* Inauguran Congreso General Extraordinario de Reforma a los Estatutos * Informa resultados parciales de la auditoría a Amado Guzmán Lagunas

 Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo * El secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos del Colegio de Bachilleres (Stacobach), Leonardo Castrejón Alvarez denunció que los primeros resultados de la auditoría financiera aplicada a su antecesor, Amado Guzmán Lagunas, se encontró un faltante de casi 39 mil pesos de las cuotas sindicales.

Entrevistado durante un receso del Congreso General Extraordinario de Reforma a los Estatutos del Stacobach, dijo que aun cuando todavía no se entregan los resultados finales, “lo único que informó Amado Guzmán fue que quedaban en la caja 38 mil pesos, pero en la práctica no dejó nada. Indicó que el Stacobach recibe cuotas por 50 mil pesos mensuales.

Señaló que estos apenas son los primeros resultados preliminares, hacen falta los datos finales.

Con relación a la reforma de los estatutos, explicó que a partir del cambio de comité ejecutivo efectuado en febrero, se propuso esta actividad porque antes la estructura del sindicato correspondía a 16 planteles, y había 560 afiliados, pero actualmente se cuenta con 32 planteles y unos mil afiliados, por lo tanto era necesario hacer una reestructuración. dijo.

Anunció que comenzará el proceso de revisión salarial, porque antes del 10 de diciembre se tiene que presentar el pliego petitorio para el emplazamiento a huelga, por lo que se tiene que hacer un estudio de todo el clausulado para saber en qué no se ha cumplido.

Castrejón Alvarez dijo que una de las principales demandas es agilizar las recategorizaciones, y que a partir de que la fecha de pago deberá ser retroactiva al 15 de agosto, aunque lo central –aseguró– es la exigencia de un incremento salarial emergente, porque se quiere una homologación que sea similar a la que tienen otras instituciones.Asimismo, señaló que otro problema que tienen es que el ISSSTE ha retrasado el otorgamiento de los préstamos a corto plazo. Denunció que se entregan los cheques pero no se entregan los recursos económicos porque no se tienen fondos, y de los créditos del programa del Plan de Previsión Social se han entregado a tiempo, pero falta una última entrega antes de que finalice el año.

 * Buscan el reencuentro con ellos mismos: Guillén  

Jeanette Leyva Reus * Con la finalidad de sensibilizar a los docentes para que reconozcan las múltiples dimensiones del ser humano, se realiza el segundo Coloquio de Educación Holista, el cual logró reunir a cerca de 400 profesores de todo el estado.Felipa Guillén Martínez integrante de comité organizador, señaló que el Coloquio busca que los docentes se sensibilicen porque eso permite que se reencuentren con ellos mismos “eso se ha dejado de lado en la educación, parece que el docente educara a un objeto y no es así”.Con dicho sistema, precisó se da un mejor ambiente de trabajo, ya que los alumnos se sienten a gusto, y explora a visión profunda de la educación holista en un contexto de “despertar a una nueva conciencia de la vida de tu trabajo y de ti mismo”En la apertura del acto que concluye este día en el hotel Continental Emporio, participó Ramón Gallegos Nava quien es fundador y pionero de la educación holista.Guillén Martínez consideró que en el estado alrededor de 300 profesores ya recibieron dichos cursos, el cual ha sido gracias al apoyo del secretario de Trabajo y Conflictos del del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, (SNTE) Mauro Oyorzábal Gómez.

 * Juan Quebrado Garrido, de 77, y Ramona Quebrado Quebrado encabezan a un grupo de hombres armados que atacaron la casa de la familia Quebrado Reynosa matando a los esposos y a cuatro de sus hijos

 Eduardo Albarrán Orozco, corresponsal, Iguala * Seis personas muertas y un menor de 12 años herido, fue el resultado de un conflicto por un predio en la comunidad de Tianquisolco, perteneciente al municipio de Teloloapan.

Según la información proporcionada por el director de Seguridad Pública y Tránsito de ese municipio gobernado por el PRD, Francisco Wilfrido Rodríguez Márquez, a las 8 de la noche del jueves recibieron una llamada en la que se les notificaba que había ocurrido un enfrentamiento y que había varios muertos y heridos.

Indicó que el responsable de esta masacre es Juan Quebrado Garrido, de 77 años, así como su nieta Ramona Quebrado Quebrado, ambos ya detenidos y acusados de homicidio con arma de fuego y machete.

Juan Quebrado Garrido, acompañado al parecer de seis personas más, entre los que se encontraba su nieta, Ramona Quebrado Quebrado, dispararon contra la casa de Isidro Quebrado Quebrado, donde se encontraban él mismo, su esposa Francisca Reynosa Román y sus hijos David, de 47 años; Lázaro, de 28 años; Ana de 17 años; y Pedro Quebrado Reynosa, de 15 años. Sólo quedó herido Rogelio Quebrado Reynosa de 12 años, quien tiene heridas de bala en el hombro y en una pierna. También resultó herida su hermana Margarita, según precisó en Chilpancingo el subprocurador de Averiguaciones Previas de la Procuraduría de Justicia del Estado, Antonio Nogueda Carbajal.

La menor Margarita Quebrado Reynosa, dijo que su abuelo y más gente llegaron a su casa y allí luego de una discusión escuchó que hubo disparos y pelea a golpes, según la versión de Nogueda.

Mientras, el director de Seguridad Pública y Tránsito del municipio de Teloloapan abundó que este crimen tiene su origen en un conflicto por un predio, además de que Isidro Quebrado le había cortado un ojo de agua a su papá, Juan Quebrado Garrido. “Es un problema que ya tenía años”, afirmó Rodríguez Márquez.

En tanto, el subprocurador Nogueda informó que los agresores son originarios del poblado de Ixticapa, que iban armados con escopetas calibres 12, 16 y 20, pistolas calibres 330 y 22, y que se encontraban en estado de ebriedad.

Confirmó que se trata de un problema añejo y que en anteriores ocasiones se han suscitado enfrentamientos a balazos por las mismas razones.

Informó también que la Procuraduría de Justicia del Estado inició la averiguación previa número Al/102/228/228, por el delito de homicidio.Entre las personas que están involucradas en este crimen, pero que aún no han sido detenidas, están Roberto Román, Joel y Vicente Cantor, Rey y Felipe Quebrado Quebrado, estos dos últimos hermanos de una de las víctimas, Isidro Quebrado Quebrado.Juan Quebrado Garrido, Ramona y Brígida Quebrado Quebrado ya se pusieron a disposición del agente del ministerio público del fuero común. “Al parecer ya había una averiguación previa ante el MP del Fuero Común por el delito de despojo en agravio de Isidro Quebrado, a quien le querían quitar una parte del terreno ejidal que se encontraba en disputa”, informó el director de Seguridad Pública y Tránsito de Teloloapan.Por su parte, Nogueda Carbajal se apresuró en la capital a desligar el caso del conflicto poselectoral que existe en ese municipio donde el líder del PRI, Pedro Pablo Urióstegui, después de los resultados adversos a la candidata a la alcaldía de ese municipio, su esposa Tomasa García Figueroa ha realizado diversas acciones violentas de protesta. (Con información de la corresponsalía en Chilpancingo).

 Francisco Magaña, corresponsal, Atoyac * Después de un año de exhumados, los restos óseos del guerrillero Lucio Cabañas Barrientos serán sepultados el próximo 2 de diciembre en la plaza de Atoyac, informó

José Luis Arroyo Castro, integrante de la Fundación Lucio Cabañas, informó que la Coordinadora Lucio Cabañas, que fue conformada el pasado 17 de octubre, encargada de organizar los funerales del próximo 2 de diciembre, acordó que el combatiente guerrillero se sepultara en la plaza de esta ciudad.

Los restos óseos fueron exhumados en el panteón municipal, el pasado 3 de diciembre de 2001, después de que permanecieron 27 años ocultos a sus familiares, sepultados de manera clandestina por militares y resguardados por la profesora Hilda Flores.

Confirmó que los funerales serán el 2 de diciembre, después de que se realice una caravana, a las 7 de la mañana, rumbo a la población de San Martín de las Flores en la parte media de la cierra de Atoyac, donde yace sepultada su madre Rafaela Barrientos Gervasio, para realizar lo que se llamará “El encuentro”.  

El cuerpo será sepultado en el Zócalo de la ciudad, solo falta por definir el lugar –se maneja el lugar del Tamarindo, donde fue el mitin y masacre del 18 de mayo – y acordar en Cabildo, para lo cual existe ya un permiso del gobierno federal y estatal.

Se espera una asistencia amplia de organizaciones para el sepelio, en su mayoría organizaciones sociales como el  Frente de Organizaciones Democráticas del estado de Guerrero (FODEG), la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), estudiantes de la UNAM, la Normal Rural de Ayotzinapa, entre otras.

Arroyo Castro dijo que acordarán en reuniones en Chilpancingo y Tixtla con los integrantes de la Coordinadora Lucio Cabañas, si se velará en la plaza de la ciudad o en casa de algún familiar.

Asimismo, está por definirse la invitación a los partidos políticos que se convocarán de los cuales no dieron nombres.

Informó que comenzó en esta ciudad una campaña para la recolección de llaves de cobre, que serán utilizadas para la realización de un monumento al héroe guerrillero, originario del Porvenir en la sierra de Atoyac. La campaña será a nivel estatal en otras ciudades coordinadas por las universidades y organizaciones sociales.El acopio de llaves en Atoyac se hará en la oficina del Frente Ciudadano del Pueblo, en la calle Benito Juárez numero 9, el escultor que realice la obra ya está propuesto y se dará a conocer en los siguientes días. Por otra parte informó que el próximo 10 de noviembre se recordará a los dos jóvenes eperristas que murieron en combate en San Juan de las Flores, Isidro Molino y otro que permanece en calidad de desconocido, quienes están sepultados en el nuevo Panteón Libertad. Recordarán el cuarto aniversario de su caída para mantener así los ideales de Lucio Cabañas.

  Brenda Escobar, corresponsal,Zihuatanejo * El representante de la Policía Rural Ganadera de José Azueta, Armando Espinoza Pastrana, informó que el próximo martes sostendrá una reunión con el Secretario de Seguridad Pública y

Protección Ciudadana, Luis León Aponte, para concretar una mesa de negociaciones que sirva para reactivar esta organización policíaca en este municipio, “porque de que existe la delincuencia organizada nadie lo duda, lo que hace falta es más vigilancia”.

Entrevistado vía telefónica, Espinoza Pastrana habló de la necesidad de

reactivar a la Policía Rural Ganadera de este municipio, destacando que “de

ninguna manera estamos viendo la posibilidad de levantarnos en armas o crear

conflictos, sino simplemente somos un grupo de ganaderos que nos queremos organizar para combatir a la delincuencia, que está mermando nuestra economía al robarnos el ganado o al secuestrar a algún compañero”.

Añadió que luego de que el Ejército Mexicano desmanteló esta organización

hace tres meses y tanto el Procurador de Justicia, Jesús Ramírez Guerrero, como el Secretario de Seguridad Pública la calificaron de ilegal, “nos hemos mantenido respetuosos, y lo único que estamos pidiendo es que se lleve a cabo una mesa de trabajo, sentarnos con la autoridad estatal y municipal para exponerles nuestras razones para conformar la policía rural ganadera”.

El ganadero dijo que “está pendiente un primer encuentro con el mayor Luis

León Aponte, el cual se acordó en la última visita del gobernador René Juárez el mes pasado, y nos cambiaron la fecha en una o dos ocasiones, y esperamos que este próximo martes 22, sí nos reciba en su oficina. Lo único que le vamos a decir es que se efectúe esa mesa de trabajo aquí en Zihuatanejo.

Sin embargo, como ya la presenteadministración está por salir, no creo que ésta se vaya a realizar en estos días, pero nosotros como ganaderos esperamos que ahora con el gobierno de Amador Campos Aburto las cosas cambien favorablemente para nosotros y nos apoye, porque él conoce de los problemas de nuestro sector, aunque todavía no nos hemos acercado con él”.

 * Interrogarán nuevamente a militares que se encontraron con Digna Ochoa y su acompañante alemán en la comunidad de Banco Nuevo, en la sierra de Petatlán, para esclarecer circunstancias y detalles de la vista de la abogada, 17 días antes del crimen * Están vigentes tres líneas de investigación: asesinato a manos de militares, asesinato a manos de talamontes de estado de Guerrero y el entorno social, laboral y familiar (posible suicidio)

 Notimex, ciudad de México * La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) prevé realizar nuevas diligencias en los estados de Guerrero, Michoacán, Yucatán y Veracruz, que permitan el esclarecimiento de la muerte de la abogada Digna Ochoa y Plácido, informó este viernes la fiscal especial del caso, Margarita Guerra y Tejada, a un año del crimen.

Acerca de la visita de la abogada a la sierra de Petatlán, Guerrero, el 1 y 2 de octubre, 17 días antes del crimen, a donde fue invitada por la Organización Ecologista de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, la fiscal expuso que se cuenta con información relativa que identifica a los militares que estuvieron en la visita de la defensora de los derechos humanos y de su acompañante alemán, Harald Ihmig, a la sierra de Petatlán, en el estado de Guerrero.

Ese encuentro con militares, en la comunidad de Banco Nuevo, fue documentado mediante un video grabado por la misma Organización.

La fiscal señaló que los militares que estuvieron en la sierra cuando acudió la abogada “ya han rendido declaración y se tiene programado un nuevo interrogatorio para esclarecer algunos aspectos de las circunstancias y detalles de la vista de Digna en ese lugar”.

Durante el informe que ofreció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos, explicó que la Fiscalía a su cargo cuenta con “servicios de expertos externos e independientes, a quienes se les ha solicitado emitan un dictamen Psicoanalítico de Personalidad” de la activista que perdió la vida el 19 de octubre de 2001.

Agregó que, de manera paralela, se les encargó “un análisis de entorno social y personal” de Ochoa y Plácido, que permita establecer con mayor claridad técnica las diferentes etapas de su vida, su familia, su paso por la Universidad, la comunidad religiosa y actividades concretas que realizaba en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez en México.

De acuerdo con el documento que contiene el referido informe, Guerra y Tejada apuntó, por otra parte, que las recomendaciones emitidas por el consultor internacional de la CIDH, Pedro Díaz Romero, en el sentido de que algunas declaraciones no se rindieron con claridad y especificidad, ya fueron “ampliamente superadas”, ya que se llamó a declarar de nueva cuenta a los testigos.

“He de destacar –aclaró– que del conjunto de personas que han rendido testimonios, son limitadas aquellas que han proporcionado datos mediante los cuales se han realizado retratos hablados, de quienes se menciona estuvieron en las cercanías del lugar”.

Agregó que, sin embargo, “las diligencias desahogadas hasta el momento han dejado ver mayores aspectos de la vida de la licenciada Digna Ochoa, no sólo en el ámbito personal, sino en sus actividades cotidianas y como profesionista, tanto en territorio nacional como en el extranjero”.

“Además, entre las personas que a la fecha han ampliado sus testimonios se encuentra Juan José Vera Mendoza, quien fuera la pareja sentimental de Digna en aquel entonces, el cual ha destacado aspectos personales tanto de éste como de la occisa”.

La tercera fiscal para el Caso Digna Ochoa puntualizó que del estudio analítico e integral a las constancias de la averiguación, se desprende que se llevaron a cabo las siguientes diligencias: 192 declaraciones, 149 peritajes en las diversas especialidades, 106 informes de la Policía Judicial y 56 inspecciones ministeriales.

Además, también se practicaron diligencias en los estados de Guerrero, Michoacán y Veracruz.

En cuanto al método utilizado en esa investigación, destacó “que de acuerdo con las constancias de la indagatoria, el Ministerio Público que estaba encargado de la misma, centró tres líneas de investigación que son las siguientes: asesinato a manos de militares, asesinato a manos de talamontes de estado de Guerrero y línea de entorno social, laboral y familiar (posible suicidio)”.

Anotó que una vez analizada la totalidad de las constancias y para estar en posibilidad de verificar la viabilidad de esas líneas de investigación o la existencia de otras diversas, se está llevando a cabo una investigación retrospectiva integral con relación a las actividades, equipo de trabajo, relaciones laborales y personales, de la defensora de los derechos humanos.

“Lo anterior –precisó– para conformar debidamente las hipótesis congruentes que serán materia de análisis, estudio y desarrollo con trabajo de campo a realizar, en estricto cumplimiento de las funciones de áreas sustantivas de esta Fiscalía, debiendo practicar todas y cada una de las diligencias tendientes a su acreditación”.

La fiscal explicó que la evaluación de resultados habrá de ser por cada línea de investigación, permitiendo posteriormente relacionarlos a efecto de tener un panorama amplio y una visión que permita, en todo momento, proceder al análisis de otra línea de investigación que pudiera surgir en la medida que avancen las diligencias.

“Así, del estudio de averiguación previa se ha desprendido la necesidad de citar a aquellas personas que no han declarado, y de ampliar testimonios de quienes consideramos se tenían que dilucidar algunos aspectos”.

Por eso, subrayó, “se ha programado recabar la comparecencia de más de medio centenar de testigos, diligencias que actualmente se están desahogando conforme al calendario establecido”.

El encuentro con militares en la sierra de Petatlán

Informó que también se ha solicitado a las autoridades militares y de seguridad nacional del gobierno mexicano, “toda la información que involucrara o que tuviera vinculación con Ochoa, tanto de los asuntos que conoció y en los que estaban relacionados elementos de la milicia”.

“No obstante –añadió– que ya se cuenta con algunos de ellos, se ha reiterado a las autoridades castrenses y civiles mexicanas sobre la posible información de la que hayan sido omisas”.Sostuvo que se cuenta con información relativa que identifica a los militares que estuvieron en la visita de la defensora de los derechos humanos y su acompañante extranjero a la sierra de Petatlán, en el estado de Guerrero.“Pero más aún, esas personas ya han rendido declaración y se tiene programado un nuevo interrogatorio para esclarecer algunos aspectos de las circunstancias y detalles de la vista de Digna en ese lugar”, informó.Puntualizó, finalmente, que la creación de la Fiscalía a su cargo tiene como objetivo primordial “el agotar, mediante la práctica de las diligencias que resulten necesarias, no sólo todas las líneas planteadas, sino también aquellas que durante el transcurso se vayan vislumbrando”.

Jorge Nava * Integrantes de organizaciones de mujeres exigieron la investigación a fondo y castigo a los autores del asesinato de la abogada y defensora de los derechos humanos Digna Ochoa y Plácido.

Para ello, integrantes de Mujeres Guerrerenses por la Democracia, Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, Milenio Feminista en Guerrero y Frente Cívico de Acapulco, organizaron una concentración en la Delegación de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), en esta ciudad de Acapulco.

A las 14 horas con pancartas en mano, donde se leía “Digna descansa en paz, que las semillas que sembraste ha dado fruto en cada una de nosotras” y otras “Todas somos Digna”, el grupo de 20 mujeres intentó subir a las oficinas del delgado de la PGJE, Efrén Suástegui Mayo.

Un agente de la Policía Judicial del Estado (PJE), apodado La Tripa, les dijo que no podían subir a las oficinas del funcionario. Las mujeres le preguntaron el motivo, el judicial en actitud retadora se limitó a decirles que eran órdenes.

El policía les indicó que sólo una persona podía subir, pues, aseguró que el delegado ya sabía a qué iban ellas, sin embargo las mujeres le manifestaron que era una oficina pública y cuestionaron qué cómo sabía a lo que iban.

El judicial mantuvo esa actitud pese a que la regidora con licencia, Laura Olivia López Victoria, le sugirió que les permitiera el acceso a la oficina pública en fila india, pues le recordó que ellas no iban en actitud grosera.

El judicial le contestó a la regidora que “son disposiciones” y les pidió “muestren su educación”, y les dijo que “son reglas”.

Minutos después otro agente, al que apodan Pantera les preguntó con quién querían hablar, después de que las mujeres le explicaron que pedían hablar con el delegado de la PGJE, Suástegui Mayo, el policía subió y regresó para decirles que podían subir.

Ya en la oficina, la encargada de la Dirección de Asuntos de la Mujer y Grupos Vulnerables, Aurora Muñoz Martínez, leyó un documento firmado por las presentes.

En el texto pedían que por medio de Suástegui Mayo pidiera a la Procuraduría de Justicia del DF un informe del avance del caso de Ochoa y Plácido, a un año de su muerte.

Además que no se intimide el trabajo de la reportera de El Sur, Maribel Gutiérrez, quien por realizar un trabajo que de nueva cuenta inició la investigación de la muerte de la abogada, fue llamada a declarar como testigo por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Suástegui Mayo les expuso que sería el procurador quién podría intervenir, sin embargo dijo que aceptaba el documento para hacerlo llegar al procurador.

El funcionario les dio el teléfono de su oficina para que se comuniquen y les dé una respuesta de sí el procurador accede a atenderlas para analizar su petición.

Una de las presentes expresó su queja sobre el trato del judicial, el funcionario se disculpó por el incidente, pues aseguró que no tenía mucho de llegar a la oficina y desconocía al respecto.Argumento que no lo justifica la actitud del servidor público, pero reconoció que “no podía hacer todo” porque, según él, “los cambios no son mágicos”.Estuvo presente la diputada plurinominal electa del PRD, Rosa María Gómez Saavedra, quien dijo que la actitud de los judiciales la expondría en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso.

 * La ONG en la que laboró la abogada no está de acuerdo en que se tomen como asuntos separados el crimen y las amenazas de muerte

 El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Prodh) anunció este viernes su renuncia a la coadyuvancia que tenía en las investigaciones del caso Digna Ochoa, porque considera que la Fiscalía a cargo de Margarita Guerra no ha brindado las condiciones necesarias para esa colaboración.

El director del organismo civil en el que trabajó la abogada asesinada el 19 de octubre del año pasado en la ciudad de México, Edgar Cortez, cuestionó en una conferencia de prensa que la tecera fiscal del caso Digna Ochoa no haya informado de las investigaciones desde que tomó el cargo el 1º de agosto.

Dio a conocer un boletín, distribuido a los medios, en el que explica que después del 10 de octubre el prodh fue notificado por la Fiscalía especial que el derecho de coadyuvancia que les fue reconocido directamente se restringe y que sólo se mantiene vigente en lo que se refiere a las amenazas de muerte encontradas en el lugar de los hechos.

Estas amenazas de muerte, encontradas en una hoja de papel con letras de molde, al lado del cuerpo de la abogada, eran en contra de los miembros del Centro Prodh.

Según Edgar Cortez, la decisión de restringir la coadyuvancia al Prodh significa que la Fiscalía aplica el criterio de que la muerte de Digna y las amenazas son hechos distintos y cada investigación va por separado. Este criterio aplicado por la autoridad no es compartido por el Prodh.

Por tanto, este centro de Derechos Humanos considera que ambas decisiones generan una situación que imposibilita el adecuado ejercicio del derecho de coadyuvancia, razón por la cual declaramos públicamente que renunciamos a nuestro derecho de coadyuvantes en la investigación”, aseveró Cortez.

El titular del Prodh dijo que esta decisión implicará que ahora no tengan acceso a los expedientes, aunque precisó que ello no significa que serán ajenos a la investigación porque seguirán haciendo gestiones por medio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).A este organismo internacional, agregó, ya le fueron solicitados un grupo de expertos en criminalística, balística y patología forense, para que intervengan en la investigación con el fin de que se garantice la imparcialidad y credibilidad de la misma.Cortez añadió en conferencia de prensa que el Prodh sólo pide que se investigue hasta las últimas consecuencias y que se demuestre con pruebas contundentes la verdad del crimen, la cual están dispuestos a aceptar aunque se concluya que se trató de un suicidio.

 La Red Nacional de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos demandó que se corrijan los vicios que durante un año hubo en las investigaciones del asesinato de la abogada Digna Ochoa, y que se brinden resultados creíbles.

Manifiesta “su preocupación por los limitados avances en las investigaciones sobre el caso”.

A un año del crimen, la Red, a la que pertenecen ONG de Guerrero como el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, el José María Morelos, La Voz de los Sin Voz, el Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, dio a conocer su posición y señaló:

“Ha transcurrido un año desde los lamentables hechos que privaron de la vida a una compañera abogada y defensora civil, hemos visto a tres diferentes encargados de la averiguación y se han cumplido más de dos meses y medio desde que la actual fiscal especial ha asumido su puesto.

“Es decir, ya ha habido el tiempo suficiente para identificar los desaciertos de los equipos de investigadores anteriores y para retomar el curso de las pesquisas. Por lo tanto, es indispensable que Margarita Guerra formalice un plan de trabajo para llevar adelante las indagaciones correspondientes, que incluya el desarrollo de las propuestas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y se fije plazos para brindar resultados sobre el agotamiento de cada etapa, sin prisas o medidas prematuras, pero evitando dilaciones innecesarias.

“No es deseable que vaya a transcurrir un año más sin que los vicios se corrijan, se cumpla con lo propuesto por la Comisión Interamericana y se brinden resultados creíbles de lo actuado”.

Asimismo, denuncia que en este año ha seguido el hostigamiento contra loss defensores de derechos humanos, y señala el caso del director de Tlachinollan, Abel Barrera.

Expresó: “Como colectivo de defensores civiles de derechos humanos que integra a 54 organismos, la Red Nacional desea destacar que durante el último año el hostigamiento y agresiones contra defensores de derechos humanos continúan siendo una práctica frecuente en buena parte del territorio nacional, y que ha afectado a organizaciones como ACAT, Tlachinollan, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, el Centro Miguel Agustín Pro y la misma Secretaría Técnica de la Red.

“A partir del 19 de octubre del año pasado, se han registrado 19 casos de hostigamiento, incluyendo amenazas por vía telefónica o electrónica, ataques directos, campañas de difamación y la nueva modalidad de intimidaciones telefónicas consistentes en el anuncio de supuestos secuestros o reportes falsos de accidentes padecidos por el defensor o sus familiares, lo que demuestra la práctica ilegal de la intervención telefónica vinculada a la atención a casos de abusos de poder. Estos actos de violencia, que también han afectado a por lo menos tres presidentes o expresidentes de Comisiones Estatales de Derechos Humanos, se han cometido contra activistas en entidades como el Distrito Federal, Guerrero, Chiapas, Jalisco, Hidalgo, Querétaro y Morelos”.

Plantea que “el avance de manera expedita y cierta en las investigaciones sobre la muerte de Digna Ochoa y Plácido y la supresión de toda agresión contra los defensores de derechos humanos, serán un signo concreto de que la justicia puede imponerse al imperio de la impunidad que se le ha heredado a la sociedad mexicana, y que obstaculiza la transición hacia un estado verdaderamente democrático en el que se asegure el disfrute de las libertades públicas, incluyendo el derecho a defender los derechos humanos.“En conclusión, la Red Todos los derechos para todos reitera su exigencia del derecho a conocer la verdad sobre los hechos ocurridos el 19 de octubre del año pasado, tanto para la familia Ochoa y Plácido, como para la comunidad de defensores civiles y la sociedad mexicana en general”.

 El Ejército Popular Revoluciomnario (EPR) manifestó a un año del asesinato de la abogada Digna Ochoa, al que calificó como crimen “por razones de Estado”,  que “la impunidad prevalece, no importa cuántos cambios de funcionarios puedan realizar, la esencia radica en que quienes debieran impartir justicia, son empleados de gobierno y por lo mismo están actuando como juez y parte”.

Señala que en el crimen “están involucrados escuadrones de la muerte apoyados y amparados por (el procurador general de la República Rafael) Macedo de la Concha y Vicente Fox”.

Expresa: “Familiares y amigos han recorrido los cauces legales, tolerando la indiferencia y la frialdad de la ley, el hostigamiento de funcionarios de la Procuraduría, respetando el Estado de derecho sin mayores resultados, las indagaciones en una maraña en espiral sin fin, para no arribar a conclusiones que involucren al ejército y a su jefe supremo”.

En un boletín difundifo por Internet, el EPR expresa: “La alevosía gubernamental se ha manifestado en todos los sentidos, indagatorias tendenciosas con el intento de desdibujar el perfil de una mujer que valientemente y como pocas y pocos, se enfrentó al Estado, no sólo denunciando sino defendiendo activamente dentro de su profesión de abogada defensora a quienes  han sido víctimas de la injusticia y del estado de derecho que prevalece en nuestro país y sobre todo a aquéllos presos de conciencia cuya defensa implicaba un riesgo para quien lo hiciera, no olvidemos que Digna Ochoa fue asesinada pocos días después de retomar la defensa de los hermanos Cerezo, hijos de compañeros nuestros”.

Considera que “es muy probable que no conozcamos la identidad de los autores materiales durante algún tiempo, en dolorosa semejanza con la masacre del 2 de octubre del 68, la represión del  10 de junio del 71, los crímenes y desapariciones forzadas de la guerra sucia”.

Señalan que “Este cobarde asesinato no fue más que la continuidad que Fox da a la aplicación de la guerra de baja intensidad, fue para atemorizar a todo aquel defensor de los derechos humanos que continúe defendiendo a presos que sean incómodos  para el gobierno y la PGR”.Señala que “en el caso del asesinato de la abogada Digna están involucrados escuadrones de la muerte apoyados y amparados por Macedo de la Concha (parte de la cúpula militar) y Vicente Fox,  quienes hoy y mañana no harán nada en lo absoluto  por  realmente esclarecer este crimen, ya que ellos son los verdaderos responsables intelectuales de la muerte de la abogada”.