Alfredo Mondragón * En una asamblea extraordinaria convocada por la subsección 7 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de Salud (SNTSA), unos cien trabajadores de base rechazaron la convocatoria al paro de labores en el Hospital General y abogaron por la permanencia del director Marco Antonio Adame Aguilera, que el gobierno federal destine mayor presupuesto al sector salud y la destitución del líder sindical local. 

Trabajadores de base, opositores a la dirigencia sindical, ante el subsecretario de Salud, Javier Mota Pineda acusaron de corrupción al secretario general de la subsección 7, José Ramón Martínez Sánchez; investigar a la enfermera sindicalizada Antonia Sánchez Alemán por venta de sangre a pacientes y el cambio de categoría de auxiliar de cocina a enfermera de la vocal de Vigilancia, Leopoldina Rodríguez Nava.

Sin embargo, el líder sindical y los acusados, negaron los cargos e informaron que por “acuerdo unánime” de asamblea exigirán a la secretaria de salud, Verónica Muñoz Parra, la destitución de Aguilera Adame, quien “no debe presentarse a partir del lunes 28” y que la Contraloría Interna revise la actual administración del Hospital General.

También acordaron solicitar a la Secretaría de Salud estatal (Ssa) incremente  la cantidad de medicamentos, material de trabajo y entregar a tiempo los uniformes de trabajo para dicho nosocomio, informó una comisión de trabajadores opositores al sindicato, sustentados con una vídeo grabación de la asamblea extraordinaria convocada por la dirigencia sindical realizada ayer a las 12:00 horas en el auditorio del Hospital General.

El pasado 22 de agosto, el Sindicato de Salud, exigió el cese del director del hospital Adame Aguilera, tres subdirectores y lanzó un ultimátum a la secretaria Verónica Muñoz Parra para que en 72 horas otorgara una respuesta o llamarían al paro de labores. También entregaron un documento con 600 firmas de apoyo a su petición.

Sin embargo, en la asamblea extraordinaria de ayer, los cien trabajadores presentes, a pregunta del secretario de Vigilancia José Angel García Moreno al unísono respondieron ¡Nooo! al paro y destitución del director porque aseguran ha tenido un buen desempeño a diferencia de ex directores.

La secretaria de préstamos de la sección 36 del SNTSA, Natividad Bautista Martínez, demandó ante el sub secretario de Salud,  investigar por corrupción al secretario general de la subsección 7, José Ramón Martínez Sánchez, quien convocó al paro de labores en demanda de la destitución de cuatro directivos, porque “no ha informado del paradero de 54 mil pesos mensuales que recibe por concepto de renta de la cafetería”.

Bautista Martínez entregó a Mota Pineda un oficio donde solicita que el departamento jurídico de la Ssa, investigue a la enfermera sindicalizada de este hospital, Sánchez Alemán por venta de sangre y proporcionaron datos del caso de la señora  Reyna Bibiano Cisneros originaria del poblado de Las Garzas, municipio de Cruz Grande, quien por 300 pesos, la acusada consiguió la sangre en el Banco Estatal para su hijo Arturo Bernal Bibiano, que sufrió fractura de fémur, el pasado 12 de octubre. 

Sin embargo, la enfermera Sánchez Alemán, dijo que es “mentira” la acusación de venta de sangre y dijo tener un documento de fecha 14 de septiembre, firmado por la señora Reyna Bibiano, en el que declara que no compró la sangre sino que la consiguió gratuitamente por gestión del sindicato y anunció que demandará a Bautista Martínez por difamación. Bautista Martínez, acompañada de varios trabajadores de base, exigieron al subsecretario de Salud que los atendiera cuando se reunía con la dirigencia sindical en una oficina del nosocomio para tomar acuerdos y evitar el paro de labores, pero cuando el funcionario los atendió denunciaron supuestas irregularidades de Martínez Sánchez y varios integrantes del comité directivo local y proporcionaron al reportero documentos de sus acusaciones. Bautista Martínez acusó al secretario general Martínez Sánchez de pedir a la administración del nosocomio “condonaciones de gastos médicos de pacientes argumentando que son sus familiares o amigos, pero en realidad, posteriormente, al salir de la hospitalización les cobraba la cuenta”. Además, “utilizó las cuotas sindicales para el festejo de su cumpleaños que hizo en el salón de fiestas Coral”. La secretaria de Prestamos del SNTSA, agregó que Martínez Sánchez, no ha reportado los ingresos por el pago de renta  de la fotocopiadora, ubicada en el portón de salida del nosocomio, los ingresos de 9 mil mensuales por instalación de tres máquinas de refresco de la empresa Coca–Cola y las máquinas vendedoras de café, cuya cantidad desconocen, por ello, dijo que exigen su destitución. Por su parte, el líder sindical al salir de la reunión, consideró que las acusaciones de corrupción de Bautista Martínez, se deben a una estrategia política debido a la aproximación del próximo proceso electoral para renovar la dirigencia sindical estatal y es allegada al actual secretario general SNTSA, Carlos Mejía Salgado, quien pretende imponer a su candidato.

  Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Organismos defensores del medio ambiente y el gobierno del estado acuerdan mecanismos para aplicar en La Montaña de Guerrero 5.2 millones de pesos en proyectos y programas para la preservación de la biodiversidad en dos micro regiones de esa zona del estado, informó ayer el secretario de Desarrollo Rural del gobierno estatal, Héctor Manuel Popoca Boone.En tanto ayer se realizó en el auditorio del DIF estatal el Coloquio Estatal Montañas de Guerrero en el marco de la celebración del Año Internacional de Las Montañas en el que el investigador del Colegio de México, Alejandro Guevara Sainez habló de los recursos naturales y la pobreza de La Montaña de Guerrero, mientras que el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, (UNAM) Rodolfo Godínez habló de la legislación ambiental.

El evento se desarrolló a convocatoria del proyecto: Manejo Integrado de Ecosistemas (MIE) Región Montaña que busca el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, así como la conservación de la biodiversidad “a través de metodologías participativas e incluyentes con los miembros de la sociedad”.

El MIE está integrado por dependencias del gobierno federal como la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el Programa de las Naciones Unidas (PNUD) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (CONANP), los tres últimos organismos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como el gobierno del estado.

Este organismo aplicará en programas y proyectos para la protección al ambiente en La Montaña de Guerrero del 2003 al 2009, 5.2 millones de pesos, según se informó ayer.

El secretario de Desarrollo Rural, Héctor Popoca Boone, entrevistado ayer durante el Coloquio Estatal Montañas de Guerrero, informó que con el fin de llegar a acuerdos con respecto a la aplicación de estos recursos el jueves se reunió en su despacho con el representante del programa de las Naciones Unidas sobre protección al Medio Ambiente de las Naciones Unidas, el sueco Olaf Dulsolf.

“Fue una reunión de evaluación de avances con estos organismos de la ONU y la Semarnat”, explicó el funcionario estatal.

Dijo que los 5.2 millones de dólares se van a aplicar en dos microregiones a manera de programa piloto en la micro cuenca de Huamuxtitlán y en la de Malinaltepec-Hiliatenco.

“En un espacio delimitado pretendemos que estos recursos contribuyan a que los hombres y mujeres realicen sus actividades en una forma productiva pero sustentable. Que sustenten la biodiversidad, que la mantenga o que la acrecienten”, explicó Popoca Boone.

Informó que este programa se aplica además de Guerrero, en Oaxaca y Veracruz y que el gobierno estatal va a contribuir con mezcla de recursos y con técnicos. “El gobierno del estado se comprometió a apoyar con un especialista de ecología para que se incluya al grupo de trabajo que va a radicar en Tlapa”. El funcionario no precisó que tipo de proyectos se ejecutarán y señaló que este año fue de conformación del programa y que “las acciones concretas serán el próximo 2003”. Informó que en la reunión del jueves con el representante del programa de protección al ambiente de la ONU, propuso que los recursos que se van a aplicar se radiquen en la región, “porque si vamos a hacer que estos recursos vayan bajando en cascada y a través de varias instancias de decisión lo que va a pasar es que se van a burocratizar y no van a llegar con la oportunidad debida”. Popoca Boone dijo que su propuesta es la creación de un fideicomiso que opere este programa, “que esté administrado desde la región y que ahí se estén autorizando los recursos; es el mejor mecanismos para hacer que esos recursos operen ágilmente de otra manera se corre el riesgo de que se burocraticen como la mayoría de los recursos que llegan a Guerrero”, explicó el secretario de Desarrollo Rural.

 Un testigo que declaró en la agencia del Ministerio Público (MP) de Coyuca de Benítez a favor del celebrador católico, José Píndaro Mendoza, quien denuncia que cuatro encapuchados lo pretendían secuestrar la tarde del domingo, fue interrogado sobre el caso en el juzgado Segundo Penal.La diligencia de interrogatorio fue solicitada por el abogado del dirigente municipal de la Organización Campesino de la Sierra del Sur (OCSS) en Coyuca de Benítez, Jerónimo Hernández Refugio y su cuñado Victoriano Valente Ventura, José Sánchez.

Ambos son acusados por los delitos de secuestro en grado de tentativa, lesiones, portación de armas de fuego y asociación delictuosa en el juzgado Segundo Penal, erradicado en el expediente penal 194-2/2002.

Al rendir su declaración preparatoria el miércoles pasado, José Sánchez pidió al juez Segundo, Luis Aguilar Delgado, la ampliación del término constitucional de 72 horas para ofrecer pruebas y declaraciones que prueben la inocencia de sus defendidos.

Por ello, pidió al juez llamar a comparecer a los testigos que ofreció en el MP de Coyuca de Benítez, Píndaro Mendoza, al denunciar que cuatro encapuchados, –de los cuales no supo si le iban a robar o a secuestrar–.

Entre los llamados a comparecer estuvo Francisco Javier Durán Gómez, médico de la Procuraduría adscrito al MP de Coyuca, los agentes de la Policía Motorizada que presuntamente detuvieron a los procesados, el comandante José Celerino Bibiano Pineda y los policías Trinidad Rodríguez Castillo, Félix Márquez Cerón.

Sin embargo, al juzgado solo acudió Durán Gómez y los policías Bibiano Pineda, Rodríguez Castillo y Márquez Cerón. Los policías se retiraron del lugar porque la diligencia se demoró. No acudió Píndaro Mendoza.

Durán Gómez dijo que es médico de la Procuraduría y que cuenta con un consultorio propio en Coyuca, explicó que declaró como testigo en torno a la denuncia que interpuso Píndaro Mendoza porque tiene buena reputación y es un buen ciudadano.

Contó que atendió a Hernández Refugio y Valente Ventura y que declaro en el MP a favor de Píndaro Mendoza porque se vio “orillado” a declarar.Por ello, José Sánchez pidió al juez que no tome en cuenta la declaración de Durán Gómez porque no es un testigo idóneo sino parcial.En entrevista, José Sánchez aseguró que Durán Gómez fue utilizado por la Procuraduría para “darle cuerpo a la averiguación” –Tab/Coy/01/318/2002–, iniciada por Píndaro Mendoza contra sus clientes.En el juzgado, José Sánchez ofreció a Efimenia García Hernández y Domingo Loeza García, como testigos a favor de sus defendidos.Además José Sánchez informó que sobre la detención de Hernández Refugio y Valente Ventura, presento ya una queja en la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado (Codehum), por abuso de autoridad, lesiones, tentativa de homicidio, privación ilegal de la libertad, amenaza, torturas y lo que resulte.Agregó que la queja es contra el comandante de la Policía Motorizada de Coyuca, Bibiano Pineda; el titular del MP, Esteban Caballero Otero; el comandante de la Policía Judicial del Estado (PJE) adscrito al MP de Coyuca, Crescencio Pineda Damián y el ex comandante regional de la PJE, Teodomiro Lara González. (Jorge Nava)

Maricela Santos, corresponsal, Zihuatanejo * El secretario de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, Felipe Arriaga Sánchez, opinó que las autoridades estatales y municipales recientemente electas deben de inmiscuirse de manera directa en la conservación y cuidado de los recursos naturales “porque todos necesitamos del agua y del aire”.

Esto durante la entrega de recursos para proyectos para mejorar y conservar los recursos naturales que realizó el representante en la Costa Grande de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Antonio Valdivia Zúñiga, en cumplimiento al acuerdo que tuvo esta organización con el secretario Víctor Lichtinger Waisman en el recorrido que realizó por esta región el año pasado.

Valdivia Zúñiga y Felipe Arriaga Sánchez reconocieron que estos recursos para los proyectos productivos atienden apenas a unas 40 hectáreas aproximadamente de bosque afectado por la deforestación en Petatlán.

Valvidia Zúñiga explicó que este año se invertirán 871 mil pesos para proyectos de vida silvestre, conservación de suelos y prevención y combate a incendios forestales, de los cuales 197 mil 560 pesos corresponde al Programa de Desarrollo Rural Sustentable (Proder) que se destinará directamente a cuatro proyectos productivos para actividades de conservación y regeneración de suelos en una superficie de 40 hectáreas.

Los recursos restantes corresponden al Programa Nacional de Reforestación (Pronare) que ascenderá a 98 mil pesos exclusivamente en Petaltán y los cuales se manejarán por medio de la Comisión Nacional Forestal (Conafor). Este recurso se aplicará en programas de reforestación en las comunidades de Cuajinicuilar, Parazal, Zapotillal, La Botella, Barranca del Balsa y Colonia Benito Juárez.

Valdivia Zúñiga informó que el año pasado se aplicaron 38 proyectos productivos, con un monto de un millón 126 mil pesos para actividades de prevención a incendios, de plantaciones agroforestales, capacitación, y conservación de microcuencas en el área del río de Petatlán que atraviesa el ejido de La Botella. En el 2001 recordó que se benefició a 15 comunidades en total de la sierra de Petatlán entre ellas El Parazal, Zapotillal, San José Los Olivos, Mameyal, La Botella, Corrales, Las Mesas, Arcelia y Palomar, por citar algunas. Los proyectos son sufragados por el gobierno federal según dijo Valdivia Zúñiga, quien además informó que en un programa piloto que se está realizando con miras al inventario nacional forestal, se encontró que la deforestación ha disminuido en un 20 por ciento en relación al inventario más inmediato. Los recursos fueron entregados este viernes a los comités comunitarios de obra de El Zapotillal, representado por Alifonso Martínez Torres, Enereida Cortés Gutiérrez de El Parazal e Isidro Fuerte González de San José Los Olivos y los proyectos serán vigilados por el despacho consultor denominado Promoteres del Desarrollo Social sustentable que encabeza la ingeniera agroecológica, Juanita García Márquez, quien mantiene contacto con los gestores  Felipe Arriaga y Juan Bautista.

 Francisco Magaña, corresponsal, Atoyac de Alvarez * El dirigente del Consejo Comunitario Lucio Cabañas Barrientos, José Luis Arroyo, informó que en una visita al reclusorio de Acapulco constaron el mal estado de salud de los presos políticos como secuelas de la huelga de hambre que mantuvieron por casi un mes en junio.

Señaló que Omar Guerrero y Rogelio García Pineda, les expresaron que ante lo estancado que está la ley de amnistía por los gobiernos federal y estatal se valora que el 7 de noviembre inicien una huelga de hambre con mayor presión y apoyo de las organizaciones sociales que se incorporarán para exigir que se cumpla.

Asimismo expuso que en esa visita al Cereso de Acapulco tomaron la denuncia que les presentó el dirigente de la OCSS en Coyuca de Benítez, Jerónimo Hernández Refugio, a quien observaron que tiene secuelas de torturas por un ojo golpeado y piden al gobierno que se apegue a derecho en su caso.

En su testimonio expone que fue torturado con bolsas de plástico en el cuello y golpes por lo cual se declaró culpable de secuestro y fue remitido Acapulco en donde escuchó que alguien dijo a los judiciales que mejor lo hubieran matado a “este hijo de su puta madre por ser sobreviviente de Aguas Blancas”. Dijo que lo llevaron a un cuarto en donde lo torturaron para que se hiciera responsable de tres secuestros más de Servando Luna de Tepetixtla y Margario Ponciano de Paso Real. José Luis Arroyo indicó que le informó que el 6 de octubre fue interceptado por 10 hombres fuertemente armados y encapuchados en Atoyaquillo, cuando iba a una huerta de coco, pero no lo denunció por miedo. Señaló que Tomás Landeros y Guadalupe Joven, presuntamente priístas y responsables de un secuestro, fueron quienes lo acusaron ser el orquestador de un secuestro y esa pareja fue detenida en el lugar de los hechos, por una persona de apellido Luna, pero los liberaron ocho días después. El padre de Jerónimo Hernández Refugio, Juan Hernández Lozano, denunció que después de la detención de su hijo la sierra de Tepetixtla ha sido militarizada y están atemorizando al pueblo. Sostiene que su hijo no es secuestrador “si viera el gobierno en las condiciones que vivimos, somos pobres, reconozco que mi hijo es un luchador social no un secuestrador”.

Francisco Magaña, corresponsal, Alcholoa * Campesinos de la OCSS de Atoyac y Coyuca de Benítez realizaron bloqueos intermitentes en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, exigiendo la libertad de Jerónimo Hernández Refugio.

Aproximadamente por 4 horas, cien campesino de la OCSS de Atoyac y Coyuca de Benítez, encabezados por las hermanas Norma y Rocío Mesino así como el dirigente de la Coordinadora Lucio Cabañas, Ranferi Hernández Acevedo, realizaron un bloqueo por casi cuatro horas en la carretera federal cerca de la comunidad de Alcholoa. 

La demanda de los manifestantes era que acudiera al lugar el procurador de Justicia del estado Jesús Ramírez Guerrero para plantear la libertad del dirigente de la OCSS de Coyuca de Benítez, Jerónimo Hernández Refugio, lo cual nunca se dio.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP), que tomaron fotos de los dirigentes del bloqueo así como personal del Ministerio Público de Atoyac, que tomó nombres de algunos de los presentes.

La líder de la OCSS en Atoyac, Rocío Mesino señaló que esta acción era para reprobar la acusación del estado que el sobreviviente de la matanza de Aguas Blancas sea un secuestrador.

“Los secuestradores, narcotraficantes y roba coches, son los que están dentro de las corporaciones  judiciales y militares que han sido últimamente detenidos como prueba de ello”, señaló.

Dijo que este hecho coincide con los preparativos que estaba realizando Hernández Refugio para el foro en el cual iban a participar como sobreviviente de la masacre de Aguas Blancas.

Enfatizó que su moviento no era un bloqueo total “es un retén informativo en el cual cada 15 minutos permitiremos el tránsito vehicular y espero que nos comprendan los terceros que no tienen nada que ver en esto, pero son también sociedad”. Reiteró que Hernández Refugio, fue torturado para que se declarara culpable por que le pusieron una grabación en como muestra de que ellos –los judiciales- tenían a su hija quien lloraba en la cinta. Mesino Mesino, narró que durante la tortura le cuestionaron de que era guerrillero y sobre el paradero de su hermano Miguel Ángel Mesino, a quien dijo han tachado de guerrillero. El bloqueo fue levantado casi cuatro horas después, ante lo que califico Ranferi Hernández Acevedo como una falta de insensibilidad de las autoridades en responder a las demandas de que se de la libertad a Jerónimo Hernández. Señalo que buscarán una audiencia con el procurador en Chilpancingo para buscar su libertad, esto como un acto de madurez y estar concientes, para no afectar a terceros y buscar las vías del dialogo aun cuando no vengan ellos.

  El costo de un periódico independiente

A partir del próximo lunes, el precio de portada de El Sur será de 5 pesos por ejemplar. La medida es parte de un plan para superar la falta de liquidez causada por el gobierno del estado, que ha incumplido con el pago de publicidad contratada por los meses de julio, agosto y septiembre como represalia por la cobertura independiente en nuestras páginas del pasado proceso electoral.

Adicionalmente, y para confirmar que se trata de una decisión política, desde una semana antes de las elecciones la Dirección de Comunicación Social del Gobierno del Estado suspendió el envío de boletines y fotografías oficiales a nuestra Redacción, lo que vulnera el derecho a la información de nuestros lectores consagrado en la Constitución.

Una línea más de agresión contra nuestro periódico es que en el mismo contexto del proceso electoral, el entonces agente del Ministerio Público Central de Acapulco, Rafael Meza Adame, sin respetar las garantías constitucionales consignó al juez séptimo de lo penal, Margarito Avila Serrano, una averiguación previa con petición de orden de aprehensión contra el director general de El Sur, Juan Angulo Osorio, por una demanda penal que puso La Jornada en octubre de 2001; es decir, 11 meses antes de la sospechosa decisión del MP tomada en septiembre. Evidentemente no hay bases para librar la orden de aprehensión, pues las acusaciones contra nuestro director no tienen ningún sustento, pero el juez dilata la resolución en la que debe negarla, como parte de la misma presión política contra nuestro medio.

Como lo hizo con otros medios durante la campaña, la Dirección de Comunicación Social buscó manipular informaciones en El Sur, y ante nuestro rechazo a esta pretensión, golpea con la suspensión del pago de publicidad ya contratada, y del acceso a la información. Se trata ese de un diseño muy anticuado, como otros en otras áreas –incluida la electoral– que sólo han significado fracasos para el gobierno del estado ¿Qué beneficios le reportó al gobernador el millonario gasto desfondado en periódicos que ocultaban la información o la desvirtuaban? ¿Cuántos votos ganaron los candidatos de su partido de esa manera?

El gobierno del estado es una entidad que  representa a todos los guerrerenses, y por eso no debiera regirse por intereses partidistas o facciosos. Esperamos que los resultados electorales contribuyan a modernizar la relación entre la prensa y el poder, y propicien un combate a fondo a la corrupción en la procuración y administración de la justicia, para lo cual confiamos en el desempeño del próximo Congreso local que tantas expectativas está despertando en la sociedad guerrerense, y que por eso ya desde antes de constituirse enfrenta los embates del mismo gobierno que, al atacar a nuestro medio, atenta contra la libertad de expresión. Urge que se reglamente y se hagan públicos los criterios con los cuales se asignan los millonarios contratos de publicidad oficial. Que ésta deje de ser un instrumento de control del gobernador en turno, un mecanismo para premiar a los editores que desprestigian nuestra profesión y de castigo para quienes sólo quieren ejercer su oficio con la dignidad que merece y cumplir con lo que la sociedad espera de los periodistas.

Urge que haya un Poder Judicial independiente en el cual no haya jueces que se dejen manejar por presiones políticas o simplemente por dinero. Urge que el Ministerio Público sea realmente representante de la sociedad y protector de los ciudadanos, y no una institución al servicio de los poderosos de la política o del dinero. Lamentamos estar de nuevo en una posición de conflicto con el gobierno del estado. Nosotros no lo buscamos. ¿Hemos tergiversado alguna información oficial? ¿Hemos faltado al respeto al gobernador o a alguno de sus secretarios? ¿Hemos actuado con dolo o mala fe al cubrir alguna actividad gubernamental?

Somos críticos porque esa es la esencia del periodismo. Somos periodistas profesionales; es decir, críticos con convenio de publicidad e igualmente críticos sin convenio de publicidad. Estamos decididos a mantener la lucha por una nueva relación con el poder, y dispuestos a pagar los sacrificios que ello implique. Seguiremos denunciando en primer lugar ante nuestros lectores y la sociedad y en las instancias legales correspondientes la actuación irregular del agente del MP . Y al juez lo único que exigimos es que actúe de manera imparcial y con apego a la ley. De toda esta situación están informados todos los trabajadores de El Sur quienes han aceptado el plan de austeridad acordado por el Consejo de Administración de Información del Sur SA de CV y han cerrado filas con la Dirección General para sostener la independencia editorial del periódico. No vamos a dar marcha atrás en la defensa de El Sur. La sociedad civil se muestra cada vez más interesada en los asuntos públicos, y en ella confiamos para superar este nuevo conflicto. Estamos seguros de que nuestros lectores y amigos sabrán reconocer cuán importante es para el desarrollo del estado que exista un periodismo independiente, y actuarán en consecuencia.

Aurelio Peláez * El PRI (o la Alianza para Todos), que impugnó la residencia en sus distritos de dos de los siete diputados electos del PRD en Acapulco, también había registrado a al menos dos candidatos –que perdieron la elección– que incumplían con esa norma.

Por ello, Yolanda Villaseñor Landa, electa como diputada en el distrito 28 y a quien el Tribunal Electoral del Estado (TEE) le retiró la constancia de mayoría, no duda en calificar de “golpe bajo” y hasta una venganza política del priísmo por haber perdido todas las posiciones en disputa en Acapulco, la impugnación presentada contra su residencia y que  fue avalada por el tribunal.

Y es que su contendiente por la Alianza para Todos en el distrito 28, César Flores Maldonado, ni radica “ni tiene arraigo” en ese distrito, que integra a Ciudad Renacimiento, La Sabana y los poblados de los bienes comunales de Cacahuatepec, lugar en el que Villaseñor Landa tiene trabajo político desde 1996.

De los otros ex candidatos priístas, es conocido que Miguel Mayrén Domínguez, quien contendió como candidato por el distrito 13, radica en el fraccionamiento Magallanes, esto es, en el distrito 17. Apenas a principios de año el ex titular de la SEG cambió su residencia electoral a Tierra Colorada, municipio que también es parte del distrito por el cual contendió.

Otro ex candidato priísta, por el distrito 18, José Luis Avila Sánchez, defiende su caso. A él se le ubicaba como originario de la colonia Morelos, en el distrito 05. “Se me identifica con ese lugar porque ahí está la casa de mis padres, pero yo no tengo problema de residencia, yo cubrí al cien por ciento los requisitos de la ley, presenté carta de residencia, tengo casa en la unidad Vicente Guerrero 2000 y un terreno en la colonia Bonfil desde 1991. Además yo nací en San Marcos (el distrito 18 abarca ese municipio y la unidad habitacional El Coloso, entre otros) y viví ahí hasta los ocho años”. En la Morelos, José Luis Avila tiene su casa en la avenida Reforma.

Avila Sánchez también presentó una impugnación en contra de la elección que dio el triunfo al candidato perredista Mariano Dimayuga. La demanda estaba por ser revisada para la noche del jueves en el TEE, aunque el antecedente de su caso era que la presidenta del Tribunal, Virginia López Valencia, había adelantado que si no había recursos de impugnación en las casillas –como era el caso en su mayoría– no se revisaría el caso.

José Luis Avila pidió que se aplique la ley y se atienda su demanda para la revisión de las irregularidades en el distrito, en donde dijo, se cambió la ubicación de casillas, el conteo de votos fue incorrecto, hay actas no firmadas ni por el presidente ni por el secretario de casilla y hubo intimidación de grupos del PRD en contra de los votantes.

Para Yolanda Villaseñor la impugnación a su elección por parte del PRI, ya al final del proceso electoral, “es parte de las reacción del sistema priísta, que cuando no ganan arrebatan, y es evidente el interés superior por seguir manteniendo el control del Congreso del estado”.

Afirmó que al PRI “no le bastó querer manipular con despensas”, y calificó la revocación de la constancia de mayoría por parte del TEE como “una agresión a la voluntad ciudadana, en ese sentido hay una total incongruencia por parte del discurso oficial del gobierno del estado”, que dice que “no hay ningún problema” por los triunfos de la oposición.

Dijo que “nosotros estamos optimistas y preparando el recurso de reconsideración ante la Sala Central del TEE y en caso de que fuera contraria la resolución nos queda el Tribunal federal electoral”. Afirmó haber presentando ante el TEE la documentación necesaria “y si se hace un análisis serio y en forma tiene que cambiar el veredicto”. En su caso, sostuvo que más que el elemento de radicación, ha demostrado que tiene el arraigo, que es el que el TEE debe de tomar en cuenta. “Tengo el trabajo político y presencia desde 1996 en el distrito y lo compruebo con documentales que presenté”, dijo. Afirmó que los distritos “se dan en función de la representación de ciudadanos, no de la territorialidad, un diputado es un representante que debe de conocer la problemática del distrito”. Y sostuvo que la revocación de la constancia de mayoría a ella y a Gloria Sierra en el distrito 26, “se trata de una cuestión hasta personal, pero me atengo a lo que decida la Sala Central. Estamos en pie de lucha”. El PRI, donde por décadas se habló con sorna internamente de candidatos que “aterrizaban en paracaídas” en distritos o municipios en donde después serían diputados y alcaldes, ahora se recurre el requisito de residencia en el lugar, algo que no era tomado en cuenta cuando ganaban todas las elecciones.

 * Pediremos juicio político contra el magistrado Montes, adelanta Martín Mora * Protege al gobernador porque falló contra las dos diputadas electas más combativas “que lo mantendrían bien fiscalizado”, afirma

 Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * El presidente estatal del PRD, Martín Mora Aguirre anunció ayer movilizaciones en defensa de Gloria Sierra López, Yolanda Villaseñor Landa y Genaro Vázquez Solís, a quienes el Tribunal Electoral del Estado (TEE) revocó sus constancias de mayoría como diputadas por el distrito 26, del 28 y alcalde de San Luis Acatlán, respectivamente.

Asimismo anunció que el PRD revisará las actuaciones del magistrado Rodolfo Montes Alcántara –quien como magistrado presidente de la Cuarta Sala Regional del TEE revocó los triunfos de los tres ganadores por el PRD– contra quien solicitará juicio político en la próxima legislatura local –que comienza el 15 de noviembre– por su parcialidad “a favor del PRI”.

Señaló al magistrado Montes Alcántara “de prestarse a los intereses del PRI, de haber generado la desconfianza en el Tribunal Electoral por su parcialidad y su franca animadversión al PRD”.

Además de la movilización para defender los triunfos del PRD, Martín Mora reiteró la voluntad de su partido de seguir apelando a las instancias legales para revertir las resoluciones de la Cuarta Sala.

Entrevistado en esta ciudad momentos antes de que iniciara una reunión en la que alcaldes salientes del PRD expusieron sus experiencias de gobierno ante alcaldes electos y diputados electos, dijo que los perredistas no permitirán que “magistrados priístas le quieran regresar distritos y municipios a su partido”.

De Gloria Sierra y Yolanda Villaseñor, señaló que el magistrado Rodolfo Montes “se prestó al juego del gobernador René Juárez para protegerlo, luego de que sabía que las dos compañeras son las más combativas y se habían comprometido a combatir la corrupción de su gobierno y lo mantendrían bien fiscalizado”.

Los diputados que fueron a Casa Guerrero tendrán que rendir cuentas

Por otra parte, Mora anunció que los diputados perredistas “tendrán que rendir cuentas a la dirigencia estatal” de su partido por la visita que hicieron el jueves a Casa Guerrero en la que, trascendió, habrían solicitado al gobernador un bono de retiro. El presidente estatal del PRD dijo que con ello, los diputados locales “han evidenciado al partido, que ni siquiera nos consultaron para ese encuentro”. Dijo que el caso será analizado este sábado en la reunión del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) para asumir una postura, pues consideró que es “incompatible” que mientras la dirigencia nacional y estatal del PRD han demandado penalmente a René Juárez Cisnerospor utilizar recursos con fines proselitistas a favor del PRI, los diputados perredistas se reúnan con él para pedirle dinero, cuando la instancia donde debe discutirse es en el Congreso del Estado y no con el gobernador . Molesto por la actitud de los diputados perredistas, Martín Mora indicó: “Deben conocer que no están al margen del partido, lo menos que debieron hacer es avisar al Comité, que se entrevistarían con el gobernador”.

 * Les pide gobernar con humildad * Habla de su experiencia a los ediles y diputados electos del PRD junto con los alcaldes salientes de Juan R. Escudero y Quechultenango

 Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * El presidente municipal de Acapulco, Zeferino Torreblanca Galindo, advirtió a alcaldes electos del PRD que no deben esperar ningún apoyo del gobierno de René Juárfez Cisneros, pues es un gobierno que “jinetea” los recursos federales que son de los municipios mientras que los fondos estatales “sólo los entrega a los gobiernos del PRI y a los dirigentes de su partido donde gobierna el PRD”.

Los exhortó por eso a “cobrar impuestos sin temor a la repercusión política” –más cuando se prevé que la recesión afecte a las finanzas municipales– y también a gobernar “con humildad” y no sentirse “la mamá de Tarzán” una vez que lleguen al ayuntamiento.

Torreblanca estuvo ante 13 alcaldes electos de un total de 30 y de seis de los 18 diputados que triunfaron en la elección del pasado 6 de octubre. El encuentro realizado en el exclusivo restaurante de esta ciudad, fue convocado por el Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PRD. Allí, el secretario general Hermilo Mejía Estrada presentó a los alcaldes que darían a conocer sus experiencias, el de Juan. R. Escudero, Juan Antelmo Bello; y el de Quechultenango, Jesús León Carvajal, además de Zeferino Torreblanca.

Primero en hablar, Torreblanca dijo que aunque Acapulco no se compara con otros municipios, sí podrían retomarse estrategias y políticas generales impulsadas por su administración que contribuyeron a optimizar y captar más recursos.

Destacó que los presupuestos que manejan los ayunrtamientos tienen poco margen de maniobra en la relación entre recursos propios y recursos federales y que el famoso Ramo 33 no es una “varita mágica” para resolver los problemas del municipio.

Explicó que del cobro de impuestos federales se regresa a los municipios el 20 por ciento establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, pero sólo reciben el 18 por ciento y el restante 2 se lo queda el gobierno del estado. Recordó que fue eso lo que lo llevó a promover un juicio de controversia constitucional contra el gobierno de René Juárez “por el jineteo de nuestros recursos por más de 80 millones de pesos mensuales y que el próximo 23 de noviembre habremos de acudir a la audiencia pública donde se resolverá y ganaremos”, aseguró.

Sin entrar en detalles, les explico también los diferentes fondos del Ramo 33 y su aplicación de acuerdo con la normatividad vigente, y puso énfasis en el sentido de la administración municipal. Informó que el próximo 15 de noviembre hará entrega pública de los Libros Blancos con las cuentas y gastos saneados que dejará al ayuntamiento.

Luego los llamó a estar alertas para exigir que el gobieerno estatal entregue a tiempo los recursos federales, y eso significa que los alcaldes los deben recibir en los primeros cinco días de cada mes, y no 18 días después como lo hace el gobernador René Juárez, a quien criticó porque además aprovecha la entrega de los recursos que regresa la federación para “sacarse la foto como si fuera el gobierno del estado quien los aportara”.

Fue entonces que retó a los alcaldes electos “a tomar el riesgo de ser diferentes” e impulsar políticas y estrategias políticas para modernizar las administraciones municipales, a no estar supeditados al gobierno estatal y federal “porque la recesión en el país repercutirá en las finanzas de los ayuntamientos y cobrar impuestos sin temor a la repercusión política”.

Reitero su crítica al gobernador, para decir que no esperen recursos del gobierno del estado, que fue el pleito que sostuvieron en estos tres años pasados, porque de los recursos llamados de Inversión Estatal Directa, “René Juárez Cisneros sólo entrega recursos a los gobiernos del PRI y a los dirigentes de su partido donde gobierna el PRD”.

Y lo fundamental, les dijo que para obtener recursos propios deberían impulsar la Ley de Ingresos en cada uno de los municipios y no esperar que el gobierno del estado les diga cuánto cobrar en sus municipios.

Para ello los convocó a estar unidos gobierno y partido y nunca sentirse en el ayuntamiento “la mamá de Tarzán”, sino gobernar “con humildad”.

Luego Zeferino Torreblanca tuvo que dejar la reunión para atender asuntos en Acapulco.

Siguió el alcalde Juan Antelmo Bello, quien reconoció que el PRD perdió en Juan R. Escudero porque no tuvo la visión política de la obra pública, pero también dijo que el partido debería asumir autocríticamente su responsabilidad política por no hacer su trabajo.

Criticó que René Juárez hizo obras apoyando a los presidentes seccionales del PRI y que eso provocó que la gente dijera que el municipio no hizo obras.

Mientras, el alcalde con licencia de Quechultenango, Jesús León Carbajal aconsejó fijar políticas de participación ciudadana para la realización de obras y ahorrar recursos.

También dijo que una obligación de todo gobierno perredista era el de establecer una política de comunicación para dar a conocer las acciones de gobierno, y coincidió con Zeferino Torreblanca en que lo mejor era analizar cuáles medios de comunicación tenían más cobertura y penetración para divulgar la obra y no repartir el dinero a cuanto medio lo pidiera, porque eso merma el presupuesto.

Antes, el presidente estatal del PRD, Martín Mora Aguirre dio le bienvenida a los alcaldes y les dijo que la reunión era el inicio de una estrecha relación de trabajo entre partido y autoridades emanadas de él, coordinados también con los diputados electos.

Al encuentro llegó el senador Armando Chavarría cuando hablaba el alcalde de Acapulco, saludó a algunos diputados electos, intercambió con ellos algunas palabras y abandonó el lugar. Asistieron los alcaldes electos de Acatepec, Raymundo García; Canuto Neri, Rosendo Calderón Ayala; Cualac, Fortunato Sánchez; un representante de José Azueta, el regidor electo Mauricio Cancino González; La Unión, Carlos Reyes Torres; Petatlán, Francisco Rodríguez Aceves; Quechultenango, Bernardo Ortega; Teloloapan, Modesto Brito González;  Tlacoapa, Jesús Navarro Sierra; Tlalchapa, Guadalupe Eguiluz Bautista; Xochihuehuetlán, Lorenzo Arriaga Báez; Tecoanapa, Ignacio Luna Jerónimo; y San Luis Acatlán, Genaro Vázquez Solís  que más tarde se enteraría de que fue revocado su triunfo por el magistrado de la Cuarta Sala Regional del Tribunal Electoral del Estado, Rodolfo Montes Alcántara, el mismo que revocó los triunfos de las diputadas electas por el distrito 26 y 28 de Acapulco, Gloria Sierra y Yolanda Villaseñor. Los diputados electos presentes fueron, del distrito 05, Adela Román; del 09 de Iguala, RodolfoTapia; del 12 de José Azueta, Víctor Buenrostro; del 24, Mauro García Medina y los diputados plurinominales Rosa María Gómez Saavedra y José Jacobo Valle.