De la corresponsalía, Chilpancingo * Luego de ocho días de haber renunciado al cargo por “motivos personales”, el general brigadier retirado Ricardo Leonel Coronel fue reinstalado como director de la Policía Judicial del Estado (PJE).“Yo estuve fuera unos días para arreglar algunos asuntos personales, pero ya estoy de nuevo aquí y en unos momentos, a lo mejor tomo posesión nuevamente”, dijo en entrevista Leonel Coronel momentos antes de que el procurador de Justicia, Jesús Ramírez Guerrero, lo reinstalara como director de la PJE.

Cuando ya estaba listo para que este lunes por recomendación del procurador, se le diera posesión como director de esta corporación policiaca al contralor interno de la Procuraduría, Javier Rueda Velázquez, una llamada telefónica del gobernador René Juárez Cisneros lo cambió todo, ya que ordenó que el general brigadier retirado Leonel Coronel fuera reinstalado en el cargo.

Una de las razones que esgrimió Leonel Coronel para dejar el cargo fue que acudiría a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para realizar el trámite de su jubilación.

En más de un año en que ha estado como director de la PJE, Ricardo Leonel Coronel ha sido señalado por comandantes, jefes de grupo y agentes de la corporación de recibir dinero de narcotraficantes y de expedir credenciales a personas que no pertenecen a la Policía Judicial.

En los ocho días que estuvo fuera de la PJE, el subprocurador de averiguaciones previas de la Procuraduría, Antonio Nogueda Carbajal, fue el que el que estuvo al frente de la corporación de manera provisional.

Sonriente y recargado sobre la pared de las oficinas de la secretaría particular del procurador Jesús Ramírez Guerrero, el militar retirado comentaba a un grupo de reporteros que en los ocho días que pidió permiso estuvo “descansando atendiendo asuntos personales”.

¿Pero se mencionaba que usted se iba a la Agencia Federal de Investigaciones por su buena relación que tiene con el procurador Rafael Macedo de la Concha, o no?

–Cómo creen, yo aquí estoy bien a gusto, aquí tengo muchos años en Chilpancingo, tengo a mi mujer a mi familia, y me sentiría muy mal si me fuera de aquí de Guerrero.Desde la mañana de este lunes, se sabía que el nuevo director de la PJE sería Javier Rueda Velázquez, muy cercano al procurador Jesús Ramírez; para eso se habría convocado a una conferencia de prensa a los medios de comunicación.Noé Peralta, secretario particular del procurador y el jefe de prensa, Arturo Buendía, se paseaban de un lado a otro en el pasillo de la Procuraduría, y no sabían si habría o no cambio del director de la PJE. Para esos momentos, Ricardo Leonel Coronel ya estaba adentro de las oficinas del procurador Ramírez Guerrero.¿Quién les dijo que habría conferencia de prensa?, preguntaba a los reporteros Noé Peralta.No hubo conferencia de prensa a los medios donde se daría a conocer el regreso de Leonel Coronel, sin embargo más tarde, en una ceremonia a puerta cerrada en las oficinas de Ramírez Guerrrero se reinstaló al general brigadier quien abandonó durante ocho días la dirección de la PJE, lapso en que sucedieron algunas cosas que se vinculan con la corporación policiaca que nuevamente dirige a partir de ayer lunes por recomendación del gobernador René Juárez.

 * Según el procurador hay actualmente dos secuestros: del ex presidente de la Canaco de Acapulco, José Morales Urbina, y del hijo del ex presidente municipal de Coyuca de Benítez, Pedro Gómez Magdaleno

 Alfredo Mondragón * El procurador de Justicia del estado, Jesús Ramírez Guerrero, dijo que no se puede arraigar a los ex directores de la Policía Judicial del Estado (PJE) involucrados en la desaparición de personas porque “no hay orden de aprehensión y no es fácil, si no tenemos debidamente complementada la investigación; incurriríamos en delito como privación ilegal de la libertad y abuso de autoridad”.

Reveló que el general brigadier, Ricardo Leonel Coronel, ayer se reincorporó a la dirección de la PJE, puesto al que renunció hace ocho días para atender problemas personales y como “ni tenemos ninguna queja o denuncia en su contra, su trabajo ha sido respetuoso y consideramos pertinente reincorporarlo”.

Con respecto a las declaraciones del ex agente de la PJE, Gustavo Tarín, testigo protegido de la PGR y de la Procuraduría de Justicia Militar, quien involucró a los ex gobernadores Rubén Figueroa padre e hijo, con el narcotraficante Amado Carrillo, Ramírez  Guerrero dijo desconocer el caso, pero expresó que ambos ex mandatarios “merecen mis respetos”.

Confirmó el secuestro del ex presidente de la Canaco-Acapulco, José Morales Urbina, y del hijo del ex presidente municipal de Coyuca de Benítez, Pedro Gómez Magdaleno, único caso de los dos en que existe denuncia, pero no habrá intervención policiaca a petición de sus familiares.

El procurador de justicia afirmó que aún continúan en la etapa de “localización” con el apoyo de todas las procuradurías del país, de los ex comandantes de la PJE Víctor Castro Valente, Arturo Sánchez de Tagle y Fortunato Zamora Paz y una decena de agentes, involucrados y en la desaparición forzada de nueve personas, de ejecuciones extrajudiciales y secuestros. 

Confirmó que separó del cargo al ex comandante regional Teodomiro Lara González, que fue involucrado en el robo a una joyería de la calle 5 de Mayo, de Acapulco, porque “procuramos que no tenga nada que ver en la investigación, pero esto no quiere decir que sea culpable y seguimos investigando”.En entrevista durante el 31 aniversario de la creación de la Barra de Abogados de Acapulco, realizada ayer por la mañana  Ramírez Guerrero dijo que “no tenemos porqué arraigar” a los ex directores de la PJE; Edilberto Solís y Jaime Figueroa, a petición de la Codehum, porque “no hay ninguna orden de aprehensión, ninguna evidencia que lo obligue; estamos investigando la recomendación a plenitud”.En este tema, el procurador agregó “no podemos adelantar juicios sobre todo si no los tenemos, no acostumbramos a hablar mal de las personas, menos difamarlas o calumniarlas porque eso es incurrir en el delito, la PGJE investiga, el arraigo no es fácil, corremos el riesgo si no tenemos debidamente implementada la investigación, incurriríamos en delito como privación ilegal de la libertad y abuso de autoridad; se nos puede revertir”.

 Francisco Magaña, corresponsal, Atoyac * La oficina alterna de la Fiscalía Especial para desaparecidos de esta ciudad, comenzó a brindar apoyo terapéutico a familiares y víctimas de la guerra sucia.

La representante de las oficinas de la Fiscalía Especial en Guerrero, Georgina Landa Bonilla, informó que se dio atención a víctimas de de la población de El Quemado en la parte media de la sierra de Atoyac, con terapias para manejar la experiencia que vivieron en los años setentas.

Dijo que poco a poco se ha logrado despertar la atención en los familiares y víctimas, para que acudan a tomar las terapias y manejen sus emociones en relación con esos hechos.

Explicó que en esta primera fase acudieron 11 víctimas que sufrieron torturas por militares después de que se les vinculó con la guerrilla.

Destacó que este apoyo psicológico, que ella coordina de manera personal, es una exploración porque es un asunto sensible y delicado para los afectados y así aprendan de su experiencia para organizarse en comunidad para sortear los problemas a nivel comunitario.

Dijo que el acercamiento de este tipo es desconocido para la mayoría, además de que aún tienen esa vulnerabilidad a flor de piel y tienen temor y curiosidad.

Indicó que se abordó de manera profunda la manera en que las mujeres tuvieron que cumplir el doble papel de padre y madre para sacar adelante a sus hijos, de sufrir la carencia por cinco años de su pareja.

En las terapias de la Fiscalía se manejaron diversas técnicas para sacar esa agresión y resentimiento, las cuales reconoció que no se curan tan rápidamente y en especial en los hijos de las víctimas que no comprenden cómo fueron agredidos sus padres brutalmente y se buscan maneras para que no se conviertan en delincuentes sociales, que se generan por falta de educación, trabajo y pueden caer en buscar la lucha de otra manera que puede orillarlos a la delincuencia.Asimismo anunció que los días 15, 16 y 17 se realizará un encuentro con madres de hijos desaparecidos, por una terapeuta y literata con experiencia en víctimas de nombre Suguita de 70 años de edad.Dijo que serán cuatro horas diarias en la ciudad de Atoyac con una primera fase de 20 personas a las cuales se les apoyará con alimentos y hospedaje para las que sean de la sierra.Y el 24, 25, 26, 27 y 28 corresponderán a la doctora Guadalupe Suara quien atenderá de manera general a hombres y mujeres. Para esto los interesados se podrán registrar en la oficina de la ciudad de Atoyac ubicada en la avenida Juan Alvarez junto al DIF Municpal.  Anunció que se está brindando atención medica a los familiares de los desaparecidos con el médico particular Orlando Santiago Garibo y el médico de El Quemado.

 Maricela Santos, corresponsal, Zihuatanejo * El Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo (Fibazi) emplazó a que el 30 de noviembre próximo desalojen las oficinas que ocupan la extensión de la Facultad de Turismo de la UAG, la Secundaria José Martí, el Centro de Capacitación de Maestros, la Delegación de Pesca, la Jefatura de Enseñanza de Escuelas Secundarias, la Secretaría de la Mujer y el Instituto Nacional de Educación para los Adultos (INEA) y hasta la guardería  del IMSS en este puerto.

La petición a estos centros académicos fue hecha mediante varios oficios girados por el actual director general de Fibazi, Obdulio Solís Bravo quien pide que le entreguen las oficinas que les dio directamente en comodato y por escrito el ayuntamiento de Zihuatanejo durante la administración de Jorge Allec Galeana, y en el cual no les fijó fecha de entrega.

El emplazamiento de entrega del lugar donde se albergan estos centros académicos “obedece a que existe un compromiso de venta y esta deberá realizarse durante el mes de diciembre” según los distintos oficios que envió Solís Bravo. Incluso se habla de que el terreno ya fue vendido o comprometido con una tienda de autoservicio, sin embargo la versión no se logró confirmar con el director del citado organismo porque de acuerdo a algunos empleados no estaba en sus oficinas.

Todos estos centros académicos, tienen autorizaciones por escrito con fechas distintas y áreas diferentes a su cargo, las cuáles les fueron asignadas por el  oficial mayor del ayuntamiento, el alcalde Jorge Allec y el secretario general Raúl García Urióstegui con el fin de usar las instalaciones que ahora les pide el Fibazi para venderlas, justamente un día antes de que entre en funciones la administración perredista de Amador Campos Aburto.

La situación afecta al INEA, la Facultad de Turismo, el Centro de Maestros, la escuela secundaria José Martí, la delegación de pesca, la Secretaría de la Mujer, la Jefatura de Enseñanza de Escuelas Secundarias, y hasta a la guardería del IMSS, a la cual hace dos meses aproximadamente le habían enviado un oficio para requerirle el inmueble, pero que fue turnado a la coordinación de este instituto en Acapulco donde se resolvió directamente con Fibazi.

El principal problema es que los centros académicos no podrán abandonar el inmueble en la fecha señalada y al momento han tratado de buscar al alcalde y al  secretario general del ayuntamiento para que les expliquen que sucede  y se reconsidere la fecha de entrega de los inmuebles, de acuerdo a información obtenida entre los representantes de estas escuelas.

En el caso de la extensión de la Facultad de Turismo, hace cuatro meses se donó el terreno de parte del ayuntamiento para su construcción, sin embargo permanecen en el inmueble por la falta de recursos para cambiarse a un inmueble propio. Incluso algunos profesores de la institución ya manifestaron su preocupación por esta situación en una estación de radio local. La extensión de la Facultad de Turismo alberga a 172 alumnos en dos turnos y depende de la UAG.

El oficio signado por el priísta Solís Bravo informa que “el convenio de comodato que ocupa termina el 30 de noviembre de este año, le solicitó de la manera más atenta que realice los preparativos correspondientes a fin de entregar dicho inmueble en la fecha señalada” y remata explicando que esto se debe a que existe un compromiso de venta sobre el área.

Para la coordinadora del Centro de Capacitación de Maestros 1210, Angela Herrera Javier, esta solicitud es improcedente porque el convenio de comotado que mostró a El Sur fue expedido el 29 de febrero del 2000 por el ayuntamiento y no tiene copia o alusión alguna a Fibazi, “porque sabíamos que era este lugar del ayuntamiento y fue quien nos dio permiso de ubicarnos en este lugar a trabajar, por eso no podemos acatar algo así”.

Informó que el día que deben de abandonar las instalaciones no lo podrán hacer porque precisamente esa fecha 429 profesores de Petatlán, Coahuayutla, La Unión y Zihuatanejo presentarán examen de los cursos nacionales de capacitación y estimó que esta exigencia sin mayor preámbulo “afecta al cien por ciento al sector educativo, porque no se trata sólo de los coordinadores académicos, sino que provocan un problema con el magisterio de la subregión Costa Grande y si Fibazi viene a desalojar como sabe hacerlo, con el apoyo de la fuerza pública va a terminar por desalojar una biblioteca que es de gran utilidad para los profesores, para los estudiantes de normales privadas y para el desarrollo de la educación”.Explicó que no tienen a donde trasladarse y expuso que han acudido sin resultados al ayuntamiento desde el 24 de octubre que recibieron el documento todos los que comparten este espacio. A la fecha tanto el Centro de Capacitación de Maestros como la Facultad de Turismo y la Secundaria José Martí no han encontrado al alcalde Jorge Allec ni con su secretario general, pero previo a esta petición, hace menos de 15 días fueron a las diferentes oficinas gente identificada como trabajadores del ayuntamiento pidiendo copias del comodato y de sus estadísticas internas  “pero ahora que queremos solucionar el problema no encontramos a nadie en el ayuntamiento”.Herrera Javier acotó de antemano que como académicos no se opondrán al desalojo de las oficinas “porque no somos políticos y tenemos esto prohibido, pero esto se lo vamos a dejar  a los maestros que son los que van a decidir que hacer y como actuar”.

 Eduardo Albarrán, corresponsal, Iguala * Comerciantes del mercado municipal Adrián Castrejón, bloquearon desde las 11 de la mañana las calles Vicente Guerrero, Bandera Nacional, Juan Aldama, así como la Miguel Hidalgo y José María Morelos, para exigir que se reúna el Cabildo en pleno y resolver su pliego petitorio.

Los comerciantes pertenecientes a diversas organizaciones que se aglutinaron en el Frente Unido en Defensa del Mercado Municipal Adrián Castrejón, señalaron que sus demandas son que sesione el pleno del Cabildo para tratar los problemas del mercado, sobre todo lo relacionado con la autorización del alcalde Juan Muñoz Caballero para que en terrenos del mercado se construyan locales para beneficiar a una familia, la del dirigente de la Unión de Locatarios, Alfredo Jacobo Ruiz.

Indicaron que otras de sus demandas son que se investigue de quien es el predio en el que se están construyendo unos locales que supuestamente serán para los introductores, y que ya fueron clausurados por la autoridad municipal hace unos días.

También demandan el cierre de una carnicería, propiedad de la hermana del administrador del mercado municipal, Roberto Rosendo Martínez, que está ubicada en el estacionamiento.

Francisco Javier Copeño Castro, miembro del Frente Unido de Defensa del Mercado Municipal indicó que también se está demandando que se cumpla con el laudo favorable al ayuntamiento, en el que se determina el desalojo de quienes se encuentran sobre el corredor de la calle de Galeana y en el área de seguridad denominada “El triangulo”, que ha sido invadida por comerciantes semifijos y ambulantes.

Señaló que el presidente municipal de Iguala, Juan Muñoz Caballero se contradice en todas las reuniones que han tenido con él, ya que primero “nos dice que se va a clausurar la obra, se le colocan los sellos y a los pocos días los quitan y continúan trabajando”.

Agregó que no ha sido el Cabildo la instancia que ha autorizado alguna obra en el mercado, “como está establecido en la ley” y que “solo el alcalde Juan Muñoz Caballero, el director de obras públicas, Samuel Porras Adán y los comerciantes beneficiados con la obra, son los que determinaron que se realizara”.

También demandan los comerciantes que se evite la venta de productos al menudeo en el área que es de mayoristas.Debido a que los comerciantes bloquearon las calles céntricas de Iguala, el primer síndico Zacarías Rodríguez, y los regidores Daniel Patiño, Clemente Román, del PRD y Ben Yehuda Martínez Villa, del PRI, trataron de convencer a los comerciantes de levantar el bloqueo y que una comisión de ediles platicaría con ellos.Sin embargo, los comerciantes respondieron que solo levantarían el bloqueo si hay una sesión con todos los ediles y los comerciantes están presentes para exponer sus demandas y que el Cabildo acuerde en pleno.Extraoficialmente se supo el alcalde Juan Muñoz Caballero se encontraba en la capital del estado en una reunión con el gobernador del estado, René Juárez Cisneros y que regresaría, tal vez, a las 5 de la tarde.

 Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * El dirigente estatal de la organización priísta Antorcha Campesina, Raúl Jerónimo Jacinto fue denunciado ayer por habitantes de la colonia Antorcha Popular de esta capital por haberlos defraudado con más de 500 mil pesos por la venta de terrenos y de cortarles el servicio del agua en venganza de que se niegan a acompañarlo a marcha y plantones.

En conferencia de prensa ayer el vicepresidente del Comité de Desarrollo, Ignacio Villamar González, el tesorero, Félix Sandarte Hernández y el secretario Serafín García Pérez, denunciaron que el dirigente estatal de Antorcha Campesina y la presidenta del Comité de Desarrollo, Irma Torres Vargas no quieren devolver a los colonos 300 mil pesos por la venta de terrenos en esa colonia y por la rifa de un predio del que obtuvieron por lo menos 200 mil pesos de la venta de los boletos.

Dijeron que ello en venganza de que los colonos destituyeron a Jerónimo Jacinto de la asociación civil que fundó esa colonia y la Wenceslao Victoria Soto, pero además porque se niegan a participar en las marchas y en los plantones que regularmente organiza el dirigente estatal de Antorcha campesina en esta capital.Sandarte Hernández denunció que lo grave es que Jerónimo Jacinto les cortó el servicio del agua de un depósito que al igual que la red fue construido por los propios vecinos pero que ahora el dirigente de Antorcha Campesina dice que la introducción de la red fue por la asociación civil de la que él era presidente.Indicó que ahora el agua sólo llega a la otra colonia Wenceslao Victoria Soto con quienes quiere enfrentarlos Jerónimo Jacinto.Señaló que en el caso han intervenido las autoridades municipales pero que es el dirigente antorchista quien se está obstaculizando la solución “porque no le conviene que le exijamos cuentas de los recursos con los que se ha quedado aprovechándose de que era el dirigente de la asociación”.

 Jorge Nava * Por negarse a iniciar una averiguación a un ciudadano de San Marcos que fue atropellado presuntamente por un madrina de la Policía Judicial del Estado (PJE), se presentó una queja en la Coordinación Regional de la Codehum contra la agente en turno del Ministerio Público de ese municipio, Antonia Andrés Mata.

El agraviado –que aún presenta lesiones en diversas partes del cuerpo–, Gaudencio Bibiano Castillo, acudió ayer a la coordinación de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) con el coordinador auxiliar, Concepción Bedolla Vega.

Bibiano Castillo se quejó contra Andrés Mata por negación de la justicia y ejercicio indebido de la función pública, pues relató que el pasado viernes 18 de este mes fue atropellado en la calle 20 de noviembre de la colonia Santa Cruz, cuando se encontraba descansando en un sillón de herrería.

Agregó que el vehículo que lo atropello era conducido por el comerciante y presunto madrina de la PJE, Euribel Vázquez Rodríguez, quien al momento de arrollarlo se dio a la fuga dejándolo tirado en el suelo, sin que reparará el daño.Sostuvo que Vázquez Rodríguez se trasladó a la comandancia de la PJE, donde después lo “protegieron” y la agente del MP, Andrés Mata, “se ha negado a dar inicio a la averiguación previa correspondiente”.Por la queja, el coordinador auxiliar de la coordinación regional de la Codehum, Bedolla Vega le solicitó a la agente del MP que en un término de 72 horas, rinda un informe con relación a los hechos denunciados y en su caso la causa de su negativa.El agraviado acudió acompañado de su hermana Susana Bibiano Castillo y su sobrina Alma Gálvez Bibiano.

 Gregorio Urieta, corresponsal, ciudad Altamirano * Los padres del niño de Arcelia violado presuntamente por José Carlos Bailón Abad, no aceptaron que el joven fuera sacado del Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de esta localidad y remitido al Tutelar de Menores Infractores en la capital del estado.

Reunidos la noche del domingo en la entrada del reclusorio, determinaron impedir que José Carlos fuera sacado, pues se les había dicho que el abogado defensor del presunto violador estaba planteado que se dejara en libertad a José Carlos en caso de que no se le permitiera ser llevado al Consejo Tutelar en Chilpancingo para ser juzgado en aquel lugar.

Los padres, sin embargo, apoyados por unos cien ciudadanos, decidieron estar en el lugar e impedir que se llevaran al detenido, pues exigen que sea enjuiciado al cumplir la mayoría de edad, lo que ocurriría dentro de una semana.

Entrevistada vía telefónica, la señora Rebeca Salgado –quien ha participado activamente en la  movilización para exigir el enjuiciamento de José Carlos Abad– consideró que la presunta participación de Juan Román Salgado, quien trabajaba como madrina en la Policía Judicial de Arcelia, “es un invento, algo que están sacando para hacer que quede libre el verdadero violador”, dice Rebeca, quien asegura que el niño violado reconoció y señaló directamente en varias ocasiones a José Carlos.Asegura que el joven originario de El Coacuyul, “se ganó la confianza del niño, lo paseaba en una motoneta, y lo invitaba a cenar. La noche de la violación, se llevó al niño a cenar y lo trajo dando vueltas. Dice el niño en su declaración que después de eso fue a comprar una botella de fuerte y le dijo que lo acompañara al hotel. Como el niño se negó, le amenazó con matar a sus padres, fue por eso que el chamaquito aceptó entrar. Adentro, el violador le dijo que se bañara y el niño no quiso. De esto sabe el velador, porque en una declaración dijo que le preguntó al violador que a dónde llevaba a ese guache, y José Carlos le contestó que lo llevaba a ver la televisión y que luego lo iba a llevar a su casa”, dijo Rebeca Salgado para quien, al igual que para el resto de los ciudadanos inconformes, el único culpable es José Carlos Bailón Abad, ya que no cree que exista un sugundo implicado, pues considera que las autoridades judiciales, “por dinero,  se venden”.Y se pregunta: Si no fuera el culpable, ¿por qué no se defiende, por qué no ha dicho que fue otro? No ha dicho nada, y el niño lo ha señalado directamente y nosotros le creemos al niño”, dice categórica.

 De la corresponsalía, Chilpancingo * El ex comandante de la Policía Judicial del Estado, Fidel Morales Vargas acusado de la desaparición de Faustino Jiménez Alvarez, nombró como abogado defensor a Roberto Vázquez Cruz, quien en el sexenio del gobernador Alejandro Cervantes Delgado fungió como subprocurador de Justicia del Estado.

Este martes, el juez Derly Alderete Cruz dictará el auto de formal prisión al ex jefe policiaco quien ayer lunes estaba sumamente molesto con el defensor de oficio, Mario Jaimes Salazar, porque éste no promovió ningún apremio de defensa.

Y es que ante la endeble defensa jurídica que realizó el defensor de oficio, lo más seguro es que Morales Vargas, se le dicte auto de formal prisión por el delito de privación ilegal de la libertad.

Por ello, Morales Vargas hizo varias llamadas telefónicas a Acapulco la mañana de ayer para que su familia le contratara a un abogado prestigiado.Al mediodía llegó el abogado José Francisco Dávila Otero quien aparte de litigar en los juzgados también se dedica a la política, y ha sido diputado local del desaparecido Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) durante el gobierno del extinto mandatario estatal, José Francisco Ruiz Massieu, y de quien era compadre.Sin embargo, Morales Vargas y Dávila Otero no se pusieron de acuerdo, y ante ello mejor decidió que Roberto Vázquez Cruz fuera su defensor.Vázquez Cruz fungió como subprocurador de Justicia en los años ochentas cuando el procurador era Nelson Bello Solís.Asimismo, hoy martes también podría definirse la situación legal de los agentes judiciales, Nicolás Cabañas García, Alvaro Gallo Clavel, Julio Caballero Bello y Saúl Martínez, presuntos responsables de la desaparición del ciudadano de Tixtla José Martínez.

 Sergio Ocampo, corresponsal, Chilpancingo * El subsecretario de gobierno para Asuntos Agrarios, Esaú Tapia Abarca informó que ya se solicitó formalmente al gobierno federal siete predios rústicos ubicados al poniente de esta capital, con la finalidad de construir el Parque Ecológico Omiltemi que tendría una superficie de casi 4 mil hectáreas.

Entrevistado en sus oficinas, en donde estuvo acompañado por la directora del Centro Infantil de Recreación, Científico y Cultural (CIRCYC), Angela Memije Alarcón, quien encabeza a un grupo de académicos, investigadores e instituciones educativas a la construcción de ese proyecto, dijo que los predios solicitados son Aguilillas, Trincheras, Laguna, Agua Fría, Omiltemi, Potrerillos, y Acatatlaxca.

Recordó que el proyecto del Parque Ecológico Omiltemi se ha impulsado desde el período del extinto gobernador Alejandro Cervantes Delgado, quien solicitó a la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) la donación de los predios antes mencionados, aunque también ya se hizo el trámite administrativo ante la Secodam.

Y que incluso desde 1950 el proyecto de Omiltemi se pensaba que beneficiaría a 15 mil personas, ya que ahí existe un resumidero que es un río subterráneo conocido como “El borrego”, había una flora y una fauna increíbles “ había las onzas, que era una especie de puma muy grande, y que en esos años bajaba a la presa de Chilpancingo. Había las famosas ardillas voladoras, árboles de dimensiones increíbles, que ya no hay”.

Sin embargo, expresó que los terrenos siguen siendo propiedad de la nación, pues nunca se desahogó el procedimiento jurídico que el caso requiere, por lo que se propuso que a través de la Secretaría General de Gobierno, se impulse el procedimiento jurídico de desincorporación de dominio público de la federación de los citados inmuebles y la donación a favor del gobierno del estado.

Tapia Abarca consideró que para el 15 de noviembre se tendrá listo el expediente técnico para entregarlo a la Comisión Nacional de Avaluos, pero antes se tienen que agotar todos los procedimientos, lo que incluye las escrituras y los planos de los predios, que ilustren vías de comunicación, los mantos acuíferos, los pueblos que habitan, y un avalúo de los bienes inmuebles y el proyecto del parque ecológico y su programa de inversión del parque y el censo de habitantes.Dijo que posteriormente la Secodam emitirá el decreto de desincorporación si es que cumple los requisitos, y ante un notario público otorgará la escritura de donación al gobierno estatal, y este a su vez emitirá un decreto del área protegida denominada Parque Estatal Omiltemi.Por su parte, Angela Memije manifestó que de darse ese decreto se empezará a impulsar el proyecto de este parque ecológico que, además es una reserva ecológica protegida, porque se tiene previsto que además tenga fines turísticos aprovechando la enorme variedad de flora y fauna que tiene, y la ubicación en que se encuentra.