*Denuncia hostigamiento Cornelio Barrientos

Aurelio Peláez El ex comisario del poblado de El Cucuyachi, en la sierra de Atoyac de Alvarez, Cornelio Barrientos Cortés, denunció que efectivos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) lo hostigan para pedirle que informe sobre la existencia de presuntos campamentos del Ejército Popular Revolucionario (EPR) en esa comunidad.

Afirmó que él no conoce de ningún campamento y tampoco tiene alguna relación con ningún grupo guerrillero, como el EPR o el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI). “No conozco ningún campamento y no quiero pensar que se me quiera involucrar en algún hecho de violencia”, dijo.

En visita a la redacción de El Sur, en la cual fue acompañado por el dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Hilario Mesino Acosta, y por la regidora perredista de Atoyac, Adela Rivas Obé, el ex comisario afirmó que los agentes de la Policía Judicial Federal le han preguntado sobre el pasado conflicto entre las familias Barrientos y Peñaloza, en El Cucuyachi.

“El problema (de enfrentamientos) entre las familias ya es añejo. El Cucuyachi ya vive en paz y en tranquilidad. No sé cuál sea la intención de querernos involucrar en ese conflicto”, dijo.

Barrientos Cortés informó que quizá como parte de ese hostigamiento, hace tres días le fue robada documentación personal del interior de su casa, en esa comunidad.

El ex comisario de El Cucuyachi había denunciado el pasado jueves 18 en una conferencia de prensa en Chilpancingo, que los elementos de la AFI le habían preguntado si tenía información sobre Paula Galeana Balanzar, Emiliano Estévez Mondragón y Fortunato Avelino Huizache, miembros de la OCSS, desaparecidos en 1997.

En esa conferencia denunció asimismo el hostigamiento de Hilda Navarrete, de la organización La Voz de los sin Voz, de quien señaló que pretendía que diera información a los agentes de la AFI.

Barrientos Cortés aseguró no saber nada de los desaparecidos, y dijo temer por ello ser detenido o privado de la vida por querérsele relacionar con ese caso.

La regidora Adela Rivas Obé señaló que el grupo de la AFI que interrogó a Cornelio Barrientos, es encabezado por Francisco Garduño, quien ahora saben es director del área de terrorismo de la Procuraduría General de la República.

Señaló que le han pedido en varias ocasiones que informe del motivo de sus investigaciones, pero sólo se limita a señalar que su trabajo es “confidencial”.

Garduño, quien se ha presentado recientemente en Atoyac, tiene su base de operaciones en Coyuca de Benítez, y en principio justificó su presencia en la región como parte de un proyecto para desmantelar a grupos de narcotraficantes.

Informó que como integrante del cabildo de Atoyac ha demandado al comandante que informe del motivo de su presencia en este municipio.

Hilario Mesino Acosta criticó la actividad, que dice, realiza Hilda Navarrete como informante de los agentes de la AFI. “Su trabajo ya no es de derechos humanos, sino policiaco”. Afirmó temer que se intente detener a sus hijas, Norma y Rocío Mesino, al pretender involucrarlas en el caso de los desaparecidos de 1997.

*Homicidio y lesiones, nuevos cargos a Gerardo Cabrera

*Faustino Rodríguez es gente de los rapamontes que están en contra de los ecologistas, dijo el preso en el juzgado noveno penal de Acapulco

Maribel Gutiérrez. Con los cargos de homicidio y lesiones, se abrió un nuevo proceso penal contra el campesino ecologista Gerardo Cabrera González, acusado por el cacique de El Rincón del Refugio, sierra de Petatlán, Faustino Rodríguez Sánchez.

Esta acusación se suma a la de portación de armas de uso exclusivo del Ejército, por la que el preso ecologista fue sentenciado a 10 años de prisión por el juez tercero de Distrito, Jacinto Figueroa, y la sentencia fue confirmada el pasado jueves por el Tribunal de segunda instancia, al que apeló contra la condena.

Ayer, en el Juzgado Noveno Penal de Acapulco, Gerardo Cabrera respondió al interrogatorio de su abogado, José Israel Candiani, del Grupo Tacuba, con sede en la ciudad de México, que encabeza el perredista Francisco Saucedo.

Fue la primera diligencia dentro del proceso penal 107/2000, que se lleva en el Juzgado Segundo Penal de Zihuatanejo, que se abrió por el caso de una emboscada que sufrió el cacique ganadero Faustino Rodríguez, el 20 de marzo del año 2000, en un camino de la sierra de Petatlán que va a Rincón del refugio, en la localidad La Pasión. En esa emboscada murieron el hijo de Faustito Rodríguez, Isabel Rodríguez Manríquez, y su vaquero, Mónico Díaz Torres, y él fue herido.

Cuando estaba en el hospital de Zihuatanejo, donde lo atendieron por las heridas de bala, el ganadero culpó de la emboscada a los Cabrera González y otros integrantes de la Organización Ecologista en esta ruta de la sierra, del ejido de San José de los Olivos.

Rodríguez dijo que había sido emboscado en la sierra por un grupo de encapuchados, presuntamente del ERPI, y entre sus miembros incluyó a los Cabrera, sus sobrinos, como se publicó hace dos años en diversos medios.

Dos días antes, Faustino Rodríguez subió a El Rincón del Refugio custodiado por tropas del 19 batallón de infantería con sede en Petatlán. Dijo que iba a recoger el ganado que tenía en esa comunidad, pero que temía que lo atacaran los supuestos guerrilleros del ERPI.

Cuando los militares llegaron con el ganadero a la localidad, casi todos los hombres de la familia Cabrera tuvieron que huir porque estaban en la lista de encapuchados, mientras que las mujeres y otros miembros de la familia pidieron a los jefes militares una explicación de su presencia custodiando al cacique, y aclararon que en esta comunidad no hay grupos armados ni guerrilleros.

Al regreso, Faustino Rodríguez iba sin los militares, y fue emboscado.

Dos años después un juez de Zihuatanejo giró orden de aprehensión contra ocho miembros de la familia. Siete de ellos viven aún escondiéndose del Ejército, y uno, Gerardo Cabrera González, de 37 años, fue detenido el 14 de julio de 2001 por tropas del 19 batallón del Ejército, en la comunidad de Banco Nuevo, sierra de Petatlán, y después de que recibió condena de un juez federal por portación de armas, y está condenado a diez años de prisión, enfrenta nuevos cargos del fuero común, por homicidio calificado y lesinoes.

Estaba muy lejos del lugar de la emboscada

El campesino ecologista Gerardo Cabrera nació en El Rincón del Refugio, pero desde que se casó vivió en Banco Nuevo, a varias horas de distancia, a pie, porque no hay camino para la entrada de vehículos en esa área de la sierra de Petatlán.

Tiene testigos de que el 20 de marzo de 2000, cuando emboscaron a Faustino Rodríguez cerca de la comunidad de La Pasión, él estaba en Banco Nuevo, a más de cinco horas de camino, a pie.

La emboscada a Faustino Rodríguez ocurrió a las 19 horas, según el expediente, y en el interrogatorio de ayer en el juzgado, Gerardo Cabrera dijo que ese día a esa hora estaba en Banco Nuevo, en la casa de Perfecto Bautista Martínez (también campesino ecologista), con quien había trabajado en el campo todo el día y en la noche lo invitó a cenar y a ver películas en video.

Y sobre la distancia que hay de Banco Nuevo a La Pasión, dijo: “Nunca he caminado esa distancia, pero la gente que sale de la Pasión en la mañana temprano llega en la tarde a Banco Nuevo. Está retirado, y allá se quedan y se regresan al otro día”.

El abogado le preguntó si pertenece a la Organización Ecologista de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, y a qué se dedica. Dijo que sí pertenece y que se dedica a cuidar los bosques.

Le preguntó si sabe si el señor Faustino Rodríguez lo ha acusado de otros delitos. En realidad sí lo ha acusado de otro delito, que es abigeato, por el que Gerardo Cabrera estaba amparado cuando fue detenido por militares a los que no les importó el amparo.

Pero en su respuesta, se rfirió más al conflicto entre los caciques que explotan los bosques y los ecologistas. “El pertenece a los rapamontes, él es gente de ellos, él está en contra de los ecologistas”.

Finalmente, le preguntaron si conoce a cinco personas, que son los testigos de la emboscada que presentó Faustino Rodríguez. Gerardo sólo conocía a uno de ellos, pero la última vez que lo vio fue hace como 15 años. Para el defensor, estos testigos fueron preparados por Rodríguez para acusar a los Cabrera, sin tener pruebas contra ellos.

El tribunal federal ratificó la condena de 10 años

El campesino ecologista preso dice que la condena a diez años de cárcel por portación de armas fue una injusticia.

Explica que el juez tercero de Distrito, Jacinto Figueroa, no tomó en cuenta sus declaraciones y la de sus testigos, pero tampoco las de los militares que lo arrestaron.

Como durante el juicio se comprobó que los militares mentían, el juez puso en la sentencia una tercera versión para sustentar la condena.

Según la versión de los militares que lo arrestaron en Banco Nuevo, el 14 de julio de 2001, encontraron a Gerardo Cabrera en el monte, donde iba caminando cargando un fusil AK-47 y una carabina 30-30 envueltos en una cobija de cuadros.

Esta versión fue desmentida por los testigos de la detención, y por las contradicciones en que incurrieron los militares durante el proceso.

Gerardo Cabrera y sus testigos sostuvieron que lo sacaron de su casa, con engaños, le dijeron que sólo querían que hiciera una declaración, pero se lo llevaron detenido, al cuartel militar de Petatlán, donde lo torturaron, le fabricaron el delito de portación de armas y le sembraron el AK-47 y la carabina 30-30.

El ecologista explica que al juez no le sirvió la versión de los militares para condenarlo, y por eso elaboró una tercera, inventada en el escritorio del Juzagdo, sin que se base en las declaraciones de los campesinos ni de los militares. La versión fabricada por el juez dice que Gerardo Cabrera fue detenido dentro de su casa, como realmente ocurrió, y que ahí le encontraron las armas, lo que no sostienen ni lo militares que lo acusaron.

*Podrían no desistirse de la queja, informa la OIPMT

El coordinador de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos Tlapanecos, Arturo Campos Herrera, manifestó que la Secretaría de Salud estatal puso una trampa a los indígenas afectados por la esterilización forzada, para eludir el respeto a los derechos que reclaman.

Informó que además de que ante la resistencia de las autoridades, los 17 afectados se vieron obligados a aceptar 20 mil pesos como indemnización por la esterilización forzada a que fueron sometidos en 1998, cantidad que realmente no repara el daño, y becas para los niños y despensas, ahora las autoridades de Salud han escatimado el pago a dos indígenas que faltan.

Uno es el caso de Severiano Lucas Petra, que era el presidente del comité de mixtecos esterilizados, y fue asesinado a finales del año 2000, lo que se denunció como un acto represivo de las autoridades a la lucha por una indemnización.

La indemnización debía ser pagada a la esposa de Severiano Lucas Petra, que fue citada a Chilpancingo este lunes, pero cuando acudió a la oficina de la Secretaría de Salud, acompañada por uno de sus hijos y por Arturo Campos, el director jurídico de esa dependencia, Luis Enrique Rivera Díaz, dijo que no tenía dinero, que iba a consultar con la tesorera, y los citó una hora más tarde, y ya no los quiso recibir.

Arturo Campos informó que es la segunda vez que citan a la familia de Severiano Lucas en Chilpancingo, y que las autoridades de la Secretaría de Salud no cumplen, y lo mismo hicieron con Lorenzo Acevedo Soledad, a quien sólo le pagaron 15 mil pesos en lugar de los 20 mil.

El coordinador de la Organización dijo que van a intentar una nueva cita, y si las autoridades no cumplen, los afectados no se desistirán de la queja ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero y ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como lo pidió la secretaria de Salud, Verónica Muñoz Parra.

*Tercer día de huelga de hambre por la amnistía

En el reclusorio de Acapulco llevan tres días en huelga de hambre 14 presos polítcos, que demandan la lay de amnistía nacional y el retorno de sus compañeros recluidos en Puente Grande, Efrén Cortés Chávez y Angel Guillermo Martínez González.

En Chilpancingo, al cumplir dos días en huelga de hambre los presos Tomás de Jesús Barranco, Fidel García Ramírez y Alfredo Barragán Rentería, solicitaron a las autoridades carcelarias locales que les respeten su movimiento de protesta.

En una carta firmada por Tomás de Jesús Barranco y Fidel García Ramírez, así como el ex dirigente de la Organización de Pueblos y Colonias de Guerrero (OPCG) Alfredo Barragán Rentería, piden también el esclarecimiento del crimen de la defensora de los derechos humanos, Digna Ochoa.

Señalan que a pesar del deterioro físico que padece Efrén Cortés Chávez, las autoridades de la Secretaría de Gobernación se han negado a trasladarlo al penal de Acapulco, “porque su traslado al igual que el de Angel Guillermo Martínez a Puente Grande, Jalisco en noviembre de 1999, fue totalmente ilegal”.

En el documento que también es firmado por Erika Zamora Pardo, los presos señalan que al gobierno federal que encabeza Vicente Fox, “le falta voluntad política para resolver los problemas sociales del país”.

Indican que esta medida de presión que iniciaron este fin de semana junto con otros presos que se encuentran en los penales del estado de México, Oaxaca y Jalisco, es para presionar para que las autoridades de Gobernación reciban a una comisión de sus familiares.

En Acapulco, uno de los integrantes del Comité de Presos Políticos y de Conciencia, Alfredo García Torres, informó que las autoridades del reclusorio han respetado el movimiento de huelga, les están proporcionando agua y atención médica tres veces por día. “Estamos agradecidos de que están respetando nuestra huelga”, dijo.

Demandó la intervención del gobernador René Juárez para que se atienden las demadas de la huelga.

Informó que en el tercer día de ayuno, este lunes, ya se encontraban débiles Lucio de la Cruz Villa, Antonio García Pastrana, Moisés Martínez Torres, Rogelio García Pineda y el mismo, Alfredo García Torres. Sin embargo, mantenían su decisión de ayunar por tiempo indefinido.

En Chilpancingo, el visitador general de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), Hipólito Lugo Cortés, dijo que la demanda de que regresen dos presos que se encuentran en Puente Grande es positiva, “porque no había elementos legales para que las autoridades carcelarias locales solicitaran su traslado a ese cárcel, y eso es una violación a sus derechos humanos”.

Recordó que incluso la propia Comisión, envió un escrito a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que interviniera ante Gobernación y se autorizara el regreso de los dos presos que se encuentran en Puente Grande, Jalisco.

Sobre la huelga de hambre que instalaron los 17 presos que se encuentran en las cárceles de Acapulco y Chilpancingo, el visitador señaló que la Codehum estará el pendiente del movimiento y de no permitir que se violen sus derechos humanos durante su protesta por parte de las autoridades carcelarias locales.

En tanto, el director General del Centro de Readaptación Social, José Luis Trujillo Sotelo, dijo no saber si hay o no una huelga de hambre de los presos.

“Yo no sé nada, oficialmente no me han comunicado que haya una huelga en el interior de los penales, después les informo”, dijo.

Anuncia el Movaz que se suma a las demandas de los presos políticos

La huelga de hambre en varios penales del país “es un revés” para el presidente Vicente Fox porque se evidencia que en materia de derechos humanos es “candil de la calle y oscuridad de su casa”, dijo ayer el dirigente del Movimiento Azteca de Guerrero (Movaz), Arturo Hernández Cardona.

En conferencia de prensa informó que a partir del próximo viernes integrantes de esa organización se instalarán en plantón permanente frente al Palacio de Gobierno de esta capital para solidarizarse con el ayuno y exigir la ley de amnistía y el regreso a Guerrero de los dos presos de Puente Grande.

Hernández Cardona dijo que mientras el presidente Vicente Fox dio su voto para que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) vigile la violación de los derechos humanos en Cuba, en México presos de diferentes estados del país iniciaron una huelga de hambre en demanda de una ley de amnistía con la que puedan recuperar su libertad.

* La delegada estatal ofreció que la delegación ayudará a los residentes ilegales para que regularicen su estancia, pero advirtió que deberán pagar las multas correspondientes

Gregorio Urieta, corresponsal, Coyuca de Catalán La delegación estatal del Instituto Nacional de Migración elaborará un padrón o un banco de datos de los extranjeros radicados en el estado de manera legal e ilegal y cuya ubicación el instituto aún desconoce.

Para ello la delegada estatal, Gloria Ocampo Aranda se apoyará en las oficinas municipales de Seguridad Pública, sindicaturas y el registro civil, para detectar tales extranjeros y canalizarlos a las oficinas de Migración en el estado.

La ex diputada panista estuvo en Ciudad Altamirano para informar de las acciones de la oficina de Migración en el estado, y fue entrevistada en la estación de radio del gobierno estatal de Coyuca de Catalán.

La funcionaria aseguró que la oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores establecida en Altamirano, servirá de enlace para localizar a los extranjeros con residencia irregular y ofreció dar apoyo a quienes ya tienen tiempo residiendo aquí y desempeñan una función que beneficie al estado o a la región.

Dicho apoyo consiste en proporcionarles papelería oficial  y recibirles el pago en Hacienda para que regularicen su estancia en el estado, incluso si es necesario mediante el pago de una sanción, “pues todo extranjero irregular es acreedor a una sanción”.

La delegada federal aseguró que no se va a llevar a cabo una deportación, ni habrá  una “desvinculación familiar” en el caso de aquellos que hayan contraído matrimonio, sino que se trata únicamente de regularizar la situación de todos aquellos que residentes irregulares

En Pungarabato, Gloria Aranda se reunió con síndicos, oficiales del registro civil y directores de seguridad pública, de los municipios de Pungarabato, Cutzamala, Zirándaro Coyuca de Catalán y Tlapehuala, a los que les solicitó el apoyo para lograr ese  objetivo.

* Ayer a las 6 de la mañana cerraron los accesos de la planta y acusaron a la UNAM de favorecer a la CFE con su dictamen ambiental t La contaminación afecta la salud de los niños y ahuyenta los bancos de peces, denuncian t También los acuicultores de El Naranjito mantienen una protesta desde hace tres meses

Brenda Escobar, corresponsal, Petacalco n A las seis de la mañana de ayer, pescadores pertenecientes al sector pesquero 213, bloquearon los cinco accesos de la termoeléctrica Plutarco Elías Calles e impidieron la entrada a los empleados de esta planta, para exigirle a la Comisión Federal de Electricidad que cumpla con los acuerdos firmados desde 1992, y para rechazar los resultados del estudio de impacto ambiental realizado por la UNAM “y que favorecen a la CFE”.

Gilberto Barrera Reyes, dirigente del grupo de los pescadores de Petacalco, dijo que “estamos inconformes porque una vez más la Comisión se quiere burlar del sector pesquero y no lo vamos a permitir. Hace dos años se mandó a hacer un estudio de impacto ambiental y creímos que por ser la UNAM una institución de prestigio, los resultados nos iban a favorecer, pero no fue así y ahora la CFE niega que esté provocando la contaminación”.

Barrera Reyes agregó que debido al azolvamiento de la bahía, la lama que produce este cuerpo de agua, la alta temperatura de la misma y los desechos tóxicos como estaño, plomo, arsénico y otros que la planta termoeléctrica genera y vierte en la bahía, los bancos de peces se han retirado del lugar, y la flora y  fauna marina se han extinguido, provocando que la pesca disminuya.

Más de 500 personas participaron en esta protesta y colocaron grandes mantas con leyendas como: “CFE: una vez más quisiste burlarte del sector pesquero 213 de la Bahía de Petacalco diciendo que cumples con las normas ecológicas: eres mentirosa”, para posteriormente colocarse en las entradas para declararse en bloqueo por tiempo indefinido.

Con éste, son ya dos movimientos que se desarrollan contra la planta termoeléctrica, pues desde hace tres meses, los acuicultores del ejido de El Naranjito permanecen plantados a un lado del acceso principal en espera de ser atendidos por algún funcionario de la CFE, mientras su dirigente Jesús Campos Albarrán (a) “el Memín” esta preso en el Cereso de Acapulco junto con otro compañero de lucha, Andrés Rosales.

Gilberto Barrera acusó a la UNAM de haberse prestado a “los sucios intereses de la CFE, pues la Comisión les pagó 28 millones de pesos para que los resultados del estudio dijeran que la termoeléctrica no está contaminando, pero queremos decir que eso no es cierto, porque sí hay contaminación y sobre todo, que los niños son los más afectados”.

Por lo anterior, el dirigente pesquero señaló que el sector pesquero 213 exige a la CFE el pago de 200 mil pesos a cada uno por concepto de indemnización, es decir, 42 millones 600 mil pesos en total para retirar el bloqueo y dejar libre la planta que produce el 10 por cierto de la energía eléctrica en México; “de lo contrario, aquí vamos a estar y no nos vamos a mover aunque venga la PGR y el Ministerio Público porque estamos luchando por una causa justa”.

De la corresponsalía, Chilpancingo El nuevo procurador de Justicia, Jesús Ramírez Guerrero, dice que en estos momentos tiene tres cosas prioritarias que resolver:

Esclarecer el asesinato del empresario Javier Ibáñez Sandoval, que “lo han politizado algunas gentes para lucrarse del dolor de los deudos”.

El otro asunto que lo ocupa en estos momentos es analizar más de 20 recomendaciones de la Codehum que se negó a acatar su antecesor Rigoberto Pano Arciniega y en donde se señalan violaciones a los derechos humanos que han cometido agentes de la Policía Judicial, del MP y peritos.

Y finalmente, asegura, va a revisar la lista de los agentes judiciales que se encuentran en labores de guardaespaldas con funcionarios (incluido al gobernador René Juárez Cisneros) y ex funcionarios, y que en caso de que haya “un exceso” de comisionados “les vamos a reducir el número”.

Entrevistado en sus oficinas de la Procuraduría de Justicia, Jesús Ramírez Guerrero se comprometió a lograr la detención del secuestrador Pedro Barragán González para esclarecer hasta sus últimas consecuencias el crimen de Javier Ibáñez.

Pero también advirtió que seguirá requiriendo al dirigente de la Canaco, Pioquinto Damián Huato a que comparezca para que pruebe de que autoridades oficiales protegen a los verdaderos asesinos intelectuales del empresario.

Sostuvo que este tipo de declaraciones que han hecho los dirigentes de las organizaciones empresariales (Canaco, Canirac y Coparmex) “entorpecen las investigaciones” del caso Ibáñez.

Recién designado por el Congreso local como procurador de Justicia en sustitución de Rigoberto Pano Arciniega, el ex director de Comunicación Social señala que va a revisar “municiosamente” la lista de agentes judiciales que cumplen funciones de guardaespaldas de funcionarios, ex funcionarios, empresarios y hasta deportistas como es el caso del portero de la selección nacional, Jorge Campos.

Según un informe oficial de la Dirección de la Policía Judicial del Estado, más de 250 elementos de esta corporación se encuentran en tareas de “guardaespaldas” con funcionarios y ex funcionarios y sus familias. El actual gobernador tiene para su seguridad y la de su familia 120 elementos de la PJE.

Ramírez Guerrero indica que aunque existe un acuerdo que se encuentra en el Periódico Oficial del Estado que firmó el propio gobernador donde se legaliza la protección policiaca a servidores y ex servidores públicos, “vamos a reducir los elementos a aquellos que tengan de más pero se seguirá brindando este servicio a quien le necesite por lo peligroso que representa su función pública”.

“Para nosotros este es un nuevo reto porque sabemos que estar en esta dependencia es una tarea difícil que requiere de tener tiempo y esfuerzo las 24 horas y la única limitación que tenemos es lo que establece y permita la ley”, dijo.

Señala que a unos días de que asumió el cargo, hizo el compromiso público de sacar algunos casos pendientes que han conmovido a la sociedad guerrerense como es el de lograr la detención de los autores intelectuales del asesinato del empresario Javier Ibáñez.

Dijo que la actitud de él no es entrar a un debate con los dirigentes de las organizaciones empresariales de la Canaco, Canirac y Coparmex que han rechazado los avances de la investigación.

“Nosotros le hemos puesto todo el interés para esclarecer este crimen (del empresario Javier Ibáñez) por eso a veces nos lastima, nos preocupa que lejos de recibir la colaboración o la cooperación de algunos ciudadanos se atreven en forma ligera a hacer señalamientos que no están dispuestos a venir a asentarlo en las actuaciones que hemos levantado porque el que sepa algo está obligado por ley a probarlo aportando pruebas”, externó.

Dijo que incluso él ya invitó en forma personal al dirigente local de la Canaco Pioquinto Damián Huato a que se presente a la Procuraduría a aportar las prubas y elementos que les permita ahondar más en la investigación para esclarecer el asesinato de Ibáñez.

–El dice que si le pasa algo en su integridad física responsabiliza al gobernador René Juárez ¿qué opina de eso?

–Por favor, el gobernador nada tiene que ver en este asunto. Lo único que hizo la Procuraduría fue mandarle un citatorio a un ciudadano que dice discrepar o que tiene elementos que aportar, entonces que los aporte.

Y señaló que el gobierno de René Juárez Cisneros y la Procuraduría de Justicia no va a permitir que el caso de Javier Ibáñez se politice “o se pretenda lucrar con el dolor de los deudos”.

Indicó que este tipo de situaciones (las declaraciones de los dirigentes empresariales) “entorpecen la investigación”.

Manifestó que una de las tareas prioritarias que tiene es la de “proceder conforme a la ley hacia adentro y hacia fuera de la Procuraduría a quien cometa un delito”.

Y sostuvo que las más de 20 recomendaciones por abusos que cometieron elementos de la Policía Judicial del Estado  que envió la Codehum al ahora ex procurador de Justicia, Rigoberto Pano Arciniega, se van a analizar y que en caso de que existan pruebas contra los judiciales acusados “habrá sanciones en su contra”.

“Habrá sanciones penales a los funciones que incurran en responsabilidades serias que sean constitutivas de delito”, añadió el procurador de Justicia.

–¿Cuál va a ser su relación con la Codehum?

–Desde el principio contacté con el presidente de la Comisión (Juan Alarcón Hernández) quien ha sido muy amigo mío porque es una persona que estimo porque hemos hecho vida pública y privada en Chilpancingo. Nos conocemos y siempre nos hemos respetado, prometimos, en una conversación telefónica que nos vamos a respetar y que todos nuestros actos serán apegados a la ley y tratar de llevar una relación de cooperación hasta donde la ley lo exige y lo permite.

–Siempre se ha hablado que en la Procuraduría hay dos poderes, uno es el que encabeza el procurador, y otro la Policía Judicial del estado, que hacer con esta situación?

–Mire aquí hay un solo poder es el procurador, y el único jefe que éste tiene es el Poder Ejecutivo.

–¿Qué responde a las acusaciones que le hacen los del PRD de que cuando usted fue secretario general de Gobierno durante la administración de José Francisco Ruiz Massieu también tuvo responsabilidad en los asesinatos y desapariciones de perredistas?

–Mire, yo no tengo ninguna denuncia en contra. El que afirma está obligado a probar, yo no soy delincuente, soy gente de convicciones. Todo mundo conoce mi trayectoria tanto profesional como política como un modesto ciudadano y a nadie lo he ofendido.

Brenda Escobar, corresponsal, Zihuatanejo De siete balazos en diferentes partes del cuerpo fue asesinado ayer lunes el regidor de Obras Públicas y Desarrollo Social del ayuntamiento de José Azueta, José Luis Flores Radilla, cuando salía de su domicilio ubicado en la colonia Vicene Guerrero en este puerto.

Fuentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado dieron a conocer que los hechos ocurrieron el día de ayer a las 11 de la mañana, cuando Flores Radilla, de 45 años de edad, salía de su casa en el andador Laguna del Carmen, luego de avanzar unos 50 metros de su hogar, se encontró con su victimario.

Testigos señalaron que al parecer, el regidor conocía a quien lo mató, porque en cuanto lo vio, regresó de manera sorpresiva sobre sus pasos y se introdujo a la casa de la señora Guillermina Organiz Rico, en donde fue ultimado de siete impactos de bala calibre 9 milímetros. Después de haber cometido el crimen, el sujeto huyó.

Luego de conocer la noticia de crimen de José Luis Flores, llegaron al lugar los regidores priístas y perredistas de la comuna porteña, así como el síndico procurador, Juvencio Valenzo Romero, quien reprobó este asesinato y admitió que en Zihuatanejo existe un clima de inseguridad que desestabiliza la paz del puerto.

Hasta el momento, la Policía Judicial del Estado no conoce los motivos por los cuales José Luis Flores Radilla fue privado de la vida, aunque el comandante Reynaldo Lozano Cruz aseguró que se seguirán varias líneas de investigación para dar con los responsables del asesinato.

A Flores Radilla le sobreviven su esposa Onelia Bravo Espino y dos hijas.

Ossiel Pacheco n El alcalde de Acapulco, Zeferino Torreblanca Galindo dijo que al Ejército mexicano hay que asociarlo más que a confrontaciones bélicas, “a un Ejército que combate al narcotráfico, que resuelve problemas de salud, que da educación a la población, me parece un Ejército humanitario”.

Lo anterior en referencia a las declaraciones del presidente Vicente Fox, quien dijo que la consolidación de la democracia exige fuerzas armadas modernas, humanistas y comprometidas con el país.

Al ser cuestionado sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército en Guerrero, dijo que se deben a los malos individuos que hay ahí, “falla el elemento humano, no la institución, que no tiene el propósito de dañar a sus similares, sino de salvaguardar el orden y la seguridad nacional”, aseguró.

Dijo que las fuerzas armadas en un estado tan difícil como Guerrero tienen varios propósitos, por lo cual, son necesarias sus acciones, pero, precisó que no está de acuerdo en la violación de los derechos humanos trátese del cuerpo policiaco que se trate.

En cuanto a la designación de Jesús Ramírez Guerrero, como procurador de Justicia, el alcalde opinó que tiene experiencia, y una tarea “muy complicada, difícil, (Ramírez Guerrero) es una persona institucional, leal al gobernador del estado, y que requiere de colaboración más que de señalamientos”.

Ofreció colaborar con el nuevo titular de la PGJE, y descartó juzgar su actuación antes de tiempo, “no haría un balance de lo que hizo, ni dejo de hacer en el pasado, lo juzgaría en el tiempo y el espacio actual, porque a todos nos conviene que la procuración de justicia sea mejor”.

Y agregó que en lugar de descalificarlo “de antemano le expresó mi apoyo y la colaboración de mi gobierno en un tema tan complejo como es la justicia y la seguridad pública”.

Coincidió con la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), instancia que demandó al nuevo procurador Jesús Ramírez Guerrero mano firme en contra de los policías judiciales involucrados en ilícitos, “mano firme sí para hacer cumplir el Estado de Derecho, para hacer que las garantías individuales de los ciudadanos se respeten”.

Aunque precisó que el desempeño de los policías judiciales depende de las condiciones que se les otorguen, porque si tuvieran equipo, uniformes, patrullas, o radios de comunicación cumplirán mejor su trabajo, “tampoco podemos exigirles a los policías sino les damos lo necesario para realizar su actividad”.

Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * Los recursos públicos no se utilizarán con fines electorales, aseguró ayer a los diputados del PRI, PRS y PAN el secretario de Finanzas y Administración, Rafael Acevedo Andrade en su comparecencia ante el pleno del Congreso del Estado.

La de Acevedo fue la última presentación ante los diputados, y hasta el cierre de la edición aun seguía respondiendo a preguntas, que comenzaron apenas terminó el secretario de leer su resumen del informe de gobierno referente a las finanzas públicas.

El diputado del PRI Ernesto Vélez Memije reiteró su reconocimiento a su trabajo y le ofreció disculpas por la falta de cordialidad de los diputados del PRD y destacó la altura política de los diputados del PRS y del PAN. Pidió que comentara sobre cómo le hace para contar con los recursos para responder a las necesidades de los guerrerenses. Y también sobre las estrategias para pagar la deuda pública de casi mil 500 millones de pesos y si habrá más recortes de personal este año.

Del PRS Demetrio Saldivar Gómez pidió aclarar dudas sobre la mencionada deuda que eera de mil 300 millones de pesos y ahora de mil 486 millones, por qué del incremento, si se han pagado intereses.

También preguntó porqué el gobierno no ha entregado recursos a los institutos tecnológicos y sobre los recursos destinados a la laguna de Tres Palos en Acapulco que tampoco se han entregado.

Rafael Acevedo dijo a Ernesto Vélez que por las previsiones que tomaron en las estimaciones del gasto realizada en noviembre pasado, junto con la Secretaría de Hacienda, resultó desde entonces un presupuesto austero. Luego hizo un recuento de los efectos de la recesión de la economía mundial y la caída del petróleo.

Informó que este año se han captado unos 48 millones de pesos por la regularización de unos 24 mil vehículos de procedencia extranjera. Del recorte de personal recordó que no es una política del gobierno del estado.

A Demetrio Saldivar le dijo que en 1989 cuando se contrajo la deuda, se hizo un convenio con la federación para convertirla en UDIS que tenía valor de 1.22 en relación al 60 por ciento del pago de intereses anuales.

Actualmente las UDIS están en 3.1 que representa un aumento del 150 por ciento y por eso se incrementó la deuda, por eso dijo que buscan salirse de ese sistema de conversión.

Indicó que la deuda se tiene que pagar en el 2017, pero de acuerdo con el incremento en los próximos siete años, estimó que será impagable y no hay alternativas para saldarla. La próxima semana, anunció, habrá una reunión con los bancos y la Bolsa de Valores para dar opciones de salirse de las UDIS.

Sobre los recursos adeudados a los institutos tecnológicos, reconoció que hubo un problema de 219 millones de pesos que se resarcieron posteriormente, aunque quedó un déficit de 90 millones de pesos. Dijo que están considerando entregarlos este año en la partida de ADEFAS.

De los recursos para el saneamiento a la laguna de Tres Palos en Acapulco, dijo que el 1.5 millones de pesos se entregaron a la Secretaría de Desarrollo Rural para ese rubro.

De la controversia sobre la petición de una línea de crédito para contraer una deuda de 500 millones de pesos, preguntó si es complementaria a lo solicitado en 1999 o es otra solicitud de deuda pública

El funcionario dijo que no es una nueva solicitud de deuda, sino una modificación en 1999.

Dio a conocer que el gobernador le autorizó contratar con una empresa internacional un seguro por 25 millones de pesos para contingencias, “no para utilizarlos con fines electorales”.

El diputado del PAN, como ya era de noche le dijo al secretario que ojalá no se le durmiera su gallo, en alusión a que el responsable de la finanzas en el estado es aficionado a las peleas de gallos. Lo cuestionó por los gastos en giras en las que renta aviones, lo que al final resulta más caro que las obras que inaugura.

Rafael Acevedo dijo que el gobernador utiliza dos aviones para aprovechar el tiempo para recorrer el estado de forma ágil. Se extrañó de que haya suspicacias de que el gobierno gasta mucho en las giras porque no es cierto.

Faltaba por preguntar los diputados del PRI, Mario Moreno Arcos y Juan Salgado Tenorio.