De la corresponsalía, Tlapa * En el 702 aniversario de la fundación de Tlapa y el 112 aniversario de ser elevada a la categoría de ciudad de Comonfort, el cabildo, encabezado por el presidente municipal, Eugenio García Bravo, otorgó al antropólogo Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, el premio al mérito cívico Ignacio Comonfort, por su destacada labor en beneficio de los pueblos indígenas de La Montaña.

Al agradecer el premio, Abel Barrera recordó la grandeza histórica de Tlapa e invitó a los ciudadanos a retomar el rumbo. “Hemos perdido la brújula, y hemos depositado nuestra confianza en modelos de desarrollo social, económico y cultural que ignoran y discriminan nuestro modelo civilizatorio, por eso nos hemos perdido en el camino, por eso nos hemos dividido, estamos polarizados y buscamos la solución de nuestros problemas afuera, de nuestras propias fronteras culturales”, enfatizó.

Dijo que es a los jóvenes y a los niños a quienes les toca construir el “Tlapa que soñamos” y a los adultos construir las condiciones para que esto se pueda cristalizar en una cultura del diálogo, la reconciliación y la democracia participativa.

Exhortó a los tlapanecos a elevar su autoestima cultural: “Tenemos que elevar nuestra autoestima como tlapanecos y tlapanecas y construir todos desde la diversidad y la tolerancia un proyecto de desarrollo municipal que nos eleve al nivel que tienen nuestras montañas. “Tenemos que florecer todo el legado histórico de nuestros abuelos y abuelas… Tenemos que desarrollar nuestra imaginación y fortalecer los valores de la vida comunitaria… Sólo reafirmando nuestra cultura, asumiendo nuestra realidad social y luchando desde el lugar donde hemos nacido es como podemos contribuir a que nuestra sociedad se humanice y se desarrolle culturalmente”, concluyó.Al acto asistió el secretario de Asuntos Indígenas del gobierno del estado, Marcelo Tecolapa, en representación del gobernador quien después de felicitar a los galardonados destacó que el gobierno de René Juárez Cisneros apuesta al diálogo y destacó la paz que se vivió en las pasadas elecciones estatales.Recibieron mención por su labor destacada en favor de la ciudad de Tlapa el profesor Gaudencio Rodríguez Valencia, el  profesor Humberto Villavicencio Bazán, el médico Vicente Vázquez Casarrubias y el profesor Eliseo Garnelo Ramírez.

 Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * La dirigencia disidente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) rechazó ayer que promueva la indemnización y la reubicación de las familias de 17 ejidos de cinco municipios –14 según el dirigente de la otra fracción cenecista, Moisés Carbajal Millán– en donde se construirá la presa hidroeléctrica de La Parota, sino que por el contrario, exigen que su reubicación “no sea una decisión unilateral”, sino con el consentimiento de los campesinos.

En conferencia de prensa, los cinco dirigentes que se definen como de la CNC “democrática”, Antonio Colín Ramírez, Evencio Romero Sotelo, Lucrado Cortés Hernández, Aristeo Jaimes Núñez y Celso Valenzo Miranda, respondieron a los señalamientos que hizo el dirigente de la otra fracción de la CNC, Moisés Carbajal Millán en el sentido de que junto con el dirigente nacional de su corriente, Nabor Ojeda Delgado están promoviendo la reubicación de los ejidatarios a pesar de que éstos no están de acuerdo con la medida del gobierno federal.

Romero Sotelo informó que efectivamente existe el proyecto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para reubicar a familias de 17 ejidos de los municipios de Acapulco, Juan R. Escudero, Tecoanapa, San Marcos y Chilpancingo que podrían ser afectados con la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota que sr pretende construir sobre el Río Papagayo, 28 kilómetros al noreste de Acapulco en una extensión de 13 mil 700 hectáreas, según documentos de la CFE.

El proyecto de la paraestatal establece afectar los ejidos de Cacahuatepec que cuenta con mil 594 hectáreas, Dos Arroyos con 2 mil 896 hectáreas, Altos del Camarón con mil 648 hectáreas, Agua de Perro con 310 hectáreas; ellos del municipio de Acapulco.

Así como San Juan del Reparo, municipio de Juan R. Escudero (Tierra Colorada), con 2 mil 319 hectáreas; Agua Zarca de la Peña, municipio de San Marcos con 610 hectáreas; la ampliación de ejido de Tierra Colorada, municipio de Juan R. Escudero con mil 567 hectáreas; Omitlán, municipio de Juan R. Escudero, con 420 hectáreas; Dos Caminos, municipio de Chilpancingo con 197 hectáreas; Chautipan, municipio de Tecoanapa con dos hectáreas; Michapa, municipio de Juan R. Escudero con 52 hectáreas; Sabanillas, municipio de Acapulco con 87 hectáreas; Tepehuaje, municipio de Acapulco con 18 hectáreas; Tierra Colorada, municipio de Juan R. Escudero en su modalidad de dotación de ejido con 185 hectáreas.

También se verá afectada la localidad de Colonia Guerrero, municipio de Acapulco con 664 hectáreas, una propiedad privada de 96 hectáreas del señor Manuel Andasol también del municipio de Acapulco. En total la obra abarcaría 13 mil hectáreas de los cinco municipios.

Romero Sotelo quien ha participado en las pláticas entre la CFE y los ejidatarios reconoció que la mayoría de los ejidatarios no está de acuerdo en abandonar sus tierras, hasta en tanto no tengan un estudio socioeconómico real de lo que será la obra, el monto de la indemnización que recibirán y el lugar en donde serán reubicados.Indicó que ello a pesar de que la CFE ha dicho que será una de las presas hidroeléctricas más grandes del país que se generarán para su construcción más de 5 mil empleos y que además habrá capacitación para los habitantes de la región en materia de acuacultura.El proyecto de la CFE está emplazado para iniciar en el 2004, de aceptar los ejidatarios la indemnización y su reubicación y se concluiría en el 2010 y según los estudios que se vienen haciendo desde 1997 la presa La Parota cubriría totalmente a la actual presa de La Venta.Se informó que con la obra se afectarían 13 mil 700 hectáreas y que, de aceptar los ejidatarios el proyecto, iniciaría en el 2004 y terminaría en el 2010. La CFE no ha hecho propuestas con respecto a dónde serían reubicadas las familias.

Francisco Magaña, corresponsal, Atoyac * A partir de este jueves 24, buscarán en el cuarto Festival de la Selva Cafetalera 2002, en la comunidad de La Pintada en la sierra de Atoyac, el consenso de los 12 estados productores para diseñar y establecer una política nacional para la conservación de la selva.

El gerente de la Cooperativa La Pintada, Armando García Olid, manifestó que se buscará revertir el efecto invernadero con la participación de los países industriales para que financien cultivos de sombra como el café en nuestro país, donde se ha contribuido además a la conservación del suelo.

Destacó que en el taller Café, medio ambiente y desarrollo sostenible, se buscará el apoyo para la conservación de la biodiversidad en las selvas cafetaleras de México que contribuyen entre la encrucijada del cambio climático mundial en la preservación de la capa de ozono.

Es el momento oportuno para que en este foro cafetalero en el Festival de La Pintada, en los estados productores, organizaciones de productores, ambientalistas que tendrán participación en el taller, se aliente la propuesta de  conservar por la humanidad las selvas y el bosque tropical donde se cultiva el aromático.

Se busca la reconversión total de los cafetales conservándolos bajo sobra con lo cual La Pintada ya inició 168 hectáreas por año y alcanzará la meta 800 hectáreas.Destacó que se impartirán con esta mística del medio ambiente conferencias magistrales.Abundó que se abordará la campaña de promoción al consumo de café mexicano, la cual insinuó que sólo ha favorecido a las grandes empresas transnacionales como la Nestlé.Dijo que no han sido claros los mecanismos para beneficiar a los productores y las organizaciones.El mecanismos que se planteará es utilizar el potencial a las empresas de café de los productores con apoyo tecnológicos e industrializar y que se les capacite en mercados.

 Sergio Ocampo, corresponsal, Chilpancingo * Trabajadores de la Secretaría de Salud (Ssa) se mostraron complacidos de que el ex dirigente sindical Evaristo Cuevas Reyna y el ex jefe de distrito de esta ciudad, Florencio Mendoza Soloya, estén siendo investigados por la Secretaría de la Contraloría y  Desarrollo Administrativo (Secodam) por la Controlaría estatal, y por la Contraloría Interna de esa dependencia.

Por medio de un oficio girado al gobernador René Juárez Cisneros el pasado 18 de octubre, firmado por Angel Esquivel Mora, Bernardo Díaz Morelos y Jaime Barranda Sánchez y varias firmas más de los trabajadores de diversas área del sector salud, señalan que tienen fe y confianza de que muy pronto se den a conocer los resultados de esta investigación.

Proponen al gobernador y a la titular de la Ssa, Verónica Muñoz Parra, que si en la investigación se les detecta alguna irregularidad a Evaristo Cuevas, y a Florencio Mendoza, que se les finquen responsabilidades penales ya que cometieron abuso de poder, nepotismo, falsificación de información técnica, falsificación de información financiera por cobrar viáticos sin devengarlos a nombre de varios trabajadores, a quienes consentían no trabajar como lo hacían también sus familiares, que cobraban sin laborar.

También hacen un reconocimiento a Muñoz Parra, por haber destituido a Florencio Mendoza, como jefe de distrito debido a que se le está investigando, lo mismo que a Evaristo Cuevas, por lo que piden que se les ponga vigilancia laboral y trabajen en tanto se resuelve su situación personal.

Proponen a los nuevos dirigentes sindicales de la Sección 77 que soliciten al CEN del SNTSA la expulsión definitiva de Evaristo Cuevas y Florencio Mendoza, quienes se jactan de decirle a los trabajadores que formaran una nueva sección sindical. Y pidieron al gobernador que les aplique su lema “ nadie puede estar por encima de la ley”.

Por otro lado, trabajadores de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud, que solicitaron el anonimato por temor a represalias, denunciaron que el parque vehicular se encuentra en pésimas condiciones, sin embargo los funcionarios de esa dependencia traen consigo hasta cuatro vehículos nuevos para su uso particular, y pusieron el ejemplo de una secretaria particular de nombre Jacaranda, quien tiene para uso particular una camioneta “Explorer”, color azul.

Dijeron que a pesar de que el gobierno habla de austeridad, hace dos meses la titular Verónica Muñoz, adquirió una camioneta “Durango”, a pesar de que solamente se presenta a laborar un día a la semana “pero eso sí hay un completo desabasto en el almacén central, en Mochitlán y Petaquillas”.

Señalaron que en el proceso electoral pasado funcionarios de la dependencia hicieron mal uso de los recursos humanos y materiales de la Ssa, y mencionaron solo algunos casos, por ejemplo, el diputado electo por el PRI, Herón Delgado, trabajador de esa dependencia durante su campaña de proselitismo político en Iguala, quien se llevó cuatro camionetas y a varios trabajadores, entre ellos a Alberto Zubillaga y a Pedro Carmona, en calidad de comisionados, “también la secretaria Verónica Muñoz, anduvo en la campaña de su amigo, Ernesto Rodríguez Escalona”.Lo mismo hizo Victórico Robles, sobrino del ex candidato del PRI a la diputación por uno de los distritos de Acapulco, José Rubén Robles Catalán, quien dejó el trabajo y se fue con todo y vehículos para apoyar las campañas de su tío Rubén Robles, y de Bolívar Navarrete, ex aspirante a la alcaldía de Zihuatanejo, pero como perdió ya regresó a trabajar luego de varios meses de no hacerlo.En la misma situación se encuentra Graciela Lilia Sánchez, coordinadora de sectorización de la Ssa, quien se fue con una camioneta de la dependencia a apoyar la campaña de Saúl Alarcón Abarca, con la promesa de que será la próxima directora de Salud Municipal.

 Jesús Guerrero, Chilpancingo * Familiares de un menor de edad que sufrió abuso sexual por un grupo de jóvenes del municipio de Tecoanapa interpusieron ante la Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia (PGJE) una denuncia contra un comandante y un jefe de grupo de la Policía Judicial del Estado (PJE) quienes dejaron en libertad a uno de ellos luego de que les entregó 20 mil pesos.

Las hermanas María del Carmen y Africa Moreno Santana, dijeron que el comandante Faustino Cabrera Ramírez y el jefe de grupo Juan Carlos Cabrera Castro que se encuentran adscritos en Tecoanapa, dejaron libre a Luis Alberto Alonso Jerónimo quien les habría dado el  dinero a cambio de su libertad.

Alberto Alonso junto con Américo Díaz Bravo, quien se encuentra preso, Vicente Victorino García y Ernesto Luna Ramírez, así como los menores Antonio Campos Dillanes y Miguel Mendoza Martínez violaron a uno de sus sobrinos y a quien presuntamente le trasmitieron una enfermedad venérea.

Según las familiares del menor agredido, Alberto Alonso, luego de que los jefes policíacos lo dejaron en libertad ha ido a la casa de la abuela del menor, Cira Santana a presumir que dio 20 mil pesos al comandante y al jefe de grupo de la PJE para que lo dejaran en libertad.

“Nosotros tenemos un certificado médico donde se señala que nuestro sobrino sufrió una violación sexual, y además en su declaración ministerial señala a esos jóvenes de haber abusado de él”, denunció Africa Moreno Santana.Manifestó que hace unos días tuvieron una plática con el entonces director de la PJE, Ricardo Leonel Coronel quien las persuadió para que no interpusieran una denuncia contra los jefes policíacos con la promesa de que “él iba arreglar todo”.Sin embargo, añadieron las familiares del menor, Ricardo Leonel Coronel ya renunció al cargo y ante ello decidieron interponer una denuncia ante la Contraloría Interna de la Procuraduría de Justicia en contra del comandante y el jefe de grupo.Además, añadieron, el pasado 15 de octubre, acudieron a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) para interponer una queja contra los funcionarios.María del Carmen Moreno Santana dijo que esperan que la Procuraduría de Justicia les haga justicia, y que responsabilizan al comandante y al jefe de grupo de la Policía Judicial del Estado de lo que les pueda ocurrir a ellas y a sus familias.Y es que dijeron, luego de que interpusieron su denuncia, han recibido amenazas y persecusión del comandante y el jefe de grupo de esta corporación policíaca.

 Francisco Magaña, corresponsal, Atoyac * Una madre de familia quemó de las manos, a su hija en esta ciudad.La niña Esmeralda Mendoza Corona de 5 años de edad, recibió la noche del miércoles un duro castigo por parte de su madre por cortar unas plantas.La menor fue presentada en las oficinas de la delegación de la Secretaría de la Mujer, por su padre Juan Carlos Mendoza Gatica, quien explicó que la menor fue quemada por su propia madre Julia Blanco Corona.La niña narró que su mamá le prendió fuego a un pedazo de lámina de cartón que le provocó quemadura de primer grado en la mano izquierda.El padre de la agraviada señaló que todo fue porque la niña arrancó una planta y provocó el enojo de la madre que la quemó, mientras  él le lavaba las manos a la otra niña que también fue golpeada con un trozo de madera que le aventó pero no le provocó daño, señalo que le dijo después que la había quemado.Dijo que esta no es la primera vez que golpea a sus cuatro hijas, porque constantemente son golpeadas por su madre.Pidió apoyo a la Secretaría de la Mujer para que les den terapia a sus hijas y su esposa. 

 * Informan dirigentes que el lunes fue nombrado como coordinador de la PGJE en la Costa Chica a “un enemigo declarado” de la corporación indígena y del Consejo 500 Años

 Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Dirigentes del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena (CG500ARI) salieron en defensa de la Policía Comunitaria en una conferencia de prensa que ofrecieron ayer, luego de que el dirigente estatal de la CNOP y ex candidato a diputado local por el distrito 24, César González Guerrero acusó a integrantes de esa corporación indígena de “comprar”, “promover” y “presionar con armas” el voto en favor del PRD en las elecciones del 6 de octubre pasado.

Los dirigentes del CG500ARI, Jesús Reyes Bonifacio, Gaudencio Mejía González, Cirino Plácido Valerio y Luis Zacarías Quiroz, denunciaron ayer que las declaraciones de González Guerrero son parte de la “guerra sucia” en contra de la Policía Comunitaria y que detrás de ella están caciques como el ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer y el Ejecutivo estatal René Juárez Cisneros, quienes siempre han querido desaparecer a esa corporación a pesar de los buenos resultados que ha obtenido para combatir la delincuencia en la región de la Costa Chica y La Montaña.

El ex comandante de la Policía Comunitaria, Jesús Reyes Bonifacio deslindó a los integrantes de esa corporación que opera en los municipios de San Luis Acatlán, Azoyú, y Malinaltepec de actividades partidistas “y mucho menos de vicios y actitudes que son propias del PRI”, dijo.

Lo anterior debido a que el ex candidato a diputado local por el distrito 24 con cabecera en San Luis Acatlán, César González argumentó en su recursos de inconformidad que presentó ante el Tribunal Estatal Electoral que integrantes de la Policía Comunitaria amenazaron armados, compraron y promovieron el voto a favor del PRD, sobre todo en el municipio de San Luis Acatlán.

Reyes Bonifacio quien ahora se desempeña sólo como un policía más de la citada corporación dijo que estas acusaciones son parte de toda una campaña de hostigamiento en contra del cuerpo policiaco indígena y denunció que no es gratuito tampoco que hace aproximadamente un mes, militares hayan desarmado en Pueblo Hidalgo, municipio de San Luis Acatlán, a tres policías comunitarios, uno de ellos el comandante Eustaquio Isidro y los policías Leandro Calleja Natividad y Celestino Galeana a quienes les recogieron rifles M-1, M-2 y una escopeta.

Señaló que a pesar de esa campaña “que viene desde el gobierno y del PRI” la Policía Comunitaria va a continuar operando porque así lo piden los pueblos y que existen las posibilidades que en los próximos meses se incorporen también grupos de otros municipios de la zona como Tlacoapa, Acatepec, Atlamajalcingo del Monte, Copala y Marquelia.

Mientras tanto uno de los integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Cirino Plácido Valerio denunció que las declaraciones de González Guerrero no son sólo parte de la “guerra sucia” sino una incitación a la violencia de los priístas hacia los policías comunitarios y que detrás de estas intenciones de confrontación están el ex gobernador Rubén Figueroa y el gobernador Rene Juárez, puesto que buscan un pretexto para desaparecer a esa corporación indígena.

Rechazó que dirigentes o integrantes de la Policía Comunitaria hayan recurrido a la compra del voto en San Luis Acatlán como lo denunció González Guerrero “porque no tenemos ni para radios, menos para comprar votos”.

Plácido Valerio denunció que también los militares no han dejado de hostigar a los policías y a los indígenas de esa región, “desde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dijo no a las controversias constitucionales en contra de la ley de derechos y cultura indígena se incrementó la presencia de los soldados en los municipios de San Luis Acatlán, Malinaltepec y Metlatónoc en donde preguntan nombres y elaboran listas, asimismo, preguntan por los líderes y sus actividades”.Mientras tanto, Gaudencio Mejía dijo que una evidencia de que se prepara el terreno para reprimir a la Policía Comunitaria es el nombramiento como coordinador regional de la Procuraduría General de Justicia en la Costa Chica de Joaquín Juárez Solano, “ese señor es un enemigo declarado de la Policía Comunitaria y del CG500ARI”.Juárez Solano, quien figuró también como aspirante del PRI a la alcaldía de San Luis Acatlán fue designado el lunes pasado como coordinador de la PGJE en Ometepec.“Su nombramiento seguramente es una estrategia para desarticular a la Policía Comunitaria mediante la siembra de delitos y la elaboración de averiguaciones previas en contra de integrantes de la Policía Comunitaria y en contra de autoridades de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y no dudamos que posteriormente se libren algunas órdenes de aprehensión”, dijo Mejía González.

Aurelio Peláez * El presidente del Comité Municipal del PRI, Jesús Bernal Román, afirmó que su periodo “de tres años” como dirigente termina en marzo del año próximo y que no tiene previsto retirarse del cargo.

Entrevistado ayer en sus oficinas, en el edificio del PRI en el puerto, Bernal Román dijo ignorar las versiones que hablan de un cambio de dirigencia en el puerto, donde incluso se manejan los nombres del notario Manlio Fabio Pano, Oscar Hernández y de Emilio Vizarretea Rosales, como sus probables relevos.

Jesús Bernal contó que podría dejar el cargo de presidente del PRI, si estuviera pensando en asumir otro, pero que no es el caso.

Afirmó de que luego de la derrota que tuvo el PRI en la elección del presidente municipal y en las siete diputaciones locales que corresponden a Acapulco, lo que urge en su partido es trabajar para recuperar las posiciones políticas perdidas en las próximas elecciones federales.

En tanto, ayer a mediodía, también en la sede del edificio del PRI municipal, un grupo de priístas ofreció una conferencia de prensa, en donde señalaron que urge en su partido la renovación de sus cuadros dirigentes.En la conferencia estuvieron el ex regidor Jorge Campos Chávez, y dirigentes de colonos como Saúl Quiñones, del área de La Sabana; Magdaleno Camacho Barbieri, de la Emiliano Zapata, y el regidor Noé Castillo.Aunque sin responsabilizar directamente a su dirigencia estatal o municipal de las derrotas del PRI en las elecciones locales de Acapulco, Campos Chávez señaló que su partido se apartó de la militancia en este proceso, misma que no tuvo una participación activa en la contienda.Por ello, convocó a la dirigencia estatal del PRI a iniciar el proceso de reestructuración de las dirigencias, con el fin de que el priísmo siga siendo una opción política y electoral para los ciudadanos.

 Aurelio Peláez * El vicecoordinador de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados, Manuel Añorve Baños, afirmó que los diputados guerrerenses de su partido darán todo su respaldo al gobernador René Juárez Cisneros, “para que encabece y siga encabezando la postura que requieren los guerrerenses, de no más recortes de las partidas presupuestales federales y a las partidas de combate a la pobreza”.

Añorve Baños fue entrevistado ayer, luego de participar en la sesión ordinaria del Grupo ACA. El ex alcalde de Acapulco señaló que la posición de los diputados federales del PRI es la de apoyar a los gobernadores de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), que agrupa a los del PRI y los del PRD.

El diputado federal dijo que los priístas “lo que queremos es una negociación donde se cumpla el presupuesto del 2002. Ahora, el gobernador no está pidiendo nada extraordinario, no están absolutamente exigiendo algo que no les corresponde. Solamente que les den los recursos que se habían programado para el 2002”.

Advirtió que de no darse estos recursos podrían presentarse conflictos sociales en los estados. “No nos quejemos si en Guerrero, en Oaxaca, en Michoacán, para poner un ejemplo, después tenemos problemas de guerrilla, con esa extensión de la palabra, porque sabemos que existe, y en México Vicente Fox sólo quiere ver esos acontecimientos como una posibilidad. Se les olvida que el EZLN existe en Chiapas, y que la guerrilla urbana también se ha dado en Guerrero y en la propia ciudad de México”.

Emplazó a que “no juguemos con la tranquilidad social del país. El apoyo ha sido amplio al gobernador René Juárez Cisneros y a los gobernadores de la Conago. Como legisladores guerrerenses los priístas nos hemos solidarizado públicamente y en esa negociación que requiere el pueblo de Guerrero”.

Añadió que “si jugamos con la tranquilidad social podemos tener signos graves de movimientos sociales y entre ellos el de la guerrilla urbana. No veamos sólo a la guerrilla como algo que está en la sierra. Se requiere dejar una visión empresarial, quieren desaparecer subsidios en la tarifa eléctrica. Van a llegar más de 300 pesos en sus recibos, no sé cómo la quieren justificar pero a la gente no les va a alcanzar para pagar su recibo”.Ante la advertencia del presidente Fox de que lo referente al presupuesto para el 2003 lo tratará con los diputados, y no con los gobernadores, Añorve Baños dijo que los priístas “somos solidarios con el gobernador, de manera que negociar con él y con nosotros va a ser la misma postura. Si quiso encontrar una veta donde hubiera diferentes opiniones, no la encontró. René Juárez está encabezando las negociaciones, es una actitud solidaria la de los legisladores con nuestros gobernadores”.De la precisión de Fox, de que no debe 40 millones de pesos a los estados, el vicecoordinador legislativo priísta sostuvo que “de acuerdo, quizá no sea una discusión en números cerrados, pero veamos una discusión con cada estado y lo que le han quitado a los gobiernos estatales, además de que nos han golpeado el IMSS, el ISSSTE, al gobierno estatal, y no es una postura mediática, sino real, porque los medios saben que los conflictos por la falta de recursos se manifiestan en la calle”.

 Maricela Santos, corresponsal, Petatlán * El presidente municipal priísta Jorge Ramírez Espino y el alcalde electo de extracción perredista, Javier Rodríguez Aceves se reunieron ayer en el Palacio Municipal para hablar sobre la transición de gobierno y sobre la viabilidad de incorporar a dos personas de la nueva administración en la Junta Local de Agua Potable, unos días antes del cambio de gobierno.

El encuentro fue calificado como “cordial y respetuoso” por Rodríguez Aceves quien a las 10 de la mañana de ayer se reunió con Ramírez Espino y el síndico Gustavo Peregrino Ramírez.

El alcalde electo del PRD se hizo acompañar en el encuentro por Antonio Armenta Miralrío, ex priísta convertido al PRD durante el pasado proceso electoral y quien se ha convertido uno de los colaboradores más cercanos a Rodríguez Aceves.

El alcalde electo del PRD consideró que el encuentro mostró el interés de las dos partes para vigilar que haya “la mayor transparencia” en el cambio de gobierno próximo, especialmente en el rubro de agua potable que fue uno de los que mayores problemas generó a la actual administración, contra la que hubo inconformidad ciudadana por el abasto de agua lodosa en sus tuberías, misma que derivó en una toma del ayuntamiento por casi dos meses.

Rodríguez Aceves durante el encuentro aprovechó para platicar con el director de la Junta Local de Agua Potable y Alcantarillado de Petatlán (JLAPAP), Diego Aquino Mercado “para saber cómo la están manejando y qué es lo que se tendrá que resolver en esta área”, declaró el alcalde electo.

Luego le solicitó al alcalde Jorge Ramírez Espino que le dejara observar “de cerca” algunas labores de gobierno “para ver la forma en que se están manejando”. Incluso convinieron que Rodríguez Aceves enviará a dos miembros de su equipo a la JLAPAP 15 días antes de que termine la actual administración “para que se vayan enterando del manejo”.El perredista acotó que el encuentro no tiene aún relación directa con el proceso formal de entrega recepción, pues aclaró que no ha recibido aún ningún documento oficial ni ha designado a miembros de su equipo que se encargarán de supervisar la entrega de los bienes, muebles e inmuebles del ayuntamiento petatleco.Rodríguez Aceves informó que durante el encuentro se le informó que existe un adeudo millonario en la JLAPAP, que se arrastra desde las anteriores administraciones priístas, específicamente desde el periodo en que fue alcalde el actual diputado local y secretario general del PRI estatal, Alejandro Bravo Abarca.