* También la pensión que el edil de Coyuca de Benítez prometió para una militante con secuelas de tortura

Alfredo Mondragón * La Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) demandó al gobernador René Juárez Cisneros, el cumplimiento de los acuerdos signados tras el plantón de 30 días realizado en el asta bandera durante la temporada de Semana Santa, mismos que debieron cumplirse en un 50 por ciento el 22 de mayo.

La Codehum conminó al alcalde de Coyuca de Benítez, Julio César Diego Galeana, a pagar los gastos médicos a Reyna Avelino Huizache, integrante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), que perdió la vista tras haber sido torturada por la PJE, durante su detención el 1 de octubre de 1996.

También solicitó al alcalde Diego Galeana, tomar las “providencias necesarias” a fin de dar una respuesta a las demandas sociales, políticas y económicas de la OCSS debido a que han sido “discriminados” a pesar de que representan a 23 poblados que se encuentran en extrema pobreza.

En una visita a la redacción de El Sur, el dirigente de la OCSS, Luis Olivares, mostró documentos de la Codehum en los que instan al alcalde de Coyuca de Benítez, Diego Galeana, a apoyar económicamente a Reyna Avelino.

Luis Olivares recordó que el 13 de abril del 2001, el alcalde Diego Galeana, se comprometió a otorgar una pensión de 3 mil pesos quincenales y una beca para la hija de Reyna Avelino, pero únicamente les entregaba mil 500 pesos los cuales “no son suficientes para solventar los gastos médicos”.

Por su parte, Julio Olivares, quien en noviembre de 1997 sufrió un atentado automovilístico en que se quebró el tobillo debido a que “denunciamos la corrupción y desvío de recursos” del ex alcalde José Luis de la Cruz Reséndiz, también demandó al gobierno del estado, una indemnización ya que hasta la fecha lleva 100 mil pesos en gastos médicos.

Luis Olivares dijo que el gobernador René Juárez se comprometió con la OCSS a entregar el 50 por ciento de recursos para la creación de dos proyectos productivos, el primero para la fabricación y comercialización de materiales de la construcción y el segundo, 100 cabezas de ganado, 500 rollos de alambre, 100 mil pesos para gastos generales, para la cría y derivados de ganado vacuno.

Brenda Escobar y Marisela Santos, corresponsales, Zihuatanejo * Durante la madrugada de ayer lunes, los comerciantes situados en el lugar conocido como La Bodega –ubicado estratégicamente en el centro de esta ciudad– fueron desalojados por segunda ocasión con violencia por policías de Seguridad Pública, en cumplimiento de una orden girada por el ayuntamiento porteño, para que éstos sean reubicados a un lado de la plaza de la Libertad de Expresión.

Medio centenar de policías preventivos y de bomberos se apersonaron en el lugar donde hubo un primer desalojo la madrugada del sábado 15, y sin dar tiempo a que reaccionaran los 10 comerciantes afectados junto con otros compañeros más que se encontraban solidarizándose, fueron atacados con gases lacrimógenos y con agua.

En la acción, los policías preventivos golpearon a las vendedoras Hezabel Mirjam Matías Martínez, Guadalupe Valle Ambriz –que ya había sido agredida–, Virginia Cabrera Gallardo, Lucila Javier Carpio y Lucero Jazmín Matías Martínez, de 21 años de edad y con tres meses de embarazo; así como también atacaron al señor Carlos Javier Carpio, además de rociar gases lacrimógenos a los presentes para obligarlos a salirse.

Con el chorro de agua de las mangueras, los bomberos mantuvieron alejados a los miembros de la Unión de Comerciantes Fijos, Semifijos y Ambulantes, “Por el Derecho Constitucional al Trabajo”, quienes ante el desalojo, permanecieron protestando con pancartas frente a su anterior centro de trabajo, al otro lado de la avenida Benito Juárez.

Al respecto, la representante de esta organización priísta conocida también como Los Rojos, Cristina Domínguez Santos, calificó este segundo desalojo como “una acción represora” por parte del gobierno de Jorge Allec Galeana, “porque quiere que nos cambiemos a los locales de la plaza, pero sin garantizarnos que éstos van a ser propiedad de mis compañeros que durante doce años han permanecido en La Bodega”.

Domínguez Santos agregó que “el ayuntamiento nos ha humillado y pisoteado nuestros derechos como seres humanos, porque sólo la gente que no tiene capacidad para dialogar realiza acciones tan represoras, no es justo que hayan regresado como si fueran delincuentes y nos hayan golpeado, nos echaron gases lacrimógenos y encima nos mojaron los bomberos, nosotros no estamos cerrados a dialogar, pero sometiéndonos de esa manera no se puede lograr”.

Luego de deliberar durante cinco horas, los locatarios afectados, los comerciantes solidarios y la líder de esta agrupación, realizaron una manifestación de protesta que partió de la plaza de la Libertad de Expresión hasta el ayuntamiento de esta ciudad, con pancartas en rechazo al desalojo y contra el presidente municipal.

Al llegar al ayuntamiento porteño, los inconformes esperaron media hora, exigiendo ser atendidos personalmente por el alcalde, pero los atendió el director de Gobernación municipal, Raúl Ignacio Galeana Ramírez, quien invitó a la señora Cristina Domínguez y a los 10 locatarios de La Bodega a pasar a la sala de cabildos.

Por su parte, la administración municipal, mediante el secretario del ayuntamiento, Raúl García Urióstegui, dijo que las autoridades actuaron conforme a derecho, que no hubo violencia y que las movilizaciones de los vendedores responden a “intereses mezquinos” de dirigentes del PRD y PRS que quieren sacar provecho político del conflicto.

En entrevista, García Urióstegui informó que durante el desalojo remitieron por una hora a la Dirección de Seguridad Pública al vendedor Alberto Matías Alarcón, primo del director de Asuntos Jurídicos del ayuntamiento, Lucas Nava Brito, y el propio García Urióstegui retó a los vendedores a presentar evidencias de golpes. 

No hay diálogo 

Los comerciantes desalojados y el secretario Raúl García Urióstegui rompieron el diálogo tras una ríspida reunión en donde ambas partes radicalizaron sus posiciones.

García Urióstegui propuso ahí hacer una consulta ciudadana para que los vendedores se reubiquen en los locales anexos a la Plaza de la Libertad de expresión, e incluso advirtió que si no los ocupan, el ayuntamiento va a asignarlos a vendedores ambulantes de otras zonas del centro de la ciudad.

Enfatizó que no quitará la vigilancia policiaca del predio y que la actual administración priísta no permitirá que se vuelvan a posesionar del área porque tienen el compromiso de hacer efectivo un convenio con los almacenes de Telas García.

Luego, cuando llevaban una hora de discusión, García Urióstegui reclamó la promoción de un amparo contra el ayuntamiento por parte de los comerciantes cuando estaban a punto de llegar a acuerdos, y luego dijo que no había nada de que hablar.

Zihuatanejo * Mientras los desalojados de La Bodega marchaban rumbo al ayuntamiento, en una conferencia de prensa en la sala de cabildo varios funcionarios dieron los pormenores del conflicto y sostuvieron la tesis de que los vendedores quieren apropiarse del lugar “azuzados por líderes de oposición al PRI”, al cerrarse a aceptar una reubicación. También acusaron a la dirigente de Los Rojos –que encabeza Cristina Domínguez Santos a quien se identifica en la comunidad como una promotora de voto a favor del PRI en anteriores procesos electorales– de tener acaparados más de tres locales en otros mercados del puerto, al dirigente del PRS Román Martínez Lomelí de intervenir por tener locales, y al regidor del PRD, Víctor Buenrostro de apoyar a los vendedores y a la vez firmar el acuerdo de reubicación al que se oponen.

Nava Brito dijo que “la autoridad municipal ha sido respetuosa de los once procedimientos legales” que iniciaron los vendedores, quienes interpusieron sin éxito juicios que fueron sobreseídos por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el Juzgado Cuarto de Distrito y el Tribunal Colegiado “por falta de legitimación activa y prescripción de la acción, por lo que todos los actos que impugnaron quedaron intocados”.

Recordó que a los vendedores se les ubicó en La Bodega en 1992 gracias a un programa estatal de regularización del ambulantaje en zonas turísticas promovido por el extinto gobernador José Francisco Ruiz Massieu, producto del cual, establecieron provisionalmente en la bodega del ex cinema Vicente Guerrero a siete comerciantes ambulantes, lo cual consta en una licencia de funcionamiento que les expidieron en esa fecha.

Narró que el número de vendedores se incrementó en el lugar, y que en abril del 2001 el ayuntamiento, por acuerdo de cabildo, decide hacer un contrato de promesa de arrendamiento por cinco años del lugar a favor de los almacenes de Telas García, a razón de 80 mil pesos mensuales más la construcción de locales para convencer a los comerciantes de dejar el predio.

Para el 18 de junio del 2001 todos los ediles acordaron en cabildo integrar a Los Rojos en otros mercados como el Benito Juárez –que está a un costado de la tienda del ISSSTE y a 50 metros del predio donde fue el desalojo- pero no se concretó la acción por diferencias entre los comerciantes y que el 6 de septiembre del 2001 acordaron reubicarlos en locales que hiciera especialmente para ellos la empresa en uno de los extremos de la plaza de la Libertad de Expresión que colinda con La Bodega en conflicto.

Pero dijo que los vendedores empezaron a negarse a ocupar los locales por la intervención de “personas con intereses políticos”. Después señalaría al aspirante perredista a la alcaldía, Amador Campos porque este domingo dio supuestamente posesión a los locatarios del predio en conflicto durante un mitin que realizó al interior de La Bodega con el diputado federal Félix Salgado Macedonio.

Luego el secretario general del ayuntamiento, Raúl García Urióstegui culpó a los comerciantes de romper las negociaciones, pues dijo que primero tuvo varias pláticas con Domínguez Santos, y que cuando tendrían la reunión para determinar la forma en que se daría certeza jurídica a los locales donde se reubicarían se limitaron a enviar una nueva notificación sobre un amparo que promovieron sin presentarse al encuentro.

Pero además aludió que los vendedores retaron a la autoridad, porque a pesar del desalojo del sábado en la madrugada se volvieron a posesionar del terreno sin importarles la presencia policiaca. (Maricela Santos).

Brenda Escobar, corresponsal, Petatlán * Cerca de 200 habitantes de esta ciudad tomaron ayer en forma pacífica el palacio municipal como protesta contra “la mala administración del presidente municipal Jorge Ramírez Espino y principalmente por la indiferencia con que ha tomado el problema del agua entubada no potable que suerte a la población”.

Los ciudadanos se presentaron ayer a las 9 de la mañana para entrevistarse con el alcalde Jorge Ramírez Espino y que éste propusiera una solución inmediata al problema del agua sucia que llega a los 8 mil domicilios de esta ciudad, porque no existe un sistema para la potabilización del agua.

A diferencia de la manifestación del 14 de junio, en esta ocasión no estuvieron presentes los aspirantes del PRI, PAN y PRD a ser alcalde, por lo que una ama de casa, Elizabeth Valenzuela Juárez, vecina del centro de la ciudad, encabezó la concentración.

Los manifestantes dijeron estar cansados de padecer desde hace más de nueve años el problema del agua chocolatosa y exigieron la presencia del primer edil, quien salió al portal del edificio y pidió a los ciudadanos petatlecos “denme cinco días para solucionar definitivamente este problema”.

Los manifestantes acordaron darle los cinco días de prórroga al presidente municipal Ramírez Espino, “pero de todos modos, vamos a tomar el ayuntamiento, así que más vale que se salgan todos los trabajadores, porque si no, se van a quedar adentro”, ante esta advertencia, tanto el alcalde como los directores de área y demás personal procedieron a abandonar el inmueble.

Los ciudadanos sellaron todas las puertas y ventanas del edificio ”para que no tomen como pretexto acusar alguien de daños y perjuicios en bienes inmuebles oficiales”, dando fe de esto el representante para la defensa de los Derechos Humanos, Esteban Santos Espinal.

Al tiempo que el alcalde conversaba con sus gobernados, la Policía Preventiva se alistaba para entrar en acción, pero no intervino porque la toma del ayuntamiento fue pacífica.

Jorge Ramírez Espino señaló que en este problema, tiene mucha responsabilidad la Capaeg, porque desde hace más de un año “invertimos 420 mil pesos, conjuntamente con la CNA y el gobierno municipal y aquí Capaeg no cumplió con todo lo que se pactó: se había pactado con dos galerías y sólo construyó una”

El presidente municipal, llamó al titular de la Agencia Central del Ministerio Público con sede en Zihuatanejo, Esteban Maldonado Palacios, quien llegó posiblemente para fincar responsabilidades contra quienes tomaron el ayuntamiento hasta que concluyan los cinco días de plazo que pidió el alcalde Jorge Ramírez.

Los ciudadanos inconformes permanecen apostados afuera del edificio, y trascendió que parte del personal del ayuntamiento estará laborando en la Casa de la Cultura.

Hasta el cierre de esta edición, se desconocía el lugar donde despacharán el Presidente municipal, el Síndico Procurador y el Secretario General del ayuntamiento.

Chilpancingo * La Presidencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) destituyó a dos jueces mixtos de Paz, quienes están acusados de corrupción e ineptitud, después de que éstos laboraran por varios años dentro del Poder Judicial de Guerrero.

En entrevista, el presidente del Tribunal, Raúl Calvo Sánchez, informó que tras una queja presentada por algunos afectados se procedió al despido de los jueces Anahí Vergara Zedillo y Jorge Chauset Pérez, con sede en Tixtla y Coyuca de Benítez, respectivamente.

El magistrado explicó que en el caso de Anahí Vergara se estableció su responsabilidad en un hecho de corrupción, al exigir seis mil pesos, además de la fianza, a los involucrados en un juicio que llevaba.

A Jorge Chauset Pérez –abundó– se le exigió la renuncia por ineptitud en sus funciones, y por no cubrir las exigencias del Poder Judicial en la aplicación de la justicia.

El presidente del Tribunal, Raúl Calvo, indicó que en los últimos meses han sido suspendidos dos jueces de primera instancia y un secretario de Acuerdos, por diversas irregularidades.

Hace dos meses –agregó– fue inhabilitado por un semestre el juez Segundo de lo Penal de Iguala, Jesús Jiménez Saligán, en tanto que Emilio Ramos García decidió presentar su renuncia definitiva al Poder Judicial, mencionó.

Añadió que el secretario de Acuerdos del Juzgado Tercero Civil de Tabares, Juan Luis Juárez Solís, también fue suspendido por diversas anomalías.

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Entre conatos de enfrentamientos, discapacitados de la Asociación Digna Ochoa y Plácido, desconocieron a su secretario general, Juan Valenzo a quien acusaron de apropiarse de los apoyos que les ha entregado el gobierno.

La disputa por la posesión de los bienes de la organización, que se reducen a unas 50 sillas, un escritorio, una máquina de escribir y una camioneta que les entregó el gobierno estatal luego de marchas, plantones y bloqueos a las calles que han realizado en los últimos meses, inició en su asamblea semanal, anteayer, cuando estuvieron a punto de llegar a los golpes.

Las oficinas de la organización, que cuenta con un centenar de socios, se encuentran en el domicilio particular del secretario general, Juan Valenzo, en la calle Baltasar R. Leyva Mancilla, esquina con 5 de Febrero, en el centro de la capital.

Ahí, el domingo, le reclamaron a Valenzo Miranda el extravío de las despensas que reciben del DIF estatal en las oficinas de la Asociación  y que acudiera solo a las negociaciones con los funcionarios. También protestaron porque pretende afiliar a la organización a la CNOP, el sector popular del PRI, y que trate de obligarlos a ir a misa los domingos.

Los seguidores de Juan Valenzo se enfrentaron a los disidentes y el secretario general llamó a la Policía y les dijo que “no permitiría que le armaran desmadres”.

Los disidentes abandonaron el local encabezados por el presidente de la Asociación, Rey David Beltrán González, y se trasladaron al kiosco de la plaza Primer Congreso de Anáhuac.

Pero ayer, nuevamente, estuvieron a punto de enfrentarse cuando los disidentes regresaron a las oficinas para notificar a Valenzo que había sido desconocido como secretario general y que iban por el mobiliario y las propiedades de la organización. Valenzo se negó a entregar los bienes, y dijo que en la asamblea del próximo domingo la mayoría de los agremiados decidiría si lo destituyen o no y a quién se le entregan los bienes de la organización.

De la corresponsalía, Atoyac * Tres empleados del ayuntamiento de Atoyac tomaron la oficina de la Tesorería municipal, en protesta por los descuentos que les aplicaron en sus recibos de nómina.

Isaías Reyes Téllez, Javier Ríos Navarrete y Antonio Solís Martínez argumentaron que se les cobraba algo indebido y que no procedía, por lo que con una cadena y un candado Isaías Reyes Téllez se amarró a la puerta de la oficina de la Tesorería, con lo que impedía que el personal saliera.

Por tal motivo, el regidor de Obras Públicas, Dámaso Pérez Organes, quien salió a tratar de dialogar con los inconformes, se comprometió con ellos a pagar el su sueldo de Reyes Téllez.

Isaías Reyes Téllez, quien se desempeña como trabajador de limpia y es la segunda ocasión que se encadena en el Palacio Municpal, argumentó que le estaban cobrando un préstamo que no solicitó, por la cantidad de dos mil pesos.

Asimismo, Javier Ríos Navarrete y Antonio Solís Martínez, quien es abogado en la Presidencia, indicaron que también les habían aplicado descuentos, de 500 y mil 500 pesos, respectivamente.

Por tal motivo, los afectados exigieron que el Cabildo investigue a la Tesorería, y en especial al contador Juan Vélez.

Por su parte, Juan Vélez mostró unos recibos firmados presuntamente por los demandantes, los cuales corresponden al mes de octubre del año pasado.

Indicó que “por saneamiento de las finanzas” hasta ahora se les está descontando, “cosa que no les resultó muy clara para los trabajadores pues dicen que los ejercicios se cierran cada año”.

Ante esta situación, Pérez Organes firmó un vale por la cantidad de 2 mil pesos para le fueran reembolsados a los perjudicados.

Isaac Flores Pineda, Corresponsal, Coyuca de Benítez * Pobladores de Bajos del Ejido interpusieron una denuncia ante la Fundación de Derechos Humanos Mahatma Gandhi, contra policías preventivos a quienes acusaron de haber herido con arma de fuego a una persona, a quien llevaron al Cereso sin presentar una orden de firmada por un juez.

Así lo informó el presidente de esa ONG, con sede en Coyuca de Benítez, Francisco Díaz González, en entrevista su oficina.

Allí, el ombusdman dijo que la queja la presentó por escrito Alberta Santiago Reyes, esposa del agraviado, Santiago Cortés Hernández, en la cual explica que los agentes, designados en el módulo de Bajos del Ejido, llegaron a su casa a buscar a Santiago Cortés Hernández, pero que al ver a los policías éste salió y en ese momento lo balacearon en un hombro.

Posteriormente –agrega– los familiares lo trasladaron a un médico y después de ser atendido fue llevado a al Cereso, donde permanece recluido, “porque lo acusaron de un sin fin de delitos fabricados por las autoridades”.

Díaz González señaló que fue una detención arbitraria porque los agentes no presentaron una orden firmada ni explicaron el motivo del arresto; “eso se llama allanamiento de morada y es un delito”.

Agregó que también recibió otra queja que que los mencionados preventivos extorsionan a los jóvenes de ese poblado, “a quienes acusan a cada rato de consumir enervantes y les exigen cuotas para no llevárselos presos”.

Manifestó que ambas denuncias serán  turnadas a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, con sede en Acapulco, para investigar la actitud de los policías.

* El agredido es el oficial del Registro Civil, Juan Carlos Muñoz Leal y está hospitalizado * La presidenta de la dirigencia municipal perredista Beatriz González responsabiliza al PRI

Nelly Bello * La mesa directiva del Comité Ejecutivo Municipal (CEM) del PRD denunció que el PRI está defendiendo “con todos sus medios” la comisaría de La Sabana, que dijo además, genera recursos no reportados al municipio.

La presidenta del PRD en Acapulco Beatriz González Hurtado informó que la madrugada del domingo, el oficial del Registro Civil de La Sabana Juan Carlos Muñoz Leal –hermano del candidato del PRD a comisario Armando de los mismos apellidos– fue golpeado por personas desconocidas debido a su “activismo político” a favor del PRD.

González Hurtado acompañada por el secretario general del PRD municipal Serafín González Terrazas, dijo que en el ejido de La Sabana los comisarios priístas manejan recursos propios que cobran por la feria del pueblo y a la cementera Apasco.

En el caso de la empresa cementera aseguró que paga con toneladas de cemento, por los supuestos derechos que tiene el poblado, sin embargo dijo desconocer si la denuncia había sido presentada ante el Cabildo, pues los comisarios son autoridades auxiliares del ayuntamiento.

González Terrazas agregó que el oficial de Registro Civil presentará hasta hoy la denuncia ante el Ministerio Público por la imposibilidad de trasladarse al inmueble, luego de los golpes que recibió.

Las elecciones de comisario en La Sabana serán este domingo, al igual que en otras comunidades del puerto que Gobernación municipal dejó en un segundo bloque por considerar que en estas hay más probabilidades de conflictos y enfrentamientos.

Criticó además que estas “actitudes priístas” enrarecen el clima electoral que vive el municipio desde hace varios meses con el destape de aspirantes a la alcaldía.

Entrevistada en la redacción de El Sur, González Hurtado relató que el sábado por la noche Muñoz Leal fue llamado para celebrar una boda en La Poza y que salió de la celebración a las 3 de la mañana acompañado por su tío Aurelio Muñoz para cenar en otro lugar cuando fueron interceptados por una camioneta Nissan color azul, modelo 88 ó 90.

El conductor de la camioneta finalmente les cerró el paso a la altura de la colonia Canuto Nogueda sobre el bulevar Lázaro Cárdenas, por lo que Muñoz Leal bajo del vehículo para encararlo pero fue recibido por personas que habían bajado del vehículo con piedras que le arrojaron.

La presidenta del PRD dijo que cuando el oficial de Registro Civil se agachó para repeler la agresión de la misma forma, el conductor que no había bajado lo arrolló, fracturándole una pierna con exposición del hueso y cuando pretendía rematarlo, su tío que lo acompañaba interpuso el Volkswagen Sedan en el que venían de celebrar la boda y lo evitó.

Cuando Aurelio Muñoz subió a su sobrino al vehículo para llevarlo a un hospital, fueron nuevamente agredidos. Los golpeadores ya no traían en la camioneta que dejaron metros adelante, venían a pie y con piedras que arrojaron a ambos pero finalmente lograron huir en el Sedan hasta el crucero de El Cayaco donde encontraron una patrulla de la Policía Federal Preventiva que llamó a la Cruz Roja para la atención del agredido oficial del Registro Civil y hermano del candidato perredista a comisario. Hasta ayer seguía hospitalizado.

Maricela Santos, corresponsal, Zihuatanejo * Sólo priístas se han registrado para contender por las 15 comisarías municipales de este municipio de José Azueta, en la víspera de la elección que se realizará el próximo día 30.

El director de Gobernación municipal, Raúl Ignacio Galeana Ramírez aseguró que la contienda será un ejercicio ciudadano y vecinal, y no partidista. A la vez pidió evitar confrontaciones entre los partidos en la elección de comisarios municipales que organizará esta dependencia de la adminsitración priísta que encabeza Jorge Allec Galeana.

Al momento se han registrado para la elección de comisarios sólo cuatro planillas, encabezadas todas ellas por priístas de los poblados de San Miguelito, San José Ixtapa, El Zarco y Coacoyul, que es una de las demarcaciones territoriales más grandes del municipio.

En Coacoyul se registró la planilla Azul encabezada por el priísta Jesús Radilla Río y en El Zarco se registró como candidata a comisaria municipal Elida Salgado Hernández también afín al PRI. En ambos poblados se maneja entre los vecinos que también se registrarán simpatizantes del PRD, aunque oficialmente no lo han hecho.

En el poblado de San Miguelito, se registró el filopriísta José Otero Abarca y también en el poblado de San José Ixtapa ya se inscribió Francisco Torres Aguilar, quien también simpatiza con el priísmo local.

Para la renovación de comisarías este 30 de junio, la Dirección de Gobernación municipal imprimirá cuatro mil boletas electorales, y se enviario ya las 15 convocatorias a igual número de demarcaciones que se habrán de disputar en dos semanas aproximadamente.

La elección será por votación secreta en urnas en cada comisaría, por lo que el exhorto de Galeana Ramírez fue para evitar que una contienda vecinal se convierta en una disputa de partidos políticos, en virtud de la cercanía que se guarda con el proceso electoral para la renovación de alcaldías y diputaciones locales para el 6 de octubre.