* Fue venganza, porque el empresario desmembró parte de la asociación delictiva, dicen * Tres de ellos fueron detenidos el viernes 5 en Lindavista, San Miguel Totolopan, y cuatro días fueron torturados en los separos de la PJE 

De la corresponsalía, Chilpancingo * La Procuraduría General de Justicia del Estado presentó a cuatro presuntos asesinos del empresario Javier Ibáñez Sandoval y en su primera declaración ministerial señalan como autor intelectual del homicidio al jefe de la banda de secuestradores que opera en Guerrero, Morelos y el estado de México, Pedro Barragán González, quien habría pagado 200 mil pesos por el homicidio.

Versiones oficiales señalan que Barragán González habría movilizado a un grupo de individuos, entre ellos a varios de sus familiares, para asesinar al empresario Javier Ibáñez Sandoval, en venganza porque éste con la investigación que habría realizado, desmembró parte importante de su banda.

Según el encargado de la Procuraduría de Justicia, Miguel Barreto Sedeño, Valentín Acevedo Ocampo fue quien el 11 de marzo por la mañana se encargó de asesinar a tiros con un rifle AK-47 al empresario de Chilpancingo Javier Ibáñez Sandoval y a uno de sus guardaespaldas que ese día iba de chofer, Raúl Díaz Salgado.

También habrían participado en el crimen Julio Adame Trujillo, Antonio Rodríguez Retana y Víctor González Benítez, este último hermano de la señora Laura González, madre de Pedro Barragán González.

Aunque la Procuraduría de Justicia dio a conocer que la detención de tres de los presuntos homicidas ocurrió este martes, lo cierto es que desde el pasado viernes 5, en una operación de la Policía Judicial del Estado en el poblado serrano de Lindavista (del municipio de San Miguel Totolopan, de donde es originario Pedro Barragán) se les detuvo.

Durante cuatro días los mantuvieron en los separos de la Policía Judicial del Estado donde fueron sometidos a intensas torturas físicas y psicológicas para que revelaran los nombres de sus demás cómplices.

Según el encargado de la Procuraduría de Justicia, Miguel Barreto Sedeño, el detenido Valentín Acevedo Ocampo confesó que para asesinar al empresario fue contratado por Pedro Barragán González a través de Ascencio González, quien es familiar del jefe de la banda de secuestradores.

Según la versión de Barreto, Acevedo Ocampo declaró que aquí en Chilpancingo tuvo una entrevista con Ascencio González y un individuo que se hizo llamar Antonio Nava quienes le dijeron que se trataba de matar al empresario “por las cosas que le andaba haciendo a Pedro Barragán”.

Le enseñaron el domicilio de Javier Ibáñez y a qué hora solía pasar en su camioneta y posteriormente le entregaron 50 mil pesos pero que cuando concluyera lo que tenía que hacer le darían los 150 mil pesos restantes.

En su declaración, según Barreto, el presunto homicida material dijo que estuvo vigilando durante varios días por las mañanas el recorrido que realizaba en su camioneta el empresario de su domicilio a su gasolinera.

Días antes de la ejecución, Acevedo Ocampo estuvo en la comunidad de Campo de Aviación y allí fue donde se entrevistó con Julio Adame Trujillo quien recibió 400 pesos por ir a conseguir el arma a la comunidad de Yextla y ya en la casa de éste en compañía de Víctor González Benítez le entregaron un cuerno de chivo por la cantidad de 10 mil pesos. Allí también estaba Antonio Rodríguez Retana, otro de los inculpados.

En su relato, el presunto homicida dice que el 10 de marzo (un día antes de cometer el crimen) estuvo toda la noche consumiendo cocaína pensado cómo le iba hacer para asesinar al empresario.

En la conferencia de prensa estuvo presente el ex procurador de Justicia del Estado, Rigoberto Pano Arciniega, para entregar formalmente las oficinas al encargado de despacho de la Procuraduría, Miguel Barreto Sedeño.

El inculpado, en su declaración señala que luego de haber cometido el doble asesinato tomó un taxi, luego se dirigió al hotel Chula Vista, y al otro día uno de sus cómplices, Antonio Nava le dijo que fuera a cobrar al Banco Bital los 150 mil pesos restantes.

Según declaración de tres de los presuntos copartícipes del crimen (Julio Adame Trujillo, Antonio Rodríguez y Víctor González), nunca tuvieron conocimiento de quién sería la persona a la que Valentín Acevedo Ocampo iba privar de la vida.

Los cuatro presuntos asesinos fueron trasladados al Centro de Readaptación Social de esta ciudad, y será en un término de 72 horas cuando el juez de la causa dicte si procede o no el auto de formal prisión.

* En un hotel de Chilpancingo, Valentín Acevedo esperó 13 días para la ejecución del empresario Javier Ibáñez 

De la corresponsalía, Chilpancingo * Un día antes de que Julio Adame Trujillo fuera presentado por la Procuraduría de Justicia como copartícipe del asesinato del empresario Javier Ibáñez, fue buscado por sus familiares y el visitador de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) en los separos de la Policía Judicial del Estado.

“No aquí no está”, dijo un comandante a la señora Rocío Pérez Juárez, esposa de Adame Trujillo quien desde hace cinco años trabaja de taxista en la ruta Chilpancingo-Filo de Caballos, y según la Procuraduría de Justicia fue el conecte para la compra del rifle AK-47 que utilizó Valentín Acevedo Ocampo para asesinar al empresario Javier Ibáñez Sandoval, la mañana del lunes 11 de marzo en la avenida Lázaro Cárdenas.

Relató la esposa de Julio Adame Trujillo que su cónyuge fue detenido en forma ilegal por más de 30 agentes judiciales fuertemente armados cuando se encontraba en su centro de trabajo en el estacionamiento de los taxis que cubren la ruta hacia el poblado de Filo de Caballos, en la sierra.

La noche de este martes, el visitador general de la Codehum, Hipólito Lugo Cortés, acompañó hasta los separos de la PJE a la esposa de Adame Trujillo.

Ayer miércoles el encargado de la Procuraduría de Justicia, Miguel Barreto Sedeño, daba a conocer los nombres de los cuatro presuntos asesinos de Ibáñez, pero mientras, la señora Rocío Pérez se encontraba en el Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal para interponer un recurso de presentación de personas.

“Por favor, nada de preguntas y que sean los fotógrafos y camarógrafos los que realicen su trabajo”, dijo en tono enérgico la jefa de prensa de la Procuraduría, Guadalupe Hernández Rodríguez, quien condujo a los periodistas a los separos para que vieran a los cuatro presuntos asesinos.

Los cuatro presuntos integrantes de la banda del peligroso secuestrador Pedro Barragán González estaban parados en hilera, todos con la camisa desabrochada y con grandes ojeras como que no habían dormido varios días.

“¡A ver, quién es Valentín Acevedo!”, gritó con voz de policía un fotógrafo de nota roja. “Yo soy”, dijo con voz débil el presunto asesino de Ibáñez luego de que uno de los judiciales que estaba atrás de él le ordenó que contestara.

Afuera, el ex procurador de Justicia, Rigoberto Pano Arciniega, se abría paso entre los reporteros ¿Señor, va a regresar al Tribunal Superior de Justicia?

–No sé, esa cosa es impredecible, contestó y luego escoltado por seis agentes judiciales se trasladó al segundo piso del edificio para entregar formalmente sus oficinas a Barreto Sedeño, quien será el encargado de despacho de la Procuraduría mientras el Congreso local designa al nuevo procurador.

 

El presunto asesino material, militar retirado

 

Desde el 26 de febrero, el sargento retirado del Ejército Valentín Acevedo Ocampo se hospedó en el hotel Chula Vista, y allí durante 13 días planeó la ejecución del empresario Javier Ibáñez Sandoval a quien mató de seis tiros de AK-47 y al chofer, Raúl Díaz Salgado.

De 29 años de edad y originario del municipio de Cocula, Acevedo Ocampo está casado con la hermana de Pedro Barragán González, jefe de la banda de secuestradores más buscada en Guerrero y en otras entidades del país.

“Aquí se vino hospedar desde el 26 de febrero, era un tipo tranquilo que siempre se le veía hablar por un celular y varias veces lo vino a visitar una mujer en una camioneta”, señaló el administrador del hotel que está ubicado a seis cuadras del Palacio de Gobierno.

El sicario pagó el alquiler de la habitación hasta el 11 de marzo, se salió ese día por la mañana y, según el administrador, ya no regresó.

“Varias veces se cambiaba de habitación y cuando se registraba daba diversos nombres, y decía que hacía eso porque no quería que la mujer que lo iba a visitar supiera que estaba allí”, señala el administrador.

Recuerda que Acevedo Ocampo se registró con dos nombres distintos como el de Angel Adán Abarca o Carlos Adán Abarca.

Intoxicado de cocaína, el lunes 11 de marzo el sicario abandonó el cuarto del hotel donde se pagan 80 pesos, y portando un rifle AK-47 envuelto en una morrala alquiló un taxi que lo condujo al monumento Las Banderas para cumplir con el cometido de matar al empresario, según la versión de la PGJE.

* Mantendrán el espacio en su poder hasta que renuncie el delegado Inocente León Pineda, advierten * Burócratas de Semarnat se suman a la movilización

Jorge Nava * Luego de marchar por la Costera y la Escénica, trabajadores de la Profepa y de la Semarnat entraron violentamente al local que ahora ocupa la dependencia en el centro comercial La Vista, de donde sacaron por la fuerza y a golpes a cuatro empleados de confianza. Los 23 trabajadores inconformes advirtieron que mantendrán tomadas la oficina de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) hasta que renuncie el delegado de esa dependencia en el estado, Inocente León Pineda. Los empleados golpeados son el subdelegado de Verificación, Herminio García Porfirio, y el subdirector administrativo, José Luis Delgado. La jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Josefina Ríos Olea, y el subdelegado Raúl Lozano Villarreal sólo fueron empujados. La marcha partió del edificio de la CROM, donde antes se ubicaba la Profepa. Los manifestantes habían acordado un día antes que la movilización comenzaría a las 10 horas. Sin embargo, como esperaron a que se integraran los trabajadores de la Semarnat, partieron a las 12 horas. Se reunió un contingente de 100 trabajadores de las dos dependencias federales, quienes fueron encabezados por el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Semarnat, José Antonio Cervantes García. En la descubierta iba un coche con un altavoz, por medio del cual el trabajador Luciano Hernández Avila explicó al público que el pasado 18 de marzo León Pineda “cambio las oficinas a la zona turística con el argumento de mejorar la imagen de la Procuraduría”. Dijo que el delegado que no tomó en cuenta a los trabajadores, y recriminó la cerrazón de León Pineda, al no querer ubicar a la Profepa en el Palacio Federal. También expuso que la demanda de los trabajadores es la renuncia de León Pineda, y pidió la intervención del secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Lichtinger Waisman, porque el primero “no da la cara”. Después, Hernández Avila fue secundado por Cervantes García, quien lanzó consignas contra León Pineda al señalarlo como un “Pirrurris” y “niño popis”, y acusarlo de ser un “niño encaprichado que mete la cara debajo de la tierra”. Les dijo a los manifestantes que la táctica de León Pineda de mantener su postura es porque quiere “obligar a los trabajadores a que renuncien voluntariamente”. Aseguró que el funcionario mudó las oficinas a la zona de Las Brisas porque “cubre intereses de empresarios de esa zona”. Al llegar al estacionamiento del centro comercial La Vista, a las 3 de la tarde, los manifestantes se percataron que dos de sus compañeros abandonaban el lugar a bordo de una camioneta de la dependencia. Hernández Avila encaró al que conducía la unidad, Adán Zamacona, quien lo retó al preguntarle si el asunto era personal. Otros trabajadores impidieron que ambos riñeran. Después de ese conato, el contingente procedió a introducirse al centro comercial, y luego al local de la Profepa. En el interior encontraron a los trabajadores Lozano Villarreal, José Luis Delgado, García Porfirio y Josefina Ríos, a quienes les pidieron que se retiraran. Los aludidos se negaron porque, dijeron, “no es la forma”. Ello derivó en acusaciones entre ambos grupos. Hubo acusaciones, como que Josefina Ríos es la encargada de hacer los “negocios sucios” de los delegados. Ante la negativa a abandonar el local, el contingente sacó de la oficina a los cuatro trabajadores. Al subdirector administrativo, José Luis Delgado, también lo empujaron y recibió algunos golpes del tumulto que lo empujaba, mientras que Josefina Ríos pedía que no la tocaran porque demandaría al que lo hiciera. Después de cumplir su cometido, los trabajadores de Profepa se quedaron en el lugar, mientras que los de la Semarnat se retiraron. En entrevista, Lozano Villarreal aseguró que a los trabajadores ahora inconformes se les avisó por medio de un escrito que se pego en una pared, sobre la mudanza de las oficinas. Agregó que también León Pineda se reunió en tres ocasiones con ellos para tratar precisamente lo del cambio de instalaciones. Sin embargo no precisó las fechas en que lo hizo.

Aceptó que se deben 35 mil pesos al arrendatario del edificio de la CROM por concepto de acumulación de renta, y que si León Pineda no aceptó el cambio de las oficinas al Palacio Federal es porque cuesta medio millón de pesos la habilitación del área para Profepa, y la dependencia no cuenta con esa cantidad, menos ahora, con el nuevo recorte presupuestal.

* Comenzaron el diálogo con funcionarios del gobierno, pero han mostrado poca voluntad de atender las peticiones, afirma el alcalde Rutilio Vitervo * Se ha resuelto más de la mitad del pliego, dice el subsecretario Vargas 

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Entre amenazas del gobierno estatal y municipal de que se les aplicaría la ley, indígenas del municipio de Metlatónoc, encabezados por su presidente municipal, Rutilio Vitervo Aguilar, permanecieron ayer con el bloqueo a la calle Ignacio Ramírez, atrás del Palacio de Gobierno, y durante una hora impidieron el acceso por la puerta posterior en demanda de apoyos diversos y obras para ese municipio de La Montaña, uno de los más pobres del país.

El subsecretario de Gobierno para Asuntos Políticos del gobierno estatal, Jesús Vargas Vargas, informó que el gobierno estatal ha atendido con oportunidad sus demandas y que ha resuelto más del 50 por ciento de los nueve puntos que contiene su pliego petitorio; sin embargo, dijo que advierte situaciones de carácter político en el movimiento.

El contingente de varias comunidades de Metlatónoc continuó ayer con su plantón y bloqueo a la calle Ignacio Ramírez mientras que de una y media a 2 y media de la tarde bloquearon también la puerta posterior del Palacio de Gobierno mientras adentro la comisión de representantes, encabezados por el alcalde Vitervo Aguilar, dialogaba con funcionarios del gobierno estatal para la solución de sus demandas.

A las 11 de la mañana, una comisión de funcionarios, integrada por el subsecretario de gobierno para Asuntos Políticos del gobierno estatal, el secretario general del ayuntamiento de esta capital, Antonio Nogueda Carvajal y el director de Gobernación, Rey Hilario Serrano, acudieron hasta el plantón y pidieron a los dirigentes que permitieran el libre tránsito vehicular cuando menos en un carril.

El secretario del ayuntamiento advirtió que en caso contrario la comuna presentaría una demanda penal para que se aplicara la ley.

A pesar de ello el contingente continuó con el bloqueo y después, incluso, bloquearon también el acceso al Palacio de Gobierno.

El subsecretario de Gobierno para Asuntos Políticos, Jesús Vargas, informó que el gobierno estatal está atendiendo sus demandas, “el día de ayer (el lunes) hubo una mesa de trabajo coordinada por la Secretaría General de Gobierno, estuvo el alcalde Rutilo Vitervo Aguilar y plantearon nueve peticiones de las cuales desahogamos más del 50 por ciento”, aseguró el funcionario.

Detalló: “Están pidiendo una audiencia con el gobernador René Juárez y ya se les programó para la próxima semana; piden la construcción de un hospital general en la cabecera municipal y les informamos que se empezará a construir este año; solicitan la construcción del sistema de drenaje en la cabecera municipal y les manifestamos que también este año se va a empezar a construir, esta es una demanda añeja pero no se ha atendido por falta de recursos”.

En cuanto a la demanda del reembolso al ayuntamiento por parte del gobierno estatal de un adeudo por concepto de fertilizante, Vargas informó que el secretario de Desarrollo Rural, Héctor Manuel Popoca Boone, les informó que el próximo 15 de abril se va a liberar una parte de ese adeudo que es alrededor de 400 mil pesos, “pero ellos quieren el dinero el día de hoy y eso es un poco complicado, no tenemos disponible esa cantidad para entregarla en cualquier momento”.

Agregó que también están solicitando concesiones de transportes, “ya se les dijo que se les va a liberar las órdenes de pago a mediados del año, una vez que se conozca el resultado del estudio técnico que ya se realizó”.

El funcionario informó que “lo que no se les pudo resolver es la pavimentación de la carretera Tlapa-Metlatónoc, porque es una obra que no está considerada para este año por parte del gobierno estatal y federal, costaría alrededor de 156 millones de pesos”, informó.

El subsecretario de gobierno informó que Metlatónoc “es el quinto municipio con mayor inversión pública estatal y federal en el estado, que en el 2002 fue el tercer municipio que obtuvo mayor incremento de inversión pública por parte del Ramo 33 y que en el presente año se van a invertir aproximadamente 40 millones de pesos”.

Agregó que “a pesar de que se les informó que es lo que se les puede resolver y qué no, ahí siguen”.

Vargas Vargas advierte que podría haber móviles políticos en el movimiento. “El presidente municipal ayer habló mucho de la persona que lo va a sustituir en el ayuntamiento, dice que quiere dejar avanzados algunos trabajos, no sé si entre quienes venían con él haya algún prospecto para sustituirlo, no entendemos por qué estén bloqueando la calle a pesar de las respuestas que les dimos”.

Sin embargo compartió las demandas del grupo de indígenas. “Son demandas justas y lo menos que podemos hacer es atenderlos”, dijo que no se pensaba en ningún momento en desalojar al contingente pero advirtió: “De persistir, el Ministerio Público tomará nota y que me perdonen los paisanos de Metlatónoc pero se tendrá que aplicar la ley”.

El alcalde Vitervo Aguilar, informó que en las dos reuniones que han sostenido con los funcionarios de gobierno se ha mostrado poca voluntad de atender las demandas de los indígenas de ese municipio.

Dijo que los habitantes de ese municipio invirtieron mucho tiempo para trasladarse a esta capital “y no es posible que se regresen sin ser atendidos”.

Reconoció que en las mesas de trabajo los funcionarios del gobierno estatal han resuelto algunas de sus demandas pero que todo ha sido verbal y que ya en varias ocasiones han sido engañados, por lo que ahora esperan respuestas firmadas y que en algunos casos de una vez que se liberen los recursos “si es que hay voluntad del gobierno”.

El contingente decidió continuar en esta capital con su movimiento y este miércoles participarán en la marcha que diversas organizaciones sociales han organizado para recordar el aniversario de la muerte de Emiliano Zapata.

* Entre los nombramientos, dirigentes de las corrientes políticas que lo apoyaron en la campaña t No se usó el criterio de cuotas, asegura y dice que no hay conflictos con sus aliados

Sergio Ocampo Arista, corresponsal, Chilpancingo * El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Nelson Valle López otorgó ayer 12 nuevos nombramientos a funcionarios de las distintas corrientes políticas que con el Movimiento por la Academia y la Reforma (MAR) formaron la Alianza Estratégica Universitaria (AEU) que lo postuló para la contienda electoral.

En la ceremonia, Valle adelantó que el aparato burocrático, incluido el personal de apoyo o de confianza, se reducirá en un 50 por ciento a diferencia de la anterior administración universitaria. “Después del cargo del rector, habrá tan sólo nueve cargos que podríamos decir serán de primerísimo nivel, y 18 de directores de área”, dijo.

Recordó que también habrá nombramientos de jefes de departamento y de oficinas, pero en todo caso “no queremos que haya duplicidad de funciones, además de que se busca no hacer doble gasto”.

El evento que se llevó a cabo por la tarde en un abarrotado auditorio de Rectoría de la UAG, estuvo presidido por el rector y los funcionarios Germán Cerón Silverio, y Alberto Salgado Rodríguez, además de que asistieron trabajadores y amigos de los nuevos y sonrientes directivos universitarios.

El primer mencionado por el rector fue Angel Ascencio Romero, nombrado abogado general, aunque no estuvo presente, luego de que su corriente –el Fredeuag– lo proponía como director general de la Zona Sur.

Le siguió Samuel Reséndiz Nava, designado director general de Desarrollo de los Recursos Humanos. Fue el candidato a rector postulado por Acción Revolucionaria que perdió ante el rector saliente Florentino Cruz. Después Félix González Figueroa –del FADU– recibió el nombramiento de Coordinador General Administrativo de la Zona Sur; en tanto que  Juan Julián Sáenz Vargas –también de AR– recibió el nombramiento de Coordinador de la Zona Norte, cargo que también disputó públicamente el coordinador saliente Carlos Zubillaga Ríos.

Otros nombramientos fueron para Alvaro Alvarez Maldonado como director del Area de Desarrollo de los Trabajadores Universitarios; como director de Extensión Universitaria quedó Leoncio Castrejón Salgado; a Francisco Guerrero Flores se le designó como director de Administración Escolar y Certificación de Competencias; y a Rodrigo Carmona Casiano como Director de Comunicación Social.

Siguieron Romualdo Hernández Alvinez como director de Recursos Humanos; luego Fernando Moreno Martínez recibió el nombramiento de Director de Finanzas; y Arnulfo Catalán Villegas, director de Aplicación de Tecnologías en la Academia, y finalmente Amelia García Pérez como asesora del rector para Asuntos de la Mujer.

Al término del evento, Nelson Valle manifestó que con estos nombramientos demuestra que se está cumpliendo el compromiso de integrar una administración plural. “Las personas que hoy fueron designadas no tienen ninguna observación de alguna irregularidad cometida en contra de la institución; eso sí se está pidiendo el grado de maestría para los cargos de director, para los de jefes de departamento o coordinadores podrá ser con licenciatura”.

Valle dijo que la designación de los nuevos cargos no se da a partir de cuotas de poder o porcentajes para cada corriente política, sino teniendo como punto de partida la construcción de una administración plural, e incluyente en donde todos quedaron representados “no hemos tenido dificultades, y prácticamente en este segundo día de labores hemos integrado todo lo que podríamos denominar como primer nivel, y eso habla de la disposición de todas las organizaciones académico-políticas”.

Valle López justificó la presencia de funcionarios universitarios que incluso han estado hasta en cuatro periodos administrativos “ hay rostros y manos limpias, y en este caso consideramos que son personas que tienen experiencia, y que no cometieron ninguna irregularidad en contra de la institución, lo cual habla bien de ellos”.

Finalmente el rector propuso al Frente Amplio Universitario Guerrerense(FAUG), que de instalarse la mesa de diálogo no solo se analicen los problemas laborales y de otra índole sino también la posibilidad de que se integren a la administración central universitaria para consolidar el proceso de reforma universitaria.

* Propuesta del diputado Demetrio Saldívar

Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * El Congreso del Estado acordó ayer exhortar a la Secretaría de Educación en Guerrero que recorra una hora el horario de entrada a clase en todas las instituciones educativas a fin de dar seguridad al alumnado que tiene que llegar a oscuras a centros de estudios.

En un punto de acuerdo presentado por el presidente de la Comisión de Educación, el diputado del PRS Demetrio Saldivar Gómez expone los problemas que representan para los escolapios guerrerenses, levantarse temprano y acudir a la escuela aun a oscuras.

Esta propuesta, dijo, no afecta el ahorro de energía previsto por el Congreso de la Unión cuando aceptó la petición del gobierno federal para aprobar el horario de verano que regirá de abril a octubre.

En el texto del punto de acuerdo se argumenta que “en los últimos años, un tema recurrente en la opinión pública ha sido el relativo al horario de verano, consistente en adelantar una hora del reloj con el argumento de aprovechar más la luz del día y lograr mayores ahorros para el estado en materia de energía eléctrica”.

Se trata, sin embargo, de una medida que “causa un malestar general en la población, sobre todo en la comunidad estudiantil en la cual se reportan mayores prejuicios que beneficios ”.

Saldívar dice que por su carácter coercitivo el Legislativo guerrerense no puede solicitar la no apliación del horario de verano, pero que tomando en cuenta que “en algunos planteles educativos del estado se está programando recorrer el horario de entrada una hora”, si conviene exhortar a la Secretaría  de Educación en Guerrero para “aplique esta norma para la totalidad de los planteles educativos de estado y de esta forma se cumpla con la disposición federal sin afectar a los estudiantes del estado”.

Esta medida de recorrer una hora la entrada a clases se aplicaría en el turno matutino de los planteles educativos del nivel básico –primaria y secundaria– y del nivel medio superior del estado de Guerrero.

* El presidente nacional, Espina Reyes, dijo que el asesinato del empresario Javier Ibáñez es un caso “típico de contubernio entre delincuentes y autoridades policiacas” 

Jeanette Leyva Reus * Guerrero ocupa el tercer lugar nacional en secuestros, lo que refleja la falta de resultados del gobierno estatal para brindar “la elemental seguridad a los ciudadanos”, declaró el presidente nacional de la Coparmex, Jorge Espina Reyes.

En conferencia de prensa en el salón El Navegante del hotel Elcano, el representante nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Jorge Espina Reyes, consideró que falta una mayor voluntad política en el gobierno del estado para atacar la delincuencia, al ubicarse en tercer lugar en materia de secuestros, atrás del Distrito Federal y el estado de México quienes se ubican en el primero y segundo lugar respectivamente.

Informó que a nivel nacional el año pasado se registraron 386 casos de secuestro, cifra que aseguró es triplicada o cuadruplicada y afirmó que de esos hay muchos casos aún sin resolver.

Acompañado de los representantes locales de la Coparmex en Acapulco, el líder empresarial expresó que la actitud de la Confederación ante la ola de secuestros en el estado es de exigir a las autoridades de los tres niveles de gobierno que actúen “y pongan un hasta aquí al problema de inseguridad, porque el secuestro es uno de los delitos que más impactan la dignidad de la persona”.

Pidió a las autoridades tanto federales como estatales que “hagan un verdadero esfuerzo, porque ese delito ha proliferado en todo el país, porque las autoridades no le han dado la atención que se requiere, deben emplearse a fondo, sabemos que hay contubernio de bandas de secuestradores con la policías, con magistrados, jueces, que protegen a la delincuencia y aquí lo han visto”.

El representante empresarial aseguró que en otros estados de la República como Jalisco y Sonora ha disminuido la delincuencia “pero falta voluntad política en el estado, en mayo del año pasado hablamos con el gobernador y hasta ahora no hemos visto resultados, a lo mejor sí hay disposición de la autoridad para trabajar, pero no esta habiendo resultados concretos”.

Al cuestionarle si es necesaria la intervención del Ejército en el estado para combatir la seguridad, opinó que el Ejército está al servicio de la sociedad y recordó que en los últimos meses ha tenido aciertos en la detención de narcotraficantes, por lo cual dijo que no se opone a la incursión de éste en Guerrero.

La seguridad, dijo, es algo que las autoridades estatales están obligados a brindar a los ciudadanos, de lo contrario alertó se podrían formar escuadrones de la muerte o que se realicen linchamientos.

Acerca del Frente Nacional Antisecuestro propuesto por el ganadero guerrerense Sulpicio Armijo, en donde inicialmente propuso formar un fondo de ahorro para pagar a los secuestradores o pagar a especialistas para capturar a las bandas de delincuentes, dijo da todo su apoyo siempre y cuando estuviera dentro del marco de la ley, “tiene el apoyo de la Coparmex y debe tener todo el apoyo de la sociedad”.

Espina Reyes solicitó que se castigue a todos los que hayan participado en el asesinato del empresario Javier Ibáñez, quien en meses pasados en la ciudad de México ofreció una conferencia de prensa en donde habló de todas amenazas de muerte de que era objeto, por lo cual pidió a la Procuraduría General de la República atraiga el caso, por ser un caso “típico de contubernio entre delincuentes y autoridades policiacas”.

Por la noche en el mismo hotel, Espina Reyes realizó la toma de protesta de la mesa directiva local de la Coparmex –las elecciones fueron el pasado 31 de enero– que está conformada por José Jorge Bajos Valverde como presidente; Fernando Tenopala, vicepresidente; Federico Maldonado, tesorero; Francisco Javier Rocha, protesorero; Vicente Elorriaga, secretario; Carlos Murueta, prosecretario; vicepresidencia de turismo Pedro Haces; de relaciones gremiales Eduardo Loría; de capacitación Carlos Bárcenas; de organización Oscar Mora y en la comisaría Cirilo Zamora.

* La Procuraduría podría provocar que se sustraigan de la acción de la justicia los agentes y directores involucrados en la detención ilegal, tortura y desaparición de nueve ciudadanos, advierte el ombudsman Juan Alarcón 

De la corresponsalía, Chilpancingo * La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum) envió una réplica a la Procuraduría de Justicia donde le reitera su llamado para que acepte una recomendación y de inmediato destituya, investigue y solicite el arraigo domiciliario a 20 comandantes y agentes de la Policía Judicial del Estado y dos directores que participaron en la detención, tortura y desaparición de nueve ciudadanos guerrerenses.

La respuesta que dio este martes el ombudsman guerrerense, Juan Alarcón Hernández, se basa en la contestación que dio hace hace unos días el entonces procurador de Justicia, Rigoberto Pano Arciniega, quien calificó “sin fundamentos jurídicos” la petición que le hizo la Codehum en la que también se exige el arraigo judicial domiciliario de los ex directores de la PJE, Jaime Figueroa Velázquez y Filiberto Solís Ramírez.

“En el afán de cumplir cabalmente con la aplicación con las máximas legales, la Procuraduría de Justicia debiera aceptarlas en aras de una buena respuesta a la sociedad, o de lo contrario se estará corriendo el riesgo fundado de que los agentes de la Policía Judicial señalados en los hechos, se sustraigan a la acción de la justicia”, señala en su réplica que envió este organismo al procurador interino, Miguel Barreto Sedeño.

Dice que la respuesta de la Procuraduría de Justicia de considerar innecesaria la solicitud de arraigo de los agentes judiciales, es una apreciación subjetiva puesto que el daño causado a los desaparecidos y a sus familiares es incalculable, pues “estos viven en la zozobra e incertidumbre respecto del paradero de sus seres queridos, cuyos nombres se precisan en la recomendación al igual que de los servidores públicos a quienes se les señala como responsables de estos hechos”.

La Codehum dice que “es indignante, exasperante y frustrante” para el ciudadano, que la indiferencia, la negligencia, el burocratismo y la dilación injustificada de quienes teniendo la obligación jurídica y ética a prestar un servicio público con oportunidad y eficacia, se apartan olímpicamente de la legalidad y se convierten en encubridores”.

Alarcón reitera que es procedente la recomendación de que se arraigue a los agentes judiciales para que no se sustraigan de la acción de la justicia como ha sucedido en otras ocasiones con los comandantes policiacos, Fortunato Zamora Paz, Fidel Morales Vargas y Manuel de Jesús Noriega Moctezuma quienes se encuentran prófugos.

En el mismo documento, la Comisión rechaza la aseveración de la Procuraduría de que resulta improcedente la creación de un agente del Ministerio Público que se encargue de investigar de manera especial los casos de los 9 desaparecidos.

Reconoce la Codehum que existe una agencia del Ministerio Público adscrita a este organismo, “pero que tiene enormes insuficiencias, no tiene recursos económicos, vehículo propio, ni personal suficiente y por lo tanto resulta inoperante debido a la falta de apoyo por parte de la Procuraduría de Justicia”.

Otro de los puntos de la recomendación que se negó a contestar la Procuraduría fue lo relativo a la reinstalación en sus funciones del agente judicial Francisco Cortés Pastenes quien denunció a comandantes y al ex director de la PJE, Jaime Figueroa Velázquez de estar involucrados en bandas de secuestradores y de roba coches.

La Codehum solicita a la Procuraduría de Justicia le presente evidencias de que es improcedente la reistalación de dicho agente judicial.

* Hay condiciones para salir del atraso, afirma

Chilpancingo * Mientras el secretario de Finanzas de su administración anunciaba que el nuevo recorte presupuestal del gobierno federal sería de alrededor de 109 millones de pesos para Guerrero, el gobernador René Juárez Cisneros afirmó que “existen condiciones” que “permiten romper el círculo vicioso del atraso histórico y sentar las bases de un desarrollo sustentable a largo plazo en Guerrero”.

Juárez Cisneros ha reiterado en diversas ocasiones que el gobierno federal del presidente Vicente Fox debería de dar un trato preferencial a estados pobres como Guerrero.

En un comunicado de prensa emitido por la Dirección General de Comunicación Social del gobierno del estado, se informa que al hacer un balance de de sus tres años de gobierno, el Ejecutivo estatal destacó que “lo realizado no me mueve a la satisfacción, pero demuestra que no hemos defraudado la confianza popular”.

Luego de que hace una semana entregó por escrito su tercer informe de gobierno al Congreso local, el boletín indica que “Juárez Cisneros resaltó los resultados alcanzados en los primeros tres años de su administración”, entre los que ubica al “proceso de reforma política integral” que quedó inconcluso, al “combate a la delincuencia, ampliación de la cobertura y calidad de los servicios educativos y de salud, diversificación económica, entre otros”.

“Los avances en los ámbitos político, económico y social, afirmó, fueron posibles a partir del fortalecimiento de la vida democrática en la entidad, lo que permitió garantizar los consensos sociales y la participación activa de la sociedad en las tareas del desarrollo”, añade.

Muy abajo, el comunicado agrega una referencia que podría ligarse con el tema del recorte: “Nuestro limitado presupuesto no ha impedido que con creatividad, ofrezcamos respuestas a los múltiples problemas y demandas ancestrales, en apego a un estricto orden de prioridades y a normas de disciplina, austeridad y transparencia en la aplicación de los recursos”.

Juárez Cisneros señaló que en lo que va de su administración “se han superado importantes retos derivados de la coyuntura nacional e internacional, y de las tendencias de desarrollo estatal”.

“Frente a un escenario político cada vez más plural y competitivo, he persistido en la búsqueda de encuentros y coincidencias, con tolerancia e inclusión”, dijo.

Afirmó que las relaciones con los poderes Legislativo y Judicial se han desarrollado y se mantendrán apegadas a los principios de autonomía y equilibrio; con el gobierno federal y los ayuntamientos, de colaboración y respecto, para fortalecer el federalismo.

Con los partidos políticos, continuó Juárez Cisneros, “el gobierno estatal buscó y continuará en el empeño de construir consensos para favorecer la cohesión social y el fortalecimiento de la democracia; en tanto que brindó un trato digno y receptivo a las organizaciones sociales que luchan para superar los rezagos acumulados y la lacerante pobreza”.

Por otra parte, en otro comunicado se informa que un total de 8 mil comités de desarrollo comunitario se constituyeron a través del programa Mano con Mano lo que permitió la ejecución de diversas obras de beneficio social, durante el 2001.

Según dice, en lo que va de la actual administración que encabeza René Juárez Cisneros “son más de 20 mil grupos los que se han integrado a esta estrategia de participación ciudadana”.

“Con el programa Mano con Mano los recursos se entregan directamente a los ciudadanos, con lo que se da respuesta inmediata a las demandas, como pavimentación de calles, electrificación, introducción de drenaje, entre otros”.

Agrega que “los resultados del programa son satisfactorios, debido a que se ha obtenido una buena respuesta de parte de los comités, por lo que no existe grupo o comunidad organizada que no esté cumpliendo con la meta y el objetivo propuesto: el de seguir trabajando”.