Asesinada de dos balazos fue encontrada una persona de 55 años de edad, la madrugada de ayer domingo en la comunidad de Los Organos de San Agustín. La víctima permanece en calidad de desconocida en el Semefo.Del hecho tomó conocimiento la agente en turno del Ministerio Público (MP) de la colonia Emiliano Zapata, Rocío Delgado Vergara, quien a las 3 de la madrugada del domingo recibió una llamada telefónica en la que se le avisó que había una persona muerta en un camino de terracería de esa localidad.Por el hecho, la agente del MP comenzó la averiguación previa Tab/Zap/943/2002, contra quien resulte responsable.Según personal del Servicio Médico Forense (Semefo), hasta la tarde de ayer el cadáver no era reclamado.Describió que el muerto es moreno, de complexión delgada, cabello lacio y presentaba dos impactos de arma de fuego en el pecho: uno de lado izquierdo y otro lado derecho, a la altura hombro; éste último balazo con salida en la espalda. (Jorge Nava)

 * Miembros de organizaciones sociales y civiles y familiares plantearon denuncias ante los funcionarios de las Naciones Unidas, con el interés de que el organismo internacional actúe para contrarrestar estas violaciones

 Raquel Santiago Maganda * Familiares de desaparecidos y organizaciones sociales y civiles del estado presentaron al Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU 59 casos de personas detenidas con la expectativa de que el organismo internacional conozca las condiciones y actúe para contrarrestarlas.

En el hotel Hyatt Regency la mesa de trabajo privada estaba proyectada con una duración de dos horas se prolongó hasta 3 horas y media por el número de casos de detenciones arbitrarias que diferentes organizaciones denunciaron.

Acudieron a la cita con la comisión encabezada por su presidente Louis Joinet la Red Guerrerense de Derechos Humanos, los centros de derechos humanos de La Montaña Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos La Voz de los Sin Voz, Mahatma Gandhi y Sembrador de Esperanza, la Comisión Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón y el Instituto Guerrerense de Derechos Humanos.

También el Frente de Organizaciones Democráticas de Guerrero (FODEG), la Asociación Tierra y Libertad, el Movimiento Vicente Guerrero, la Organización de Pueblos y Colonias de Guerrero, el Movimiento 6 de Marzo y la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos Tlapanecos.

El director de Tlachinollan, Abel Barrera; el dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, Benigno Guzmán, los dirigentes del FODEG, Bertoldo Martínez y José Luis Morales, y la presidenta de La Voz de los Sin Voz, Hilda Navarrete, coincidieron en la expectativa de que los organismos internacionales de los derechos humanos conozcan los problemas y puedan emitir recomendaciones que sean acatadas por el gobierno de México.

En un informe que presentaron a los representantes de la ONU aseguraron que los grupos policiacos del estado tienen “descrédito con su vinculación con el crimen organizado y por sus actuaciones estralegales que inician con detenciones arbitrarias que ocasionan más violaciones a los derechos humanos de los detenidos”.

Después familiares y dirigentes expusieron cada uno de los 59 casos de detenidos. En resumen denunciaron 26 casos de detenciones arbitrarias por parte de la Policía Judicial del Estado, 31 casos por miembros del Ejército y dos casos especiales contra autoridades indígenas que fueron detenidas por la aplicación de su ley.

Los comisionados de la ONU mostraron especial interés por las detenciones hechas por el Ejército. Preguntaron sobre la forma en que fueron detenidas las personas, lugares, y los tipos de tortura que aplicaron. En ocasiones, según versión de algunos denunciantes, solicitaban especificar detalles de hora y si las detenciones fueron realizadas por miembros del Ejército, además detalles de las condiciones en caso de haber aislamiento y los golpes en cada parte del cuerpo, así como el daño psicológico que aplicaban.

La mayoría de los denunciantes aseguran que las detenciones no contaban con una orden judicial.

También mencionaron la posible existencia de listas negras de supuestos guerrilleros o narcotraficantes.

El falta de una investigación seria por parte de las autoridades encargadas de impartir justicia también fue denunciada, además de la guerra sucia en donde participaron los recién sentenciados generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo.

Mencionaron la recomendación 019/2002 sobre nueve desparecidos emitida por la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum) a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), que plantea investigar y castigar a ex directores, comandantes y agentes de la Policía Judicial.

Los casos ante la ONU

Uno de los casos denunciados fue el del campesino Catalino Benítez Hernández de 32 años, detenido por el comandante de la PJE, Antonio Fuentes Cadena, que no mostró documento de aprehensión.

Las características de su detención fue que tras haberlo torturado físicamente, lo tuvieron cuatro días desaparecido y otros cuatro días lo tuvieron en los separos de la Policías de Tecpan de Galeana. Lo presentaron a declarar el 22 de noviembre de 1990 ante el Ministerio Público para después trasladarlo al Cereso de Acapulco, acusado de secuestro y homicidio, y de portación de arma exclusiva del Ejército.

El indígena Fidel García Ramírez, de 27 años, fue detenido por el mismo comandante Antonio Fuentes Cadena el 15 de junio de 1997 en la comunidad de Xocoyolzintla, municipio de Ahuacotzingo, sin orden de aprehensión, y acusado de posesión y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. El indígena milita en el PRD y es miembro de la Organización de Pueblos y Colonias de Guerrero (OPCG).

Otra denuncia fue del campesino Misael De la Cruz Soto, de 25 años, conocido por su militancia perredista y en la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS). Los familiares detallaron que la aprensión fue el 18 de mayo de 1998 en Zihuatanejo por parte del comandante de la PJE, Tomás Herrera Basurto, que no mostró orden de aprehensión. El detenido fue acusado de secuestrador y lo torturaron al golpearlo y pretenderlo asfixiar con bolsas de plásticos para que se declarara culpable.

El 9 de agosto de 1998, el campesino Joviel Rafael Ventura, de 30 años, fue detenido en la calle principal de La Quebrada, en Acapulco, por miembros de la Policía Judicial del Estado, sin orden judicial. Relataron que del Cereso fue llamado a la Secretaría General de Gobierno para presentarlo ante el Procurador de Justicia y después con agentes federales, acusado de portar una arma y de secuestrador y de pertenecer al ERPI.

En el relato también mencionaron que estuvo desaparecido durante 11 días, durante este lapso aseguraron familiares que fue torturado física y psicológicamente en cárceles clandestinas por diferentes corporaciones policiacas y militares para que firmara una hoja en blanco y aceptara ser miembro de un grupo armado. Hasta el momento se encuentra recluido.

Otro caso expuesto fue de el ama de casa María Guadalupe Soto Avila, quien fue detenida por el delito de secuestro en el mercado central de abasto el 27 de febrero de 1999. Relataron que los policías judiciales la obligaron a llevarlos a su domicilio, en donde se introdujeron violentamente sin mostrar orden y sacaron de allí a su esposo y a ambos los subieron al vehículos sin informarles a dónde se dirigían.

El 28 de julio de 2000, el ama de casa y perredista Azucena Villamar Pasión de 24 años de edad, fue detenida en Apango por el comandante Fidel Morales Vargas de la PJE, acusada de secuestro. En la denuncia ante la ONU dice que la golpearon y la amenazaron de muerte, además le metieron la cabeza en bolsas de plástico y la mantuvieron tres días sin comer ni tomar agua.

Los familiares del indígena Victoriano Eugenio Manuel de 21 años, informaron que fue detenido sin orden judicial el 5 de enero de 2001 en Ayutla de los Libres. El campesino miembro de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos fue detenido por Cristóbal Miranda de la Policía Judicial del Estado supuestamente por el delito de homicidio calificado, relató su hermana Andrea.

Los casos atribuidos al Ejército

En las 31 detenciones arbitrarias atribuidas al Ejército, el factor común es la falta de orden judicial, como en el caso del indígena náhuatl Luis Gonzaga Lara, en Tehuactitlán, municipio de Olinalá.

A Luis Gonzaga lo acusaron de pertenecer al EPR. Este caso fue incluido en la recomendación 100/97 emitida por la CNDH y también se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El profesor indígena Leonardo Bardomiano Morales fue detenido el 26 de mayo de 1997 en San Martín Jolalpan, municipio de Cualac, sin orden de aprensión, y fue vinculado con el EPR.

Los casos de Ericka Zamora Pardo y Efrén Cortés Chávez también fueron denunciados, por su detención arbitraria en la comunidad de El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, y que fueron remitidos al Cereso de Acapulco acusados de terroristas, asociación delictuosa, acopio de armas y portación de armas. El 23 de junio de 1998 les imputaron los delitos de rebelión, conspiración e invitación a la rebelión, sin haber presentado orden judicial.

Los indígenas

Caso especial también fueron las detenciones de autoridades indígenas por la falta de una ley que reconozca constitucionalmente los derechos de los pueblos indígenas.

El comisario ejidal Lucas Gaspar Francisco de la comunidad de Chiepetepec, municipio de Tlapa de Conmonfort, fue detenido por un conflicto contra el campesino Salvador Martínez Verea a quienes acusan de apropiarse de terrenos ejidales de manera irregular.

Pero el detonante de la pugna fue la pretensión de apoderarse de un terreno destinado al uso ceremonial y considerado sagrado porque cada 28 de septiembre allí se da gracias a sus deidades por el buen temporal de maíz, el lugar es conocido como Tlatlazohuaya. Salvador Martínez cercó el lugar y construyó dos casas, las cuales después fueron destruidas y el MP giró órdenes de aprehensión contra el comisario y los ciudadanos.

Otro caso es el del comisario municipal de Santa Cruz Lomalapa, Julián Vázquez Menor, y vecinos de Temalacatzingo, municipio de Olinalá, por el conflicto ejidal con Pablo Marcos García por un manantial de agua, que antes de ser apropiado de manera irregular le pertenecía a la comunidad.El comisario municipal fue detenido por la Policía Judicial por el delito de robo, y se giraron órdenes de aprensión contra vecinos de comunidades aledañas.En el informe de plantea que las acciones son respaldadas por asambleas comunitarias y las autoridades encargadas de procurar y administrar justicia desconocen los sistemas normativos de los pueblos indígenas.

* “No cabe duda que Guerrero es una sociedad que ha sido golpeada por acontecimientos históricos del pasado y no tan pasados, pues hay unos muy cercanos”, indicó

 Ossiel Pacheco * El arzobispo de Acapulco, Felipe Aguirre Franco, consideró que el juicio a los ahora ex generales del Ejército Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo, sentenciados por narcotráfico, “nos da confianza a la sociedad, porque es muestra que en una institución tan respetable como el Ejército existe una ley que los protege a todos o que los sanciona a todos”.

Entrevistado ayer al término de la misa dominical en la catedral, Aguirre Franco opinó que se dio un paso en cuanto a la aplicación de la ley, es un respaldo para evitar caminos desviados en el servicio de la seguridad que los mexicanos tanto necesitamos.

Reconoció el “histórico” trabajo del tribunal militar, porque aplicó sus normas y su capacidad para juzgar a los generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo, por los delitos de narcotráfico, quienes además fueron degradados.

Lamentó que los militares, encargados de la seguridad nacional se corrompan y se vuelvan enemigos de la sociedad, “en quien confiar, si aquellos que están a cargo de nuestra seguridad, son los de los que nos tenemos que cuidarnos, es muy difícil vivir aquí en paz, esto es un respiro”.

Consideró que los ahora ex generales, –también involucrados en la guerra sucia de los 70, por los familiares de desaparecidos–, deben ser tratados con el mismo respeto que cualquier otro reo.

Dijo que la sentencia contra los generales “es un respiro por la herida causada, no cabe duda que Guerrero es una sociedad que ha sido golpeada por acontecimientos históricos del pasado, y no tan pasados, pues hay unos muy cercanos”, indicó.

Por otro lado, respecto a la determinación del Tribunal Estatal Electoral (TEE) que devolvió las constancias de mayoría a las diputadas locales electas, Gloria Sierra López y Yolanda Villaseñor Landa, celebró que se haya clarificado todo, pues “ese polvorín que se levantó, que bueno que todo volvió a la normalidad y las aguas volvieron a su cauce”.

Consideró que está determinación de los magistrados es un reconocimiento a la voluntad popular, y conminó a las diputadas electas perredistas a hacer efectiva su estancia en el distrito para que así puedan servir mejor, pues para servir a los ciudadanos de los distritos por los que fueron electas, es necesario conocerlo, y para conocerlo hay que vivir en él como lo estipula la ley.

Caminar con los pueblos indios

Por otro lado, Aguirre dio a conocer que en la reunión del Consejo Episcopal Latinoamericano efectuada del 21 al 25 de octubre pasado, los obispos católicos determinaron caminar al unísono con los pueblos indígenas, pues en este momento irrumpen en la sociedad y en la iglesia, reclamando el reconocimiento de su identidad cultural.

El prelado católico afirmó que los pueblos indígenas están presentando su propio modo de vivir y entender la experiencia de Dios en una teología propiamente indígena.

Dijo que los obispos aseguran que ante la avalancha de culturas advenientes y de modelos que imponen tanto los medios de comunicación social como los sistemas económicos, cuando no están al servicio de las personas, sobre todo de los más débiles, la iglesia quiere estar presente con respeto.

Y a su vez, con actitud crítica para ayudar a los indígenas a rescatar los valores de sus tradiciones para conocerlos mejor, valorarlos, vivirlos y conservar el tesoro de una memoria histórica viva y entre estos valores, destacan el de su experiencia religiosa y el modo de expresarla en una teología propia, con categorías y lenguaje propios.Informó que la comisión de pastoral social de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) puso en marcha el pasado 4 de octubre la primera Campaña de Solidaridad 2002, como una respuesta “a la preocupación de los obispos por el alto índice de pobreza en México”.La campaña que tiene como eslogan Su plato sigue vacío… ¿y tú corazón? Llénalo con tu solidaridad,  –dijo– y en el que participan 55 diócesis, está centrada en el problema de niños que padecen hambre y desnutrición en el país.

 * El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbi-trarias visita la cárcel de Acapulco

 Raquel Santiago Maganda * Con la encomienda de no proporcionar mayores datos de sus entrevistas en el estado hasta dentro de unas semanas en el Distrito Federal, el Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, encabezado por su presidente Louis Joinet visitó el sábado a los presos y se reunió con familiares de personas detenidas para escuchar sus testimonios.

El sábado en la mañana al salir del Centro de Readaptación Social (Cereso), la comisionada Soledad Villagra de Biederman hizo sus únicas declaraciones, y calificó de “sana” la sentencia de los generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo por parte del Consejo de Guerra con 15 y 16 años de prisión.

Informó que una de las encomiendas del Grupo de Trabajo es también inspeccionar el sistema judicial militar, y que visitará una prisión militar “para recolectar ahí más material”.

Reiteró que el objetivo de la visita es reunirse con el mayor número de detenidos para conocer sus casos, además de entrevistarse con autoridades y organismos no gubernamentales para tener más elementos en su mesa de trabajo acerca de detenciones arbitrarias.

Para esto han recorrido 13 cárceles en el país, en Iguala, Guadalajara, Oriente, Puente Grande, Distrito Federal, Almoloya, La Palma entre otras, y ayer por la mañana el Grupo viajó al estado de Oaxaca para continuar con su labor.

Cuando a Soledad Villagra se le preguntó acerca de la situación del estado respecto a las detenciones, evadió contestar y dijo que la comisión discutirá y al final de su labor realizará recomendaciones concretas al gobierno cuando termine con su visita, y reiteró que “antes de eso tenemos que juntar muy buenos datos y hacer un trabajo completo para que esas recomendaciones sean ciertas y ayuden a mejorar la situación”.

En cambio la respuesta del presidente del Grupo, Louis Joinet fue un concreto: “nos tenemos que ir porque tenemos muy poco tiempo”, después reiteró que aún no pueden emitir una opinión hasta que en unas semanas den una conferencia de prensa en la Ciudad de México.Sin embargo, en términos generales, Joinet calificó de “original” el sistema de justicia, y se refirió a la división en Ministerios Públicos y la intervención del abogado defensor. Ejemplificó que en Europa a los detenidos se les juzga en un Palacio de Justicia, mientras que en el país en la misma cárcel y esto evita el traslado a otro lugar.En el recorrido estuvieron acompañados por el director de Prevención y Readaptación Social, José Luis Trujillo Sotelo.Durante la mesa de trabajo la tarde del sábado en el hotel Hyatt Regency, el presidente de la comisión solicitó a los reporteros salir del salón y al reiterarles si darían una conferencia dijo que sería en la Ciudad de México después de haber recabado la información.

 De la corresponsalía, Chilpancingo * “Las reglas en un Ejército se deben de cumplir, porque si no hay disciplina y sanciones para los que las infringen entonces no es Ejército”, expresó el comandante de la 35 Zona Militar con sede en esta ciudad, Audomaro Martínez, al referirse a la sentencia de 15 y 16 años de prisión que recibieron, respectivamente, el general brigadier Mario Arturo Acosta Chaparro y el general de división Francisco Quirós Hermosillo por delitos de narcotráfico.

“El Ejército Mexicano es una institución de respeto, y con esto (con la sentencia de dos generales) no lo debilita”, expresó el general comandante de la 35 Zona Militar que abarca el centro, norte, Tierra Caliente y La Montaña de Guerrero.

–¿Fue un hecho sin precedentes, no?

–No, mire, en un Ejército se deben de cumplir las reglas y debe de haber disciplina y castigo para los que las infrinjan, pero es un tema (el de los generales presos por narcotráfico) que se está hablando a nivel nacional, y yo soy muy respetuoso de mis superiores y no quiero seguir opinando de eso”.

En breve entrevista vía telefónica, el general brigadier Audomaro Martínez dijo que no es la primera vez que militares con alto grado e insignias han sido juzgados por las autoridades militares.“Y es que en esto, como en cualquier actividad o profesión hay gente mala y buena, y en el Ejército mexicano la mayoría somos gente honesta”, expresó.Pero el comandante de la 35 Zona Militar se negó ampliar su opinión referente al caso de sus homólogos, Francisco Quirós Hermosillo y Mario Arturo Acosta Chaparro.

 De la corrresponsalía, Chilpancingo * Leonel Nájera Hernández, hermano de Jacob Nájera, desaparecido desde septiembre de 1974, señaló que los familiares de los desaparecidos esperan que pronto la justicia militar inicie el juicio contra Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo quienes fueron los que dirigieron la guerra sucia en la entidad en los años setentas durante el gobierno de Rubén Figueroa Figueroa.

Mencionó que su hermano fue sacado de su casa en San Jerónimo, el 2 de septiembre de 1974, por un grupo de agentes judiciales que estaban al mando del entonces director de la Policía Judicial del Estado, Mario Arturo Acosta Chaparro.

La detención del profesor Jacob Nájera se llevó a cabo frente a su esposa e hijos cuando se encontraban en su domicilio y a éste entraron individuos que se identificaron como agentes de la Policía Juducial del Estado.“Estamos viendo que a los dos generales ya se les juzgó por delitos de narcotráfico, pero ¿hasta cuándo se les va a iniciar el proceso por la desaparición de cientos de guerrerenses en los años setentas?, expresó Leonel Nájera.“Nosotros estamos esperando que a los dos generales también se les inicie el proceso por la desaparición de muchos guerrerenses que ni siquiera estaban en las filas de la guerrilla”, indicó.

 Aurelio Peláez * El diputado local Octaviano Santiago Dionicio afirmó que aunque insuficiente, la sentencia que el tribunal militar impuso a los generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo por su apoyo al narcotráfico, de 15 y 16 años “es correcta”, aunque confió: “pensé que los iban a absolver”.

En tanto, el presidente electo de San Luis Acatlán, Genaro Vázquez Solís, sostuvo que la sentencia a los militares mexicanos por su relación con el narcotráfico obedece a presiones del gobierno estadunidense, y señaló que ahora, en el juicio por su participación en la guerra sucia en Guerrero, se verá si el gobierno mexicano atiende la demanda de sus ciudadanos.

No obstante, afirmó que la sentencia que se ha dado a los militares no guarda ninguna proporción con la que reciben los civiles por el mismo delito, con lo que se presumen privilegios para la elite del Ejército.

Santiago Dionicio, quien recordó que en los setentas fue personalmente torturado por Acosta Chaparro, entonces capitán del Ejército, durante el combate del gobierno federal a la guerrilla y a sus simpatizantes, afirmó que “siendo observado este proceso por la opinión pública mundial, el veredicto en un primer momento parece correcto. Se les enjuició por el delito por narcotráfico, pero hubo otros como el tráfico de armas que no se tocaron”.

En cuanto al próximo juicio que se les iniciará a los generales por su responsabilidad en la desaparición de personas durante la década de los setentas, principalmente en Guerrero, Santiago Dionicio dijo que asistiría como testigo de cargo, “no como testigo protegido, sino como un ciudadano que fue personalmente torturado por él. Nos vamos a ver de nuevo las caras y le voy a recordar que cuando me tuvo detenido él me dijo que tenía a Concha, que fue mi esposa, a Chebo Peñaloza y a otros, que ahora están desaparecidos. El sabía dónde estaban, dónde los tenía”.

Aseguró para los delitos cometidos “por Acosta Chaparro, por él en particular, no alcanza el código penal para juzgarlo por los años que merece estar en la cárcel”.

Afirmó que Acosta Chaparro “merece un juicio de mensaje social, del que se había salvado por las complicidades en los gobiernos del PRI. Pero ahora el PRI ya no está. Cuando se vea conmigo, a diferencia del careo que tuvo con Adrián Carrera Fuentes (quien al tenerlo enfrente negó haber presenciado su encuentro con el narcotraficante Amado Carrillo, como lo había declarado), va a ser otra cosa”.

Genaro Vázquez Solís, hijo de comandante guerrillero Genaro Vázquez Rojas, sobre cuya familia y simpatizantes se desató la represión militar, dijo: “La impresión que tengo es que el fallo judicial sobre Acosta Chaparro obedece a las presiones del gobierno norteamericano, más que al compromiso del gobierno por combatir realmente al narcotráfico o por darle justicia a este país. Si no, ya lo veremos en el juicio por los desaparecidos. Ahí es donde realmente el gobierno federal va a demostrar su compromiso con la justicia”.Agregó que “hasta ahora lo que vemos es un gobierno sujeto a las decisiones del gobierno estadunidense en el combate al narcotráfico. Cuando se trate ya no de los norteamericanos sino de los intereses mexicanos, en el caso de los desaparecidos, torturados y perseguidos, entonces veremos el real compromiso por darle justicia a este país”.En cuanto a la sentencia, señaló que “la condena es corta, pequeña, que les dará la posibilidad de no llegar a la cárcel o de estar muy poco tiempo. Tenemos información, de que en el Ejército se ha protegido a narcotraficantes y vemos que el castigo no es el mismo que se ha dado a los civiles involucrados en este ilícito. Y por otro lado los dos generales siempre han chantajeado al país con los famosos servicios prestados y que no son otros que convertir la seguridad nacional en la visión que tenían de ella los ex presidentes Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y José López Portillo”.

 * Es necesario abrir al ámbito civil la lucha contra la impunidad de los militares, plantea el director de Tlachinollan

 Raquel Santiago Maganda * Los dirigentes del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero, Bertoldo Martínez y José Luis Morales, opinaron que el Consejo de Guerra fue benévolo en la sentencia a los generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo, con 15 y 16 años de prisión, y lo consideraron como “una burla”, al comparar que en una condena de la justicia civil por delitos menos graves los acusados reciben más de 30 años de prisión.

El regidor electo de Acapulco y dirigente del FODEG, José Luis Morales Torres, aseguró que la sentencia “es una burla para el pueblo” y la opinión internacional.

Cuestionó que aún se pone en duda la participación de Acosta Chaparro en la guerra sucia cuando existen evidencias de las acciones y de que tenía bajo su orden a los hermanos Tarín.

Morales Torres, que fue detenido y torturado en 1974 en Acapulco por subalternos de Acosta Chaparro, dijo que es irónico que en instancias civiles a detenidos acusados por delitos menores que vinculación con el narcotráfico los condenen a más de 30 años de cárcel.

También opinó que el Consejo de Guerra deja “mal parados a los militares”, al considerar que no existe un 100 por ciento de credibilidad. Recomendó entonces que ahora se juzgue a los generales en una instancia civil.

El director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera, dijo que el hecho del juicio a los generales por narcotráfico en un Consejo de Guerra, por primera vez en la historia de la vida militar, significa la necesidad de demostrar que la lucha es en contra de la impunidad en general, pero que es necesario abrirlo al ámbito civil.

Consideró que es una “buena señal” la acción pero sólo se queda dentro de la esfera militar porque se cuida la imagen de la institución, y lamentó que aún no se inicie el juicio para analizar el papel del Ejército en las detenciones arbitrarias, lo que muestra que “no son muchas las expectativas” sobre credibilidad del Ejército.Dijo que el Ejército como parte de una reestructuración interna de los mandos castrenses opta por limpiar su imagen, aunque todavía existe “una parte oscura”. Agregó que por eso, se siguen encubriendo las acciones de los generales al haber desproporción en la sentencia.Para el integrante del FODEG, Bertoldo Martínez Cruz, también el Consejo de Guerra fue benévolo con los generales porque fue una sentencia minoritaria en comparación con un juicio civil. Reclamó que debe haber justicia y no debe haber benevolencia con los militares.

 Brenda Escobar, corresponsal, Zihuatanejo * La condena de 15 y 16 años que el Consejo de Guerra dictó a los generales Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo, por el delito de narcotráfico, es leve, comparada con los delitos en los que están implicados, sobre todo, por su participación en la guerra sucia de los años 70 en Guerrero, señalaron distintos dirigentes sociales de este puerto.

Entrevistado al respecto, el dirigente municipal del PRD, Miguel Angel Méndez Villasana consideró que no se hizo justicia, “porque la sentencia que les dictaron va más acorde con un narcotraficante común y no contra unas personas a las que el pueblo de Guerrero las identifica como partícipes de crímenes de lesa humanidad”.

Por su parte, el director de proyectos de la organización SOS Bahía, Movimiento para el Rescate y Preservación de la Bahía de Zihuatanejo, Silvestre Pacheco León, dijo que “lo que pudimos percibir es que el Consejo de Guerra buscó atenuar la culpa y el castigo para los militares, porque lo más correcto es que hubieran sido juzgados por la justicia civil y no la militar”.

Añadió que con esta sentencia “lo que se busca es dejar bien parado al Ejército aparentando que se está cumpliendo. Fueron muy blandos y el fin político fue dejar bien parado al Ejército, pues es un asunto que debió de haberse ventilado en la ley civil”.

El presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras Zihuatlán, Florentino Zavala Clímaco, opinó que “provoca risa” el tiempo de condena al que sentenciaron a ambos militares, pues “esto fue una muestra de la fuerza que tiene y ejerce el narcotráfico y otros poderes que están atrás del gobierno federal, porque es irrisorio el tiempo de la condena”.

Aseguró que “el Consejo de Guerra fue muy suave en cuanto a la aplicación de la ley, además de que debieron de haber sido juzgados y condenados por los crímenes de los 70 en nuestro estado, pero en un juzgado civil, porque mientras a los pobres e inocentes les dan hasta 50 años de cárcel, a ellos prácticamente no los castigan”.Para el dirigente de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, Felipe Arriaga Sánchez, la sentencia “nos indigna, porque nos damos cuenta que el sistema y el gobierno no quieren cambiar, que a los culpables se les castigue como lo marca la ley y a estos dos militares se les debió de haber aplicado todo el peso de la ley, y no que más bien a gente inocente se le condena hasta por 30, 40 años de cárcel.Dijo que da frustración ver que este sistema sigue solapando a los culpables, a los que dañan a los indefensos, en lugar de darles tan pocos años en la cárcel, que se les castigue así como tanto dicen que se aplique todo el peso de la ley a los infractores y por lo que se vio, el Consejo de Guerra fue blando todo el tiempo”.

 Francisco Magaña, corresponsal, Atoyac * Familiares de detenidos desparecidos de este municipio piden que sean enjuiciados por autoridades civiles los responsables de la guerra sucia Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós.

Luego de la condena que impuso un tribunal de guerra a los generales por delitos de narcotráfico, dirigentes sociales y familiares de desaparecidos exigieron que se les en juzgue por los desaparecidos de Guerrero en los años setentas.

La dirigente de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Afadem), Tita Radilla Martínez, se dijo sorprendida de que no fueron exonerados.

Informó que como Afadem hicieron llegar los expedientes de los desaparecidos a la PGR y esperan que ahora que fueron despojados de su grado de militares, sean expuestos en un juicio civil y respondan por las desapariciones forzadas, que Acosta Chaparro realizó en un puesto de funcionario civil, que fue director de la Policía Judicial en Guerrero.

Señaló que en esta temporada de día de muertos, le duele mucho la angustia de los familiares que no saben si encender una veladoras a sus familiares desaparecidos, “y cada año es la misma incertidumbre, debemos mantener la esperanza de que están con vida por que vivos se los llevaron, vivos los queremos”.La dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Rocío Mesino, sostuvo que continuarán reclamando que se abra un nuevo juicio por los crímenes de lesa humanidad en la guerra sucia, pero enfatizó que deberán ser enjuiciados por un tribunal civil “y que paguen su condena en una prisión normal, no sabemos si dentro del Campo Militar tendrán privilegios”.Por su parte la señora Alejandrina Santiago Zamora, mujer que se dedica a la costura y tiene un hijo desaparecido, recuerda al general Acosta Chaparro como el autor intelectual de la desaparición de su hijo. Con lágrimas en los ojos pide que le devuelvan a su hijo,  “que del castigo se encarguen la leyes, y que diga si su hijo está vivo, para que me lo regresen”.