Exigen campesinos del FDP el pago de 2 millones de pesos de Empleo Temporal

 Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Campesinos e indígenas de varias organizaciones sociales a quienes el gobierno estatal y federal no les ha entregado los recursos del programa Empleo Temporal empezaron a concentrarse ayer en esta capital para participar hoy lunes en una marcha y exigir la liberación de los recursos.Las mismas organizaciones el martes se trasladarán a la ciudad de México y participarán allá en una marcha junto con organizaciones de otros estados del país para protestar por la política económica del presidente Vicente Fox, contra los recortes presupuestales y exigir a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) que libere los recursos de Empleo Temporal, toda vez que aquí, en el gobierno estatal, les han informado que es el gobierno federal el que no los ha canalizado.

El mediodía de ayer llegó un contingente a la plaza Primer Congreso de Anáhuac del Frente de Defensa Popular (FDP), encabezados por Efraín Torres Fierro quienes demandan al gobierno estatal la entrega de 2 millones de pesos de Empleo Temporal para el financiamiento de proyectos productivos y obras sociales.

El contingente llegó de los municipios de Malinaltepec, Metlatónoc, Chilapa, Mártir de Cuilapan, Atoyac de Alvarez y Tlacoachistlahuaca.

Torres Fierro informó que el gobierno estatal no ha cumplido con la entrega de los 2 millones de pesos que se comprometió a entregar a esta organización este año. Dijo que el secretario de Desarrollo Social, Heriberto Huicochea Vázquez, les prometió que el 50 por ciento de esos recursos serían entregados el pasado mes de septiembre y que el otro 50 por ciento se los liberaría en este mes de noviembre, sin embargo señaló que no han recibido ni siquiera la primera parte.

Informó que debido a ello decidieron protestar este lunes para exigir al gobierno estatal la entrega de esos recursos y que mañana martes se trasladarán a la ciudad de México junto con contingentes de otras organizaciones para participar en una protesta el 14 de noviembre.

También llegaron a esta capital para trasladarse el martes a la ciudad de México un grupo de integrantes de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ) quienes se concentraron en la alameda Granados Maldonado.

Otro grupo que también se irá a la ciudad de México es el de la Organización Revolucionaria Emiliano Zapata (OREZ) que se encuentra en esta capital desde el lunes de la semana pasada para exigir solución a sus demandas al gobierno estatal.Torres Fierro informó que las organizaciones sociales de Guerrero y del país protestarán este 14 de noviembre en contra de la política económica del presidente Vicente Fox, se manifestarán, asimismo, en contra de los recortes presupuestales a entidades como Guerrero y que en el caso de esta entidad pedirán que se liberen los recursos del programa Empleo Temporal..

El delito de secuestro es un pecado, declara el arzobispo de Acapulco

Jorge Nava * La Arquidiócesis de Acapulco manifestó su rechazo al secuestro y llamó a la población a “gravarse en la conciencia” de que es un pecado cometer ese delito, indicó el prelado católico Luis Felipe Aguirre Franco.En su reflexión dominical en la iglesia de Nuestra Señora de la Soledad, Aguirre Franco les expuso a los fieles que asistieron este domingo a la celebración, sobre la amenaza de la “industria del secuestro”.

Destacó el esfuerzo de las autoridades civiles para resolver este problema, sin embargo dijo reconocer que hace falta mucho por hacer contra ese delito.

Habló sobre los niveles “dramáticos” que alcanza este delito al afectar a la clase media y pobre, más aún, subrayó, cuando se secuestra a niños.

Por ello, Aguirre Franco indicó que la Arquidiócesis de Acapulco, manifiesta “su rechazo a la práctica del secuestro, por las graves consecuencias que éste acarrea sobre la vida de personas inocentes”.

“Invitamos a todos aquellos que han caído en la práctica del secuestro, y a todos aquellos que se ven involucrados directa o indirectamente, que reconsideren su situación”, llamó el prelado católico.

Insistió en que “nadie tiene derecho a atentar contra la vida de las personas. Privar a alguien de su libertad, es una gravísima ofensa a Dios y al prójimo, implica el quebramiento del orden social, el gran amor y respeto que debe tenerse a la vida humana”.

EL TEE tiene que garantizar que

procede desinteresadamente, dice

Al ser entrevistado al presidir un encuentro matrimonial de la Arquidiócesis de Acapulco, sobre el éxodo que preparan habitantes de San Luis Acatlán en la capital, por la resolución del Tribunal Estatal Electoral (TEE) contra el alcalde electo Genaro Vázquez García, Aguirre Franco opinó que esa instancia tiene las bases para juzgar esos acontecimientos, porque hay una normatividad.

Sin embargo, reflexionó, que así como el TEE vigila los procesos electorales para que no haya fallas, en este caso, dijo, el Tribunal tiene que dar una garantía de que procede desinteresadamente al emitir sus resoluciones o con un solo interés que es el de servir a la sociedad y a México.

Con ello, consideró que la sociedad respetará la democracia, el voto, porque subrayó que el TEE, es la instancia que tienen que resolver el problema que sucede en San Luis Acatlán, “para que siga ganando México, Guerrero, siga caminando con paso firme la democracia”.

El  matrimonio Fox-Sahagún,

“un mal ejemplo”

Sobre el encuentro de matrimonios, Aguirre Franco criticó la unión del presidente de la República, Vicente Fox y Martha Sahagún, al considerarlo como un “mal ejemplo” para los matrimonios mexicanos.

Al encuentro asistieron 30 matrimonios, quienes, según Aguirre Franco, buscan vivir una mejor relación de vida en la unidad sacramental, en la intimidad; a fin de que como pareja sacramentada puedan servir a Dios, a la iglesia y a la sociedad.

El prelado señaló que la importancia del encuentro, es porque el mundo no se transformará si no se transforma la base de la sociedad: la familia, pues a su criterio, dijo, no es quitar presidentes o poner candidatos.

“Aunque se derroque gente, la fuerza con que se va a transformar la sociedad, es la familia”, insistió.

Se mostró preocupado porque en Guerrero las relaciones matrimoniales “se encuentran muy agredidas por los desvalores, por las agresiones terribles que está sufriendo la familia humana, el desmoronamiento de los valores está precisamente aquí. Hoy se habla de parejas de unidad de sexo, se habla de parejas por un tiempo, matrimonio a tiempo; como que ahora ya no se quiere aceptar esa frase tan propia del matrimonio ‘hasta que la muerte los separe’”.

Indicó que la iglesia ha detectado la desintegración familiar, al incrementarse el número de familias irregulares, como aquellas que “están formadas sólo por una madre soltera”.

Agregó que también dentro de ese grupo están las familias que son de un segundo matrimonio, lo cual, subrayó, la iglesia no autoriza, pero que algunos han dejado un matrimonio por el civil y han vuelto a contraer otro.

Como ejemplo citó el caso del presidente de la República, Vicente Fox, al considerar el matrimonio con Martha Sahagún, como “un mal ejemplo”.

Respecto a que hoy comienza el encuentro de la Conferencia de Episcopado Mexicano, Aguirre Franco expuso que la participación de la arquidiócesis de Acapulco, se enfocará a proponer una comisión denominada Movilidad Humana, la cual, dijo, se encargará de cuidar a los turistas que nos visitan, los migrantes que vienen de alguna otra parte a radicar o simplemente estén de visita.Agregó que también esta comisión se encargará de los que emigran hacia los Estados Unidos. Señaló que su propuesta se resume en que la iglesia debe atender los problemas de los documentados o indocumentados.

Investiga la UEDO a más de 20 comandantes y agentes de la PJE

De la corresponsalía, Chilpancingo * La Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO) comenzó una investigación a más de 20 comandantes, jefes de grupo y agentes de la Policía Judicial del Estado (PJE) que presuntamente están involucrados en secuestros, desaparición involutaria de personas, robo de vehículos y narcotráfico.

En la misma investigación, que en gran parte se refiere a la recomendación 019/2002 que en marzo de este año envió la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum) a la Procuraduría de Justicia del estado (PGJE), se ha solicitado la comparecencia del ex director de esta corporación, Jaime Figueroa Velázquez.

Figueroa compareció en la delegación de la PGR en Guerrero el 22 de octubre, y ahí fue interrogado sobre las denuncias de secuestro y desaparición forzada de ocho ciudadanos guerrerenses y que señalan de haberlos cometido a efectivos de la corporación policiaca.

Uno de los testigos protegidos de la UEDO, el ex agente judicial, Francisco Cortés Pastenes, es el que ha revelado datos y nombres de los elementos de la PJE que han participado en secuestros, robo de vehículos y de asesinatos.

El visitador general de la Codehum, Hipólito Lugo Cortés, informó que el ex agente judicial goza de la protección de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) para evitar que algo le pueda pasar.

Derivado de la recomendación 019/2002 en la que se señala a agentes de la PJE y a los ex directores de esta corporación, Edilberto Solís Ramírez y Jaime Figueroa Velázquez de haber desaparecido a ocho personas, han sido detenidos un ex comandante y cuatro agentes judiciales a quienes ya se les dictó auto de formal prisión.

Hace 15 días, a raíz de la visita que hizo a Guerrero el procurador general de la República (PGR), Rafael Macedo de la Concha, la UEDO empezó las investigaciones a más de 25 agentes de la PJE, incluyendo a los dos ex directores de esta corporación, que han sido señalados, por el propio ex agente judicial, Francisco Cortés Pastenes, de estar ligados a las bandas de robo de automóviles, narcotraficantes y de secuestradores.Además de que algunos ex comandantes, como el caso de Víctor Manuel Castro Valente quien tiene varias órdenes de aprehensión y se encuentra prófugo de la justicia, tienen un cementerio clandestino donde enterraban a sus víctimas.

Bautizan los Testigos de Jehová a 71 personas de la entidad; concluye asamblea

Jorge Nava * La primera asamblea de los Testigos de Jehová concluyó ayer en el Centro de Convenciones Acapulco, luego de haber iniciado el viernes, donde se bautizaron a 71 personas, informó Luis Rosete Perea, superintendente del Departamento de Noticias de esa organización religiosa.Abundó que esta fue la primera de las asambleas que comprenden tres días, y que dentro de ocho días se llevará la segunda.Indicó que asistieron 5 mil 800 seguidores de esa religión, de Costa Grande y de Acapulco.Señaló que dentro de la serie de conferencias se trataron temas de drogadicción, económicos y terrorismo.Aseguró que han ayudado a gente que ha estado en grupos subversivos de Chiapas y que se han unido a los testigos de Jehová, para divulgar la palabra de Dios. Aseguró que aquí no se ha agremiado ninguna persona en esa misma situación.

“En la PJE está el crimen organizado” dicen abogados al procurador

 Aurelio Peláez * En un desayuno con el Colegio de Abogados, el procurador de Justicia del estado, Jesús Ramírez Guerrero, escuchó críticas acerca de la conducta de la Policía Judicial del estado (PJE). Ahí, el ex presidente de este grupo, el corredor público Adrián García Fierro, afirmó que en la Judicial es en donde existe “el crimen organizado”.

Ante unos 40 miembros del Colegio, Ramírez Guerrero sostuvo su intención de sanear tanto el área de impartición de la justicia, como los cuerpos policiacos estatales, y expresó que hay el compromiso de gobierno del estado en estos programas.

García Fierro señaló que “se ha visto que en el gobierno está la delincuencia organizada”, y señaló: “¿Entonces quién va a cuidar de los gobernados?”.

El también ex presidente del Colegio, Cresencio Otero Ríos, pidió al procurador de Justicia del estado esclarecer qué integrantes de la PJE están en “la mafia”, y demandó que en el área de la administración de la justicia exista el servicio profesional de carrera, para evitar que a los puestos se acceda por recomendación.

Ramírez Guerrero fue recibido en este encuentro por el presidente del Colegio de Abogados, Gerardo Martínez Bello, y durante una hora, escuchó observaciones en torno al desempeño de la Judicial y de los ministerios públicos.

En entrevista, el procurador de Justicia del estado afirmó que este año se han registrado 21 secuestros, de los cuales 11 se han resuelto, y quedan 10 en investigación.

En cuanto a las denuncias de joyeros del centro de la ciudad, en el sentido de que policías judiciales pertenecen a las bandas de asaltantes, sostuvo que “los resultados están a la vista, hemos hecho algunas detenciones, seguiremos en la investigación de algunos otros casos. Si hubiera algún otro elemento de la Policía Judicial vamos a proceder en contra de él, el rango que tenga dentro de la corporación no hay ningún privilegiado, ningún delito va a quedar impune. Vamos a proceder en contra de quien sea, si resulta responsabilidad de algún elemento de la Judicial vamos a proceder en contra”.En cuanto al narcomenudeo, que se estableció como uno de los programas especiales de la PGR , afirmó que “en esa materia auxiliamos en cuanto nos lo pide la autoridad”.

Fuera del Congreso y a puerta cerrada nombran al auditor del gobierno estatal

 * Viene de la constructora que hace las obras del gobierno estatal y que dirige un compadre de René Juárez, señala el PRD al tomar la tribuna * Los diputados priístas y el del PAN abandonaron el recino oficial para continuar la sesión en otro sitio y en privado * Allí mismo también aprobaron la Ley de Amnistía cuyo contenido se desconoce

Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * A puerta cerrada y en un lugar alterno al recinto oficial de sesiones del Congreso del Estado, la fracción parlamentaria del PRI y el diputado local del PAN, Angel Pasta Muñúzuri nombraron ayer fast track al titular de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero, Ignacio Rendón Romero, miembro del Colegio de Contadores Públicos. En esa misma sesión se aprobó la Ley de Amnistía de la cual se desconoce su contenido.

La realización de la sesión a puerta cerrada fue en el edificio donde antes estuvo el Congreso del Estado y que ahora es la Sala de Juntas del Poder Judicial, luego de que los diputados del PRD tomaron la tribuna del Congreso para evitar que la fracción parlamentaria del PRI “impusiera” al auditor de la Auditoría Superior del Estado, lo que provocara que los diputados priístas cambiaran de recinto legislativo.

Y es que el coordinador parlamentario del PRD, Sebastián de la Rosa Peláez, declaró a El Sur que Ignacio Rendón Romero es contador público y laboraba en la empresa Constructora Torreblanca, cuyo dueño es Antonio Torreblanca, compadre del gobernador René Juárez Cisneros. La constructora es la encargada de la realización de la obra pública del gobierno del estado.

La sesión del periodo extraordinario fue citada este domingo para tratar los asuntos del nombramiento del auditor general, analizar la renuncia del contador mayor de hacienda Cuauhtémoc Tavarez y aprobar la Ley de Amnistía.

Cuando se instaló la sesión y se dio a conocer el orden del día, el perredista Sebastián de la Rosa dio a conocer la postura de su partido en torno al asunto del nombramiento del auditor general del gobierno estatal.

Informó que horas antes, en la madrugada con los diputados del PRI, los perredistas hicieron esfuerzos para evitar el nombramiento del auditor general, pero no fue posible llegar a un acuerdo.

Dijo en sus argumentos que en este momento se cuenta aún con la Contaduría Mayor de Hacienda y quiere nombrarse al auditor general que no corresponde a este organismo, sino a la recién Auditoría Superior del Estado que entrará en vigor en enero próximo.

Nombrar al auditor general, puede ser motivo de controversia constitucional, agregó. Además que todavía no se aprueba la renuncia del actual contador mayor de hacienda, Cuauhtémoc Tavarez Juárez, pero el asunto está en el segundo punto del orden del día y el nombramiento del auditor general se propone hacerlo en primer orden. Dijo que propuso aceptar la renuncia del contador mayor de hacienda y nombrar un interino del organismo de fiscalización hasta el primero de enero.

Expresó que el nuevo orden político en Guerrero dice que debe haber responsabilidad en la toma de decisiones para sacar adelante los problemas del estado, rechazando todo tipo de imposiciones. Dijo que en el caso de la pretensión de nombrar ahora al auditor general, será porque los priístas quieren elegir un incondicional como actualmente lo es Cuauhtémoc Tavarez solapador del gobernador, René Juárez Cisneros.

Juan Adán Tabares subió a tribuna para cuestionar: “¿Cuál es el miedo de nombrar en la próxima Legislatura al auditor general?”. Y pidió evitar el albazo. Continúo: “¿No tienen confianza en sus próximos diputados electos? No tengan miedo, René Juárez es ya amigo de Fox y no le revisará la cuenta. Sería una vergüenza el nombramiento”.

Y Severiano Prócoro Jiménez subió a tribuna para hechos y anunció: “De aquí no me voy a mover hasta el 14 de noviembre para evitar el albazo”. Y se quedó en la tribuna. Luego se le unieron sus 13 compañeros perredistas, apoyados por diputados electos del PRD que se encontraban de visita en el recinto legislativo.

 “¡Sebastián, tú estabas de acuerdo!”  

Ante la posición de la fracción parlamentaria los diputados electos perredistas presentes aplaudieron. Pero fueron conminados a guardar silencio por la mesa directiva, pero no callaron.

Descontrolados los priístas, no atinaban qué hacer, sobre todo en la mesa directiva que encabezó el priísta Alejandro Bravo Abarca, quien alcanzó a declarar un receso, luego que irrumpió el perredista Sebastián de la Rosa para apoderarse del micrófono.

Apenas alcanzó el tiempo al coordinador parlamentario del PRI y presidente de la Comisión de Gobierno, Héctor Apreza Patrón para gritar a sus compañeros diputados priístas a no “caer en la provocación”. Luego, desde su curul le gritó al perredista Sebastián de la Rosa para decirle: “Están dolidos no sé por qué, luego de que estuviste de acuerdo en que éste día nombráramos al auditor general. Además dos veces nos dejaste plantados en la Comisión de Gobierno donde trataríamos el asunto”.

A ese reclamo se unió el diputado del PRS, Demetrio Saldívar para decirle a Sebastián de la Rosa que no se presentó a platicar con ellos el asunto del auditor general. Eso sirvió para que los diputados electos del PRD y acompañantes le chiflaran al perresista y le gritaron “palero”. Eso sirvió para que modificara su actitud Demetrio Saldívar, quien luego se quedó apoyando la toma de la tribuna del PRD.

No así el panista Angel Pasta Muñúzuri quien se salió con los diputados priístas del recinto legislativo y enfilaron con rumbo desconocido.

Mientras que al Congreso llegó el notario público Emilio Ortiz Uribe (ex oficial mayor del Congreso del Estado por varios periodos y a quien se ubica como cercano al PRI) para dar fe de las acciones emprendidas por los perredistas.

Mientras que los perredistas lograron contactos para localizar a los priístas en el viejo recinto legislativo, en el centro de la capital, donde ahora es sede del Poder Judicial, mientras desarrollaban la sesión agotando los temas del orden del día.

Los reporteros de la fuente fueron avisados del lugar de la sesión de los priístas y el panista, y allá se trasladaron, pero un policía sacó a empellones a fotógrafos y reporteros y cerró los accesos.Adentró se nombró sin contratiempos y fast track al auditor general, Ignacio Rendón Romero, se aplazó la renuncia del contador mayor de hacienda, Cuauhtémoc Tavarez hasta el 31 de diciembre y se aprobó la Ley de Amnistía, de la que no se supo el contenido.Mientras que en el Congreso local, los diputados perredistas decidieron dejar libre la tribuna y abandonaron el recinto. Su objetivo no se cumplió, los diputados del PRI y el del PAN eligieron al auditor general al que se oponían por ser “cercano al gobernador”.

El elegido Ignacio Rendón niega el señalamiento de los perredistas

* La versión oficial le dedica una línea al nombramiento y sólo declaraciones de la Ley de Amnistía

 Al salir del salón de sesiones del Poder Judicial, donde los diputados priístas y el del PAN aprobaron su nombramiento como auditor estatal, Ignacio Rendón Romero negó el señalamiento que le hizo el PRD.

Los diputados priístas no quisieron hablar con los reporteros, pero se pudo alcanzar al recién nombrado Ignacio Rendón, quien nunca detuvo su marcha rumbo a su auto y parco respondió a las preguntas de El Sur.

–¿Por qué aceptó el cargo de auditor general?

–El objetivo es trabajar precisamente en beneficio del pueblo, vamos a  trabajar, a hacer cumplir la ley, la nueva Ley de Fiscalización que se acaba de publicar.

–Que haya sido en secreto su nombramiento ¿qué opinión le merece?

–No, no fue secreto, yo vengo postulado por el Colegio de Contadores Públicos y aquí estamos.

El elegido Ignacio Rendón niega el señalamiento de los perredistas

 –¿Cuál es el reto para usted en la nueva legislatura?

–Creo que el reto que estoy asumiendo en este momento es para trabajar, soy una persona apolítica, y precisamente ese el objetivo, trabajar y aplicar la nueva Ley de Fiscalización.

–¿No se siente deslegitimado porque el PRD y el PRS se opusieran a sus nombramiento?

–Desconozco que haya pasado eso.

–El PRD no está de acuerdo, ni el PRS

–Son términos que no conozco.

–¿Dicen que usted es muy cercano a René Juárez Cisneros?

–No para nada, yo vengo del Colegio de Contadores Públicos.

–¿Lo acusan de ser incondicional porque usted trabajó como contador en la empresa del compadre del gobernador, la empresa Constructora Torreblanca?

–No, no para nada, soy contador público, y tengo o tenía un despacho en… soy Contador Público certificado y me dedico a  la auditoría de Estados Financieros. (Hugo Pacheco León / Chilpancingo).

La versión oficial

En un boletín de prensa, el Congreso del Estado confirmó el nombramiento de Ignacio Rendón Romero como auditor general del estado, y la aprobación de la Ley de Amnistía, pero sin informar ningún detalle.

El comunicado de prensa enviado ayer a esta redacción, evade el tema del auditor y la forma en que se votó su nombramiento, pues lo reduce a la última línea en la que sólo se lee: “Por otra parte, y en la misma sesión se designó a Ignacio Rendón Romero como auditor general del estado”.

El texto comienza informando que “con la aprobación por unanimidad de las fracciones parlamentarias del PRI y del PAN”, el Congreso local “aprobó la Ley de Amnistía”.

Asimismo agrega que por otra parte, con la aprobación de los mismos partidos, del PRD y PRS “se revocó el mandato a 10 alcaldes que no entregaron a tiempo sus cuentas públicas”. Aunque en el dictamen contra los alcaldes se reitera que los alcaldes incurrieron omisiones en sus cuentas públicas, y no en desvío de recursos, el boletín oficial del Congreso continúa diciendo que la revocación de sus mandatos “fue interpretado como el paso más firme  hacia la erradicación de conductas negligentes y del desvío de recursos públicos”.

Regresa al tema de la Ley de Amnistía y sólo dice que “al motivar y fundamentar” esta nueva legislación, “el presidente de la Comisión de Justicia, diputado Ernesto Sandoval Cervantes aseguró que la aprobación de esta Ley es una respuesta del Congreso del Estado y de la LVI legislatura, a los reclamos de grupos sociales que solicitaban un instrumento para lograr la reconciliación social, postergada por tantos años”.

Indica que el presidente de la Comisión de Gobierno, el priísta Héctor Apreza Patrón afirmó que “la aprobación de esta ley sienta un precedente en la entidad y a nivel nacional, ya que de esta forma se alcanzan niveles de convivencia social y política acordes con las nuevas circunstancias de apertura, diálogo y civilidad, en una entidad marcada por las desigualdades”.

Respecto a la revocación del mandato de los alcaldes de los municipios de Ayutla, Tixtla, Coyuca de Benítez, Pilcaya, Pedro Ascencio Alquisiras, Alcozauca, San Luis Acatlán, Tlacoachistlahuaca, Gral. Canuto A. Neri, e Igualapa, Apreza Patrón sostuvo que la medida se fincó en el marco de la legalidad y representa el sentir y desaprobación de los guerrerenses con los servidores públicos que todavía se niegan a rendir cuentas.

Revocan el mandato a los 10 alcaldes; PRI, PRD y PAN votan contra los suyos

 * La dirigencia estatal del PRD había pedido a su fracción parlamentaria “defender a ultranza” a sus tres ediles enjuiciados * Se analizará si procede la suspensión de los derechos partidistas de sus diputados, anuncia el secretario general del CEE perredista * Difícil decisión pero fue la mejor para los guerrerenses, dice el priísta Mario Moreno Arcos

Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * Por unanimidad los diputados locales del PRI, PRD, PAN y PRS revocaron el mandato a 10 alcaldes –que estaban a 20 días de terminar su periodo– por no presentar a tiempo sus cuentas públicas.

Los alcaldes a quienes se les revocó el mandato son: los priístas Julio César Diego Galeana, de Coyuca de Benítez; Abdías Acevedo Rojas, de San Luis Acatlán; Javier Carmona Dimas, de Tlacoachistlahuaca; Javier Adrián Aparicio Soto, de Igualapa; Rubén Aranda Ayala, de Pedro Ascencio Alquisiras; y Juan Martínez Félix, de Canuto Neri.

Los perredistas Jorge Vargas Alcaraz, de Tixtla; Fortino Caballero Villalobos, de Ayutla; Javier Manzano Salazar, de Alcozauca. Y el panista Eustaquio A. Martínez Martínez, de Pilcaya.

En el caso de la fracción parlamentaria del PRD, a pesar de que sus diputados que la integran fueron instruidos por el Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de “defender a ultranza” a sus compañeros alcaldes de Ayutla, Tixtla y Alcozauca, en la votación decidieron votar por la revocación del mandato.

Para percatarse que la instrucción del CEE del PRD se cumpliera, a las 11 de la noche arribó al recinto legislativo Hermilo Mejía Estrada para darles a los diputados de su partido la opinión de la dirigencia perredista sobre cual debería ser el sentido de su voto, como ya se las había expresado por teléfono el presidente estatal del PRD, Martín Mora Aguirre.

Entrevistado al respecto, el secretario general de la dirigencia estatal perredista, Hermilo Mejía dijo a El Sur que en la sesión del CEE del PRD que se realizará en esta semana, dará un informe del sentido del voto de la fracción parlamentaria local para que tome la decisión si procede la suspensión de los derechos partidistas de los diputados locales por desacato al acuerdo de la dirigencia estatal y turnarlos a la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia.

El PRD justifica su voto

El periodo extraordinario de sesiones del Congreso del Estado –convocado para este asunto– comenzó casi a las 2 de la tarde del sábado, donde se dio primera lectura a los dictámenes de revocación de mandato a los alcaldes y que terminó a las 10 de la noche.

De inmediato se citó a la segunda sesión para dar segundas lecturas (trámite que fue dispensado para someterse directamente a la discusión y aprobación) de los dictámenes contra los alcaldes. Esta segunda sesión se prolongó hasta las 5 de la mañana.

A las dos sesiones asistieron 43 diputados: 28 del PRI, 13 del PRD (pidió permiso para faltar Sofía Rodríguez Mera), el del PAN y el del PRS.

El primer dictamen fue el correspondiente al municipio de Ayutla, donde gobierna el PRD, y este partido fijó su postura dando a conocer el sentido de su voto.

Subió a tribuna el diputado local perredista Misael Medrano Baza, quien aceptó que al principio cuando la Contaduría Mayor de Hacienda solicitó la revocación de mandato contra los alcaldes, creyó que era una revancha política conectada con el resultado del 6 de octubre que le fue adverso al PRI.

Luego asumió que la rendición de cuentas es un tema tabú en la historia del país, donde la “no rendición de cuentas” se convirtió en una cultura, que propicia corrupción e impunidad. Guerrero dijo, es un ejemplo, donde los tesoreros y alcaldes al final de cada administración se convierten en los nuevos ricos del pueblo.

Dio a conocer que en su partido hubo gente que opinó que perderían ayuntamientos, pero eso no era cierto porque con la revocación de mandato “va a ganar la gente”. Añadió que esto le permitirá al PRD avanzar como partido porque la gubernatura pasará por el Congreso local.

Pidió a los priístas no convertir la rendición de cuentas en una persecución, y separó a los diez alcaldes juzgados de otros que llamó “los peces gordos” como los priístas de Tlapa y Tecpan, donde casi durante todo el trienio fueron el centro de escándalos de corrupción.

El perredista Misael Medrano consideró que “no pasa nada” al revocarles el mandato 20 días a los alcaldes, y que asuman los síndicos y ellos expliquen las cuentas pendientes. Y al anunciar el sentido de su voto, a favor de la revocacción del mandato, dijo: “Me felicito por participar en esta apertura de rendir cuentas”, expresó.

Acusó, sin embargo, que la morosidad la propician los funcionarios del Copladeg, y de la Contraloría y de la Contaduría Mayor de Hacienda “que no revisan a tiempo las cuentas y además piden mochadas para hacer las observaciones”.

Cuestionó que nadie le hace observaciones al gobernador René Juárez Cisneros, y en particular el contador Mayor de Hacienda Cuauhtémoc Tavarez “no lo hizo nunca”, aseguró.

Por su parte, el coordinador parlamentario del PRD, Sebastián de la Rosa dijo que era histórico al decidir revocar el mandato a los alcaldes, entre los que se encuentran tres de su partido. Consideró que llevar a juicio a los tres alcaldes perredistas fue “también para evidenciar” a su fracción, porque los priístas pensaban que los perredistas defenderían a sus compañeros alcaldes, pero que se llevaron “un chasco” porque su voto sería a favor de revocarles el mandato.

Aunque cuestionó que Cuauhtémoc Tavarez no procediera contra los alcaldes morosos, antes de las elecciones del 6 de octubre y nunca lo hizo durante los tres años de este ejercicio administrativo y de gobierno municipal.

Indicó que los perredistas tienen la certeza de que el gobernador cometió “irregularidades graves” en el gasto público y Cuauhtémoc Tavarez nunca presentó las observaciones, “quizás para darle un uso personal para seguir como contador”.

También reclamó que otros municipios como Xochistlahuaca, Eduardo Neri y Heliodoro Castillo, no se procede contra los alcaldes, quienes además tienen pendientes denuncias de juicio político.

Denunció que la presentación a la Comisión Permanente (que sesionó por la mañana para convocar al periodo extraordinario) de la renuncia al cargo de contador mayor de Hacienda de parte de Cuauhtémoc Tavarez, “es un cinismo”  porque en ella, pide ser tomado en cuenta como candidato a ocupar el cargo de auditor general de la Auditoria Superior del Estado.

Sebastián de la Rosa aprovechó la alusión a Cuauhtémoc Tavarez para anunciar que antes de que culmine la Legislatura actual –que será en esta misma semana, el día jueves 14– presentarían una denuncia de  juicio político en su contra.

A pesar de que dijo que votarían a favor de los dictámenes de revocación de mandato, seguía siendo una falacia la rendición de cuentas y no era histórico, porque estaba pendiente fiscalizar al gobierno del estado.

Juan Adán Tavarez, del PRD, también fue a tribuna para explicar su voto y recordar que en sesiones pasadas, sin conocerse el estado financiero del gasto del gobierno del estado se le aprobó la cuenta pública.

De las revocaciones de mandato, consideró que son “un castigo ligth”, demandando que el nuevo auditor general fuera nombrado por la nueva Legislatura y no por la actual, porque era incongruente que por ocho años se quisiera nombrar a alguien que no va acorde con el nuevo organismo fiscalizador, bajo las viejas prácticas de mayoriteo para imponerlo con un albazo.

Les respondió en un enredado discurso, el diputado priísta Mario Moreno Arcos quien también aceptó que les era difícil tomar la decisión de revocar mandatos pero que fue lo mejor para los guerrerenses.

Ya en las votaciones en los tres primeros dictámenes al someterse a votación, votaron 43 diputados, pero los secretarios de la Mesa Directiva, los priístas Rafael Rodríguez del Olmo y Benigna Esteban Neri contabilizaron 42 –lo cual fue ratificado por el presidente, Roberto Alavarez Heredia– por lo que a solicitud del diputado del PRS, Demetrio Saldívar se tuvo que ratificar cuando se sometió a votación el caso del panista de Pilcaya.Luego cuando se llevó a la votación para el caso del alcalde perredista de Alcozauca, los diputados de la Mesa Directiva contabilizaron 43, cuando lo hicieron 42 porque el diputado Severiano Prócoro Jiménez no lo hizo en ninguna modalidad.

Las cuentas que “supuestamente han omitido hacer”, se lee en el dictamen

Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * Los razonamientos jurídicos de los dictámenes presentados por la Comisión Instructora del Congreso del Estado para la revocación de mandato de los diez alcaldes enjuiciados, establecen que “la suspensión o revocación de cargo, no tiene como finalidad hacer que los presidentes municipales entreguen a la Comisión Instructora las cuentas públicas que supuestamente han omitido hacer, tampoco tiene como objetivo el de fiscalizar los recursos públicos determinando si existe desviación o no de ésta”.

Y agrega que “su naturaleza y esencia es la de restaurar la buena marcha y administración del municipio y el presente expediente se constriñe a analizar y valorar si la conducta atribuida al servidor público denunciado, se enmarca en el supuesto contenido en la fracción quinta del artículo 95 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado”.

Esto para poder determinar si se encuentra o no comprobado el supuesto, la Comisión Instructora lo analiza relacionándolo con las constancias de pruebas que obran en el expediente.

Concluye que “ha quedado plenamente acreditada la conducta por omisión reiterada de los presidentes municipales y su adecuación al supuesto marcado en la fracción quinta del artículo 95 de la Ley Orgánica del Municipio Libre”. Es decir, que omitieron entregar en tiempo sus cuentas públicas.Y que aun cuando el propio normativo manifiesta que tal conducta es considerada grave, la Comisión Dictaminadora “hace la siguiente consideración: como en líneas anteriores se manifestó que una democracia no se entiende si no existe la figura de rendición de cuentas, todo gobernante, funcionario, servidor público que maneje y controle recursos públicos está obligado a informar a la sociedad y a sus representados, cómo ha administrado estos recursos y de qué manera ha beneficiado a la población, la falta de rendición de cuentas trae consigo la desconfianza y por tanto, una situación tensa a la comunidad”.