Maricela Santos, corresponsal, Zihuatanejo * El ayuntamiento azuetense clausuró ayer una granja de pollos que operaba en condiciones insalubres y dejó en el lugar a tres policías preventivos municipales para evitar la violación de sellos, aunque no procedió penalmente por la violación de la disposición administrativa que previamente impuso en dos ocasiones la dirección de Salud Municipal.

Esto después de que los habitantes de la colonia El Aeropuerto, cercano a la granja, denunciaran que este negocio operaba con la complacencia de las autoridades municipales en virtud de que violaron los sellos de clausura colocados por Salud Municipal porque el negocio carecía de permisos sanitarios.

La acción se realizó como respuesta a la exigencia de la población que había denunciado un día antes a través del delegado municipal de la colonia El Aeropuerto, Gilberto Pineda Figueroa que el negocio carecía de licencia de funcionamiento, que operaba de forma clandestina y que estaba generando problemas de insalubridad y enfermedades entre los habitantes de la zona desde que se estableció hace tres semanas en el lugar con 380 pollos.Ayer los habitantes habían amagado con bloquear la carretera federal Acapulco Zihutaanejo si no se clausuraba el inmueble ubicado a la vera de dicha vía, por lo cual a las 1:30 horas la veintena de inconformes se presentó al ayuntamiento a exigir respuesta de parte de las autoridades y el director de Asuntos Jurídicos, Lucas Nava Brito y el director de Actividades Comerciales, Reglamentos y Espectáculos, Arturo Meneses Gonzalez, se trasladaron con ellos a clausurar el inmueble dejando a resguardo a tres preventivos municipales para evitar que violentaran la disposición administrativa.Antes el director de Salud municipal, Juan José Tellez Castro había declarado que por la actitud asumida por los dueños de la granja representados por Gerardo Segura León lo que procedía era la promoción de una denuncia penal por el rompimiento de sellos.Meneses González declaró que el asunto no era de su competencia porque la granja no estaba comercializando nada directamente sino que era una especie de bodega y que quien debía proceder a ello era la Ssa. Tres horas después se llevó a cabo la  clausura del negocio.

 Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Campesinos que se vieron afectados con la construcción de la Autopista del Sol desde hace diez años, demandaron ayer al gobierno estatal que cumpla con el pago de la indemnización de sus tierras como se comprometió con ellos.

Uno de los afectados, Martín Vázquez de Jesús informó que son aproximadamente 40 las hectáreas de las localidades de Zumpango de Neri, Acahuizotla, Mazatlán, Axaxacualco y de 15 comunidades más que comprenden de Mezcala hasta Tierra Colorada, las que no han sido indemnizadas a los ejidatarios.

Informó que el año pasado llegaron a acuerdos con el gobierno federal y estatal en el sentido de que recibirían 3.50 pesos por metro cuadrada de los cuales un peso lo aportaría el gobierno federal y 2.50 el gobierno estatal, sin embargo señaló que hasta ahora sólo ha cumplido la federación, no así el  estado.Los aproximadamente 40 campesinos, quienes ayer instalaron un plantón de dos horas frente al Palacio de Gobierno, denunciaron que el gobierno de René Juárez sólo ha instalado mesas de trabajo con ellos, donde les fijan plazos para el pago pero que nunca han cumplido.Vázquez de Jesús dijo que ayer tenían programada una reunión con el secretario de Gobierno, Marcelino Miranda Añorve pero que sin explicación alguna se las cambiaron de última hora por lo que decidieron instalarse en plantón.Después del medio día, los ejidatarios fueron llamados por el subsecretario de Gobierno para asuntos agrarios, Esaú Tapia, pero sólo les dieron un plazo más para cubrir el pago.

 Brenda Escobar, corresponsal Zihuatanejo * La dirigente de la Unión de comerciantes fijos, semifijos y ambulantes por el derecho constitucional al trabajo, Cristina Domínguez Santos, denunció que el ayuntamiento porteño ayer dio posesión de los locales de la plaza de la Libertad de Expresión, que están en juicio, a vendedores ajenos, mientras que los que fueron desalojados con violencia del predio La Bodega, continúan esperando una respuesta a su demanda.

Domínguez Santos dijo estar molesta por la burla de la que están siendo objeto sus diez compañeros que por doce años ocuparon este predio conocido como La Bodega, mismos que fueron desalojados por la fuerza pública en dos ocasiones en el mes de junio pasado, además de que el gobierno municipal les hizo perdidizas sus mercancías y enseres que utilizaban para vender, sin que hasta la fecha se los  hayan repuesto.

Los nuevos locatarios que ahora ocupan no sólo los diez locales destinados para los comerciantes desalojados, estaban ubicados en la avenida Vicente Guerrero esquina con Catalina González, y son dirigidos por la priísta Manuela Méndez.

Según testigos, los nuevos ocupantes llegaron a la plaza a la 1 de la tarde, acompañados por el director de Asuntos Jurídicos del ayuntamiento, Lucas Nava Brito, quien les dio posesión de los puestos y de inmediato comenzaron a vender sus mercancías.

La líder de la también agrupación conocida como Los Rojos, acusó que esta acción del gobierno municipal responde “a un revanchismo político por parte del presidente Jorge Allec Galeana, “pues sabe que aunque nosotros éramos priístas, después de lo que nos hicieron en junio, por lógica no íbamos a votar por el PRI y si lo que pretende es que caigamos en su juego de un enfrentamiento entre comerciantes, no lo va a lograr, porque no somos animales”.Por su parte, el asesor jurídico de esta organización de comerciantes, Oscar Valladares Helguera señaló que el gobierno municipal está actuando con arbitrariedad y fuera de la ley al darle posesión a esos comerciantes, pues de antemano saben que en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) se están ventilando dos juicios sobre este caso, y con esto que han hecho, están violentando la ley”.Adelantó que pondrán otra demanda ante la instancia correspondiente, “pues mientras a mis clientes los ha tenido todos estos meses trabajando en las calles, expuestos a las persecuciones del personal de Reglamentos por no hacer las cosas dentro del marco legal, de manera arbitraria e irregular mete a personas a ocupar esos locales que están en una plaza pública en donde el cambio del uso de suelo aún no ha sido autorizado por el Congreso”.

 * Disputan con posesionarios de Vista Hermosa 300 hectáreas cercanas a la playa

 Maricela Santos, corresponsal, Zihuatanejo * Ante la reanudación de conflictos y roces en el área conocida como Los Farallones entre ejidatarios de El Zarco en Zihuatanejo y los agremiados al Nuevo Centro de Población Ejidal Vista Hermosa debido a la disputa por la posesión de 300 hectáreas cercanas a la playa, el agente del Ministerio Público del Fuero Común de  Zihuatanejo, Alberto Ortiz Miranda informó que están a la espera de un peritaje topográfico para destrabar el conflicto.

Y es que ayer los posesionarios de las 300 hectáreas agremiados al Nuevo Centro de Población Ejidal Vista Hermosa que encabeza Nicolás Aguirre Zarco denunciaron que el pasado domingo iniciaron de nuevo los roces y agresiones de parte de los ejidatarios de El Zarco pues nuevamente les destruyeron y robaron las cercas que tenían en la zona en conflicto, para meter a unas 300 cabezas de ganado que temrinarían por destruir los cultivos de maíz, ajonjolí, calabaza y sandía.

Esto porque el sábado pasado, el derribo de las cercas desencadenó una discusión entre el ejidatario Efrén Medina Mercado y el colono José Maldonado, quien supuestamente al calor de la discusión vio que el ejidatario portaba un arma, abandonando por ello la añeja disputa de las tierras que data desde hace 10 años y en la cual el ejido alega que fue invadido y los colonos argumentan que las tierras fueron abandonadas tras un fraude por una inmobiliaria denominada Los Farallones y tras esto, las ocuparon porque no eran del ejido.

A raíz de esto se presentaron los dos grupos ante el MP para demandar agilidad a sus denuncias entre el lunes y martes de esta semana.

Los ejidatarios que demandaron a los colonos por despojo de sus tierras de acuerdo a la averiguación previa AZUE/02/338/2002 el pasado 16 de julio aportó ya un dictamen del Tribunal Unitario Agrario de 1998 con el que acredita la propiedad y por separado se presentó el grupo de colonos que interpusieron la denuncia AZUE/03/373/2002 por robo, daños, despojo y lo que resulte en su agravio cometido presuntamente por el ejido de El Zarco que encabeza Heriberto Medina Valle.Al respecto el titular del MP dijo que ambas averiguaciones se están deshaogando y que hace falta solamente la emisión de un dictamen en materia de topografía que no se ha realizado porque el encargado del área está enfermo. Aseguró que ambas averiguaciones por el caso de la disputa de 300 hectáreas cercanas a la playa en Zihuatanejo podrían resolverse simultáneamente y que serán enviadas para su revisión a la dirección geenral del jurídico consultivo de la Procuraduría General de Justicia del Estado para que la revise, confirme los dictámenes o recomiende el perfeccionamiento que corresponda, pues consideró que este asunto es “delicado”.A la par, informó que el grupo de colonos del Nuevo Centro de Población Ejidal Vista Hermosa ha solicitado una mesa de diálogo con autoridades como la Procuraduría Agraria y la Secretaría de la Reforma Agraria a fin de darle una salida al conflicto.

* Los alcaldes priístas “no nos dejaron ni los clips”, responde el alcalde a Manuel Añorve * Plantea ampliar la base de contribuyentes y revisar las bases catastrales para incrementar los ingresos municipales

 Ossiel Pacheco * El alcalde Zeferino Torreblanca Galindo dijo que ya ordenó pagar los casi 2 millones de pesos de indemnización a los ex trabajadores de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), según lo ordena un laudo de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), pero que será a costa de dejar de reparar fugas en la red y de llevar el líquido a poblados.

De acuerdo con información publicada en El Sur, la CAPAMA perdió un pleito laboral ante cuatro ex empleados, quienes habrán de ser indemnizados con un millón 906 mil 483 pesos.

Entrevistado durante una gira por la zona urbana, el alcalde dijo que la CAPAMA tendrá que pagar ya, pues de lo contrario será objeto de embargo por orden del tribunal laboral.

Adelantó que “se va a analizar la posibilidad de interponer una demanda en contra de los corruptos que saquearon el organismo, pero de antemano vamos a hacer la denuncia pública, social y el juicio moral de la sociedad”.

Señaló que los directores designados durante las administraciones priístas llegaron a “asaltar” al organismo; “utilizaron la CAPAMA como un simple premio de consolación, parecía propiedad de los funcionarios, la utilizaron como bastión para ganar elecciones, sacaron dinero de las cajas para comprar despensas, para saquearla”.

Sin decir el nombre, el alcalde mencionó que uno de los directores del organismo utilizó los recursos de éste para pagar la hospitalización de su padre, y que en las nóminas hasta hijos de políticos encontraron, como uno del ex alcalde Rogelio de la O Almazán, que “trabajaba como asesor”.

Reveló que, igual que en CAPAMA, el ayuntamiento en el primer año de la administración perdió un juicio por 4 millones de pesos frente a ex trabajadores que demandaron por situaciones similares, y problemas con jubilados por supuestas minutas que anteriores funcionarios firmaron.

Añorve, “uno de los que se enriquecieron del erario”

En el último punto de la gira de ayer, el alcalde Torreblanca Galindo, en alusión al ex presidente municipal priísta Manuel Añorve Baños, respondió que los funcionarios de la pasada administración priísta “no dejaron ni los clips; ahora resulta que nosotros nos llenamos las alforjas de dinero”, cuando el PRI vigiló al ayuntamiento desde la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado.

Frente a la diputada local electa Adela Román Ocampo, el diputado local Juan García Costilla y el dirigente Juan Alonso Rosas, el alcalde porteño respondió al ex alcalde y ahora diputado federal Manuel Añorve –quien afirmó en días pasados que Torreblanca no entregará cuentas claras a su sucesor Alberto López Rosas, y que presentó una demanda ante la PGR en su contra por 400 millones de pesos por peculado, pagos indebidos, desvío de recursos y ejercicio indebido de funciones–, que su gobierno no tomó por asalto a la administración.

Señaló que el priísta “es uno de los que se enriquecieron del erario”.

Torreblanca dijo que presentó su declaración de impuestos para mostrar a la sociedad de dónde provienen sus ingresos, y aseguró que en el gobierno que encabezó se sentaron las bases para el desarrollo de Acapulco, pues se cambió el esquema del reparto de dádivas por el de obras en beneficio de todos.

Durante la gira, Torreblanca Galindo inauguró la pavimentación de calles, andadores y muros, con una inversión de casi 2 millones 500 mil pesos, gestionados por la síndica, ahora con licencia, Román Ocampo.

A este lugar llegaron los regidores Abelardo Rivera Domínguez, Ofelia Abúndez Catalán y Abelina López Rodríguez; el secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología, Guillermo Torres Madrid; el coordinador de los Servicios Públicos Municipales, Jorge Luis Bárcenas Aguilar, y el coordinador de Enlace Ciudadano, Eduardo Sánchez del Río.

En el último punto de la gira llegaron los regidores Juan Camerino Iturbide Arias, en funciones, y Juan Calixto, electo.

Allí, no obstante que ya concluyeron las campañas políticas, hubo efervescencia partidista. Llegaron vecinos con playeras del PRD y de su entonces candidato, ahora alcalde electo, Alberto López Rosas; hubo vivas a ese partido y a Zeferino Torreblanca.

En sus intervenciones, Román Ocampo agradeció el voto a su favor. No obstante las diferencias suscitadas entre ella y el alcalde a lo largo de casi tres años, expresó en público su reconocimiento al gobierno de Zeferino Torreblanca.

Dijo que pese a los embates del gobierno estatal y de los diputados del PRI, que tienen mayoría en el Congreso del Estado “y que sólo vieron por los intereses de su partido y no por la sociedad, “Zeferino hizo mucho por el Acapulco rural y el urbano”.

No a incrementar los impuestos

El alcalde dijo que la falta de respuesta del titular de la SHCP, Francisco Gil Díaz, a los municipios, podría obligar a los ayuntamientos a incrementar su recaudación tributaria, “para que los recortes al presupuesto no nos afecten”.

El edil informó que Gil Díaz propuso como alternativa para los alcaldes que se reunieron con él el pasado martes en la ciudad de México fortalecer sus ingresos por medio de incrementar impuestos y ampliar la base tributaria.

El funcionario federal estaba enfermo y sólo recibió por poco tiempo a los alcaldes, lamentó Torreblanca Galindo.

Los presidentes municipales pidieron más presencia de los municipios en la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales (RNFF), entendimiento entre estados y la federación, otorgar nuevas potestades a los municipios y apertura a los representantes municipales. Pero el titular de la SHCP no respondió a estas demandas, porque, dijo, los graves problemas que tiene el país en materia de pensiones y jubilaciones, y las alertas amarillas que hay en la economía del país lo impiden.

Torreblanca dijo que reclamar recursos se ha vuelto un círculo vicioso, pues el municipio le pide al estado y éste a la federación, “la federación le pide al pueblo, y el pueblo no quiere pagar más impuestos, más consumos y derechos, por la economía tan golpeada”.El alcalde destacó que su administración pasó de tener ingresos federales de 70 por ciento y de 30 por ciento locales, a 50 y 50 por ciento.En cuanto al municipio, afirmó que no se trata de incrementar los impuestos sino de ampliar la base de contribuyentes, “que seamos más los que paguemos, que revisemos las bases catastrales de las unidades habitacionales, en las que el ciudadano tiene como base catastral 12 mil pesos; es injusto, tenemos que repartir la carga entre más habitantes”.Expuso que el municipio no puede seguir gravitando en la economía de unos cuantos hoteles, y que es necesario tener un gobierno que no se robe el dinero del pueblo, y los gobernantes sean transparentes, “para que generen confianza”.

  * Los abogados de la paramunicipal en esta demanda laboran en el despacho del alcalde electo López Rosas, critica * No demandó ni demandará, dice el ahora magistrado del Tribunal Superior de Justicia

 De la corresponsalía, Chilpancingo * El ex director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), Fermín Alvarado Arroyo, acusó al alcalde perredista de ese puerto, Zeferino Torreblanca Galindo, de “politizar” el juicio laboral que ganaron trabajadores de este organismo.

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia dijo que quien despidió a los trabajadores de CAPAMA fue su susesor, Jesús Velázquez Peña, y que él nada tiene que ver con el conflicto laboral.

Entrevistado en sus oficinas del Tribunal Superior, el ex colaborador de los entonces gobernadores Rubén Figueroa Alcocer y Angel Aguirre Rivero, dijo que él tenía también derecho de demandar laboralmente a CAPAMA por despido injustificado, pero no lo hizo ni lo hará.

En el laudo de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) se ordena al ayuntamiento de Acapulco pagar un millón 906 mil 483 pesos con 95 centavos a los empleados Elena Salmerón, Elizabeth Ortiz, Eutimio Rodríguez y Esteban Parra, además de reistalarlos en sus cargos.

El ahora magistrado y presidente de la Sala Familiar del TSJ, Fermín Alvarado, asegura que él no está detrás de este movimiento legal que protagonizan desde hace cinco años varios trabajadores despedidos de CAPAMA.

“Yo no demandé a nadie, ni tampoco he ganado ningún juicio, y si hay un grupo de trabajadores que consideraron que fueron despedidos en forma injustificada, tuvieron que recurrir a las instancias legales, pero yo no tengo nada que ver”, expresó el magistrado.

“Algunos de ellos trabajaron conmigo, pero hay otros que tienen mucha antigüedad, que también demandaron”, externó Alvarado Arroyo.

Indicó que los abogados que defendieron a la CAPAMA de la demanda laboral que presentaron los trabajadores laboran en el despacho del alcalde electo de Acapulco, Alberto López Rosas.“Perdieron el juicio, y ahora resulta que lo que pierden en los tribunales lo quieren resarcir políticamente, cuando las cosas en este país, en un régimen de derecho, esas cosas no se resuelven de esa manera”, afirmó.Señaló que las autoridades del municipio tratan de llevar a la arena política un asunto que es estrictamente jurídico.Mencionó que el juicio laboral lo ganaron los trabajadores en una primera instancia en la JLCA, y posteriormente los tribunales federales confirmaron el laudo.Indicó que el juicio laboral duró cinco años, y apenas la semana pasada se le notificó a las autoridades municipales que deben pagar a los cuatro trabajadores más de un millón 900 mil pesos.Sin embargo, dijo que a pesar de que la JLCA ya ordenó que se les indemnice, las autoridades municipales –de filiación perredista– “están todavía al calor de la efervescencia electoral y ahora quieren politizar este asunto”.

 Ossiel Pacheco * El alcalde Zeferino Torreblanca Galindo, en entrevista sobre la impugnación presentada por la alianza PRI-PVEM ante el Tribunal Estatal Electoral (TEE) para anular la elección de Acapulco, con el argumento de que el alcalde apoyó a los candidatos del PRD, dijo que este recurso le parece infundado, pero que serán los órganos judiciales los que determinarán si es o no procedente.Argumentó que el criterio del gobierno de Acapulco fue el de entregar obras para todos, “no de manera sectaria; le vamos a dejar a los tribunales que resuelvan, mi llamado siempre será de concordia, pues es lo que requieren el estado y el municipio, sumarnos al esfuerzo diario”.Finalizó: “No es a través de las polémicas estériles y las reyertas entre unos y otros como vamos a resolver los problemas de Acapulco; desde luego que tiene mucho que ver la acción del gobierno; si hay un gobierno que medio funciona, pues la sociedad lo aprueba o lo reprueba, aquí y en cualquier país democrático la acción de gobierno tiene que ver en los resultados”.

 * Los perredistas anticipan la promoción de la Reforma Política como una de las prioridades de la próxima legislatura

 Aurelio Peláez * Ante integrantes del Grupo ACA, los diputados locales electos por Acapulco –todos ellos del PRD– señalaron que una de las prioridades de la próxima legislatura deberá ser promover la Reforma Política, sobre todo en materia electoral y en cuanto a las funciones mismas del poder legislativo, el cual debería tener mayores atribuciones en la fiscalización de los recursos públicos.

En la sesión, de parte de los acasocios, hubo comentarios en el sentido de que la próxima legislatura tendrá la posibilidad de la independencia ante el poder Ejecutivo, como no la tuvieron las anteriores. La idea fue compartida por el ex alcalde Alfonso Argudín Alcaraz, priísta, quien dijo que “la realidad ha cambiado, aunque se decía que había tres poderes la verdad sólo contaba el Ejecutivo. Antes este enviaba iniciativas, la manada la aprobaba (y), el coordinador del Congreso las ejecutaba”.

También hubo cuestionamientos, como el del panista y ex presidente del Grupo ACA, Otilio Alcaraz Hinojosa, quien señaló que “el estado de Guerrero se pintó de amarillo, yo creo que también para perjuicio, porque este partido abandera las invasiones y al comercio ambulante”.

En la sesión del Grupo ACA, que se realiza en un salón del hotel Fiesta Americana, temprano estuvieron los diputados Adela Román Ocampo, diputada electa por el distrito 05; Rómulo Reza Hurtado, del distrito 13; Orlando Romero Romero, del 16; Gloria Sierra López, del distrito 26, y Yolanda Villaseñor Landa, del 28. A media sesión llegó Marco Antonio López García, diputado electo por el distrito 17.

A pesar de que en otras sesiones se criticaba que en la planilla de candidatos del PRD había invasores de tierras, en ésta apenas se tocó el tema con el diputado electo Marco Antonio López, a quien han ido dirigidas estas acusaciones. El periodista Manuel Velasco, al tomar la palabra en la ronda de preguntas, y dijo a López García que “se dice” que tenía averiguaciones previas y que estaba detrás de las invasiones en Acapulco. El diputado electo dijo que era común que se acusara en las campañas y negó tener órdenes de aprehensión, aunque aceptó que se le había inmiscuido en algunas averiguaciones previas pero que esto era consecuencia de su labor como servidor público. Argumentó que se podía usar el “se dice” pero había que probar las acusaciones.

Al final, el futuro legislador se despidió de mano y como pasando su primera prueba de priístas como el ex alcalde Alfonso Argudín, la ex secretaria de la Mujer, Alma Clarisa Rico y de otros acasocios. Se escuchó por ahí hasta una recomendación: “Hay que darle en la madre al gobernador”.

Gloria Sierra, quien fue síndica en este ayuntamiento, afirmó que el poder legislativo debe ejercer con mayor vigor su función como órgano de control y planeación del presupuesto público, así como promover una clara rendición de cuentas del gobierno del estado.

Adela Román y Yolanda Villaseñor, comentaron en su intervención la necesidad de que la próxima legislatura retome la iniciativa de Reforma Política, que implicaría además la reforma electoral y de la Ley Orgánica del Congreso.

Rómulo Reza, en tanto, dijo que una de las prioridades en el distrito 13 será trabajar para resolver el problema de la inseguridad pública. Por ello, habló de legalizar a la policía comunitaria (en el caso de la zona rural), que en mucho ayuda a evitar la delincuencia. Asimismo, dijo que promovería la tipificación como delito de la retención de recursos públicos.

Contra las pluris

Los acasocios insistieron en su recurrente batalla contra las plurinominales, pese a que uno de su grupo allí presente, Max Tejeda, fue electo por tal vía como diputado por el PAN. El cirujano dentista Benjamín Sánchez Olivar, ex dirigente y ex candidato panista, dijo que “las plurinominales no sirven para nada, no representan a nadie”.

José Antonio Olguín sostuvo que “el sistema político es un despilfarro; el que acepta una plurinominal es no tenerse respeto. Si por esa vía se mandaban (como legisladores) a los sabihondos, que los partidos los manden por otras vías (porque) lucran con el dinero del país”.

Alfonso Argudín sostuvo que “el gasto político es exagerado, es el momento de reducirlo”, y propuso además que se aumentara el porcentaje electoral para la asignación de recursos a los partidos “pequeños”, y que pasara del 1.5 al 5 por ciento de la votación.

Rubén Huerta, quien fue Contralor en la actual administración municipal, sostuvo que “nosotros sí nos sentimos representados por ustedes porque ningún dedo los eligió”, pero también les pidió pronunciarse contra las plurinimonales.Aludido, Max Tejada dijo no estar a favor de las diputaciones plurinominales, y dijo que se pronunciaría contra ellos en el Congreso.El exhorto de los acasocios sólo recibió eco en Marco Antonio López, quien ofreció defender esta propuesta en el Congreso local. Adela Román por su parte, afirmó que esa iniciativa debería llevarse a consulta.Gloria Sierra, en tanto, manifestó el apoyo de los “siete magníficos” (como les llamó a los diputados perredistas el abogado Pedro Larumbe) a la iniciativa de los acasocios de pedir que se baje 50 por ciento el costo del peaje por la Autopista del Sol, y ofreció acompañarlos en la sesión que para tal efecto realizarán este 30 de septiembre en la caseta de La Venta.

 Aurelio Peláez * Este miércoles se realizó la primera reunión con miras a formalizar la constitución del Parlamento Ciudadano. La iniciativa para crear esta organización parte del diputado local perredista, Benjamín Sandoval Melo, y con ella se pretende tener “un foro permanente para la consulta y la discusión”, a fin de que las organizaciones ciudadanas presenten sus propuestas al Congreso local.

En el acto estuvieron presentes dirigentes de organizaciones civiles, a quienes se pretende interesar en el proyecto, Irma Rojas, integrante de Mujeres Empresarias del estado de Guerrero; Martín Heredia Alarcón, presidente de la Asociación de Vivienda del estado de Guerrero; Jorge Bajos Valverde, presidente de la Coparmex local; Miguel Balleza; presidente del Colegio de Ecólogos Marinos del estado; Xavier Mendieta Bueno, presidente del Grupo ACA; Gerardo Martínez Bello, presidente del Colegio de Abogados; Dulce María Gómez, presidenta del Frente por la Reconstrucción del Acapulco Tradicional; Ramiro Gómez Pardillo, de la Asociación Ecológica Subacuática, y Robín Sidney, de la Asociación Ecologista de la Isla Roqueta, entre otros.

Benjamín Sandoval Melo, quien estuvo acompañado en la mesa principal por los diputados locales del PAN, Angel Pasta Muñúzuri, y del PRD, Sebastián de la Rosa Peláez, explicó que la idea de crear un Parlamento Ciudadano nació en 1995, antes de que él fuera diputado local.

No obstante, señaló que en el periodo en que le tocó fungir como legislador (1999-2002), se intentó integrar a la constitución local figuras jurídicas que le darían razón de ser a un parlamento ciudadano, como el referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular, mismas que no fueron incorporadas finalmente como derechos del ciudadano guerrerense al no concretarse la Reforma Política.

Sostuvo que un Parlamento Ciudadano sería un intermediario entre los diputados locales y las comisiones para la elaboración de propuestas legislativas y ayudaría a la “consolidación” democrática.

Aunque según la propuesta de Sandoval Melo, este Parlamento podría constituirse en noviembre, en la reunión de los legisladores con los dirigentes de organizaciones civiles hubo preguntas acerca de cómo se le daría representatividad jurídica a este parlamento ante el Congreso local, y si habría alguna partida especial para el funcionamiento de esta figura ciudadana.

Angel Pasta y Sebastián de la Rosa dijeron que antes de que terminara su periodo esta legislatura –el 15 de noviembre– verían si se pudiera apoyar a este Parlamento. Sandoval Melo señaló que aunque esta propuesta no tendría alguna validez jurídica, sí habría la voluntad política de los legisladores para apoyarla.Dulce María Gómez, quien había preguntado si el Parlamento tendría alguna curul en el Congreso, sostuvo en tanto que era obligación de los diputados atender a sus representados, “y no esperar a que nosotros los andemos arreando”.Jorge Bajos, en tanto, habló de que el Parlamento Ciudadano podría ser un mecanismo para un mayor vínculo entre la ciudadanía y el Congreso local , y aunque legalmente no sería reconocido, “cuando los ciudadanos quieren hacer algo, lo hacen”.

 De la corresponsalía, Coyuca de Benítez * En protesta contra la destitución del secretario general del ayuntamiento Arturo Ríos Morales, por parte del alcalde interino Joel Lozano Balanzar, los regidores despachan desde ayer en las oficinas de la Tesorería municipal.El Palacio Municipal se quedó solo con los allegados del alcalde interino. El destituido secretario general Ríos Morales, también permanece con los regidores.Los ediles ahora están inconformes debido que Lozano Balanzar en días pasados, sin consultarlos, despidió a Ríos Morales y nombró en su lugar a Cosme Murga.