Maricela Santos, corresponsal, Zihuatanejo * Padres de familia de la escuela primaria Juan Ruiz de Alarcón tomaron las instalaciones del plantel en demanda de que sean destituidos tres profesores que pararon labores de manera indefinida el miércoles 23 y exigieron la intervención de la SEG para que se designe un nuevo director.

En respuesta el representante de la SEG, Miguel Angel Cortés Galicia interpuso una demanda contra los padres de familia ante la Agencia del Ministerio Público del fuero común de Zihuatanejo.

La presidenta del comité de padres de familia, Guadalupe Arciga Vargas dijo que la toma de las instalaciones “la hacemos porque un grupo de diez profesores decidieron un paro de labores unilateral y sin justificación alguna, y no lo vamos a levantar hasta que nos den una explicación e intervenga la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG) para designar un director”.

A las 7:30 de la mañana el medio centenar de padres de familia que llegaron con sus hijos uniformados y que permanecieron afuera del plantel hasta las 11 horas donde colocaron dos mantas donde pedían la intervención de la SEG.

A las 8:30 se presentó al plantel el profesor Miguel Angel Galicia Cortés representante jurídico de la Subcoordinación de Servicios Educativos en la Costa Grande, el jefe del sector educativo 09 Alfonso Becerra y el supervisor de la zona escolar 90 Raúl Arriaga Jiménez quienes solicitaron a los padres de familia presentes la apertura de las instalaciones y declinar en la toma de las instalaciones de la escuela.Los padres de familia entregaron entonces un pliego petitorio de tres puntos en demanda de que los resuelva a la brevedad posible la SEG.El documento exige respeto a la integridad de sus hijos porque hay denuncias de maltrato a los estudiantes de parte de una de las profesoras paristas Marina Eugenia Sandoval Salinas, la designación urgente de un director para que se acabe la anarquía en el plantel y la destitución de las profesoras Idolina Gómez Cebrero, Marina Eugenia Sandoval Salinas y del intendente Salvador Avila Abarca a quienes consideran los “autores intelectuales” del paro.La madre de familia Guadalupe Arciga Vargas señaló que los alumnos y padres de familia se presentaron a clases el miércoles 23 “y vimos que los profesores abandonaron la institución sin presentarse”.

 Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo * Luego de cumplir dos días en paro de labores, los trabajadores de diversas áreas de Educación Especial de la SEG pertenecientes a la CETEG y de la Sección 18 del SUSPEG, no lograron ninguna respuesta favorable a sus demandas, a pesar que desde el miércoles por la tarde instalaron las mesas de negociaciones.

El secretario de Trabajo y Conflictos de Niveles Especiales de la CETEG en la Sección 14 del SNTE, Nicolás Chávez Adame reconoció que las mesas de trabajo se “atoraron” en cuanto a la solución de los Cendis-DIF, por lo que se solicitó la presencia del secretario de Finanzas, Rafael Acevedo Andrade para que diera respuesta a los recursos faltantes en esta área.

Explicó que también se dijo que el interlocutor sería el subsecretario de Educación, Adrián Villa, para localizar al titular Daniel Pano para que se instalaran las mesas de trabajo pero “nos quedamos a dormir, y si bien está a punto de terminar la mesa de Educación Especial, falta lo relativo a los Cendis-DIF”.

Señaló que durante las negociaciones se avanzó en las demandas planteadas por Educación Especial, Misiones Culturales, y los Cendis-SEG, pero en donde no hay avance es en los Cendis, a pesar de que llegó el subsecretario de Finanzas, Salvio Herrera, quien planteó un panorama nada halagador, por eso lo están analizando el dirigente de la Sección 18 del SUSPEG, Simón Ramírez, y la dirigente de los Cendis-DIF, Francisca Rivera.

En el caso de estos Cendis, se propone que debido al cierre presupuestal y al recorte a las entidades no ha permitido que fluyan los recursos, será hasta el mes de enero del próximo año cuando se empiecen a liberar los recursos, pero no se llegó a nada en concreto.Chávez Adame reiteró que en el caso de la mesa de Misiones Culturales, se finiquitó en tiempos y ajustes, faltan algunos aspectos de Educación Especial, y de Educación Física, y por la noche de hoy (ayer) se esperará la respuesta a los Cendis-DIF, pero el paro indefinido continuará hasta que no haya una solución global.Sin embargo, advirtió que las minuta de acuerdos para Educación Especial, Misiones Culturales, Educación Física, y los Cendis-DIF, necesariamente tendrán que ser firmadas por el titular de la SEG, Daniel Pano Cruz, y el de la Sefina, Rafael Acevedo Andrade, de lo contrario no se levantará el paro de labores.

 Un Ejecutor del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), acompañado por tres policías preventivos, ingresó ayer por la fuerza a las instalaciones de la Facultad de Matemáticas de la UAG e intentó embargar equipo de cómputo de la institución.

El funcionario del IMSS, Rogelio Bandala Márquez pretendió hacer efectivo un presunto adeudo de la UAG con el IMSS, por una obra realizada por un contratista en 1996. La empresa contratada para edificar dos aulas, no hizo el pago del seguro de los trabajadores, que ahora la institución de salud pretende cobrar a la universidad.

El ejecutor llegó acompañado por tres policías armados durante el cambio de turno de trabajadores de la facultad. Según directivos de la escuela, llegó en forma prepotente exigiendo a la asistente del subdirector, Aurora Guevara Arroyo, “que dejase realizar el embargo y que no se metiera”. Afuera esperaba la patrulla 091 y un camión de mudanzas.

De inmediato, intentó llevarse equipo de cómputo, sin inventariar, incluyendo una fotocopiadora con valor de 25 mil pesos, desconectaron además un teclado, una CPU que ya habían llevado al camión de mudanza y pretendían trasladar la fotocopiadora.

Aurora Arroyo recriminó al funcionario de la institución de salud su comportamiento, y la intervención de alumnos y del maestro Maclovio Sauto impidió que se llevaran el equipo propiedad de la facultad.Tal posición los obligó a retirarse, pero volviendo a intimidar con la presencia de una patrulla sin numero en las afueras de la facultad, ubicada en la calle Carlos E. Adame de la colonia Garita.La UAG informó que se reserva el derecho de hacer valer el suyo, exigiendo no más injerencias irrespetuosas, prepotentes y abusivas en sus recintos, y sugiere que cualquier requerimiento debe tratarse con las instancias oficiales de la institución.

 El aspirante a secretario general del STAUAG por la planilla Unidad Sindical, Andrés Nájera Hernández sugirió que la revisión del contrato colectivo “no debe mutilar” los derechos de los trabajadores universitarios.En visita a la redacción de El Sur, el aspirante dijo que es bienvenida la propuesta del contrato colectivo de trabajo siempre y cuando “no se mutilen” los derechos laborales de los cientos de trabajadores.Al respecto ejemplificó con la cláusula 13, que especifica que los trabajadores jubilados deben gozar de los mismos derechos que los trabajadores en funciones.Indicó que la cláusula 15 transitoria señala que los trabajadores jubilados por fuerza mayor deben tener las mismas prestaciones, salarios e incrementos que se otorguen. En resumen, dijo que todos los trabajadores deben ser respaldados.Dijo que como planilla aspirante a la dirigencia estarán atentos del proceso de revisión del contrato colectivo.La planilla contiende con Alianza Sindical encabezada por Martín Barragán Solís, y las elecciones se harán el 30 de noviembre. (Raquel Santiago Maganda)

 Raquel Santiago Maganda * El presidente de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Senadores, Armando Chavarría Barrera informó que fue aprobado el dictamen para la creación del Fondo para la equidad y el fortalecimiento de la educación superior pública, que pretende equilibrar la inversión por cada estudiante de las universidades públicas más pobres.El senador acudió ayer a la conferencia de prensa en donde el subsecretario de Educación Superior e Investigación Científica, Julio Rubio Oca informó de los avances en el proceso de acreditación de la UAG.Chavarría Barrera vaticinó que en el 2003 podrá ejercerse el fondo de equidad que pueda disminuir la brecha diferencial entre algunas universidades y otras, en la cuestión de incrementar recursos para invertirlos en los estudiantes.Informó que según datos del Senado actualmente 15 millones de jóvenes no tienen acceso a la educación media y superior. En un estudio de la Comisión que preside de los diez años que van de 1991 a 2002 las cifras muestran que en 1991 ingresaron a primaria 14.5 millones de niños, pero en 2002 ingresaron sólo 2 millones 200 mil jóvenes a las universidades y el resto se quedó en el camino.Por eso, consideró que el asunto de las universidades públicas “es grave” y por lo tanto “se debe equilibrar porque es injusto pedir rendimiento igual cuando existen carencias”.

 * También serán para solucionar parcialmente el problema de falta de reconocimiento de antigüedad de los trabajadores universitarios * Es una cifra muy alta para una universidad pública, dice el funcionario de la SEP

 Raquel Santiago Maganda * Por primera vez en su historia la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) recibirá del gobierno federal 60 millones 592 mil pesos, que representa el 11 por ciento del subsidio universitario, con la intención de capacitar a su personal docente, mejorar la infraestructura y solucionar parcialmente el problema de falta de reconocimiento de antigüedad de los trabajadores universitarios.

Durante la conferencia de prensa en el hotel Mayan Palace, en donde también se realizaron las mesas de trabajo del proceso de acreditación de calidad educativa, el subsecretario de Educación Superior e Investigación Científica de la SEP, Julio Rubio Oca anunció la entrega de los recursos económicos.

El funcionario de la SEP dijo que el recurso económico que entregará el gobierno federal representa un 11 por ciento del subsidio universitario de 562 millones de pesos por parte del gobierno federal. Aunado a 50 millones de pesos más para solucionar el 25 por ciento de la situación laboral de los trabajadores que designe el ISSSTE puedan resolver su problema de jubilación y pensión.

La cifra fue considerada por el funcionario como “muy alta para una universidad pública” en proceso de acreditación.

Los programas serán reconocidos por su buena calidad por medio de la acreditación externa de organismos especializados reconocidos por el Consejo para la Acreditación de Educación Superior, como lo establece el programa nacional de Educación 2001-2006, informó el funcionario.

Julio Rubio dijo que en el año pasado la UAG respondió a la nueva iniciativa de evaluación, y para alcanzar sus estrategias la SEP otorgó un apoyo extraordinario de 17 millones 513 mil pesos para poder incidir en el desarrollo de sus programas y proyectos este año a lo largo de los últimos meses.

Por medio del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) en su segunda versión, el próximo lunes también recibirá un apoyo de 34 millones 680 mil pesos, lo cual es la asignación más alta a lo largo de toda una década que la UAG ha recibido para la SEP.

Explicó que esa partida está distribuida de la siguiente manera: un apoyo extraordinario de 22 millones de pesos 680 mil pesos para mejorar la infraestructura escolar. Aunado a 12 millones más para mejorar el perfil de los docentes para asegurar que un número mayor de profesores cuenten con grados de maestría y doctorado, por medio de becas para la continuación de sus estudios y pretende asegurar el arraigo de los maestros en la universidad.

El problema de la jubilación y pensión

Sobre el problema de la jubilación y pensión que los universitarios han señalado como uno de sus problemas fundamentales, Julio Rubio informó que en la primera semana de noviembre serán liberados cerca de 50 millones de pesos, que permitirá trasladar un número importante de trabajadores y tener convenio con ISSSTE para poder este año transferir el resto de los trabajadores a este instituto y con ello bajar la presión en finanzas de la universidad.El ex secretario ejecutivo de ANUIES, reconoció que con la primera partida “no se soluciona del todo” el problema laboral de cientos de trabajadores, porque para que se reconozca la antigüedad de los trabajadores e ingresarlos a su sistema de pensiones se requieren de 200 millones de pesos.El funcionario federal también fue severo al criticar que la expansión universitaria no se cuidó la atención a los jóvenes y la calidad de los programas educativos generó un deterioro en la calidad de la oferta educativa.Precisó que en el caso la preparación de médicos “tenemos una sobre oferta de profesionales en un mercado saturado, porque no hay espacios clínicos para los jóvenes hay que asegurar que se pueda atender con la atención necesaria”.

 * “Que demuestren que los 302 alumnos inscritos reúnen los requisitos y los huelguistas retiran su protesta”, dice Arcos Castro * Se suman Ramón Gracida y Jorge de la Paz * Acusan de traición al rector de la UAG

 Alfredo Mondragón * Unos 300 alumnos de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), encabezados por ex funcionarios, ex directores y profesores de preparatorias y otras facultades, bloquearon con piedras durante una hora la avenida Solidaridad en apoyo a los aspirantes rechazados de la Facultad de Medicina que se encuentran en huelga de hambre y se enfrentaron verbalmente con los estudiantes inscritos, incluso lanzaron botellas y piedras, sin haber lesionados.

A las 11 horas de ayer, alumnos de las preparatorias 7 y 27, Facultad de Contaduría y Administración (FCA) y Facultad de Ciencias Sociales (FCS) bloquearon con rocas y mesas, la avenida Solidaridad frente al portón principal de la Facultad de Medicina, resguardado por policías preventivos, para apoyar a los dos alumnos que están en huelga de hambre desde hace 16 días en demanda de ser aceptados en el plantel.

Los manifestantes eran encabezados por el ex coordinador general de Servicios Escolares de la Zona Sur de la UAG, Luis Arcos Castro; el ex director de la Facultad de Medicina, Jorge de la Paz; el director de la Preparatoria 7, Jaime Corral Giles y el profesor de la Preparatoria 27, Ramón Gracida González, ex secretario general del PRD municipal.

El profesor de la Prepa 27, Arcos Castro exigió a las autoridades educativas del plantel que “nos demuestren que los 302 alumnos inscritos reúnen los requisitos que ellos propusieron, los huelguistas están dispuestos a retirar su demanda, pero sino que entren, o todos coludos o todos rabones”, afirmó.

Arcos Castro –del grupo del ex candidato a rector Rogelio Ortega Martínez– criticó que las autoridades “se pronuncien de manera majadera en contra de este movimiento” y traten de enfrentar a los estudiantes contra los huelguistas que su “único pecado es no haber tenido al senador Armando Chavarría para que los recomiende y apoye; ser pobres y querer estudiar; los que ahora están arriba olvidan que esta universidad tiene orígenes populares”. En tanto, Ramón Gracida calificó de “absurda la actitud de cerrazón e intransigencia de las autoridades universitarias, el rector y el director, porque no se puede justificar esta situación que está poniendo en riesgo la vida de los estudiantes”. Informó que la Preparatoria 27 tomó la decisión de apoyar “con todo” este movimiento y hacer “todas las medidas de presión para que sean aceptados los rechazados”.

Utilizando un altavoz Gracida González señaló: “Nos parece una cobardía y alta traición del rector Nelson Valle a una universidad que tiene orígenes populares, no se creó para los hijos de los ricos, de los influyentes, nació para dar educación a los hijos de los pobres, por eso los vamos a obligar por las buenas o las malas a que respeten este movimiento de huelga y den solución lo más pronto posible”.

Por su parte, el ex director de Medicina, Jorge de la Paz acusó a Valle y a Alvarez de “mentirosos, en primer lugar –explicó– porque la escuela nunca ha pedido su acreditación ni certificación, tenemos una serie de fallas estructurales en laboratorios, cadáveres, computadoras, salas quirúrgicas de prácticas, no hay absolutamente nada, por qué les mienten a los estudiantes y pretenden enfrentarlos”.De la Paz, retó a las autoridades de la Facultad “a que exhiban la calificación de los 300 aceptados y retiramos todas nuestras demandas porque es mentira, a medida de que se reduzca la matrícula se hará una escuela de elite”.Más tarde, los ex funcionarios, ex directores y profesores intentaron ingresar a la Facultad para dialogar con el director, quien no estaba, pero los policías y un grupo de estudiantes, que calificó Ramón Gracida de porros, se apostaron en la puerta principal negándoles el acceso y se enfrentaron verbalmente, mientras los manifestantes gritaban solución y lanzaron botellas de refresco vacías y rocas, los inscritos gritaban: “¡Fuera, fuera!”.

 Raquel Santiago Maganda * El rector de la UAG, Nelson Valle López minimizó la participación de maestros para apoyar el movimiento de aspirantes rechazados de la Facultad de Medicina que exigen ingresar, al asegurar que son jóvenes “que caprichosamente y manipulados por algunos pseudolíderes no van a echar a perder el trabajo para acreditar el programa educativo de médico cirujano”.Entrevistado al finalizar la conferencia de prensa en el hotel Mayan Palace para continuar con los trabajados de acreditación de la UAG, dijo que los inconformes, aún por la medida de reducción de la matrícula, “afortunadamente son menos y muy poquitos los que se oponen al cambio”, a quienes “les vamos a insistir en la importancia y conveniencia de que se suban al tren del cambio, y si no quieren aplicaremos la ley”.Al informarle de la adhesión de maestros en la movilización de los rechazados por ingresar sólo se limitó a decir que los docentes pueden participar y sin embargo “no hay reversa” por ampliar la matrícula estudiantil.Dijo que la reducción de matrícula “no es por capricho sino porque son los indicadores que nos establece el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior”, después agregó que tampoco “podemos tener alumnos que deban muchas materias”.Porque “si se pretende solapar la irresponsabilidad de maestros, alumnos y autoridades estábamos bien antes, y por eso mi postura es que estamos a tiempo para corregir el rumbo” por medio de la planificación y “no más escuelas fundadas para estudiantes de baja calidad”.

 * Ante el juez, el ex comandante judicial detenido, Fidel Morales Vargas, negó que haya participado en la desaparición de Faustino Jiménez Alvarez, y responsabilizó Arturo Sánchez Tagle, prófugo

 De la corresponsalía, Chilpancingo * El visitador general de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum), Hipólito Lugo Cortés, consideró necesario que la Procuraduría de Justicia del Estado solicite a un juez el arraigo de dos ex directores de la Policía Judicial del Estado (PJE) y más de una decena de agentes y comandantes que también están involucrados en la desaparición de nueve personas.

En tanto, el juez penal de esta ciudad, Derly Alderete Cruz, informó que en su declaración preparatoria, el ex comandante de la Judicial del Estado, Fidel Morales Vargas, negó que haya participado en la desaparición de Faustino Jiménez Alvarez, y responsabilizó de este hecho a su compañero Arturo Sánchez Tagle, comandante de la PJE que presuntamente está prófugo.

En conferencia de prensa que dio a los medios, Hipólito Lugo dijo que es un “avance” en la defensa de los derechos humanos el hecho de que el procurador de Justicia, Jesús Ramírez Guerrero, esté atendiendo la recomendación 019/2002 que envió la Codehum a la Procuraduría, en la que se le solicita se investigue a ocho comandantes, más de diez agentes y dos ex directores de la PJE señalados de desapariciones forsozas en contra de nueve ciudadanos.

Sin embargo, añadió que para evitar que muchos de los agentes, comandantes y los ex directores –Edilberto Solís Ramírez y Jaime Figueroa Velázquez- huyan del estado, es necesario que la Procuraduría de Justicia tome medidas preventivas y una de ellas es que solicite el arraigo domiciliario o bien que el Ministerio Público consigne la averiguación previa para que el juez libre una orden de aprehensión en contra de los funcionarios involucrados.

Mencionó que el hecho de que la Procuraduría no haya tomado esa clase de medidas ha originado que cinco agentes y tres ex comandantes que tienen orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en la desaparición de las nueve personas de la que habla la recomendación 019/2002, se encuentren prófugos de la justicia.

Ellos, son los ex comandantes Fortunato Zamora Paz, Arturo Sánchez Tagle y Víctor Manuel Castro Valente y los agentes José Ulises Carapio, Manuel de Jesús Noriega, Bibiano Nahum Valdez Villalba, Ulises Guevara Antonio y Jorge Pinzón Cisneros quienes son señalados de haber participado en la detención y desaparición de ciudadanos y no se sabe en qué lugar se encuentran.

Lugo Cortés afirmó que los ex directores de la PJE, Edilberto Solís Ramírez y Jaime Figueroa Velázquez ya han comparecido ante el agente del Ministerio Público Especial para las desapariciones forzadas, Atenógenes Rodríguez Tepec.

Indicó que el siguiente paso que debe realizar la Procuraduría de Justicia es que se investigue el lugar donde se encuentran las personas desaparecidas, y anunció que en los próximos días se podría cumplir una diligencia en la que se realizará una excavación en un predio de Acapulco donde se presume que se encuentran los restos de Faustino Alvarez Jiménez.

Declaración del ex comandante Fidel Morales

En tanto, el juez penal de primera instancia, Derly Alderete Cruz, afirmó que en su declaración preparatoria, el ex comandante Fidel Morales Vargas, quien tenía una orden de aprehensión desde noviembre del año pasado, negó las acusaciones y aseguró que él no estuvo en la operación donde se detuvo a Faustino Alvarez.Confesó que esa operación –la madrugada del 27 de junio del año pasado en la colonia de El Depósito, del poblado de Tierra Colorada– la encabezó el entonces comandante Arturo Sánchez Tagle, quien se encuentra prófugo de la justicia.Otros que negaron los hechos sobre la desaparición de José Ramírez Millán –quien, según versión del ex agente judicial Francisco Cortés Pastenes, falleció en los separos de la Judicial al no resistir las torturas– fueron los agentes Nicolás Cabañas García, Alvaro Gallo Clavel, Julio Caballero Bello y Saúl Martínez Mondragón.Los cuatro rindieron su declaración preparatoria ante la juez tercera de primera instancia, Amelia Sánchez.El visitador general de la Codehum afirmó que el avance de las investigaciones para que se esclarezcan estos hechos, es debido a la presión de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos que también tienen en sus manos este caso que investigó la Comisión estatal.

 * La detención del ex comandante Fidel Morales y de otros judiciales involucrados permitirá saber de los nueve desaparecidos incluidos en la recomendación 19/2002, dice

 Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * El subprocurador de Justicia del Estado, Antonio Nogueda Carbajal, anunció ayer “una acción conjunta” entre la Procuraduría y la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum) para que en los próximos días se pueda dar con el paradero de Faustino Jiménez Alvarez desaparecido desde el 17 de julio del 2001 luego de la detención de un presunto implicado en el caso.

El funcionario informó que con la detención del ex comandante Fidel Morales Vargas, a quien se le vincula con la desaparición forzada de Jiménez Alvarez originario de Tierra Colorada, se abren las posibilidades de que el caso se esclarezca en los próximos días.

Junto con Morales Vargas también fueron detenidos los policías Nicolás Cabañas García, Alvaro Gallo Clavel, Julio Caballero Bello y Saúl Martínez Mondragón presuntos implicados en la desaparición  de José Rodríguez Román.

Entrevistado ayer cuando salía de Casa Guerrero, el también encargado de despacho de la Dirección de la Policía Judicial, Nogueda Carbajal, dijo que “la investigación va más allá de la detención de las personas, el objetivo es la búsqueda de las personas desaparecidas y en ello trabajamos coordinadamente con la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos”, dijo.

Y concretamente sobre la desaparición de Faustino Jiménez Alvarez, uno de los nueve casos de desapariciones forzadas de personas a que se refiere la recomendación 019/2002 dijo que “pronto vamos a tener una acción conjunta más directa con la Comisión de Derechos Humanos para su localización; vamos a llegar al lugar hasta donde presuntamente se encuentra esta persona”, dijo, y no precisó si aún se encuentra vivo o sólo se encontrarán sus restos.

A pesar de que reconoció que para ello no hay “términos fatales” si habrá acciones “que no deben guardar tanto tiempo; creemos que de aquí a la próxima semana podríamos estar trabajando en forma más directa en este asunto”, anunció el encargado de la Policía Judicial.Y es que la esposa del desaparecido Jiménez Alvarez, Enedina Cervantes, identificó al entonces comandante Morales Alvarez como uno de los integrantes del grupo de la Policía Judicial que fueron por su esposo la madrugada del 17 de julio a la colonia El Depósito de Tierra Colorada.Nogueda Carvajal informó que con la declaración no sólo se podría agilizar la localización de Jiménez Alvarez sino la de José Rodríguez Román y de las otras siete personas a que se refiere la recomendación 019/2002 de la Codehum, toda vez que los detenidos están implicados directamente con la desaparición forzada de Jiménez Alvarez y de Rodríguez Román, pero que también están relacionados de manera indirecta con las otras desapariciones.El funcionario informó asimismo que entre ayer y hoy viernes por instrucciones del procurador de Justicia del estado se comenzarían a realizar cambios de comandantes de la Policía Judicial del Estado principalmente en la zona centro, en Tierra Caliente y en Acapulco con el fin de eficientar el trabajo de la corporación.Informó que en estos cambios se dará “oportunidad y más facilidades” a los comandantes que mejor han desempeñado su trabajo.