* Son del ejido El Zarco y la Policía municipal los acompaña, dicen vecinos de Los Farallones

 

Maricela Santos, corresponsal, Zihuatanejo * Los posesionarios de más de 300 hectáreas a orilla de playa en el punto conocido como Los Farallones –entre la comunidad de Los Achotes de Zihuatanejo y el acceso a Barra de Potosí en Petatlán– denunciaron el domingo que un grupo de ejidatarios armados de El Zarco, apoyados por policías de Zihuatanejo, los amenazan y los hostigan tirandoles balazos en medio de la oscuridad.

Los afectados agremiados a la organización Nuevo Centro de Población Ejidal Vista Hermosa que preside Nicolás Aguirre Zarco, denunciaron que el sábado el comisario ejidal de El Zarco, Heriberto Medina Valle, acompañado por una veintena de personas con armas largas pasó por las tierras que tienen en disputa desde hace 13 años, y que iban custodiados por dos camionetas de la Policía Municipal, sin que a la fecha puedan integrar una denuncia ante el Ministerio Público porque el titular, Esteban Maldonado está ausente desde el jueves.

Un día antes, a media noche, los posesionarios de Los Farallones habían sido hostigados por tiradores a los que no pudieron identificar y sólo distinguieron dos luces en el monte, según narran.

El integrante del Consejo Ciudadano de Procuración y Administración de Justicia de Zihuatanejo, Efraín Magaña Celestino dijo que los hechos han sido denunciados ante la Codehum contra el alcalde Allec Galeana por permitir que los policias preventivos intervengan custodiando a los ejidatarios armados, y que incluso la enviaron a la CNDH para que se le dé seguimiento, porque dijo que “urge que frenen la violencia” en esta zona de playa.

El acoso y las amenazas que se han desatado en este sitio ya fueron informadas al gobernador René Juárez por el delegado de gobierno de la Costa Grande, Jorge Luis Reyes, luego de enterarse por el alcalde Jorge Allec de un oficio en el cual los ejidatarios de El Zarco advierten que “tenían el propósito de iniciar algunas acciones para posesionarse de las tierras de la zona conocida como Los Farallones”.

Los afectados creen que pretenden atacarlos a mano armada porque en el lugar hay antecedentes de por lo menos cinco personas asesinadas, narró el campesino Concepción Espino Valdovinos.

Espino Valdovinos narró que unas 150 personas se posesionaron de los terrenos en pugna en 1989 luego de confirmar que eran tierras ociosas que pertenecieron a una inmobiliaria denominada Inmuebles de la Costa SA de CV.

La inmobiliaria promovió la venta en maqueta de lotes con todos los servicios a defeños, pero nunca hubo obras en el fraccionamiento Los Farallones, y los representantes de la inmobiliaria se dieron a la fuga ante las demandas que levantaron contra ellos.

Espino dijo que en 1989 que tomaron y cercaron los terrenos hicieron solicitudes de regularización al gobierno estatal, y a la dirección de nuevos centros de población de la Secretaría de la Reforma Agraria infructuosamente.

El conflicto se agudizó en 1993 cuando fueron asesinados Germán Espino Valdovinos y Silverio Peñaloza Benitez a manos de Francisco Valle Izazaga y Alfredo Rodriguez Medina. En 1998 emboscaron y mataron en los terrenos a a Alberto Espino Valdovinos, Reyna Xóchitl Dueñas Rendón y Gustavo Rivera Peñaloza.

Los ejidatarios  de El Zarco en 2000 metieron maquinaria en las huertas de papayas, en 2001 rompieron los cercos para que los animales pasaran y destruyeran sus milpas , y este año, el jueves, volvieron a romper el cerco y con el pretexto de buscar las vacas atraviesaron los terrenos con armas en mano y hasta emitiendo disparon como la noche que los cercaron, dijo Concepción Espino Valdovinos.

El campesino Luis Jaimes dijo que el sabado estaba con cuatro peones limpiando su milpa cuando desde una camioneta Toyota blanca unas personas que portaban dos armas largas se acercaron y que desde lejos les gritó que si buscaban el ganado le había dado para la parte sur del terreno a fin de alejarlos de dónde él estaba “por el miedo de que nos ataquen”.

 

No apoyo a ninguno, sólo cuido que no vaya a correr la sangre: Allec

 

Entrevistado al día siguiente, el alcalde de Zihuatanejo, Jorge Allec Galeana se deslindó del caso y dijo que la Policía Preventiva acudió efectivamente al predio en conflicto para dar seguridad “porque lo que pretendemos es que no vaya a haber hechos lamentables o que vaya a correr la sangre, porque este es un problema muy añejo” y conminó a las autoridades federales y estatales involucradas a resolver este asunto antes de que estalle la violencia.

Allec Galeana entrevistado por El Sur acotó que la intervención de la Policía Municipal no ha tenido tintes de apoyo para el grupo de ejidatarios de El Zarco porque no tiene compromisos con ninguna de las partes del conflicto de Los Farallones.

Negó la versión que consta en un documento fechado el 17 de junio que le envió el delegado de Gobierno de la Costa Grande, Jorge Luis Reyes López al gobernador René Juárez Cisneros y en el cual se informa que Allec Galeana notificó que los ejidatarios de El Zarco le adelantaron por escrito que tenían el propósito de realizar “algunas posibles acciones” para posesionarse de las tierras en conflicto.

Reconoció que efectivamente, el 14 de junio los ejidatarios le enviaron una carta “avisando que iban a cumplir conforme a derecho la posesión de las tierras que les pertenecen a ellos, pero sólo eso decía el documento” dijo.

Cabe señalar que en la agencia del Ministerio Público de Zihuatanejo no hay ninguna denuncia penal sobre la balacera del 13 de junio, la ruptura de cercas o el acoso contra los posesionarios y que de acuerdo a datos del libro de gobierno, las anteriores denuncias relacionadas con este sitio están estancadas “por falta de testimonios”.

De la corresponsalía, Chilpancingo * El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Raúl Calvo Sánchez, rechazó que el recién designado magistrado supernumerario Miguel Barreto Sedeño esté involucrado en bandas de secuestradores como lo acusa el ex comandante de la Policía Judicial del Estado y prófugo de la justicia, Víctor Castro Valente.

Entrevistado brevemente en la denominada “Plaza de la Libertad de Expresión”, el magistrado presidente del Poder Judicial en Guerrero, afirmó que si el Congreso local nombró a Barreto Sedeño como magistrado es debido a que éste es un hombre honesto que no ha incurrido en actos de corrupción.

“Yo no creo eso, de que el licenciado Miguel Barreto esté involucrado en ese tipo de situaciones”, dijo Calvo Sánchez.

En declaraciones que hizo vía telefónica a la redacción de El Sur, el ex comandante de la PJE, Víctor Castro Valente, señaló que Barreto Sedeño cuando estuvo como subprocurador de Justicia estuvo involucrado en la delincuencia organizada protegiendo a secuestradores.

Además, señala que las órdenes de aprehensión que le integró Barreto Sedeño son porque lo puso en evidencia.

Por otro lado, Raúl Calvo Sánchez dijo que uno de los principales problemas que enfrenta el Poder Judicial en el estado es la limitación de recursos económicos para contratar a más personal e incrementar el salario a los funcionarios judiciales.

Sin embargo, dijo que no existe ningún rezago de expedientes de juicios penales, civiles, familiares o mercantiles, aunque sí aceptó que se han dado algunos casos de corrupción pero que han sido sancionados a los infractores.

Y citó el caso de los magistrados Jesús Martínez Garnelo, Miguel Maya Manrique y la jueza María del Pilar León Flores, quienes fueron inhabilitados del cargo por el Congreso local luego de que se les encontró responsables en haber dejado en libertad en forma irregular a un secuestrador, miembro de la banda de Pedro Barragán González.

“Aquí en Guerero no tenemos problemas de rezago, lo que sí tenemos son pocos recursos presupuestales para aumentar nuestro personal y remodelar los edificios que albergan los juzgados”, refirió el presidente magistrado del TSJE.

De la corresponsalía, Chilpancingo * La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum) editó un libro donde se relata los actos de tortura y desaparición de nueve ciudadanos que llevaron a cabo seis comandantes, 13 agentes y dos ex directores de la Policía Judicial del Estado, lo que motivó una recomendación que la Procuraduría General de Justicia ha incumplido.

En la recomendación se pide a la Procuraduría de Justicia la destitución y la solicitud ante las autoridades jurisdiccionales de arraigo domiciliario en contra de los elementos de esta corporación policiaca estatal y los ex directores, Jaime Figueroa Velázquez y Edilberto Solís Ramírez.

En la presentación del libro, la Codehum señala que el objetivo de esta publicación es informar a los ciudadanos de los trabajos que realiza este organismo público de protección de los derechos humanos, a favor de la sociedad y en el combate a la impunidad.

Indica que se espera que en corto plazo el Congreso local valore la importancia de este tema y se legisle para tipificar la desaparición forzada como un delito autónomo en el Código Penal del Estado, como se ha hecho a nivel federal, ya que se considera como grave la desaparición involuntaria de personas, hechos que no deben quedar impunes.

La Codehum, pide a la Procuraduría de Justicia que redoble esfuerzos para lograr abatir la impunidad que tanto daño hace a la sociedad guerrerense.

Hace la relatoría de los nueve casos de los desaparecidos a quienes se les vio por última vez fue cuando estaban en manos de los efectivos de la Policía Judicial del Estado, a quienes se responsabiliza de estos hechos ocurridos en diversas fechas.

Las personas desaparecidas son José Rodríguez Román, Faustino Jiménez Alvarez, Alvarado Acevedo Parra, Oscar Acevedo Mendoza, Darvelio Cruz Villasana, Carmelo Salazar Gallardo, Agripino Bello Meneses, Rogaciano Rojas Rojas y Máximo Mojica Delgado, aunque éste último ya apareció luego de haber estado más de dos meses desaparecido.

Recientemente la Procuraduría de Justicia del Estado designó a un agente del Ministerio Público Especial que ya se encarga de las investigaciones sobre los nueve casos aunque todavía no se ha determinado si los efectivos judiciales van a ser destituidos y arraigados.

La Contraloría Interna de la Procuraduría ya inició un juicio administrativo contra los miembros de esta corporación, pero tampoco se ha determinado si procede o no aplicarles una sanción.

El visitador general de la Codehum, Hipólito Lugo Cortés, declaró que es posible que en este proceso de investigación que realiza la Procuraduría de Justicia, varios de los efectivos judiciales involucrados se den a la fuga como ya ocurrió en los casos de los ex comandantes Fidel Morales Vargas, Fortunato Zamora Paz y Víctor Castro Valente, quienes han estado involucrados en otros actos de tortura, detenciones arbitrarias, lesiones y hasta robo.

“Vamos a esperar el resultado de las investigaciones, y esperemos que en el proceso de investigación no vaya haber una sorpresa”, señaló el visitador general de la Codehum.

Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * Ayer la Comisión de Justicia del Congreso del Estado instaló la mesa receptora de propuestas para la ley de amnistía en Guerrero; el diputado del PRD, Esteban Mireles Martínez, presentó una propuesta de ampliación de la iniciativa que había presentado su compañero de fracción parlamentaria, Octaviano Santiago Dionicio.

A las 10 de la mañana quedó instalada formalmente la mesa receptora de trabajos para incorporarlos al dictamen de ley de amnistía que prepara la Comisión de Justicia. El periodo para recibir las propuestas se cierra el próximo viernes 28.

El PRD propone agregar un párrafo al artículo primero de la iniciativa enviada por el gobernador René Juárez Cisneros, para quedar como sigue: “en ninguna circunstancia y bajo ningún argumento, se podrá aplicar la presente ley a quien, individualmente o formando parte de cuerpos regulares o irregulares, esté acusado de ilícitos cometidos bajo la protección de organismos oficiales, militares o policiacos”.

Luego, en lo que el diputado Esteban Mireles considera que es lo sustancial de sus adiciones a la iniciativa enviada por el gobernador del estado, en el artículo tercero propone que sea reestructurado en el sentido de que fije en qué términos y sobre qué procedimiento se designará la Comisión para la amnistía, porque de igual forma, en ningún otro apartado señala sobre la vigencia que debe tener.

Y se adicionan dos párrafos en los cuales se establece quiénes podrán integrar la Comisión. Además, en el otro párrafo se dispone de la confidencialidad que debe guardar la Comisión sobre los asuntos que traten.

Luego en el artículo cuarto, el PRD propone sancionar a la autoridad que infrinja la ley y quedar de la forma siguiente: “La autoridad que infrinja esta disposición será sancionada con la inmediata destitución, además de las penas que por la ley le sean aplicables”.

En el artículo quinto, el PRD propone un cambio para que se señale a través de quién pueden interponer su solicitud de amnistía las personas sustraídas de la acción de la justicia, además de que se establezca en qué tiempo pueden acudir ante la Comisión.

En el resto de los diez artículos de la iniciativa de amnistía se proponen adiciones como que se otorgue documentación a los beneficiados de la ley por la cual se haga constar la extinción de la acción penal.

También se propone definir las situaciones jurídicas en que se encuentren los procesos en contra de las personas que puedan ser beneficiadas por la ley. En otro artículo se mandata al Ejecutivo estatal a promover la emisión de una ley de amnistía ante el gobierno federal. Además, que se beneficie a los presos recluidos en penales fuera del estado.

La Procuraduría General de Justicia del Estado informó que Efrén Suástegui Mayo tomó posesión ayer como delegado de esa dependencia en la región de La Montaña.

Suástegui Mayo se ha desempeñado como agente titular del Ministerio Público en diversas partes del estado, y ha ocupado los cargos de delegado de la Procuraduría de Justicia en Tierra Caliente y en la Costa Grande.

Según un boletín de la Procuraduría, el nuevo delegado en La Montaña conoce la región y sus problemas, y destaca su actitud conciliadora ante los constantes problemas que se viven en el lugar.

Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo * La Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Guerrero presentó un proyecto para la creación de un centro turístico en el Parque Ecológico Omiltemi, reconocido como reserva ecológica por parte del gobierno federal.

Ignacio Villalva Bravo, ex director de esa institución, entrevistado en el Zócalo capitalino en donde se presentó el proyecto, explicó que “gran parte de los problemas que padece la capital del estado se originan por el deterioro ambiental del entorno de la ciudad, por lo que hacemos un llamado urgente a las autoridades para tomar en cuenta este proyecto”.

Mencionó además que uno de los graves problemas es la escasez de agua que se presenta desde hace varios años. “Es seguro que varias ciudades tendrán un problema muy grave de falta de agua en los próximos diez años, y nosotros lo padecemos desde hace diez años, por eso se están buscando fuentes alternativas de agua muy lejanas, y otras muy contaminadas”.

En el caso del Parque de Omiltemi los mantos acuíferos y su recargamiento se mantiene prácticamente intacto, “no ha llegado el deterioro y la rapacidad de nosotros los pobladores, entonces hay que ver un estudio técnico especializado para ver si es posible traer agua de esa área para evitar otro tipo de proyectos muy caros, como el de Mezcala, que tiene una alta contaminación en sus vertientes, en este caso del ingenio Emiliano Zapata, en el estado de Morelos”.

Villalva Bravo insistió que una alternativa viable para evitar la escasez de agua es el rescate de los mantos acuíferos del Parque Omiltemi, “hay que conservarlos y ver si los aforos de agua nos dan para Chilpancingo, y saber cuántos años nos aguantan todavía”.

Explicó el proyecto presentado por el Taller Popular de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo, que coordina el maestro Néstor Cortese Coyos “que es un proyecto que tiene 20 años y ha sido olvidado lamentablemente, y tiene que ver con el deterioro del medio ambiente a partir de que en Chilpancingo ya no se recargan los mantos acuíferos, el desarrollo de las comunidades con la pavimentación y la tala inmoderada de los bosques, traen como consecuencia la escasez del agua”.

El problema es que el agua corre ya contaminada “con el solo correr a través de cerros y montañas ya lleva contaminantes, y cuando se deposita en los mantos acuíferos y se filtra en el interior tenemos todavía agua pura para traer a las ciudades, y por eso tenemos que voltear a ver este tipo de proyectos”.

Se proyecta impulsar un desarrollo turístico a esa zona “pero debido a la inseguridad no lo visitamos, estamos presentando el proyecto, y en el caso de la escuela sólo entregamos el desarrollo eco-turístico y todas las instalaciones de los edificios que pudieran construirse, y además hay posibilidad de que según las investigaciones permitiera traer agua de esa zona”.

* Reordenamiento ecológico urgente, recomienda la Franciscans International-México

Brenda Escobar, corresponsal, Zihuatanejo * Los integrantes de la ONG Franciscans International-México se reunieron ayer con autoridades de los tres niveles de gobierno para hablar del deterioro ambiental que existe en Zihuatanejo, luego de haber recorrido diversos puntos de la ciudad el domingo, donde constataron focos de contaminación.

A la reunión, que se llevó a cabo en la parroquia del Angelus, en esta ciudad, no acudieron los titulares de las dependencias del gobierno municipal, que son quienes tienen autoridad para tomar decisiones y determinar las acciones que en lo sucesivo se pueden tomar para mejorar el ambiente, dijeron contrariados los observadores de la ONG.

Los representantes de la ONG, Franciscans International-México, expusieron sus observaciones del recorrido realizado el domingo, destacando el ecocidio que se está cometiendo con los manglares en playa la Ropa y en la comunidad de Troncones, municipio de La Unión.

Hablaron también de la grave contaminación que sufre la Laguna de las Salinas, que está repercutiendo en problemas de la piel a pescadores de este puerto; de la insuficiencia de las plantas tratadoras de aguas negras, y mencionaron que muchas veces esta agua es vertida cruda a la bahía de Zihuatanejo; de la privatización de las playas en Puerto Mío, playa Quieta y la Majahua.

También se habló de la disminución de la producción agrícola del coco, aguacate y mango en la comunidad de Barrio Nuevo, debido a la disminución de los mantos freáticos, que surten de agua potable a la zona hotelera de Ixtapa y a Zihuatanejo.

El integrante de la ONG, Leonel Martínez Rojas, manifestó que se requiere una mayor participación ciudadana para darle un sentido ecológico a las actividades que se realizan en Zihuatanejo, partiendo de que todo se relaciona y repercute en el turismo, puntualizando que la concientización y la educación del individuo y posteriormente de la sociedad, es una prioridad  en esta ciudad.

Una de las recomendaciones que Franciscans International-México hará será la gestión ambiental para que se aplique la legislación vigente y evitar conflictos, ya que para Zihuatanejo se hace necesario un reordenamiento ecológico urgente.

Martínez Rojas dio a conocer que durante el recorrido realizado el domingo pasado, se observó la notoria polarización de la sociedad: Ixtapa, un desarrollo turístico de primer mundo, “en intermedio la Bahía y alrededor de ella, las zonas de marginación, pobreza, que carecen de los servicios básicos como son agua potable, drenaje, electricidad, etc.”

Lamentó que en esta reunión a la que convocaron el grupo religioso Pastoral Social y SOS Bahía, que dirigen María Luisa Martínez Ramírez y Silvestre Pacheco León respectivamente, no hayan asistido los titulares de las dependencias, pues uno de los principales objetivos era buscar el acercamiento para crear conciencia del grave deterioro ecológico que existe en Zihuatanejo.

La integrante de la Asociación Guadalupana, Elizabeth Alemán de Campos, también sugirió que en lo sucesivo asistan los titulares a este tipo de reuniones y no envíen representantes para que puedan concretarse compromisos.

Por la mañana la reunión fue con representantes del ayuntamiento, de Servicios Públicos municipales, oficina que tiene a su cargo la Zona Federal Marítimo Terrestre; del Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo, y de la Semarnat.

Por la tarde, los integrantes de la ONG se reunieron con las autoridades federales que despachan en Zihuatanejo, tales como Profepa, Semarnat y CNA, acudiendo también únicamente representantes de dichas oficinas.

Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * Luego de que el gobernador René Juárez Cisneros se comprometió a dar un informe sobre la violencia en el sierra de Petatlán en donde se hostiga, persigue y tortura a los campesinos ecologistas, además de dar a conocer la situación de los presos de esa organización por defender los bosques y sobre los apoyos económicos para proyectos alternativos en la región, el secretario general de la Red Internacional para el Derecho a la Alimentación (FIAN), Rolf Künnemann en una misisva enviada el martes 18 le exige el cumplimiento de los compromisos.

El pasado 10 de abril, el coordinador para América Central y México de FIAN, Martin Wolpold-Bosien junto con el abogado Francisco Saucedo, defensor de los campesinos ecologistas que están presos, se reunieron con el subsecretario de Gobierno en el estado, Jesús Vargas Vargas, luego de que el gobernador les canceló ese día la entrevista.

En la reunión, el representante de FIAN  expuso la situación de violencia que enfrentan los ecologistas en la sierra de Petatlán, y el funcionario estatal se comprometió a que en un mes les enviaría un informe sobre las peticiones expuestas.

Pero ese mes pasó y no hubo tal respuesta, mucho menos se analizó el caso de la violencia, el caso de ecologistas presos y la ayuda para el desarrollo regional. Por eso el presidente de la FIAN decidió enviar una misiva al gobernador guerrerense para que cumpla con su compromiso.

En la carta dice: “La presente tiene como objetivo informarle que el subsecretario de Asuntos Políticos del gobierno que usted preside en reunión del 10 de abril de 2002 con nuestro representante para los asuntos de Centroamérica y México, Martin Wolpold-Bosien, se comprometió a enviar hasta el 15 de mayo del presente un escrito suscrito por usted en el que se diera una respuesta adecuada a las peticiones presentadas por FIAN Internacional acerca del caso de los campesinos ecologistas de la sierra de Petatlán.

“Hasta el momento no hemos recibido nada por parte de su gobierno y nos preocupa esta situación, pues ya pasó más de un mes desde la fecha en la que se enviaría dicho escrito.

“Nuestras peticiones se referían en un primer lugar a promover medidas adecuadas para poner en libertad a los cuatro campesinos ecologistas que se encuentran aún en prisión (Gerardo Cabrera González, Francisco Bautista Valle, Pilar Martínez Pérez y Moisés Martínez Torres). Y a levantar las órdenes de aprehensión contra 8 campesinos (Jesús Bautista Fuerte, Servando Bautista Fuente, Rogelio Carrillo Mendoza, Rodolfo Cabrera González, Roberto Cabrera Torres, Palemón Cabrera González, Eutiquio Cabrera González y Germán Cabrera Mederos).

“Además FIAN solicitó al gobierno de Guerrero promover un programa amplio de reforestación, de riego y de infraestructura social en cooperación con las instancias y entidades estatales correspondientes, como medida compensatoria para los actos violatorios a su derecho a la alimentación en el marco de la tala masiva del bosque en las décadas anteriores.

“Le pedimos nos informe urgentemente sobre las medidas adoptadas a respecto y nos haga saber los plazos que se tienen planeados para la salida de los presos y el programa amplio de apoyo a las comunidades de la sierra. “Enviaremos este escrito en copia al ministro Raúl Cueto Martínez, jefe de Cancillería de la Embajada de México en Berlín, quién por su parte había respaldado la solicitud para una audiencia nuestra con usted en abril”.

* Una compañía hidráulica les presupuesta el sistema de agua potable en un 50 por ciento menos que CAPAEG, dice la dirigente ciudadana Jazmín Isela Cisneros

Brenda Escobar, corresponsal, Petatlán * A nueve días de haber sido tomado el ayuntamiento de Petatlán por ciudadanos inconformes por el deficiente sistema de agua con el que cuenta la ciudad, hasta la fecha no han tenido una atención adecuada por parte de las autoridades responsables de resolver este conflicto.

La dirigente de este movimiento y presidenta del Comité Ciudadano Unión Petatleca, Jazmín Isela Cisneros Martínez, informó que continuarán en el paro hasta que sean atendidos personalmente por el gobernador René Juárez Cisneros o por el secretario General de Gobierno, Marcelino Miranda Añorve.

Dijo que todos sus compañeros tienen las esperanzas puestas en la carta abierta publicada en este medio, “y que hemos enviado a las diferentes dependencias que les compete resolver este problema, creo que vamos a agilizar por parte del gobierno una respuesta favorable.”.

Señaló que esperan que el gobierno autorice la construcción del sistema de agua potable en Petatlán, aunque el representante de CAPAEG les dijo que tendría un costo de 12 millones de pesos, pero “nosotros hemos visto con una compañía hidráulica y el presupuesto es 50 por ciento menos de eso y nos urge porque hace días que no tenemos agua potable en nuestras casas, ni limpia ni chocolatosa”.

La luchadora social agregó que la cifra más reciente de personas enfermas de fiebre tifoidea, de diarrea y de la piel, ya ha ascendido a 80 en esta semana, “queremos que venga la secretaria de Salud, Verónica Muñoz Parra para que vea que es un problema de salud el que nos aqueja”.

Cisneros Martínez dijo que esta lucha que han iniciado, “la vamos a seguir hasta el final, ya empezamos y apenas van nueve días. Nos hemos aguantado muchos años recibiendo el agua entubada que se conecta directamente del río y que llega a las ocho mil viviendas de Petatlán toda contaminada, sucia y achocolatada”. Consideró que tienen el apoyo de toda la población “que se acerca a nosotros y nos apoya con lo poco que puede darnos, pero que está conciente de que este es un problema que las autoridades deben de resolver urgentemente”.

La líder de la toma pacífica del ayuntamiento petatleco indicó que luego de la infructífera reunión que el pasado martes 18 sostuvieron con representantes de la CAPAEG y el gobierno municipal, el único funcionario que se les ha acercado a atender el conflicto ha sido el delegado de Gobierno en la Costa Grande, Jorge Luis Reyes López .

“Pero queremos la presencia del gobernador René Juárez Cisneros y de la secretaria de Salud, Verónica Muñoz Parra, porque nuestro problema es serio y requiere de atención inmediata”, remarcó.

Ossiel Pacheco, Coyuca de Benítez * Ciudadanos sin partido, afiliados al Frente Cívico de Coyuca (FCC) exigieron ayer al alcalde priísta de este municipio, Julio César Diego Galeana, el restablecimiento del servicio de agua potable, que por un año ha sido irregular y funciona mediante tandeo, y evitar las descargas residuales al río Coyuca.

Encabezados por los dirigentes del recién creado FCC Ricardo Martínez Ruiz, José Angel Mendoza Balanzar y Cornelios Pegueros Guerrero, acusaron “de negligencia” a Diego Galeana al no buscar solucionar en todo este tiempo el problema del agua, pues la galería filtrante desapareció con las lluvias de la temporada pasada y al iniciar las lluvias este año, el agua comenzó a llegar a los hogares con lodo.

Exigieron al alcalde la construcción del pozo con una profundidad mayor para el abasto del servicio de agua, obra que de acuerdo al titular de la Junta Local de Agua Potable, Antonio Olívar Campos, tiene un costo de casi 600 mil pesos.

En el documento piden al presidente municipal solucionar el problema de las descargas de aguas negras al río Coyuca, como es el caso de la comunidad de Aguas Blancas, así como de diversos poblados y los restaurantes ubicados a orilla del río, que ponen en riesgo el equilibrio ecológico y la salud de los habitantes de la región al generar la contaminación de las aguas.

Reunidos anoche en el Palacio Municipal, Diego Galeana respondió que no tiene recursos para llevar a cabo la obra, pues “los 30 millones de pesos anuales” que entrega la federación para el municipio tiene que repartirlos a los 100 pueblos del municipio.

El presidente del FCC Martínez Ruiz, informó que 15 mil habitantes de la cabecera municipal están siendo afectados por la escasez del agua entubada que por tandeo llega lodosa, “pues al desaparecer el filtro” que elimina las impurezas del agua, “hay el riesgo de que con el agua desencadene brotes de enfermedades”.