sólo se presenta a cobrar su salario cada quincena, pero que se pasa tres días a la semana trabajando en el Instituto Tecnológico de Acapulco donde supuestamente “se dedica a hacer gestiones para beneficiar a la institución”.

Aseguró que tanto los estudiantes como los maestros reciben malos tratos, de parte de Alberto Josafat Rodríguez, y que incluso al personal docente lo vigila casi todo el día por medio de un supervisor que normalmente se la pasa interrumpiendo las clases, “por si fuera poco ha cancelado prácticas de estudio.

También dijo que los vehículos propiedad de la institución, una camioneta y un microbús, los utiliza para su uso personal.

Indicó que después de varias solicitudes a la Secretaría de Educación de Guerrero, su titular Daniel Pano Cruz, designó a Rosalba Guevara, jefa del Departamento de Tecnológicos, pero a cambio de resolver el problema fue a ofrecer becas a los estudiantes, y a informar que no habría represión invitando a una audiencia con las autoridades educativas para ayer martes, pero no se aceptó ya que propuso que los alumnos tomaran clases extramuros.Parra Luna señaló que el trabajador Jesús Manuel Ramírez López, junto con su compadre, el director académico del plantel Antonio Guatemala Sevilla, lo amenazaron de muerte y le dijeron que lo iban a “madrear por pinche grillo”.Por último, afirmó que el lunes pasado se llevó a cabo una reunión de padres de familia y alumnos, donde se acordó apoyar el movimiento: “Si bien físicamente no se han sumado los estudiantes, de todos modos la mayoría lo está apoyando”, y advirtió que si para este jueves no se destituye al director Alberto Josafat Rodríguez, a partir del próximo lunes comenzarán un paro indefinido de labores.

Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo * El secretario de Educación de Guerrero, Daniel Pano Cruz aseguró que la Universidad Autónoma de Guerrero, y todas las instituciones educativas en el estado están obligadas a transparentar el uso de los recursos públicos, y al mismo tiempo anunció que la directora de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEG, Dominga Chávez Pineda, no será destituida del cargo.

Entrevistado luego de asistir al vigésimo aniversario de la fundación de la Escuela Superior de Arquitectura y Urbanismo de la UAG, donde se entregó el Premio Nacional de Vivienda Tequio y Trueque, elaborado por estudiantes de ese plantel, expresó que todas las instituciones educativas están comprometidas con la sociedad guerrerense.

Al cuestionársele sobre la posición asumida durante la sesión del Consejo Universitario la semana pasada respecto a los resultados de la auditoría practicada al ex rector José Hugo Vázquez Mendoza, en la que se presume un desvío cercano a los 25 millones de pesos, según las comisiones de Honor y Justicia, y de Finanzas, expresó que la UAG está comprometida a hacer una administración responsable y de cara a la sociedad, “donde la rendición de cuentas se convierta en una cultura permanente para transparentar el uso de los recursos públicos y el cumplimiento de los planes y programas de estudio”.

Se deben abrir las puestas de las instituciones para que la sociedad vea que se está cumpliendo con responsabilidad, y si existieran elementos de corrupción o de insolvencia “de quienes participamos en el quehacer educativo, que el pueblo de Guerrero, y las instancias competentes juzguen a cada uno de los que tenemos la obligación de servir de manera honesta y profesional”.

Por otro lado, Pano Cruz se refirió a la demanda de los trabajadores de la Unidad de Asuntos Jurídicos, para que se destituya a su titular Dominga Chávez Pineda, quienes la acusaron de prepotente y por violar los derechos de los trabajadores, y señaló que es una petición de 14 empleados, pero que la investigación que hizo la SEG no encontró elementos para confirmar ni una ni otra denuncia.Dijo que en esta ocasión la SEG no cederá a la exigencia de los trabajadores porque sus denuncias no se constataron.Reiteró que el balance de la SEG es que el desempeño de Chávez Pineda y del resto de los funcionarios “están cumpliendo con sus actividades”.

 * Concluye la protesta de alumnos

Raquel Santiago Maganda * Luego de mantener cerrado el plantel durante tres horas, los alumnos del grupo 701 de la Escuela Superior de Odontología de la UAG, lograron que el profesor Luis Alfredo de la Torre Gil fuera sustituido y con esto terminara el conflicto donde el maestro fue acusado de corrupto y amenazas.

El acuerdo se firmó con el director Alejandro Vélez Flores, después de que a las 7 de la mañana los 32 inconformes cerraron el portón de acceso a las aulas, lo que provocó molestia en un par de maestros que acudieron al plantel. La situación provocó incluso discusiones entre los maestros y alumnos.

Los estudiantes y el director acordaron que Luis Alfredo de la Torre no siga impartiendo clases de la materia Clínica 3 en el salón 701 por los problemas suscitados con los alumnos, por lo cual se le comisionará al proyecto de tutoría en el plantel.

Cerca de las diez de la mañana los alumnos inconformes  se reunieron para decidir la aceptación del acuerdo, que después se asentó en una minuta de acuerdo dictada por el director y el representante estudiantil de la FEUG Carlos Pacheco Reducindo.

El director Alejandro Vélez informó que el maestro impugnado había sido consultado sobre esta decisión y estaba conforme con la descarga de horas de clases. Además reconoció que el conflicto es una herencia de las anteriores administraciones porque desde hace 2 años tienen problemas entre parte de ese grupo y el docente.

Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo * El rector de la UAG, Nelson Valle López hizo un llamado a los trabajadores académicos y administrativos de la institución, a no hacerle caso a los seudodirigentes sindicales que primero exigían un programa de pensiones y jubilaciones, y ahora sin fundamento afirman que de aplicarse se perderían prestaciones.

Al dirigir su mensaje a estudiantes y maestros de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la UAG, al que asistieron el secretario estatal de Educación, Daniel Pano Cruz, entre otros, Valle López dijo que la SEP y el ISSSTE reconocieron la antigüedad real de los trabajadores universitarios que por varios años se había demandado.

Por eso fustigó a quienes “todo le ven peros”, y son los primeros que exigen, por lo que insistió en que la Secretaría de Educación Pública ya destinó los primeros 50 millones de pesos de los más de 200 que se adeudan al ISSSTE, pero que ahora falta que los universitarios pongan lo que está de su parte.

Indicó que el conflicto interno en el STTAISUAG, donde existen dos comités ejecutivos, uno encabezado por Nabor Sotelo Ortiz, y otro comité paralelo que representa Isauro Cerón Silverio, sostuvo que “no nos vamos a meter en ese tipo de asuntos, yo los llamé a que pensaran más en la UAG más que en sus intereses personales o de grupo”.

Afirmó que la mayoría de las corrientes sindicales acordaron constituir una planilla de unidad, al grado de que iniciaron sus procesos, “pero será la JLCA la que dictaminará cuál de los comités del STTAISUAG tiene la razón, y cuál tendrá el reconocimiento finalmente”.Sin embargo, antier la presidenta de la JLCA, Yolanda Carvajal Bernabé, reiteró que el único secretario general del STTAISUAG es Nabor Sotelo.Respecto al retraso en la entrega de más de 6 millones de pesos por parte del gobierno estatal que ha provocado el retraso en el pago de las becas al desempeño docente, el rector dijo que fueron recursos autorizados por el gobernador René Juárez Cisneros, para restituir un embargo por parte del ISSSTE, a pesar de que son adeudos que se tienen desde 1992, pero que hoy se reflejó en la actual administración”.En ese sentido manifestó que solo se espera que el secretario de Finanzas, Rafael Acevedo Andrade, acate la instrucción del gobierno del estado para liberar los recursos, tomando en cuenta que el embargo a la UAG se llevó cabo a finales del mes de octubre.

 * Se concretará luego que asuma López Rosas, dice

Ossiel Pacheco * El subcoordinador de la SEG en la Región Acapulco-Coyuca, Raúl Vega Astudillo se reunió con el secretario general del ayuntamiento de Acapulco, Guillermo Ramírez Ramos y el síndico Carlos Huerta para tratar sobre la adquisición de un predio para la primaria Antonio Barbosa Held, que está desocupada debido a lo dañado de su estructura.

Este plantel ubicado en la calle Nuevo León de la colonia Progreso, es reportado por la Dirección de Protección Civil municipal como un inmueble inseguro y recomendó su inmediato desalojo.

Temporalmente la comunidad estudiantil se mudó a un inmueble rentado por la SEG ubicado en la calle Sonora, mientras que reiteraban su solicitud de compra del terreno contiguo para que el Comité Administrador del Programa Estatal para la Construcción de Escuelas (CAPECE) autorice la construcción del plantel por el espacio insuficiente.

Los maestros y padres de familia reiteraron durante las reuniones su negativa de que el plantel se mudara de sitio al considerar la posibilidad de que no se concretará la compra-venta del terreno contiguo porque según su versión se encuentra embargado.

Ayer en el Palacio Municipal del parque Papagayo se reunieron Vega Astudillo, Ramírez Ramos y Huerta para tratar la adquisición del predio, que se concretará una vez que asuma el cargo el alcalde electo Alberto López Rosas, pues el actual ayuntamiento inició ya el procedimiento para la adquisición del predio, pues en el que está ubicada actualmente la escuela no tiene la amplitud que requiere el CAPECE para construir el nuevo edificio escolar.

Vega informó a la salida del Palacio, que el compromiso del actual ayuntamiento de coordinación y solidaridad con la SEG va encaminado a negociar la compra del terreno, que se podrá hacer efectiva a más tardar en diciembre, una vez que asuma López Rosas la alcaldía. Y que el compromiso de la SEG y el CAPECE es la de construir el nuevo plantel en el terreno que adquiera el ayuntamiento lo antes posible.A la reunión asistieron además la directora del plantel Julia Aguilar Arias y una comisión de padres de familia encabezada por Piedad Noriega Moctezuma.

* Es una provocación de la CFE que no cumple el acuerdo de no ejercer acción penal, dice Gilbeero barrera, del Grupo de los 213

Brenda Escobar, corresponsal. Petacalco * La organización Grupo de los 213 Pescadores de la Bahía de Petacalco, amenazan con hacer una movilización y bloquear de nueva cuenta los cinco accesos de la termoeléctrica Plutarco Elías Calles, en protesta porque la señora Guadalupe Landa Solís, una de los once dirigentes de la agrupación, fue detenido la tarde del lunes por la Agencia Federal de Investigaciones (AFI).

El dirigente Gilberto Barrera Reyes informó que Landa Solís fue aprehendida en su restaurante por ocho agentes, quienes le mostraron una orden de aprehensión por haber participado en el bloqueo de la termoeléctrica en 1998, por lo que fue trasladada a la ciudad de Acapulco y ayer martes se encontraba declarando en el Juzgado Tercero Penal.

Barrera Reyes dijo que esta detención es una “provocación” de la Comisión Federal de Electricidad, que “no está cumpliendo con el acuerdo que firmamos en junio cuando aceptamos levantar el bloqueo a los accesos, de que la CFE no iba a ejercer ninguna acción penal en contra nuestra y que el gobierno del estado iba a asesorarnos jurídicamente para evitar ser detenidos”.

El dirigente recordó que la señora Landa Solís es presidenta de la cooperativa Barracudas, y dijo que en el juzgado le estaban pidiendo 20 mil pesos de fianza para obtener su libertad, y que los 213 estaban reuniendo esa cantidad para ayudarla, y amagó con organizar una movilización y bloquear de nueva cuenta los cinco accesos a la planta, “si no la dejan libre y a nosotros nos dejan en paz”.

Dijo que desde el lunes, luego de la detención de Guadalupe Landa, los agentes de la PGR no se han ido de Petacalco, “aquí andan disfrazados de fuereños y no dejan de rondar por las casas de 21 compañeros, que son los que tienen orden de aprehensión por haber participado en el bloqueo que hicimos en 1998”. La planta termoeléctrica Plutarco Elías Calles, que estuvo celosamente custodiada por efectivos de la Marina durante el bloqueo de hace unos meses, ayer se veía sin vigilancia.

Por su parte, el dirigente Juan Carlos Reyes opinó que si para salir le están pidiendo 20 mil pesos, “cuando nos dieron para proyectos productivos 36 mil pesos, y somos 21 los que estamos a punto de ir a la cárcel, pues ahí se va a quedar nuestro dinero y no estamos conformes”.

Dijo que en una eventual movilización participarían también los “acuacultores del Naranjito y de La Saladita, que ya nos han venido a manifestar su apoyo, nomás vamos a esperar que hoy mismo se resuelva y si no, nos vamos a movilizar, al cabo no tenemos miedo a morir porque estamos defendiendo un derecho que nos corresponde”. Para el presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras Zihuatlán, Florentino Zavala Clímaco, quien ayer martes estuvo presente en Petacalco para solidarizarse con los pescadores, la detención “es una clara muestra de un atentado contra la estabilidad y la paz social en esta comunidad, porque es claro que los directivos de la CFE no se van a quedar conformes con los 213 luego de lo que pasó en junio y se están escudando en hechos que pasaron en 1998 para hostigarlos, perseguirlos y encarcelarlos por haber protestado con justa razón, definitivamente esto es un acto arbitrario”.

 * Responde la secretaria de salud denuncias de negligencia médica en Chilapa y Acapulco

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Los accidentes viales constituyen “la cuarta causa de mortalidad en el estado en general y la primera entre los escolares”, informó la titular de la Secretaría de Salud (Ssa), Verónica Muñoz Parra, tras la marcha que encabezó con integrantes del Consejo Estatal de Prevención de Accidentes en esta capital “para sensibilizar” a la población en la materia y al término, en entrevista, se refirió a casos recientes de negligencia médica que se han denunciado en Acapulco y Chilapa.

En la marcha participaron además el director de Protección Civil estatal, Gustavo Piña Lagunas, el director de Tránsito del estado, Hugo Acevedo Castro, y el regidor de Salud Ramón Albavera, que partió de la alameda Granados Maldonado y terminó en la escuela primaria Lauro Aguirre. En la marcha participaron también los niños de esa escuela.

El Consejo Estatal Contra la Prevención de Accidentes lo conforman las instituciones del sector salud, las escuelas y el DIF con el objetivo de “incidir en la disminución de la mortalidad por accidentes viales que ocupan la cuarta causa en el estado en general y la primera en los escolares”, informó la funcionaria.

“Lo que queremos es un cambio de cultura y sobre todo una participación de la gente como el uso del cinturón de seguridad” por parte de los automovilistas. Agregó que en ese sentido el Consejo va a presentar una iniciativa de ley para que el cinturón de seguridad sea obligatorio.

Muñoz Parra informó que con relación a otras entidades del país en Guerrero “es bastante grave” la mortalidad a consecuencia de los accidentes viales.

–Se trata de prevenir los accidentes pero cuando llegan los enfermos a las instituciones de la Secretaría de salud no son atendidos, hay denuncias en ese sentido en Chilapa y en Acapulco –preguntó el reportero.

–Es que necesitamos un trato preferencial para un estado desigual y con múltiples factores condicionantes de pobreza, pero especialmente en el aspecto de salud y con problemas bastante graves, necesitamos un mayor presupuesto –justificó la funcionaria.

El lunes pasado Felipe Teliz Macedonio, vecino de Chilapa, denunció que el personal médico de esa localidad negó la atención a su esposa embarazada y que a consecuencia de ello su hijo murió antes de que pudiera ser atendida en el hospital de esta capital a donde la había trasladado.

Asimismo, en Acapulco el señor Guadalupe Hernández Fernández, de la colonia Campamento Lucio Cabañas, denunció el lunes que su hijo de cinco meses con problemas de parasitosis no fue atendido en el Hospital General debido a que los médicos le piden “para los gastos”.

–¿Nos está diciendo que por falta de mayor presupuesto federal se presentan estos casos de negligencia médica? –insistió el reportero.

–Lo que estamos haciendo es motivar y sensibilizar a nuestros médicos en el sentido de que con lo poco que tengamos podamos ofertar servicios de calidad a nuestra población, sobre todo cuando llega una gente de muy bajos recursos, pero no es fácil hacerlo cuando no se tienen los recursos, sin embargo son más los logros que las debilidades en el sector salud.

–Pero son familias que no son atendidas.

–Se han atendido, yo estoy enterada porque he estado en contacto con los directores. En el caso de Chilapa la madre fue atendida, la señora tenía un embarazo de 38 semanas y fue atendida por un ginecólogo, posteriormente al haber nacido el bebé con bajo peso fue trasladado a Chilpancingo y al parecer aquí estuvo internada varios días y falleció el bebé. La señora fue atendida con oportunidad pero tuvo una complicación. Pero el caso se va a la Comisión de Arbitraje Médico.

–¿Y en el de Acapulco?

–En Acapulco a la gente se le da la atención, se realiza un estudio socioeconómico para ver quienes pueden pagar y quienes no. En La Montaña nadie paga nada porque no hay dinero. Pero en Acapulco a la gente que puede pagar se le cobra con base a un estudio socioeconómico. Yo voy a investigar el caso para que si se negó la atención médica se actúe en consecuencia.

Y con respecto a la demanda que hizo ayer el Consejo Supremo de Pueblos del Filo Mayor en el sentido de que requieren de brigadas médicas y medicamentos para combatir las enfermedades respiratorias y gastrointestinales que padecen sobre todo los niños a consecuencia de las lluvias de la semana pasada, Muñoz Parra dijo que existen brigadas médicas en esa zona pero que por la escasez de recursos los medicamentos que recientemente llegaron se canalizaron a La Montaña y a la Costa Chica.

Informó que este miércoles los secretarios de Salud de varios estados del país acudirán a la Cámara de Diputados federal para exigir que para el próximo año se apruebe un mayor presupuesto para el sector salud en las entidades del país.

De la corresponsalía, Chilpancingo * Familiares de policías presos por la masacre de los 17 campesinos de Aguas Blancas se instalaron en plantón frente a la residencia oficial Casa Guerrero para exigir la excarcelación y solicitaron que se investigue a las autoridades que “fueron las verdaderas responsables” de la matanza.

Con pancartas en la mano, esposas e hijos de los seis ex policías que todavía están presos en el reclusorio de Acapulco llegaron pidiendo entrevistarse con el gobernador René Juárez Cisneros.

“Nuestros familiares están allí presos por equivocación, ya que fueron involucrados en los hechos cuando no dispararon un solo tiro”, manifestó un familiar de uno de los seis ex policías del estado acusado de participar en el tiroteo contra campesinos desarmados el 28 de junio de 1995 en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez.

Los familiares se colocaron en la puerta 3 de Casa Guerrero, y uno de ellos dijo que no daban sus nombres “porque podríamos sufrir más persecución de la que ya tenemos, pero lo único que exigimos es que dejen libres a nuestros familiares”.

A siete años de la masacre, 21 policías del Estado, entre ellos comandantes y el director operativo de Seguridad Pública, Manuel Moreno González, así como el ex subprocurador de Justicia, Rodolfo Sotomayor Espino han salido libres luego de que la justicia federal les concedió un amparo.Todavía quedan en la cárcel seis ex policías y el ex director de Gobernación del Estado, Estaban Mendoza Ramos, quienes enfrentan diversas sentencias condenatorias por la masacre.

El Comité de Presos Políticos y de Conciencia de Acapulco manifestó que la Ley de Amnistía aprobada el 10 de noviembre por el Congreso del Estado “no nos beneficia porque a la mayoría de los que estamos presos se nos acusa de delitos fabricados como el secuestro y homicidio, que son graves”.

Además, manifestaron su inconformidad por la integración de la comisión de cinco funcionarios que aplicarán la nueva ley debido a que tres de ellos (el procurador de Justicia, el secretario de Seguridad Pública y el consejero de seguridad) “son los mismos que nos tienen aquí presos” y sólo “inspiran confianza”, los dos de organismos de derechos humanos.

El presidente del comité, Omar Guerrero Solís, acusado de secuestro, vía telefónica indicó que “tal parece que el único objetivo del gobernador René Juárez Cisneros y los diputados priístas fue vanagloriarse y para dar oxígeno al sistema priísta que cada vez se desmorona más, pero se aprobó gracias a la presión de las organizaciones sociales y de derechos humanos”.

“La nueva ley no nos beneficia; a la mayoría de los que estamos presos se nos acusa por delitos considerados como graves como el secuestro y homicidio, sin pruebas en nuestra contra, sin señalamientos directos, nuestros procesos están amañados, nuestras pruebas son desechadas, hemos sufrido torturas y obligados a firmar hojas que después llenan a su antojo”, dijo.

Guerrero Solís agradeció el apoyo del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG) y a los diputados del PRD quienes “a pesar de la jugada de los priístas mantuvieron una postura de altura con el interés de que esta ley beneficiara a la mayoría, pero dijo que la aprobación “es un triunfo” porque “por fin” reconoce el gobierno “la existencia de presos políticos”.

Por su parte, el ex preso político sobreviviente de la masacre de El Charco, Efrén Cortés, manifestó que “la Ley de Amnistía, si se queda así, de nada sirve”, y opinó que el movimiento por la libertad de los presos “apuesta a que se abra la negociación, y a la buena voluntad del gobernador”, para que “se haga una interpretación política de la Ley”, y que puedan salir libres los 60 presos políticos.

Señaló que ninguno de los presos políticos y de conciencia está sentenciado o procesado por los delitos de motín, sedición, conspiración o rebelión, que es el requisito que establece la Ley, porque “el gobierno ha criminalizado la actividad de los dirigentes y luchadores sociales, acusándolos de delitos inventados como secuestro u homicidio”.

Por eso, señaló, la propuesta del FODEG, que no fue recogida en el texto de la Ley, era que se beneficiarían con la amnistía los acusados de esos delitos políticos y los que de ellos se deriven.

Efrén Cortés insistió en que la Ley de Amnistía es un avance, porque el gobierno reconoce que en Guerrero hay presos políticos. Sin embargo, preguntó ¿porqué se hizo una ley tan limitada?, si el gobierno tiene interés en que se dé la reconciliación, como dice la misma Ley, ¿qué es lo que se pretende con ella si los presos políticos no van a poder ser beneficiados?Señaló que las organizaciones sociales tienen una lista de los presos políticos, “y si de parte del gobierno hay voluntad política, exigimos que salgan libres todos los compañeros que están en la lista”.Asimismo, propuso que los primeros casos que analice la comisión encargada de aplicar la Ley de Amnistía sean los de Salomé Aguirre Bahena, Joviel Rafael Ventura, Omar Guerrero Solís, Angel Guillermo Martínez, Tomás de Jesús Barranco y Alfredo Barragán Rentería.Explicó que los seis han sido atacados sistemáticamente por el gobierno, fueron detenidos ilegalmente y desaparecidos por varios días, sometidos a interrogatorios sobre los grupos armados, torturados, y sometidos a declaraciones ministeriales encaminadas a dar un sesgo político a los hechos de los que son acusados, y que en todos esos casos son falsos.

Francisco Magaña, corresponsal, Atoyac * La declaración del presidente Vicente Fox en Inglaterra de que algunos responsables de la guerra sucia no podrán ser castigados porque ya prescribieron los crímenes es “incongruente e irresponsable”, señalaron la la vicepresidenta de la Afadem, Tita Radilla Martínez, y la dirigente de la OCSS Rocío Mesino.

Además, dijo la primera, el presidente Fox no es la instancia adecuada para decidir si prescribió el delito.

Radilla observó como una “incongruencia” que el mandatario federal haya creado una fiscalía especial para castigar delitos políticos del pasado y ahora diga en Europa que ya prescribieron.

Recordó que siempre han manifestado reservas de que efectivamente se castigara a los responsables de asesinatos, desapariciones y torturas y con las declaraciones del Presidente la desconfianza aumenta.

Por eso, advirtió, la organización de defensa de los derechos humanos a la que pertenece seguirán pugnando por el castigo a represores hasta agotar la instancia nacional, luego de lo cual buscarían que la justicia internacional intervenga.

Por su parte, Rocío Mesino dijo que como familiar de desaparecidos lamenta la posición del presidente de la República más cuando aquí en Guerrero “no se ha olvidado la herida que dejó la desaparición de más de 600 ciudadanos de este municipio en la década de lo setentas”, un delito que “no puede quedar impune”.

Recordó el caso de los ahora generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Humberto Quirós Hermosillo, a quienes desde hace mucho tiempo se les viene acusando de muertes y desapariciones, y las víctimas y familiares de desaparecidos ha presentado pruebas más que suficientes para que sean  enjuiciadas por el delito de desaparición forzada.

Concidió en que la declaración de Fox pone en entredicho la vigencia de la fiscalía especial para crímenes políticos del pasado que encabeza el jurista Ignacio Carrillo Prieto, fiscalía con la cual “nosotros desde el primer momento no estuvimos de acuerdo porque sirve como parapeto para dar entender de que se está haciendo algo”, y recordó al respecto la “amarga experiencia” con el fiscal especial que supuestamente investigó la matanza de Aguas Blancas sólo para exonerar el ex gobernador Rubén Figueroa.

Agregó por “esas palabras irresponsables” del presidente de la República, van a acudir la ayuda internacional si en México no se juzga como deber ser a los militares mencionados.Asimismo la señora Felipa Manzanares Barrientos madre de un hijo desapareció en los años setentas,  señalo que seguirán en su postura de que se castigue a los dos generales responsables. “Fox prometió que se iba a aplicar la justicia a los responsables. Que nos digan donde están, se dice que a muchos los echaron al mar, existen pruebas y testimonios”, recordó.Indicó que el delito no puede prescribir, cuestiona asimismo porqué Fox creó entonces la fiscalía especial y hasta les pidieron que fueran a declarar. “Yo seguiré exigiendo hasta que me muera saber dónde está mi hijo”, concluyó.