* La directora del Centro de Derechos Humanos La Voz de los Sin Voz, Hilda Navarrete, que colaboró con la abogada, habla de los asuntos que trabajó en el estado
Maribel Gutiérrez * En su trabajo en el estado de Guerrero, la abogada Digna Ochoa combatió en cuatro casos de resonancia nacional e internacional la impunidad de efectivos del Ejército, involucrados en ejecuciones detenciones ilegales, torturas, desaparición forzada y violaciones de mujeres indígenas.
Además de que intervino en la elaboración de la denuncia de la masacre de Aguas Blancas que se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Digna Ochoa trabajó en la elaboración de varias de las 23 quejas contra efectivos del Ejército en 1996 y 1997, con motivo de la presunta persecución al EPR. Las denuncias dieron lugar a dos recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la 96/97 y la 100/97, enviadas al procurador militar, Rafael Macedo de la Concha, actual procurador general de la República.
Participó en defensa de los primeros detenidos por el Ejército cuando ocurrió la masacre de El Charco del 7 de junio de 1998, en Ayutla.
También, en el caso de tres campesinos asesinados por militares y dos mujeres mixtecas violadas en Barrio Nuevo San José, en Tlacoachistlahuaca, el 20 de abril de 1999.
El caso más conocido fue la defensa de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, en la que Digna Ochoa interrogó a los militares que los arrestaron y torturaron en la sierra de Ajuchitlán del Progreso y en el cuartel de ciudad Altamirano.
Poco antes de su asesinato, el 19 de octubre de 2001 en la ciudad de México, Digna Ochoa había comenzado a encargarse de la defensa de los dirigentes del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) presos, Jacobo Silva Nogales y Gloria Arenas Agís, que en el Juzgado Primero de Distrito en Chilpancingo enfrentan un juicio por el ataque de un comando del EPR a un vehículo militar, en la carretera a Tlapa, el 16 de julio de 1996.
También había comenzado a ayudar a las comunidades ecologistas de la sierra de Petatlán, las que visitó el 1 y 2 de octubre, en respuesta a un llamado que le hicieron los dirigentes de la Organización Ecologista para que apoyara la defensa de varios de sus integrantes que son víctimas de la persecución del Ejército, y tienen que vivir huyendo.
Hasta el año 2000, cuando trabajó en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Prodh), Digna Ochoa se apoyó para sus labores de defensa en Guerrero en Hilda Navarrete, presidenta del Comité de Derechos Humanos La Voz de los Sin Voz de Coyuca de Benítez, organismo que igual que el Prodh forma parte de la Red Nacional Todos los Derechos para Todos.
Digna Ochoa no podía venir a hacer personalmente todos los trámites en los juzgados derivados de su labor de defensora, y para eso se apoyaba en la defensora de Coyuca.
Navarrete conoció muy de cerca la labor profesional de Digna Ochoa en Guerrero, excepto la visita que hizo el 1 y 2 de octubre de 2001 a la sierra de Petatlán, 17 días antes de su asesinato en la ciudad de México.
En el primer aniversario del crimen contra la abogada, el 19 de octubre, Hilda Navarrete fue entrevistada acerca de esos cuatro casos en los que apoyó a Digna Ochoa.
El Charco
En El Charco, Ayutla de los Libres, el 7 de junio de 1998 efectivos del Ejército mataron a 10 indígenas mixtecos y un estudiante de la UNAM, que se encontraban en la escuela a la que había llegado una columna del ERPI. Los militares hirieron a cinco indígenas y se llevaron detenidos a 22.
Al día siguiente se trasladaron al lugar representantes de organismos defensores de derechos humanos, entre ellos Digna Ochoa, quien se hizo cargo del trabajo jurídico de las ONG.
Lo primero que hizo fue solicitar un amparo contra la detención ilegal de los indígenas, y 16 de ellos fueron liberados.
Después, un juzgado federal en Acapulco giró la orden de reaprehensión contra los 16.
En las demandas de amparo, la abogada planteaba que la detención de los indígenas en El Charco era inconstitucional, porque todas las diligencias están hechas por militares, y no tienen porqué hacerlo cuando los detenidos son civiles. Digna alegaba violación de los derechos constitucionales de los indígenas porque los interrogatorios fueron hechos sin intérpretes en idioma mixteco, y hasta los presuntos abogados de oficio que supuestamente les pusieron eran militares.
Contra estas detenciones ilegales, informa Navarrete, con el trabajo de Digna Ochoa se ganaron tres amparos en defensa de las garantías de los indígenas que fueron violadas por el Ejército.
Barrio Nuevo San José
El 20 de abril de 1999 fueron asesinados por soldados tres indígenas mixtecos, dos de ellos en la comunidad de Barrio Nuevo San José y uno en el Cerro de la Letra, municipio de Tlacoachistlahuaca, y los militares violaron a dos mujeres indígenas, de 33 y 50 años.
Los muertos son el niño Antonio Mendoza Olivero, de 12 años, Evaristo Albino Téllez, de 27, que fueron trasladados al Semefo de Acapulco, y Pedro Ramírez Santos, de 27 años, a quien trasladaron a Oaxaca.
Cuando las tropas llegaron a la región, los dos primeros campesinos habían ido a su milpa, y no regresaron. Los familiares encontraron sangre y otros indicios de violencia en la milpa.
Digna Ochoa, como abogada del Prodh, tomo el caso. Explica Hilda Navarrete que solicitó a la justicia federal la presentación de los dos indígenas, hasta ese momento considerados desaparecidos.
La defensora cuenta: “Empezó Digna a tratar de tener la coadyuvancia. Fui a la Delegación de la PGR en Acapulco a promover la coadyuvancia porque traíamos firmado el nombramiento que nos dieron los padres y los familiares. Cuando en la PGR me iba a resolver la coadyuvancia, el caso se turnó al Ministerio Público Militar.
“Digna me pidió que fuera yo a saber el acuerdo a Cumbres de Llano Largo (donde se localiza el cuartel de la Novena Región Militar). Estuve yendo, casi un año, pero nunca encontré al MP. Lo encontramos el día que vino Digna, el 30 de enero de 2000.
“Digna había venido a Iguala por el caso de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera (los campesinos ecologistas que estaban en prisión) a una diligencia, y se pasó para Acapulco, con Jorge Fernández (también abogado del Centro Prodh). Ella quería ir a Cumbres de Lano Largo, porque tenía una entrevista con Macedo de la Concha, y quería tener la mayor cantidad de datos para poder discutir este caso de Barrio Nuevo San José.
“Ahí nos dijeron que el caso hacía como un mes lo habían turnado a Macedo de la Concha, que era el procurador de Justicia Militar, que el caso estaba ya en México.
“Nunca supe después si tuvo la entrevista con Macedo de la Concha y qué le resolvió. Pero ese fue otro de los casos en que Digna estuvo muy encima. Y hasta la vez continúa en la impunidad, la CNDH fue al lugar de los hechos, recogió los testimonios, y no ha hecho algún pronunciamiento.
“Nunca nos dieron la coadyuvancia. Pero sí se denunció el caso ante Amnistía Internacional, la ONU, el caso fue muy conocido, el hecho de que no nos dieran la coadyuvancia no paró la denuncia”.
–¿Cuál era la intención de Digna al pedir la coadyuvancia?
–Que se investigara y que se castigara a los militares. Es un caso impune totalmente. Porque el parte informativo oficial dice que los dos campesinos fueron muertos en un enfrentamiento, en un sembrío de drogas, entre narcontraficantes y el Ejército. Entonces nosotros buscamos la coadyuvancia para pedir peritajes del terreno, porque nosotros fuimos al terreno y ahí no había vestigios de que hubiera habido drogas sembradas, era una milpa, queríamos con el peritaje constatar que ahí nunca hubo drogas y que fue un exceso, una brutalidad del Ejército matar a esas dos personas.
“Veíamos que la impunidad de la que ha disfrutado el Ejército mexicano ha sido uno de los obstáculos para la justicia. Digna trataba de vencer este obstáculo, en eso fue muy perseverantre, para que pasaran los casos a la justicia civil”.
Dos recomendaciones de 1997 contra el Ejército
Hilda Navarrete revela que Digna Ochoa, como abogada del Prodh, documentó varias de las quejas por violaciones a los derechos humanos que cometió el Ejército en Guerrero de junio de 1996 hasta 1997, presuntamente en la presecución del EPR, y algunas otras las documentó el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, y otros organismos y familiares y víctimas.
La CNDH emitió las recomendaciones 96/97 y 100/97, a finales de ese año, dirigidas al produrador de Justcia Militar, Rafael Macedo de la Concha, relacionadas con 23 expedientes de torturas, detenciones, allanamientos y desapariciones de campesinos acusados de pertenecer al EPR.
En esas recomendaciones se encuentran la desaparición del joven de El Cucuyachi, en la sierra de Atoyac, Fredy Nava, la desaparición durante diez días y tortura del perredista de esa comunidad, Martín Barrientos Cortés, y la desaparición en Acapulco del combatiente del EPR Benito Bahena Maldonado.
Considera Hilda Navarrete que esas dos recomendaciones de la CNDH, en las que el trabajo de Digna Ochoa fue fundamental para sustentar las quejas, “fueron de los primeros logros de las ONG”.
Los ecologistas
Hilda Navarrete cuenta que como parte de su labor de defensa en La Voz de los Sin Voz conoció a Rodolfo Montiel en 1997, y su caso fue planteado ante el relator de la ONU para tortura que vino a Guerrero en ese año, Nigel Rodley, quien conoció personalmente cien personas torturadas por militares en Guerrero.
“A Rodolfo Montiel le había caído a su casa en El Mameyal (sierra de Petatlán) una partida de militrares, en julio de 97; los soldados se quedaron a vivir en su casa una semana, y a él lo obligaban a irse a trabajar y ellos se quedaban. Rofolfo me mandó un anónimo, que me llegó el 30 de julio, entonces yo lo fui a ver el 7 de agosto y le pedí que denunciara ante el relator para casos de tortura, porque era tortura psicológica.
“El último día que estuvieron los soldados lo obligaron a beber, y ya borracho lo obligaron a firmar papeles en blanco y a dar el nombre de mucha gente, que no se acuerda”.
–¿A qué se debían estas acciones de los militares?
–A la persecución, porque ya andaban ellos en la lucha como ecologistas.
“Después de ocho días de que fue con Rodley me mandó un recado verbal, que ya se iba de El Mameyal, que le había caído el Ejército de nuevo y ahora lo había amenazado con matarlo, así que mejor se iba con su familia. Yo ya no supe de él hasta el 99, no lo volví a ver hasta la cárcel en Iguala.
El 2 de mayo de 1999, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera fueron detenidos por militares en Pizotla, sierra de Ajuchitlán, torturados y acusados de portación de armas y drogas. En la misma operación los militares mataron al campesino Salomé Bartolo Sánchez Ortiz. Digna Ochoa se hizo cargo de la defensa.
–¿Cómo veía Digna el caso?
–Lo veía muy fácil de ganarse si se hace justicia, lo que no ha habido hasta ahora. Porque hay inconstitucionalidad. Además Digna logró que los militares aceptaran la tortura que hicieron a los ecologistas con las preguntas que hizo. También la presunta abogada de ellos reconoció que había habido ocho militares en el interrogatorio ante autoridad civil. Digna Ochoa pidió al juez integrar la denuncia contra los militares por tortura.
