Aprueba el Consejo que la UAG colabore con la Fiscalía para los asuntos del pasado

 * Unos 100 estudiantes y maestros universitarios fueron desaparecidos o asesinados durante la guerra sucia, indican

Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo * El Consejo Universitario aprobó que la Universidad Autónoma de Guerrero colabore con la Fiscalía Especial para los asuntos del pasado para investigar el paradero de unos 100 estudiantes y maestros universitarios que fueron desaparecidos o asesinados durante el período de la llamada guerra sucia.

También los 93 de 106 miembros del máximo órgano de gobierno universitario aprobaron por unanimidad publicar un desplegado el próximo lunes en diarios locales y nacionales, donde la UAG fijará su posición sobre la desaparición de 500 personas, entre ellos, unos 100 universitarios, y demandará castigo para los generales Francisco Quirós Hermosillo, y Mario Arturo Acosta Chaparro, así como a los responsables de las masacres de Aguas Blancas y El Charco.

El acuerdo se tomó por unanimidad en la sesión del Consejo Universitario que inició ayer a las 2 de la tarde, cuando el presidente del máximo órgano de gobierno de la UAG, Nelson Valle López, en el primer punto del orden del día leyó el oficio enviado el 23 de octubre por el fiscal especial, Ignacio Carrillo Prieto.

En el oficio, el fiscal especial informa al rector que su misión es concentrar y conocer de las investigaciones, de integrar averiguaciones previas que se inicien a partir de las denuncias y querellas por tales hechos, así como perseguir los delitos que resulten ante los tribunales competentes, por lo que requiere allegarse de los elementos históricos, sociales, políticos, jurídicos y demás.

Agrega que está atendiendo a las víctimas, a los ofendidos y sus familiares, vinculándose para ello con instituciones académicas nacionales e internacionales, con las que se han firmado convenios de colaboración.

Carrillo Prieto solicitó a la UAG la firma de un convenio de colaboración, a efecto de que “en el marco del mismo se definan posteriormente acciones específicas en apoyo a las tareas de la Oficina del Fiscal Especial”.

La petición generó de inmediato propuestas entre los consejeros, primero el coordinador de asesores Saúl López Sollano propuso aceptarla porque la UAG es parte agraviada, porque decenas de universitarios fueron desaparecidos en defensa de la institución y del pueblo de Guerrero, y recordó que gracias a las movilizaciones muchos luchadores sociales fueron rescatados, como fue el caso de los diputados del PRD, Octaviano Santiago Dionisio, Guillermo Juangorena, y Juan García Costilla, entre otros, pero otros como Teresa Estrada, hermana de la maestra Anita Estrada, desapareció.También planteó que la UAG, presente una demanda formal en contra de los responsables de estas desapariciones, en este caso contra Francisco Quirós Hermosillo, y Mario Arturo Acosta Chaparro.Los consejeros Ramón Espinosa Contreras, Jorge Peto Calederón, Jesús Castillo y Socorro Peralta, señalaron que la UAG también debería publicar un desplegado a nivel nacional y estatal, fijando su postura y demandando castigo a los generales Quirós Hermosillo y Acosta Chaparro.Al final, el rector Valle López solicitó que se votara, y por unanimidad los 93 consejeros asistentes aprobaron las propuestas, designándose una comisión para la redacción del desplegado dirigido a la opinión pública nacional, que estará encabezada por el ex rector Rosalío Wences Reza, Saúl López Sollano, Jorge Peto Calderón, y Ramón Espinosa Contreras.

Paran en Derecho de la UAG por la imposición de “maestros” sin título

 * Entre los impugnados están el diputado electo del PRD, David Jiménez Rumbo, Marcelo Gatica y Arturo Pacheco * No tienen cédula profesional: Roberto Rodríguez

Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo * Los 70 profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), pararon labores ayer para protestar en contra del rector de la UAG, Nelson Valle López, y la Comisión Mixta Paritaria de Admisión y Promoción, porque pretenden imponer a siete trabajadores unilaterales que no tienen título de maestría como lo exige la convocatoria.

El paro comenzó a las siete de la mañana para exigir al rector Valle López ordene la anulación de los exámenes de oposición que presentaron siete aspirantes, que en la actualidad son personal unilateral y no tienen título de maestría ni cédula profesional, ni dos años de antigüedad y experiencia impartiendo clases.

Entre los aspirantes que intentan impartir clases en Derecho de la UAG, destacan tres ex dirigentes de la FEUG que apoyaron activamente en su campaña al actual rector, entre ellos el diputado electo del PRD, David Jiménez Rumbo; el asesor de Rectoría en materia de derechos estudiantiles, Marcelo Gatica Lorenzo y Arturo Pacheco Bedolla, a quien se descubrió elaborando el dictamen que le entregaron los representantes de la UAG en la Comisión Mixta, Tomás Zúñiga y Rafael Piza Bernal.

El delegado sindical del STAUAG, Roberto Rodríguez Saldaña explicó que el paro laboral se acordó en una reunión general de la planta docente el martes pasado, porque actualmente existe un número elevado de maestros invitados laboran al margen del contrato colectivo de trabajo.

Dijo que la situación se complicó luego de que el 10 de octubre la Comisión Mixta de la UAG, emitió una convocatoria para exámenes de oposición en el que los aspirantes a impartir clases en la Facultad de Derecho deberían tener como mínimo maestría y dos años de antigüedad, por lo que la delegación impugnó el examen y regresó los expedientes porque no cubrían los requisitos de la convocatoria.

Sin embargo, informó que el lunes pasado, cuando se informó que los profesores de la Facultad de Derecho: Guadalupe Hernández de la Cruz, Martha Patricia Hernández Carvajal, Felipe Cuevas Molina, Claudio Flores Jaimes, y Angel Sebastián Ríos, decidieron aplicar los exámenes de oposición a pesar de que sabían que los aspirantes no cubrían los requisitos, se pidió al director del plantel, José Alfredo Romero Olea, impedir el fraude académico que se pretende consumar.

Señaló que había siete aspirantes para participar en el examen de oposición, pero sólo se les aplicó al diputado electo del PRD, David Jiménez Rumbo, a Arturo Pacheco Bedolla y a Carlos Alvarez Sánchez: “A estos la Rectoría los quiere imponer por la fuerza en la Facultad de Derecho”; también espera su turno Amaro Sánchez Nava.

Rodríguez Saldaña denunció que el rector también pretende imponer por la fuerza a Marcelo Gatica Lorenzo, quien obtuvo un dictamen de la Comisión Mixta, y a José Santa Espinosa Brito, quien logró de manera ilegal que le firmarán su convenio el dirigente del STAUAG, Jesús Alvarez Hernández, el del STTAISUAG, Nabor Sotelo Ortiz, y el propio rector Nelson Valle.

Por último el delegado sindical hizo un llamado al rector Valle López para que respete la institucionalidad; al dirigente del STAUAG para que impida el ingreso del  personal unilateral; y a los estudiantes de la Facultad de Derecho para que no permitan que maestros que no reúnan el perfil académico les impartan clases. Asimismo, advirtió que si no se resuelven sus demandas, el próximo lunes comenzarán un paro de labores indefinido “porque hablamos del Estado de derecho, y resulta que no lo hay”, dijo.

Analizará el STAUAG la propuesta de modificar el contrato colectivo

Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo * Este día en la sesión del Consejo General de Huelga (CGH) del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG), los delegados discutirán si aceptan la propuesta de la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica de la SEP, de modificar las cláusulas del contrato colectivo a cambio del reconocimiento de la antigüedad real por parte del ISSSTE.

El secretario general del STAUAG, Jesús Alvarez Hernández informó que hoy por la mañana en el auditorio de la Maestría en Derecho Público de la UAG, ubicada en esta capital, se discutirá la calificación del referéndum sobre el comienzo o prórroga de la huelga prevista para el próximo lunes a las seis de la tarde, y el análisis de la Carta de Intención.

Dijo entrevista que en el caso de los dos emplazamientos a huelga por revisión contractual y por violaciones al contrato colectivo de trabajo, existen unos 400 casos laborales pendientes de resolver, así como las modificaciones al clausulado del contrato colectivo de trabajo, “ayer empezaron a trabajar las dos comisiones negociadoras y se espera que haya un avance”.

Por eso, insistió, será necesaria la presencia de los delegados y de los trabajadores en la sesión del CGH, porque no sólo se analizarán los avances en las discusiones sobre la huelga, sino el ofrecimiento de la SEP para otorgar 50 millones de pesos como un avance al reconocimiento de la antigüedad real de los trabajadores.

Informó que el miércoles el rector Nelson Valle, hizo llegar esta propuesta del subsecretario de Educación e Investigación Científica de la SEP, Julio Rubio Oca, para empezar a solucionar el problema del reconocimiento de la antigüedad de los trabajadores.“Por eso es importante estar en la discusión de estos puntos, porque uno de los requisitos será adecuar las prestaciones que otorga por ley el ISSSTE con respecto a las prestaciones que otorga el contrato colectivo de trabajo del STAUAG”.Reconoció que la exigencia planteada por la SEP es que las prestaciones que establece el contrato colectivo de trabajo del STAUAG, y que casi son iguales a las que incluye la ley del ISSSTE, tengan que pasar a depender totalmente de ese organismo federal, pero para acordar esto se necesita la participación de todas las delegaciones sindicales.

La SEG les ha negado plazas de maestro desde hace 4 años, dicen normalistas

Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo * Más de 20 egresadas de distintas normales públicas y privadas de la entidad agrupadas en la Organización de Profesionistas Desempleados del municipio de Tixtla, denunciaron que desde hace 4 años la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG), les ha negado plazas a pesar de contar con sus títulos y cédulas profesionales.

A nombre de sus compañeras, Jacqueline Ramírez Mendoza explicó que ya empezó a surgir la desesperación porque durante más de 4 años han gestionado ante diferentes secretarios de la SEG, y ante la Secretaría General de Gobierno que les entreguen sus plazas sin importar el lugar a donde tengan que ir a trabajar, pero no les han dado ninguna respuesta.

Dijo que en la Coordinación de Administración y Finanzas de la SEG, volvieron a solicitar hace unos días que les otorgaran sus plazas, “pero nos dijeron que el secretario Daniel Pano Cruz, estaba gestionando ante el gobierno federal los recursos para el magisterio guerrerense”.

Indicó que cuando se entrevistaron con el coordinador de Administración y Finanzas, Alfredo Hernández Bravo, les pidió un proyecto en el que justificaran su petición de plazas, “cuando se lo presentamos se vio forzado a decir que probablemente nos iba a dar una o dos plazas pero hasta el mes de enero del próximo año”.

Ramírez Mendoza invitó a los estudiantes egresados de otras instituciones a que se integren a este movimiento porque “no nos quieren resolver nada las autoridades educativas, por eso hemos tomado la iniciativa de organizarnos para luchar por nuestros derechos, por eso públicamente le pedimos al gobernador René Juárez Cisneros que cumpla con su máxima que el suyo es un gobierno ‘que cumple y da confianza’, pero no lo vemos en la práctica”.Informó que han recibido ofertas por parte de algunos malos funcionarios de la SEG o gente muy cercana al gobierno que piden un pago de más de 20 mil pesos por una plaza, “pero no lo podemos hacer porque nuestros padres apenas nos pudieron dar educación, y nosotros no tenemos ni siquiera empleo”.Indicó que las egresadas provienen de diferentes normales como son la Adolfo Viguri Viguri, la Centenaria Normal del Estado Ignacio Manuel Altamirano, la Rafael Ramírez, el CREN de Iguala, y otras privadas.Finalmente hicieron responsables al gobernador René Juárez, y al titular de la SEG de lo que pueda ocurrir en lo sucesivo porque “nuestros padres están muy molestos porque hay compañeros que tienen de 6 a 2 años sin poder obtener una plaza de maestro, y por eso estamos pensando organizarnos próximamente para impulsar un plan de acción tendiente a obligar a la SEG a que nos otorgue nuestras plazas de maestro en cualquier lugar de la entidad”.

Supervisores otorgan cambios de escuela a cambio de dinero, denuncian maestros

Isaac Flores Pineda, corresponsal, Coyuca de Benítez * Unos 90 maestros de Telesecundaria de las zonas 10, 28, 32 y 33 de la región Acapulco-Coyuca denunciaron a los supervisores de esas zonas así como a la jefa de Servicios Educativos de esta región porque están designando a maestros con poca antigüedad en lugares preferentes mientras discriminan a quienes llevan años de servicio.

Así lo informó en entrevista el secretario general del SUSPEG, Javier Escobar Parra, luego de una con más de 80 maestros de las diferentes zonas del municipio a quien les informó los resolutivos de una reunión con autoridades educativas.

Escobar Parra explicó que los maestros de las diferentes zonas del municipio están inconformes porque los supervisores Alfredo Salgado Flores de la zona 28, Jaime Balbuena Caballero de la 10, Ricardo Sarabia de la 32 y Silvia Roció Guillén Najera de la 33, así como la jefa de Servicios Educativos, Guadalupe Loeza Lozano, quienes junto los jefes de Microplaneación Educativa, Juan Carmona y Jorge Morales Parra están otorgando fundaciones y cambios de escuelas a maestros que no llenan los requisitos de la antigüedad, o la capacidad. Agregó que los criterios que utilizan para cambiar a lo maestros no son basados conforme a derecho porque se rigen por intereses personales, y a cambio de dinero dejan aun lado la preparación, perfil y antigüedad de maestros que llevan años en le servicio y por ley se merecen ese tipo de oportunidades.

BREVES DE EDUCACION

 Vuelven a cerrar la Técnica 138

 Colonos de San Isidro Labrador y padres de familia de la Escuela Secundaria Técnica 138 volvieron a cerrar el plantel en demanda del cumplimiento de la minuta de acuerdo firmada hace tres días, donde la SEG se compromete a nombrar a un director interino en sustitución de Alvaro Marín Guerrero.Desde las 7 de la mañana un grupo de padres y colonos que acusan al director de mala administración, cerraron el acceso de la escuela, esto después de que el pasado martes por medio de un acuerdo se había concluido la manifestación.La tesorera del Comité de Padres de Familia del plantel, Gelacia Rosas Escalera dijo que acusan al director de la supuesta venta clandestina de tierra del predio escolar, que aseguran ponen en riesgo sus viviendas, también por prepotente y de un acoso sexual en contra de una madre de familia.

 Cortan la luz a la Americana por falta de pago

 La Comisión Federal de Electricidad (CFE) suspendió el suministro de energía eléctrica a la Universidad Americana de Acapulco (UAA) por lo que cientos de estudiantes del turno vespertino tuvieron que cancelar sus clases.Ayer a las 5 de la tarde, empleados de la CFE se la UAA para cortar la energía eléctrica por la falta de pago del servicio. Aunque el personal de la institución creada por el ex gobernador José Francisco Ruiz Massieu trató de evitar la suspensión a las 5:30 de la tarde los empleados cortaron la luz.Esta es la segunda ocasión que la UAA se registra una suspensión de los servicios, primero fue el 31 de octubre. Ante esta situación la institución estuvo obligado a iniciar desde ese día el puente de Día de Muertos, mientras que las clases se reanudaron el 4 de noviembre.

 Comienza el CAPECE remozamiento de escuelas

 El director de Capece, Enrique Galeana Chupín informó que con la publicación de la licitación de las escuelas que serán remozadas y construidas, comienza la primera etapa para contrarrestar los daños en la infraestructura escolar.Informó que en el caso del puerto las escuelas primarias Adolfo López Mateos ubicada en Ciudad Renacimiento, Rubén Mora en la colonia Bellavista, Raúl Isidro Burgos de Ciudad Renacimiento ya se expusieron las licitaciones para el concurso de la construcción.Asimismo, la primaria José María Morelos y Pavón, ubicada frente la estación de Bomberos del mercado central que presenta un severo daño en su techo.

 Piden un predio para la Rubén Figueroa

 Los padres de familia de la escuela secundaria Rubén Figueroa Figueroa de la colonia Ampliación Primero de Mayo, confían en que el ayuntamiento pueda adquirir un predio para la construcción de la escuela que por el momento le han negado su construcción porque el suelo no reúne los requisitos de seguridad.El presidente del Comité de Padres de Familia de ese plantel, Enrique Beatriz Candelario informó que esperan que el ayuntamiento les responda a su petición después de que el subsecretario de Planeación y Presupuesto de la SEG, Jorge Salgado Leyva no autorizó la construcción de la escuela secundaria Rubén Figueroa Figueroa al argumentar que el terreno en la colonia Ampliación Primero de Mayo no es seguro y adecuado. (Raquel Santiago Maganda).

Ocultan el nuevo dictamen contra Hugo Vázquez y le dan 60 días para defenderse

Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo * Sin presentar un dictamen en el que se estableciera si hubo desvío de recursos o no, y basados sólo en un informe que no se leyó al pleno, presentado por el secretario de la Comisión de Honor y Justicia, Arturo Colín Cedeño, los 93 consejeros acordaron no hacer público el nuevo dictamen contra el ex rector Hugo Vázquez Mendoza, y le dieron un plazo de 60 días “para defenderse”.

La dictamen se da en el contexto del apoyo que la corriente de Hugo Vázquez, Acción Revolucionaria, le dio al rector Nelson Valle durante su campaña a la Rectoría. Esto a pesar de que la Comisión de Honor y Justicia que presidía Arturo Ulloa Sánchez, Eloy Cisneros Guillén, presentaron en tres ocasiones consecutivas un dictamen en el que se comprobó que el ex rector sí utilizó los recursos con fines personales.

A pesar de que el rector había señalado en distintas ocasiones que en esta sesión del Consejo Universitario se presentaría finalmente el dictamen, éste nunca llegó, y por el contrario la Comisión de Honor y Justicia apenas presentó un oficio dirigido al rector, en el que supuestamente presentaban el dictamen.

Sin embargo, todos coincidieron que no hubo dictamen, sino más bien se presentó un informe que según dijo el rector Nelson Valle, no se daría lectura hasta que no se le entregara a Hugo Vázquez Mendoza “para no cometer el error de la anterior Comisión de Honor y Justicia, que primero lo filtró a la prensa y luego lo vino a presentar al Consejo Universitario”.

El rector Nelson Valle comenzó la discusión del informe de la Comisión de Honor y Justicia, y asentó que en materia jurídica no podía haber calificativos, porque se tenía que ser muy serios y cuidadosos “esta presidencia ha sido prudente para no cometer errores; aquí existe un dictamen que seguramente cuenta con respaldo, pero ahora corresponde a Hugo Vázquez conocer de lo que se le señala y acusa para que tenga derecho a su defensa”.

“Por respeto a la UAG y a los universitarios, nuestra propuesta es que el dictamen se turne a Hugo Vázquez para que sepa de lo que se le acusa, y que los 60 días naturales que se le otorgan es para que revise el documento y presente sus pruebas, y después elaborar el dictamen definitivo”.

Dicho esto, pidió pasar a la votación, pero varios oradores pidieron la palabra, que en su mayoría respaldaron la propuesta del rector, para que no se diera lectura al informe. Antonio Torres Montoro, pidió que se informara si los funcionarios que aparecían como copartícipes de los hechos en el anterior dictamen también quedaban exonerados.

En respuesta Nelson Valle, que en todo momento defendió al ex rector Hugo Vázquez, le señaló que en las reuniones con la CHJ, la que preside Arturo Colín, se sustentaron los argumentos de los anteriores responsables que se llevaron mucho tiempo en revisar las pruebas, pero aclaró que en algunos casos no había documentos, por eso no se podía actuar irresponsablemente.

Pero dijo que “no hay exoneración, no es el presidente, ni el Consejo el que determina, por eso la comisión debe reunir todas las pruebas; en el caso de Graciano Villegas, se giró su caso y se le da seguimiento en el ámbito del poder público, es decir fuera de la UAG”.

El ex secretario de la Comisión de Honor y Justicia, Arturo Ulloa Sánchez, dijo que a ellos les llevó dos años investigar a Hugo Vázquez y a seis funcionarios más, y aclaró que sí se hizo una investigación completa, por eso se dio a conocer el dictamen jurídicamente bien justificado, porque se buscaron todas las pruebas, al grado de que el ex rector Florentino Cruz había recomendado que nueve abogados lo revisaran para ver si estaba sustentado, lo cual fue ratificado.

Reclamó a Nelson Valle que “me preocupa que el presidente del Consejo diga que por irresponsable y falta de respeto al máximo órgano de gobierno, lo haya conocido primero la prensa, antes que el Consejo Universitario, pero antes que nadie lo conoció el maestro Florentino Cruz”.

Nelson Valle reviró: “El Consejo ha tenido prudencia, y hay que decir que no tenemos los originales porque estos están en poder de usted (Arturo Ulloa), y eso no es propiedad de usted”. El decano de la UAG, no se quedó callado y respondió: “Se los entregué a Florentino (Cruz)”. Otra vez el rector respondió: “El dijo que sólo le entregó la copia, y que usted tiene el original”.

Después de haber escuchado a los oradores Nelson Valle pidió a un complaciente Consejo Universitario que se votara la propuesta misma que fue aprobada por mayoría con apenas cuatro votos en contra y tres abstenciones, de esta manera se ratificó la propuesta del dictamen parcial de la Comisión de Honor y Justicia, y se autorizaron 60 días para que el ex rector Hugo Vázquez para la argumentación y probanza, y para que se defienda; la propuesta  fue rubricado con aplausos por parte de los consejeros universitarios.

Este domingo trata el Congreso la iniciativa de ley de amnistía, anuncian

 * El dirigente de la OPCG, Pedro Nava, informó que el presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso, Apreza Patrón, ofreció que en una sesión extraordinaria se dará la primera lectura al dictamen de la Ley que envió hace más de un año el gobernador

De la corresponsalía, Chilpancingo * Militantes de organizaciones sociales y estudiantes de la Normal de Ayotzinapa marcharon ayer por la tarde en esta ciudad y bloquearon los accesos al Congreso local para exigir que se apruebe la ley de aministía para que puedan salir libres los “presos de conciencia” que se encuentran en cárceles de Guerrrero y de otras entidades del país.

En la movilización en la que también participaron familiares de los presos políticos, los manifestantes exigieron al gobernador René Juárez Cisneros y al presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Héctor Apreza Patrón, que cumplan con su promesa de que se apruebe la ley de aministía.

“Desde hace tres años nos hemos movilizado para que los presos, muchos de ellos acusados de pertenecer a la guerrilla, puedan salir libres mediante esta iniciativa”, expresó el dirigente de la Organización de Pueblos y Colonias de Guerrero (OPCG), Pedro Nava Rodríguez.

Indicó que este jueves no solamente hubo protestas en la capital del estado sino también en Iguala, Acapulco y en el Distrito Federal, donde organizaciones sociales llevaron a cabo diversos tipos de movilizaciones en donde también se expresaron en contra del Plan Puebla-Panamá.

Nava Rodríguez externó que el presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Héctor Apreza Patrón, prometió que el próximo domingo en una sesión extraordinaria se dará la primera lectura al dictamen de la ley de aministía que envió hace más de un año el gobernador René Juárez Cisneros a propuesta de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum).

Sin embargo, dijo que en este tiempo no solamente ha habido cerrazón de los diputados del PRI para que no se apruebe la ley de aministía sino incluso legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) como los ex guerrilleros Octaviano Santiago Dionicio y Juan García Costilla.

“Los dos diputados fueron beneficiados con una ley de aministía en el gobierno de Rubén Figueroa Figueroa, y ahora han asumido una actitud poco sensible para que compañeros a quienes ni siquiera se les ha comprobado que que pertenezcan a la guesrrilla, sean excarcelados”, expresó.

Los militantes de las organizaciones sociales y estudiantes de la Normal de Ayotzinapa bloquearon durante dos horas el acceso al Congreso del Estado, y posteriormente tuvieron una reunión con el presidente de la Comisión de Gobierno, Héctor Apreza Patrón, quien se comprometió a que en este periodo extraordinario de sesiones que arrancará hoy viernes se dará primera lectura del dictamen de la ley de aministía.

Hasta las 7 de la noche de este jueves, los militantes de las organizaciones sociales estaban reunidos con Apreza Patrón en un salón del Centro de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri.

Nava aseguró que otra movilización para que se apruebe la ley de aministía se realizó en las ciudades de Montreal y Vancouver, Canadá.

En la manifestación participaron familiares de los presuntos guerrilleros del ERPI, Fernando Gatica y Felícitas Padilla Nava, quienes son originarios de Tixtla y junto con Jacobo Silva Nogales, el comandante Antonio y Gloria Arenas Agís, la coronel Aurora fueron detenidos en octubre de 1999.Informaron que el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Martín Mora Aguirre, habría prometido a los dirigentes de las organizaciones que participaría en la movilización, pero finalmente no llegó a la cita y dejó plantados a los familiares de los presos políticos, muchos de ellos militantes perredistas.

Bloquean la Autopista del Sol; piden respuesta a la huelga de hambre

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Indígenas y campesinos de los municipios de Copalillo, Huitzuco y Atenango del Río bloquearon ayer la Autopista del Sol en la caseta de Paso Morelos para exigir al gobierno estatal la solución a la huelga de hambre que se instaló la tarde del lunes frente al Palacio de Gobierno.

Mientras tanto, después de cuatro días de ayuno de 30 campesinos e indígenas de esos tres municipios de la zona norte del estado, el secretario de gobierno, Marcelino Miranda Añorve, ofreció anoche una audiencia con los dirigentes de la Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas y Populares (UOCIP), que encabezan la protesta, para atender sus demandas.

Los huelguistas exigen la entrega de un millón 250 mil pesos, así como la construcción, rehabilitación y pavimentación de caminos y carreteras en la Zona Norte del estado que les autorizó desde hace más de un año el gobernador René Juárez en una reunión en Casa Guerrero.

Debido a que hasta ayer no habían obtenido respuestas a sus demandas unos 100 campesinos e indígenas de los municipios de Copalillo, Huitzuco y Atenango del Río bloquearon a partir de las 11 de la mañana la Autopista del Sol en la caseta de Paso Morelos.

Ello motivó que el subsecretario de Gobierno para Asuntos Políticos, Jesús Vargas, entablara comunicación con el dirigente de la UOCIP, Getulio Ramírez Chino, y le ofreció una audiencia con el secretario general de Gobierno, Marcelino Miranda, en esta capital.

El funcionario dijo a Ramírez Chino que “ya no son tiempos de que las demandas se resuelva con huelgas de hambre o con bloqueos a carreteras”. Mientras que Ramírez Chino le contestó que las acciones de protesta se realizan porque el gobierno del estado no atiende a tiempo las demandas y le reclamó que sólo después de cuatro días de huelga de hambre haya bajado a platicar con ellos.Al final Vargas Vargas y Ramírez Chino convinieron anoche que serían recibidos por el secretario de Gobierno, pero el dirigente de la UOCIP le advirtió que no suspenderían la huelga de hambre hasta que se entrevistaran con el gobernador René Juárez y les informara de lo que está dispuesto a resolverles el gobierno estatal.El dirigente de la UOCIP indicó que aceptarían dialogar con el secretario de Gobierno pero sólo para que fuera intermediario para una audiencia con el gobernador René Juárez.

Toman campesinos el Palacio de Atoyac; tienen encerrados a los empleados

 * Pertenecen a la Coordinadora de Pueblos y Colonias, de las comunidades de El Quemado, San Juan de las Flores, Rincón de las Parotas, El Ticuí, San Vicente de Jesús y El Paraíso * Esperaban desde las 11 de la mañana la llegada del presidente municipal, Acacio Castro

 Francisco Magaña, corresponsal, Atoyac * Alrededor de cien campesinos de las poblaciones de El Quemado, San Juan de las Flores, Rincón de las Parotas, El Ticuí, San Vicente de Jesús, El Paraíso entre otros, tomaron al medio día de este jueves el Palacio Municipal, con los empleados que se encontraban laborando, exigiendo la entrega de recursos de 63 proyectos productivos del Ramo 33.

Hasta anoche, al cierre de la edición, continuaba la toma del inmueble, y los empleados y funcionarios estaban en el interior, sin que les permitieran salir.

Los dirigentes Gregorio Hernández Serrano, Fabio Tapia Gómez y Patricio Barrientos Nava señalan que los campesinos agrupados en la Coordinadora de Pueblos y Colonias tomaron esta medida como último recurso ante la falta de seriedad de las autoridades municipales.

Dijeron que después de firmar una minuta en la que el edil Acacio Castro Serrano se comprometía a dar respuesta en una audiencia pública, al retraso de los recursos del Ramo 33, que se les aceptaron desde el año pasado. 

Señalaron que el alcalde los engañó una vez más al dejarlos plantados aunque desde las 11 de la mañana estaba avisándoles que llegaba, pero al cierre de esta edición no se presentaba.

Dijeron que permanecerían en el Palacio Municipal hasta que tengan los cheques de los proyectos en sus manos, pero dejarían salir a los empleados y retendrán a los directivos. Agregaron que la entrega de los proyectos se ha manejado de manera selectiva y con favoritismo por la Dirección de Desarrollo Rural.Les argumentaron que del Ramo 33 no existen recursos y los proyectos ya fueron autorizados desde el año pasado.En esta toma de ayuntamiento participó el representante de los campesinos de El Paraíso, Alfredo Santos, quien pide una respuesta a los grupos que el alcalde ha dejado olvidados y engañados en una obra que tiene dos años sin ejecutarla.