* No descalificar la contienda, pide López valencia a partidos 

Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * El Tribunal Electoral del Estado (TEE), formalizó ayer el inició del proceso electoral y los magistrados exigieron a su presidenta Virginia López Valencia que contrate personal jurídico para desahogar los recursos de impugnación que puedan generarse en las elecciones de octubre próximo.

En tanto, López Valencia consideró que el Código Electoral permite que “podamos llevar la fiesta en paz, y si hay inconformidades los partidos tienen los medios de defensa para impugnar”.

Asimismo los exhortó a actuar “con responsabilidad y con profesionalismo, madurez política, porque si se va a una contienda que de antemano están descalificando, entonces que mejor no le entren”.

La sesión del TEE comenzó a las 12 horas y sólo duró 20 minutos, tiempo en que se hizo la declaratoria de inicio formal del proceso electoral, dada por la magistrada Virginia López.

En la misma sesión el magistrado supernumerario, Cuauhtémoc Soriano Rivera abrió la exigencia de que el TEE contrate personal para apoyar los trabajos del área jurídica, y pidió que esta vez se concrete en junio y no en julio esa contratación.

Los magistrados Javier Vázquez y Olimpia María Azucena Gondínez Viveros se unieron a la exigencia. Vázquez advirtió que el TEE debería estar preparado para responder a las necesidades de lo que se prevé será un proceso electoral competido.

Lamentó que el Tribunal no tenga la visión para mantener al personal de apoyo de tiempo completo como una forma de profesionalizar a los trabajadores y crear así el servicio civil de carrera.

La magistrada presidenta López Valencia respondió que la situación económica del TEE es precaria debido a que el Congreso del Estado no aprobó el presupuesto solicitado de 22 millones de pesos solicitados, y sólo otorgó 15, que es insuficiente para las necesidades del trabajo jurídico.

Por lo demás se comprometió a que en breve gestionará recursos extraordinarios para la contratación del personal requerido.

Así culminó la sesión y luego en entrevista a El Sur López valencia aceptó que la elección de ayuntamientos y diputados locales en octubre será “competida y cerrada”, y por eso dijo que el TEE debe estar prevenido “para cualquier eventualidad”.

Dijo esperar que en este proceso electoral aumente los recursos de impugnación por el número de partidos participantes, que suman diez, ocho de carácter nacional y dos estatales.

-¿El actual Código Electoral garantiza que no haya impugnaciones?

-Creo que en toda contienda electoral hay pasión, alguien va a ganar y otro va a perder. Falta mucho a los políticos madurez para asumir las derrotas.

-¿La pregunta es si con el actual Código se evitan conflictos electorales?

-Creo que dentro de las reglas que prevén el Código nos ha permitido fortalecer el avance democrático. Nada está dicho en materia electoral y si creo que debe irse perfeccionando de acuerdo a la dinámica y necesidades que marca la sociedad, no hay una reforma acabada.

“Pienso que como está actualmente, hay elementos para que podamos llevar la fiesta en paz, si hay inconformidades de partidos tienen los medios de defensa para impugnar. Creo que la inconformidad es en cuanto a la distribución de las diputaciones, pero ese tema debe analizarse constitucionalmente”.

-En el Consejo Estatal Electoral (CEE) los representantes de partidos calificaron al Código de inequitativo ¿Eso provocará conflictos poselectorales?

-Yo quisiera que los partidos actuaran con responsabilidad y con profesionalismos, madurez política, porque si se va a una contienda que de antemano están descalificando, entonces que mejor no le entren.

Fin de nota….

* Habría tratado con Muñoz Caballero sobre el permiso para unos fraccionamientos 

Eduardo Albarrán Orozco, corresponsal, Iguala * El ex gobernador del estado Rubén Figueroa Alcocer dijo que “todos los priístas” van a ganar en las elecciones de octubre, tras una visita de más de dos horas al alcalde Juan Muñoz Caballero, con quien trató “algunos asuntos personales” relacionados con unos fraccionamientos, según se informó extraoficialmente.

Alrededor de las 12 del día llegó Figueroa Alcocer, y sin hacer antesala entró a la oficina del presidente municipal quien de inmediato lo atendió.

Durante la visita, entraron y salieron diversos funcionarios de la Dirección de Obras Públicas del ayuntamiento que encabeza Muñoz Caballero, quien fue por .

Figueroa Alcocer se presentó ante el alcalde para conocer cómo van los trámites del permiso para la construcción de los fraccionamientos Las Tres Iguanas, que ocupan 27 mil 933 metros cuadrados.

Uno de los fraccionamientos, del cual tiene copia del plano la Dirección de Obras Públicas del municipio, denominado Iguana Uno, tiene una superficie vendible de 18 mil 133 metros cuadrados y está ubicado hacia el sur de la ciudad.

Entrevistado en los pasillos del Palacio Municipal, Figueroa Alcocer dijo que no está interviniendo en la nominación de los candidatos a alcaldes o diputados locales, que sólo es un priísta más y que su opinión “es siempre la de las mayorías”.

Indicó que el PRI se encuentra fuerte y vigoroso y por eso en las elecciones de diputados y alcaldes en octubre “vamos a ganar con todos los priístas, no nada más con (Eduardo) Marroquín (el candidato a la alcaldía de Iguala), sino con todos los priístas.”

Se le pidió su opinión sobre la posición de la Cámara de Senadores de no autorizar el viaje del presidente Vicente Fox a Estados Unidos y Canadá, y respondió que “es una medida ampliamente explicada por los senadores” y dijo que esa es una de sus facultades.

–Usted fue senador y en ese tiempo no dieron este tipo de acciones…

–Bueno, porque no se dieron los casos ni las condiciones para que se llevara a cabo. Hoy se dieron las condiciones para eso, y por eso el Senado hizo eso.

–¿No es una respuesta a los recortes presupuestales?

–No, en lo más mínimo.

Se le inquirió acerca de si los recortes presupuéstales pudieran llevar al país a una situación como la de Venezuela, y respondió que Fox ya ha explicado lo de los recortes, y confió en que, como lo dijo el presidente, “en el segundo o tercer trimestre van a compensar” y agregó que “ahorita son problemas de circunstancia por la baja recaudación que ha habido en el gobierno y por los problemas del petróleo. Pero con el aumento del petróleo, y con la mejor recaudación que existe, se volverán a compensar las condiciones económicas”.

* Promete el dirigente transportista no volver a bloquear calles en Acapulco, “porque vemos voluntad en las autoridades” municipales

Karina Contreras * El dirigente de la Coalición Mixta de Transportistas del Estado de Guerrero, Fortino Rodríguez Cruz, dijo que el bloqueo encabezado por él en la Costera el viernes no tiene tinte político, como lo señaló el presidente municipal Zeferino Torreblanca.

Entrevistado en su oficina de la organización en la colonia Morelos, Rodríguez Cruz dijo que las declaraciones del presidente municipal sí tienen tintes políticos porque él “tiene otras aspiraciones, como la de ser gobernador”.

Asimismo, el dirigente de los transportistas desestimó las órdenes de aprehensión que puedan ser giradas en su contra porque, dijo, “hay fianzas”.

Rodríguez Cruz agregó que “nunca se le ha castigado al funcionario que hace que nosotros, como líderes, nos manifestemos. En estos casos siempre hay que pegarle a los manifestantes para por quedar bien con la ciudadanía”.

Dijo que además de hacer declaraciones de que “me meterá al bote” también diga que “va a encarcelar a sus funcionarios que nos han llevado a las calles porque no dan solución a los problemas del transporte”.

Y volvió a decir que seguramente a esos no los toca porque le “están pasando dinero para la campaña de Carlos Alvarez”.

La coalición que dirige Fortino Cruz bloqueó parcialmente por más de cinco horas la Costera el viernes por una serie de demandas de nivel municipal y estatal.

Señaló que aunque reconoce el trabajo de su “amigo” Zeferino Torreblanca, éste no les resuelve nada en cuanto al transporte. Insistió en que los taxistas son objeto de hostigamiento por parte de los agentes de  Tránsito: “es muy palpable tanto en los taxistas como en los propios ciudadanos”.

Aseguró que no bloquearan más Acapulco pero que seguirán en su lucha para la destitución de los funcionarios, incluyendo a Reynaldo Echeverría, director de Transportes en el estado.

El líder transportista dijo, sobre las mesas de trabajo que sostuvieron el mismo viernes con el municipio y el lunes con autoridades estatales, que llegaron a varios acuerdos.

Sobre los acuerdos con las autoridades municipales dijo que hoy comenzarán operaciones para ver en qué puntos funcionan los discos de áreas restringidas, para retirar los que no funcionen, además de aplicar una operación de seguridad porque han sido robados, nada más en, abril cinco taxis.

Asimismo, señaló que en un mes se resolverá la cuestión de los más de 500 taxis foráneos, los cuales serán reubicados en la periferia, como la colonia Vacacional.

Dijo que no es aceptable que mientras a los taxis acapulqueños se les restrinje, a los foráneos se les permita el acceso sin ninguna restricción.

Por lo que respecta a la mesa de trabajo que sostuvo con el secretario general de Gobierno, Marcelino Miranda Añorve, dijo que se ratificó el compromiso de la destitución de los delegados Jorge Cebrero Luviano, Juan Manuel Pachuca Domínguez y Mario Rodríguez, de Tecpan, de la zona suburbana de la Zapata y de Tlapa.

Indicó que el gremio aguardaría las 72 horas de plazo para que se dé la destitución de los delegados, y advirtió que si no se cumple emprenderán la lucha en los municipios.

Rodríguez Cruz rechazó que su organización sea priísta, como se le calificó en los medios de comunicación, ni que el bloqueo que realizó el viernes sea por objetivos políticos.

Luego ofreció disculpas a los acapulqueños y aseguró que Acapulco no se verá afectado por un bloqueo de la coalición que él representa porque han visto “voluntad en las autoridades municipales”.

Advirtió que seguirán luchando mientras para que el director de Transportes, Reynaldo Echevería Medrano, siga en el cargo, porque “es el protector del pirataje, porque él es el interesado en regularizar todo lo malo.

Rodríguez Cruz señaló que la inmovilidad del gremio en estos días no se debe al tempor por las represalias, sólo “estamos dando un tiempo prudente” para que se cumplan los compromisos, si no saldremos a manifestarnos en los municipios, pero en Acapulco ya no, “porque vemos  voluntad en las autoridades”.

* La esposa de Víctor González Benítez, Paulina Ríos, afirma que la juez no admitió la presentación de testigos de la detención en la comunidad de Campo de Aviación y no en Linda Vista como dice la Procuraduría 

De la corresponsalía, Chilpancingo * Víctor González Benítez, uno de los copartícipes del asesinato del empresario Javier Ibáñez Sandoval, envió por medio de su esposa, Paulina Ríos Salgado, un escrito a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), donde denuncia que las autoridades carcelarias locales lo mantienen incomunicado y que incluso le niegan los alimentos.

También relata la tortura de que fue objeto durante su detención por parte de policías judiciales del estado en la comunidad de Campo de Aviación, del municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco).

“Muchos judiciales vestidos de negro y encapuchados llegaron a mi casa en la madrugada en el poblado de Campo de Aviación, y sacaron con lujo de violencia a mi esposo que nada tiene que ver con este hecho”, relató Paulina Ríos Salgado, esposa de Víctor González Benítez, tío del jefe de la banda de secuestradores Pedro Barragán González.

La esposa de uno de los presuntos implicados echa por tierra la versión de la Procuraduría de Justicia de que el autor material del crimen de Ibáñez, Valentín Acevedo Ocampo y los otros tres copartícipes fueron detenidos en un operativo policiaco realizado en la comunidad de Lindavista.

Entrevistada luego de que se le negó el acceso al reclusorio, la señora Paulina Ríos Salgado manifestó que su esposo llegó en octubre a Guerrero luego de estar un año trabajando en Atlanta, Estados Unidos y que es materialmente imposible que haya participado en el plan para asesinar al empresario Javier Ibáñez Sandoval.

Indicó que la madrugada del martes en que su esposo fue detenido en forma ilegal los agentes judiciales se lo trajeron a la Procuraduría de Justicia donde fue torturado.

“Yo ese día estuve en la Procuraduría para preguntar por mi esposo pero me dijeron que no estaba, y horas más tarde lo presentan como uno de los que asesinaron a ese señor”, externó la señora.

“Ese día en la madrugada, muchos carros llegaron al pueblo y los agentes que iban allí roderaron mi casa y posteriormente tiraron una puerta para después sacar con violencia a mi esposo Víctor con quien apenas tenía dos meses de casada”, afirmó Paulina Ríos Salgado.

En la carta que va dirigida a la CNDH y que está firmada por Víctor González Benítez, relata que el pasado martes en la madrugada fue detenido por los judiciales cuando se encontraba en su vivienda.

“Me trajeron a Chilpancingo donde me mantuvieron incomunicado practicándome todo tipo de torturas, indicándome me hiciera copartícipe del homicidio del empresario gasolinero Javier Ibáñez Sandoval y finalmente fui obligado a firmar documentos que me presentaron”, dice en su escrito.

La esposa del inculpado acusó a la juez segunda de primera instancia del ramo penal, Rosalinda Sáenz Rodríguez, de haberse negado a aceptar testigos del poblado de Campo de Aviación que iban a dar su versión sobre la detención de que fue objeto Víctor González Benítez.

 

Inminente auto de formal prisión a inculpados

 

La juez Rosalinda Sáenz señaló que en las próximas horas va a resolver la situación jurídica de los cuatro inculpados, y que hasta el momento la defensora de oficio, Felícitas Hernández Tornez, solamente solicitó la recepción de algunas pruebas como la certificación médica de los presuntos homicidas.

También solicitó que se girara un oficio a la casa de empeño de Monte Pio para solicitar una información para comprobar que su defendido y presunto material del crimen, Valentín Acevedo Ocampo, había empeñado algunos objetos.

Según la juez, Acevedo Ocampo asegura que el día del crimen (el 11 de marzo) estuvo en esta negociación para empeñar algunos objetos personales.

“Aparte del retrato hablado que presentó la Procuraduría para dar con el responsable material hay otras pruebas que lo inculpan, pero que en estos momentos no se puede decir cuáles son, pero eso nos servirá para determinar la situación jurídica de los inculpados”, externó la juez entrevistada en sus oficinas.

Sobre la versión que dio la Procuraduría de Justicia de que el presunto asesino material, Valentín Acevedo, se presentó el día 12 de marzo (a otro día del crimen de Ibáñez) a un banco para cobrar con una orden de pago 150 mil pesos que supuestamente le envió Pedro Barragán González, Rosalinda dijo que “en el expediente que envió la Procuraduría no existe ninguna orden de pago del banco Bital”.

Indica que en su primera declaración, el inculpado refiere esos hechos de un pago en ese banco, pero que después en su declaración preparatoria niega esos hechos.

Brenda Escobar Sánchez, corresponsal, Petatlán * En pleno centro de Petatlán, el lunes por la noche fue ejecutado de ocho balazos Ricardo Enrique Pineda Guillén, por dos desconocidos, quienes sin mediar palabra lo acribillaron en un centro recreativo, y huyeron sin ser molestados por los policías.

El presunto móvil del crimen es un ajuste de cuentas entre narcotraficantes.

A las 21:30 horas del lunes 15, Ricardo Enrique Pineda Guillén se encontraba departiendo en el  billar Mi Oficina, a una cuadra del Palacio Municipal, cuando se llegaron dos hombres con armas AK-47, conocidas como cuerno de chivo, y preguntaron por El Quique. Al momento de identificarlo, uno de los individuos lo acribilló con su rifle de asalto y huyó.

Circuló la versión extraoficial de que Pineda Guillén, de 27 años de edad, fue ejecutado por un ajuste de cuentas entre un grupo de narcotraficantes y por rencillas familiares, porque hace aproximadamente un año y un mes, su hermano Ramón, de los mismos apellidos y conocido como El Ramocillo, fue ejecutado con cuernos de chivo, cuando provenía de la comunidad de La Calera hacia Petatlán. Hasta el momento se desconoce quiénes lo privaron de la vida.

De igual forma, trascendió que El Quique está relacionado con una emboscada ocurrida el pasado 1º de noviembre del 2001, en la comunidad de El Venado, en donde dispararon contra una familia, resultando muertas tres personas, entre ellas, una niña.

Asimismo, se le relaciona con la emboscada ocurrida el 4 de marzo, cerca de El Venado, en donde murió el subdirector de la Policía Preventiva de Petatlán, Nicolás Martínez Sánchez alias El Cuarterón.

Al  lugar de los hechos acudieron agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero y del Servicio Médico Forense, quienes no pudieron trasladar el cadáver de Pineda Guillén para hacerle la necroscopia de Ley debido a que su familia se opuso, por lo que luego de realizar las prácticas de rigor, trasladaron el cuerpo hasta la comunidad de Murga, en donde le darían sepultura.

El presidente municipal de Petatlán, Jorge Ramírez Espino, señaló que el asesinato de Ricardo Pineda Guillén es un hecho asilado, “son cuentas pendientes, venganzas personales”.

Sin embargo, indicó que de nueva cuenta solicitará la interversión del Ejercito Mexicano para realizar una campaña de despistolización por todo el municipio, porque es alarmante que haya personas (delincuentes) portando armas reservadas para uso exclusivo del Ejército.

Recordó que pese a que solicitó al ex procurador Rigoberto Pano Arciniega el cambio del grupo de la Policía Judicial, éste aún no se ha llevado a cabo, y tampoco han presentado ningún avance en las investigaciones de los asesinatos de los últimos meses.

Por su parte, Armando Castro Buburrón, presidente municipal del PRD, manifestó que el asesinato cometido en pleno centro de la ciudad es un hecho aislado “porque tenía como ocho o diez años que no ocurría algo así, aunque sí es un foco rojo, porque el hecho de que anden por la ciudad delincuentes armados con cuernos de chivo, quiere decir que es urgente redoblar la vigilancia policíaca por parte de la Policía Preventiva y de la Policía Judicial.

Agregó que es responsabilidad de la PGJE intensificar la vigilancia, así como la intervención del Ejercito para que lleven a cabo una campaña de despistolización, “porque ahorita la está haciendo la policía preventiva, pero no es suficiente, además de que no cuentan con el equipo adecuado para actuar en caso de un enfrentamiento.

“Sí se me han acercado muchas personas para comentarme su preocupación sobre la inseguridad y sobre todo, porque ocurrió en un lugar tan céntrico, por lo que es urgente reforzar la vigilancia policíaca”, concluyó.

* Presentaron ayer el documento familiares de Clímaco y Simplicio Martínez Reza y de Pasito Hernández González, con el apoyo del Centro Prodh * Piden que se haga justicia, con base en la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Familiares de tres de los 17 campesinos víctimas de la masacre de Aguas Blancas presentaron ayer en la Procuraduría General de la República una denuncia de los hechos ocurridos el 28 de junio de 1995 en la sierra de Coyuca de Benítez, y demandaron que la justicia federal abra la investigación, conforme a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Hunmanos (CIDH).

En la ciudad de México, con el apoyo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Prodh), presentaron la denuncia los familiares de Clímaco Martínez Reza, Simplicio Martínez Reza y de Pasito Hernández González, de la comunidad de Atoyaquillo.

Es la segunda denuncia de hechos que se presenta formalmente ante la PGR. En octubre de 2001, los dirigentes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, Hilario Mesino Acosta y Marino Sánchez Flores (quien fue uno de los testigos de la masacre, porque se encontraba en el lugar, a pocos metros del camión que fue baleado) presentaron una denuncia a la PGR, para que abriera el caso de acuerdo a lo planteado por la CIDH, y se investigara al ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer y a los principales funcionarios de seguridad pública y justicia de su gobierno.

En esa primera denuncia, que ya fue turnada a la Delegación en Guerrero de la PGR, pero los demandantes pidieron que se atendiera en una instancia de la ciudad de México, también participó con el apoyo jurídico el Centro Prodh.

En un boletín que dufundió ayer, el Centro Prodh informa que “familiares de los hermanos Martínez Reza y Pasito Hernández González presentaron el día de hoy, una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República, con el objetivo de que sea este órgano federal y no las instancias de procuración de justicia locales (de Guerrero), quien se haga cargo de investigar los hechos ocurridos el 28 de junio en los que perdieran la vida sus parientes, en el marco del cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la CIDH”.

El Prodh recordó que en 1996, la PGR rechazó conocer el caso Aguas Blancas, “con argumentos políticos carentes de sustento jurídico”, a pesar de que “existen sobrados argumentos jurídicos que sustentan la competencia federal para conocer del asunto, como la configuración de delitos de carácter federal, por lo que resulta obligatorio jurídica y éticamente, que dicho órgano de procuración de justicia inicie la averiguación previa correspondiente”.

Igual que los dirigentes de la OCSS que presentaron la denuncia en octubre, el Prodh plantea: “resulta indispensable que las investigaciones que inicie la PGR sean dirigidas y efectuadas desde una fiscalía ubicada en la ciudad de México, de lo contrario, y como ha sucedido en otras ocasiones, cuando las indagatorias son turnadas a las delegaciones estatales, no se obtendrá ningún tipo de resultado ante la ausencia de imparcialidad e independencia existentes en los fiscales asignados a las entidades federativas, más aún en un estado como Guerrero, en donde la posibilidad de interferencia e influencia por parte de las autoridades estatales y de grupos políticos afines al ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer, redundaría en que la investigación no tuviera resultado alguno”.

También, como en la denuncia anterior, el Prodh hace referencia a los ofrecimientos del gobierno del presidente Vicente Fox: “El gobierno de Vicente Fox ha manifestado públicamente su disposición de castigar a aquellos agentes estatales que incurran en violaciones a los derechos humanos; en el presente caso, la investigación expedita, independiente y profesional, con el ejercicio de la acción penal en contra de aquellos funcionarios que en mayor o menor medida planearon y ejecutaron la masacre de Aguas Blancas, la debida reparación del daño y el establecimiento de adecuadas medidas de no repetición de los hechos, serían los indicadores mínimos para que lo expresado públicamente tenga un contenido que lo fundamente.

“De lo contrario el caso de Aguas Blancas permanecerá, como hasta la fecha, en total impunidad y con ello incumplidas la recomendaciones formuladas por la CIDH al Estado mexicano”.

En el boletín, hace referencia a la masacre del 28 de junio de 1995: “Varias personas, en su mayoría miembros de la Organización Campesina de la Sierra Sur (OCSS), a bordo de dos camionetas, se dirigían a Atoyac de Alvarez, Guerrero con el objetivo de manifestarse por la desaparición de un compañero y para exigir el cumplimiento por parte del gobierno estatal, de la entrega de diversos insumos agrícolas. Al llegar al vado de Aguas Blancas, miembros de la Policía Motorizada, Policía Judicial y Seguridad Pública del Estado de Guerrero los interceptaron, y sin que mediara motivo alguno dispararon a mansalva, provocando que 17 campesinos perdieran la vida y más de 25 quedaran heridos, algunos de suma gravedad.

“Los hermanos Clímaco y Simplicio Martínez Reza y Pasito Hernández González fueron de los campesinos privados de la vida el 28 de junio de 1995. Desde ese entonces a sus familias se les ha negado sistemáticamente la justicia. La subordinación a intereses políticos por parte de los órganos encargados de procurar y administrar justicia en el Estado, les llevó encubrir y justificar la masacre”.

Informa que en febrero de 1998, la CIDH emitió una recomendación al gobierno mexicano, en la que plantea que para que se haga justicia se debe continuar la investigación, incluyendo al ex gobernador Rubén Figueroa; al ex secretario general de Gobierno, Rubén Robles Catalán; al ex procurador Antonio Alcocer Salazar y al ex director de la Policía Judicial, Gustavo Olea Godoy, que fueron investigados conforme a la ley.

Plantea el Prodh que a cuatro años de haberse emitido la resolución de la CIDH, los órganos del Estado no han acatado las recomendaciones que de ella emanan.

Señala que “varios de los autores materiales de la masacre han sido absueltos debido a las deficiencias en la integración de la averiguación previa por parte del Ministerio Público del estado de Guerrero; y los altos ex funcionarios del gobierno estatal, o no fueron encontrados responsables al finalizar sus respectivos procesos, o ni siquiera investigados, como fue el caso de Rubén Figueroa”.

Recuerda el caso del director de la Policía Motorizada, que estuvo en prisión seis años: “A pocos días de haberse efectuado la misión de la CIDH para verificar el cumplimiento de sus recomendaciones, el mayor Manuel Moreno, uno de los que encabezaron la masacre, salió en libertad al ser beneficiado por una sentencia absolutoria de amparo”, y califica este hecho como “de desprecio hacia la sociedad mexicana, principalmente hacia los familiares y sobrevivientes de la masacre”.

 

 

 

Las conclusiones de la CIDH sobre la masacre de Aguas Blancas

 

 

El Centro Prodh explica que ante la impunidad y el nulo acceso a la justicia por parte de las víctimas de la masacre de Aguas Blancas, diversos organismos no gubernamentales de derechos humanos recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En su informe de febrero de 1998, la CIDH concluyó:

“Se ha demostrado la falta de voluntad hasta la fecha, tanto del Ministerio Público estatal para ejercer las acciones penales respectivas en contra del ex-gobernador Rubén Figueroa Alcocer, el ex-secretario general de Gobierno, Rubén Robles Catalán, el ex-procurador general de Justicia del estado, Antonio Alcocer Salazar, y el ex-director de la Policía Judicial del Estado, Gustavo Olea Godoy, así como del Ministerio Público Federal, para ejercer su competencia de atracción, en base a la decisión de la Suprema Corte de Justicia; todo esto, pese al cúmulo indiciario que sindica a estos ex funcionarios del gobierno del estado de Guerrero con presuntas responsabilidades en los hechos ocurridos en el vado de Aguas Blancas el 28 de junio de 1995”.

 

La CIDH formuló al Estado mexicano las siguientes recomendaciones:

 

A. Completar una investigación seria, imparcial y efectiva de los hechos ocurridos el 28 de junio de 1995, en el vado de Aguas Blancas, con base en la decisión emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 23 de abril de 1996.

B. Ejercer las acciones penales correspondientes, a fin de que se establezcan las responsabilidades individuales de los altos funcionarios del gobierno del estado de Guerrero, identificados en la decisión emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y en consecuencia, se les impongan las sanciones penales correspondientes a quienes resulten responsables.

C. Otorgar una indemnización adecuada a los familiares de las personas ejecutadas, y a las víctimas sobrevivientes de los hechos de Aguas Blancas; y prestar la debida atención médica a aquellas víctimas  que lo necesiten, como consecuencia de las heridas recibidas en los referidos hechos de Aguas Blancas.